Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 1 de La Plata · Causa 1049
Lo que resolvió el tribunal
I. Condenar a MARTA SUSANA CABRERA -Argentina, divorciada, instruída, empleada, de 59 años de edad, nacida el 27 de julio de 1962, DNI 16.593.362, hija de Adrian y de María Ester Ustarroz, domiciliada en calle El Cano nº 6732 Mar Del Plata, Pcia. De Bs. As.-; a GUILLERMO GABRIEL CENDOYA -argentino, casado, instruído, empledado, de 60 años de edad, nacido el 19 de octubre de 1961, DNI 14.723.278, hijo de Roberto Benito y de Esther Zulma Lafalce, domiciliado en calle 140 Nro. 1674 e/ 66 y 67 La Plata, Provincia de Buenos Aires-; a JULIO HECTOR DI JORGI -Argentino, divorciado, instruído, chofer, de 58 años de edad, nacido el 17 de mayo de 1963 en LA PLATA, DNI 16.427.374, hijo de Roberto Jorge, domiciliado en calle 522 N° 3740 e/132 y 133, Barrio San Carlos, La Plata, Provincia de Buenos Aires-; a ALBERTO ROSELL -de nacionalidad argentina, soltero, electricista, innstruído, de 71 años de edad, nacido el 15 de noviembre de 1950 en Berisso, Provincia de Buenos Aires, D.N.I. 8.383.839, hijo de Nestor Agustin Rosell y de Dominga Felisa Leotta, domiciliado en calle 483 N° 2640 entre 21 y 22 de Gonnet, partido de La Plata-; y a ALBERTO CARLOS WITON -nacionalidad Argentina, divorciado, carpintero, instruído, de 69 años de edad, nacido el 28 de agosto de 1952 en La Plata, Provincia de Buenos Aires, D.N.I. 10.227.738, hijo de Witon Eduardo y de Hernández Maria Helodia, domiciliado en calle Garibaldi n° 426 de Coronel Brandsen, Pcia. de Bs. …
En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a los 27 días del mes de junio del año 2022, en la sede del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial La Plata, los Sres. Jueces, Dres. CECILIA INÉS SANUCCI, HERNÁN JAVIER DECASTELLI Y RAMIRO FERNÁNDEZ LORENZO se constituyen en su público despacho a fin de dictar veredicto conforme lo disponen las normas de los arts. 22, 371 y 375 del Código Procesal Penal, en causa n° 1049/5835 (IPP 06-00-44115-14/00) seguida a ALBERTO CARLOS WITON, GUILLERMO GABRIEL CENDOYA, JULIO HÉCTOR DI JORGI, OBDULIO EDUARDO PETRAGLIA, MARTA SUSANA CABRERA Y ALBERTO ROSELL, por los delitos de FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -UN HECHO POR CADA UNO DE LOS IMPUTADOS- (en los términos del artículo 174 inc. 5° del Código Penal), en perjuicio de la Administración pública. Practicado el correspondiente sorteo resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: SANUCCI - DECASTELLI - FERNÁNDEZ LORENZO, y el Tribunal resuelve plantear y votar las siguientes:
Cuestión Primera: ¿Está probada la existencia de los hechos en su exteriorización material, y -en su caso- la participación de los imputados en los mismos?
A la primera CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Jueza Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
1. En los alegatos de cierre el representante del Ministerio Publico Fiscal ratificó la Acusación formulada en los alegatos de apertura y en la Requisitoria de elevación a juicio, por considerar la existencia positiva respecto de la materialidad ilícita y la autoría responsable de los coimputados de autos en el marco de esta causa. Explicó, de modo previo, que oportunamente se tuvo por acreditada la existencia de una Asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y ex funcionarios en sentido genérico, destinada a cometer delitos indeterminados que tenían por objetivo la sustracción de fondos públicos. Respecto de los coimputados Alejandro Enrique Avichelli y Jorge Ariel Rodriguez Sueyro, relató que se había realizado una propuesta de juicio abreviado previo a este juicio con relación a ellos. Expresó que, para obtener esos fondos, la maniobra consistía en generar en soporte informático, habilitaciones de cobro de haberes por su calidad de funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, en calidad de magistrados, a personas que no tenían derecho a tal beneficio. Describió la división de roles y funciones en cumplimiento de distintos planes delictivos, y que, en ese marco, se contrataban particulares, que resultan ser los imputados de este juicio, quiénes actuaban en connivencia con aquellos funcionarios que los contactaban, para que se generara ese beneficio y se presentaran en la sucursal bancaria sólo con DNI para retirar sumas de dineros abultadas en concepto de jubilación, a sabiendas de que ninguno había prestado funciones ni dado aportes.
Así tuvo por acreditado que: “En La Plata, Brandsen y Mar del Plata, se efectuaron algunos cobros desde el año 2013 hasta la denuncia en noviembre de 2014, ocasión en que al menos tres personas masculinas, del Instituto de Previsión Social, formaron una asociación ilícita para defraudar a la Administración Pública, mediante la creación, en soporte informático, de beneficios jubilatorios falsos, correspondientes a miembros del Poder Judicial. Para ello necesitaban de terceras personas a cuyo nombre fuera creado el haber jubilatorio, para dirigir el dinero de las sucursales del banco a los integrantes y los falsos beneficiarios (imputados), los que, en cumplimiento del acuerdo con los funcionarios y sabiendo que no tenían derecho al cobro, se presentaron en sucursales del Banco de la provincia y retiraron importantes sumas de dinero. Así, se realizaron extracciones (Di Giorgi por $600,744; Petraglia por $712.914; Rosell por $879.117; Cabrera por $937.753, Witton por $820,944 mil; Cendoya por $796.398)”.
A su turno, el Particular Damnificado Dr. Martín Lasarte, en representación de la Fiscalía de Estado, adhirió en un todo al planteo efectuado por la Fiscalía, adunando que la ignorancia de las leyes no es excusa y citando el art. 8 del Código Civil y Comercial de la Nación. Explicó que se requiere una mínima ética para saber que alguien que no hizo aportes y que nunca trabajó en la provincia, no se puede jubilar. Explicó que era imposible que desconocieran esta circunstancia porque los imputados eran gente de clase media y que ello unido a la cantidad de dinero que dijeron que habían cobrado, era inverosímil.
Por su parte, la Defensa Oficial que asistiera a los imputados Cabrera, Petraglia, Witon, Di Jorgi y Cendoya solicitó la libre absolución de sus asistidos, en atención a que a su entender en el desarrollo del debate no se había podido acreditar la materialidad ilícita y, en especial, el dolo específico que requiere este delito. Agregó que había que contextualizar la conducta de los coimputados en el momento histórico que se vivía en los que había programas jubilatorios para Jefas de Hogar que no tenían aportes, lo que se daba a publicidad, y en la poca instrucción que tenían al momento de los hechos. Explicó que son todas personas cercanas a los sesenta años sin antecedentes de ningún tipo, que fueron estafados en su buena fe y en la creencia de que los estaban ayudando a jubilarse no por ilegalidad sino porque les correspondía. Señaló que fueron requeridos con urgencia para ser llevados al Banco y que fueron llevados de sorpresa al mismo, sin decirles a algunos cuanto iban a cobrar. Señaló que el dolo debe ser anterior, esto es, al inicio de las maniobras y concluyó que es atípico por falta de “intención” de estas maniobras.
Luego, se refirió a la situación particular de cada coimputado. Con relación al imputado Di Jorgi explicó que concurrió al IPS a retirar una boleta de pago entendiendo que había tramitado un subsidio por haber estado cumpliendo el servicio durante la época de la guerra de Malvinas, que era un retroactivo de veinte años, y dijo también que luego de realizar el trámite lo primero que hizo fue tramitar lOMA porque no tenía anteojos, lo que entendió no se condice con su situación de nuevo millonario. Con referencia a Witon, explicó que en el marco de su ocupación laboral conoció una persona que le dice que por su condición se podía jubilar. Le proporcionó sus datos y a partir de eso se olvidó de lo sucedido, se olvidó, y al año lo llaman porque al otro día tenía que cobrar. En el banco cuando advirtió que algo andaba mal, a la persona que se llevó el dinero, le insinuó que algo andaba mal y la persona le dijo que se quedara tranquilo que atrás había gente pesada, le dio $7.000 pesos, tenía miedo ese día, en el debate dijo que seguía teniendo miedo a esta gente. Explicó que lo amenazaron en el interior del Banco.
En cuanto al imputado Cendoya, señaló que dio explicación en el marco de la declaración del 317 del CPP, y explico que le dieron del IPS una planilla, que cuando fue al Banco no le querían pagar y que finalmente le pagaron, que Spaltro le quitó el dinero y le dio $4.500, en el marco de la declaración dijo que su mayor anhelo era poder tener una jubilación para poder asistir a una de sus hijas con discapacidad. Sobre la imputada Cabrera, invocó que habló de haber vivido en esos años violencia de género y que, impulsada por su realidad tormentosa que vivía hacía dieciséis años, una persona de su entorno familiar se lo propuso y ella creyó que por el tiempo que tenia de aportes que era poco pero que por el plan que el Estado habría sacado sobre la gente que estaba en situación de explotación laboral, creyó que estaba en una situación legal para cobrarlo, en tanto ya había visto otra persona ya jubilada y que lo cobraba normalmente. No se vislumbra una intención de defraudar al estado o ese conocimiento acabado que dijo el Sr. Agente Fiscal de que no le correspondía una jubilación si en todos lados la publicidad oficial esa otra. No se acredita el dolo para obrar.
En cuanto al imputado Petraglia argumentó que su capacidad intelectual no le pudo haber permitido saber que estaba cometiendo un ilícito, y que no correspondía la jubilación por cuestiones laborales o incapacidad. Por último explicó que Petraglia dijo que el trámite jubilatorio de su esposa fue realizado y del primer haber le quedaron una pequeña suma y el resto fue destinado a honorarios.
Concluyó en que los integrantes de la asociación ilícita los han captado, y fueron a su vez estafados ya que no tenían la intención de estafar al Estado sino de recibir un beneficio legal. Por todo ello solicita la libre absolución de sus asistidos. Finalmente la Defensa Particular del coimputado Rosell, a cargo de los Dres. Juan Angel Di Nardo –quien llevó la voz cantante durante el debate celebrado- y Miguel Angel Di Nardo, peticionó la libre absolución de su asistido en el entendimiento que la Fiscalía no había podido presentar una teoría de un caso, en primer término por incurrir en una “petición de principios”, por la cual la hipótesis acusatoria que debió probar y que debería ser la conclusión de un razonamiento inductivo sostenido en pruebas y no desmentido por contrapruebas había funcionado como un método selectivo de las pruebas. Dijo en este entendimiento que había una presunción de culpabilidad, porque se invierte el silogismo y se parte de la presunción de culpabilidad y se van eligiendo las cuestiones que avalan esa acusación. En segundo lugar, porque debería haber detallado cual fue la conducta de cada uno de los imputados. Destaca el desempeño del Fiscal para perseguir a la asociación ilícita. Debían generar jubilaciones que a su vez generara cuantiosos retroactivos. Señala que, como dijo su defendido al declarar, que después que cobró no le dieron nada, el plan se había concretado, esa gente quería cobrar la plata y dejar el problema a estas personas.
Bregó por la atipicidad de la conducta lo que apoyó en que la estafa se debe probar al inicio. Su asistido a la fecha de los hechos tenía sesenta y cuatro o sesenta y cinco años años, había realizado aportes por más de 20 años, es de público y notorio inclusive hoy y se jubilaba cualquiera que no tuviera la edad jubilatoria sin realizar aportes. Explicó que lo expuesto pone en evidencia que se presumió el dolo. Explicó que tampoco se ha probado el error típico de la figura. Está probado que fue la Administración Pública a través de funcionarios infieles que querían salir de pobres los que pergeñaron a cometer el ilícito, induciendo al error y concretando la disposición patrimonial. Que entre el ardid, el error y la disposición patrimonial deberá existir una íntima relación donde el primero es causal del segundo y así sucesivamente, debe existir una relación causal subsistente entre los tres componentes, que en el curso del debate oral respecto de su asistido no se han podido probar. Por los fundamentos expuestos entiende que se torna atípica la figura, por lo que solicita la absolución, y en subsidio, la absolución por aplicación del principio del favor rei en los términos del art 1ero del C.P.P.
2. Mediante la prueba incorporada, producida y debatida en la audiencia oral y pública celebrada, los hechos objeto del proceso sobre el que la parte acusadora formulara acusación han sido probados.
Así, tengo por legalmente acreditado que: “En La Plata, Brandsen y Mar del Plata, desde el año 2013 y hasta efectivizar la denuncia que diera origen a este proceso en noviembre de 2014, al menos tres personas de sexo masculino, que cumplían funciones como empleados en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, conformaron una Asociación ilícita para defraudar a la Administración Pública, mediante la maniobra de crear beneficios jubilatorios falsos en favor de terceras personas -manipulando claves pertenecientes a personas autorizadas induciendo a error a quienes debían controlar el procedimiento-, como si fueran miembros del Poder Judicial. Para ello, y como necesitaban de terceras personas -supuestos beneficiarios- para dirigir el dinero de las sucursales a los mismos, Marta Susana Cabrera, Obdulio Eduardo Petraglia, Alberto Carlos Witon, Guillermo Daniel Cendoya, Julio Di Jorgi y Alberto Rosell, los que no eran ni habían sido miembros del Poder Judicial, en cumplimiento de un previo acuerdo con las personas antes mencionadas y sabiendo que no tenían derecho al cobro, prestaron su identidad y sus datos para poder realizar el trámite jubilatorio falso y, además, se presentaron en sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires y retiraron personalmente importantes sumas de dinero. Así, Di Jorgi realizó extracciones por la cantidad de 600,744 pesos; Petraglia por 712.914 pesos; Rosell por 879.117 pesos; Cabrera por 937.753 pesos, Witton por 820,944 pesos y Cendoya por 796.398 pesos”.
3. Sigamos por la prueba recabada y producida en el juicio que paso a analizar:
Declaró en primer término, el testigo FABIAN ANDRES JAYAT quién en oportunidad del examen directo de la Fiscalía manifestó que para la época de los hechos era director de Planificación de Control del Instituto de Previsión Social y tenía a su cargo, dentro de la competencia, una comisión específica denominada Comisión de Investigaciones Especiales a los efectos de implementar tareas de auditoría. Señaló que dentro de ese marco, sucedieron los hechos que luego fueron denunciados en noviembre de 2014.
A la hora de ser preguntado por la Fiscalía sobre ¿Recuerda que hechos, que irregularidades y, en su caso, en qué consistía la maniobra que Uds, detectaron? Explicó a dicha hora que se había tratado de informatizar todo el sistema de generación de jubilaciones, por lo cual hacían un seguimiento diario de cuantas jubilaciones entraban en el sistema y solo existía una vía de excepción cuando la pedía un director general provincial o alguien con rango mayor. Un día detectaron que, en los turnos dados por el sistema, había una jubilación más que no tenía turno y ahí empezaron a investigar. Y dijo: “Había una construcción de falsedad de jubilaciones, sin pasar por los canales que se tenían que pasar, sino que se utilizaban claves sustraídas a empleados del organismo y así eludían todas las formas y daban jubilaciones en carácter de magistrados, a personas que eran indigentes en algunos de los casos. Los hacían pasar como magistrados: la operación era casi perfecta. Nosotros primero entendimos que hacían jubilaciones de magistrados porque eran las de mayor monto, eso creíamos, pero ese no era el motivo, el motivo era que, en cualquier otra jubilación, el último proceso de control lo hacia la AFIP, porque pagaban ganancias y las únicas que no pagaban ganancias era la de los magistrados, entonces de esa manera evitaban incluso también ese último control que tenía que pasar por ganancias, no era solo por el mayor monto como interpretaron en primera medida, sino porque además eludían el trámite de ganancias”
Explicó que la denuncia fue la presentada en la entonces Fiscalía de Investigaciones Complejas, cuando encontraron lo que les pareció una operatoria ilegal, por el presidente de ese momento del Instituto de Previsión Social Mariano Cascallares (hoy diputado provincial), y que lo informaron al gobernador Scioli y él les dio la instrucción para denunciarlo.
