Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala VI
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación interpuesta por el Defensor Oficial, Dr. Daniel Oscar Surgen.
II. Rechazar, por improcedente, el recurso de casación articulado en favor de J. D. R., con costas.
Rigen los arts. 75 inc. 22 CN en relación con los arts. 8.2.h y 8.5 CADH, 14.1 y 14.5 PIDCyP, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer con jerarquía constitucional, “Belem Do Pará”, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “CEDAW”; 5, 29 inc. 3°, 40, 41 y 119, 3° párrafo, del CP, Ley N° 26.485, Ley provincial N° 12.569 y 20 inc. 1, 106, 205, 209, 210, 233, 366, 371, 373, 375, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 459, 460 a contrario sensu, 463, 530 y 531 CPP.
En la ciudad de La Plata, a los 29 días del mes de agosto del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, doctores Horacio Daniel PIOMBO y Ricardo R. MAIDANA, bajo la presidencia del segundo de los nombrados, para resolver en la causa N° 58.758, “R., J. D. S/RECURSO DE CASACIÓN”, conforme el siguiente orden de votación: MAIDANA – PIOMBO.
El 22 de abril de 2013, el Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Necochea resolvió condenar a J. D. R. a la pena de seis años de prisión por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y declarar la inconstitucionalidad del art. 12 del CP (arts. 40, 41, 45 y 119, 3° párrafo, del CP; 371, 373, 375, 530, 531 y 533 del CPP; Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, art. 75 inc. 22 CN y Ley N° 26.485, Ley N° 24.632, Ley provincial N° 12.569).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. Daniel Oscar Surgen, interpuso el recurso de casación que luce a fs. 76/104 de las presentes actuaciones.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala VI del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Habiendo sido deducido el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra una sentencia definitiva de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfacen los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCyP; 20 inc. 1, 450 1er párrafo, 451 y 454 inc. 1 del C.P.P.).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada el señor juez, doctor PIOMBO, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Sostiene el impugnante que ninguno de los extremos del tipo penal endilgado a su asistido fue acreditado. Señala que el A Quo se valió de un razonamiento absurdo y arbitrario, omitiendo considerar prueba favorable a la defensa. Indica que de la denuncia no se desprende en qué consistieron las violencias ejercidas a efectos de vencer la resistencia de la víctima. Adiciona que tampoco se precisó en esa instancia que el hecho no fue consentido, así como la existencia del sangrado intravaginal. Manifiesta que se trato de una relación matrimonial agotada, en la cual uno de los conyugues no esta predispuesto a mantener una relación sexual, pese a lo cual y ante la insistencia del encausado, se logra consumar, lo que acredita la aquiescencia.
Describe que ello se confirma a través de los dichos de B., quien declaró haber expresado “…hacelo de una vez y dejame dormir…”, sin perjuicio de omitirlo en sede policial. Esgrime que la damnificada posee su capacidad mental y civil incólume, más allá que el razonamiento del tribunal pretenda cuestionar todos sus actos. Denuncia que la violencia de género no inhabilita a la mujer ni su libre consentimiento y que de esto no puede derivarse la oposición al acto sexual, al no acreditarse el ejercicio físico sobre la víctima. Plantea que únicamente se cuenta con los dichos de la agredida para acreditar la imputación. Aduna que las supuestas expresiones intimidatorias del encartado no restringieron su posibilidad de decidir, debido a que el coito ya había finalizado al tiempo de emitirlas.
Agrega que las mismas podrían haber constituido el medio comisivo de amenazas, pero esto nunca fue recriminado a su asistido y no puede utilizarse en el temperamento de condena sin afectar garantías constitucionales. Refiere que en ninguna de las etapas procesales el Agente Fiscal detalló debidamente la imputación, lo que implicó una afectación a la defensa en juicio y el debido proceso, como también al principio de congruencia. Razona que los juzgadores antepusieron la condena para luego atender a fundamentos arbitrarios, como las lesiones intravaginales aparente muestra de la violencia ejercida. Pondera que de los informes médicos no surgen elementos que permitan inferir el ejercicio de fuerza física del encartado a efectos de vencer la alegada negativa, ni ello surge de las diversas explicaciones de la mujer y tampoco se acredita por el sangrado interno, que es posterior a la anuencia de la relación y, en efecto, las lastimaduras no pueden imputárseles al inculpado.
