Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 1 de La Plata · Causa 5819
Lo que resolvió el tribunal
I. Condenar a ANDRÉS OMAR OMBROSI –y de las demás circunstancias personales que obran en autos– a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, al resultar partícipe primario del delito de PECULADO, en orden al hecho cometido durante los años 2012 y 2013, en sede del Ente Administrador del Astillero Río Santiago (EAARS) y en detrimento de la administración pública.
II. Diferir la regulación de los honorarios profesionales del Dr. Juan Chávez, por su actuación en esta instancia como defensor particular, hasta tanto acredite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y previsionales.
III. COMUNICAR A LA FISCALÍA GENERAL el contenido de la última estipulación probatoria acordada por las partes en el debate, a sus efectos. Rigen los arts. 18, CN; 168 y 171, CBA; 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 45 y 261 párr. 1ro., CP; 22, 106, 209, 210, 373, 375, 530, 531 cits. y ccs., CPPBA.
En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, reunidos los señores Jueces del Tribunal en lo Criminal nº 1, doctores HERNÁN JAVIER DECASTELLI, RAMIRO FERNÁNDEZ LORENZO y CECILIA INÉS SANUCCI, con el objeto de dictar el veredicto conforme las normas del artículo 371 del Código Procesal Penal, en la causa n° 813/5819, seguida a HÉCTOR OSCAR SCAVUZZO, RODOLFO GUILLERMO ELISETCH, OSCAR BORCERIO, JULIO RUBÉN BOROVIK, ANDRÉS OMAR OMBROSI y ROBERTO HORACIO FIOCCA, por el delito de PECULADO (art. 261, CP), practicado el correspondiente sorteo del que resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: FERNÁNDEZ LORENZO – SANUCCI – DECASTELLI, el Tribunal en función de las teorías del caso propuestas, al no tener sentido plantear la cuestión relativa a eximentes (art. 371 párr. antepenúltimo in fine, CPPBA), resuelve plantear y votar las siguientes:
Cuestión Primera: ¿Se encuentra acreditado el hecho materia de acusación y –en su caso– la participación de Andrés Omar Ombrosi en el mismo?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
i. Aclaraciones iniciales La causa principal tenía otra acumulada por conexidad subjetiva, sucede que, con excepción de Andrés Omar Ombrosi, todos los imputados de esta causa principal y de la acumulada optaron por la salida alternativa al debate oral del juicio abreviado, razón por la cual, aplicando la reglamentación vigente (cf. SCBA, Ac. 3577), todo ello se desprendió y se mandó a la Cámara Departamental a fin de que sorteara el órgano que debía intervenir y resolverlos, de modo que nuestra intervención quedó circunscripta al debate oral y, con ello, a definir la situación de Andrés Omar Ombrosi a quien se lo acusa como partícipe primario del delito de peculado (cf. requerimiento acusatorio de citación a juicio, fs. 2751/2823vta. [v. en especial, fs. 2774vta.]; perfeccionado luego, en el mismo sentido, al momento del alegato de cierre, v. acta de debate).
El litigio inicialmente complejo se simplificó a raíz de la teoría del caso esbozada por la defensa, en tanto, no discutió la maniobra delictiva desarrollada en el Astillero Río Santiago (EAARS), consistente en la sustracción de caudales públicos, por su Presidente Scavuzzo y la participación necesaria de, al menos, otras personas que enseguida explicaremos, al punto tal que, además, realizó una serie de estipulaciones probatorias con las partes acusadoras que refuerzan aquella postura. La defensa, en síntesis, sostuvo que Ombrosi fue ajeno al hecho delictivo al no tener conocimiento de que lo que estaba sucediendo.
Por último, he de referirme a la validez de las estipulaciones probatorias.
Conforme surge del escrito presentado y del acta de debate, las partes (fiscalía, particular damnificado, imputado y defensa), realizaron las siguientes estipulaciones probatorias:
1. Ningún funcionario o empleado de la Tesorería de EAARS.
2. Héctor Oscar Scavuzzo al momento de los hechos investigados en la presente IPP era el Presidente del Ente Administrador del Astillero Río Santiago (EAARS).
3. Los fondos del EARS son entonces fondos públicos. En esa tónica el art. 9° del Decreto Ley n° 4538/1993 puntualizó que el "Fondo Provincial del Astillero Río Santiago" estaba conformado por los recursos que "que resulten del ejercicio de las atribuciones que le otorga el presente decreto; b) Los que establezcan normas especiales; c) Aportes y donaciones de la Nación, la Provincia, municipios y los particulares; d) Los originados en el uso del crédito de conformidad a normativa aplicable a cada caso".
Inclusive el EARS posee una partida presupuestaria exclusiva.
Dicho ente revista el carácter de Entidad Autárquica de Derecho Público creado por el Decreto Ley 4538/1993 y desde el momento mismo de su creación contó con un "Fondo Provincial del Astillero Río Santiago el cual será administrado por el Ente, y estará destinado al financiamiento de las erogaciones que demande el cumplimiento de los objetivos básicos y finalidades que le impone al citado organismo" (art. 9° de la norma citada).
Entonces, como entidad autárquica de derecho público, tiene capacidad para administrarse a sí mismo y cuentan una asignación legal de recursos, pero su patrimonio es estatal, o dicho de otra manera, estas entidades son "propiedad" del Estado -en el sentido de que el Estado central puede eventualmente suprimir el ente y establecer el destino de sus fondos como desee, disponiendo de ellos como propios-. Es decir, si bien el ente aparece formalmente como el "propietario" de sus propios bienes, en rigor de verdad, resulta serio el Estado general 4) Héctor Oscar Scavuzzo aprovechando que su carácter de Presidente del EAARS (cf. decreto 146/11) le otorgaba la potestad de, en lo que importa, contratar el personal necesario para el funcionamiento del ente (cf. decreto 2082/01, inc. 2, con relación a las funciones otorgadas por el decreto 4538/93, art. 5 inc. "c"), con la participación necesaria de, al menos, las personas a cargo de la Coordinación de Sueldos y Jornales y Personal Superior dependiente de la Presidencia del EAARS (cf. res. n° 253/11), de la Gerencia General del ente y el Secretario de Presidencia del EAARS, durante los años 2012 y 2013 sustrajo caudales asignados como pagos mensuales a supuestos contratados como Personal Superior, con contratos ficticios a través de datos y documentación de distintas personas que consiguió tanto personalmente como por intermedio de otras personas.
5. Que dicha sustracción tuvo lugar mediante la liquidación de sueldos en concepto de contratos a plazo fijo a nombre de distintas personas que en muchos casos ignoraban tal circunstancia, y que nunca trabajaron para el Astillero Río Santiago.
6. El “Alcance 1” formado como desprendimiento de la presente causa (IPP n° 06-00-1708-14) no tiene información adicional.
El art. 338 inc. 6° determina que los acuerdos “hacen que las partes aceptan como probados alguno o algunos de los hechos y sus circunstancias”, en tanto se trata de “aspectos sobre los cuales no hay una controversia sustantiva” y serán autorizados por el órgano jurisdiccional “siempre que no impliquen renuncia de los derechos constitucionales”. En tal sentido, como comunicamos en el curso del debate, dichos acuerdos probatorios han sido aceptados por este Tribunal, debido a que constatamos que el imputado fue previamente asesorado por su defensor y que las estipulaciones son el fruto del consenso de todas las partes, motivados en simplificar el litigio en razón de que los puntos que pretendía discutir la defensa y que formaban parte de su teoría del caso; por lo demás, analizadas que fueron cada una de aquellas estipulaciones, no se advirtió que pudieran afectar al principio de legalidad, en tanto que, cuando fue necesario y tal como surge de la transcripción, se ha apuntada la base normativa que las sustentan.
Por último, si bien una obviedad, los acuerdos probatorios no son patrimonio exclusivo del juicio por jurados, pueden ser utilizados en juicios orales con jueces técnicos y en juicios abreviados, si precisamente su “génesis” es el hecho notorio regulado en el art. 209 último párr. del CPPBA (cfr. CARRAL – FERNÁNDEZ LORENZO, en AA.VV [dir. S. G. Torres – R. A. Basílico], Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, 1 ed., Hammurabi, comentario al art. 342 bis, con cita de doctrina y jurisprudencia de Casación validando su aplicación al juicio abreviado; para el juicio oral, recientemente TCP, Sala I, causa n° 116691, caratulada: “Miñaro Zarza, Isidro Javier s/ Recurso de casación”, rta. el 16/08/2022, voto del Juez Maidana con adhesión del Juez Carral).
ii. Objeciones preliminares La defensa de Ombrosi al inicio del debate reeditó una cuestión ya resuelta en la etapa del 338 CPPBA (v. “cuestión previa II”, fs. 3474/vta. y acta de debate [previo a los alegatos de apertura]), de allí que, no habiendo introducido hechos nuevos ni argumentos novedosos, corresponde remitir a lo allí expuesto, recordando una vez más que no hay cuestiones prejudiciales en el delito de peculado (cfr. por todos, ABOSO, Código Penal, 6ta. ed., 2021, p. 1503 [con cita de doctrina en su apoyo]: “No es requisito de prejudicialidad el pronunciamiento de los tribunales de cuenta o auditorías estatales”) y que la responsabilidad penal se dirime –por regla– en un juicio oral y público y no en sede administrativa.
iii. Cuadro probatorio a. La prueba de cargo producida en el debate, de acuerdo a la simplificación del objeto litigioso, estuvo conformada por María Julia Martínez (para la época, instructora de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas), Fabio Gabriel Morzilli (instructor contador de la Procuración), Carolina Andrea Arana y María Florencia Giovanni.
1. María Julia Martínez Examen directo:
¿Qué intervención tuviste en la causa? Primero, ¿podría reconocer al señor? Sí, es Andrés Omar Ombrosi. Trabajó como instructora entre el año 2002 y 2007 en la Fiscalía de causas complejas y ahora en la dirección de la Suprema Corte ya que la cambiaron a un área nueva. En el año 2014 estaba como instructora en la fiscalía de Paolini y llega la causa de Astilleros. Había investigado una causa de préstamos de EAARS, que cree que se acumuló con ésta. Ya conocía los circuitos del EAARS, por eso la designaron. La causa venía del Departamento Judicial Bahía Blanca. Una señora denunció que no podía cobrar su AUH porque su marido trabajaba en EAARS. Además de eso, se habían incorporado dos causas más de Coronel Pringles que trabajaban en EAARS. Había designado dos instructores contadores, Morzilli y Analía, que había pedido información al Banco Provincia de Buenos Aires sobre los pagos a esas personas de Astilleros y, cuando fueron a entrevistarse, las personas no figuraban, pero sí había pagos en efectivo del Banco a Astilleros. Por esa razón, el fiscal de Bahía Blanca solicitó un allanamiento en Astilleros. Así llegó la causa a la fiscalía.
Se reedita el pedido de allanamiento y efectivamente a mediados de 2014 hacen un allanamiento en EAARS. Concurrió con Monsalvo por seguridad, el Dr. Bustos, Lavié y no sabe si Cimino. Fueron con personal de la fiscalía complejas. Trabajaban con DDI o con complejas del Ministerio de Seguridad. Llegaron a Astilleros y les dijeron que vayan al área jurídica para presentarse. Dijeron las áreas que podrían estar involucradas. Se presentaron ante María Rosa Maduri y comenzaron el allanamiento. Luego estuvieron con el hermano. Astillero se organiza en gerencias, porque pasó a ser un órgano descentralizado. Se dirigieron al área que creían que estaba involucrada, sueldos y jornales y de personal. En sueldos y jornales los atendió Elisetch, que estaba a cargo de la oficina, que ya estaba imputado en la otra causa, así que ya lo conocía. La particularidad es que la gente de la oficina colaboró en la búsqueda de la información que fueron a buscar. Les dieron los recibos de sueldo de pago en efectivo entre 2012 y 2013. Para diferenciar si el pago es en efectivo o bancarizado diferenciaban entre “mesa 1” (efectivo) y “mesa 9” (bancarizado), eso nos lo iban explicando. Se llevaron “mesa 1” de 2012 y 2013. Lo de 2013 lo fueron a buscar al archivo. En general era personal superior. Luego de eso, los legajos de todas las personas que cobraban en efectivo.
Cuando fue por el otro allanamiento, el lugar era sólo de sueldos.
Elisetch pasó a ser coordinador, un cargo más al del momento en que fue el anterior allanamiento. No era más jefe de departamento, sino coordinador de sueldos y jornales. La particularidad de la oficina es que, en lo que tenía que ver con personal, había una gerencia de recursos humanos. Estaba a cargo Sevillano, salvo lo que manejaba Elisetch que era de personal superior de sueldos. No tenía mucho sentido que lo manejara otra gente los legajos.
¿Se acumulaban tareas en una única oficina? Las dos grandes sospechas eran que generar que una única persona o un área manejen todo un circuito era bastante sospechoso. Cuando el circuito pasa por las mismas personas se evitan los controles cruzados. Los llevaba Guillermina Quiroga, que era sobrina de Elisetch y otra persona. Astilleros se divide en personal superior, jerárquico y de convenio. El de convenio y jerarquizado lo llevaba recursos humanos. Lo de personal superior lo llevaba la oficina de Elisetch. Convenio y jerarquizado estaba bancarizado, lo de personal superior en efectivo, al menos una parte. Un sistema de liquidación de sueldos que Elisetch conocía bien. De esa oficina se llevaron aproximadamente 160 legajos de personal, de Elisetch y Scavuzzo.
Lo de recursos humanos, ¿tiene que ver con la contratación de la persona? Sí, con la conformación de legajos. Se llevaron además listados de “ensobrados”. Desde la oficina emitían esos listados de las personas que iban a cobrar en efectivo. Determinaban la cantidad de billetes que necesitaban para poder pagar en efectivo. Figuraban las personas que cobrarían en efectivo. Esa información la mandaban a tesorería para que hagan el ensobrado. En tesorería los atendió el tesorero Battagliero y Lupak, no se acuerda quién era el tesorero y el sub-tesorero. Les explicaron cómo era el circuito del pago en efectivo: del área de Elisetch le mandaban el listado de ensobrado y ellos pedían al banco la remesa de dinero correspondiente. Cuando llegaba, pedían plata para otros pagos también para convenio, hasta que les llegaba la tarjeta de débito. Elisetch, Sócaro, iban a la tesorería para ensobrar. El ensobrado consistía en que le pegaban atrás del propio recibo un papel que hacía de sobre para el dinero. En el duplicado le parece. Metían la plata de cada sueldo en esos recibos/sobres.
¿De esa plata venía el supuesto contratado a cobrar con exhibición del DNI? Una vez ensobrado, Elisetch se llevaba todos los sobres, no saben bien por qué nadie describe cuál era el destino final de ese dinero. A partir de allí no había gente que iba a cobrar a EAARS en efectivo. Los casos de convenio que cobraban en efectivo por lo de la tarjeta, o becados, o el caso de los jubilados a los que les hacían adelantos, iban y cobraban en la tesorería. Estaba todo registrado. Lo del personal superior no. No había registro de gente que se acercaba a cobrar. En la oficina nos dijeron que no iba gente a cobrar ahí. No había constancia de lo entregado de la tesorería a Elisetch. Las copias de los recibos son lo que secuestraron. EAARS entrega el sobre y le entregaban el duplicado como constancia del pago, lo que se hace en un procedimiento regular. Esos recibos fueron secuestrados junto con los legajos.
Cuando hicieron el análisis de la documentación, les pidieron a los contadores que hagan la compulsa de los recibos. Ella se quedó con los legajos de personal. Cuando los empezó a analizar los pagos en efectivo durante esos dos períodos, había becados y jubilados. Eso lo separó. Se quedó con los contratos de locación de servicios de personal superior. Es una denominación por la vinculación con el área administrativa y no tanto con el área de producción. Ahí se encontró con algunos casos de legajos completos y alrededor de 100 que el legajo estaba incompleto, el contrato sin firmar, las fichas sin completar con datos personales, no había constancias de afiliación a IOMA.
¿Qué tareas decía que iban a desempeñar esas personas? De presidencia en general. Era muy genérico el contrato, quizás en alguna que otra gerencia o secretaría privada a cargo de Borcerio. Era código 100. En algunos había anotaciones y demás. La volcaron en un Excel junto a los datos y después todo lo que tenía que ver con los haberes. La particularidad era que se trataban de contratos de 4 o 6 meses, no mucho más. Eran contratos a plazo.
Tras el pedido Fiscal y sin oposición de la defensa, se le exhibió el cuadro que la testigo realizó obrante a fs. 425/427 y explicó que, a partir del cuadro, detectaron gente de Mar del Plata, lo cual era bastante extraño. Viajaron a MDQ para tomar declaración testimonial a las personas que nada sabían. Desconocieron los contratos. En definitiva, no tenían vinculación alguna con Astilleros.
Siguiendo con el análisis de los legajos personales, encuentra unos emails pegados en los legajos. Dentro de esos legajos había un email que decía Andrés Ombrosi, Jefe de Gabinete del Ministerio de Producción, dirigido a Borcerio, secretario de EAARS. El email decía enviado a Ombrosi desde la presidencia de EAARS y le parece que era para la secretaría de presidencia. Está todo volcado en informes. Uno de esos correos decía que le enviaba esa información que no habían podido contactar a Martínez y no se acuerda si González o Sánchez, un apellido común, y que le mandaba otros dos CV de Glisé y Nava Camblor. Hacía referencia a una persona de apellido Sanz. Pero la referencia era ésa. No pude ubicar a estas dos personas, “te paso lo de otras dos y no pude localizar a Sanz” decía el correo. Buscó los otros legajos y estaban los mismos correos en los otros legajos. Estaban los cinco legajos: Martínez, Sánchez o González, Glisé, Nava Camblor y Sanz, y tenían pegado los emails. Cuando ve los legajos de Martínez y Sánchez, en el contrato no figuraba el número de DNI de esas personas. Cuando busca los recibos, se encuentra con un número de DNI. Cuando los chequea para buscarlos en el padrón electoral, se encuentra que esos números corresponden a otras personas, ni a Sánchez ni a Martínez. En esos dos no había DNI, no figuraba domicilio ni había copia del DNI. Cuando fue a buscar los recibos, Sánchez y Martínez tenían otro número de DNI, que correspondía a otra persona. Es decir, liquidaron sueldos a nombre de ellos, pero con otros DNI. Tenía como firma las iniciales de los nombres, como recibido el dinero. Respecto de Glisé y Nava Camblor había CV, y recuerda haberlas citado. Ambas desconocieron su vinculación con EAARS y la firma de los contratos. Sanz lo mismo. También tenía su CV y habló de una persona de Coronel Pringles. Se acuerda que incluso dijo algo del apellido, que lo habían escrito mal porque era con “s” y estaba con “z”. Cree que en Sanz estaba el apellido mal escrito en la firma. Entonces, a partir de los datos aportados, se confeccionaban los recibos y se liquidaba el sueldo, ¿verdad? Así es. Así como llegaron por email, en los casos de MDQ había correos en los que se mandaban datos, desde Fiocca a Scavuzzo y éste le mandaba a Borcerio. Elisetch es ejecutor de la confección de legajos, pero debe firmarlo el Presidente de EAARS. Además, figuraban en el área de presidencia.
Vos hiciste referencia a contratos vinculados en MDQ ¿y también con gente de Pringles? Scavuzzo fue Intendente de Coronel Pringles. La causa, además, cuando empezó, en la denuncia por no poder cobrar la AUH, aparece el secretario privado de Scavuzzo a pagarle la plata que le debía de la AUH a la denunciante. Eso era parte de la denuncia. Scavuzzo presenta una carta a la causa diciendo que habían pagado esa plata porque había habido un error administrativo. En ese caso era así. Había un contrato con el DNI de esa persona. Ese contrato pertenecía a un tal Witton. Sobre Bidondo, recuerda que el ayudante fiscal incorporó notas periodísticas de donde surge que un concejal de Pringles se había entrevistado con Bidondo. Encuentra el legajo de Bidondo y el email en donde desde la casilla de Ombrosi manda el CV y el documento. Había varias personas más que luego declararon en la causa. Una era la empleada de la mujer de Scavuzzo en Pringles. Figuraba como empleada de EAARS. Esa mujer figuraba como empleada, no saben si le pagaba con eso. Así varias personas.
Para ir a la imputación por Ombrosi, ¿podés decir algo respecto a Ricciardi? Vino una mujer y le preguntaron qué vinculación tenía con EAARS. Todos desconocen firma y vinculación. Ante esta pregunta, esta chica le menciona que tenía una amiga de apellido Arana que trabajaba en el Ministerio de Producción que una vez le pidió sus datos para facturar a nombre de ella, le pidió copia de DNI, porque había hecho un trabajo de diseño y entonces tenía que cobrarlo, por eso le pidió el DNI y a otra chica de apellido Giovanni. Arana declara que ella hizo el trabajo de diseño y que le habían pedido que lo facturara a nombre de otro y que Ombrosi le pidió la copia de los DNI de otras personas. Finalmente cobró por un programa y no como le dijeron. Esos datos, los de las dos chicas que aportaron los DNI, son dos legajos. Ombrosi le consigue a Arana un certificado de que Ricciardi no trabajaba más en EAARS. Consta la baja porque el contrato se había vencido. Eso está en el legajo de Ricciardi. Cuando declara Arana corrobora lo que vio en los legajos. La certificación que Arana recibió se le entregó, según la propia testigo, Ombrosi.
