Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala VI
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación interpuesta por la Defensora Oficial, Dra. Verónica Garganta.
II. Confirmar, en orden a los fundamentos expuestos en la segunda cuestión, la sentencia dictada en el marco de las causas 2021/0179, 2023, 2024, 2025, 2028, 2029 que tuvieron como víctimas a S. M. A. G., E. M., G. K. R., S. del C. C., R. N. Z. y Y. C. C., respectivamente.
III. Confirmar la condena a PRISIÓN PERPETUA, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, con más la ACCESORIA DE RECLUSIÓN POR TIEMPO INDETERMINADO, impuesta a D. J. C..
IV. Hacer lugar al recurso de casación articulado y casar parcialmente el pronunciamiento dictado el pasado 12 de noviembre de 2012 por el Tribunal en lo Criminal N° 5 de La Plata.
V. Absolver al imputado de autos, en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma (causas 2022 y 2026).
VI. Tener presente la reserva de caso federal formulada en los términos del artículo 14 de la Ley 48.
Rigen los arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 45,55, 80 1° párrafo e inc. 7, 119, 3° párrafo, 149 bis, 2° párrafo y 166 inc. 2, 1° párrafo, del CP y 20 inc. 1, 106, 201, 202, 210, 233, 335, 359, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 459, 460, 530 y 531 CPP.
En la ciudad de La Plata, a los 21 días del mes de mayo del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, doctores Horacio Daniel Piombo y Ricardo R. Maidana, bajo la presidencia del segundo de los nombrados, para resolver en la causa N° 58.698, “C., D. J. s/Recurso de casación”, conforme el siguiente orden de votación: Maidana – Piombo.
El 12 de noviembre de 2012, el Tribunal en lo Criminal N° 5 de La Plata condenó a D. J. C. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas y le impuso la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de tentativa de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio criminis causa (causa nro. 2021/0179), abuso sexual con acceso carnal (causas nro. 2022, 2023, 2024 y 2025), abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma (causa nro. 2026), robo calificado por el uso de arma y abuso sexual con acceso carnal en concurso real (causa nro. 2028) y abuso sexual en concurso real con coacción (causa nro. 2029), todos a su vez en concurso material entre sí y absolverlo en orden al injusto previsto en el art. 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal (arts. 18 de la CN, 12, 29 inc. 3, 42, 55 71 inc. 1, 72 inc. 1, 80 1° párrafo e inc. 7, 119, 3° párrafo, 149 bis, 2° párrafo y 166 inc. 2, 1° párrafo, del CP y 201, 285, 530 y 531 del CPP).
Contra dicho pronunciamiento, la Defensora Oficial, Dra. Verónica Garganta, interpuso el recurso de casación que figura a fs. 273/291.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala VI del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana, dijo:
Habiendo sido deducido el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra una sentencia definitiva de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfacen los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCyP; 20 inc. 1, 450 1er párrafo, 451 y 454 inc. 1 del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Piombo, dijo:
Adhiero al voto de mi colega doctor Maidana, por compartir sus fundamentos y hacerlos míos por la presente, votando en idéntico sentido.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Señala la impugnante que el tribunal rechazó de plano sus planteos vinculados a la violación de garantías constitucionales en que incurrió el personal policial al momento de la aprehensión de su asistido, sosteniendo que se trataba de objeciones extemporáneas. Relata los acontecimientos que culminaron con la detención y requisa de C. y afirma que se secuestraron pruebas sin orden judicial y por fuera de los supuestos de urgencia en clara transgresión a los arts. 219, 220, 222, 225 y 226 del CPP. Resalta que dichos elementos fueron exhibidos a una de las víctimas sin respetar el procedimiento previsto por el art. 262 del mismo cuerpo legal. Añade que los médicos de policía también incautaron la ropa interior del causante y destaca que lo acontecido fue comunicado a la Fiscalía recién una hora y media después, que dispuso su soltura en orden al art. 161 del CPP.