Fue preguntado a dicha hora sobre ¿Cómo era la operatoria para consumar esa defraudación? Dijo al respecto que: “El sistema del IPS de creación de jubilaciones es muy lineal, si uno al comienzo coloca los datos correctos, pasa por todas las áreas, correlación, liquidación y demás y al final tiene la jubilación. Sale la jubilación y a su vez sale un retroactivo, que muchas veces es retroactivo suculento, porque hay demoras en los procesos jubilatorios. El retroactivo es desde que sale la jubilación hasta que se efectúa el primer pago. Teniendo las claves de los distintos circuitos, no había papel, iban sacando el mecanismo y terminaba en que el beneficiado cobraba el retroactivo que era un monto importante y a partir de ahí la jubilación, con todos los beneficios que tenía en torno a eso”.
Se lo interrogó sobre ¿Cómo y dónde se cobraba? Y explicó: “A raíz de la investigación interna, primero detectaron a algunos funcionarios que creían que estaban involucrados, porque tenía que ver con las áreas de ellos, tenían que ver con investigaciones que hicimos, ocurrían en sus ámbitos, por datos de internet casualmente con alguna de las personas que vieron como beneficiarias al final del ciclo, había comentarios dentro de la organización”.
A dicha hora dijo que para ellos en ese momento cree que fue algo histórico, porque, dijo: “En el IPS se dijo siempre que se hacían cosas así, pero nadie le ponía el cascabel al gato. Hasta que lo encontraron: y es importante que estas cosas cuando se investiguen se denuncien. Detectaron a empleados involucrados, no eran funcionarios. Hasta que alguno de los empleados comenzaron a contar cómo era el procedimiento, al verse descubiertos en la maniobra, pero ya le habían dado intervención a la fiscalía. Fue muy importante dentro del organismo. Se habían utilizado claves de otros empleados que tenían que ser secretas y de manejo exclusivo de cada uno de los empleados, por eso citaron a más de diez empleados para que explicaran. Hubo sorpresa en cómo le sacaron las claves, las declaraciones de los imputados empleados del IPS de cómo hacían la selección de las personas, dónde cobraban y qué monto, todo surgió de los dichos de los propios empleados que hacían la actividad”.
Al ser interrogado sobre si ¿Recuerda quiénes eran los empleados del Instituto de Previsión Social?, explicó que con los que había tenido mayor contacto eran Jorge Rodríguez Sueiro y otro de apellido Spaltro, quiénes manifestaron cómo era la maniobra. Sobre Avichelli explicó que lo conocía, y que interpretaron a raíz de los hechos que estaba involucrado, pero que él lo ha entrevistado más de una vez y negaba absolutamente todo.
Luego, el Fiscal le preguntó sobre: En el marco del sumario administrativo, ¿consiguieron que declaren sobre cómo era la operatoria y en su caso quién cobraba y donde? Dijo: “Rodriguez Sueiro y Spaltro reconocieron la participación, no así en su momento Avichelli que negó rotundamente lo que nos contaban los otros empleados, que sí participaban. El circuito del cobro nosotros los seguíamos hasta donde la persona que se había puesto en la cabeza la jubilación cobraba en el banco, cómo se repartían los fondos entre ellos no era de interés. La que cobraba era la persona a la que se había puesto la jubilación en cabeza de ella. Había un patrón. Había gente que cobraba en Necochea, en Mar del Plata, en Tandil, había toda una línea, una línea Sur. El hermano de Rodríguez Sueiro reclutaba gente que luego cobraba ese dinero, porque era camionero y reclutaba gente por esa línea Sur que aparecía cobrando ese dinero. La jubilación aparecía en cabeza de esa persona. Era la que se presentaba al banco y cobraba el retroactivo y la jubilación. Según Sueiro y Spaltro le daban a la persona la jubilación y ellos se quedaban con el retroactivo. En un caso, en la Sucursal San Isidro del Banco Provincia, donde la persona que fue a cobrar, yo creo que en ese momento hablé con el gerente del banco, donde la persona que fue a cobrar un chico empleado de la construcción, el monto era tanto lo que iba a cobrar que no se llegó a consumar el delito, porque la persona cuando se presentó a cobrar el monto era muy grande, el gerente del banco obviamente no le pagó y lo llevaron a otra oficina para que se lleve la plata en un bolso, le preguntaron si había traído uno y la persona cuando la dejaron sola esperando, se asustó, se levantó y se fue y nunca cobró la jubilación y el retroactivo, entonces se fue”.
A preguntas aclaratorias sobre “Cuando dice que armaban una jubilación, ¿había un trámite verdadero o se generaba de cero algo totalmente falso?, explicó: “Se generaba de cero algo que era totalmente falso. En ese momento habían informatizado todo el sistema. Primero había que pedir un turno para generar un trámite y nosotros asignábamos una cantidad turnos diarios –el lunes hay, por ejemplo, treinta turnos. Se presentaba la persona, presentaba la documentación que se le requiere y se le asignaba un número de trámite para que empiece a correr por cada área. En cada área que va pasando, la persona autorizada para el siguiente paso tiene una clave para efectivizarlo y así pasar a la siguiente etapa. Si la documentación era correcta y no hay alteraciones en el medio el trámite salía muy rápido. Si era rara la correlación o como pasa con los docentes que tienen que tienen que actualizar información se detiene en un área y hasta que esa área no lo aprueba no pasa a la siguiente. Se tomaba a la persona con un DNI real y luego se entraba como que iba a tramitar una jubilación como magistrado. Supuestamente en el primer ingreso estaba todo OK. El primero tenía una clave que indicaba que estaba todo bien y así iba pasando. Pasaba de etapa en etapa. Spaltro era una de las claves más importantes porque ya estaba al final del trámite él”.
Explicó que en su momento se generó una reunión con los Ministros de la Corte y personas a cargo del Instituto de Previsión Social. No lo entendían porque eran todos magistrados. “Creían que podía haber algún pedido, porque eran muchos pedidos de jubilaciones de magistrados, creían que podía haber alguna filtración ahí al comienzo, de la lista de los magistrados que se jubilaban. Fueron a ver a los ministros de la Corte con el director del IPS para que ellos los ayuden internamente proporcionando la lista correcta de quiénes se jubilaran como magistrados”. Señaló a la pregunta ¿Esa gente no reunía las condiciones? Que: “No, obviamente. En un caso era una mujer de nacionalidad francesa, que era pareja de Spaltro”. Explicó que Empezaron a buscar y la encontraron en Facebook. Había cobrado una suma importante de dinero y tenía un puesto de venta en una feria de la Plaza Malvinas.
A dicha hora fue preguntado sobre si ¿La información quedaba registrada en algún lugar en un trámite normal? Dijo que: “La información quedaba en el expediente papel de cada persona”. Luego, se le requirió aclarara si eso se digitalizaba también y dijo: “No se digitalizaba. Yo entiendo si no estaba el papel por qué seguía. La persona que hacía la maniobra tenía la clave de todas las etapas, de cada uno que autorizaba los pasos. No había ningún papel. No había ninguna documentación. Saltó por un control del control, porque había siempre un turno de más. Nos dimos cuenta por la diferencia entre la cantidad de trámites a autorizar y turnos…Podían ser menos trámites que turnos, pero nunca más. Es fácil, nos fijábamos cuantos turnos había y cuantos trámites se habían hecho, en donde había papel y donde no. Se dieron cuenta por los turnos dados y por los trámites hechos. Hubo 30 turnos y 35 trámites, ahí era muy fácil”.
A dicha hora interrogó el representante del Particular Damnificado quién preguntó si ¿Todos los pasos eran ideológicamente falsos?. El testigo dijo: “Sí, totalmente. Todo falso… Los pasos en el sistema aparecían cumplidos, pero no había documentación. No había ningún papel. No recuerdo cuántos eran los pasos, pero creo que había como cinco pasos y una sola persona tenía la clave de los cinco para darle el “ok” a todos los pasos, eso sucedía. No saben cómo hicieron las personas para tener la clave del resto de los compañeros, investigando si las personas que daban el ok tenían o no que ver. En la A. pública se les dice que cada uno tiene una clave. A veces pasa que cuando falta alguien a trabajar, le da la clave a otro compañero, aunque les dicen que no se las den a nadie. Es una falla de todos. La clave es para una persona. Hoy lo ve en Nación con el sistema electrónico”. A dicha hora comenzó el contrainterrogatorio de la Defensa Oficial: “Previo a la liquidación se autorice, ¿no había ninguna autoridad del Organismo que certifique el expediente papel?”. El testigo replicó: “No, estaba armado el sistema que una vez que pasaba todos los controles, insisto que el último control era la liquidación de ganancias y acá no pasaba ni por control de ganancias como ya dije y una vez que llegaba al directorio del organismo, el directorio saca una nota de la aprobación final y se pagan las jubilaciones. Creo que en ese momento eran bastante modernos comparado con otros sistemas, con la aplicación de Nación. No hay más papel. Nosotros procurábamos eso. Existía el papel, el expediente papel, no para la toma de decisión sino para el acopio de información de cada persona. Hoy no hay más papel”.
Fue interrogado sobre ¿Quiénes autorizaban los pasos? Sobre esto dijo “Un jefe de área, en este caso, al que le habían sustraído la clave”.
Manifestó luego no conocer cómo era el trámite de la renuncia de la calidad de magistrado al trámite. Él era director del control jurídico y de organismos. Explicó que como en la provincia no existen las auditorías internas que hay en Nación, como algunos llegaron de funciones en Nación, trataron de aplicarlo, por lo que armaron la dirección con facultades de control.
A la pregunta de si la investigación se había hecho en el marco de un sumario contestó que sí, que se mandó a sumariar administrativamente a los involucrados. Sobre si algunos empleados sumariados reconocieron la participación y si lo había sido en el marco del sumario o de la investigación previa y manifestó a dicha hora que no se acordaba, pero sí recordaba la situación de la reunión que estaban delante suyo con la Dra. Martínez a mi lado que era su segunda, en la que los imputados manifestaron que participaron del hecho y cómo habían intervenido y que dijeron “intervine” “participé” “hice esto” “mengano y sultano”. A la pregunta puntual dijo que en esa reunión no contaban con asistencia letrada. Manifestó tener treinta años de funciones en la Administración Pública Provincial, Nacional y Municipal y explicó que cuando se sustancia una reunión de ese tipo jamás viene un empleado con letrados. Explicó que se los sentaba, se hablaba, pasó esto y esto, se cumplimentaban todos los recaudos, pero nada más. Por orden del gobernador y del presidente del organismo, fueron a hacer la denuncia a la fiscalía de modo concomitante después de estas circunstancias.
A dicha hora comenzó en contrainterrogatorio de la Defensa Particular del imputado Rosell quién interrogó sobre si las declaraciones de Rodriguez Sueiro y Spaltro, habían quedado en el sumario. El testigo replicó que había pasado ocho años y bastantes cosas como funcionarios, pero tenía claro recordar a ambos declarando sobre su participación. No se acordaba si en el marco del sumario o en las primeras charlas que tuvieron con ellos cuando aparecieron como involucrados. Señaló que él no estaba a cargo de la parte de sumarios, pero a partir de eso se les da intervención. La Defensa sitúo la testigo en sus dichos sobre que Spaltro le había contado sobre la línea Sur de recolección e interrogó si pudo establecer algún patrón respecto de las personas, y si eran personas formadas o de que edad. El testigo dijo: “No, no patrón en que sentido, ninguno era magistrado, la verdad no era tarea nuestra. Ver si era universitario o no era tarea nuestra, la tarea era ver si les correspondía la jubilación o no”. A dicha hora acotó que no había dicho nada de que se hiciera una investigación profunda como le decía el abogado defensor. Dijo que crearon el área de control porque venían de la Nación, porque la Provincia no tenía esos mecanismos de auditoría interna y porque entendían que un organismo como el IPS necesita mecanismos mayores de control interno, mecanismos propios.
A dicha hora la Defensa preguntó: “Los expedientes jubilatorios, ¿culminan en el IPS o previo a liquidarse la jubilación deben pasar por los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires?”, a lo que respondió: “Antes de terminar el trámite pasa por el organismo de control.Tampoco era tarea específicamente del área mía. Tengo entendido que es así. Es un paso anterior a la sustanciación. No recuerdo si pasaron o no por el control, porque no había expediente papel. Quien tenía la clave lo hacía, ponía que pasaba por el organismo de control y listo. Acá se inventó todo, también que habían pasado por ahí”.
Manifestó recordar a dicha hora que cuando hicieron la apertura y vieron el Facebook de Espaltro, estaba una persona con él en un evento, que ya había sido beneficiada con una jubilación.
Luego se le pregunto si: “¿Considera que Rodriguez Sueiro, Avichelli y Spaltro realizaban una actividad altruista para beneficiar a alguna persona o se quedaban con el producido de esos fraudes? Y dijo: “Yo creo que se quedaban con los beneficios de los fraudes. No creo que haya actividad altruista que se haga por mecanismos ilegales. Está haciendo un hecho ilícito”
A dicha hora la Fiscalía pidió se le exhibiera al testigo para su reconocimiento de firma la documental de fs. 269 de la causa principal (incorporada por lectura), que es una nota dirigida por el declarante a la Dirección General de Administración a cargo entonces de Carmen Sarra, y para que diga si esos eran los reportes que ellos denunciaban. Luego de que el testigo reconociera la firma le fue preguntado que eran esos números de solicitud. Y el testigo dijo: “Son información que nos pedían sobre distintos trámites, son las altas de solicitud de jubilación. Con esas altas se iniciaban los procesos que después se determinaban apócrifos”.
Se le hicieron preguntas aclaratorias sobre el episodio de San Isidro. Y allí agregó que le comenta Rodríguez Sueiro, en el diálogo que tuvo con él cuando él reconoce que tenía que ver con los hechos, que estaba arrepentido pero que ya estaba hecha la denuncia, que él reconoce que había aportado a uno de los beneficiarios y surgió la cuestión del esquema de Mar del Plata y Necochea, de cómo llegaban. Explicó que fue ahí cuando Rodriguez Sueiro manifiesta que con tal persona no se la agarren, que era una persona que fue a San Isidro y no se terminó de llevar la plata porque no terminó cobrando el dinero ya que se había asustado mucho, “porque era mucha plata”. Que ahí se pusieron en contacto con el gerente de la sucursal que refrendó que la persona que había ido a cobrar la jubilación se había asustado y se había ido. Sobre que significaba mucha plata dijo: “No recuerda los montos. El monto de mayor denominación era de $100 y eran muchos billetes. Los retroactivos que se cobraban eran muchos billetes, era mucho dinero”.
Declaró luego la testigo GABRIELA SILVANA MARTINEZ, Subdirectora de Planificación y Control de Gestión del Instituto de Previsión Social, por debajo de quién expusiera anteriormente, quién aclaró que si bien no le habían dicho en el marco de que causa debía declarar entendió que se trataba: “de la causa de los retroactivos de jubilados del Poder Judicial, mal llamados truchos. Los hechos fueron hace alrededor de 8 años, por lo que puede tener baches la memoria. Recuerdo que, a raíz de una investigación de un control interno, de acuerdo con los dichos del Subdirector de liquidación y pago de haberes, Gastón Morales, detecta que varias altas de jubilaciones no tenían respaldo en papel, es decir no había expedientes que justificaran las altas”. Explicó que no encontraron los expedientes en papel.