Nombraste a Giovanni, ¿qué pasó con ella? Cuenta que Arana le había pedido la copia de DNI para hacer la factura de trabajo, desconoció haber trabajado en EAARS, el contrato y demás.
Las personas que figuraban en los legajos en los que había emails, durante ese período, ¿la gente trabajó en EAARS? No.
Puntualmente de Álvarez, ¿había algún contrato y tenía vinculación con Ombrosi? Juan Cruz Álvarez declaró, tenían su legajo a nombre de él, era del interior de la provincia. Era el hermano de la pareja de Ombrosi. En la declaración comentó que trabajó en el Ministerio de Producción. Desconoció el vínculo con EAARS, el recibo, dijo que no había firmado nada. El período que él trabajó en el Ministerio no se condice con el que decía en EAARS. Supuestamente le liquidaron los sueldos en EAARS antes de que él trabajara en el Ministerio.
De María Florencia Álvarez no había legajo. Los legajos pueden ser que tuvieran un email, pero no recuerda.
Nicolasa Osmenovich, ¿te suena? Buscó en el padrón electoral y encontró un teléfono. Lo llamó y le dijo que era pariente de Nicolasa. Le preguntó si trabajó en EAARS, le dijo que no. Le dijo que vive en Santiago del Estero. Le dijo que nunca trabajó para ningún organismo público. Cuando venían los testigos les mostraba el listado de testigos para ver si conocía a alguno. En esa exhibición le dijeron que Nicolasa es amiga o que tenía relación con Ombrosi, no recuerda qué testigo.
En relación a la maniobra, ¿qué nos puede decir? Respecto a la experiencia de la investigación, vio un circuito administrativo armado para no tener controles, controlado sólo por una persona, con pagos en efectivo, y que se hace mucho para crear sueldos. Generalmente aportan sus nombres personas que no tienen trabajo en organismos públicos. Las personas que figuran a veces lo saben y a veces no.
Cuando hicieron el allanamiento en el despacho de Elisetch, encontraron cantidad de recibos con sobres vacíos, de tres o cuatro personas del año 2014, que no estaban dentro del objeto de la orden. La fiscal se comunicó con el Juez de Garantías Mateos que autorizó el secuestro. Venía de antes del 2012. Lo que sí venía de la anterior presidencia fue la resolución que creó el área de Elisetch, en el año 2011.
¿Se pudo determinar el monto de sustracción y el método?
(aclaratoria) Cerca de 16 millones de pesos. Sumaron todos los recibos de haberes de todos los contratos. Está todo en el cuadro. No prestaron declaración las 95 personas, pero sí alrededor de 40.
Contra examen:
¿Tiene discrecionalidad para la investigación? Depende del MPF.
¿El fiscal era Paolini? Sí.
¿Qué opinión tiene de Ombrosi? No hizo el allanamiento en su casa, lo hizo otra persona, pero hizo las constataciones de los domicilios, vive en Los Hornos. Muy correcto, muy amable. Me solía ocurrir con todos los imputados en complejas. ¿Desde el punto de vista intelectual? Muy formado.
¿Por qué nunca se secuestraron computadoras en las casas, los ministerios, etc.? La verdad varias razones: con el nivel de prueba que tenían en la causa no iba a aportar mucho. Con el secuestro de tecnología se retrasan las causas con lo que tardan en investigar. No tenían dudas de que eran impresiones de emails. ¿Usted lo secuestró? ¿Era una copia de la impresión? No se acuerda, pero era un email. La fiscalía no tenía ninguna duda de que era un email. Ombrosi ofreció que se abra su casilla de email para corroborar su tipografía para demostrar si se correspondía, ¿por qué decidieron no abrir la casilla? No se acuerda particularmente de eso. Lo cierto es que el Fiscal no decidió hacerlo.
¿Puede ser que en algún momento usted haya confundido a Ombrosi con Hernán Iriarte? No recuerda. A Hernán Iriarte lo nombra la testigo Julia Balaguer. También tenía un legajo en EAARS, pero trabajaba en el Ministerio de Producción. Sabe que trabajaba con Iriarte y éste le pagaba en efectivo. En ARS, ¿detectó alguna auditoría o control interno? Sí, pero no hacía control sobre el área administrativa. Cree que también con el Tribunal de Cuentas se entrevistó. Había una auditoría interna, pero no sobre la liquidación de sueldos. Son políticas de las auditorías. Eso bajaba de la presidencia. ¿Le constaba la directiva? Eso manifestó ella en la declaración.
¿Sobre Guillermina Quiroga? No, la hubiese imputado.
¿La ruta del dinero? Hasta donde llegó el dinero documentado sabían, después ya no. Elisetch reconoció que llegaba hasta él. ¿No investigó? No tuvo manera de determinarlo, por eso se paga en efectivo. Es imposible. Sobre el cuadro al que hizo referencia y los legajos que le atribuyen responsabilidad a Ombrosi, ¿sabe cuándo ingresaron? No.
¿Cómo calificaría la maniobra, burda o elaborada? Se ve que es una maniobra de concentración en una mano, pago en efectivo, el aporte de datos, lo vio en unas pocas causas. Si se investiga, se descubre. No es una maniobra muy elaborada. En general surge casualmente.
Examen directo:
Es instructor contador de la Procuración del Departamento de la policía judicial. Fueron convocados a fines del 2013 en la UFI 9 de Bahía Blanca por una causa que había que analizar informes contables. Intervienen en la instrucción y sugieren medidas para recabar prueba. Sugirieron mandar oficios a un banco de Ensenada y ahí se enteraron que había gente que cobraba en efectivo. Solicitaron al banco detalle del pago en las cuentas bancarias y el pago en efectivo de la gente de Astilleros, esto último porque llevaban un camión de caudales hasta EAARS con el dinero.
Luego se avanzó en la investigación y parece que hicieron un allanamiento ya con la intervención de la UFI 8 de La Plata, porque había venido la causa para acá. Participó del allanamiento. A sabiendas de lo que tenían, allanaron y se llevaron legajos de personal que era en donde estaban los datos de las personas que cobraban en efectivo. ¿Qué iban a buscar? Había gente que cobraba en efectivo, pero no tenían más información. Por eso se hicieron de los legajos y volcaron en un cuadro de Excel toda la información persona por persona (DNI, dependencia, etc.). El cuadro lo realizaron con Julia Martínez. ¿Qué tipo de personal se encontraba comprendido en este tipo de maniobra? Había dentro del área de liquidación de sueldos y jornales: personal superior, de convenio, y jubilaciones y becas. Entonces, la gente que cobraba en efectivo, si era de convenio o becas, era porque tardaba en bancarizarse o hasta que les salía la jubilación, situaciones regulares y explicables. Iban hasta la tesorería, cobraban en efectivo y firmaban el recibo de sueldo. Para el personal superior, Elisetch o Sócaro y Quiroga, retiraban el dinero de todas las personas del personal superior en tesorería. Ensobrado se llamaba la maniobra, porque atrás del recibo de sueldo se fabricaba un sobre casero y se metía el dinero. Le pedían hasta el cambio al Banco Provincia. El dinero lo llevaban a la oficina de ellos. La mayoría pertenecía al personal superior. *Muestra un cuadro y explica* La flecha azul era el alta de las personas que llegaban a EAARS. Se conformaban los legajos en el área de Quiroga y se los daban a liquidación de sueldos al que pertenecía Sócaro (área que también pertenecía a Elisetch). Donde dice liquidación de sueldo de convenio, el ensobrado lo retiraban en tesorería, mientras que el personal superior lo retiraban del lugar Elisetch y Quiroga, y lo llevaban a la oficina de liquidación de sueldos. No era Quiroga, era Giménez, está en el informe de la causa. Luego, le muestran el mismo cuadro que a la testigo anterior y lo reconoce. ¿Realizaron otras medidas? Tomaron testimoniales en La Plata.
Luego, fueron a Mar Del Plata, tomaron testimoniales a quienes estaban en el listado y figuraban cobrando en efectivo. Como lo retiraba la gente de Elisetch, no sabían si efectivamente habían retirado el dinero. Corroboraron que la mayoría no conocía EAARS, pero sí habían aportado su DNI para conseguir algo. Fue con Paolini, con la secretaria y más gente de la fiscalía. ¿A qué conclusiones arribaron? Volcaron los datos en una planilla de Excel. Se exhibe (fs. 426) y asegura que es el cuadro y que está su firma. Dice que lo hicieron en su oficina con Martínez y Perón. Básicamente, explica, estaban los nombres del personal superior, que ellos llamaban “mesa 1” o “9” (está en el informe). Los de “mesa 1” eran los que cobraban en efectivo del personal superior y los de “mesa 9” eran de convenio. Mes a mes lo que cobraban y se llegó al cuadro final en el que se puede ver los meses que cobraban, datos personales y lo que contenía el legajo, por ejemplo, sin firmar, contrato y legajo. Generalmente estaban vacíos los legajos. Tenían la fotocopia del DNI, CUIL y no había más información. En algunos había CV, pero en la mayoría no. Los legajos de la gente que trabajaba estaban completos, había diferencias con los que no. Duraban 4 o 5 meses cada persona, excepto algunos casos particulares. ¿Qué otras localidades? Pringles, Bahía Blanca, La Plata, Berisso. ¿Había proyectos de EAARS desarrollándose en Pringles y Bahía Blanca? No recuerda. En MDQ tampoco recuerda. Su intervención fue solamente en la contaduría. La cantidad de dinero está expresado en el cuadro, pero habían determinado que era un millón y pico por mes, aunque no recuerda un número total. En la mayoría había falta de documentación, las firmas no eran, personas que declararon que no trabajaban ahí. No estaban firmados, claro. Había mucha gente de Pringles.
Había gente del Ministerio de Producción, de 51 entre 10 y 11. Del Ministerio había algunos legajos que tenían impreso unas copias de correos electrónicos abrochados a ellos. Le pedían a Andrés Ombrosi documentación de personas “me tenés que pasar los datos de tal persona”, desde la presidencia de EAARS. “De uno tengo, de los otros después te averiguo”, contestaba. Esas personas no trabajaban en EAARS. Le pasaba datos de personas que no trabajaban allí. Luego quedaron con legajos dentro de Astilleros y hay testimonios de ellos. Cree que eran 5 casos. Le exhiben el legajo de Giovanni Florencia (legajo n° 38). Explica que no está firmado el contrato del supuesto trabajador. La ficha personal está vacía. Hay una copia de un CV. ¿Esa plata se liquidó y figuraba percibida por esa persona? Sí, efectivamente. Hay un recibo, por ejemplo, intervenido por Elisetch con firma y sello y hay una firma. Lo determinó porque cuando volcaron el legajo en el cuadro, teníamos el recibo de sueldo y por eso asumimos que está liquidado. Para la empresa si hay recibo de sueldo es porque está pago y, luego, lo corroboraron con las testimoniales. Es más, aclara, tenían los recibos, el listado de la nota pidiendo los fondos al banco, esto es, un total, porque el efectivo no se sabía para quién era específicamente, pero cuando aparejaba todos los datos, resultaba que en el universo coincidía el total.
Contra examen:
Tras exhibirle el legajo de Ricciardi (n° 29), ¿qué puede ver allí? Lo mismo, la ficha vacía, el contrato sin firmar, ficha escalafonaria llena –lo hace gente de EAARS–, la fotocopia del DNI y un CV. Tiene un recibo de sueldo firmado e intervenido por Elisetch (firma y sello). Como un visado. Después hay una firma. De todos los legajos que vio, ¿cuál es el elemento común para empezar todo el mecanismo? La fotocopia del DNI.
¿Cómo calificaría la maniobra? Le pareció una maniobra burda, porque con muy pocos datos se daba de alta a una persona que no trabajaba. Surgió de casualidad que lo hayan descubierto, cuando el Banco informó que había gente que cobraba en efectivo. Antes de ello, sólo tenían la denuncia de la causa. Les llamó la atención lo manifestado por el banco, que mandaban un camión de caudales. Más o menos fue desde mediados de 2012 a mediados de 2013, pero no lo puede asegurar. ¿A dinero de hoy? Era algo importante. Era sueldo de personal superior, por lo que eran sueldos muy importantes. Ellos asesoraban a la fiscalía, aunque dependían de ellos, pero en la parte contable avanzaban solos. ¿Por qué no siguieron la ruta del dinero? No le corresponde a él, es empleado.
¿Era el mismo email o diferente? Eran cinco legajos dirigidos a Andrés Ombrosi. ¿Cómo investigaron a Ombrosi? Les llamó la atención la solicitud de datos de un tercero. Como estaban los mails en el legajo les pareció raro. Una de las chicas dijo que trabajaba en el Ministerio de la Producción y dijo que ella nunca había trabajado allí, pero que le prometieron efectivizar, aunque eso nunca ocurrió. Eso recuerda de una de las testimoniales. ¿Se pidió algún allanamiento al Ministerio? No recuerda. Son externos a la fiscalía. ¿Encuentra responsabilidad en Quiroga, Sócaro? Sí, por supuesto. Ellos recibían órdenes. Recuerda que eran cinco correos electrónicos de intercambio entre Ombrosi y la presidencia de ARS. Eran cinco legajos con correos dirigidos a Ombrosi.
3. Carolina Andrea Arana Examen directo:
Trabajaba en el Ministerio de Producción, era diseñadora. Les pidieron CV y DNI, y con base en eso les pidió a unas amigas. Ombrosi era jefe de gabinete, él le pidió. Hizo un trabajo de diseño y se lo iban a pagar, pero no estaba inscripta en AFIP. Pidieron datos para poder facturar a nombre de otra persona. Les pidió datos a dos amigas: Licia Ricciardi y Florencia Di Giovanni. Se los pidió por email y se los pasó a Andrés. Era para ver la posibilidad de que entren a trabajar al Ministerio y para cobrar su trabajo de diseño. Era posible que ingresen otras diseñadoras al equipo. Cree que lo habían hablado con Andrés, la posibilidad de que ingrese gente. ¿A qué casilla de email recuerda? No. ¿Ombrosi le pidió que le acerque datos de personas que conoce o al revés? (aclaratoria). No se acuerda, pero piensa que le ofrecieron que ingrese diseñadores.
¿Esos datos se los diste a Andrés? Sí. Refiriéndose a Licia Rizziardi, contó que le llegó algo de su obra social y le dijo que no estaba trabajando ahí. Por eso le dijo a Andrés. Le consta que Licia Ricciardi nunca trabajó en el EAARS. Cuando se enteró dijo “pará que le digo a Andrés”, porque estaba relacionado. En ese momento le dieron la baja de EAARS y ella lo presentó en su obra social. Cree que fue por email. Andrés le solucionó el problema a su amiga. Andrés le dijo que lo iba a solucionar y le gestionó la baja. Declara que es muy amiga de Alicia. La fiscalía exhibe la foja 3 del legajo de Alicia Ricciardi y la testigo dice que ésa es la nota. Se lo dieron en papel, le parece. ¿Quién? Cree que fue Andrés. Porque ella nunca fue a Astilleros. A Andrés siempre le pidió ayuda sobre este tema. Nunca trabajó en EAARS. Le parece que la firma que está en el legajo no es de su amiga. Una cosa es la baja y lo otro un certificado de que nunca trabajó, ¿qué pasó después de eso? No pasó nada más. “Puede pasar, listo” y después nada más. No recuerda si Andrés le dio una explicación al respecto. Con el diario del lunes, algo pasaba, pero la realidad es que no.
¿Los datos de quien más le diste? De Florencia De Giovanni.
Aparecieron facturas y Flor nunca entró al Ministerio de Producción. Flor le dijo que pasó algo de EAARS y se acordó que ella le pidió un CV y un DNI y le preguntó “¿qué onda?”, pero le dijo que no tenía ni idea.
¿Recordás cómo se pagó ese trabajo? No se acuerda tanto. De hecho, tiene los archivos que diseñó, pero ella lo cobró. No se acuerda si sus amigas lo cobraron. No se los facturaron a ninguna de las dos. En realidad, a veces, cuando no estás inscripto, explica, se pide a otra persona para facturarlo, pero lo cobró ella directamente. ¿Por dónde lo cobró? (defensor) Se le pagó aparte de un área del Ministerio FOGABA (Fondos de Garantías de la Provincia de Buenos Aires). ¿Recordás a Lourdes? Le suena del Ministerio, pero no recuerda haber laburado con ella. ¿Recordás que se te exhibió un DNI en Fiscalía y vos la reconociste? Sí. ¿Trabajaba en el EAARS? No, yo la vi en el Ministerio. A solicitud fiscal y no habiendo oposición de la contraparte, se autoriza la exhibición y lectura de la declaración prestada con fecha 23/02/2016 (fs. 686), luego de lo cual la testigo ratifica que fue así como lo declaró oportunamente en la fiscalía. Contra examen:
¿Qué era el PEPBA? Era un programa que se hacía en el Ministerio de Producción y muchos empleados lo que hacían era desarrollar la imagen y el diseño con una puesta en común. ¿Estaban ingresando gente? No se acuerda tanto, pero cree que sí. ¿Esa conversación con Ombrosi, estaba vinculado con eso? Tenía que ver con eso, con el programa, no era fuera de eso. Le exhibe el libro ¿Éste es el trabajo que usted realizó? Sí (lo muestra), le pagaron por ese logo.
Re-examen directo:
Vos eras empleada del área de diseño, ¿por qué tenías que facturar un trabajo por fuera? Dentro del Ministerio de Producción tenés un programa aparte. ¿Cuál era tu vinculación con el Ministerio de Producción? En comisión, ella trabajaba en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Producción era diseñadora gráfica. ¿Por qué ese trabajo te lo pagaba aparte el Ministerio de Producción? Porque es un programa que se hacía nuevo, que requería más tiempo y no estaba dentro de sus tareas. ¿Cuáles eran tus tareas como trabajo en comisión del Ministerio de Producción? Comunicación y diseño interno, piezas gráficas, manuales, banners para la web, material que se digitalizaba, tarjetas personales, carteles, credenciales. ¿Todo para el Ministerio de Producción? Sí. ¿Ese logo para qué era? Para el PEPBA, que era de la Provincia. ¿Cuál era el objeto del programa? No se acuerda. Era como una planificación hacia el futuro, pero no se acuerda más. ¿Te lo pagaron con otro programa? Sí.
3. María Florencia Giovanni Examen directo:
Le mostraron en su oportunidad el CV suyo y no sabe cómo llegó a EAARS. Tiene a su amiga que trabaja en el Ministerio de Producción y le pidió el CV para entrar a trabajar (Carolina Arana). Apareció ahí. Era su CV, pero no era su firma. Le mostraron unos recibos de sueldo y ella nunca recibió ese dinero. No se acuerda si le pidió fotocopia del DNI. Era para ingresar a la parte de diseño. Nunca trabajó en EAARS. No sabe dónde queda. Tampoco trabajó en el Ministerio de Producción.
¿Dónde te enteraste? No se acuerda en donde la citaron por primera vez. Le muestran el legajo que figura a su nombre (n° 38) y dice que le dio el CV a su amiga nada más. ¿Los recibos están a nombre tuyo? Sí (lee los datos), coincide con su persona. ¿La firma es la suya? No.
¿Recordás si Arana se lo pidió a otra amiga? A “Lici”, amiga de Caro, Licia Ricciardi. Ella figuraba en EAARS y nunca trabajó ahí.
¿Reconoces que el CV es el que le entregaste a ella? Sí.
b. La información producida por la defensa, estuvo liderada por la declaración que, en el debate, volvió a prestar el imputado Ombrosi y se complementó con los testimonios de Pablo Ariel Chialva Boschi, Rubén Geneyro, Santiago Andrés Pandolezzi Burgos, Raúl Carrete, Iván Budassi, y Hernán Pedro Vigier.
1. Declaración del imputado Ombrosi La intención de declarar es para aclarar cosas que se dijeron en juicio y expresar su versión de los hechos para valorar la prueba con su explicación. Carolina Arana, declaró ayer, le gustaría aclarar lo que expuso en la declaración del artículo 317 CPPBA, para mostrar que sostiene lo mismo. La declaración fue el 05 de septiembre de 2016 (primera declaración art. 317). Lee la declaración. No recuerda si entregó a Borcerio o Scavuzzo. Eran emails de intercambio con Arana en los que se planteaba cómo se iba a pagar ese trabajo extraordinario y que una amiga tenía un problema y se lo iba a solucionar. Cuando declaró Arana en la IPP, dijo que era para poder hacer el concurso de precios y pagarle el trabajo que hizo. Lo que dijo ayer es falso. Están los correos en la causa para constatar. Ella no hubiese podido facturar nunca porque no estaba de alta en la AFIP, entonces necesitaba a otra persona, pero en este caso hicieron un concurso de precios, algo habitual en la administración. Cuando los trabajos que se encargan son inferiores a determinado monto se invita a profesionales para que presenten datos y se seleccione a uno. El Astillero dijo que iba a conseguir a otros y no lo hizo. No era una licitación pública, era un concurso privado. Tres ofertas, se selecciona uno y se explica por qué. EAARS nunca lo hizo. Fiscalía: Arana nunca lo mencionó. No, ella dijo que para poder cobrar el trabajo se pidieron datos de otros dos diseñadores. Fiscalía: No dijo eso, sino que le pidieron datos para poder cobrar a través de su amiga, no tiene nada que ver con un concurso de precios. Lo de los CV dijo expresamente que era para entrar a trabajar. Hace dos aclaraciones: la primera, sobre la expresión de los CV para conseguir trabajo, lo dijo por primera vez ayer. Lo segundo, EAARS nunca hizo la operatoria. Le pidieron los datos para solucionar el problema, él los consiguió, los pasó y nada más. FOGABA le pagó el trabajo, pero no sabe cómo.