Apunta que los efectivos contrariaron las expresas instrucciones del titular de la acusación al practicar un amplio reconocimiento médico sobre la persona del nombrado, sin darle intervención a la defensa en contravención de los arts. 202 inc. 2 y 3 del CPP y que no obstante dicha pieza fue empleada como elemento de cargo. Describe en qué consistió el examen practicado y las muestras que fueron tomadas. Manifiesta que no puede predicarse que lo actuado se encuentre comprendido dentro del art. 295 inc. 5 del rito, pues ello iría en detrimento de los derechos de defensa y la garantía contra la autoincriminación. En definitiva, indica que el material genético utilizado en el peritaje que vinculó al encartado a los ilícitos, fue obtenido de modo espurio, lo que impone su exclusión y, consecuentemente, que deba casarse la sentencia.
En segundo lugar, explica que se ha violentado la congruencia dado que el A-quo condenó al aquí juzgado por el delito de tentativa de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio criminis causa por no haber logrado el fin propuesto al intentar cometer otro ilícito, a pesar de que al ampliar el requerimiento, el titular de la acción público se valió de otra calificación legal (art. 80 inc. 2 y 4 del CP). Resalta que fue la acusación que resistió al momento del alegato final y que, en base a los lineamientos expresados, los magistrados construyeron una hipótesis fáctica diversa dado que no se trata de figuras fungibles e incluso existe incompatibilidad lógica entre ellas. Transcribe citas de doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura y objeta el uso que se hizo de sus propias aseveraciones para concluir que no hubo sorpresa ni indefensión cuando, en rigor, se vio privada de introducir cuestiones de gran relevancia.
Precisa que si hubo dudas acerca de la consumación o no de la maniobra de abuso en perjuicio de G., jamás puede afirmarse que el imputado la haya matado por no haber logrado el fin propuesto. Aduna que tampoco se pudo debatir si los peritajes psicológicos alcanzaban para tener por abastecidos los recaudos del tipo subjetivo y que, en todo caso, el tribunal debió advertirle sobre la posibilidad de emplear una calificación diversa. En tercer término, arguye que la acusación alternativa o subsidiaria fue introducida por fuera de la etapa probatoria de modo irregular y revela dudas acerca de las agravantes aplicables al caso y, en última instancia, que no se cuenta con certeza respecto a ninguna de ellas lo que torna operativo el in dubio pro reo y, consecuentemente, el art. 79 del CP.
Denuncia que el tratamiento de este punto fue omitido por los sentenciantes y que la descripción de los hechos no se ajusta a la materialidad ilícita que se tuvo por comprobada. A continuación, sugiere que la incorporación por lectura de las declaraciones de M., N., A. y R. A. en los términos del art. 366 inc. 4 del CPP impidió controlar la veracidad de sus dichos y debe ser nulificada. Por último, plantea la inconstitucionalidad del art. 52 del CP, recordando el fallo de la CSJN en Gramajo (Fallos 329:3680).
La Defensora Adjunta de Casación, Dra. Susana Edith De Seta, adhiere a los planteos realizados por su colega de la instancia, denuncia la errónea valoración de los arts. 40 y 41 del CP, opina que la pena debe disminuirse en atención a las características de personalidad del imputado, denuncia que los motivos de agravio referidos a la aplicación de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado y propone una interpretación constitucional del art. 80 del CP que ubique el tope máximo de la pena en 25 años, planteando en subsidio su incompatibilidad con la norma superior, así como también la del art. 14 del CP. Ofrece razones en pos de la admisibilidad de sus objeciones y hace reserva del caso federal (fs. 307/317vta.). Mientras que la Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, propicia el rechazo del remedio incoado (fs. 319/336vta.). Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el debate, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el juicio oral y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Así las cosas, corresponde ingresar en el examen del remedio intentado, adelantando que el primero de los motivos de agravio esgrimidos no habrá de prosperar. Esto, en primer lugar, porque conforme lo establece el art. 338 inc. 2 del CPP, las nulidades que pudieran existir deben plantearse en el marco de la audiencia preliminar siempre que no hubieren sido abordadas y resueltas durante la etapa investigativa, lo que permite concluír en el acierto de la decisión del A-Quo al afirmar que se trata de una crítica extemporánea y, por ende, inatendible en la especie.