Considera que, como indicó la Dra. Rodríguez, las heridas pueden deberse a otras causas, como la sequedad vaginal acaecida por la menopausia, estado por el cual paso B. Valora que las condiciones del acto sexual pueden haber originado los daños en la nombrada por la falta de lubricación. Señala que los sentenciantes desoyen los conocimientos médicos. Precisa que no existen elementos objetivos que den cuenta de una seria y constante resistencia por parte de la agredida. Adiciona que aún con la presencia de personas en la vivienda, estas no lograron escuchar pedidos de ayuda y pese a que la damnificada refirió que uno de ellos la había oído y entrado al cuarto en su auxilio, esta situación no fue recordada por el deponente al tiempo del debate, y todo ello fue omitido por el tribunal.
Analiza que en el allanamiento y secuestro practicado no logró hallarse material que confirme la hipótesis delictiva. Asume la existencia del débito conyugal en el caso. Evalúa la falta de coincidencia de la declaración de B. en relación al cuadro probatorio. Aduna la pertinencia del informe psicológico realizado al encausado. Peticiona la aplicación del principio del in dubio pro reo. Discurre que lo reseñado invalida el proceso penal por culpa de la actuación del acusador estatal y, por haberse cumplimentado las formas esenciales del juicio, reclama la aplicación del ne bis in ídem por la exposición a un nuevo proceso y el riesgo de una nueva sanción, sobre la base de los lineamientos sentados por la CSJN.
Por lo expuesto, solicita que se case la sentencia en crisis, declarándose la nulidad absoluta y se absuelva a su asistido. Formula reserva del caso federal. La Defensora Adjunta de Casación, Dra. Susana Edith De Seta, apoya la pretensión de su colega de la instancia, se remitie a sus argumentos y requiere la absolución del acusado por aplicación del in dubio pro reo, a efectos de preservar el debido proceso (fs. 116/118). La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela E. Bersi, propicia el rechazo del remedio intentado (fs. 119/123).
Fijadas las bases del recurso, debe resaltarse que con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación (cf. C.S.J.N., C. 1757. XL, “Recurso de hecho. Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa –causa Nº 1681-”, del 20/09/2005).
Los arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCyP exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a los jueces presentes en el debate, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 CADH y 14.1 PIDCyP), sino porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, un obstáculo fáctico, impuesto por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre oralidad y revisión amplia en casación, ambos son consistentes en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos -art. 434 y cc. del CPP.
Así las cosas, corresponde ingresar en el examen del remedio intentado, adelantando que el recurso no habrá de prosperar. En primer lugar, respecto al cuestionamiento de la conculcación de las garantías de defensa y el debido proceso, por afectación al principio de congruencia, deben realizarse algunas consideraciones preliminares.
Al respecto, se recuerda que la descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan (v. Corte IDH, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Sentencia de 20 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 67).
La calificación jurídica puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. Es decir que el llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” implica que ésta última puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación (Corte IDH, Íd.).
En sentido similar, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que “Las particularidades del delito juegan un rol crucial en el proceso penal, desde […] la comunicación de aquéllas es cuando el sospechoso es formalmente puesto en conocimiento de la base fáctica y legal de los cargos formulados en su contra […]. El artículo 6.3.a) de la Convención reconoce al imputado el derecho a ser informado no sólo de la causa de la acusación, es decir, de los actos que supuestamente ha cometido y sobre los que se basa la acusación, sino también de la calificación legal dada a esos actos…” (cfr. Pelissier and Sassi v. France 25444/94, [1999] ECHR, párrs. 51, citado por Corte IDH, cit.)
Este principio, en consecuencia, se ve lesionado por todo lo que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, es decir, aquello sobre lo cual el imputado y su defensor no hayan podido expedirse y esta pauta hermenéutica decide en los casos concretos, toda vez que la infinita riqueza de elementos que cada uno de ellos contiene impide una definición a priori en términos abstractos (cf. Maier, Julio, B. J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos, t. I, Del Puerto, Buenos Aires, 2004, 2da. ed., p. 568).
En términos generales, esta regla no se extiende a la subsunción legal de los hechos bajo conceptos jurídicos, dado que lo que interesa es el acontecimiento histórico imputado, como situación de vida ya sucedida (acción u omisión), que se pone a cargo de alguien como protagonista, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misión es, precisamente, decidir sobre él (cf. Maier, op. cit., p. 569).
No obstante, debe reconocerse que un viraje brusco en el significado legal atribuido al accionar desplegado puede provocar situaciones de indefensión, dado que se trata de un parámetro orientador de la actividad probatoria (v. de esta Sala, causa n° 58.698, “CADÍCAMO, Diego José s/ Recurso de Casación”, sent. del 21 de mayo de 2014, reg. 302/14). Desde esta óptica, entonces, se impone examinar el caso de autos, en el que se advierte que en todas las instancias del proceso J. D. R. fue acusado de ser el autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal en contra de N. N. B.; y, a su vez, esa imputación fue circunscripta en tiempo y espacio.