Fiscalía: ¿Vos no leíste el contenido de la nota? No, nunca le prestó atención. Nunca se le ocurrió lo que hicieron en EAARS. La nota donde el EAARS comunica que la persona no trabaja ahí. Cuando habló con Scavuzzo o Borcerio, no recuerda, le dicen que podría haber sido un error. Entonces ahí le pide una constancia de la solución. Mandan la nota, tiene recibido ya que es un acto institucional, firma con fecha al pie. Se incorporó por lectura. Además, cuando vio la nota, que dice la baja, no reparó en aquel momento. Pensó que era un error y nada más, que se había solucionado. Es una nota con número de nota. Admite que la firma del recibido es suya. La nota estaba abrochada en un sobre, se la llevaron.
Él no estaba en conocimiento ni se imaginó que estaban haciendo esa barbaridad. No tenía ningún motivo para pensarlo. Él solo estaba solucionando el problema y de EAARS le dijeron que sólo era un problema administrativo. Ricciardi tiene el corte en septiembre y a la otra la dejaron. No puede creer cómo trabajaban así. Es ajeno a eso, no trabajaba en EAARS, no prestaba funciones allí. No sabía el contenido de la nota. ¿No te enterás cómo se resuelve el problema? No, no sabía nada, sino no lo hubiese firmado. Reconoce que recibió la nota. No lo resolvía él y sólo le pidieron los datos. Lo único que contraviene de la declaración de Arana es que le había pedido los CV para ofrecer trabajo. EAARS iba a pagar el trabajo y le pidió esta documentación.
Lo va a decir la coordinadora del PEPBA. El trabajo lo hizo Carolina. Para resolver el pago le pidió ayuda al EAARS. EAARS pidió los datos, él se los mandó y listo. El concurso privado de precios depende del monto del servicio que se contrata. El concurso privado de precios es para montos más altos e implica hacer una oferta por sobre cerrado. Uno invita a quienes quieren y hacen su oferta de forma privada. Podía ser un pago directo esto, para conformar el expediente se pide a otros profesionales oferta. ¿Dónde consta la oferta de los otros profesionales? No consta porque no se hizo en el Ministerio, lo iba a hacer EAARS y no lo hizo. ¿Por qué se pide CV y no CV y oferta? La asumió como lógica la pregunta retórica, pero no le consta.
Es solamente justificar el acto de la administración. Si hubiese sido en el Ministerio lo iba a hacer, lo iba a justificar. No le pareció raro mandarlo al EAARS. El EAARS podía pagarlo, tenía recursos, y no tenía incompatibilidad con Arana, era algo habitual. Todos trabajaban en el plan estratégico. El trabajo de Arana excedía su normal desempeño. El Ministerio no tenía la posibilidad de pagarle. Había otros organismos que lo iban a pagar.
¿Arana tenía incompatibilidad para facturarle al Ministerio?
Supone que sí. ¿Cómo le encargan ese trabajo entonces? El programa no era solo del Ministerio, participaban otros organismos. Otro organismo iba a pagarle. No recuerda cómo fue en el momento. La primera intención habrá sido pagarle y, cuando no se pudo, se buscó la ayuda. Ni siquiera sabe cómo le pagó FOGABA. Se comprometió a que el trabajo lo iba a cobrar. Pidió ayuda. Era un trabajo mínimo. No recuerda por qué no lo podían pagar y sí gestionó el pago. Declara que buscó la solución para que cobre. No era una práctica habitual. Creyó que no iba a tener inconvenientes para pagarle. Arana trabajó en algo que le excedía porque en las prácticas habituales tenía el cupo completo.
¿Usted era el jefe de Carolina? No, la Dirección General de Administración. El Director responde al Ministro directamente, no había jefe de Gabinete.
¿Cómo le iba a pagar EAARS? No sabe, tampoco sabe cómo pagó FOGABA. Sólo les dijeron que ellos podían hacerlo. EAARS tenía más presupuesto que el Ministerio de Producción. Muchísimo más. Sólo depende del Ministerio para algunas cuestiones presupuestarias. Es un ente autárquico, no es una subsecretaría del Ministerio. Como el fondo de Garantías de la Provincia. Tiene presupuesto independiente y era muchísimo mayor que el del Ministerio, 10 veces más grande, no simplemente el doble. Llamó a Scavuzzo o Borcerio, le dijeron que se trataba de un error administrativo e inmediatamente le mandaron la nota que ya estaba resuelto. ¿Cuánto hacía que trabajaba para la administración? Menos de un año. Antes trabajaba en la Municipalidad. Jamás se imaginó lo que pasaba en EAARS, le dijeron además que era un problema administrativo. Llamó al EAARS y le dijeron lo del error, a los dos o tres días le dijeron que estaba resuelto y le mandaron la nota. Jamás se imaginó que estaban haciendo esto. No lo había visto antes y no lo volvió a ver, es una animalada lo que hicieron. Se concentró en solucionar el problema.
¿Supo que a su esposa y a su cuñado les hicieron legajo en EAARS? Dice que su señora trabajó en EAARS y su cuñado se enteró en la causa. Su señora entró a trabajar en noviembre de 2015. Juan Cruz Álvarez declaró y se incorporará por lectura. Trabajó en el Ministerio como funcionario. Él fue dado de alta, pero no presentó él su CV. Vivía en Bahía Blanca. Aparece contratado y cuando le preguntaron, dijo que muchos de los CV de los funcionarios que entraron en el Ministerio circularon, así que entiende que pudieron haber accedido a ese CV ahí. Aceptó la incorporación por lectura de su testimonio, dijo que al único al que le había entregado su CV fue a él.
Era una persona de confianza del Ministro. Asume como Ministro de Desarrollo Social y llevó a todo el equipo al ministerio de producción y quedaron 50 cargos por cubrir. Empezaron a aportar nombres para cubrir los cargos. Pidieron preparación técnica y vinculación con el territorio. En ese marco, muchísimos CV llegaron al Ministerio de referidos, de personas de confianza. Así pueden haberse hecho del CV de Álvarez. Con anterioridad a ser designado figura en el EAARS. Primero le truchan el contrato en el Astillero. No sabe cómo los designaban. En EAARS figura contratado en 2012. En el Ministerio entró en octubre del 2012. Nadie sabía que estaba designado en el EAARS. El CV pasa el 11/02 de 2012 para su designación.
¿Qué hiciste con el CV? No se acuerda, pero los subsecretarios en acuerdo con el Ministro iban armando su equipo. Era común que los CV circularan por los demás funcionarios de EAARS. Ahí, como funcionario, estaba Scavuzzo. Participaba de las reuniones del gabinete del Ministerio. Es posible que se podría haber hecho con esos CV. Nunca fue una opción que vaya a EAARS. Nunca se prestó a ningún comportamiento ilícito. Las interpretaciones de los fiscales él no lo hizo nunca. Por la contraria, es el cuñado, y por la confianza le hubiese dicho directamente y listo. Entre todos veían los CV de los que iban a integrar esos equipos. Hicieron el plan, que es un documento grande. Es la misma mesa la que participaba. No puede acreditar que fue Scavuzzo, Iriarte o el ex Ministro Berstentein, pero puede asegurar que nunca usó el CV de Juan Cruz Álvarez para hacer algo con eso.
Sobre Álvarez dijo: es licenciado en economía, tiene maestría y hacía negocios para proyectos productivos; tiene 43 años; en el 2012 tenía 33 años, no había terminado la maestría aún y daba clases en la universidad; es productor agropecuario y tenía una estación de servicio, era dueño.
No recuerda si entregó los CV personalmente.
No reconoce los Nava Camblot, Sanz. Él no los mandó. Ricciardi y Giovanni pidieron los datos y los hicieron llegar a EAARS. Respecto de Álvarez, reconoce haber recibido su CV, pero no sabe cómo llegó a EAARS. Respecto de otros, directamente niega haber mandado correspondencia a EAARS. No sabe si hay otros casos parecidos, no miró toda la lista de los legajos. Pero, por ejemplo, Stephens fue funcionario del Ministerio al final de la gestión. No asegura que no. El Ministerio no hizo una investigación, porque no sabía que estaban registrados en Astilleros, ignoraban eso. Se enteraron después de la imputación. No saltó en ningún lado. No cobró los años de antigüedad. No estaba cargado eso, no estaban los antecedentes. Después Juan Cruz lo chequea y le saltaron los aportes en ANSES, esto fue después de su detención (del imputado). En ANSES saltaron los aportes, no se imaginaban que esto pasaba, por eso se enteraron después de la detención. Lo detuvieron en marzo de 2016, tres meses después de dejar el cargo. Cuando saltó esta situación, chequearon y Juan cruz lo llamó y le dijo. Los fiscales le mostraron la lista de las personas contratadas. No sabían nada. El Ministro no lo llamó, estaría aterrado. Hacía un año que estaba en Alemania, se fue y después terminó la gestión. En un escrito dijo que iba a explicar los motivos.
Lo acusan en la elevación a juicio que aportó 10 CV.
Los divide en 5 situaciones distintas. Los 5 de la fotocopia del mail, que niega, están Eduardo Sánchez, Rubén Martínez anexo 44, Guillermo Sanz anexo 16, Nava Camblot anexo 19, Patricia Glisé anexo 20. Un escenario es este, supuestos correos enviados por él.
La otra situación es el caso de Ricciardi y Giovanni, las diseñadoras gráficas. Luego, tres CV con situaciones distintas: Bidondo Eduardo, Osmirovich Nicolasa y Álvarez Juan Cruz. Aparte, agregaron a Florencia Álvarez y Lourdes Furnó, que no sabe si lo van a acusar por ellos dos. Se limita a los 10 días de la elevación a juicio. Hubo un solo email, los primeros 5 están en la misma situación. En el caso de Bidondo le imputa el delito porque hay un email de una secretaria de Bidondo, que le envió el CV de él y él lo envía a EAARS para que sea contratado. El cuadro del perito de ayer, había un cuadro amarillo que mencionaba dos emails, el de Bidondo y uno más con otros datos. Dicen que el contrato de Bidondo es ilegal porque Emanuel Mendoza, concejal, que era de Bahía Blanca, dice que Bidondo le dijo que estaba cobrando en EAARS. Lo dijo en una nota periodística. Cuando declaró en el 317 CPPBA, acercó una nota periodística diferente, que figuraba que Bidondo había trabajado en EAARS. Aclara que nunca le tomaron declaración a Bidondo. Lo conocía de Bahía Blanca. En su primer trabajo en el concejo deliberante de Bahía Blanca, Bidondo era funcionario y él le hacía todas las notas. Lo que sí aportó a EAARS el CV de Bidondo. En ese momento cree que era funcionario de la Municipalidad de Bahía Blanca. En diciembre de 2011 no sabe si el nuevo intendente lo sacó. No tenía título profesional, hacía negocios, fue asesor de legisladores, trabajaba en la militancia, era de confianza del Ministro. A él le dieron la indicación de mandarlo a EAARS, no sabe por qué. Que el Ministro no se ocupe de esas cosas es razonable y él era una persona de confianza, por eso envió él el CV. Y como Bidondo lo conocía se lo mandaron a él. No tuvo problema, lo hizo con otros funcionarios designados. Bidondo vivía en Bahía Blanca y tiene una casa en Sierra de la Ventana. Probó que Bidondo trabajó en EAARS por una nota periodística. Además, que dijo que trabajaba en EAARS y que Scavuzzo lo dijo también. Nunca se interesó por Astilleros. Bidondo renunció de Astilleros, buscando en el cuadro vio que la baja fue de febrero de 2013. Trabajó entre octubre de 2012 y febrero de 2013. Siempre hablaban, así que en algún momento se lo dijo. No le consta qué trabajo hacía. Él sabía porque se lo dijo y lo dijo Scavuzzo en la nota periodística y ahí se enteraron. Son notas que salieron con la investigación de la causa.
El caso de Bidondo es uno de los correos. Desde su casilla Nicolasa Osmerovich es una amiga de la familia. Era administrativa en CABA y estaba buscando trabajo. Siempre intentó conseguirle trabajo. Acompañó siempre los CV a los fiscales para mostrarle esto. EAARS tenía oficinas en CABA y FOGABA también. Después ella se fue a vivir a Santiago del Estero y le consiguió una entrevista en el Ministerio de Producción de Santiago del Estero. En EAARS alguien agarró el CV y la nombró entre agosto de 2012 y febrero de 2013. Reconoce haber mandado su CV a la oficina de EAARS en CABA. Lo habló con Scavuzzo, Rial y acompañó correos para corroborarlo. Cuando nombra a Nicolasa él ya tenía su nuevo cargo en el Ministerio. Reconoce el contacto con Scavuzzo por Nicolasa. Scavuzzo sí sabía que era de su confianza y de su familia, al igual que Juan Cruz Álvarez.
Está claro que a los fiscales su explicación no la creen. Ellos dudan de su intención. Está seguro que no quería cometer un delito. Todo lo que hizo Scavuzzo es un disparate, todo lo de las contrataciones. Es más, lo que hicieron con los otros 5 es otro disparate. Dice haber hecho el trabajo que los fiscales no hicieron. Desde que lo detuvieron, fue cada 15 días a ver qué pasaba, veía las pruebas, sacaba fotos, firmaba las actas, se puso a disposición siempre, aportó elementos, para tratar de convencerlos de que no había sido. Le explicaron lo de la certeza positiva y nunca mintió. Se enteró que estaba involucrado cuando lo detuvieron.
De la existencia de la causa salió una nota en Clarín, pero nunca se enteró que podía estar involucrado. A los 4 días lo dejaron en libertad. Lo echaron del trabajo. Llamó al Ministro y no le atendió. Le mandó a decir a otras personas que no quería hablar para no comprometerse. Los compañeros de trabajo le consiguieron abogado. Llamó al jefe de gabinete de asesores que tampoco le atendió. Todos los compañeros de trabajo no le soltaron la mano, estuvieron con él. El DGA, todos los subsecretarios, todos los del Ministerio estuvieron. Fueron a la cárcel, estuvieron con su familia. Gente de confianza del Gobernador se puso a disposición. El Ministro que lo nombró no se contactó con él. Habló con otra gente de Bahía Blanca para ver si necesitaba algo. Lo único que hizo el Ministro fue decir en su declaración y también Scavuzzo en su 317 CPPBA que Ombrosi no tuvo nada que ver. También lo dijo Elisetch. Es lo único que hicieron. Al abogado le pagó con un préstamo por sus compañeros de trabajo. Salió en el diario esposado y al Ministro no lo nombraban. Está seguro que tanta plata no termina en Scavuzzo, salvo que sea suicida. No tiene datos concretos. Lo hubiese usado. Se defendió con uñas y dientes.
La fiscalía muestra el legajo documental de Bidondo y figura que Bidondo reemplaza a Ricciardi. Explica que hay papeles parecidos en los legajos de los otros 5. No tiene explicaciones para lo que hacían dentro de EAARS. No sabía que Ricciardi estaba contratada. No se acuerda de esa nota, pero la vio en la causa. Lo dejaban asentado en notas oficiales, unos animales. No tiene nada que ver con esa anotación. Asegura que no lo puede explicar, pero Bidondo dijo que trabajó y lo dijo también Scavuzzo. Dice que en los otros 5 es peor. Dice que el contrato de Bidondo no es apócrifo. Dice que va a volver a declarar todas las veces que sea necesario. Para cerrar Bidondo, dice que es un contrato que se demuestra que no es apócrifo en una nota periodística.
La situación de los otros cinco: hace una pequeña introducción. El cuadro del día anterior del perito de los movimientos de EAARS lo impresionó mucho. Aclara que hablan de una fotocopia de mail que niega. Es el único mail que el señor que declaró ayer vio. El otro mail lo encontró Julia Martínez en febrero. Dice que todo es una animosidad, pensar que todo lo de EAARS empezó con sus mails. Hay una fotocopia de los mails que están en los anexos 16, 19, 20, 24 y 44. Esas cinco personas están nombradas entre el mail que supuestamente es de él con Borcerio, Secretario de Presidencia. Es una fotocopia. Afirma que no encontró ese siguientes datos:...”, dice el correo enviado por Borcerio a Ombrosi. Luego dan lectura a la supuesta respuesta de Ombrosi. No recuerda enviar esos mails. Fue a buscar el correo a su casilla. Cuando encontró estos datos enviados en la acusación, no sabe quiénes son. Ellos tampoco lo conocen. Ofreció a los fiscales que revisen su cuenta, pero no quisieron hacerlo (lee la requisitoria). Dice dos cosas: la primera que son los únicos contratos que tienen pegado de dónde viene la contratación, en los otros no hay nada de dónde vienen los CV, sólo estos.
Fiocca tampoco trabajaba en EAARS y lo acusaron de lo mismo, abrevió en la causa. Eligió pensar mal y pensar que fue a propósito. Se le ocurren esas cosas.
Su clave de mail la tenía él solo. Dice que a lo mejor alguien quiso utilizar eso para justificar esas contrataciones. Claramente le hicieron daño con esto. Se pensaron que nadie los iba a descubrir, que se manejan con impunidad. Siempre intentó demostrar su inocencia. Por eso sostiene la negación de esos correos. Empieza a analizar quiénes son esas 5 personas. Cuenta que lo analizó y encontró circunstancias que le llamaron la atención. Sánchez y Martínez, supuestamente no pudo comunicarse con ellos y los contratan igual. Sanz, Glise y Nava Camblor. Resulta que Sanz es gerente comercial y es experto en ventas. Glise era funcionaria de la nación y licenciada en comercio exterior. Nava Camblor era profesional también. Esa gente tenía competencias y que no tiene nada que ver con el resto de los CV. Los otros eran albañiles, amas de casa y demás. Competencias para el cargo tenían, no sabe qué estaban buscando. Agrega además que todos (los 5) entraron a trabajar en agosto de 2012. Sánchez y Martínez baja en septiembre de 2012 y los otros tres estuvieron hasta febrero de 2013. Pide que vean la fecha del correo. Es enviado el 29 de agosto. Y todos tienen el alta del primero de julio. Hay un correo que no reconoce y que ofreció que lo vean que no se condice con la tipografía de todos los correos que no usó nunca, de gente que no conocía y que dan de alta a todos.
Hubo manejos totalmente irregulares en el EAARS y realmente no fue cómplice de eso. No lo puede creer. Había una funcionaria nacional, Glisé. No le facilitó la contraseña a nadie. Asegura que ese mail no es real. Los otros sí, pero estos no. No sabe por qué están ahí y encontró todas esas incongruencias significativas. A los que no encontró los nombraron igual. Siempre intentó demostrar que no haber participado. En la instancia administrativa le dieron la oportunidad. Fue al sumario de la contaduría general de la provincia. El Tribunal de Cuentas nunca se va a expedir sobre él porque no está implicado. No está elevado al Tribunal de Cuentas. En la resolución de la contaduría no lo nombran como implicado. “No le cabe el endilgamiento de perjuicio fiscal”, “Hubo falta de participación”, es lo que cita. El Contador de la Provincia es Balestena, desde el 11 de febrero de 2020, lo había nombrado Vidal, partido contrario al que defiende, con acuerdo del Senado, pero no se acuerda bien. Dice que demostró su falta de participación para la formación de los contratos apócrifos. Le parece un elemento importante. Dice que se le ha acusado de haber aportado los datos para la contratación de otras personas.
De la lectura de las testimoniales de esas personas surge que hablan de Iriarte, que a mediados de 2013 se fue del Ministerio. No hubo una sola persona que se vincule a él (Ombrosi) después de febrero de 2013. Eso quiere decir que alguien lo aportó a sus espaldas y él no participó. No hay nada luego de esa fecha que lo vincule con la causa y eso tampoco se valoró. Dice que se fue del Ministerio en diciembre de 2015.
Nunca se le ocurrió que hubiese tenido participación. Dice que lo que mostró suma elementos, que no sabe si alcanzarán, pero es todo cierto. Dice estar enojado con el fiscal, porque no le escuchó que hablaran de Hernán Iriarte, el jefe de asesores y quien renunció. Los testigos dicen que Iriarte se juntaban con las autoridades de EAARS. Iriarte ni siquiera está citado. Hay testigos que dicen que Iriarte le pagaba contratos en negro con la plata en un sobre. Todas esas personas están contratadas en el EAARS y él insistió que no fue quien aportó los datos, pero se lo siguieron imputando hasta la elevación a juicio, quiere saber por qué. Una aclaración: no tenía cuenta oficial porque viajaba muchísimo y no podía abrirla en otro lugar que no sea la computadora del Ministerio. De ese correo no hay nada. En el 317 de Elisetch acusa al Ministro. Dice que iba a buscar la plata y los CV. El fiscal le preguntó a Ombrosi si iba al Astillero y respondió, “sí, fue al final de la gestión en 2015, llevó cuatro legajos a Astilleros Río Santiago, entre ellos el de su esposa que después trabajó allí”. A Elistech le sorprendió verlo en la causa. Scavuzzo dijo que Ombrosi no tenía nada que ver. Lo mismo dijo el Ministro “no tiene nada que ver con esto”. No se imagina por qué se hizo esto.