Contó que a partir de ahí el Director le informa de los hechos y comenzaron a trabajar dentro del área sobre esos casos, a buscar cuáles eran los expedientes sobre la base de las denuncias penales. Requirieron a los bancos las constancias de los retroactivos, las fotos de los DNI, porque como no tenían los expedientes en papel no tenían forma de localizar a esos supuestos beneficiarios y a partir de ahí, el Director convocó a una reunión a unos empleados a quiénes suponían infieles porque eran los que daban el alta del beneficio, Gustavo Spaltro y Jorge Rodriguez Sueiro. Aclaró que ella estuvo de testigo de esa conversación, y que en esa charla informal ambos reconocieron la maniobra de dar el alta. Se le esfuman los relatos. Se comprobó que los pagos eran depositados en la cuenta del banco y los pagaban a los beneficiarios, pero no que pasaba con la ruta de ese dinero. Declaró que en esa charla Spaltro y Rodriguez Sueyro “Aludieron que estaban cansados de ser pobres” (sin recordar quien de los dos lo dijo). Explicó que cuando terminó la reunión y como ella conocía a la mamá de Sueiro y él le dijo que no le diga nada a su mamá, ella le dijo “Preocupate más por tus hijos, Jorge”, y refirió que le quedó en la memoria afectiva, por eso lo recuerda. Además, recordó que reconocieron que utilizaban claves de otros usuarios, compañeros de trabajo, sin permiso, para realizar las maniobras.
A dicha hora la Fiscalía pidió la exhibición de la foja 314 (incorporada por lectura al juicio) que es una copia fiel de un recibo del Banco Provincia que muestra el retroactivo que se cobraba según la Fiscalía, el que solicitó se exhibiera a modo indicativo y de ejemplo a la testigo para ilustrar. Se le exhibió, la testigo reconoció su firma y el contenido del recibo que se le exhibía, del que dijo era el ticket de cobro que había sido solicitado oportunamente.
Fue interrogada sobre si recordaba en qué Bancos se cobraba. Y allí dijo: “Siempre era el Banco Provincia. Sé que requerimos a varios bancos de La Plata la mayoría, me acuerdo había uno de los Hornos, pero después surgieron algunos de Mar del Plata, pero siempre el banco era el Banco Provincia”.
Preguntada sobre qué figuraba en esos recibos aclaró que: “Los recibos acreditaban el pago retroactivo del haber inicial y el retroactivo correspondiente al alta para darle el pago. Cuando se le daba el alta transitoria al pago se le pagaba el retroactivo, porque no intervenía la Fiscalía ni Resoluciones, es decir no había un acto administrativo, en Inclusiones le daban un alta transitoria que quedaba, digamos, en este caso quedó eternizado el alta transitoria, porque los expedientes figuraban en distintos lugares, tanto en el Instituto como fuera del organismos en Fiscalía, pero no existían, no se encontraron”.
Se le preguntó si en esos recibos figuraba un beneficiario distinto a los funcionarios del Instituto de ¨Previsión Social y dijo: “Sí, era una tercera persona con DNI y que existía en la práctica. El primer pago lo cobraba el beneficiario del retroactivo por ventanilla. Cobraba la persona a cuyo favor se hacía la jubilación, la que figuraba en los archivos de los pagos mensuales, era esta persona también”. Se la interrogó sobre si recordaba haber acompañado y certificado documentación que daba cuenta de esas situaciones a la causa penal, y sobre eso dijo que sí.
Fue el turno del contrainterrogatorio de la Defensa Oficial quién ante la afirmación sobre que la testigo había dicho que las jubilaciones se liquidaban por expediente electrónico recibió un “no” como respuesta rotunda de la testigo, quién aclaró a ese punto:
“No, no dije eso porque los expedientes electrónicos vinieron con posterioridad. El trámite habitual era un trámite en papel que se cargaba en el sistema electrónico. Lo que viene es una suposición: como no se encontró el expediente papel en ninguno de estos casos, lo que suponemos es que se cargaron datos ficticios en el sistema, pero no es lo mismo que un expediente virtual. Un expediente virtual existe en la práctica y tiene certificaciones de servicios. En estos casos no pudimos ver ni certificaciones de servicios, aparte en muchos de esos casos era imposible que hubiera una certificación porque por ejemplo hubo un caso de un alta como camarista de una persona extranjera, entonces era imposible que existiera documentación que respaldara esa certificación. No quiero decir que el expediente sea virtual, sino que se cargaba en el sistema algo que no estaba materializado en papel, no es exactamente lo mismo que no existía el expediente en papel. Para poder dar el alta transitoria, había que generar un número de expediente y determinados datos personales sino no hubiera cobrado nadie, determinados archivos que posibilitaran poner un número de beneficio y poder dar el alta del pago. Si existió en formato papel o no lo puedo saber”.
La Defensa preguntó a dicha hora cuanto tiempo insumía esto y dijo que desconoce cuánto tiempo duraba la maniobra. Explicó que el alta estaba en papel en ese momento. Evidentemente para la testigo no existió control, salvo el control interno posterior, cuando el subdirector detecta las altas. “Se necesitaba el papel, pero hubo una trampa al sistema”.
Finalmente, prestó declaración el testigo JORGE PABLO LAVIE, quien afirmó que en la época de la causa era instructor de la UFI 8 del Departamento Judicial de La Plata. Explicó que la causa se inició por denuncia de Cascallares, donde se acercaron a la Fiscalía con el jefe de gabinete y a partir de ahí comenzaron la instrucción. Detectaron a través de las auditorias jubilaciones irregulares de magistrados del Poder Judicial por la forma en que se habían iniciado. Del registro de aportes del IPS, que se llama Rupa, surgía que no tenían aportes esas jubilaciones. En principio eran siete u ocho casos y luego se fueron ampliando. Abrieron un alcance por esa ampliación, porque eran muchísimos casos.
Le fue preguntado: ¿Recordás los nombres de las personas que no tenían derecho a la jubilación? Explicó: “Dominga Vaccaro declaró primero y contó como accedió a la jubilación. A partir de allí personas que se negaron en 308, ampliaron en la oportunidad de declarar por el art. 317 del CPP Rosell, Witton, Petraglia, Cendoya, Cabrera, de Llanes y un señor Pagano que nunca encontraron, que era de Balcarce. Di Jorgi también. Recuerdo a Rosell por los lentes y la fisionomía y a los demás me los confundo. Figuraban como beneficiarios de las jubilaciones. Todos. Todos los que se quedaron como imputados figuraban como beneficiarios. Hubo casos de personas que se iniciaron las jubilaciones y nunca alcanzaron a cobrar y quedaron fuera de la investigación”.
Detalló en qué consistía la maniobra. Sobre esto dijo: “Además de lo que figuraba en el sistema RUPA, después nosotros libramos un oficio a la Corte para ver si habían estado en funciones, que respondió un oficio diciendo que ninguno era magistrado ni empleado ni tenía relación con el Poder Judicial. La maniobra era que hacían la tramitación de un expediente jubilatorio de los magistrados del Poder Judicial, que tienen un régimen específico, no es un régimen jubilatorio común. Es más automático, más rápido. Iniciaban los expedientes de forma solamente virtual. Porque cuando detectan la maniobra la maniobra en el IPS, nunca los encontraron, nunca encontraron el expediente en papel. La particularidad era que en las hojas de ruta, todos los expedientes tienen una hija de ruta que te va diciendo las oficinas y dependencias por donde van pasando los expedientes, pero al final hacían salidas a Fiscalía de Estado para justificar que no estaban en formato papel, nunca fueron encontrados esos expedientes, no existieron en papel”.
A dicha hora fue repreguntado sobre: “¿Qué pasó con los imputados funcionarios del IPS? Puntualmente, ¿Cómo se perfeccionaba la maniobra?” Y dijo: “Había participación de funcionarios del IPS que eran los que realizaban los trámites necesarios para conceder la jubilación. Por un lado dejaron su clave y usuario en los expedientes y por otro lado tenían vínculo con los falsos beneficiarios, eso detectaron. Se pidió al Banco Provincia que envíen comprobantes y los extractos de los movimientos de las cuentas, los comprobantes de pago en efectivo. Esos pagos generaban acumulación de dinero por un retroactivo que sacaba todo junto por caja. Para eso debés presentarte con tu DNI en el banco provincia y te hacen firmar y poner tu DNI para hacer la extracción en efectivo. Después se manejaban con la tarjeta de débito como toda caja de ahorro”.
En ese momento la Fiscalía pidió la exhibición al testigo de las constancias documentales de fs. 300 y sig. ( incorporadas por lectura). Explicó el Fiscal que se trataba de informes solicitados por el Instructor Lavié al IPS y se acompañaron esos recibos por el Banco, por lo que solicitaba que se le exhibieran en el debate. Le preguntó sobre el ticket bancario cuya fotocopia luce a fs. 302 y el testigo dijo que se trataba de un comprobante de caja de extracción por parte de Guillermo Cendoya. Interrogado sobre el monto a cobrar describió el monto total del recibo. Apuntó: “834.021, 65. Lo elevado del monto obedecía a un retroactivo ficticio que se tenía que retirar por caja”.
Seguidamente el Fiscal repitió el procedimiento con el ticket bancario cuya fotocopia certificada obra a fs.308 y el testigo dijo: “comprobante de extracción por caja a nombre de Witton Alberto por el monto total de $860.025,39”. Se repitió con el comprobante de fs. 314 a nombre de Di Jorgi por el monto $658.366,76, de fs. 320 que era un comprobante de extracción por caja a nombre de Cabrera Marta por $19.467, de fs. 316 a nombre de Rosell por el monto de $920.360, 82 y de fs. 323 que estaba a nombre de Petraglia. El testigo precisó: “Hay dos comprobantes. Monto del segundo es $712,914”.
Acto seguido se le preguntó al testigo “¿Cómo era el cobro?”. Sobre eso explicó que era un sistema de ticketera abierta, que era el sistema del Instituto de Previsión Social. Explicó que emitían la orden de pago y podían presentarse en cualquier sucursal del Banco Provincia con esa orden y si tenían fondos expeditos se les pagaba en efectivo. Algunos de los beneficiarios contaron que la sucursal no tenía los fondos expeditos y les pedían que vayan en otro momento o les decían que vayan a una sucursal más grande que tuviera fondos. Manifestó sobre la entidad de los montos para aquella época porque dijo que para que nos diéramos una idea un sueldo de secretario de primera instancia era de quince o dieciséis mil pesos en esa época, por lo que lo montos cobrados ascendían a una cantidad que representaba varias veces un sueldo de secretario de primera instancia.
Interrogado sobre si recordaba los motivos que invocaban estas personas para haber accedido al cobro de estas sumas y si podían justificar cómo habían accedido a ese beneficio. Sobre eso el testigo dijo recordar que los beneficiarios manifestaban que habían accedido a la jubilación por conocidos, allegados o vecinos que conocieron en determinados lugares, no eran los canales habituales (acercarse al IPS, por ejemplo). Contó así que Vaccaro ingresó por un conocido de Rodríguez Sueiro. Era ex cuñada del hermano de Fernando Rodríguez Sueiro. Agregó que el hermano de Rodriguez Sueyro era chofer, camionero y que él les hacía el ofrecimiento de la jubilación a varias de las personas que declararon. Manifestó que varias de las personas que declararon explicaron que esta persona les hacía el ofrecimiento “Tengo a mi hermano que trabaja en el IPS, puedo conseguirte una jubilación”, y que “esa era la forma que accedían”. Explicó que las personas no tenían aportes en la provincia. “Para tener un beneficio en el IPS tenés que haber trabajado en un organismo del Estado provincial, en un ministerio, en la policía, educación, etc.”. A dicha hora comenzó el contrainterrogatorio de la Defensa Oficial quién le preguntó “¿Recuerda el lapso que hubo entre las declaraciones del 308 y el 317? El testigo respondió que el lapso entre las declaraciones fue poco tiempo, que fue entre una semana y diez días. Aclaró que no tenían prisión preventiva. Que se les decretó la libertad en los términos del artículo 161, a todos los beneficiarios cree. Explicó que él tomó las declaraciones (escribía).
Interrogado sobre “¿Qué nivel de instrucción tenían?” Explicó que había todo tipo de nivel de instrucción en las personas. Que recordaba que escaso nivel de instrucción tenía Petraglia -era vendedor ambulante de Mar del Plata- y Dominga Vaccaro. Sobre el resto de las personas desconocía el nivel de educación, pero aclaró tenían algún oficio. “Rosell era electricista. Witton el señor de Brandsen era carpintero, creo”. Aclaró que ninguno de ellos era profesional. Ante la pregunta de: “¿Hicieron alguno de los trámites en el IPS personalmente?” recordó que siempre hicieron los trámites mediante una persona allegada y aclaró no recordar que hayan ido presencialmente al IPS por esos trámites.
Cuando la Defensa Oficial manifestara que no tenía más preguntas y la Defensa particular expresara que no iba a interrogar la Fiscalía preguntó: “¿Quién iba a cobrar tenía que exhibir el DNI y firmar personalmente?”, y sobre eso el testigo dijo que tenían que exhibir el DNI y debía cobrar la persona a cuya orden figuraba el pago, es decir-aclaró- que se hacía por caja. Recordó a ese momento que a una de las personas la subieron a una camioneta y la llevaron a casa matriz, porque no había fondos en una sucursal más chica. Manifestó no recordar quién había sido. Allí, aclaró, en casa matriz, hay una oficina que se encarga del pago de administración pública.
En el debate declararon cuatro de los seis imputados.
En primer término lo hizo SUSANA MARTA CABRERA: quién comenzara contando que va a decir “el por qué he llegado a esto”. Afirmó que “no soy una persona que anda por la vida sacando cosas ajenas. Sí he tenido un matrimonio violento con la cual he tenido un hijo”. Contó que ella se quería divorciar por amenazas, pero no tenía los medios para sostener. Que trabajaba para los vecinos, haciendo prepizzas. No tenía un sueldo fijo, era lo que hacía en el momento. Que siguió aguantando la situación, sus hijas se fueron de a poco por la violencia. Quedaron Josué, el menor, y Florencia la menor de las mujeres que no era hija de su pareja. Y que a dicho momento fue cuando: “Un conocido de la Corte, Jalil, me dijo que me podía dar una mano ofreciéndome una jubilación anticipada, ya que yo tenía aportes jubilatorios de otros trabajos anteriores que había tenido”. Explicó que vio la tabla de salvación para que no la separaran de su hijo, si bien sabía que nunca le iban a sacar al niño, porque era la madre. Manejada por el miedo-dijo-, expresó que no pensó en la gravedad del tema y aceptó, y así fue como, dijo, “cobré en tres situaciones y después se desató lo que se está ahora analizando”. Manifestó estar sumamente arrepentida de no haber investigado como venía todo esto. Estando en Mar del Plata no se imaginaba de semejante maniobra. Sabiendo que ella tenía aportes pensó que era una anticipación. Y dijo a esta hora: “Yo estoy totalmente arrepentida de lo que hice. Ensucié el apellido de mis padres y se me cae la cara de vergüenza, porque yo para venir acá hablé con mis patrones en un colegio privado, con gente noble, y dije la verdad: necesitaba el día para venir a atestiguar el horror que había cometido. No quiero minimizar porque estuve mal y nuevamente me arrepiento de “haber hecho semejante cosa”, pero verdaderamente no sabía que era de semejante magnitud también”.