A lo que aduno, en segundo término, que la objeción formulada obtuvo una respuesta fundada por parte del Tribunal que se apoyó en la existencia de un cauce de investigación independiente y, fundamentalmente, en el hecho de que C. fue detenido posteriormente en la provincia de Misiones y se sometió voluntariamente a varias extracciones de sangre que fueron debidamente notificadas a su asistente técnica, lo que termina de sellar la suerte adversa del reclamo.
Con relación al cuestionamiento hecho en el recurso sobre la conculcación de la Garantía de Defensa, por falta de correlación entre la imputación y el fallo, deben realizarse algunas consideraciones preliminares. En esta línea, se recuerda que la descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan (v. Corte IDH, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Sentencia de 20 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 67).
La calificación jurídica puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. Es decir que el llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” implica que ésta última puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación (Corte IDH, Íd.).
En sentido similar, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que “Las particularidades del delito juegan un rol crucial en el proceso penal, desde […] la comunicación de aquéllas es cuando el sospechoso es formalmente puesto en conocimiento de la base fáctica y legal de los cargos formulados en su contra […]. El artículo 6.3.a) de la Convención reconoce al imputado el derecho a ser informado no sólo de la causa de la acusación, es decir, de los actos que supuestamente ha cometido y sobre los que se basa la acusación, sino también de la calificación legal dada a esos actos […]” (Cfr. Pelissier and Sassi v. France 25444/94, [1999] ECHR, párrs. 51, citado por Corte IDH, cit.)
Este principio, en consecuencia, se ve lesionado por todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, es decir, todo aquello sobre lo cual el imputado y su defensor no hayan podido expedirse y esta pauta hermenéutica decide en los casos concretos, toda vez que la infinita riqueza de elementos que cada uno de ellos contiene impide una definición a priori en términos abstractos (cf. Maier, Julio, B. J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos, t. I, Del Puerto, Buenos Aires, 2004, 2da. ed., p. 568).
En términos generales, esta regla no se extiende a la subsunción legal de los hechos bajo conceptos jurídicos, dado que lo que interesa es el acontecimiento histórico imputado, como situación de vida ya sucedida (acción u omisión), que se pone a cargo de alguien como protagonista, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misión es, precisamente, decidir sobre él (cf. Maier, op. cit., p. 569). No obstante, debe reconocerse que un viraje brusco en el significado legal atribuido al accionar desplegado puede provocar situaciones de indefensión, dado que se trata de un parámetro orientador de la actividad probatoria.
Desde esta óptica, entonces, se impone examinar el caso de autos, en el que se advierte que inicialmente C. fue acusado de ser el autor penalmente responsable del abuso sexual con acceso carnal y el homicidio sufridos por S. A. G. –causa 2021- pero que, tras la declaración de los psicólogos que lo examinaron, la Agente Fiscal resolvió ampliar su requerimiento a tenor del art. 359 del CPP, encuadrando su accionar en los términos del art. 80 incs. 2 y 4 del CP.
Ante dicha situación, su representación expresó que si bien no compartía dicha subsunción legal, no solicitaría la suspensión del debate, pero requirió la posibilidad de ofrecer prueba (fs. 69), lo que permitió continuar con el regular desarrollo de las audiencias. Ahora bien, se aprecia asimismo que la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo dicha subsunción hasta el final pero que, al replicar el alegato de la defensa oficial, dijo que de no compartirse dicha tesitura, resultaba de aplicación la figura del art. 80 inc. 7 del CP.