Dice que si se miran los 5 CV tienen una lista fotocopiada en todos los legajos que dice “altas y bajas” y entra la misma cantidad de gente que sale. Hay nombres que no conoce y otros que se le adjudican a él. En uno de esos está Stephen que trabajó con él en el Ministerio. De esa dinámica es totalmente ajeno. No recuerda si Elisetch dijo que esa letra era de él o si fue Guillermina. Era totalmente ajeno, insiste.
Nunca se hubiese prestado a hacer esta maniobra. Pero si tuviese que haberlo hecho por una cuestión de vida o muerte, lo hubiera hecho bien, no esta animalada. Nunca más ejerció a participar de la Administración Pública, hasta que esto se resuelva. Dice que era catequista. Ahora trabaja en una empresa privada. La empresa es española con un proyecto en Corrientes. Su señora trabaja en el INTI. La vocación es la vocación dice. Era profesor de catequesis y desde que pasó esto lo tuvo que dejar porque es un político acusado de corrupción y se la banca. Se alegra de la oportunidad. Dice que de la fiscalía no querían encontrar la verdad, sino corroborar su hipótesis. Podrían haber hecho cosas que no hicieron. Va a volver a declarar. Vio una nota en Clarín en donde explicaban la situación y la maniobra en EAARS. Se decía que eran muchos contratos falsos. Nunca imaginó que tuviera vinculación con eso. No se le vino a la cabeza nada ni nadie en ese momento. Para nada. No se le ocurrió. Si hubiese tenido la mínima sospecha, pediría la eximición de prisión. No tiene dudas de que se hubiese presentado a la causa. No se le ocurrió tampoco que alguien pudiera utilizar CV al azar.
Iba a las reuniones de gabinete cuando el Ministro no estaba. Lo llamó Martín Ferré y le propusieron ponerle un abogado. Lo que decidió era mantener su defensa. Siempre quiso llevar su defensa independiente. Esa decisión la tomó dentro del calabozo. No quería un abogado del sistema. Se lo ofreció Borcerio, que estaba con él en el calabozo. Luego lo llamó Scavuzzo para que acuerde. Le dijo que la iba a pasar muy mal, por el escarnio público, fue un consejo insistente y cada vez con volumen más alto. No quería que llegara el momento, pero en realidad sí, porque era su oportunidad. No era facilitador de datos para que se cometiera el ilícito. Demostró muchas veces que actuó lealmente. Usaron información suya para hacer esto. Llevó a los testigos. Tiene claro que Arana dijo una cosa distinta en juicio que en la declaración en la IPP. Le dice a Paolini que cree que no encontró a Iriarte y por eso no lo llamó.
2. Pablo Ariel Chialva Boschi Examen directo:
En el año 2012 o 2013 era Director de Servicios Técnico Administrativo del Ministerio de Producción. Lo designaron el 6 de enero de 2012 hasta el 10 de diciembre de 2013. Lo convocó un amigo de La Plata que estaba formando la DGA. Dependía de la DGA. El EAARS era uno de los organismos descentralizados junto a FOGABA, eran autárquicos. Los entes autárquicos tienen dependencia política con la máxima autoridad del organismo. La máxima autoridad del Ministerio podía tener injerencia en EAARS, entiende que el Ministro. No conoce que se maneje de otra forma. Control de manera conjunta desconoce. El EAARS tiene el mismo control que cualquier organismo, de la Contaduría, del Tribunal de Cuentas y las intervenciones que tienen todos los organismos, asesoría, fiscalía, etc. Ellos tienen actuaciones y expedientes propios, no dependen del Ministerio. Respecto al PEPBA participó desde su dirección en el armado de todos los convenios que se firmaron con las distintas universidades nacionales y provinciales de Buenos Aires junto con la FAM. Luego confeccionaba la resolución que aprobaba esos convenios.
Conoció a Ombrosi en la gestión. Venía de Bahía Blanca. Lo conoció esos dos años en el que formaron gabinete. El tiempo que trabajó con él le pareció un excelente funcionario, responsable, con dedicación al cargo que ocupaba. En lo personal una persona muy sencilla y no más que eso, excelente funcionario. Estaba todo el día en el Ministerio. De eso puede dar fe. Es abogado. EAARS es un ente autárquico con una estructura propia. En ese momento estaban trabajando con los buques que eran de Venezuela. Respecto a PEPBA, todos los organismos participaron. No le consta qué hacían todas las personas que trabajaban administrativamente en el Astillero. Se habló siempre de 3 mil y pico de empleados. Contra examen:
Lo convocó el contador Bigliardi. Es de Bahía Blanca. Ombrosi también. Él es de Villa Iris, a 100 km de Bahía Blanca. Estudió en la UNLP y desde el año 1992 vive en La Plata. Fue a trabajar a ARBA con el Director ejecutivo el 11 de diciembre de 2013 hasta 2015, que cambió la gestión. Bigliardi también fue a ARBA, junto con Luis Bugliamino. Ombrosi que recuerde no y tampoco se acuerda si algún familiar. Actualmente trabaja en el INTI. De ese grupo no está ninguno hoy en el INTI, que recuerde.
¿Sabe quién es la esposa de Ombrosi? No sabe si está casado, la pareja es Álvarez Florencia. No sabe en dónde trabaja. Hace un tiempo atrás trabajó en el INTI, pero ahora no sabe.
Él es gerente de asuntos legales y trabaja en Retiro. Pero lo administrativo está en otro lado. Al INTI lo llevó el presidente Geneiro. Era Subsecretario del Ministerio de Producción. Cuando se fue de ARBA estuvo en el Ministerio de Gobierno. Es planta. Estuvo en el Ministerio de Jefatura de Gabinete 2017. En el organismo provincial de integración social urbana. Luego fue al ministerio de gobierno. Y finalmente empezó la gestión en el INTI.
Examen directo:
Fue subsecretario PYME del Ministerio de la Producción entre 2013 y fines de 2015. El Ministro Breitenstein y el Presidente del Banco Provincia lo eligieron como subsecretario. El Ministerio estaba bajo la conducción del Ministro, aunque había reuniones de gabinete. EAARS era un ente autárquico y tenía su dinámica de trabajo, estaba integrado en algunas gestiones políticas, por ejemplo, con la política naval. La vinculación era institucional, de coordinación de políticas públicas, pero era autárquico repite. En el gabinete, todos trabajaban en cooperación, FOGABA también y otros organismos coordinados. Las convocatorias eran a través del Ministro para las reuniones periódicas de gabinete, participaban los subsecretarios, los titulares de EAARS, como Scavuzzo, los de FOGABA, y en ellas se planificaban las políticas públicas de programa y financiamiento. Siempre tenían articulaciones entre todas las áreas. Siempre hay interacción y búsqueda de gente para ocupar espacios de trabajo: se hacen propuestas de conocidos, profesionales, técnicos, pero es habitual en una nueva administración. Podían intercambiarse CV, pero no se hace debate sobre eso, sólo algunas sugerencias para ocupar determinado lugar.
¿Conoce a Hernán Iriarte? Hernán Iriarte fue jefe de gabinete de asesores en la primera gestión. Hubo un recambio importante de funcionarios en esa etapa.
¿Conoce a Juan Cruz Álvarez? Cree que fue integrante del PEPBA y estuvo en la secretaría de ciencia y tecnología. ¿Se acuerda de haber debatido sobre él en alguna reunión de gabinete? No, el intercambio de nombres estuvo en la mesa de conducción del PEPBA, en donde estaban los secretarios de todos los organismos. En el PEPBA entró mucha gente a trabajar, si no recuerda mal, más de 100 personas. Había distintos organismos, universidades, municipios, cámaras empresarias, lo que implicó muchas propuestas. Tuvieron reuniones en distintos espacios, La Plata, CABA, a nivel territorial en las distintas regiones de las acciones del PEPBA, en las sedes de las universidades en las que participaba muchísima gente, porque era público.
¿Conoce a Andrés Ombrosi? Lo conoció en el Ministerio. Era muy joven Andrés. Le llamó la atención su gran dinámica de trabajo. Era muy organizado. Tenía mucho vínculo con él por sus tareas. Su trabajo fue muy profesional. En su corta edad tenía una gran planificación, muy comprometido e íntegro en su trabajo. Destaca su labor en ese tiempo. ¿Le llegó alguna queja sobre su honestidad? Al contrario, siempre le pareció íntegro, con grandes valores, militaba en el catolicismo. En el trabajo cotidiano le parece un profesional de primer nivel, muy destacado. Hizo una gran labor de coordinación con los ministerios, municipios, cámaras empresarias, muy bueno.
Contra examen:
Cubrió todo el segundo mandato de Scioli y el Ministerio a mando de Breitenstein. Desde marzo de 2012 ingresó formalmente, hasta diciembre de 2015. Con EAARS había vinculación funcional para definir políticas públicas. Trabajaban en lo que tenía impacto en las PYME. Desarrollaron un polo eólico de Bs. As., en el cual intervino EAARS y la facultad de ingeniería y una metalúrgica, Calviño. ¿Cómo se relaciona eso con ARS? Porque tenía la capacidad de hacer el trabajo sobre determinada cantidad de piezas de gran volumen. Recibió financiamiento para la compra de equipamiento para Astilleros.
¿Proyectos agropecuarios tenía? No ¿Contrataron especialistas en agro negocios? No sabe la dinámica de contratación de EAARS ¿Recuerda en qué se especializaba Juan Cruz Álvarez? Sabe que trabajó en el PEPBA y hacía evaluaciones. Cree que es economista, pero no recuerda en qué se especializaba. Seguramente intervino en la cadena de valor de Bahía Blanca porque es de ahí. ¿Qué pensó de la situación de Ombrosi? Le resultó sorpresivo por su forma de trabajar y su trayectoria. Le pareció muy injusto y sorpresivo. No tenía ninguna vinculación operativa con EAARS. Destaca nuevamente su integridad y dice que siempre lo apreció por su trabajo y su forma de ser.
Examen directo:
Era presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Ombrosi era funcionario en el ámbito provincial y él en el municipal. Es habitual que quienes buscan trabajo le acerquen CV y lo que hacen es mantenerse informados acerca de las capacidades de esas personas por si en algún momento necesitan a alguien. A veces sucede que como hay profesionales de Bahía que estudiaron en La Plata y se recurre a La Plata para nombramientos en Bahía, por ejemplo. Es cabecera de partido con lo cual tiene distintos ámbitos (ARBA, IOMA, Juzgados de falta provincial), que se crearon no hace mucho y para nombrar un juzgado completo se nombran desde La Plata, por eso se envían documentación.
¿Alguna vez por correo intercambiaron CV con Ombrosi? Está seguro que sí, pero no sólo con Ombrosi, porque es una actividad habitual. Hoy se hace mucho por Whatsapp. No recuerda un caso en particular, pero que se hacía seguro y que con Ombrosi era habitual, pero repite que no recuerda un caso en particular.
Nunca recibió comentarios negativos sobre Ombrosi respecto a su honestidad. Desde su formación, del ámbito religioso y de la función pública, siempre tuvo buenas opiniones sobre él, y todos han hecho opiniones positivas sobre él. A Ombrosi lo conoce desde hace más de 20 años. Fue presidente del Concejo Deliberante en el período 2013-2015. Él trabajaba en La Plata. No sabe si la relación es de amistad, pero lo conoce desde hace muchos años. Después del 2015 se dedicó a la actividad privada, ejerció la abogacía y desde el año pasado ejerce la función pública. En el ámbito público-político es normal recibir pedidos de trabajo, hoy a través de redes sociales. Es normal que se acerquen CV. La semana pasada recibió por Facebook, de una conocida, para pedirle trabajo para el hijo y él le pidió el CV. Esos CV se pasan para ubicar a alguien que pueda darle trabajo, pero depende qué características tiene la persona que quiere trabajo (preparación, actividades que realiza, etc.), entonces se remite el CV al ámbito o área que cree conveniente. Insiste con que es habitual y reitera lo que le pasó la semana pasada. Nunca le pasó que se utilizara para cometer un delito contra las arcas del Estado o al menos no lo sabe. Con Ombrosi se conocieron en la función pública.
Fue presidente del consejo del parque industrial de Bahía Blanca por dieciocho años. Era uno de los consorcistas y tenía una empresa. Tenía relación con Ombrosi desde allí. El Municipio distribuyó las tierras que la provincia daba para hacer un parque industrial. El Municipio no cumplió con las obras y organizó un consorcio. Ombrosi era el vínculo de ellos con el Municipio. Entró con la gestión de Berstentein. La primera vez que fue Ombrosi a visitar tuvieron un encontronazo porque el Municipio no cumplía con nada de lo que había dicho. Ombrosi primero no lo quiso entender, pero a los cuatro días volvió y buscó una solución. Crearon una planta nueva. Ellos necesitaban la tenencia, pero no la tenían, entonces cuando entró él despacio mejoramos la relación y puso en orden alrededor de cuarenta o cincuenta empresas. Ombrosi se tomó el trabajo que ninguno que estuvo antes de él se tomó, puso en orden todo lo que estaba a su alcance.
¿Conoció denuncias contra Ombrosi? No cabían denuncias contra Ombrosi. Era un secretario municipal que hacía las cosas que tenía que hacer. Dice que no tiene nada que ver con Ombrosi, como lo hizo él podría haberlo hecho cualquiera. Ellos tenían que resolver un problema y él -Ombrosi- otro. Da un concepto personal de Ombrosi: hizo lo que tenía que hacer, es un concepto excelente. A nivel personal, dice que no es una persona así, es una buena persona, tiene conceptos claros de muchas cosas, te das cuenta si hablas con él. La honestidad es uno de ellos.
6. Iván Budassi Examen directo:
Es abogado de Bahía Blanca. Trabaja en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación. Es docente titular de Derecho Administrativo en su ciudad. Sigue en su profesión liberal. En el año 2008 o 2009 fue director de seguridad social de AFIP de CABA. Entre 2009 y 2013 fue diputado provincial por Bahía Blanca. Hace 35 años da clases en la Universidad Nacional del Sur. En el año 2004/2006 trabajó en la actividad privada y también en la pública. En el Ministerio de Justicia de la Nación y en el Ministerio de Producción de la Provincia entre esos años, precisamente. Era el abogado de la Ministra Débora Giorgi. Interactuaba con los temas del EAARS. El EAARS tiene una autarquía plena, puede actuar en todos los ámbitos de la vida jurídica de manera independiente y maneja su propio presupuesto. En verdad cuelga de un Ministerio, específicamente, del de producción. Más allá de esa vinculación, en su actividad diaria y contrataciones actúa de manera independiente. Puede ser actora y demandada en juicio.
En el año 2012 no recuerda quién estaba al frente del EAARS. A Scavuzzo lo vio una o dos veces. Sabe que fue presidente de EAARS. El EAARS no puede hacer lo que quiera, sobre todo porque tiene un presupuesto muy grande. La ley de presupuesto lo limita, pero se lo da de manera separada. A él no le llegaban los expedientes de EAARS, así como había de otras secretarías que dependen del Ministro. Los controles son externos al Ministerio, Contaduría General y Tribunal de Cuentas.
Dejó en el año 2006 porque Berstentein lo convocó para una reforma administrativa muy importante. Se dio de baja a mitad del personal por limitaciones presupuestarias. Tuvo participación en la formación del nuevo Ministerio. En el 2009 fue abogado ad honorem de todo ese proceso. En el 2009/2011 fueron las elecciones y lo seleccionaron. Carré había sido Ministro anteriormente y había trabajado con él también. Hablaron de seguir con la misma estructura administrativa. La DGA tiene una serie de auxiliares técnicos para las contrataciones. Habían sido los mismos empleados que estaban en los anteriores procesos. Se produjo súbitamente que Farré fue al Ministerio de Desarrollo Social y se llevó a su gente de confianza. Entonces todos los que iban a formar parte del Ministerio de Producción se fueron y se quedó sin estructura. Gerardo Otero fue quien le recomendó que algunas personas conocidas podían ir a trabajar al Ministerio de la Producción. ¿Se convocó gente? Hubo varias etapas. Primero las cabezas. Paulo Bigliardi era de Bahía, pero lo conoció por Otero. Él tenía otra gente. Pero necesitaban más gente. El Ministro buscaba gente que supiera hacer las cosas, entonces empezaron a buscar gente. Es parte de la actividad política. Le piden siempre trabajo. De hecho, hoy le pidieron trabajo en ARBA. Es una costumbre que tiene la gente de pedir trabajo de esa manera, aunque es una práctica poco afortunada.
¿Conoce a Ombrosi? Lo conoció cuando fue a Bahía, en un momento complejo. El Ministro había ido a Alemania, asumió en medio de un revuelo político importante. Empezaron a trabajar juntos con Ombrosi y siempre él como las 4 o 5 personas que trabajaban con ellos, que también lo hacían en Don Bosco en acción católico. Siempre tomaban decisiones moralmente correctas. Se sentía muy respaldado por ellos. Luego continuaron una relación en la que siempre trató de ayudarlo, porque le parece que es una persona que lo vale. Le tiene un afecto particular por esas condiciones, porque excede la media en su capacidad de trabajo. Le tiene respeto, pero no tiene mayor trato que ese.
Es auxiliar de la Justicia y ver en un proceso después de tantos años que hayan salido fotos de Andrés esposado en primera plana son cosas que le llaman la atención. Le hubiera gustado ver esta actividad en gran cantidad de causas que ha intentado promover.
7. Hernán Pedro Vigier Examen directo:
Fue subsecretario de ciencia y tecnología de la Provincia entre fines de 2011 y mediados de 2013. Conoce el programa PEPBA. Se emprendió en el Ministerio de Producción con el objeto de poder llevar a cabo un plan estratégico productivo que estuviera alineado con el programa del gobierno nacional. El PEPBA estaba enfocado en la región. Intervenían todos los organismos vinculados con el Ministerio y, además, todos organismos satélites, EAARS, FOGABA y todos los que tenían vinculación. Fue una gran experiencia porque involucró un proceso en el que participó. Fue rector de una Universidad de 2013 al año pasado. Entonces se tuvo que retirar luego del PEPBA. Implicó un trabajo muy intenso. Se facilitó la relación con universidades para cuestiones productivas. Implicó definir 7 sub espacios y en cada uno se hizo un trabajo para que se conozca el programa en todas las instituciones y se organizaron encuentros en función de propuestas de cadenas de valor, que se hacían mediante el consenso de la elección de los habitantes locales. Le tocó de cerca las cadenas del sudeste. Elegidas las cadenas, empezó la segunda etapa: la presentación de las cadenas de valor. Había entonces que contratar profesionales. Concretamente se analizaba la cadena de valor porcina y cuáles eran los cuellos de botella que limitaba la producción. Por ejemplo, un frigorífico en un territorio determinado. No sabe si lo pusieron el frigorífico o no, porque se fue a trabajar a la universidad. El objetivo era analizar qué cosas hacer en un espacio determinado de territorio. Se contrataron aproximadamente 1 coordinador por cada cadena de valor y eran 100 en 7 sub espacios.
Participaba de las reuniones de gabinete. Había un espacio de coordinación. Andrés coordinaba la tarea. Poder armar los equipos para poder desarrollar un objetivo era un continuo. En su caso tiene muchísimas presentaciones de CV. Propuso a Gabriel Foco en el área del Trigo, en el porcino a una directora de la escuela agro técnica. Siempre buscaron profesionales en la cadena de valor específica. En esa mesa participaba Hernán Iriarte. Fue jefe de gabinete. No recuerda bien en realidad.
Es profesor de Finanzas de la Universidad del Sur. Juan C. Álvarez era alumno de él y luego fue ayudante suyo. El señor Álvarez Juan Cruz trabajó en el Ministerio de Producción y colaboró en el PEPBA. Es un profesional que valora mucho, pero en su momento el CV lo tuvieron en consideración.
Siempre tuvo una gran consideración de justicia. A Andrés lo conoce y tiene un gran respeto por él, por la forma de trabajar. Ya tenía referencias de él cuando no lo conocía. Tuve, tiene y tendrá el mejor concepto de él y de su honestidad. Se enteró por los diarios y lo “shockeó”. En la mesa del PEPBA estaba Scavuzzo, Silveira, el director de FOGABA, Hernán Iriarte, todos los subsecretarios más quienes dirigían los organismos vinculados.
c. Las partes de común acuerdo ingresaron por su lectura algunas declaraciones cuyo detalle se encuentra en el acta de debate, así como también la totalidad de los legajos secuestrados (114 anexo documentales) y el informe obrante a fs. 475/477vta. del expediente principal. Por último, la restante prueba que completa el cuadro probatorio se encuentra detallada en el auto del art. 338 CPPBA.
iv. Razonamiento probatorio. La imputación jurídico-penal A manera de introito: una concepción naturalística del delito “está relacionada con una original separación entre el hecho y su autor, esto es, entre un resultado perturbador, ya per se ‘jurídicamente desaprobado’, ‘negativamente valorado’ y el sujeto responsable, relación en la cual el resultado perturbador es definido hasta hoy de manera totalmente preponderante como empírica-real modificación del mundo exterior, esto es, como lesión (o puesta en peligro) de un (objeto de) bien jurídico, que siempre corresponde constatar independientemente de la persona del autor. Sólo desde esta perspectiva parece posible determinar el hecho antes del autor, lo objetivo antes de lo subjetivo, lo exterior antes de lo interior, para justificar un juicio de disvalor” (LESCH, El concepto de delito [1999] [trad. Gemignani], Marcial Pons, 2016, p. 230, resaltados en el original); sin embargo, según una concepción funcional del Derecho Penal, “el concepto de delito como abstracción no es un suceso causal del mundo exterior, esto es, no es un suceso natural separadamente determinable con relación al autor, sino que es concebido como comunicación, esto es, como expresión de sentido de una persona formalmente racional”, de modo que “[n]o resulta posible indagar sin atención a esa persona si se expresa sentido, ni cuál es el sentido que se manifiesta” (Ibíd., p. 230 y s., destacados en el original).