Siguió aludiendo a la situación de violencia que para la época de los hechos sufría. Explicó que durante 16 años estuvo con esa persona que la ofendía, la abusaba, y por el miedo -que aún le tiene- nunca hizo ninguna denuncia y sus hijas tampoco. Se le preguntó si lo había podido enfrentar alguna vez y explicó que cuando estaba cansada se lo dijo: pero lo que pasaba siempre, la golpeaba, ofendía y amenazaba con que le iba a sacar al nene. Dice que no lo hizo por estar mejor económicamente y pasarse la gran vida, simplemente quería a los nenes, sin darse cuenta de que a él le correspondía darle esos medios (en referencia al marido). A través del miedo no pensaba. A dicha hora dijo: “Me hago cargo de lo que hice, eso es lo que quiero decir”
Le fue preguntado cuántos años de aportes tenía. Contestó que para esa época tenía diez años de aportes, porque ahora tiene diecinueve, y que eran de trabajos anteriores: en la fábrica Havanna, y en promociones de una empresa de Rosario de carnes envasadas al vació. Era jovencita, tenía veintiocho o treinta años y ahora va a cumplir sesenta, en julio. Después trabajó sin aportes en una zapatería, en la que le preguntaron si quería aportar y les dijo que no, por lo que le pagaban en negro. Ahí se cortaron los años de aporte. Después se hizo monotributista social para empezar a aportar nuevamente y luego consiguió el trabajo en el colegio, hace dos años que trabaja ahí. Ante la repregunta, dijo que tenía diez años de aportes cuando suceden estos acontecimientos.
Ante la pregunta aclaratoria del Tribunal sobre ¿Qué fue lo que hizo, concretamente? ¿De qué se arrepiente? Explicó que se arrepintió cuando le dijo Jalil que le iban a dar la anticipación de una jubilación porque a él le habían hecho una. Ahondó que estaba arrepentida de no haber investigado en ese momento, porque estaba desesperada para que no le saquen al nene. Jalil le dijo que le iba a presentar a una persona que le iba a hacer la jubilación anticipada. Conoce a otras personas que Jalil les hizo lo mismo. Dijo que a él (a Jalil) le habían hecho la jubilación, por eso le iba a presentar a esa persona, la misma que le había hecho la jubilación a él. Jalil no había tenido problemas legales. Ella veía allí la tabla de salvación: de que no le quiten a su hijo y vivir en paz.
A dicha hora le fue preguntado por qué decía eso de necesitar vivir en paz y explicó que no vivía bien, vivía bajo un estado de violencia continua. Jalil conocía esa situación. El estado de violencia cesó, porque cuando sucedió todo esto, inmediatamente la pareja se fue de la casa e inmediatamente hizo el divorcio, cuando la detuvieron a ella. Cuando le hicieron el allanamiento en la casa, su pareja estaba ahí todavía. Cuando la trajeron a La Plata y regresó, se disolvió todo y enseguida se realizó el divorcio. Fue “inmediato” el divorcio. Se siente aliviada desde ese lado y “por esto no”.
A dicha hora la Fiscalía contrapuso lo declarado en la IPP por la imputada (en dos declaraciones previas) y recordó que en el marco de una declaración se le habían exhibido los comprobantes de fs. 255/256 (incorporados por lectura), que acreditaban la extracción por caja por parte de la imputada de un monto de dinero por un valor de 937.753 pesos, y a dicha hora y preguntada que fuera al respecto de su primera versión de sus declaraciones, donde dijo que le habían hecho firmar y le habían pedido los datos y sobre que en la segunda declaración dijo otra cosa, que se encontró con Jalil en la puerta del Banco, que Jalil le hizo firmar el comprobante y que el monto elevado era el perteneciente a mucha gente, y que Jalil después de hacerle firmar el comprobante pasó a una oficina y cobró la plata; finalmente aclaró: “Me encontré con Jalil en la puerta del banco...”“El monto elevado se debía a que dentro del monto había jubilaciones de mucha gente” Interrogada sobre si ¿Era mucha plata que se cobró?, explicó que Jalil llevó dos bolsos (acompañó sus dichos gesticulando con las manos para para mostrar el tamaño). Le fue preguntado si ella había firmado ese comprobante de extracción de caja por el monto que figuraba y respondió que sí, que ella lo había firmado. A la pregunta del Particular Damnificado sobre si había cobrado mensualmente dijo: “Él me acercó la plata tres veces más, pero después no. Me acercaba el dinero al domicilio. Yo no tenía una tarjeta. Eran $3200. Una vez 2000. La primera vez cree que le dio $2000. Tres mil o tres mil quinientos”
Sobre si ¿No le llamaba la atención que cobre en nombre suyo? Dijo: “No lo pensé”.
Sobre si ¿Sabía a qué sistema hace aportes? Dijo no saber.
Sobre si ¿Sabe a quién recurrir para preguntar eso o que le dé algún dato? Explicó: “En ese momento no, ahora sí. No se me ocurrió en ese momento que se pueda hacer esto que hizo Jalil. Pensé que yo al tener los aportes podía acceder. Al hacerle notar que era casi un millón de pesos reafirmó que los había retirado ella, que le dieron “un rollito”, pero que no recordaba si eran dos mil o dos mil quinientos pesos.
A dicha hora le fue preguntado si “¿Interpretó que ese millón de pesos que había le correspondería cobrarlo a usted?” Dijo que no y que tampoco sabía que iba a cobrar como jueza de la provincia de Bs. As. Explicó a otras preguntas que no terminó el secundario, que cursó solo primer año y la primaria completa y que sabe leer y escribir. Declaró usar anteojos para leer y que en ese momento los usaba, pero a veces se los olvida, otras veces no. Declaró que ese día en el Banco no los tenía. A la pregunta de que año fue dijo en 2015 y sobre cómo se acordaba ahora habiendo pasado siete años de ese detalle dijo que se dio cuenta cuando firmara. Prestó declaración el imputado EDUARDO OBDULIO PETRAGLIA:
quién primer aclaró que había sido trabajador toda su vida. Que hace venta ambulante en las playas de Mar del Plata, venta ambulante en estadios de fútbol, hace changas de albañil en invierno y toda la vida lo hizo. Explicó que se le ofreció una jubilación y como no tenía más medios que lo que hacía en la calle, la aceptó. Le dijeron que si le hacía falta una mano se la iban a dar. Le dijeron “si no aprovechás este gobierno vos Flaco, no te jubilas nunca más”. Aceptó porque no sabe ni leer ni escribir. Lo llevaron al banco para cobrar X plata, pero ni siquiera la vio, porque se la dieron a quien lo acompañó. Le ofrecieron tres mil pesos por mes, lo que para él era mucha plata, porque él no tenía nada seguro.
Fueron más o menos tres meses de cobrar tres mil pesos por mes. Cuando le tocaba cobrar con aguinaldo le dijeron “flaco, no hay más plata”, que no iba a cobrar más. De ahí en adelante nunca más cobró. Cuando lo fue a buscar la policía se había olvidado de lo que le daban, no entendía porque hacía tiempo que no cobraba, así que siguió trabajando, ganándose el día. Toda su vida hizo la calle, venta ambulante, en las playas, en los estadios de fútbol, etc. Dijo que “Lamentablemente caí en esto, que no hubiese querido caer y pide mil disculpas, porque le está haciendo perder el tiempo a todo el mundo con la pavada que él hizo. Hoy tengo 67 años. En ese momento tenía entre 59 y 60 años”. A la pregunta sobre “¿Quién se la ofreció?”, explicó que la jubilación se la ofreció un tal Del Hoyo, quién hizo los papeles, y luego, lo mandó con el señor Jalil al banco a cobrar esa plata.
Cuando el gerente le dijo que firme, lo miró a Jalil y le dijo “yo no sé firmar”. Allí Jalil le dijo “flaco andá para afuera”. Es raro que el gerente no se haya dado cuenta de que si yo no sabía firmar no podía cobrar como Juez de un juzgado. Nunca le dijeron que se iba a jubilar como Juez. Dice que es nulo, que no tiene estudios, de esas cosas no sabe nada. Una cosa es que sepa vender en la playa porque se formó así, pero de ese tipo de papelerío no sabe nada. Dice que tiene una moto y se le venció el registro, cuando lo quiso renovar no lo dejaron porque no sabía leer ni escribir. No tiene registro, entonces la moto la tiene tirada en su casa, es lo que lo salva para trabajar de ambulante y trabajos de albañil en Mar del Plata.
No puede por su edad ir en bicicleta con las herramientas y todo. Aclaró que no le dieron tarjeta para cobrar. Se extravió la tarjeta y lo hicieron ir a distintos correos (Jalil) para conseguir la tarjeta. Jalil le insistía en que consiga la tarjeta. Luego le dijo que le llegó una tarjeta del correo y que lo llamó por teléfono y que Jalil le dijo que no la abra, que no la toque, porque no iba a poder hacer nada, pero que se la entregue a él. Al poco tiempo- precisó que fueron dos horas-fue Jalil a buscarla y él se la entregó.
Se le preguntó: ¿De dónde lo conocía a Del Hoyo? Explicó que a Del Hoyo lo conocía porque a su mujer la operaron dos veces de un tumor. Tiene una discapacidad en uno de los brazos. Siempre charlaba con Del Hoyo, ya que se veían en la puerta del banco, “qué hacés flaco ¿cómo andás?” y así. Esas conversaciones de varones. Ahí hablan de un problema que tiene en el brazo el imputado, porque explicó que tiene un brazo más corto que el otro. Ahí le dice Del Hoyo que le iba a dar una mano y lo iba a ayudar para hacer lo de la jubilación. Este hombre lo cita a la casa. Esa charla fue en la puerta del banco de Independencia y Castelli, en donde cobra su mujer actualmente la jubilación. En ese momento la llevaba a su mujer a cobrar la jubilación, todos los meses la acompaña a cobrar, ahí es que lo ve a Del Hoyo. Siempre la acompaño a cobrar después de las operaciones por los tumores. A la pregunta de “¿Qué instrucción tiene usted?, explicó que no pudo ir a la escuela, porque trabajó desde los nueve años. Intentó la primaria pero después de dos meses no fue más. O ganaba para comer o estudiaba.
Sobre donde vivía a esa época dijo que alquilaba en Mar del Plata, en el barrio Santa Rita. Luego, con el tiempo, pudo conseguir un terreno fiscal y con unos pesos que había ahorrado, construyó allí una casita para no alquilar más. Hizo una temporada e inició la casa, que fue haciendo de a poquito. A la otra temporada iba comprando materiales y siguió construyendo. Llegó hasta el techo, le pusieron una lona para pasar el invierno. Con lo que ganó la otra temporada, revocó, hizo el piso, las puertas y así hizo la casa.
A la pregunta de si había retirado plata por la caja del Banco explicó que no, que cuando estuvo detenido veinte días en La Plata, después llegó a Mar del Plata y a los dos días le llegó una notificación del banco para renovar la tarjeta del cobro del banco. Fue con su señora. Ella preguntó por qué tenía que retirar eso si nunca había comprado nada. El gerente dijo que tenía razón. La señora le dijo fíjese que él nunca vino a cobrar. Fue requerido acerca de: “¿Cómo cobraba? ¿Le hicieron firmar algo?”Y dijo: que había hecho un garabato, porque no sabe firmar. Aclaró que el que firmó los papeles era Jalil. Fue adentro del banco con Jalil, ante una persona del banco.
A dicha hora fue interrogado: “¿Ahí le daban los tres mil pesos?” Y dijo: “No, se llevaron la plata en un bolso, había un auto abierto esperando afuera” y le decían “andá a tu casa que en un rato te llevamos la plata” y al ratito cayeron y le llevaron los tres mil pesos. Después fueron al otro mes, pero cuando llegó el aguinaldo no le dieron más.
Sobre si creía que eso era ilegal no supo que decir. Afirmó que era ignorante, ahora se da más cuenta de todo porque está metido en el problema, pero de entrada era ignorante y no se daba cuenta si era real o irreal, si era bueno, si no era bueno. “Fui nulo toda la vida. Querés que te construya algo te lo hago, pero de esto nada. Nunca había tenido problemas de este estilo, recién ahora me estoy empapando un poco¨”. Preguntado expresamente afirmó que de plata conoce, porque maneja desde los 9 años dinero, lustrando zapatos. “¿Entonces no le llamó la atención cuando se iba con los bolsos?” Dijo que no, que le habían dicho que se quede tranquilo, porque eran cuestiones particulares de ellos y que se quede tranquilo que “le iba a llevar la moneda”. Afirmó que en ese momento tres mil pesos le servían. Señaló que él no vio la plata, pero sí los bolsos. Quería meter adentro de una maleta un bolso, pero no sabe con cuánta plata. Adentro del banco no vio la plata.
Sobre cuantas veces cobró dijo “Ese día y dos meses más. Luego nunca más”. Fue preguntado sobre “¿Cómo tramitó la jubilación su señora?” Y dijo: “La jubilaron por discapacidad, porque no tenía vista para trabajar en la fábrica de pescados. Ella tenía todos los recibos. Le comentó a una señora de los problemas que tenía su mujer y le recomienda un abogado para jubilarla. Ese señor le pidió todos los recibos y después la mujer empezó a cobrar. Ella iba al banco y tiene tarjeta y todo. La primera vez fue con el abogado y ese hombre se llevó plata, se descontó lo de él”.
A dicha hora le preguntó el Particular Damnificado: “¿No le llamó la atención de la forma que cobraba?” Respondió que le dijeron “Flaco nunca vas a tener problemas” y tenía que aprovechar con ese gobierno porque no cobraba más. No le llamó la atención lo de los bolsos. Él “como un tonto” pensó que lo estaban ayudando. No le podía preguntar algo, “hay respeto entre la gente” “Cuando me dí cuenta me quería matar”.
Declaró también en el debate el coimputado CARLOS ALBERTO WITTON: quién explicó que era carpintero, por lo general, de obra. En el año 2003/2004 empezó a trabajar en las obras tanto de Brandsen, como de Monte. En una obra estaba trabajando -tiene casi 70 años- y un pintor le preguntó si él era jubilado. Él le dijo que no, que tenía 60 o 61 años. Le preguntó si quería jubilarse y él le dijo que “cuando tenga la edad supongo que me voy a jubilar”. El hombre le dijo que tenía un amigo que hacia jubilaciones. Él le dijo “no estoy para jubilarme”. Precisó que sabiendo que no se podía jubilar supuso que se iba a jubilar por la mínima. Y le dice que tenía un abogado amigo que hacía jubilaciones. Le dice que lo iba a jubilar por más de la mínima por ese sistema, él se acordaba que la mamá cobraba como mil pesos.
Le dio todos los datos al pintor y al año más o menos lo llamaron que lo habían jubilado. Número de DNI, nombre y domicilio eran los datos que le dio. La persona recuerda que era de Los Hornos si no recuerda mal. De Brandsen seguro que no era porque lo hubiese conocido. Estaba en un campo cerca de Loma Verde y pintaba con una empresa. Un día lo llamaron por teléfono, un tal Julio, para avisarle que “ya te jubilaste”. Le preguntó “¿cómo que me jubilé?” “Sí”, le dijo. Lo citó para ir al Banco de 137 y 66. Supone que le dio los datos el pintor. Además, le dijo que vaya a un banco a cobrar y que lo iba a acompañar. Ese Julio lo esperó en 137 y 66, un banco que hay en la esquina. Lo llevaron para adentro y le dieron para firmar una planilla.
