Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala VI
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible las impugnaciones formuladas.
II. Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos en favor de J. C. G., sin costas.
III. Casar la resolución dictada en fecha 18 de junio de 2013 por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca.
Rigen los arts. 20 inc. 1, 21, a contrario sensu, 106, 164, a contrario sensu, 210, 320, 421, 433, 439, a contrario sensu, 450, 460, 530 y 531 del C.P.P.
En la ciudad de La Plata, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, doctores Horacio Daniel Piombo y Ricardo R. Maidana, bajo la presidencia del segundo de los nombrados, para resolver en la causa N°60.516, caratulada “G., J. C. s/ Recurso de Casación", conforme el siguiente orden de votación: Maidana – Piombo.
El 18 de junio del año 2013, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca revocó el pronunciamiento dictado por el titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Tres Arroyos, Dr. Rafael Alberto Oleaga, en cuanto dispuso la libertad por falta de mérito de J. C. G. y no hizo lugar al requerimiento de la prisión preventiva formulado por la Sra. Agente Fiscal.
Contra dicha decisión, la Sra. Defensora Oficial, Dra. Laura Alejandra Pereyra y el Sr. Defensor Particular, Dr. Sebastián B. Martínez, interpusieron los recursos de casación que lucen a fs. 29/31vta. y 32/36vta. respectivamente.
Hallándose la presente en estado de dictar sentencia, la Sala Sexta dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: En caso de resolverse en forma afirmativa la primera cuestión, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Habida cuenta de que la decisión impugnada revocó la libertad dispuesta por el Juez de Garantías, entiendo que se trata de un supuesto previsto en el artículo 450 “última parte” del C.P.P. (TCPBA, Sala VI, c. 54.748 y c. 54.752, 13 de noviembre de 2012, entre otras). A lo que añado que, los recursos fueron deducidos por parte legitimada y en debido tiempo, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales, satisfaciendo los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCyP; 20 inc. 1, 450 1er párrafo, 451 y 454 inc. 1 CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Piombo, dijo:
Adhiero al voto de mi colega doctor Maidana, por compartir sus fundamentos y hacerlos míos por la presente, votando en idéntico sentido.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana dijo:
Sostiene la Defensora Oficial que el A quo inobservó y aplicó erróneamente los arts. 157, 171 y 148 del C.P.P., toda vez que la prisión preventiva no puede ser utilizada como un adelanto de pena sino solo como un medio asegurativo, y que su imposición debe justificarse bajo un previo juicio de proporcionalidad y razonabilidad. Alega que la detención de G. no tiene fundamento, al no verificarse en la especie los peligros procesales que la norma de rito exige. Precisa que el nombrado no registra condenas y posee arraigo en la localidad donde reside e incluso trabaja conjuntamente con miembros de su familia en un comercio de electricidad del automotor. Refiere que la libertad por falta de mérito no causa agravio a la Fiscalía ya que dicho pronunciamiento no impide la continuidad de la investigación. Desde otra perspectiva denuncia que los magistrados preopinantes vulneraron mandas constitucionales y convencionales, en detrimento del derecho a la libertad, la presunción de inocencia y el debido proceso (arts. 18 CN, 11.1 de la DUDH y 8.2 de la CADH y art. 157 inc. 3° del CPP). Afirma, que contrariamente a lo sostenido por los camaristas, no existen indicios vehementes que acrediten la responsabilidad de su pupilo en el ilícito perpetrado, ya que el único medio de prueba con cierta aptitud cargosa es la declaración de la víctima, que, por cierto, ha sufrido serias modificaciones e incongruencias que debilitan su credibilidad. Añade que el dispositivo cuestionado valoró arbitrariamente ciertos testimonios e invirtió la carga de la prueba al momento de analizar la reconstrucción del hecho. Por estas razones, ambos solicitan se case la sentencia atacada.
La Sra. Fiscal Ajunta ante la Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti considera que el pronunciamiento en crisis se encuentra debidamente fundado y por ello propicia el rechazo del planteo defensista (fs.47/48).
El recurso será admitido, bajo las consideraciones que serán expuestas seguidamente.
Las resoluciones judiciales son impugnables por los medios y en las oportunidades previstas por el Código Procesal Penal, tal como lo establece el art. 421 C.P.P.
En el caso, la decisión de primera instancia no pudo ser objeto del recurso de apelación por carecer de gravamen irreparable el impugnante originario (art. 421 cit.) y por haberse vedado expresamente esta forma.
En efecto, la decisión del Juez de Garantías de disponer la libertad por falta de mérito de J. C. G. en los términos del art. 320 del CPP no es expresamente susceptible del recurso de apelación ni tampoco se ha establecido que exista gravamen irreparable (art. 439 del C.P.P.).
No contemplan dicha posibilidad los artículos 320 y el 164 del CPP.
La ley circunscribe las facultades impugnativas del Ministerio Público Fiscal.
La Corte Suprema de la Nación en el precedente “Arce, Jorge D.” (Fallos 320:2145), indicó que el Fiscal debe ejercer su pretensión en los términos que la ley procesal le concede, por lo que las limitaciones impuestas al Agente Fiscal para ejercer la acción pública son legítimos en la medida que es el propio Estado el que los ha consagrado, poniendo límites a su accionar.
En la línea expuesta entonces, debo decir, que el recurso de apelación presentado devino ineficaz como acto procesal, dado que no debió producir efectos procesales en el caso, por lo que ab-initio implicaba la negativa de admisión del acto, se tuvo que impedir que el acto ineficaz se introduzca dispensando de proveer la pretensión de la impugnante. No debió el A-Quo admitir el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal y menos aún revocar la decisión del inferior, siendo que su jurisdicción no se encontraba habilitada.
Por lo expuesto, corresponde casar la resolución en crisis devolviendo la vigencia al dispositivo revocado en la cuestión que fuera motivo de agravio.
Es mi voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Piombo, dijo:
La jurisdicción de garantías es una y la potestad revisora de la Cámara se extiende a la actividad de todos los órganos subordinados, en la medida que un recurso abra su jurisdicción. No hay órganos soberanos o exentos de control en la actividad jurisdiccional, excepto los más altos tribunales que tienen sobre sí únicamente un control político.
Así las cosas, el decisorio de la instancia de origen no era de aquéllos susceptibles de impugnación expresa –principio de taxatividad recursiva- (art. 421 C.P.P.), y tampoco pudo la fiscalía demostrar la configuración de un gravamen de imposible reparación posterior que haya autorizado, en consecuencia, la procedencia en la especie de la apelación (art. 439 a contrario sensu del C.P.P.).
Bajo estas consideraciones, adhiero al voto de mi colega del Dr. Maidana, por los mismos fundamentos y voto en idéntico sentido.
Es mi voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE las impugnaciones formuladas.
II. HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos en favor de J. C. G., sin costas.
III. CASAR la resolución dictada en fecha 18 de junio de 2013 por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca.
Rigen los arts. 20 inc. 1, 21, a contrario sensu, 106, 164, a contrario sensu, 210, 320, 421, 433, 439, a contrario sensu, 450, 460, 530 y 531 del C.P.P.
Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Bahía Blanca a fin de que anoticie al causante de este decisorio y una este legajo a su principal que le sirve de antecedente.
FDO.: RICARDO RAMON MAIDANA – HORACIO DANIEL PIOMBO
Ante mi: Carina Ethel Muttoni
Fin de la sentencia