Tratándose de hechos de corrupción pública, no pueden desconocerse los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el orden interamericano e internacional, lo cual ya surge en los Preámbulos de ambas Convenciones firmadas al efecto. En primer término, la Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas, Venezuela, 29 de marzo de 1996; aprobada en el orden interno por ley 24759, promulgada de hecho el 13/01/1997), donde se afirma que “…la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”, que la democracia representativa “…exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”, puesto que, “el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”, teniendo presente que “…para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad…” y, por ello, “[d]ecididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio” (Ibíd., Preámbulo). Luego, en segundo término, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (New York, Estados Unidos de América, 31 de octubre de 2003; aprobada en el orden interno por ley 26097, promulgada de hecho el 06/06/2006), en cuanto destaca la preocupación “…por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”, y su convencimiento de que “…el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley” (Ibíd., Preámbulo).
En efecto, con independencia de la postura que afirma su imprescriptibilidad, lo que aquí no corresponde emitir juicio alguno dado que las acciones penales se encuentran vigentes, no puede soslayarse el interés que el constituyente nacional tuvo en miras respecto de este tipo de ilícitos y ello queda graficado a partir de la transcripción del tenor literal del art. 36 de la Constitución Nacional (los subrayados son propios con fines ilustrativos):
Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.
Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.
Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.
Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.
El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.
Luego de escuchadas las teorías del caso de las partes, analizadas que fueran las estipulaciones probatorias, la prueba producida en el debate y la ingresada directamente por su lectura, exhibición y/o reproducción, tengo por acreditado lo siguiente (por todo, cfr. requerimiento acusatorio de citación a juicio, fs. 2751/2824; alegato de apertura y de clausura donde perfecciona la acusación en idénticos términos):
Durante los años 2012 y 2013, el Presidente [Scavuzzo] del Ente Administrador del Astillero Rio Santiago (EAARS), sustrajo los caudales públicos que administraba por un monto histórico de dieciséis millones cien mil pesos ($16.100.000,00.-) aproximadamente, fondos que provenían del presupuesto asignado por la provincia de Buenos Aires al Astillero Río Santiago en la Partida Principal 01 de Gastos de Personal.
Que, para ello, contó con la colaboración necesaria de, al menos, el ‘Coordinador de sueldos y jornales y Personal Superior’ [Elisetch], el ‘Secretario de Presidencia’ [Borcerio], el Gerente General [Borovik], el Jefe de Gabinete del Ministerio de Producción Andrés Ombrosi y un publicista de la localidad de Mar del Plata [Fiocca].
Que dicha sustracción se produjo mediante liquidación de sueldos en concepto de contratos a plazos fijos a nombre de distintas personas que en muchos casos ignoraban tal circunstancia y que nunca trabajaron para el Astillero Río Santiago. Para la confección de los contratos se valió, entre otros, de los aportes realizados por Andrés Ombrosi, quien proporcionó la información de diez personas de existencia real (Licia Pilar Rizzardi, Florencia De Giovanni, Juan Cruz Álvarez, Nicolasa Osmirobich, Lino Enrique Bidondo, Rubén Alejandro Martínez, Eduardo D. Sánchez, Guillermo Enrique Sanz, Patricia Inés Glize y Rosario Nava Camblor) para llevarlos a cabo.
El dinero, una vez proporcionado los datos, se liquidaba y se reiteraba mes a mes en la tesorería de Astilleros por parte del ‘Coordinador de sueldos y jornales y Personal Superior’ a instancias del Presidente, quien contaba con la posibilidad de hacerlo conforme decreto 4538 y otras normas complementarias. Para llevar a cabo la maniobra, tenían un circuito administrativo por el cual se concentraba la confección de legajos y liquidación en una única área y en cabeza de una única persona, la que dependía directamente de la Presidencia de Astilleros. Por orden del presidente se concentró en la oficina de ‘Coordinación de sueldos y jornales y Personal Superior’ el pago en efectivo de esos contratos, que eran ‘ensobrados’, a diferencia del resto que se encontraba bancarizado. Culminado la tarea de ‘ensobrado’, se llevaban los sobres con el dinero a la oficina del ‘Coordinador de sueldos y jornales y Personal Superior’, donde debía entregarlo a cada uno de los contratados contra la firma del recibo original que debía guardar como constancia de la entrega del sueldo.
Sin embargo, gran parte de los pagos nunca se efectivizaron. El dinero recibido era retenido por orden del Presidente de Astilleros, logrando perfeccionar la sustracción de fondos públicos.
A los fines de disimular la maniobra, el Coordinador insertaba o hacía insertar firmas falsas en los comprobantes, simulando la percepción de los mismos que, en rigor de verdad, no se producía. Mientras los empleados que cobraban en efectivo lo hacían en Tesorería y eran identificados debiendo firmar el recibo de cobro, el ‘Personal Superior’ debía cobrar sueldos de manos del ‘Coordinador de sueldos y jornales y Personal Superior’ por orden del Presidente. En este escenario entre los años 2012 y 2013 se liquidaron sueldos por contratos de locación de servicios de personal superior a ciento cincuenta y nueve (159) personas. Cerca de cien (100) fueron confeccionados en el área mencionada, por orden del Presidente del Astillero Río Santiago y con los datos proporcionados por funcionarios de alto rango de Ente, por Andrés Ombrosi quien se desempeñaba en el Ministerio de Producción, y por un publicista marplatense, a sabiendas que serían utilizados para la confección de contratos a plazo fijo en favor de personas que nunca habrían de cumplir tareas y con el único objetivo de sustraer dichos fondos públicos. Las personas presuntamente contratadas figuraban prestando servicios en la presidencia del ente u oficinas vinculadas como la vicepresidencia y la administración de la Capital Federal.
Sin perjuicio que no constituyen puntos litigiosos, conforme lo afirmado expresamente por la defensa, tanto en su alegato de apertura como de clausura, conviene explicar algunas cuestiones que tienen que ver con el método empleado para ejecutar la sustracción de caudales públicos del Astillero Río Santiago, cómo fue que se descubre el primer dato que habilitó la formación de la hipótesis acusatoria y alguna cuestión adicional que servirán para abordar, luego, el objeto de la controversia que está circunscripto a la intervención de Ombrosi en el hecho delictivo.
En el debate surgió el episodio que dio inicio a la investigación: una señora fue a reclamar a la ANSES porque no cobró su asignación universal y allí le dijeron que el papá de sus hijas figuraba como empleado en blanco en Astillero desde noviembre de 2012, luego la mujer para requerir ayuda se contacta con el Patronato de Liberados que informa la situación (lo sorprendente es que al señor lo anotaron por error queriendo formar un legajo a nombre de un tal Witon), en el ínterin aparece el secretario privado del Presidente del EAARS a pagarle plata por la AUH no cobrada; cuestión que, a partir de allí, surge la noticia que habría estado involucrado un concejal de Coronel Pringles con un contrato ficticio y ello fue desencadenando una investigación que termina descubriendo una maniobra más grande y sistemática (por todo, v. testimonios de Julia Martínez y Fabio Gabriel Morzilli, piezas de fs. 4/5, 6, 7/9, 52, 57/70, 91, 96/vta., e/o. [ingresadas por su lectura, según auto del art. 338 CPPBA]).
Luego, a partir del allanamiento y de la información obtenida con motivo de la misma, conforme la explicación detallada que hicieron en el debate María Julia Martínez y Fabio Gabriel Morzilli, se pudo determinar en plena investigación que, dentro del universo de personas vinculados al Astillero Río Santiago, existía un grupo de casos que cobraban en efectivo: personal superior, de convenio, y jubilaciones y becas, más aquellos que lo hacían temporalmente al encontrarse gestionando la tarjeta de débito, sea porque recién ingresaban o porque la habían perdido. Así, el área de sueldos confeccionaba un listado que enviaba a la tesorería a fin de que requirieran al Banco que envíe el dinero físico necesario para cubrir el monto total, de modo que, cuando llegaba el dinero, quien estaba a cargo del área “Coordinación de Sueldos y Jornales y Personal Superior” dependiente de la Presidencia del EAARS, Rodolfo Guillermo Elisetch, realizaba el “ensobrado” en la tesorería y se llevaba esos sobres (“ensobrado”: procedimiento consistente en meter el dinero en una especie de sobre que se armaba con la copia de un recibo del supuesto sueldo), a la par que algunos efectivamente cobraban el dinero en efectivo allí en la tesorería (becados, quienes no tenían la tarjeta de cobro, etc.); luego, esos sobres con dinero que nadie reclamaba ni retiraba, son los que, mes a mes, el propio Elisetch sacaba de la tesorería en connivencia con el Presidente del Astillero, Héctor Oscar Scavuzzo, logrando con esta maniobra que este último, sustrajere todos esos caudales públicos cuya administración le era confiada en razón de su cargo. Sucede que el “ensobrado” se hacía para pagarle a un universo de personas que figuraban contratados como “personal superior”, mediante un contrato a plazo fijo –es decir: con un tiempo de finalización fijado de antemano– y figurando al pie del recibo de sueldo, como constancia de haberse efectivizado el pago, una firma falsa que no le correspondía a la persona supuestamente contratada.
El plan consistía en buscar distintas personas capaces de poder tener una relación contractual con el Astillero Río Santiago –como entidad autárquica del derecho público provincial–, de este modo, iban armando contratos a plazo fijo y a nombre de personas reales que nada sabían de su vinculación con el Astillero y que, justamente por ello, jamás prestaron servicios para el ente en ese período en que figuran contratados, con lo cual, el dinero imputado al pago de dichos contratos era, en rigor, sustraído por el Presidente Scavuzzo con la participación de otras personas que se encargaban –entre otras tareas– de aportar los nombres y los datos personales de quienes figurarían luego en los contratos ficticios. La idea del contrato a plazo fijo tenía un sentido, claramente no podían vincular por un tiempo demasiado prolongado a personas que no tenían idea que figuraban como contratados por la administración pública, ya que a medida en que el lapso se extendía se acrecentaban las probabilidades de que alguno se enterara que estaban usando sus datos y se descubriera el ilícito.
De hecho, el Banco Provincia llevaba el dinero físico a la sede del EAARS (v. documental de fs 133/178 y 214/221 [piezas ingresadas cf. auto cit.]) respaldado por la imputación de pago al Personal Superior y los recibos así extendidos, aunque en realidad las personas supuestamente contratadas –en un gran número– jamás retiraban, los recibos eran rubricados con firmas falsas, el dinero “ensobrado” y finalmente sustraído por el Presidente junto a sus cómplices (v. infra). Nada de ello fue discutido por la defensa de Ombrosi, como se encargó de señalarlo expresamente, por un lado, y, a los otros imputados, Scavuzzo, Elisetch, Borovik, Borceiro y Fioca, por el otro, no les quedó otra salida que la del juicio abreviado, a razón de la gran labor investigativa realizada por el Dr. Jorge Paolini.
Entonces, analizadas las estipulaciones probatorias (v. las número 2, 3, 4 y 5), tenemos que las partes aceptan como probados los hechos que sustentan la maniobra delictiva, sucedida durante los años 2012 y 2013, consistente en la sustracción de fondos públicos del Astillero Río Santiago (EAARS), a través de su Presidente y administrador de dichos fondos (v. decreto 4538/1993 [creación del EAARS] y decreto 962/1999 [aprueba su estructura organizativa], fs. 714/715 y 721/723vta. [ingresadas cf. auto cit.]; decreto 2082/2001, Anexo VI, art. 2 [suprime Directorio transfiriendo sus misiones y funciones al Presidente del Ente], decreto 89/02 [creación del cargo de Vicepresidente], fs. 716/719vta. y 720 [piezas ingresadas cf. auto cit.]; decreto 146/2011 [designación de Héctor Oscar Scavuzzo como Presidente del EAARS], fs. 3/4 del Anexo documental L [piezas ingresadas cf. acta de debate]), quien contó con la colaboración necesaria de otras personas, esto es, al menos, quien se encontraba a cargo de la Coordinación de Sueldos y Jornales y Personal Superior dependiente de la Presidencia del EAARS [Rodolfo Guillermo Elisetch], de la Gerencia General [Julio Rubén Borovik] y el Secretario de Presidencia [Oscar Edgardo Borceiro], asignando caudales públicos como pagos mensuales a supuestos contratados como Personal Superior, con contratos ficticios a través de datos y documentación de distintas personas que consiguió tanto personalmente como por intermedio de otros cómplices, y, de este modo, la sustracción tuvo lugar mediante la liquidación de sueldos en concepto de contratos a plazo fijo a nombre de distintas personas que en muchos casos ignoraban tal circunstancia y que nunca trabajaron para el Astillero Río Santiago (EAARS). Dicho esto, pasemos al objeto controvertido.
La acusación le imputa a Ombrosi que aportó, a los funcionarios de Astilleros implicados en la maniobra delictiva, los datos personales para la confección de los contratos a nombre de Eduardo Sánchez, Rubén Martínez, Guillermo Enrique Sanz, Rosario Nava Camblor, Patricia Glize, Lino Bidondo, Licia Pilar Rizzardi, María Florencia De Giovanni, Nicolasa Osmirobich y Juan Cruz Álvarez, siempre a los fines de ser utilizados para la sustracción de fondos públicos. En tal sentido, en su alegato de cierre, la Fiscalía sostuvo que Ombrosi proporcionó datos esenciales para la confección de los contratos que integraban la maniobra (cv, datos personales, etc.), de manera que, con esos datos, se pudieron formar legajos individuales de supuestos contratados y, de esta forma, justificar la liquidación de haberes que se hacía para cada uno de ellos, lo que, en rigor, posibilitaba la sustracción de dichos caudales públicos por parte del Presidente del Astillero (el destinatario del deber especial).
Coincido con el excelente alegato que hicieron –en conjunto– los fiscales Jorge Paolini y Victoria Huergo, quienes analizaron la prueba en forma racional, argumentando las razones que corroboraban su hipótesis y a la par refutaban las explicaciones que dio Ombrosi a lo largo del proceso; razón por la cual, voy a seguir sustancialmente la misma línea de razonamiento.
En la declaración que hizo en el debate Ombrosi reconoció:
1. su vínculo cercano con el ex Ministro de Producción Cristian Bretenstein;
2. su papel trascendente en el Ministerio de Producción, frecuentando reuniones de gabinete y en ocasiones con quien en ese momento fuera el Gobernador de la provincia;
3. su relación con Scavuzzo y Borceiro, presidente y secretario de presidencia –por ese entonces– del Astillero Río Santiago;
4. su titularidad y uso de la cuenta de e-mail 5) su firma al pie en la nota n° 417/2012 con la leyenda “Recibido 29/10/2012” (fs. 3, anexo documental XXIX [ingresado por acuerdo de partes]).
Ahora bien, en su descargo efectuado en juicio, Ombrosi reconoce que él, por una u otra razón, tenía documentación personal de cinco (5) de esas personas –a quienes, además, conoce personalmente– y que forman parte del universo de legajos que le atribuyen haberse formado gracias a su aporte (total: 10). Pasado en limpio: de los diez (10) legajos armados con el aporte que le imputan al acusado, este último dijo que él efectivamente tuvo en su poder por lo menos los curriculum vitae de: 1) Licia Pilar Rizzardi; 2) Florencia De Giovanni; 3) Juan Cruz Álvarez; 4) Nicolasa Osmirobich; y, 5) Lino Eduardo Bidondo.
Empecemos analizando los primeros dos casos.
Ombrosi reconoció en este proceso que él hizo el aporte objetivo, al enviar documentación personal –entre ella, los cv– de Licia Pilar Rizzardi y Florencia De Giovanni al Astillero Río Santiago, aunque niega obviamente el conocimiento cabal de la maniobra delictiva que se estaba ejecutando en ese tiempo, es decir que, según su versión, no sabía que con esa documentación se armaban legajos ficticios para imputarles pagos y sustraer así los caudales públicos.
Vamos a revisar qué fue lo que sucedió.
Carolina Andrea Arana, para esa época, desempeñaba funciones en el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. En una oportunidad, por fuera de sus tareas propias de su función, hizo un trabajo como diseñadora gráfica para el Ministerio que Ombrosi no le podía facturar –y, por tanto, pagarle–, dado que ella no estaba inscripta en AFIP, de modo que le pidió datos “para poder facturar a nombre de otra persona”, aunque también –recordó– existía la posibilidad de que ingresen otros diseñadores al staff del Ministerio de Producción. Concretamente, ella lo que hizo fue pedirles los datos personales –entre ellos sus curriculum vitae– a dos amigas Licia Rizzardi y Florencia De Giovanni, por “la posibilidad de que entren a trabajar al Ministerio y para cobrar su trabajo de diseño”, se los pidió por e-mail y se los pasó a Andrés Ombrosi, conforme explicó en el debate.
A su turno, Florencia De Giovanni contó en el debate que su amiga Carolina Arana le pidió el CV para entrar a trabajar en el Ministerio de Producción (“para ingresar a la parte de diseño”, completó), sin poder recordar si le pidió fotocopia del DNI; además, sabía que Arana le había pedido también a otra amiga llamada Licia Rizzardi.
Sucede que, luego de ese episodio, Licia Rizzardi y Florencia De Giovanni aparecen anotadas como empleadas del Astillero Río Santiago. Dicha situación salió a la luz, a raíz de que Rizzardi se enteró de unos aportes con motivo de un trámite trabado referido a una obra social: “Que la dicente es como dijera diseñadora en comunicación visual (…). Que cree en el año 2012 o 2013, la dicente tuvo que hacer la elección de la obra social por sus trabajos en lo privado. Que cuando fue a hacer este trámite se enteró que tenía hechos unos aportes por el Astillero Río Santiago. Que la dicente nunca trabajó en el Astillero, ni hizo trabajos para este organismo. Que como en su momento la dicente le había entregado a una amiga suya llamada Carolina Arana su curriculum o un presupuesto no recuerda bien, que ella necesitaba para presentar creen en una contratación, y como la misma trabajaba en el Ministerio de la Producción y la dicente sabía que el Astillero depende de ese Ministerio, pensó que su amiga podía saber qué estaba pasando. Que entonces le preguntó si sabía algo del tema. Que Carolina le dijo que le iba a preguntar a sus jefes o director no sabe bien, si podía ser que existiera esa relación laboral (…)” (fs. 415vta./416 [ingresada por acuerdo de partes]).
Cuestión que a Licia Rizzardi se le formó un legajo con dos “contratos” sin firmar a plazo fijo, donde figura como contratada –por una remuneración mensual bruta de $27.567,73– por el Astillero Río Santiago (desde el 01/07/2012 al 31/12/2012 y desde el 01/08/2012 al 31/12/2012), la ficha escalafonaria, copia del DNI, currículum y tres recibos de sueldo con la firma al pie de recibido el dinero de conformidad (08-12, 09-12 y 10-12 SAC PROP. BAJA), entre otra documentación (cfr. anexo documental XXIX [ingresado por acuerdo de partes]). Sin embargo, conforme declaró tras su exhibición, ella “nunca había visto esos recibos, que no es su firma la que está estampada en los mismos. Que jamás recibió esa suma de dinero, porque como dijera no realizó ningún trabajo para el Astillero Río Santiago” (fs. 416vta.).
Lo mismo le pasó a Florencia De Giovanni, con una situación muy similar, al formársele un legajo con dos “contratos” sin firmar a plazo fijo, donde figura como contratada –por una remuneración mensual bruta de $27.269,70– por el Astillero Río Santiago (desde el 01/07/2012 al 31/12/2012 y desde el 01/08/2012 al 31/12/2012), la ficha escalafonaria, currículum y cinco recibos de sueldo con la firma al pie de recibido el dinero de conformidad (08-12, SAC 2-12, 09-12, 10-12 y 11-12), entre otra documentación (cfr. anexo documental XXXVIII [ingresado por acuerdo de partes]). Sin embargo, tras serle exhibida la documentación pertinente, aclaró en el debate que no sabe cómo llego su currículum al Astillero –a la par que reconoció el que obra en el legajo como el que le dio a su amiga Arana–, que no es su firma la que figura en los recibos y que jamás recibió ese dinero, ya que nunca trabajó en el EAARS ni sabe dónde queda.
Frente a esta situación, Ombrosi explicó en su primera declaración del art. 317 CPPBA lo siguiente: “Que entre sus funciones coordinaba la redacción del Plan Estratégico Productivo de la Provincia de Buenos Aires. Que en el marco de ese plan le encargaron a Carolina Arana que hiciera unos trabajos de diseño por fuera de su labor en el Ministerio. Que para poder costear ese trabajo pidió colaboración con otras entidades que participan del PEPBA. Que uno de los que dijo que podía colaborar fue el Astillero, a través de su presidente Héctor Scavuzzo. Que a efectos de hacer el pago de estas tareas le solicitaron la documentación habitual para cualquier concurso de precios, esto es, tres ofertas y los respectivos antecedentes de los profesionales.