A esta altura, los magistrados requirieron a la Fiscal que precise en qué términos solicitó la calificación mencionada, oportunidad en que la representante del Ministerio Público hizo saber que, nuevamente, se valía del instituto previsto en el art. 359 del CPP para formular una acusación alternativa (fs. 197/198). Por lo que la palabra fue cedida a la Defensora Oficial quien consideró al planteo como inoportuno, no contemplado por el ordenamiento procesal e incompatible con la hipótesis inicial al revelar una duda insuperable acerca de lo acontecido que imponía la aplicación del in dubio pro reo.
Así planteada la controversia, el tribunal resolvió tener presente lo manifestado y anoticiar al causante de las nuevas circunstancias que se le atribuían conforme es exigido por la normativa pertinente bajo sanción de nulidad, haciéndole saber que contaba con los mismos derechos que le asistían al comienzo del debate, así como con la posibilidad de mantener contacto con su defensa (fs. 199), oportunidad en que la Defensora optó por no hacer uso de las facultades que le asistían, limitándose a dejar asentada su protesta, lo que fue expresamente documentado en el acta (fs. 199).
Atento el recuento de antecedentes realizado, debo señalar que ninguna de las normas invocadas para ampliar la acusación contiene restricciones temporales que impongan descartar la pretensión por extemporánea, toda vez que lo decisivo es que la variación no vaya en detrimento del principio de contradicción ni torne ineficaz la estrategia procesal desplegada por el encausado lo que, sin dudas, no ha acontecido en la especie.
Por ello, entiendo que mal puede pretenderse ahora la anulación de lo resuelto alegando que la mutación en los términos de los cargos formulados fue sorpresiva o redundó en una afectación de sus derechos, cuándo de las constancias del legajo surge con prístina claridad que la Defensora tuvo a su disposición la posibilidad de producir nuevas pruebas y reencauzar la discusión, pero optó por renunciar a ella libremente, no sólo que no propuso nuevos elementos ni omitió expedirse invocando la imposibilidad de ejercer su función sino que intervino activamente en dicha oportunidad, exponiendo las razones fácticas y jurídicas al respecto para obtener una respuesta distinta a la pretendida por la Agente Fiscal. Habiéndose determinado, entonces, que no sólo no se trató de una variación brusca o sorpresiva, sino que fue debidamente anticipada al justiciable y que las chances de la parte interesada de resistir la nueva imputación se vieron únicamente acotadas por su propia decisión, estimo que no puede tenerse por acreditada una violación al principio de congruencia, dado que si bien se ha suscitado una alteración de la base fáctica, fue realizada de modo regular y respetuoso de la Garantía de Defensa.
Continuando, opino que las críticas vinculadas a la supuesta imposibilidad lógica de acusar alternativamente en estos términos, debe correr idéntica suerte pues más allá de que no existe un impedimento legal, la recurrente equivoca el ámbito de aplicación de las reglas invocadas. En efecto, el in dubio pro reo exige que la sentencia de condena esté fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado y que cualquier otro estado mental desemboque en una absolución (Maier, op. cit., p. 495).
Pero resulta fácil de apreciar que dicho requerimiento no puede trasladarse sin más a los dictámenes del representante del Ministerio Público Fiscal que, por la propia naturaleza de su actividad, puede contemplar la posibilidad de que el magistrado ante el que debe presentar su posición opte por subsunciones legales diversas. De hecho, así lo dispone expresamente el art. 335 del CPP cuya compatibilidad con la normativa supra-legal no ha sido puesta en cuestión en autos.
Respecto, por otro lado, a la posibilidad de optar por el tipo previsto en el art. 80 inc. 7 del CP, también debe apuntarse que no observo que medie un impedimento de orden lógico, siendo que precisamente lo que se consiguió tener por acreditado es la existencia de un intento de violación, y no de una maniobra consumada, por lo que el pronunciamiento resulta perfectamente consistente en este punto y se impone su convalidación.