No tenía ningún papel en la mano, solo el documento. En el banco le dijeron que tenía que firmar. Pasó por una oficina, firmó dos o tres planillas. Luego le dijeron que pase por caja con una de esas planillas que le dieron y una persona -no recuerda si hombre o mujer- le dijo que no había dinero para eso (este hombre, Julio, siempre estaba detrás de él). Él todavía no sabía cuánto iba a cobrar ni lo que era. El señor (Julio) fue a hablar con el gerente y él se quedó afuera. Luego le dijo que había que esperar porque el banco no tenía dinero. Le dijo que iban a venir los camiones de Juncadella a traer plata. Llegaron dos camiones veinte minutos después de Juncadella con plata. Contó que el gerente vino, dentro de una oficina, y “me puso una pila de plata así” (refiere con un gesto con las manos una suma importante).
¿Eso qué es? Le preguntó: “es el cobro de la jubilación” le dijo Julio. “Eso es una barbaridad”, responde el imputado. “Quedate tranquilo, no pasa nada” le dijo la persona que lo acompañaba (Julio). Afuera le agarró un ataque de nervios. “Ya tenían las tarjetas preparadas, todo”. Él no sabía cómo se manejaba un cajero, entonces le enseñaron. Le dijo a Julio que eso no iba, que algo había que hacer. “No digas nada porque hay gente pesada” le dijo Julio. Dijo que le agarró miedo, más que nada por sus hijos (Refirió tener dos hijos).
Después dijo que un día Julio lo fue a buscar y que cobró 7000 pesos. ¿Por qué cobró? ¿Para qué aceptó el dinero? Dijo a esa hora que ya estaba, que no sabía qué hacer. Julio le decía que si no cobraba la plata iba a haber problemas, le decía que no se olvide que había gente pesada atrás. Julio le dio la plata. Después fue de vuelta a cobrar y no lo quiso agarrar, porque empezó a reaccionar. Aclaró que con relación al monto de plata grande en el momento del banco se llevó toda la plata en la mochila, no le dio un peso. Fue con una mochila al lugar y el gerente del banco le ponía la plata ahí, arriba de la mesa y Julio la iba guardando. Luego le dijo “anda a cobrar al cajero”, él tenía la tarjeta. Fue con la otra persona al cajero. ¿Pero no le habían enseñado a manejar el cajero? ¿Quién lo acompañó al banco? No se acuerda quién era la persona que lo acompañaba, pero no era Julio, eran un tal Fercho o algo así. Cobró una sola vez con la tarjeta siete mil pesos. Siempre iba nervioso porque no sabía qué iba a pasar. Creía que había algo que iba mal. La Defensa Oficial preguntó a esa hora ¿Qué le dijo la persona cuando estaban en la oficina para continuar con el cobro? Cuando fueron a cobrar, le dijo “quédate tranquilo, no pasa nada". Después le dijo que no diga nada porque los que estaban atrás eran todos pesados. Le preguntó la Defensa también si no le dijeron sobre alguna consecuencia legal que pudiera haber. Insistió el imputado con que le dijeron “Quedate tranquilo que no pasa nada”. La Defensa preguntó si le dio miedo en todo momento y dijo que sí.
Explicó a preguntas de la Defensa que tiene la primaria cursada, que lee y escribe. Que calculaba que Julio tendría cincuenta años. A la pregunta sobre por qué se llevó el dinero dijo que le dio los siete mil pesos y se los llevó por miedo, no por ganas. Explicó que estaba trabajando muy bien en ese momento y no necesitaba dinero. Nació el año 28/08/52, al momento del hecho tendría sesenta y dos o sesenta y tres años. Hoy está jubilado en la Nación.
El Defensor le preguntó cómo fue la situación cuando lo detuvieron. Sobre esto dijo que cuando vio que “estaba todo revolucionado”, no quería saber nada, y que “cuando no dijeron nada, nadie llamaba y nada dijo listo, se terminó” y no cobró más. No fue al banco a intentar cobrar. “Yo no quería ir al Banco”. Se le preguntó: ¿Qué es eso de que estaba todo revolucionado? Como respuesta dijo que “En el banco había mucha gente”.
Se lo interrogó: “¿Cuándo terminó su miedo?” Y dijo: “Hasta el día de hoy tengo miedo”. Aclaró miedo de que nunca hizo nada de esto y caer así.
Se le dijo: “¿A la justicia entonces?”. Respondió: “Por supuesto, a todas las cosas que pueden venir. Miedo a que le pasara algo a mis hijos. Cuando saltó todo esto”.
Se repreguntó: “¿Qué es todo esto?” “Qué saltó?” “¿Cómo fue la situación que no cobró más?”.
Dijo: “En un momento la persona no apareció más y yo salí en todos los diarios y en la tele y decían que era un criminal y yo nunca fui un criminal. Mi apellido, mi nombre, en el diario y la televisión. Yo decía no puede ser, está bien Había firmado algo que no sabía, eso es para tomarlo en cuenta.Incluso una vez que vine acá que el Dr. Roldán me mandó al octavo piso en frente de la plaza San Martín (fiscalía) y me acuerdo que el señor le hizo firmar una planilla que nunca leyó, y le dijo (Roldán) cómo no leíste, y dijo y no. Explicó que sabe leer, pero despacio, hubiese estado toda la mañana, porque eran como cuatro o cinco planillas. No sabe qué le hicieron firmar. Aclaró que nadie lo obligó a firmar esas planillas en el Banco.
A repreguntas sobre el momento en qué le pusieron esa cantidad de dineroLe pareció que era mucha plata, pero no le dijo nada al gerente. El gerente hablaba con Julio. Él estaba de espectador, pero firmó antes unas planillas, todo de ir a la caja a cobrar. Ahí firmó lo de la tarjeta y todo, parece. No le dieron cheque. Él pensaba que no era normal y estaba en un ataque de nervios hasta que salieron y le dijo a Julio y Julio le dijo que no diga nada porque había gente pesada. A preguntas sobre el punto dijo que no le pareció apropiado decirle nada al gerente. Le parecía extravagante pero ya había firmado antes. Firmó unos papeles, no sabe qué. En ese momento estaba como en otro lado.
También prestó declaración en el juicio el imputado JULIO DI JORGI, quién comenzó diciendo que conoció a una señora a la que le estaba enseñando a manejar, que trabajaba en la Legislatura. Él trabajaba en “Academias Pedro” de conductores. El antiguo trabajo lo dejó en el año 2000, cerró el taller, se fue a trabajar a un campo y ahí se accidentó. Se operó de la columna y no pudo trabajar más de eso. Empezó a trabajar en un remis. En el 2012 se infartó y consiguió trabajar enseñando a manejar. Hablando, mientras manejaba, le comentó si había posibilidades de conseguir alguna mutual. Le comentó que había estado en el ejército en el 82, que lo habían operado de la columna. Fue al regimiento 7 y consiguió el papel que acreditaba que hizo la conscripción. Al poco tiempo le dijo que le consiguió UPCN y que tenía que ir a cobrar un retroactivo y que le podía conseguir una jubilación. Le dijo que vaya al IPS con DNI y fue, allí le dieron un ticket. Lo llamó por teléfono un tal Oscar, le dijo que vaya al banco de 44 y 27 con el DNI y el ticket y fue a retirar una suma grande de dinero. Le dijo “tráela toda”. La llevó a donde le pidieron y le dijeron que le iba a llegar para cobrar una pequeña jubilación de tres mil pesos. Como se estaban entregando jubilaciones por excombatiente, por estar en el continente, creyó que podía ser. Cuando le allanaron la casa del padre se enteró que se había jubilado como Juez o secretario.
A dicha hora fue preguntado si había sido ex combatiente. Contestó que estuvo bajo bandera haciendo la conscripción durante el conflicto en la isla, desde el 4 de marzo ‘82 al 27 de mayo del ‘83, estuvo bajo bandera en el ejército, entonces creyó que venía por ahí la jubilación. Como se estaban dando jubilaciones creyó que era por eso. Que entonces fue así que consiguió IOMA y pudo hacerse lentes para ver.
La Fiscalía preguntó a dicha hora situándolo de nuevo en el momento del llamado para ir al Banco y dijo que lo llamó un tal Oscar, andá a buscar la plata al banco de 44 y 27 y tráemela a los Hornos. “Era plata”. Le dijeron que esa plata era para pagarles los honorarios a los abogados.
Ante esa respuesta la Fiscalía le preguntó que tenía que ver la plata de honorarios si se había retirado según ticket incorporado por lectura al debate de 658.366 pesos. Y ante eso dijo que fue sólo al Banco, cobró esa plata y se la llevó a Oscar a 60 y 136, una casa, que entró al fondo. Fue a cobrar solo. No tenía idea lo que iba a cobrar. Era el año 2015, enero o febrero. El Fiscal le dice primero de septiembre de 2014. Al verlo sí creyó que era una suma importante de dinero. Sobre la cantidad de dinero que cobrara fue nuevamente inquirido por el Fiscal que le preguntó: “¿No le generó ningún tipo de dudas?” El testigo respondió que sí le dio duda la cantidad de plata que era, pero como era un retroactivo de 30 años del servicio militar, supuso podía ser. Cobró más o menos 658 mil pesos lo que para la época significaba más o menos setenta y un mil dólares. Sobre los abogados aclaró que no se entrevistó con abogados ni nada. No vio nunca a un abogado. El hombre que lo llamó le dijo que era para darle la plata a los abogados que habían conseguido la jubilación. Nunca vio a un abogado ni se entrevistó con ninguno. El imputado declarante respondió que sí cuando el Fiscal le dijera que él fue al Banco sin iniciar antes un trámite personal, que no vio nunca un abogado previamente, que se contactó antes por teléfono con una persona a través de una señora a quién le enseñó a manejar, esa persona le dijo que vaya al Banco retiró esa importante suma de dinero y después se la fue a llevar a esta persona que dice. Aclaró que supuso que era un retroactivo del Servicio Militar.
A dicha hora el Fiscal le preguntó: “¿Usted en serio me dice que creyó eso? ¿No se le ocurrió denunciarlo? Y la respuesta del imputado fue: “¿Usted quiera que vengan y me maten?, no sé cómo se manejan”.
¿Usted sospechaba de algo ilegal? No, fue con toda la inocencia, le pidieron un papel, lo mostró.
A dicha hora la Fiscalía pidió dejar constancia en el acta que el papel que acompaña la Defensa es un certificado que la persona prestó servicios en esa época en el Servicio Militar.
Al turno de las preguntas de la Defensa Oficial precisó que el nombre de la señora que le enseñaba a manejar era Blanca, vivía en Tolosa, calle 6 y 518 más o menos. Entendió que lo que tramitaba era por el conflicto de lo de Malvinas. Como estaba operado de la columna y se había infartado creyó eso. Concurrió a las oficinas del IPS cuando le dijeron que vaya. Entró, con el DNI, fue para la derecha y le dieron un ticket. Con lo que le dieron fue al banco a cobrar. ¿Fue a hacer un trámite legalmente? Dijo que sí.
El Fiscal repreguntó: “¿Quién le dio el ticket? Dijo no saber ¿Qué decía? Respondió que tenía descuento de IOMA, de UPCN que tenía los descuentos, pero no recuerda de qué montos ni prestó atención. Se presentó al banco con el ticket, el documento, pero sabe si el ticket tenía un monto para cobrar.
Lo que sigue son preguntas del Fiscal y respuestas del testigo:
¿Se entera que es un montón de plata en el banco? “Sí”.
¿Cuándo es que Oscar le pasa la dirección y le dice le lleve la plata a él? “Dos horas antes de ir al Banco”.
Ah, ¿entonces usted sabía dos horas antes cuánto iba a cobrar? “No, no dije eso. Me dijo andá al banco, cobrala y tráeme la plata para acá porque hay que repartirla con los abogados.
Siguieron preguntas aclaratorias del Tribunal.
¿No sabía por qué iba a cobrar? “No, no sabía cuánto ni por qué”.
“Ah, ¿le cayó así del cielo?” “Del cielo, pude tener Ioma que era lo que yo quería”
“ Cómo se llevó la plata del banco?” “Me la llevé en una bolsa, en un plástico, de nylon. Me subí al auto y la llevé”.
Dijo que le llamó la atención la cantidad de dinero que había. No tenía noción sobre qué era esa cantidad de plata, ni sacó la cuenta.
¿Está al tanto de lo que lucharon lo excombatientes para que le actualicen la pensión? ¿Está al tanto de lo que ganan? “Sí, son tres mínimas de la provincia y tres minimas de la Nación…son ciento y algo de mil pesos…”.
“Son quinientos dólares. ¿No le llamó la atención esa cantidad entonces?” Dijo que no, porque pensó que era retroactivo del año 82. No tenía noción ni sabe cuánto le tenían que dar. “No sé si era de un sueldo de cuando estaba haciendo la colimba. Sinceramente, cree que fue un procedimiento normal porque no sabe cómo se reparte en un estudio jurídico”.
¿Pero qué tiene que ver un estudio jurídico? Contestó que llevó la plata porque creía que era un lugar en el que había abogados. No sabe si era un estudio jurídico y si estaba lleno de abogados.
¿No le parecía extraño que a su nombre haya tanta cantidad de dinero por un retroactivo? “No sabía cuánto me tenían que dar por ley”.
¿Le parece esa cantidad de plata razonable en el año 2014? “Yo no sé si era mucho o poco”. A la solicitud de que aclarara porque antes había dicho que había cobrado mucho y ahora decía no saber si era mucho o poco dijo: “Era mucho dije”. La Fiscalía siguió preguntando: “¿No fue a la isla? ¿Estuvo en la zona de conflicto?”. Aclaró que no estuvo en la isla durante la guerra de Malvinas, que estaba en La Plata. Y que no cobra jubilación por ex combatiente.
A preguntas de la Defensa dijo que en el IPS lo atendió un empleado, por una ventanilla.
Por su parte, el imputado ALBERTO ROSELL si bien eligió no declarar durante el debate sí prestó declaración a la hora de la oportunidad del art. 308 del CPP, a fs. 1091/1094 vta., la que fuera incorporada por lectura al juicio con la anuencia de todas las partes, incluso la Defensa.
En esa oportunidad contó que conoció a una persona en el Club de los Abuelos, al que concurría normalmente, a quién contrató para que hiciera trabajos de electricidad en su casa, sobre quién dijo se llamaba Fernando, era chófer de camiones y que vivía en 513 y 132, detrás de un corralón de materiales. La describió como una persona de cuarenta años y de un metro setenta de altura, de pelo largo, flaco pero robusto. Explicó que fue esta persona de nombre Fernando quién ante charlas que tuviera con Rosell sobre lo dura que estaba la calle le dijo que tenía una persona conocida que le podía gestionar una jubilación. Que en otra oportunidad que volvió a la casa de este tal Fernando éste le preguntó si quería que gestionara la jubilación a lo que “accedió”. Contó que le ofrece a Fernando darle comprobantes de aportes porque el imputado había trabajado en YPF, Naxa y Maqui, pero que esta persona “le contestó que no era necesario”. Que allí el dicente “le dio sus datos”. Que luego de eso lo llamaron por teléfono a su celular 0221-156134931 y le dijeron que había salido su jubilación y que tenía que presentarse en el Banco Provincia de 17 y 71, y que esto fue a mediados de 2014 aproximadamente. Manifestó a dicha hora “que el dicente creyó que iba a conseguir una jubilación acorde a los aportes realizados, nunca pensó lo que después se enteró que sucedió”.