Que si esto se hubiera hecho en el Ministerio, esto es, si hubiera tenido posibilidades presupuestarias, con la documentación que contaba se podría haber realizado el expediente para el pago. Que no era mucho el monto que se debía[] pagar” e inmediatamente agrega “Que entonces le pidió a Carolina Arana le consiguiera tres presupuestos de profesionales y sus currículum para pasar a la gente del Astillero para que pudieran hacer el pago, que es algo habitual y ordinario que para hacer el pago se pida esta documentación (…). Que toda la documentación que le entregó Arana la entregó a funcionarios de Astillero, no recuerda si a Scavuzzo o a Borcerio que era el Secretario del Astillero. Que como pasó el tiempo y no pagaron ese trabajo, le pidió a la gente de FOGABA que efectuaran ese pago y lo hicieron”, luego de ello, se refirió al problema que tuvo Rizzardi: “Que respecto del problema de una de las diseñadoras por la que le mandara un mail Arana, ocurrió como lo cuenta la propia Arana en su declaración.
Que acompaña en este acto correspondencia epistolar que respalda lo dicho. Que cuando el dicente tomó conocimiento de que esta persona tenía problemas con la obra social porque figuraba con aportes del Astillero, el dicente inmediatamente llamó a Héctor Scavuzzo al que le explicó la situación, manifestándole que iba a averiguar qué había pasado y que le iba a enviar una nota para poder resolver la situación. Que con eso para el dicente había quedado resuelto el problema. Que como la nota que luego entregara a Arana se la mandaron enseguida, cree al día siguiente, el dicente entendió que se trataba de un error” y, seguidamente, el fiscal le exhibió la fotocopia autenticada de una nota –fechada el 29 de octubre de 2012 y obrante a fojas 4 del anexo documental XXIX– y le preguntó si era ésa precisamente la nota a la que se estaba refiriendo, ante lo cual contestó algo sobre lo cual volveremos: “que no sabe si se trata de esta nota porque en realidad no la vio, se la hizo llegar a Arana en el mismo sobre que se la mandaron.
Que tal como surge del intercambio de mails que acompaña, Carolina el 31 de octubre le contestó que la nota le había servido a la amiga…”. (fs. 1555vta./1557 [ingresada cf. auto art. 338 CPPBA]).
Ombrosi adjuntó los mails a los cuales se refiere en su declaración y han ingresado por su lectura al debate (cf. auto cit.). De base, se observa que Ombrosi está sugiriendo a una persona que facture sus servicios a nombre de otra, un comportamiento que podría constituir una instigación al delito de evasión tributaria sino fuera porque el caso no puede superar la condición objetiva de punibilidad, de todas formas, cuando menos, está instigando a realizar un comportamiento antijurídico y contrario a las leyes tributarias.
A continuación, el contenido de los mails, aclarando que sólo se transcribe la parte que interesa (cf. fs. 1566 [ingresada por su lectura, cf. auto cit.]): OMBROSI: Necesitaría que me traigas dos facturas (una tuya y otra de tu amiga) por el total (dividido entre las dos).- El concepto tiene que ser: “Diseño y asesoramiento comunicacional gráfico para FOGABA SAPEM”.
ARANA: Hola Andres, sabes que no tengo factura y mi amiga tampoco, por eso le había preguntado a Flor si era necesario facturar, nose que decirte, que hago? consigo dos cv + que puedan facturar?
OMBROSI: Uh! Perdon que no fui claro! Podras? Acordate q tienen que ser profesionales.
ARANA: Hola Andres, como estás? Ahí estoy viendo de conseguir… A partir de esto, se podrá entender lo que decíamos, pero también que no iba a existir ningún concurso de precios, de lo contrario no se entiende por qué Ombrosi le pide que traiga dos facturas –una de ella y otra de su amiga– por el total pero dividido entre las dos, es decir, que el servicio iba a aparecer facturado en mitades a dos personas diferentes (una de las cuales ni participó). Igualmente, lo del concurso de precios que dijo Ombrosi y que ratificó en el debate, es algo inentendible mirado desde un esquema racional, ya que Ombrosi como funcionario público está admitiendo que le pedía datos personales de colegas para armar un concurso –en rigor– ficto ya que el trabajo de Carolina Arana había sido ya efectuado con anterioridad a la apertura de este supuesto concurso, lo que surge a poco de cotejar el contenido del mail enviado por Arana, a Ombrosi y otros, con fecha 21/08/2012 (“…les parece mañana miércoles vernos a las 8.30 en la casita así les hago entrega del trabajo impreso, con todo diseñado!”, fs. 1564 [ingresada por lectura]), con la pregunta que encabeza el otro mail de Arana del 10/09/2012 (“…quiero saber que pasaría sino consigo?”, fs. 1567 [ingresada por lectura]) y el intercambio posterior ya transcripto (fs. 1566), es decir que, el propio Ombrosi, estaría admitiendo que pretendía fraguar un procedimiento de contratación pública al intentar simular un “concurso privado” respecto de un trabajo ya realizado –y que él sabía ya realizado– por una persona determinada; dicho tajantemente: ¿alguien imagina otro ganador/a que no sea Arana?
En rigor, el contenido de los mails corrobora lo declarado por Arana en el debate, en relación a que los datos se los pide a sus amigas para poder facturar a su nombre, más allá de la posibilidad latente de que, algún día, ingresen al Ministerio; aunque también, no hay que soslayar cuando Rizzardi declara no saber si le pidieron “su curriculum o un presupuesto”, lo que podría abonar la tesis sobre el concurso de precios privado. Sea como fuere, una y otra explicación constituyen comportamientos ilegales que muestran un manejo de Ombrosi contrario al que los testigos de descargo quisieron mostrar, pues sugerir a una persona que facture un servicio propio a nombre de otro, o bien, pretender armar un concurso de precios ficticio ya que el trabajo estaba hecho de antemano por alguien que debía indefectiblemente cobrarlo, no concuerda con la idea instalada por algunos testigos de descargo (v.gr.: Chialva Boschi, Geneyro, Pandolezzi Burgos, Carrete, Budassi y Vigier) de que Ombrosi era un funcionario excelente e intachable, a menos que la vara esté más baja que lo exigido por las leyes vigentes.
De todos modos, a los efectos de la imputación que aquí discutimos, lo que importa es lo que sigue con relación a la nota que Ombrosi se encargó de gestionar personalmente, lo que él siempre admitió en sus declaraciones. En el debate, al momento de su declaración, tras serle exhibida la nota –aunque, esta vez, la copia de fs. 3 del anexo documental XXIX–, Ombrosi reconoció que la firma inserta al pie de la misma –que no figuraba en la otra copia, la de fs. 4 que le mostraron en la IPP– y que está acompañada con la leyenda “Recibido 29/10/2012” le pertenece, es decir, es Ombrosi quien recibe la nota y la firma al pie antes de entregársela a Carolina Arana. Esto que, a primera vista, pareciera una nimiedad, como quiso mostrar Ombrosi al decir que es un “visado” propio de “un acto institucional”, adquiere especial relevancia a poco que leamos el contenido de la nota dirigida, desde el Astillero y firmada por uno de los implicados Rodolfo Elisecht, a Licia Pilar Rizzardi y cuyo objeto –como bien apuntó la Dra. Huergo insistentemente– se encuentra definido en dos (2) renglones: “…comunicarle que a partir del 30/09/2012, la empresa da por finalizada la relación laboral que la vinculaba” (el destacado en negrita me pertenece obviamente). Por ello, coincido con el Dr. Paolini cuando enfáticamente señaló la importancia del contenido de la nota, por cuanto allí se admite que existía esa relación laboral al darla por “finalizada” unilateralmente, en lugar de constar que por error la señora Licia Pilar Rizzardi fue anotada como contratada o empleada del Astillero y ofrecer las disculpas del caso. Naturalmente, al recibir una nota de ese carácter (lo que se prueba con su firma al pie) y actuando como funcionario, al tratarse de “un acto institucional”, Ombrosi tenía el deber de denunciar a las autoridades del Astillero Río Santiago (art. 287 inc. 1°, CPPBA), salvo que él estuviere implicado y fuere partícipe de la maniobra delictiva: nemo tenetur se ipsum accusare (art. 18, CN).
Sucede que Ombrosi aduce que jamás se enteró de todo esto, pese a haber tenido en su poder y firmar al pie una nota de dos renglones donde el Astillero Río Santiago realizaba una admisión –a través de Elisetch– que dejaba a sus autoridades automáticamente implicadas o, por lo menos, bajo serias sospechas de estar participando en una maniobra fraudulenta.
Aquella situación que lógicamente le llamó la atención a la damnificada (v. declaración de Rizzardi, fs. 416: “Que pasados unos días Carolina le entregó una nota que decía que no tenía más vinculación laboral con el Astillero. Que la dicente nunca entendió por [] qué había un aporte si no trabajaba allí, que supone su amiga tampoco sabía de [e]sto”), supuestamente pasó desapercibida por Ombrosi, según fue su descargo en la IPP como en el debate, afirmando que jamás le prestó atención. Sin embargo, la versión de Ombrosi, consistente en que no leyó la nota y, por ende, jamás tomó conocimiento de su contenido, es una excusa infantil y que no resulta objetivamente creíble por varias razones.
En primer lugar, es falso que a Ombrosi le llega este problema y su solución de un día para el otro, como quiso convencernos en el debate, toda vez que de los mails por él aportados e incorporados surge que toma conocimiento de la situación el día 24/10/2012 cuando recibe el primer mail de Arana (fs. 1569: “…y consultarles algo sobre los datos de una diseñadora que les pase, si fueron usados porque a ella le figura que Astilleros le aporto (?) yo creo que no pero les quería consultar…”), el cual responde el mismo día manifestando sorpresa, invitándola a que pase a la mañana siguiente por su oficina y ofreciendo una posible explicación “Astilleros era el que te iba a pagar, hasta que no conseguimos factura. Tal vez la inscribió como proveedora, ni idea” (fs. 1569), lo cual aparece como llamativamente absurdo que un funcionario diga algo así como avalándolo, porque si Astillero le iba a pagar a Arana cuál sería el motivo para que inscriba como proveedora a Rizzardi y, en su caso, proveedora de qué si no tenía relación alguna con el Ente. Luego, ella le vuelve a responder y le dice que mañana pasará por su oficina a las 8.30 y que el nombre de la profesional es Licia Rizzardi (fs. 1569).
Lo cierto es que existió un segundo mail de Arana a Ombrosi en relación a la problemática de Licia Rizzardi, enviado el 26/10/2012 (dos días después del primero y al día siguiente en que se habrían visto personalmente) y en donde Arana le copia el mail que recibe de Licia (textual): “Andrés… Te escribo por este tema: para el pago de pepba te envie dos cv y dos dni uno de ellos, es de una amiga, Licia. Ahora necesita hacer un tramite en la obra social Osplad y la aprace esto: [aquí copia el mail que Rizzardi le habría enviado a ella] ‘en Anses aparece como aportante de este CUIT 30-67715112-5 Ente administrador del Astillero Río Santiago >> no tengo relación con esa institución, nunca trabajé ahí. Desconozco porque están haciendo el aporte.- Lo que necesito es que alguien de Río Santiago o este Ente administrador del Astillero Río Santiago me mande una nota a mi nombre expresando que no tengo relación con la empresa, que fue un error (o lo que corresponda) y que dejarán de hacer el aporte a la fecha’ (…)” (fs. 1570). Correo electrónico que Ombrosi inmediatamente le responde diciendo que iba a pasar eso a Astilleros y que el lunes sin falta le contaba (aclaración: no hay que prestarle atención a la hora del mensaje, se trata de un error del sistema o que en un caso y otro se toma un horario diferente porque es la respuesta de un mail a otro y no un correo originario, lo cual se corrobora por el sentido de lo mails, en especial cuando él le responde –con la primera frase– que “Cristian no lo pudo ver” a la pregunta primigenia de ella acerca de cómo le fue con “la presentación del signo proyectar”); recibiendo una última respuesta de Arana agradeciéndole (por todo, fs. 1570). La situación, entonces, no fue algo fugaz como quiere imponer Ombrosi. Arana le escribe un primer correo electrónico que él contesta el mismo día, al día siguiente y por requerimiento del propio Ombrosi, se habrían visto por este mismo tema en su oficina, para finalmente al otro día recibir otro mail de Arana con todos los datos de su amiga Rizzardi, el cual también contestó ese mismo día y recibió una última respuesta de Arana.
Con esa situación extraña en sus manos, suponiendo que él no estuviera implicado como dice, habría que creer que, cuando Ombrosi recibe la nota por parte de las autoridades del Astillero, no lee su contenido a la par que le estampa su firma al pie de la misma y le anota la fecha con la leyenda “Recibido”. Como bien apuntó la fiscalía en su alegato de cierre, la nota tiene dos (2) renglones –en rigor, su objeto se resume a un renglón y medio (1 ½)–, con lo cual, la explicación que consiste en no haber advertido su contenido, resulta “un argumento ingenuo, insostenible, pues todo su contenido [de la nota] se advierte con un [único] golpe de vista”. Incluso, no hay que soslayar que Ombrosi tuvo la nota en sus manos en dos oportunidades, cuando la recibe de Astilleros y cuando se la entrega a Arana, tan es así que, insisto, en el medio hasta la firmó al pie.
En su primera declaración prestada a tenor del art. 317 CPPBA, cuando le exhibieron una copia de la nota y le preguntaron si era ésa a la cual se refería, dijo textualmente: “que no sabe si se trata de esta nota porque en realidad no la vio, se la hizo llegar a Arana en el mismo sobre que se la mandaron” (fs. 1557). Como se anticipó, acá tenemos uno de los puntos cruciales de la cuestión porque Ombrosi, como le mostraron una copia que no tenía su firma, quiso explicar que él no la vio porque la pasó con el mismo sobre con el que se la mandaron; sin embargo, cuando luego advirtió que también habían logrado secuestrar la otra copia de la nota que estaba firmada por él al pie con la leyenda “recibido” y una fecha, aquella excusa del sobre ya no la servía, porque obviamente para firmarla hay que sacarla del sobre y abrirla. Por ello, ahora, la excusa luce irracional, en tanto alguien firma una nota de uno (1) o dos (2) renglones y dice no conocer su contenido, cuando el contenido mismo le interesaba a él personalmente, ya que Ombrosi, como funcionario público y con los conocimientos especiales del rol según las expectativas generalizadas, sabía que lo que Arana le estaba diciendo, en cuanto a que su amiga había sido anotada como contratada por una entidad administrativa del derecho público provincial, sin que laborase o prestase allí servicios, es una situación por lo menos irregular, sino parte de una maniobra delictiva más grave; por ello, el significado social de esta conducta es, dicho en palabras de la fiscalía, “una maniobra de ocultamiento” atribuible a Ombrosi.
Naturalmente, Ombrosi probablemente quedó algo preocupado y, para quedarse tranquilo, necesitaba saber si el tenor de la nota firmada por Elisetch había podido solucionar el inconveniente que se le suscitara a Rizzardi –recordemos que la nota dice que el Astillero daba por finalizada la relación laboral y no que se trataba de un error o algo por el estilo–, lo que explicaría el mail que le envía Arana manifestándole únicamente que la nota le había servido a su amiga (fs. 1571 [pieza ingresada según auto cit]), correo electrónico que Ombrosi tiene muy presente porque lo recordó cuando declaró en la investigación: “Que tal como surge del intercambio de mails que acompaña, Carolina [Arana] el 31 de octubre le contestó que la nota le había servido a la amiga” (fs. 1557), debiendo notarse que Ombrosi utiliza el verbo “contestar” y no se trataba de un e-mail como respuesta de otro (véase el formato y que el asunto no comienza con la abreviatura “Re” de respuesta), lo que permite inferir que aquél le pidió que le confirme si la nota había surtido efecto y ello explica que Ombrosi tenía un conocimiento completo de la situación, al querer cerciorarse que el problema se había podido controlar a tiempo.
Los aportes de Ombrosi no culminan allí. Juan Cruz Álvarez, cuñado y amigo de Ombrosi, también aparece contratado por el Astillero Río Santiago. En efecto, al nombrado Álvarez se le formó un legajo con dos “contratos” sin firmar a plazo fijo, donde figura como contratado –por una remuneración mensual bruta de $22.169,45– por el Astillero Río Santiago (desde el 01/05/2012 al 31/07/2012 y desde el 01/08/2012 al 31/10/2012), la ficha escalafonaria, copia del DNI, currículum y cinco recibos de sueldo con la firma al pie de recibido el dinero de conformidad (05-12, 06-12, Es, 07-12 y 08-12), entre otra documentación (cfr. anexo documental LXX [ingresado por acuerdo de partes]). Sin embargo, conforme declaró tras su exhibición, él “nunca había visto este legajo, que la copia del documento es suya al igual que el curriculum, que los contratos jamás los vi[o]. Que en esa época mayo de 2012 estaba trabajando en una firma privada llamada Alea & Compañía. Que trabajó en esta empresa hasta julio o agosto de 2012” (fs. 2396 [ingresada por acuerdo de partes]), tras lo cual, agregó frente a una nueva pregunta: “que no había visto antes estos recibos y ninguna es su firma, que su firma es muy sencilla es la que utiliza hace varios años y la tiene registrada en el Banco Provincia desde el año 2004” (fs. 2397, ibíd.).
Ahora bien, más allá del interés que presenta Álvarez al ser amigo y cuñado del acusado (además de su padrino de confirmación y testigo de su casamiento, cf. declara el propio Ombrosi a fs. 2133 [ingresada, según auto 338 CPPBA]), resulta decisivo el hecho que confirmara que la única persona que tenía copias de su DNI y su currículum era Andrés Ombrosi, “que se lo entregó cuando estaban empezando a armar lo del PEPBA” (fs. 2396, ibíd.), aclarando que jamás alguien le hizo referencia sobre “algún contrato o tarea para el Astillero Río Santiago”, pues “siempre fue el tema del PEPBA con gente de la zona para desarrollar el tema regional” y “Andrés estaba buscando profesionales en las regiones y en ese marco le mandó su currículum” (fs. 2396/vta.).
Lo cierto es que Ombrosi reconoció, en su declaración del art. 317 CPPBA y en la del debate, que Juan Cruz Álvarez le mandó a él su currículum vitae (v. fs. 2132 y el cuadro probatorio de la prueba producida oralmente), aclarando que le consta que Álvarez no trabajó para el Astillero Río Santiago, tal como declarara su amigo.
Pasado en limpio:
Álvarez contó que le envío documentación personal a Ombrosi: copia de su DNI y CV.
Ombrosi reconoce que Álvarez le entregó dicha documentación personal.
Allanado el Astillero Río Santiago se secuestran varios legajos, entre ellos el de Álvarez.
Álvarez nunca trabajó para el Astillero, pese a que existe un legajo suyo con contratos ficticios, y recibos de pago a su nombre con firmas falsas.
En el legajo de Álvarez estaba la copia de su DNI y CV.
Exhibidas esas copias, Álvarez confirmó que era la documentación personal que le entregó oportunamente a Ombrosi y que él era la única persona que la tenía.
Pero, entonces, si Ombrosi es ajeno a todo eso como sostiene, surge la siguiente pregunta: ¿cómo llegó esa documentación personal de Álvarez al Astillero? La respuesta de Ombrosi fue la siguiente: “que no sabe por qué, pero en el Ministerio de Producción estos currículum estaban circulando por lo que estaban en poder de distintas personas” y explica que con el cambio de gestión y la asunción de Breitenstein –dado que el ex Ministro no asumió como diputado sino como titular de otro Ministerio y se llevaría allí su gente– “había que cubrir” “más de cincuenta cargos políticos” (fs. 2132vta. y s.). Posteriormente, en el debate, amplía contando que se reunían y “entre todos veían los CV de los que iban a integrar esos equipos”.
Sin embargo, Ombrosi reconoció que él participaba de las reuniones de Gabinete y que era “una persona de confianza del Ministro”, de allí que parece absurdo que cualquier funcionario involucrado en la maniobra utilizase los datos personales de un amigo íntimo de Ombrosi, sabiendo que podía perjudicarlo a él y hasta a su jefe el Ministro de Producción, sin mayor sentido que arriesgarse a desbaratar toda la maniobra delictiva al entrometerse con personas que tenían el poder necesario para desvincularlos inmediatamente de sus cargos –sin dudas el Ministro y Ombrosi a través de él–, solamente para generar un contrato adicional dentro de un universo mucho más abarcador de contratos que estaban ya generados, que se renovaban dinámicamente y que habilitaban la imputación de pagos cuyos montos permitían sustraer importantes cantidades de dinero; lisa y llanamente: el monto sustraído es muy alto, pero un contrato más o un contrato menos no hacía la diferencia.
Una cosa más en relación al caso de Juan Cruz Álvarez. Existe una certificación de servicios firmada por Elisetch el 02/10/2012, extendida “[a] solicitud del interesado y al sólo efecto de ser presentado ante quien corresponda”, dando cuenta de su desempeño en relación de dependencia bajo la modalidad de contrato a plazo fijo en la carrera de Personal Superior y certificando “que los aportes personales y contribuciones patronales, se efectuaron ante el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”, bajo el número de documento del mencionado agente” (v. fs. 4 del anexo documental LXX cit.). Es evidente, como alega la fiscalía, que este certificado lo gestionó el propio Ombrosi, ya por el hecho que Álvarez no tenía llegada al Astillero, “de lo contrario la firma habida en los recibos hubiera sido la verdadera”; en otros términos: si Álvarez no tenía contacto con el Astillero y el certificado es sobre la situación personal de Álvarez, no queda otra opción que afirmar que fue su amigo y cuñado, Andrés Ombrosi, quien gestionó esa certificación.