Ahora bien, respecto a la objeción formulada en torno a la incorporación por lectura de las declaraciones de M. A. M. F. –causa N° 2022-, G. A. R. y F. R. A. –causa N° 2026- en los términos del art. 366 inc. 4 del CPP, entiendo que se impone la adopción del temperamento opuesto. Esto porque como bien resalta la parte interesada, nuestra CSJN tiene dicho que dentro de las prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar a los testigos a su contra y a favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa (Fallos 329: 5556). Esta prerrogativa, de hecho, no pudo ser ejercida en los procesos mencionados toda vez que las víctimas no concurrieron al debate con lo cual no se sometieron al interrogatorio de la defensa, lo que contrasta con la centralidad que sus dichos tuvieron al momento de tener por acreditada la existencia de la injusto y la participación del causante y evidencia que los juzgadores se valieron de aserciones dogmáticas para sustentar la validez de la condena y descartar la operatividad del precedente citado.
Esto último porque los magistrados atinaron únicamente a remitirse al resto del caudal probatorio, postulando su idoneidad para respaldar, por sí mismo, el temperamento adoptado, pero omitieron brindar una explicación detallada sobre el punto o siquiera precisar cuáles fueron los elementos de juicio efectivamente empleados a tal efecto. Mientras que, en sentido inversado al declamado, ponderaron las alocuciones citadas, señalando incluso su carácter conteste y concordante (v., por ejemplo, fs. 237).
Por estas razones, en definitiva, habré de propiciar que se case la sentencia a este respecto aunque, cabe destacarlo, no tendrá incidencia alguna sobre la penalidad, habida cuenta las características de la pena de prisión impuesta como consecuencia de la calificación escogida (art. 80 inc. 7 del CP) en la causa nro. 2021 en la que resultara víctima S. M. A. G., circunstancia que, en el caso y por lo expuesto, torna superflua la decisión con respecto a las consecuencias jurídicas.
Finalmente, en lo referente a la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado del art. 80 del CP, debe apuntarse que el análisis de la validez constitucional de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y la declaración de inconstitucionalidad debe ser estimada como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino en casos de estricta necesidad (Fallos 260:156, 286:76; 288:325; 300:241, entre otros).
Se trata de un remedio extremo, que sólo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la CN y los tratados internacionales que la integran (Fallos 328:1491), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocada (v. Fallos 315:923; 321:441 y SCBA, P. 70498, Ac.
29-XII-2004).
Para ello se requiere que el interesado realice un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, que demuestre el alcance de sus derechos y las razones por las que cree que lo actuado por el legislador es incorrecto (Fallos 306:1597). En este sentido, precisamente, considero que el recurrente no ha conseguido acreditar que dicha incompatibilidad exista, siendo que el precedente de la CSJN sobre el que se pretende fundar el análisis efectuado excluye expresamente la norma en cuestión de su ratio decidendi e invalidó el art. 52 del CP por razones que no se verifican en la especie.
A fines ilustrativos, se transcribe el pasaje que delinea con total claridad, el alcance del fallo: “(…) en esta causa no se ventila la constitucionalidad ni el alcance de la reclusión accesoria prevista en el art. 80 del Código Penal para el supuesto de los homicidios calificados. En efecto, la cuestión se limita a los casos del art. 52 derivados de multireincidencia, donde la exigencia de cuatro o cinco condenas a penas privativas de libertad (…), en principio parece excluir como consecuencia necesaria aquellos supuestos de delitos por demás graves ya que, en su caso, la condena hubiera implicado una pena de larga duración” (Fallos 329:3680, cons. 29 del voto de la mayoría).