En efecto, tal como destacó el tribunal, desde la primera hora de esta investigación, conforme las exigencias legales, el representante de la vindicta pública efectuó una intimación previa, comprensible, detallada y con un encuadre legal determinado, indicando en lo que hace al objeto del motivo de agravio que el acto criminal se había desarrollado “…a la fuerza, con violencia física…” (fs. 44, 64vta.).
Más aún, con relación al cuestionamiento particular del concepto de violencia, el Agente Fiscal en su alegato de cierre no solo encuadró el accionar del inculpado bajo los términos tradicionales, esto es, que inculpado accedió carnalmente y en forma violenta con su miembro viril en la cavidad vaginal de la damnificada provocando lesiones en la pared vaginal que derivaron en hemorragias, lo que conlleva implícito –tal como describieron los juzgadores a fs. 64vta.- la utilización de una fuerza suficiente que sea capaz de anular la voluntad de la víctima para ejecutar el acto, que le ocasionó el daño que puso en riesgo la vida de la nombrada. Sino que, además, reclamó al A Quo la valoración del caso en un contexto de violencia de género con cita del art. 5 de la Ley N° 26.485 y de los arts. 1 y 2 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer con jerarquía constitucional, que se encargó de probar a lo largo del debate (fs. 35/38vta.).
Ante dicha situación, pese a las precisiones otorgadas por el acusador público, una vez cedida la palabra a la defensa expresó que a su pupilo nunca se le explicó en qué consistió el elemento normativo y, por tanto, en esa oportunidad procesal requirió la nulidad de todo lo actuado. Atento el recuento de antecedentes realizado, debo señalar que no se observa un detrimento del principio de contradicción ni que la actuación del representante del Ministerio Público haya tornado ineficaz la estrategia procesal desplegada por el encausado lo que, sin dudas, no ha acontecido en la especie. Como prueba de ello, se refleja la declaración prestada por el propio encausado, quien tuvo la oportunidad de expedirse y clausuró con sus palabras la audiencia de debate (fs. 44 y vta.).
Por ello, entiendo que mal puede pretenderse ahora la anulación de lo resuelto alegando que la imputación en los términos de los cargos formulados redundó en una afectación de sus derechos, cuándo de las constancias del legajo surge con prístina claridad que el defensor tuvo a su disposición la posibilidad de producir pruebas y reencauzar la discusión, y no sólo no propuso nuevos elementos sino que omitió expedirse invocando la imposibilidad de ejercer su función, pese a las precisiones y argumentos brindados por la contraparte.
Habiéndose determinado, entonces, que se trató de una intimación acabada, que fue debidamente comunicada al justiciable y que las chances de la parte interesada de resistir la imputación se vieron únicamente acotadas por su propia decisión, estimo que no puede tenerse por acreditada una violación de la garantía de defensa.
Continuando con el estudio, no se advierte defecto alguno en el razonamiento del tribunal, como tampoco que pueda tildarse de arbitraria o carente de rigor lógico al decisorio en crisis, el que se encuentra sobradamente fundado en las premisas que señala y la conclusión lógica a la que arriba, que impongan revertir el temperamento adoptado.
Más allá de las citas doctrinarias y jurisprudenciales transcriptas y la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, lo cierto es que las alegaciones vertidas por la representación letrada contrastan con la solidez y consistencia de la reconstrucción de los acontecimientos ofrecida por los juzgadores.
En este punto, debe indicarse que el estándar probatorio de un proceso penal como el presente exigen la aplicación de dos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional —la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Belem Do Pará”, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “CEDAW”, así como de la Ley N° 26.485 destinada a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la Ley provincial N° 12.569.
En los citados instrumentos los Estados partes se han comprometido a “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en (…) funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (cf. art. 5 de la CEDAW).
En ese marco, los sentenciantes valoraron el testimonio prestado por la damnificada, que evaluado en el cuadro probatorio integral formó su convicción sobre los hechos objeto de proceso.
Los principios que rigen el procedimiento penal restan toda centralidad a los cuestionamientos de la defensa referidos a los dichos de B. en sede policial, en atención a que la nombrada prestó su versión de los hechos en la audiencia y pudo ser objeto de un amplio contralor por la parte en esa oportunidad del proceso.