Nuevamente, nos encontramos con evidencia suficiente para determinar que Ombrosi tenía conocimiento de lo que se hacía en Astilleros con esos contratos fictos.
Hay más. El caso de Nicolasa Osmirobich, amiga de su familia y en el cual Ombrosi reconoció que envío su currículum a la oficina que el Astillero Río Santiago tenía en CABA, como también que lo habló con Scavuzzo y con Rial (en la IPP, fs. 2133vta. [ingresada]; en el debate, v. supra cuadro probatorio). En ese contexto, explicó que siempre estuvo interesado en conseguirle trabajo a la nombrada porque sabía de sus necesidades, sus capacidades y la situación incómoda que vivía en su trabajo, lo cierto es que finalmente “Nicolasa se fue a vivir a Santiago del Estero” (Ombrosi lo cuenta a fs. 2133vta.), lo que demuestra que ella jamás pudo haber trabajado en el Astillero Río Santiago ubicado en Ensenada y con alguna oficina en los alrededores, teniendo presente que para la época el “trabajo a distancia” era impensado e impracticable, sin perjuicio que María Julia Martínez recordó en el debate que “habló con ella, estaba en Santiago del Estero y le dijo que nunca trabajó para el Astillero”.
No obstante, Nicolasa Osmirobich aparece contratada por el Astillero Río Santiago, formándosele un legajo a su nombre con dos “contratos” sin firmar a plazo fijo, donde figura como contratada –por una remuneración mensual bruta de $27.418,71– por el Astillero Río Santiago (desde el 01/07/2012 al 31/12/2012 y desde el 01/08/2012 al 31/12/2012), la ficha escalafonaria, currículum y cinco recibos de sueldo con la firma al pie de recibido el dinero de conformidad (08-12, SAC 2, 09-12, 10-12 y 11-12), entre otra documentación (cfr. anexo documental XXI [ingresado por acuerdo de partes]).
Nuevamente, la explicación de Ombrosi consiste en que “no sabe por qué figura contratada en el Astillero” (fs. 2134, reiterada en el debate), aclarando seguidamente que “le dio el currículum de Nicolasa Osmirobich a Scavuzzo, al Ministro [Breitenstein], al presidente FOGABA, a los Subsecretarios del Ministerio de las áreas de Internacionales, Industria y PYMES porque tenían oficinas en Capital” (fs. 2134). A partir de eso que dijera en la IPP, en el debate insinuó y arriesgó que alguno pudo haber tomado el currículum de Nicolasa y armado el legajo. La versión de Ombrosi no repara en un dato esencial y es que Osmirobich aparece contratada por el Astillero Río Santiago y, de todas las personas que nombra, el vinculado directo al EAARS es su presidente Scavuzzo, pero aquí tropezamos con el mismo problema de que Scavuzzo estaría involucrando indirectamente a gente amiga de un funcionario del Ministerio de Producción, Director Provincial según su cargo (cf. res. 143, fs. 1585/1587 [ingresada cf. auto cit.]) o Jefe de Gabinete como figura en el libro que la defensa acompañó (v. tapa del lado interno [ingresado por acuerdo de partes]; cfr. además declaración del secretario del imputado a fs. 1836 [ingresada por acuerdo de partes]), poco importa, lo que interesa es que Ombrosi se declaró “persona de confianza del Ministro” y esto indica que es irracional pensar que Scavuzzo involucraría a gente de confianza de Ombrosi sin que éste lo supiera, de hecho Scavuzzo sabía que Nicolasa Osmirobich “era de su confianza y de su familia, al igual que Juan Cruz Álvarez” (cf. admite Ombrosi en el debate, v. supra cuadro probatorio).
Una última reflexión que involucra los casos de Álvarez y Osmirobich: si Scavuzzo hizo todo esto a espaldas de Ombrosi involucrándolo, no sólo a él sino a sus amistades íntimas, en una maniobra delictiva, cuando todo esto queda al descubierto y Scavuzzo encaminado en su juicio abreviado ¿por qué razón intentó convencer a Ombrosi para que haga lo mismo, si al fin de cuentas Scavuzzo sabría que lo único que hizo fue traerle problemas a un funcionario honesto e inocente? (este dato lo ingresa el propio Ombrosi en su declaración prestada oralmente). La respuesta es obvia: Ombrosi era parte de la maniobra delictiva porque sabía lo que hacía y qué se hacía con los datos que él aportaba.
El caso de Lino Eduardo Bidondo es, a mi modo de ver, inexplicable para la defensa. Bidondo aparece contratado por el Astillero Río Santiago, formándosele un legajo a su nombre con dos “contratos” sin firmar a plazo fijo, donde figura como contratado –por una remuneración mensual bruta de $27.567,73– por el Astillero Río Santiago (desde el 01/10/2012 al 31/12/2012), la ficha escalafonaria, copia del DNI, currículum y tres recibos de sueldo con la firma al pie de recibido el dinero de conformidad (10-12, 11-12 y SAC 2-12), entre otra documentación (cfr. anexo documental LII [ingresado por acuerdo de partes]). Este caso es central porque Ombrosi reconoció el haber recibido los datos de Bidondo y reenviado al Astillero Río Santiago. Primero lo hizo tímidamente: “Que en primer lugar lo referente a Eduardo Bidondo. Que esta persona que es de Bahía Blanca y que el dicente conocía hace muchos años porque trabajaba con el mismo en la Municipalidad de Bahía Blanca. Que esta persona le pidió que envíe sus datos para una designación en el ámbito del Ministerio de Producción. Que el dicente no recuerda con exactitud a d[ó]nde exactamente lo mandó, pero ahora se da cuenta de que era al Astillero Río Santiago. Que quiere aportar una nota periodística en la que Héctor Scavuzzo cuenta que Bidondo trabajaba efectivamente en el Astillero, la que se adjunta a la declaración en dos fojas. Que no sabe bien los motivos por los que Bidondo le pidió al dicente que mandara sus datos. Que el dicente estaba en La Plata, y Bidondo en Bahía y lo llamó por teléfono para pedirle esto. Que le hizo llegar el curriculum por mail a través de una colaboradora llamada Florencia Yatzky para que lo imprima. Que le pidió que imprimiera su currículum y lo llevara, no recuerda a d[ó]nde le pidió que lo llevara, pero como dijera asume que debía ser al Astillero. Que el dicente recibía muchos mails de curriculum pidiendo trabajo y para poder armar todo el equipo del Ministerio. Que por eso no recuerda con precisión el caso de Bidondo. Que Eduardo Bidondo fue designado luego asesor del Ministerio de la Producción hasta el final de la gestión, esto es, diciembre de 2015. Que Bidondo siempre trabajó para el equipo de trabajo en el que estaba el dicente. Que no sabe bien qué hizo Bidondo en relación al Astillero o qu[é] dejó de hacer. Que se enteró que estaba vinculado con el Astillero por esta causa”.
Resaltemos tres frases: 1) “Que el dicente no recuerda con exactitud a d[ó]nde exactamente lo mandó, pero ahora se da cuenta de que era al Astillero Río Santiago”; y 2) “Que le pidió que imprimiera su currículum y lo llevara, no recuerda a d[ó]nde le pidió que lo llevara, pero como dijera asume que debía ser al Astillero”; 3) “Que no sabe bien qué hizo Bidondo en relación al Astillero o qu[é] dejó de hacer. Que se enteró que estaba vinculado con el Astillero por esta causa”. Esto que declara Ombrosi en la IPP, donde pretende mostrarse como desentendido, en tanto podría haber enviado el CV de Bidondo a varios lugares, asumiendo que ahora se da cuenta que podría ser al Astillero, incluso recordando que le dijo a una tercera persona que lo imprimiera y lo llevara físicamente, se contrapone con el correo electrónico encontrado y que el propio Ombrosi en debate admite que le pertenece (“En el caso de Bidondo le imputa el delito porque hay un e-mail de una secretaria de Bidondo, que le envió el CV de él y él lo envía al EAARS para que sea contratado”, cf. declaración en juicio; cfr. las impresiones de los correos electrónicos, fs. 14 y 10/11 del anexo LII).
FLOR YATZKY: Hola Andrés… Te mando el currículum de Bidondo, me pidió que te lo enviara. Por favor avísame si te llegó bien. Gracias! … [adjuntó un archivo: “CV Eduardo.doc”].
OMBROSI: Hola Flor! Llego bien, falta el dni escaneado … FLOR YATZKY: Hola Andrés… Te adjunto los scaneos del DNI. Confirmame si te llegaron bien y si tenes algún inconveniente para abrirlos por el formato avísame y te los vuelvo a enviar en otro formato. Gracias! … [adjuntó dos archivos: “dni 1.pdf” y “dni 2.pdf”].
Luego, esa cadena de respuestas recientemente transcriptas, es lo que envía el usuario “Andres O. Ombrosi”, desde su casilla como “Oscar Borseiro”, cuyo “asunto” titula “DNI Bidondo” (cf. fs. 10/11 y 14, anexo LII).
Por esa razón, en el debate, ya admitió en forma contundente que él le había pasado esos datos de Bidondo al Astillero y, así, dirigió su defensa al hecho que Bidondo efectivamente habría trabajado en el Astillero apoyándose en una nota periodística que así lo confirmaría. Ombrosi se refiere a la nota extraída de la página web de un medio local de Bahía Blanca (http://www.frenteacano.com.ar) y que tiene escasísimo valor para respaldar lo que el acusado alega, esto es, que Bidondo habría trabajado efectivamente en el EAARS, porque la nota no está firmada, por un lado, y, por el otro, porque se base en lo que habría declarado en otro medio el propio Scavuzzo, es decir, el administrador de los fondos públicos del EAARS y quien lo presidía (v. fs. 1561/1562 [ingresada según auto cit.]); dicho en términos sencillos: si el contrato lo firmaba el presidente y Scavuzzo declarase que Bidondo no trabajó en Astilleros se estaría auto-incriminando de un delito.
Por el contrario, resulta decisivo el testimonio de Manuel María Mendoza, cuyo testimonio las partes decidieron incorporar por su lectura, quien declaró en el curso de la investigación que, cuando Bidondo fue al bloque, le preguntaron si trabajó efectivamente en el Astillero Río Santiago y “dijo que fue dos veces nada más y que no podía ir mucho porque le quedaba lejos. No nos dijo de qu[é] trabajaba, ni qu[é] hacía ni a qu[é] se dedicaba” (cfr. fs. 126/vta. [ingresada por acuerdo de partes]). Obviamente, Bidondo está imputado en el alcance formado por separado y eso explica por qué no prestó declaración testimonial.
Cuando Ombrosi aseguró en el debate que “el contrato de Bidondo no es apócrifo”, soslaya algo elemental y es que, tratándose de una contratación pública, los contratos debieron ser firmados para justificar la causa del pago asignado por recibo, al no existir otro acto administrativo que respaldara la contratación y el pago del sueldo.
Debemos tener presente que los legajos se armaban por períodos cortos, unos pocos meses, ya que debían ser reemplazados por otros para mantener el circuito que permitía la sustracción de los caudales públicos sin elevar demasiado las posibilidades de que se genere algún problema con alguna persona que desconocía que estaba empleada por un órgano del derecho público.
Volvamos a Rizzardi y recordemos que ella se entera que figura empleada en el Astillero a partir de un trámite que quiso hacer en una obra social. Es ahí cuando le escribe a Arana y ella a Ombrosi para preguntarle –porque a él le había pasado los datos de Rizzardi– qué estaba pasando que su amiga figuraba empleada del EAARS, cuestión que Ombrosi le termina gestionando una nota –la que dice que nunca leyó pero que la firmó al pie y puso “Recibido 29/10/2012” (fs. 3, anexo documental XXIX)– que, dirigida a Rizzardi y firmada por Elisetch, dice lo siguiente: “…a partir del 30/09/2012, la empresa da por finalizada la relación laboral que la vinculaba”.
De este modo, había un legajo menos. Un legajo menos que, en la lógica de la maniobra delictiva, tenía que ser reemplazado por otro legajo con un contrato ficticio que habilitara pagos y permita mantener el circuito de la sustracción. De hecho, en varios legajos había una lista a mano con personas que salían y otros que entraban (v. anexo documental XXIX [Rizzardi], fs. 20; anexo documental XXXVIII [De Giovanni], fs. 17; anexo documental LXX [Álvarez], fs. 25; anexo documental XXI [Osmirobich], fs. 16; anexo documental XLIV [Martínez], fs. 14; anexo documental [Sánchez], fs. 10; anexo documental XVI [Sanz], fs. 17; e/o.). La pregunta clave es: ¿con quién se reemplazó el legajo de Rizzardi cuyos datos aportara Ombrosi? La respuesta es con Bidondo, cuyos datos también aportara Ombrosi.
El legajo de Bidondo contiene una anotación de elevada trascendencia, pues allí surge con claridad que aquél reemplazaría a Licia Pilar Rizzardi “a partir del 01-10-12” (cf. fs. 17, anexo documental LII). Y esto, efectivamente sucedió así: el último cobro de Rizzardi es del mes de septiembre de 2012 (cf. recibo de fs. 24, anexo documental XXIX), ya que el recibo del 10-12 es por el proporcional del SAC debido a la baja, la licencia anual proporcional y un reintegro de gastos (literal: “S.A.C. PROP. BAJA”, “LIC. ANUAL PROP.” y “REINT. GASTOS”; con los descuentos y aportes respectivos); lo cual, coincide exactamente con la fecha de finalización de la relación laboral –el 30 de septiembre de 2012– informada por Elisetch en la tantas veces mencionada nota que firma Ombrosi al pie (fs. 3, anexo documental XXIX). Luego, en el legajo de Bidondo figuran tres recibos de sueldo a su nombre: el primero de ellos es por el sueldo de octubre de 2012, luego el de noviembre y finalmente el proporcional del segundo SAC (cf. fs. 19/21, anexo documental LII); los cuales, a su vez, coinciden con la fecha indicada en el “contrato” sin firmar (fs. 8/9, anexo documental LII).
Finalmente, tenemos otro grupo de legajos, cuyo envío de datos se le adjudica a Ombrosi, pero que, a diferencia de los casos anteriores, aquí Ombrosi niega conocer a esta gente, como también niega haber enviado la información con una explicación que luego expondremos.
Veamos.
Existe una serie de mails, cuyas impresiones obran en los legajos de Patricia Inés Glize (anexo documental XX, fs. 16 [ingresado por acuerdo de partes]), Rosario Nava Camblor (anexo documental XIX, fs. 14 [ingresado por acuerdo de partes]), Eduardo D. Sánchez (anexo documental XXIV, fs. 11/13 [ingresado por acuerdo de partes]), Rubén Alejandro Martínez (anexo documental XLIV, fs. 11/12 [ingresado por acuerdo de partes]) y Guillermo Enrique Sanz (anexo documental, fs. 15/16 [ingresado por acuerdo de partes]) que dan cuenta de un traspaso de información entre Andrés Omar Ombrosi y Oscar Borcerio.
Utilicemos una de las copias más completa (fs. 11/13, anexo documental XLIV [textual salvo que se omitirán las mayúsculas]).
“Andres necesito que me envíes con urgencia los datos de:
Guillermo Enrique Sans: Documento, Domicilio y Fecha de Nacimiento.-
Eduardo D. Sanchez: Documento y Domicilio.-
Ruben Alejandro Martinez: Documento.-
Atentamente.
Oscar Borcerio”
“Hola Oscar, necesito hablar con vos. A que tel te puedo llamar?”
“untitled –[1-2].html”, “Rosario Nava Camblor.pdf” y “CV Patricia ines Glize.doc”]:
“Estimado Oscar:
Te paso los datos completos de Guillermo Sans:
Documento: 13.356.560 Domicilio: Lugones 511, Quilmes Fecha de Nacimiento: 27-06-57 Con los otros dos no pude comunicarme, así que te adjunto dos nuevos CV.
El DNI de Rosario Nava Camblor es 27.331.460.
El resto de los datos están en los archivos que adjunto Aguardo la confirmación de la correcta recepción del correo.
Un abrazo Andrés”.
Vayamos con las situaciones de cada uno.
Rubén Alejandro Martínez aparece contratado por el Astillero Río Santiago, formándosele un legajo a su nombre con un “contrato” sin firmar a plazo fijo, donde figura como contratado –por una remuneración mensual bruta de $27.418,71– por el Astillero Río Santiago (desde el 01/07/2012 al 30/09/2012), la ficha escalafonaria y tres recibos de sueldo con la firma al pie de recibido el dinero de conformidad (08-12, 09-12 y SAC PROP. BAJA/otros), entre otra documentación (cfr. anexo documental XLIV). Sin embargo, tenemos acreditado que el nombrado jamás trabajó en el Astillero debido a que, el número de DNI que figura en sus recibos de sueldo, corresponde a una mujer llamada Beatriz Justa Torres (v. informe de fs. 475/477vta. [ingresado por acuerdo de partes]), lo cual explica la razón por la que no se halla la copia del DNI en el legajo.
Análoga situación a la anterior es la de Eduardo D. Sánchez, quien aparece contratado por el Astillero Río Santiago, formándosele un legajo a su nombre con un “contrato” sin firmar a plazo fijo, donde figura como contratado –por una remuneración mensual bruta de $27.269,70– por el Astillero Río Santiago (desde el 01/07/2012 al 30/09/2012), la ficha escalafonaria y tres recibos de sueldo con la firma al pie de recibido el dinero de conformidad (08-12, 09-12 y SAC PROP. BAJA/otros), entre otra documentación (cfr. anexo documental XXIV). Sin embargo, tenemos acreditado que el nombrado jamás trabajó en el Astillero debido a que, el número de DNI que figura en sus recibos de sueldo, corresponde a otra persona llamada Carlos Silvestre Ramírez (v. informe de fs. 475/477vta. cit.), lo cual explica la razón por la que no se halla la copia del DNI en el legajo.
Guillermo Enrique Sanz aparece contratado por el Astillero Río Santiago, formándosele un legajo a su nombre con un “contrato” sin firmar a plazo fijo, donde figura como contratado –por una remuneración mensual bruta de $27.418,71– por el Astillero Río Santiago (desde el 01/07/2012 al 31/12/2012), la ficha escalafonaria, copia de su CV y cinco recibos de sueldo con la firma al pie de recibido el dinero de conformidad (08-12, 09-12, 10-12, 11-12 y SAC/2-12), entre otra documentación (cfr. anexo documental XVI). Sin embargo, tenemos acreditado que el nombrado jamás trabajó en el Astillero debido a que, Guillermo Enrique Sans (con “s” como él aclara) en su declaración prestada en el curso de la IPP (cf. fs. 1839/1842vta. [ingresada por acuerdo de partes]), dijo expresamente que “nunca tuvo vínculo con el Astillero Río Santiago, ni ha sido proveedor del mismo.
Que trabajó para muchas empresas proveedoras de equipamiento industrial pero el Astillero nunca fue cliente del dicente” (fs. 1840vta.), siendo que, tras serle exhibido el CV obrante en el legajo formado en su nombre, manifestó “que s[í], que es su currículum. Que el dicente ha mandado su currículum a muchísimos lugares, pero s[í] recuerda con precisión que nunca mandó un currículum al Astillero Río Santiago” (fs. 1840vta./1841), luego al mostrarle los recibos le preguntaron si era su firma la firma al pie estampada dijo: “que no es su firma. Que además su apellido está mal escrito [porque] se escribe con s al final y no con z. Que incluso la firma que han hecho aparece su apellido con z” (fs. 1841vta.), y finalmente, reconoció que los datos obrantes en el legajo citado “son su documento, domicilio y fecha de nacimiento” (fs. 1842); por lo demás, como bien apuntó oportunamente el Ministerio Público Fiscal, el legajo a nombre de Sanz “posee un escrito de puño y letra ‘falta documento y domicilio, fecha de nacimiento’.
Tanto en los contratos como en los recibos se consigna el documento y domicilio que informaran por mail” (fs. 477), es Patricia Inés Glize aparece contratada por el Astillero Río Santiago, formándosele un legajo a su nombre con un “contrato” sin firmar a plazo fijo, donde figura como contratada –por una remuneración mensual bruta de $27.418,71– por el Astillero Río Santiago (desde el 01/07/2012 al 31/12/2012), la ficha escalafonaria, copia de su CV (téngase presente que, en el cruce de mails analizado anteriormente, se adjuntó el archivo que contenía su CV) y cinco recibos de sueldo con la firma al pie de recibido el dinero de conformidad (08-12, 09-12, 10-12, 11-12 y SAC/2-12), entre otra documentación (cfr. anexo documental XX).
Sin embargo, tenemos acreditado que la nombrada jamás trabajó en el Astillero debido a que, Patricia Inés Glize en su declaración prestada en el curso de la IPP (cf. fs. 568/570vta. [ingresada por acuerdo de partes]), preguntada que fue si alguna vez mantuvo una relación laboral con el Astillero Río Santiago, dijo “que no, que nunca trabajó en provincia. Que s[í] varios funcionarios que estaban en el Ministerio de la Nación, provienen del Ministerio de la Producción de Provincia de Buenos Aires, por eso conoce gente de provincia. Que nunca le ofrecieron trabajar en la provincia de Buenos Aires” (fs. 569), reconoció como suyo el currículum obrante en el legajo formado en su nombre (fs. 569) y, tras mostrarle los recibos le preguntaron si era suya la firma al pie estampada, frente a lo cual dijo: “que nunca había visto estos recibos, que jamás cobró nada del Astillero, ni siquiera en el Ministerio de Nación cobró alguna vez sumas tan altas.