Explicó que el día que tenía que presentarse en el Banco se encontró con Fernando en la esquina. Explicó además que cuando se presentó en el Banco con su DNI no pudo cobrar porque no había efectivo en esa sucursal o por otro motivo y que tuvieron que ir a 7 y 67, pero que allí no se pudo cobrar, y que entonces los fue a buscar una camioneta del Banco y fueron finalmente a la Casa Matriz del Banco Provincia, en 6 entre 46 y 47. Que en esa camioneta fueron el dicente, Fernando y el chófer. Que la camioneta entró por el subsuelo, y que a ellos los llevaron a una oficina donde se iba a realizar el cobro. Que esperaron en esa oficina mientras contaban el dinero y luego firmó un papel, y le dieron un paquete con el dinero con forma de cubo y que “allí se quedó sorprendido por la cantidad”. Que se llevaron el dinero en un bolso que había llevado Fernando, quién agarró el bolso y le dijo que era un retroactivo que queda y que se lo llevó. Le dijo que al mes siguiente iba a llevar el cobro del dicente. Que luego Fernando se fue y él se fue también. Que al mes recibió la tarjeta de débito y cobró el primer haber. Que retiró tres mil pesos aproximadamente por cajero automático y el resto por ventanilla “que habrán sido unos cuarenta y pico mil pesos aproximadamente”. Y contó que después lo allanaron y no se presentó más a cobrar. Que luego de eso lo volvió a ver a Fernando y le preguntó que había pasado y Fernando le respondió “que se había podrido todo, y le mencionó que el causante del lío era Gustavo Spaltro, a quién el dicente no conoce”. Aclaró a instancia de la pregunta de su Defensa particular en el marco de la declaración que no le resultó llamativo el monto que tenía acreditado en su cuenta de cuarenta y pico de mil pesos porque supuso que podía tratarse de un ajuste o de un retroactivo. Explicó que no sabía que iba a ser una jubilación del Estado, pero que sí creía que iba a ser de quince mil o veinte mil pesos. Aclaró además que al momento de los hechos tenía veinte años de aportes.
También declaró en la investigación GUILLERMO GABRIEL CENDOYA (declaración de fs. 541/543 vta. en función del art. 317 del CPP, incorporada por lectura al debate) quién manifestó conocer a Gustavo Spaltro (empleado del instituto de previsión social que oportunamente estuvo procesado en autos) por ser vecino del barrio y que se lo encontró en la calle 137 y 61 con él. Explicó que detenta una incapacidad en su pierna y que estaba buscando jubilarse. Refirió que esta persona ese día del encuentro le dijo que anotara todos sus datos y se los llevara a su domicilio [sindicó lugar con precisión donde era] y que iba a ver que podía hacer con eso. Refirió que fue entre abril y junio del año 2014. Que al otro día del encuentro le dio todos sus datos en mano a Spaltro en su casa. Que durante ese tiempo se iban comunicando para saber como iba el trámite. Que pasó el tiempo y que en el mes de agosto Spaltro lo llama y le dice que que tenía que pasar por su casa a retirar una planilla y un papelito del IPS, que el imputado fue y que después le indicó que tenía que ir al Banco, retirar el dinero y volver a su casa. Que luego fue al Banco y que “la cajera que lo atendió dudó y no le quería pagar porque la suma era muy alta y sospechaba. Que otro empleado al ver que el dicente tenía en su mochila la planilla del IPS, le dijo a su compañera que le pagara que tenía la documentación del IPS. Que luego lo atendió el gerente y le dijo cómo no le habían avisado con tiempo no sabía si iba a poder pagarle. Que lo hicieron esperar un rato y finalmente le pagaron. Que la plata se la empezaron a pasar por ventanilla y como era mucha el dicente le dijo si no podía pagarle en otro lado donde no viera todo el mundo. Que terminaron pagándole en la cocina del banco”. Manifestó que todo esto ocurrió en la sucursal de 44 y 197.
En el marco de la declaración Cendoya reconoció el comprobante de extracción por caja obrante a fs. 302 y su firma estampada en la misma por encima del “recibí conforme” que se lee en el mismo (incorporado por lectura al debate). Reconoció el monto también que se lee en el mismo y afirmó que fue el que le pagaron (casi 800.000 pesos según acta de la declaración). Que con ese dinero fue a la casa de Spaltro quién tomó el dinero y no le dio nada. Afirmó además que: “Que el dicente le preguntó si no era mucha plata, si no iba a tener problemas a lo que Spaltro le respondió “esta plata va para la corona”. Que luego Spaltro le dijo que le iba a llegar la tarjeta de débito del IPS para que el dicente cobrara y que eso así fue. Y afirmó que iba sacando montos chicos de plata que le depositaban. Reconoció ante un extracto de movimientos que le mostraran en la audiencia de la cuenta a su nombre (0014-5210—003-5096464) que las extracciones que allí figuraban las había hecho, en referencia a los montos chicos y la compra con tarjeta, referenciando que compró un lavarropas. Referenció además que parte del dinero se lo tenía que dar a Spaltro.
Por otra parte los hechos se apoyan en toda la prueba que ha sido incorporada por lectura al debate, y que obran en causa principal N° 1049/5835, a saber: Documental de fs. 6/19 (planillas de beneficiarios), Planillas de antecedentes penales de Di Jorgi Julio Héctor, Cendoya Guillermo Gabriel, Petraglia Eduardo Obdulio, Cabrera Marta Susana, Rosell Alberto, y Witon Alberto Carlos de fs. 602, 604, 605, 614, 615, 1222, y 1224; Informes de Reincidencia de Cabrera Marta Susana, Petraglia Obdulio Eduardo, Di Jorgi Julio Héctor, Rosell Alberto, y Witon Alberto Carlos de fs. 582, 590, 598, 1263 y 1267; Informes ambientales de Di Jorgi Julio Héctor, Cendoya Guillermo Gabriel, Rosell Alberto, Witon Alberto Carlos, Cabrera Marta Susana y Petraglia Obdulio Eduardo de fs. 651/653, 884/885, 1220/1221vta., 1287/1288vta., 1386/1387,1388/1389vta.; Actas de declaraciones a tenor de lo prescripto por el art. 308 del C.P.P. de los imputados Cabrera Marta Susana y de Rosell Alberto de fs. 463/464vta., y 1091/1094/vta.; actas de declaraciones a tenor de lo prescripto por el art. 317 del C.P.P. de los imputados Cabrera Marta Susana, Cendoya Guillermo Gabriel, Petraglia Obdulio Eduardo, de fs. 530/531vta., 541/543vta., y 544/546vta.; Informes del Instituto de Previsión Social de fs. 152/153, Informe solicitado por la Comisión de Investigaciones Especiales del Instituto de Previsión Social suscripto por la Subdirectora de Planificación y Control de gestión Gabriela Martinez de fs. 154/160, Informe de Previsión Social de fs. 161, éste complementado por la documentación respaldatoria de fs. 162/177 sobre el alta de expediente y movimientos electrónicos con los datos de los históricos de pagos de Eduardo Obdulio Petraglia; de fs. 178 complementado por la documental respadatoria de fs. 179/194 sobre el alta de expediente y movimientos electrónicos con los datos de Marta Susana Cabrera; de fs. 268/vta. complementada por la documental respaldatoria de fs. 269/294 que ilustran sobre los movimientos en los sistemas y los usuarios intervinientes de las jubilaciones falsas detectadas; de fs. 300 complementado por la documental respaldatoria de fs. 301/305 donde es relevante el ticket de fs.302 que ilustra sobre el monto que cobrara por caja Guillermo Gabriel Cendoya; informe de fs. 363/vta. con los datos de las sucursales bancarias en las que cobraran algunos de los imputados, informes de fs. 276/286.
(con documentación respaldatoria), de fs. 365 y de fs. 824/827 con documental respaldatoria, identificando fecha de alta, movimientos, usuarios y equipos desde donde se hacían los movimientos con su ubicación, correspondiente a operaciones involucradas en los trámites jubilatorios; Informe del Instituto de Previsión Social de fs. 288/294, correspondiente a beneficios previsionales cobrados y no cobrados; Documental de fs. 253, 254, 302, 307, 308, 310, 312, 314, 316, 320, 322, 323, 350, 386/389 y 391 correspondiente a tickets de caja de sucursales del Banco Provincia y extractos históricos de pago, Documental de fs. 369/370, correspondiente a planillas de usuarios de computadoras suscripta por autoridades del Instituto de previsión Social e Informe del Banco de la Provincia de Buenos Aires de fs. 364/vta. correspondiente a movimientos de cajas de ahorro y comprobantes de extracción por caja de Witon y Rosell.
4. Desarrollaré ahora el pertinente razonamiento probatorio que sostiene la hipótesis de la Fiscalía, y permite desechar las de las Defensas.
En función de las declaraciones de los tres testigos de cargo que han prestado declaración testimonial (Jayat, Martinez y Lavié) lo que ha sido objetivado por numerosa prueba documental, se ha podido demostrar en el debate la conformación de una asociación ilícita de empleados del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires que tenía como objetivo cometer defraudaciones en perjuicio de la Administración Pública Provincial, para lo cual necesitaban del aporte ejecutivo de personas particulares, las que, actuando conjunta y mancomunadamente, en connivencia con ellos, pudieron concretar las citadas defraudaciones durante el año 2013 y hasta noviembre de 2014 (fecha de la efectivización de la denuncia que diera inicio a este proceso). Estas personas eran los coimputados de autos, entre otros.
Los perjuicios patrimoniales al erario público provincial se alcanzaron diseñando y ejecutando un ardid mediante la maniobra de dar de alta y crear movimientos electrónicos falsos correspondientes a expedientes jubilatorios que no existían, y que no existían en soporte papel (que era el sistema de entonces), que se hacían a nombre de supuestos magistrados del Poder Judicial pero que en realidad eran en beneficio de personas particulares que nunca habían pertenecido a dicho Poder. (En el caso, se hicieron en beneficio de los imputados). Mediante el uso ilegítimo de claves de otros empleados del Instituto, que eran jefes de áreas que desconocían la maniobra, los coimputados Alejandro Avicheli y Jorge Rodriguez Sueyro (cuya situación procesal ha sido encausada a través de un acuerdo de juicio abreviado) y Gustavo Spaltro (fallecido durante la tramitación de este proceso), efectivizaban las altas y los movimientos y daban la autorización para pasar a la siguiente etapa, todo de modo virtual, induciendo a error a los funcionarios que debían controlar y autorizar estos movimientos y generando luego el alta al pago. Para efectivizar esta maniobra asentaban en los registros electrónicos (en el alta de la jubilación) los datos personales de personas particulares– en el caso, los pertenecientes a los imputados-, que facilitaban su DNI para el trámite, que actuaban en connivencia con los empleados infieles, y que luego, una vez que salía la jubilación, se presentaban en distintas sucursales del Banco Provincia para cobrar personalmente una suma importante de dinero por ventanilla o en oficinas del Banco, que era un retroactivo que suele pagarse cuando se daba el alta de cobro [ya diré por qué]. Estos particulares, además, firmaban los tickets correspondientes del cobro y recibían el dinero, dinero que en gran parte se lo daban a intermediarios a veces en el mismo momento, quedándose con una parte en una cantidad mucho más chica y/o cobrando posteriormente mediante tarjeta de débito a través de cajero automático una porción más pequeña de dinero.
El retroactivo, como explicara la funcionaria Martinez, obedecía a un alta transitoria al pago definitivo que se suele dar en los expedientes jubilatorios, porque cuando aún no existe una resolución que materialice el acto administrativo que concede la jubilación, en un sector del Instituto que se llamaba Inclusiones, le daban un alta transitoria para que pudiera cobrar el beneficiario, porque, explicara, a veces pasan muchos meses entre el inicio del trámite jubilatorio y el cobro de la jubilación. La maniobra quedó demostrada no sólo por la prueba testimonial antes descripta, sino también por prueba documental incorporada por lectura al debate, concretamente por las planillas de beneficiarios de fs. 6/7, 10/11, 14/15, donde consta el lugar de pago y fecha de alta del beneficio y del pago con el nombre de algunos de los imputados, el informe de fs.152/153 por el que se anoticia los nuevos casos descubiertos de Alberto Witon, Marta Susana Cabrera y Eduardo Obdulio Petraglia, que se respalda con la documentación de fs. 162/177, y la documental de fs. 154/161, que es el pedido de informes elevado por Gabriela Silvana Martinez a la Comisión de Investigaciones Especiales, que fuera referenciado por la testigo y que se le exhibiera oportunamente en el debate.
Consta en el mismo el descubrimiento del inicio de jubilaciones sin turno, altas de beneficios en diez casos, la existencia en ellos de movimientos electrónicos que habían sido realizados mediante el uso de claves de personas autorizadas para hacer operaciones que manifiestan que no las habían usado ese día, porque no estaban en su lugar de trabajo o porque no estaban en ese horario, y el uso de claves de funcionarios de oficinas distintas a las correspondientes al trámite de inicio de jubilaciones. El informe da cuenta que se detectó desde que computadoras se hacían los movimientos (pertenecientes a miembros de la organización descripta antes) y la infructuosa búsqueda de los expedientes en papel que los respaldara.
Se informa allí que eran todas altas de jubilaciones con cargas del poder judicial y que en dos casos había un movimiento el día anterior desde la oficina de Inclusiones a organismos externos (Fiscalía de Estado y Anses). Se descubrió que en las últimas cuarenta y ocho horas la persona que retiraba habitualmente los expedientes para llevarlos a esos organismos no lo había hecho y la persona cuyo usuario figuraba no estaba en ese horario, ni trabajaba habitualmente en el mismo, de modo que era imposible que hubiera hecho la remisión. Se determinó del cruce con el sistema RUPA (Registro Único del Personal Activo) que los beneficiarios no eran aportantes a la Caja de Previsión Social Pcial y se constató que no existía correlación de cargo ni cómputos de servicio en los módulos del sistema.
Resulta relevante además resaltar que la maniobra se apoya objetivamente en la prueba que surge del Informe de Previsión Social de fs. 161, éste complementado por la documentación respaldatoria de fs. 162/177 que diera cuenta sobre el alta de expediente y movimientos electrónicos con los datos de los históricos de pagos de Eduardo Obdulio Petraglia; de fs. 178 complementado por la documental respaldatoria de fs. 179/194 sobre el alta de expediente y movimientos electrónicos con los datos de Marta Susana Cabrera; de fs. 268/vta. complementado por la documental respaldatoria de fs. 269/294 que ilustran sobre los movimientos en los sistemas y los usuarios intervinientes de las jubilaciones falsas detectadas; el informe de fs. 363/vta. con los datos de las sucursales bancarias en las que cobraran algunos de los imputados, informes de fs. 276/286. ( con documentación respaldatoria), de fs. 365 y de fs. 824/827 con documental respaldatoria, identificando fecha de alta, movimientos, usuarios y equipos desde donde se hacían los movimientos con su ubicación, correspondiente a operaciones involucradas en los trámites jubilatorios; Hay que destacar la idoneidad del ardid desplegado. La maniobra elegida era más idónea que cualquier otra para crear estos movimientos jubilatorios virtuales que permitieron otorgar dinero del erario público a los imputados, porque, como como bien lo explicaran los funcionarios Jayat y Lavié, el trámite de jubilaciones del Poder Judicial Provincial detenta un régimen específico que es distinto del común, que facilitara el ardid elegido, porque tienen un régimen automático y más rápido al ser trámites en los que se ahorraba un paso, porque no necesitaban pasar por el control de la Afip para establecer si se habían presentado las declaraciones de ganancias porque los magistrados no pagan dicho impuesto. Es decir, ya de origen se evitaba un control que ahorraba pasos en el trámite.