En este punto, debe señalarse que no es posible concebir un derecho penal moderno sin contemplar los derechos de las víctimas y, en particular, frente a la violencia de género, la revisión de la valoración probatoria debe efectuarse con especial cautela, otorgando singular relevancia al testimonio de la mujer.
Al respecto, resulta de interés destacar que en casos donde los hechos delictivos por su especial modo de comisión no puedan ser corroborados por otros medios, la deposición de la damnificada no debe ser soslayada o descalificada, dado que ello constituiría una forma de violencia institucional contraria a los parámetros internacionales.
Más aún, la Corte Interamericana reconoció que sus dichos constituyen un elemento probatorio fundamental en esta especie de procesos (v. Corte IDH, caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, sentencia de 30 de agosto de 2010, serie C No. 215 y caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, sentencia de 31 de agosto de 2010, serie C No. 216, cf. párr. 100 y 89 respectivamente).
El valor de esta clase de testimonios frente a violaciones de derechos humanos, a su vez, tuvo a su vez un amplio desarrollo en la jurisprudencia del máximo tribunal, que sostuvo que: “…la declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejen rastros de su perpetración, o se cometen al amparo de la privacidad. En tales supuestos a los testigos se los llama necesarios.” (Fallos 309: 319).
Además, la Corte Interamericana reafirmó la importancia de evitar la impunidad en crímenes de género, pues de este modo se “…envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia.” (v. Corte IDH, caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009, serie C No. 205, párr. 400). La característica distintiva de la modalidad de este tipo de actos radica en la comisión en un ámbito de privacidad y, por regla, ante la mera presencia de la propia víctima; por ello, no debe prescindirse de sus manifestaciones sino que las mismas deben ser valoradas con el mayor rigor crítico posible, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias probatorias de la causa que acrediten o disminuyan su fuerza.
Habida cuenta el sistema probatorio consagrado por el Código de Procedimientos (art. 210, 373 del C.P.P.), no existen formas previstas en la ley para acreditar el hecho delictuoso, procurando afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso.
Sin perjuicio de lo expuesto, el A Quo consideró que las manifestaciones de B. fueron acreditadas por los distintos elementos de cargo colectados. Así, las relaciones sexuales que el encartado mantuvo con la agredida la noche de los sucesos fueron confirmadas con la declaración del propio R. (fs. 48vta./49); las lesiones que sufrió la damnificada en la cavidad vaginal, se acreditaron a partir de las deposiciones de la Dra. Laura Elisabeth Rodríguez y los familiares que constataron la hemorragia (fs. 55vta., 57 y vta.), en este sentido, además, se observa el informe médico y la historia clínica de la paciente, ambos incorporados por lectura en los términos del art. 366 CPP (fs. 31).
A su vez, los daños que se produjeron en el cuerpo de B. como consecuencia de la acción del inculpado, que implicaron la intervención quirúrgica y el riesgo que corrió la vida de la nombrada, se constituyen como el elemento objetivo que da cuenta del grado de violencia ejercido por el acusado. Ello, conforme explicó la profesional médica interviniente, no resulta una causal exclusiva de la mera circunstancia post menopaúsica y la eventual falta de lubricación, por cuanto, aún bajo este cuadro clínico advirtió que no son frecuentes los desgarros vaginales (fs. 57vta.).
Ahora bien, respecto al supuesto consentimiento que el impugnante aduce que brindó B. al tiempo del hecho, cuando refirió “…hacelo de una vez y dejame dormir…”, si bien en apariencia las meras palabras parecen otorgar la anuencia que excluiría la aplicación de la figura penal, sus expresiones deben ser evaluadas en el contexto determinado del caso en estudio.
La presunta aquiescencia derivada del “débito conyugal” que alega el recurrente ha sido enfáticamente condenada por el tribunal interamericano, por considerar que este tipo de caracterizaciones y prejuicios, evoca la falsa dicotomía entre esfera pública y privada según la cual a la justicia penal no le correspondería inmiscuirse en los “asuntos de pareja” (v. Corte IDH, caso “Campo Algodonero”, Íd.).