Que tampoco ninguna de las firmas exhibidas le pertenecen, ni siquiera se parecen a su firma” (fs. 569vta./570), agregando seguidamente: “Que no sabe qui[é]n está detrás de este tema pero la indigna mucho que la utilicen para hacer estas cosas, más aun cuando la dejaron sin trabajo y no pudo conseguir otro” (fs. 570).
Por último, también hay un legajo formado a nombre de Rosario Nava Camblor, con recibos de sueldo “firmados como recibidos” (total 5: 08-12, 09-12, 10-12, 11-12 y SAC/2-12) y con el “contrato” sin firmar por las partes que allí figuran como contratantes; por cierto, la testigo Martínez ratificó en el debate que citó a Nava Camblor, quien desconoció su vinculación con el EAARS y la firma de los contratos.
Ombrosi, por su parte, niega que esta última información la haya como previamente había sostenido que nadie tiene su contraseña, no le quedó otra excusa que sostener que eso no era un mail, sino una impresión y que ese mail en rigor no existiría pues lo habría buscado en su correo y no le figura; en tal sentido, sumó tres argumentos: 1) puso a disposición oportunamente la contraseña para que la fiscalía pueda verificarlo y no lo hizo; 2) el supuesto mail donde él enviaría esta última información tiene un formato diferente a los que él adjuntó que sí reconoce (p. ej.: el cruce de mails con Arana con motivo del problema con Rizzardi); 3) el mail es de agosto y las altas son de julio.
En primer lugar, aclaremos que la impresión obviamente no es un e-mail, en todo caso constituye una evidencia que prueba la existencia de ese e-mail (el derecho procesal penal no está atado a las formalidades propias de otros procesos pues rige la libertad probatoria, art. 209 CPPBA), como también que las altas no son de julio porque todos los primeros recibos de pago pertenecen al mes “08-12” (cobrado en septiembre), más allá de lo que figure en el “contrato” sin firmar en cada uno de los legajos y sin perjuicio que, como apuntó la fiscalía, se hacían altas retroactivas.
En segundo lugar, cuando Ombrosi ofreció esa medida lo hizo en el curso de la IPP y el fiscal en ejercicio de sus atribuciones se la denegó porque iba a dilatar la investigación cuasi culminada; lo cierto es que, si tan relevante era para la defensa, se debió haber ofrecido como instrucción suplementaria a lo largo de todo este tiempo, claro que, como ha de notarse fácilmente, no es una omisión del Dr. Chávez que tanta experiencia tiene en litigios penales, sino el temor a que el mail seguramente borrado por Ombrosi pueda ser recuperado por un experto en informática.
En tercer lugar, el formato diferente tiene una explicación que Ombrosi pasa por alto: los mails que él aportó fueron impresos desde el programa de correo Windows Live Mail (cfr. fs. 1563 y ss., al pie de página figura el enlace), mientras que los conseguidos como consecuencia de la investigación –como los aquí negados– son impresiones de la casilla oficial de Astillero y utilizando un webmail (cfr. fs. 14 del anexo XIX y fs. 11 del anexo XLIV, al pie de página figura el enlace). En cuarto y último lugar, como apuntó magistralmente el Dr. Paolini, si Ombrosi no fue quien escribiera esos mail, cómo se explica que en uno de ellos con vos. A que tel te puedo llamar?”; claro que, siguiendo la tesis de Ombrosi, todo podría ser una farsa y la impresión creada adrede por alguien copiando el formato de un e-mail para simular la comunicación y vincular arbitraria e injustamente a Ombrosi con un delito, pero todo ello sólo tendría eco en un mundo donde reina la fantasía y la conspiración. Dicho técnicamente: las forzadas explicaciones de Ombrosi pierden su escaso valor individual cuando uno analiza toda la evidencia que lo compromete, de este modo, Ombrosi se queda sin argumentos para respaldar su versión y contrarrestar la contundente imputación.
El resto de las declaraciones testimoniales, como de la prueba cuyo ingreso se dispuso en el auto del art. 338 CPPBA, aparece impertinente o bien superabundante conforme los hechos estipulados por las partes en el curso del debate. En efecto, la posible intervención en el presente del ex Ministro Cristian Breitenstein como del ex Jefe de Asesores Hernán Iriarte, no suprime la responsabilidad penal del aquí juzgado (la obediencia debida no exonera cuando las órdenes son ilegítimas); por lo demás, su dilucidación ha sido motivo –entre otras cuestiones– de la formación del “Alcance 1” (cf. resolución del 20/03/2017, firmada por el Dr. Jorge Martín Paolini).
Justamente, con el avance de ese “Alcance 1” podrá determinarse si era cierto lo que decía Elisetch, respecto de quién se quedaba con parte del dinero ensobrado (v. declaración del art. 317 CPPBA [ingresada cf. auto cit.]); si así lo fuere, en todo caso, probaría que Ombrosi lo que precisamente no hacía era pasar por “arriba” al ex Ministro como deslizó la defensa en su alegato.
Por otra parte, lo que define la imputación penal es el estándar de prueba producido y admitido en el debate, poco importa las medidas que –a juicio de la defensa– pudieron haberse practicado y no se hicieron, lo decisivo es que, la prueba del caso, permite afirmar la acusación más allá de toda duda razonable y las explicaciones de Ombrosi no son propias de una persona “súper inteligente” como lo calificó su defensor, como tampoco distan del tipo de maniobra ejecutada. Muy probablemente los ejecutores de esa burda maniobra –como la calificó la defensa– estaban cegados por una sensación de impunidad, sea como fuere, el derecho penal no distingue entre delitos correctamente planificados y delitos que no, pues se maneja en un plano normativo del deber ser.
Obviamente, si el envío de datos personales (cv, copia DNI, etc.) se efectúa hacia otros intervinientes del colectivo que los utilizaban para –desde dentro de una entidad de derecho público– armar contratos truchos, imputar pagos a esas personas que nada sabían y, por tanto, jamás se presentarían a su cobro, posibilitando así la sustracción de dichos caudales públicos, el comportamiento imputado a Ombrosi –con conocimiento cabal de toda la situación– no resulta estereotipado y un examen de contexto conlleva a afirmar la procedencia de la imputación: “Al carácter usual de una prestación de la vida cotidiana pertenece también un contexto usual como configuración usual del entorno en el que se produce la prestación. La prestación pierde su neutralidad y se convierte en delictiva cuando el delito ya define el entorno” (JAKOBS, Teoría de la intervención [trad. Pastor Muñoz], Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 60); dicho en forma más sencilla: “Lo que determina el sentido de un comportamiento no sólo depende de la configuración del comportamiento, sino también del contexto en el que éste se enmarca” (JAKOBS, La imputación objetiva en derecho penal [trad. Cancio Meliá], en: el mismo, Moderna Dogmática Penal. Estudios Compilados, 2da. ed., Porrúa, 2006, p. 254).
Tratándose de un delito de infracción de un deber positivo (v.
JAKOBS, Teoría de la intervención cit., p. 16 ss. y 107 ss.), a un lado las consideraciones formuladas por la defensa sobre la doctrina del dominio del hecho. En efecto, autor sólo puede ser el titular del deber especial infringido que, en el caso, es quien tenía a cargo la administración de los caudales públicos, esto es, el Presidente del Astillero Río Santiago; todo el resto, a lo sumo, puede ser cómplice, pero no autor.
Naturalmente, si el armado de la maniobra tenía como eje central la realización de contratos ficticios a partir de datos de personas que estaban en condiciones de figurar como contratadas por una entidad de derecho público, el aporte de esos datos resulta esencial y determinante para la confección de esos “contratos”, pues tenían que ser de personas reales, esto es, que existiesen de verdad, para así permitir el alta y la asignación de un pago, como también resistir una eventual auditoría; ello, sin soslayar que los contratos fictos no podían extenderse temporalmente por el riesgo de que la maniobra sea descubierta, por lo que debían ser suplantados por otros referidos a otras personas. Por esas razones, el aporte de dichos datos era, en sí mismo, uno de los ejes de la maniobra delictiva de sustracción de los fondos públicos; razón por la cual, Ombrosi habrá de responder como partícipe primario (art. 45, CP), tal como ha sido acusado.
Por último, en función de todo el razonamiento aquí efectuado, resulta evidente y acreditado más allá de toda duda razonable que, Andrés Omar Ombrosi –como se afirmó precedentemente– sabía de la maniobra delictiva que se estaba ejecutando, conocía qué es lo que hacían las autoridades del Astillero Río Santiago con los datos personales que él aportaba, con lo cual, ese conocimiento del estado de cosas es suficiente para que Ombrosi haya efectuado un juicio válido consistente en que la realización del tipo no era improbable como consecuencia de su acción, lo que desemboca en una imputación por dolo (cf. JAKOBS, PG, 2da. ed., 8/23); dicho tajantemente: sabiendo lo que hacía y conociendo lo que se hacía con los datos aportados, la imputación del comportamiento efectuado por Ombrosi es a título de dolo.
Por todo ello, la respuesta a esta primera cuestión debe ser afirmativa, por ser ésa mi sincera y razonada convicción (arts. 45, CP; 209, 210, 371 incs. 1ro. y 2do., 373 y ccs., CPPBA).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Juez Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, pronunciándome por la afirmativa, por ser ésa mi sincera y razonada convicción. A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, pronunciándome por la afirmativa, por ser ésa mi sincera y razonada convicción. Cuestión Segunda: ¿Se han verificado atenuantes?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
La fiscalía postuló las siguientes atenuantes: 1) ausencia de antecedentes; 2) buen concepto informado en el debate; y, 3) su modo de conducirse en el proceso.
En cuanto a la ausencia de antecedentes de Andrés Omar Ombrosi, existiendo acuerdo de partes y en atención a que el art. 41 inc. 2° del Cód. Pen. menciona, entre otros factores, a “la conducta precedente del sujeto”, habrá de ser receptada. Sobre su peso específico, v. infra cuando se individualice la pena. La atenuante referida al buen concepto no puede ser, en modo alguno, acogida ya por el hecho que el comportamiento delictivo y que funda la participación en el delito fue ejecutado por Ombrosi mientras era funcionario público, de modo que, el buen concepto de las personas que interactuaron con él queda anulado con la actuación delictiva aquí comprobada –como también con su actuación respecto al trabajo realizado por Arana, conforme las admisiones que hiciera en juicio–; dicho tajantemente: el funcionario se debe al público, representa y ejecuta intereses institucionales, de allí que el estándar con el que debe evaluárselo es más alto que el del ciudadano común.
Tampoco puede acogerse como atenuante su modo de conducirse en el proceso porque, más allá que es un deber de todo ciudadano no entorpecer u obstaculizar los procedimientos, ello está relacionado con la coerción procesal y no con el reproche del pasado propio de la pena (cfr. TC 1 LP, causa 929/5520, “Aguilera”, rta. el 21/10/2019; e/o.).
Por ello, la respuesta a esta cuestión –con el alcance expuesto– debe ser afirmativa, por ser mi sincera y razonada convicción (209, 210, 371 inc. 4°, 373 y ccs., CPPBA).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Juez Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, pronunciándome –con igual alcance– por la afirmativa, por ser esa mi sincera y razonada convicción.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, pronunciándome –con igual alcance– por la afirmativa, por ser esa mi sincera y razonada convicción.
Cuestión Tercera: ¿Concurren agravantes?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
La fiscalía postuló dos agravantes: 1) la calidad de funcionario público, explicando que no habría doble valoración porque el funcionario destinatario del deber especial es otro y Ombrosi actuó como partícipe; 2) la multiplicidad de información suministrada, lo que permitió aumentar el perjuicio patrimonial al Astillero y revelando una mayor extensión del daño causado.
Ambas son procedentes.
La primera porque ser funcionario implica asumir deberes especiales más allá de los generales de todo ciudadano, como así también un modo de vida consagrado a los intereses públicos (véase la ley de ética pública y se entenderá la diferencia); precisamente, si al tiempo de cometer el delito Ombrosi era funcionario del Ministerio de Producción provincial y si, debido a ello estaba vinculado con el EAARS, queda claro que con el comportamiento aquí acreditado, en lugar de obrar conforme a deber, lo hizo en beneficio propio y en contra de las expectativas sociales (art. 41 inc. 2°, CP: “la calidad de las personas”). Por lo demás, como bien explicó la fiscalía, no hay doble valoración porque el funcionario destinatario del deber especial es otra persona y Ombrosi un partícipe primario cuya calidad no viene ya impuesta por el tipo.
La segunda porque si, en lugar de facilitar los datos para armar un único legajo, aportó para poder armar diez (10), lo que así efectivamente sucedió, posibilitó que mayores fondos públicos sean sustraídos, de allí que mayor extensión del daño causada por su aporte múltiple (art. 41 inc. 1° in fine, CP).
Por ello, la respuesta a esta cuestión debe ser afirmativa, por ser mi sincera y razonada convicción (209, 210, 371 inc. 5°, 373 y ccs., CPPBA). A LA CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Juez Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, pronunciándome por la afirmativa, por ser esa mi sincera y razonada convicción. A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, pronunciándome por la afirmativa, por ser esa mi sincera y razonada convicción.
Atento lo que resulta de la votación de las cuestiones precedentes, EL TRIBUNAL por unanimidad RESUELVE dictar: VEREDICTO CONDENATORIO respecto de ANDRÉS OMAR OMBROSI, en orden al injusto penal cometido durante los años 2012 y 2013, en sede del Ente Administrador del Astillero Río Santiago y en detrimento de la administración pública (art. 371, CPPBA).
La Plata, 20 de septiembre de 2022.
Conforme a lo resuelto en el veredicto que se ha dado en autos y lo dispuesto en el artículo 375 del Código Procesal Penal, corresponde plantear y votar las siguientes
Cuestión Primera: ¿Cómo debe calificarse el injusto culpable acreditado en el veredicto?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
Tal como postularon los acusadores en su alegato de cierre y sin que la defensa haya controvertido el punto, el injusto-culpable atribuido a Omar Andrés Ombrosi, en calidad de partícipe primario (art. 45, CP), constituye el delito de peculado, en los términos del art. 261 párr. 1ro. del Código Penal.
Ya hemos dado cuenta en el veredicto de todos los extremos de la imputación objetiva-subjetiva requeridos, de modo que allí remito.
Así lo voto, por ser mi sincera y razonada convicción (arts. 45 y 261 párr. 1ro., CP; 209, 210, 373, 375 inc. 1º y ccs., CPPBA).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Juez Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, por ser esa mi sincera y razonada convicción.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, por ser esa mi sincera y razonada convicción.
Cuestión Segunda: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
La trasgresión es, aquí, “voluntad particular” (HEGEL, Líneas Fundamentales de la Filosofía del Derecho [1820] [trad. Paredes Martín], § 99, en: el mismo, HEGEL II, Gredos, Madrid, p. 108.), dicho en términos modernos: manifestación que no permite anudar a ella la comunicación de modo permanente (JAKOBS, La pena estatal: significado y finalidad [2004] [trad. Cancio Meliá y Feijoo Sánchez], Universidad Autónoma de Madrid, p. 34); un esbozo de realidad que debe ser contradicho con la pena, caracterizando al delito como delito y afirmándose contrafácticamente la vigencia de la norma, de manera que el quebrantamiento se encuentra en un mundo equivocado y la propuesta de cambio –en el sentido de un acto evolutivo– no es aceptada, tal como quedó expresado en el veredicto condenatorio.
La pena, sin embargo, no se agota al simbolizar la contradicción del hecho (JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen zu einer Rechtsphilosophie, Dritte Auflage, Duncker & Humblot, Berlin, 2011, p. 113). Dado que el infractor de la norma, a través de su conducta, no solo ha significado algo, sino que a la vez lo ha configurado en el mundo externo (JAKOBS, Sobre la teoría de la pena [1998] [trad. Cancio Meliá], en: el mismo, Moderna Dogmática Penal. Estudios Compilados, Porrúa, 2da. ed., 2006, ps. 651/652), se elige el “dolor” –en cuanto recorte más o menos intenso de la libertad– como símbolo de la manifestación externa de la contradicción: “también la reacción frente al hecho debe suponer una configuración definitiva, lo que significa que debe hacer imposible de modo efectivo que se anude una conducta a este, convirtiéndose de esta manera en permanente en el mundo externo” (JAKOBS, Ibíd.); brevemente: se trata de contraponer al quebrantamiento de la norma la realidad de la norma (JAKOBS, Ibíd.).
Ciertamente, puede que se vinculen a la pena determinadas consecuencias de psicología social o individual de muy variadas características, pero la pena ya significa algo con independencia de estas consecuencias: significa una autocomprobación (JAKOBS, Sociedad, Norma y Persona en una teoría de un Derecho Penal Funcional [trad. Cancio Meliá y Feijoo Sánchez, el título alemán distinto], en: el mismo, Moderna Dogmática… cit., p. 4).
Por consiguiente, la medida de la pena ha de regirse por el grado de perturbación social generada por el hecho (JAKOBS, La pena estatal… cit., p. 44), lo que, en concreto, alude principalmente al peso de la norma vulnerada y la medida de su vulneración, como a la responsabilidad del autor por su motivación para cometer el hecho, es decir, si esta es completamente asunto suyo, o, por el contrario, puede desgravárselo parcialmente al respecto.
Sentado lo anterior, debe partirse de la idea que el marco punitivo legal suministra una escala de gravedad continua, dentro del cual habrá de clasificarse el supuesto concreto que nos ocupa. Lógicamente, el marco comprende la universalidad de casos posibles, de modo que, el tercio inferior estará reservado para los de mínima gravedad, el superior para los de máxima gravedad y el tercio restante –ubicado entre los otros y construyendo el enlace– para los casos regulares definidos normativamente.
La parte acusadora solicitó la pena de cuatro (4) años e inhabilitación perpetua.
Tenemos una escala en abstracto que se inicia en los dos (2) años y se extiende hasta los diez (10) años. La atenuante referida a la carencia de antecedentes, si bien aceptada, no tiene un peso cuantioso pues, en rigor, la ausencia de antecedentes responde al deber de todo ciudadano: “sé una persona y respeta a los otros como persona”, reza la norma originaria (HEGEL, Líneas Fundamentales de la Filosofía del Derecho [1820] [trad. Paredes Martín], § 36, en: el mismo, HEGEL II, Gredos, Madrid). El injusto atribuido a Ombrosi en calidad de partícipe primario importó la sustracción de gran cantidad de caudales públicos (cerca de 16 millones de pesos para los años 2012/2013), en ese marco, el comportamiento propiamente ejecutado por Ombrosi viene agravado por la mayor extensión del daño que provocó al facilitar datos para formar múltiples legajos ficticios, agravado incluso debido a su calidad de funcionario público. En este sentido, el quantum solicitado por las partes acusadoras se mantiene por debajo del término medio fijado en abstracto y apenas dos años por encima del mínimo legal, razón por la cual, limitado por la prohibición de exceso jurisdiccional, fijaré la pena de cuatro (4) años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, en función de la pena conjunta contemplada por el tipo y el hecho que los partícipes primarios “tendrán la pena establecida para el delito” (arts. 19, 40, 41, 45 y 261 párr. 1ro., CP), con más las accesorias legales (art. 12, CP). Costas a la parte vencida (arts. 29 inc. 3°, CP; 530 y 531, CPP).
Corresponderá diferir la regulación de los honorarios profesionales del Dr. Juan Chávez, por su actuación en esta instancia como defensor particular, hasta tanto acredite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y previsionales. Por último, en función de la estipulación probatoria acordada por todas las partes del proceso, habrá de comunicarse dicha situación a la Fiscalía General a sus efectos.
Así juzgo, por ser mi sincera y razonada convicción (arts. 18, CN; 5, 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41, 45 y 261 párr. 1ro., CP; 375 inc. 2º, 530, 531, cits. y ccs., CPPBA).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Juez Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, por ser esa mi sincera y razonada convicción.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, por ser esa mi sincera y razonada convicción.
POR ELLO, y de conformidad con las disposiciones citadas, EL TRIBUNAL, por unanimidad, en causa nº 893/5819,
I. CONDENAR a ANDRÉS OMAR OMBROSI –y de las demás circunstancias personales que obran en autos– a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, al resultar partícipe primario del delito de PECULADO, en orden al hecho cometido durante los años 2012 y 2013, en sede del Ente Administrador del Astillero Río Santiago (EAARS) y en detrimento de la administración pública.
II. DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales del Dr. Juan Chávez, por su actuación en esta instancia como defensor particular, hasta tanto acredite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y previsionales.
III. COMUNICAR A LA FISCALÍA GENERAL el contenido de la última estipulación probatoria acordada por las partes en el debate, a sus efectos. Rigen los arts. 18, CN; 168 y 171, CBA; 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 45 y 261 párr. 1ro., CP; 22, 106, 209, 210, 373, 375, 530, 531 cits. y ccs., CPPBA. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. HÁGASE SABER el contenido de la presente a la Contaduría General de la Provincia y al Tribunal de Cuentas, a sus efectos. Oportunamente, COMUNÍQUESE.
Fin de la sentencia