Sin perjuicio de que la contundencia del fragmento citado, me exime de comentarios adicionales sobre el punto, no puedo dejar de mencionar que el resto de las objeciones traídas a conocimiento del Tribunal son de corte genérico, al no contraerse a explicar en qué medida el derecho penal de acto o el principio de proporcionalidad han resultado violentados en el caso concreto y, finalmente, en la presentación no se advierte que se intente demostrar la incompatibilidad de la norma en cuestión con el ordenamiento constitucional, soslayando que al no resultar evidente la carga su corresponde al que introduce la pretensión. Finalmente, en relación a los motivos de agravio expuestos por la Defensora Adjunta de Casación, en su memorial de fs. 307/317vta., no siendo cuestiones introducidas con la interposición del recurso de casación originario, su conocimiento se encuentra vedado a la Casación por no tratarse de un desarrollo de los motivos que provocaran su intervención sino distintos, conforme lo dispuesto por el art. 434 y doctrina del art. 451 –último párrafo- del C.P.P. (SCBA P. 58.417, P. 59.379, P. 75.534, P. 76.382, P. 76.453, P. 77.329, P. 83.841, P.85.039, P.89.638, P. 91.185, e/o).
En efecto, en contra de lo afirmado por la distinguida Dra. Susana Edith De Seta, los cuestionamientos dirigidos a la errónea valoración de los arts. 40 y 41 del CP y la interpretación de los arts. 14 y 80 del CP no resultan motivos de agravio introducidos en la instancia sino críticas independientes cuyo conocimiento, conforme lo expresado en el párrafo anterior, deviene inatendible.
Por lo que, en definitiva, propongo al Acuerdo que se haga lugar parcialmente al recurso de casación articulado por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Verónica Garganta, contra la sentencia dictada el pasado 12 de noviembre de 2012 por el Tribunal en lo Criminal N° 5 de La Plata, se absuelva a D. J. C. en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma (causas 2022 y 2026 respectivamente), manteniendo incólumes el resto de las declaraciones contenidas y tener presente la reserva del caso federal (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 45,55, 80 1° párrafo e inc. 7, 119, 3° párrafo, 149 bis, 2° párrafo y 166 inc. 2, 1° párrafo, del CP y 20 inc. 1, 106, 201, 202, 210, 233, 335, 359, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 459, 460, 530 y 531 CPP).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Piombo, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Es mi voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE la impugnación interpuesta por la Defensora Oficial, Dra. Verónica Garganta.
II. CONFIRMAR, en orden a los fundamentos expuestos en la segunda cuestión, la sentencia dictada en el marco de las causas 2021/0179, 2023, 2024, 2025, 2028, 2029 que tuvieron como víctimas a S. M. A. G., E. M., G. K. R., S. del C. C., R. N. Z. y Y. C. C., respectivamente.
III. CONFIRMAR la condena a PRISIÓN PERPETUA, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, con más la ACCESORIA DE RECLUSIÓN POR TIEMPO INDETERMINADO, impuesta a D. J. C..
IV. HACER LUGAR al recurso de casación articulado y CASAR PARCIALMENTE el pronunciamiento dictado el pasado 12 de noviembre de 2012 por el Tribunal en lo Criminal N° 5 de La Plata.
V. ABSOLVER al imputado de autos, en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma (causas 2022 y 2026).
VI. TENER PRESENTE la reserva de caso federal formulada en los términos del artículo 14 de la Ley 48.
Rigen los arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 45,55, 80 1° párrafo e inc. 7, 119, 3° párrafo, 149 bis, 2° párrafo y 166 inc. 2, 1° párrafo, del CP y 20 inc. 1, 106, 201, 202, 210, 233, 335, 359, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 459, 460, 530 y 531 CPP.
Regístrese, comuníquese, notifíquese y devuélvase al Tribunal en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial La Plata, al que se le encomienda anoticiar al causante de este decisorio y que una este legajo al principal que le sirve de antecedente.
FDO.: RICARDO RAMON MAIDANA – HORACIO DANIEL PIOMBO
Ante mi: Carina Ethel Muttoni
Fin de la sentencia