En esta instancia, resulta imperioso poner en evidencia que el recurso de casación aquí analizado revela concepciones estereotipadas que el estado argentino se ha comprometido a erradicar. En consecuencia, la postura adoptada por el defensor intenta minimizar una historia precedente y círculo de violencia hacia la mujer –tanto físico como verbal- que no solo fue sobradamente probado en el debate oral y público, por los testigos que acudieron ante el tribunal, sino que edifican el resultado anunciado del acontecimiento criminal que es objeto de este proceso. En cierta medida, los motivos de agravios delineados por el recurrente promueven la objetivación del cuerpo de la mujer, desatendiendo todas las exigencias internacionales en la materia. Así, la defensa parece querer indicar que el hecho de que el acto haya sido “soportado” por B., convierte las relaciones en algo consentido. Sin embargo, es sabido que el consentimiento debe evaluarse atendiendo a las circunstancias del caso en concreto. En efecto, la damnificada fue categórica en todas sus deposiciones respecto de la negativa ante el deseo del encausado (fs. 46vta. y 53). Más aún, en su deposición frente al A Quo dio cuenta de que los actos sexuales eran forzados y, concretamente, que en esa oportunidad se encargó de trasmitirle a R. que la estaba lastimando (fs. 53vta.).
La Corte Penal Internacional tiene dicho que la intimidación, las amenazas, la extorsión y diferentes formas de provocar temor puede tener los mismos resultados que el empleo de la fuerza. En este entendimiento, se ha sostenido que para que se configure la violación basta con que “…[se coloque] a la víctima en una situación de temor razonable de que ella o una tercera persona sean sujetas a violencia, detención, coacción u opresión psicológica…” (TPIY, “Prosecutor v. Anto Furundzija”, 10 de diciembre de 1998, IT-95-17/1-T, párr. 174).
Por ello, a juicio del suscripto, asiste razón a los magistrados cuando refieren que los dichos de B. no pueden analizarse de manera aislada y que los antecedentes reseñados, así como la negativa de la nombrada, cercenaron la libertad del acto sexual practicado, prueba de ello –asimismo- constituyen los daños que el accionar del encartado provocó en el cuerpo a la damnificada.
Este tipo de problemáticas, por sus peculiaridades, si bien no eliminan la capacidad de decidir de las víctimas, exigen a la judicatura un análisis pormenorizado y más riguroso de los hechos. Todo lo expuesto, da cuenta de que se han acreditado los elementos requeridos por la figura penal y resta entidad a las discrepancias advertidas en el testimonio del menor respecto a si acudió o no en auxilio de B. y la ausencia de elementos de convicción al tiempo del allanamiento; lo cual, conlleva a confirmar lo resuelto por el tribunal, descartando las alegaciones planteadas por la representación del nombrado. En cuanto a los resultados que arrojó el informe psicológico realizado en el encartado, merece advertirse que los juzgadores han dispuesto la aplicación del mínimo legal de la pena de la subsunción legal efectuada.
Finalmente, sobre la base de lo resuelto se tornan inatendibles los motivos de agravios relativos al principio del ne bis in ídem por la exposición a un nuevo proceso y el riesgo de una nueva sanción. Por lo que, en definitiva, propongo al Acuerdo que se rechace, por improcedente, el recurso de casación articulado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Necochea por el Defensor Oficial, Dr. Daniel Oscar Surgen, con costas (arts. 75 inc. 22 CN en relación con los arts. 8.2.h y 8.5 CADH, 14.1 y 14.5 PIDCyP, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer con jerarquía constitucional, “Belem Do Pará”, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “CEDAW”; 5, 29 inc. 3°, 40, 41 y 119, 3° párrafo, del CP, Ley N° 26.485, Ley provincial N° 12.569 y 20 inc. 1, 106, 205, 209, 210, 233, 366, 371, 373, 375, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 459, 460 a contrario sensu, 463, 530 y 531 CPP).
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada, el señor juez, doctor PIOMBO, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. DECLARAR ADMISIBLE la impugnación interpuesta por el Defensor Oficial, Dr. Daniel Oscar Surgen.
II. RECHAZAR, por improcedente, el recurso de casación articulado en favor de J. D. R., con costas.
Rigen los arts. 75 inc. 22 CN en relación con los arts. 8.2.h y 8.5 CADH, 14.1 y 14.5 PIDCyP, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer con jerarquía constitucional, “Belem Do Pará”, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “CEDAW”; 5, 29 inc. 3°, 40, 41 y 119, 3° párrafo, del CP, Ley N° 26.485, Ley provincial N° 12.569 y 20 inc. 1, 106, 205, 209, 210, 233, 366, 371, 373, 375, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 459, 460 a contrario sensu, 463, 530 y 531 CPP.
Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Necochea, al que se le encomienda anoticiar al causante de este decisorio y unir este legajo a su principal que le sirve de antecedente.
FDO. HORACIO DANIEL PIOMBO - RICARDO R. MAIDANA
Ante mi: Juan Paulo Gardinetti
Fin de la sentencia