La idoneidad del ardid para engañar también quedó demostrado porque, como dijera Lavié en el debate, los trámites jubilatorios falsos eran inexistentes en formato papel, sólo respecto de los mismos se registraban altas y movimientos electrónicos, y encontraron expedientes que tenían una salida en la hoja de ruta (la que siempre está presente en todos ellos) a Fiscalía de Estado en papel [tal como ilustra el informe ya citado], lo que la organización hiciera para justificar su existencia, porque los mismos no existían materialmente en ese formato. Además, las autorizaciones para pasar a otra etapa en el trámite tenían las claves de las personas autorizadas, lo que dificultaba sin duda el control.
La maniobra se descubrió como explicara Jayat porque detectaron que se daba ingreso a más trámites que los turnos dados en el día para iniciarlos, y esa diferencia fue lo que los movió a investigar que sucedía, porque era lógico que hubiera menos trámites que los turnos dados pero no que hubiera más, descubriendo así la existencia de las altas y los movimientos falsos de jubilaciones en el sistema informático del IPS. Por otra parte, el funcionario fue clarísimo en que se dificultó en un principio entender la maniobra, porque pensaban que había filtraciones en la lista que la Suprema Corte de Justicia enviaba al Instituto de Previsión Social de las personas que debían jubilarse en su condición de magistrados.
La autoría responsable de cada uno de los imputados en cada hecho de defraudación que se les imputa se deriva con facilidad del aporte ejecutivo que han hecho para facilitar la idoneidad de la maniobra, prestando su DNI y sus datos personales para ser usados ilegítimamente para poder crear estos movimientos electrónicos falsos y, por ende, estas jubilaciones falsas, que necesitaban un beneficiario que fuera una persona real. Luego, el aporte a la ejecución se concreta en el puro perjuicio patrimonial a las arcas del Estado, que provocaron yendo personalmente al Banco, firmando los tickets de extracción por caja y cobrando grandes sumas de dinero para la época de los hechos, que les hicieran inferir la procedencia ilegítima del dinero.
Esto ha sido reconocido por casi todos ellos, como se describiera más arriba, algunos lo hicieron en el debate y otros que no declararon en el juicio lo manifestaron en sus declaraciones incorporadas por lectura. Imputados como han sido los hechos, demostrados los mismos, y probado el rol ejecutor de todos los imputados en la defraudación imputada (un hecho por cada uno), resta sólo decir que Marta Susana Cabrera, Julio Di Jorgi, Carlos Alberto Witon, Eduardo Obdulio Petraglia, Guillermo Cendoya y Alberto Rosell son autores materiales del hecho que les ha sido imputado. Su actuar ha sido esencial para la ejecución y consumación del hecho que se les imputa a cada uno, porque permitió como se dijera iniciar los movimientos y las jubilaciones falsas y desplegar la maniobra ardidosa antes descripta, las que necesariamente requerían de la existencia de una persona y sus datos para dar inicio al expediente y dar el alta al pago, como explicara bien la funcionaria Martinez, porque para poder cumplimentar los movimientos electrónicos había que generar un número de expediente y volcar determinados datos personales.
La esencialidad del aporte a la ejecución también aparece en la conducta de ir a cobrar personalmente el dinero que saliera de las arcas públicas, lo que ya consuma la defraudación al Fisco, obtenida como fuera a través de la maniobra ardidosa ya descripta que indujera a error a los Jefes de área que detentaban legítimamente sus claves, y a los organismos de control que incluso, como contaron, tardaron en descubrir como había sido la maniobra. Era una “trampa al sistema” como dijera Martinez.
La Defensa Oficial ha cuestionado que no se ha probado el dolo específico que requiere este delito y argumenta una especie de “error” basado en la ausencia de conocimiento de las circunstancias fácticas, en algún punto tangencialmente lo vincula con la falta de conocimiento de la prohibición, lo que atribuye al momento histórico que se vivía en los que había programas jubilatorios para Jefas de Hogar que no tenían aportes, lo que se daba a publicidad, y en la poca instrucción que tenían los imputados al momento de los hechos. Explicó que fueron estafados en su buena fe y en la creencia de que los estaban ayudando a jubilarse no por ilegalidad, sino porque les correspondía. Señaló que fueron requeridos con urgencia para ser llevados al Banco y que fueron llevados de sorpresa al mismo, sin decirles a algunos cuanto iban a cobrar. Señaló que el dolo debe ser anterior, esto es, al inicio de las maniobras y concluyó que es atípico por falta de “intención” de estas maniobras.
La Defensa particular de Rosell dice que se ha presumido el dolo.
El dolo en el caso se ha probado, y entiendo que no hubo error alguno, de ninguna clase dogmáticamente conocido, como seguidamente explicaré.
Sobre las características de la tipicidad de la figura endilgada me expediré a su hora en el tratamiento de la calificación jurídica pero adelanto que lo que debe ser “inicial” y determinante del error que derive en la prestación patrimonial perjudicial en este tipo de hechos es el ardid, no el dolo, el que no tiene un requerimiento temporal de producción, basta con acreditar su existencia en el marco temporal de la conducta.
Por otra parte el dolo modernamente ya no se identifica con la intención, significado que le daban teorías más clásicas, concepto que ha sido superado por modernas teorías que hacen pie en el conocimiento y en la capacidad que tiene el sujeto para poder arribar a ese conocimiento para definir al dolo.
En este sentido señalo que el Dr. Ramón Ragués refiere que cuando se valora el dolo en función de la significación social del hecho y de las circunstancias que lo acompañan se advierte que detrás de esa configuración social se ocultan determinadas presunciones (asentadas es esas valoraciones sociales), que nos permiten afirmar que su autor lo ha realizado con determinados conocimientos. Así el autor define que existe dolo cuando, a partir del sentido social de un hecho y de las circunstancias que lo acompañan, puede afirmarse de modo inequívoco que un sujeto ha llevado a cabo un comportamiento objetivamente típico atribuyéndole la concreta capacidad de realizar un tipo penal (Ragués, Ramón, "El dolo y su prueba en el proceso penal", Ed. Bosch, Barcelona, año 1999, pp. 345 y ss).
En el caso, el dolo se desprende de las propias manifestaciones de los imputados pero, además, del sentido que han tenido sus conductas, del contexto en el que actuaron y de otras circunstancias que paso a valorar, como los vínculos con los miembros de la organización y la exorbitante suma de dinero que obtuvieron, que a valor dólar histórico como se calculará representaba al momento mucho dinero cuya obtención no se explica con los argumentos que dieran en el debate, con los que intentaran justificar su comportamiento.
La relación de los imputados particulares con los empleados infieles del Instituto de Previsión Social se descubrió en la investigación y se demostró en el debate, como afirmara Lavié, porque dijo en el juicio que establecieron en la investigación que algunos de ellos tenían un vínculo entre ellos. Este testigo pudo recordar que los beneficiarios manifestaban que habían accedido a la jubilación por conocidos, allegados o vecinos que conocieron en determinados lugares. Contó así que Dominga Vaccaro (coimputada en autos cuya situación se encausara mediante un acuerdo de juicio abreviado presentado oportunamente- ver acta de fs. 1740), ingresó por un conocido de Rodríguez Sueiro. Era ex cuñada del hermano de Fernando Rodríguez Sueiro. Agregó que el hermano de Jorge Rodriguez Sueyro era chófer, camionero y que él les hacía el ofrecimiento de la jubilación a varias de las personas que declararon. Manifestó que varias de las personas que declararon explicaron que esta persona les hacía el ofrecimiento. En el debate Jayat declaró sobre la existencia de un vínculo de pareja entre una mujer francesa (coimputada en autos cuya situación también se encausara mediante un acuerdo de juicio abreviado presentado oportunamente- ver acta de fs. 1740) y el coimputado de autos Gustavo Spaltro (hoy fallecido). Guillermo Gabriel Cendoya en su declaración de fs. 541/543 vta. (en función del art. 317 del CPP) manifestó conocer a Gustavo Spaltro por ser vecino del barrio y lo sindicó como quién le indicara y lo dirigiera sobre cómo tenía que hacer para lograr la jubilación y cobrar la suma que Cendoya reconociera haber cobrado en el Banco, parte por caja y parte en una Oficina que el mismo pidiera en función de la enorme cantidad de dinero que le iban a dar. Alberto Rosell en su declaración de fs. 1091/1094 (incorporada al debate) reconoció que la persona que le indicara como tenía que hacer todos los pasos para lograr su jubilación y obtener el dinero, luego de cobrar en el Banco y después de haber sido el imputado allanado, le dijo “se pudrió todo” y que el causante era Gustavo Spaltro.
Además, las manifestaciones que hicieran los imputados en el debate y/o en la investigación, en base a las pruebas antes descriptas, demuestran que estaban al tanto del proceder ilícito y las maniobras que permitieran alcanzar el perjuicio patrimonial para el Estado.
Marta Susana Cabrera se manifestó arrepentida en el curso de su declaración. Fue lo primero que dijo. Aseguró ante los jueces que “estoy totalmente arrepentida”, que ensució el apellido de sus padres y que se le caía la cara de vergüenza, y si bien deslizó por ahí que no sabía la magnitud de su conducta, fue concreta en cual era el objeto de su arrepentimiento, porque a la pregunta concreta dijo que se arrepentía de “haber hecho semejante cosa”, de “cuando le dijo Jalil que le iban a dar la anticipación de una jubilación porque a él le habían hecho una” para después afirmar “Me hago cargo de lo que hice, eso es lo que quiero decir”. Pondero además para apuntalar su dolo el indicio que se desprende de su mendacidad inicial a la hora de declarar en su primigenia declaración, en sede de la Fiscalía de la investigación, (ver fs. 463/464vta. de la declaración en orden al art. 308 del CPP incorporada por lectura al debate), porque mintió en un primer momento al decir que no sabía el apellido de quién le había propuesto la posibilidad de jubilarse de este modo, proporcionándolo después (al momento del debate y de su segunda declaración en orden al art. 317 del CPP de fs. 530/531 vta. incorporada por lectura al juicio) y porque afirmó que no había recibido montos correspondientes a una jubilación en una sucursal del Banco Provincia, lo que ante la evidencia de exhibirle los comprobantes de extracción por caja en el mismo acto de su declaración con su nombre y su firma, rectificó ( ver declaración de fs. 463/464 vta. en contraste a lo dicho en el debate y en su segunda declaración de fs. 530/531 vta.). El argumento sobre haber sufrido violencia de género, más allá de lo tardío de la noticia de su existencia y de que surge sólo de sus dichos sin que se trajera al debate alguna prueba que la corrobore, sin que exista denuncia alguna al respecto, no sirve tampoco para justificar esta mendacidad vertida en la sede de la Fiscalía, rodeada de funcionarios que podían actuar si denunciaba esa circunstancia y de un funcionario del Ministerio Público que podía disponer una medida cautelar que la protegiera en el mismo acto. El argumento sobre que actuó “impulsada por su realidad tormentosa que vivía hacía dieciséis años” además de tardío e indemostrado, no resiste el análisis de la razonabilidad si se analizan todas las circunstancias dichas.
Finalmente, Marta Susana Cabrera cobró el 27 de diciembre de 2013 la cantidad de $ 937.753,01 según consta en el comprobante de caja del Banco Provincia de fs. 255 (incorporado por lectura al debate), importe equivalente a 144.491 dólares aproximadamente a valor histórico según el tipo de cambio a dicha fecha en la que la cotización del dólar estaba a 6,49 pesos para la compra según “http//www.bcra-gob.ar”)
Con relación al imputado Julio Di Jorgi no es excusa que justifique su conducta afirmar que concurrió al IPS a retirar una boleta de pago entendiendo que había tramitado un subsidio por haber estado cumpliendo el servicio durante la época de la guerra de Malvinas, que era un retroactivo de veinte años, y tampoco que luego de realizar el trámite lo primero que hizo fue tramitar lOMA porque no tenía anteojos, lo que entendiera la Defensa no se condice con su situación de nuevo millonario. Como bien dijo el imputado en el debate, estuvo “bajo bandera” mientras hacía la conscripción a la hora del conflicto en Malvinas en la ciudad de La Plata, sin haber combatido en la isla, pero como es público y notorio no califica esa circunstancia para otorgarle la calidad de ex combatiente a los fines de cobrar la pensión.
Por otra parte, el monto de lo que cobrara, el que reconoció importante cuando dijo “Era plata” (unos 658.366,76 pesos según comprobante de fs. 250 fechado el 1/9/14, incorporado por lectura al debate, equivalente a 78.693 dólares aproximadamente a valor histórico según el tipo de cambio a dicha fecha en la que la cotización del dólar estaba a 8.37 pesos para la compra según “http//www.bcra-gob.ar”), no se acerca ni por asomo al valor que tiene una pensión de ex combatiente, ni de ayer ni de hoy, que asciende a la cantidad de tres jubilaciones mínimas, lo que indica un importe sustancialmente menor al que el imputado retirara por ventanilla. Que se hiciera los anteojos no indica nada en relación a la calidad de millonario, es cierto, aunque sin duda era un gasto relevante para quién tenía un sueldo por enseñar a manejar como dijera, pero el conocimiento del ilegal procedimiento que le permitiera acceder a la suma en perjuicio del Estado se desprende de otras circunstancias, porque accedió a ese cuantioso monto de dinero yendo al Instituto sin comenzar un trámite legal, sólo retirando un papel, un ticket como dijera que son los que suelen sólo darse en los bancos frente a una extracción de dinero pero no en el IPS, unido a no tener aportes por trabajos en el Estado Provincial y a la llamativa situación de tener que llevar la gran suma de dinero que cobrara -la que, como dijo le llamó la atención porque “era plata”- a una casa particular, lo que justificara en tener que pagar abogados que nunca trató ni vio y sobre lo que no supo decir a cuanto ascendían los honorarios.
No son racionales sus explicaciones y sólo constituyen un intento de mejorar su situación procesal, que no prospera.
En lo que respecta al imputado Alberto Carlos Witon tampoco es racional la explicación que da acerca de la operatoria para acceder al dinero, lo que justifica en haber conocido a una persona que le dice que por su condición se podía jubilar y proporcionarle sus datos, y después de un año lo llamara un tal “Julio” para decirle que le salió la jubilación. El mismo manifiesta en su declaración haberle preguntado al tal “Julio”- del que no proporciona datos- que hiciera de intermediario para su jubilación “¿Cómo qué me jubilé?” como no dando crédito a que fuera así de fácil, y que se puso nervioso cuando vio la abultada suma de dinero que cobrara en el Banco. El elevado monto ya lo pudo apreciar cuando iban de sucursal a sucursal como dijera y se les informaba que no tenían dinero para pagarle hasta que lo puso visualizar cuando le pusieran frente a él “una pila de plata” (según sus dichos), en la oficina del Banco Provincia. Argumentó que lo amenazaron y que le dijeron que “había gente pesada atrás”, como excusa de por qué recibió el dinero y por qué guardó silencio viendo al tal Julio guardar el dinero en una mochila delante de sus ojos, sin embargo, accedió posteriormente después de esa situación que en teoría lo atemorizaba y lo había puesto tan nervioso a escuchar las explicaciones de como manejar un cajero automático, y posteriormente, realizó otras extracciones otros días, en vez de salir huyendo de esa oficina y/o denunciar lo sucedido. La extracción de dinero que hiciera está objetivada por el comprobante de extracción de dinero de fs. 258 (incorporado por lectura al debate). De ahí se desprende que el imputado cobrara el 6/5/14 la suma de $ 820.944,17 equivalentes a 102.618 dólares aproximadamente a valor histórico según el tipo de cambio a dicha fecha en la que la cotización del dólar estaba a 8 pesos para la compra según “http//www.bcra-gob.ar”. Se advierte así que, ante tamaña exorbitancia del monto de dinero que cobrara, el encartado era plenamente consciente del fraude al erario público que estaba cometiendo.
Ya se ha explicado la relación de vecino de Guillermo Gabriel Cendoya con uno de los miembros de la organización, Gustavo Spaltro y la vinculación que tuviera Alberto Rosell con los miembros de la asociación, quién tratara con el hermano de Rodriguez Sueyro, camionero, para conseguir la jubilación (ver la declaración de Lavié en este punto unido a lo que dijera el imputado) y a quién anoticiaran a la hora en que lo allanaran sobre que el que había “podrido todo” era Gustavo Spaltro. Tampoco satisfacen las explicaciones que ambos imputados dieron en ocasión de la oportunidad del art. 317 del CPP. a la luz del excesivo monto de dinero que extrajeran (ver comprobantes de extracción del Banco Provincia de fs. 302 de fecha 29/8/2014 a nombre de Guillermo Gabriel Cendoya por la suma de $ 834.021,65 y de fs. 316 de fecha 2/10/14 a nombre de Alberto Rosell por el monto de $920.360, 82 -incorporados por lectura al debate-, sumas equivalentes a 99.288 dólares y 109.047 dólares respectiva y aproximadamente, tomando el valor histórico según el tipo de cambio a dicha fecha en la que la cotización del dólar estaba a 8.40 pesos y 8,44 pesos respectivamente para la compra según “http//www.bcra-gob.ar”). En el caso de Rosell la suma extraída se acerca a la cantidad de un millón de pesos y equivalía a casi ciento diez mil dólares. Manifestó expresamente en su declaración ante la Fiscalía que “allí se quedó sorprendido por la cantidad” (en referencia a cuando lo cobró). Sabía que no tenía aportes para el Estado Provincial. En cuanto al imputado Cendoya, manifestó en su declaración reconocer el monto extraído de más de 800000 pesos, haber sospechado de la cantidad, pero no obstante ello, siguió realizando extracciones con la tarjeta que le proveyeron luego de haber llevado la plata grande a la casa de Spaltro. No salió tampoco a hacer denuncia ni siquiera cuando éste último lo anoticiara sobre que “Esta plata va para la corona”, como él mismo afirmara.
Sobre Petraglia se argumenta que su capacidad intelectual no le pudo haber permitido saber que estaba cometiendo un ilícito, y que no podía saber que no le correspondía la jubilación por cuestiones laborales o incapacidad. Sin embargo, como afirmara la Fiscalía el imputado demostró en el debate tener ciertos conocimientos “de la calle” por su calidad de vendedor ambulante y de trámites previsionales, porque su propia señora estaba jubilada por incapacidad, y sabía que había juntado recibos y que había tramitado la misma con un abogado. Además su sospecha de la ilegalidad del procedimiento ocurre desde el inicio de las tratativas con Jalil y Del Hoyo. Ello se refleja con su pregunta a Jalil sobre si era legal y la advertencia que le hiciera de que no lo hiciera “meter en cana” a lo que Jalil le responde “si no te jubilás con este gobierno no te jubilás más” (ver declaración de fs. 544/546 vta. y la prestada en el debate). No obstante advertir esto, cobró varias veces montos más chicos como dijera.
Concretamente, Petraglia cobró la suma de $ 712.914.80 (según comprobante de caja de fecha 28/2/14 obrante a fs. 352, incorporado por lectura al debate), importe que a la fecha equivalía a 90.586 dólares aproximadamente a valor histórico según el tipo de cambio a dicha fecha en la que la cotización del dólar estaba a 7,87 pesos para la compra según “http//www.bcra-gob.ar”. Sin duda, una cuantiosa suma de dinero para la época.
Por último, más allá de sus condiciones de escasa instrucción en algunos casos o de su condición de personas de pocos recursos económicos -lo que será meritado a efectos de seleccionar la modalidad la sanción solicitada por la Fiscalía-, los imputados eran sujetos todos adultos al momento de cometerlos y han tenido plena conciencia de su accionar delictuoso como se ha demostrado. En su momento, se introdujeron en el engranaje delictivo a conciencia y por su propia voluntad, teniendo la posibilidad para abrirse de esta senda delictual, a dicha hora o después cuando como dicen fueron sorprendidos por la cantidad de dinero que recibían por caja, o eventualmente, pudiendo denunciar lo que estaba pasando. No lo hicieron. Por el contrario aceptaron la oferta de prestar su identidad y documentación personal y luego cobrar sumas importantes de dinero del erario público producto de una jubilación que cualquier persona con mediana capacidad para comprender (hombre medio), como efectivamente la detentaban, puede inferir que ha sido obtenida por carriles que no son los normales, lo que se desprende con certeza de haber obtenido un monto jubilatorio sin tener que hacer ningún tipo de trámite, saber fehacientemente que no se detentaban aportes para el Estado Provincial y recibir exorbitantes cantidades de dinero para la época teniendo en cuenta los valores indicados, los que, como dijeron, los sorprendieron, los pusieron nerviosos y los llevaron a pensar que podían llegar a ir “en cana”.
De todo esto derivo que el accionar de los imputados ha sido doloso, lo que se desprende de todas las circunstancias analizadas.
Dos palabras para responder el argumento de la Defensa particular de Rosell sobre que el Fiscal no había podido presentar una teoría de un caso, por incurrir en una “petición de principios”, por la cual la hipótesis acusatoria había funcionado como un método selectivo de las pruebas, porque invierte el silogismo y se parte de la presunción de culpabilidad y se van eligiendo las cuestiones que avalan esa acusación.
Sin perjuicio que no demostró con fundamentos su afirmación, en tanto debió indicar qué pruebas dejara de lado el Fiscal en la supuesta “selección” y explicar cómo eventualmente las supuestas pruebas podían hacer arribar a una conclusión distinta, no comparto su apreciación. La hipótesis acusatoria del esforzado señor Fiscal de Juicio, que además instruyó la causa, se probó, y se derivó de prueba real, válida y fundada en constancias objetivas producidas por la parte acusatoria en el debate, e incorporadas al mismo, como se ha descripto anteriormente. La Fiscalía se ocupó de fundar y demostrar sólidamente en el debate su teoría del caso y de derribar en su alegato a través de argumentos racionales la hipótesis de las Defensas. Es la Defensa la que no ha podido mínimamente sustentar su teoría del caso. Ni siquiera se trajo por la parte que aduce esta falacia prueba al debate que pudiera contrarrestar la prueba de la Fiscalía, más allá de la solitaria versión del imputado Rosell, cuya versión no respalda la abundante y sólida prueba de cargo.
Tampoco es cierto que la Fiscalía no detallara cual fue la conducta de cada uno de los imputados. No sólo describió la misma detalladamente, especificando la acción concreta, aclarando que acusaba a cada imputado por un solo hecho y hasta ocupándose de fijar en el objeto procesal el monto en pesos concreto que había cobrado ilícitamente cada uno de los acusados, sino que además relacionó esa conducta con la organización por la que acusara a otros coimputados. Por todo ello, la argumentación resulta inatendible.
Por todo lo expuesto, entiendo que, con holgura, se hayan probados los extremos de la materialidad ilícita correspondiente al hecho de cada imputado y la autoría responsable dolosa de los mismos en los acontecimientos fácticos demostrados.
Por todo ello y los fundamentos dados, considero que la respuesta a esta primera cuestión debe ser afirmativa por los fundamentos dados, por ser esa mi sincera y razonada convicción (Arts. 18 de la C.N., Art. 45 del CP, y Arts. 106, 210, 371 inc.1 y 2 y 373 del CPP).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos y con idéntico alcance, al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci, por ser mi sincera y razonada convicción, votando en consecuencia por la afirmativa.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
Adhiero, por sus fundamentos y con idéntico alcance, al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci, por ser mi sincera y razonada convicción, votando en consecuencia por la afirmativa.
Cuestión Segunda: ¿Proceden en el caso de autos eximentes de responsabilidad?
A la CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Jueza Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
Que no habiéndose comprobado ni alegado por las partes eximentes de ningún tipo, considero que la respuesta a esta segunda cuestión debe ser negativa, por ser mi sincera y razonada convicción (Arts. 18 de la C.N., 106, 210, 371 inc. 3° y 373 del C.P.P.).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos y con idéntico alcance, al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci, por ser mi sincera y razonada convicción, votando en consecuencia por la negativa.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
Adhiero, por sus fundamentos y con idéntico alcance, al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci, por ser mi sincera y razonada convicción, votando en consecuencia por la negativa.
Cuestión tercera ¿Se han verificado atenuantes?
A la CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Jueza Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
La Fiscalía planteó como atenuantes la carencia de antecedentes condenatorios respecto de todos los imputados. También solicitó se pondere respecto de Eduardo Obdulio Petraglia la condición de analfabeto del mismo y el arrepentimiento por su conducta la que entendiera debe valorarse con mayor énfasis porque la manifestara desde la oportunidad del acto procesal del 308 del CPP. La Defensa oficial no postuló atenuantes. Con relación al imputado Alberto Rosell la Defensa particular del mismo solicitó se pondere el buen concepto, el que entiende debe presumirse a favor del imputado.
Ponderaré la carencia de antecedentes penales condenatorios respecto de todos los imputados; sobre lo que no existe conflicto entre las partes y luce informado a fs. 602, 604, 605, 614, 615, 1222, y 1224 en las Planillas de antecedentes; y en los Informes de Reincidencia de Cabrera Marta Susana, Petraglia Obdulio Eduardo, Di Jorgi Julio Héctor, Rosell Alberto, y Witon Alberto Carlos de fs. 582, 590, 598, 1263 y 1267.
Con relación al imputado Petraglia ponderaré su condición de analfabeto –el que resulta ponderable en función del tipo de hecho- porque como el mismo dijera no sabe leer ni escribir y no concurriera a una institución educativa, lo que sin duda se erige en un plus que colaborara para no permitirle obtener más herramientas para poder medir las consecuencias de los actos que perpetrara. También ponderaré su arrepentimiento, el que entiendo resulta ponderable en este tipo de hecho, y porque como bien afirma la Fiscalía el mismo fuera expuesto inicialmente a la hora de ser llamado la primera vez por la justicia en oportunidad del art.308 del CPP, a diferencia de algún otro imputado que lo manifestara muy tardíamente a la hora del debate.
Finalmente, no ponderaré el buen concepto presunto solicitado en favor de Alberto Rosell. El “buen concepto” –como supuesto de atenuación– se asienta “en las relaciones de solidaridad y cooperación de quienes conviven en un determinado ámbito barrial” (CARRAL en Sala III, causa 25.816 [reg. de pres.], 23/02/2010), ello no se ha probado en el debate y no cabe presumir el extremo, en tanto la ley no determina que así sea (las presunciones deben ser legales).
Por todo ello, con el alcance expuesto y los fundamentos dados, considero que la respuesta a esta tercera cuestión debe ser afirmativa (arts. 18 C.N., 40 y 41 del C.P. y art. 106, 210, 371 inc. 4 y 373 del C.P.P.).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos y con idéntico alcance, al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci, por ser mi sincera y razonada convicción, votando en consecuencia por la negativa.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
Adhiero, por sus fundamentos y con idéntico alcance, al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci, por ser mi sincera y razonada convicción, votando en consecuencia por la afirmativa.
Cuestión cuarta: ¿Concurren agravantes?
A la CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Jueza Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
Solicitó el Sr. Agente Fiscal como agravante la suma sustraída de fondos públicos, la que a su juicio necesariamente debe ser una agravante. Ponderó además la circunstancia de que para poder obtener semejante suma de dinero fue necesario poner en marcha una determinada logística que pueda alterar el sistema informático y cobrar ese dinero. Lo fundó en que más allá de que los imputados no sabían, debían saber que se estaba engañando a la Administración Pública, sin aportar un papel para comprobar ese beneficio.
La Defensa Oficial nada dijo y la Defensa particular de Rosell cuestionó la agravante genérica recaída sobre la calidad de los fondos públicos sobre la base de que ello forma parte de la agravante de la propia figura aplicada y valorarlo haría incurrir en “doble valoración”.
Al respecto, entiendo que precede la agravante de la suma sustraída de fondos públicos. La Fiscalía no lo pondera por su calidad en sí de fondos públicos, lo que sí forma parte del tipo penal agravado aplicado, sino por la entidad de la suma sustraída al Estado. Teniendo en cuenta los cálculos y la equivalencia en valores históricos de dólar que se han calculado en el veredicto, datos a los que remito en honor a la brevedad, sin duda la suma del perjuicio patrimonial al Estado es de entidad gravosa, lo que debe ponderarse en función de que, además, se ha quitado del sistema previsional, es decir perjudicando a quienes menos tienen (los jubilados). No comparto, en cambio, hacer pesar sobre los imputados la agravante de poner en marcha una determinada logística que pudiera alterar el sistema informático, lo que entiendo formó parte de la maniobra que constituye el ardid de la figura típica. No advierto como se erige en un plus de injusto que sabían que se estaba engañando a la Administración Pública, lo que como se dijera más arriba formó parte del dolo. Ponderarlo me haría incurrir en doble valoración de circunstancias típicas, prohibido por la ley. Por todo lo expuesto considero que, con el alcance expuesto y los fundamentos dados, la respuesta a esta cuestión ha de ser afirmativa, lo que así voto por ser mi sincera y razonada convicción. (Arts. 40 y 41 del C.P. y 106, 209, 210, 371 inc. 5 y 373 del C.P.P.).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos y con idéntico alcance, al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci, por ser mi sincera y razonada convicción, votando en consecuencia por la afirmativa.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
Adhiero, por sus fundamentos y con idéntico alcance, al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci, por ser mi sincera y razonada convicción, votando en consecuencia por la afirmativa.
Atento lo que resulta de la votación de las cuestiones precedentes, EL TRIBUNAL por unanimidad
Dictar VEREDICTO CONDENATORIO respecto de ALBERTO CARLOS WITON –de las demás circunstancias personales obrantes en autos-, GUILLERMO GABRIEL CENDOYA –de las demás circunstancias personales obrantes en autos-, JULIO HÉCTOR DI JORGI –de las demás circunstancias personales obrantes en autos-, OBDULIO EDUARDO PETRAGLIA –de las demás circunstancias personales obrantes en autos-, MARTA SUSANA CABRERA –de las demás circunstancias personales obrantes en autos- Y ALBERTO ROSELL –de las demás circunstancias personales obrantes en autos-, por los hechos acaecidos entre el año 2013 y el mes de noviembre de 2014 en perjuicio de la Administración Pública.
La Plata, 27 de junio de 2022.
Conforme a lo resuelto en el veredicto que se ha dado en autos y lo dispuesto en el artículo 375 del Código Procesal Penal, corresponde plantear y votar las siguientes:
Cuestión Primera: ¿Cómo deben calificarse legalmente los hechos que se han acreditado en el veredicto?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Jueza Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
Los hechos que se tuvieron por probados corresponde subsumirlos típicamente en orden a los delitos de DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -UN HECHO POR CADA UNO DE LOS IMPUTADOS- en los términos del artículo 174 inc. 5° del Código Penal.
Esta subsunción jurídica la fundo en las constancias probatorias detalladas y analizadas precedentemente, a las que remito en honor a la brevedad (ver cuestión primera del veredicto).
La Defensa del imputado Rosell acotó en el juicio que en el caso no se ha probado el error determinante de la prestación porque se ha probado que los que pergeñaron a cometer el delito fueron empleados infieles de la Administración Pública que fueron los que indujeron a error. Refiere que tampoco entiende probada la relación causal entre el ardid y el error, y el error y el perjuicio patrimonial, sobre lo que no aportara argumento.
Paso a tratar los fundamentos que rechazan estos argumentos, los que no comparto.
Los requisitos típicos de la figura imputada y seleccionada, agravante que debe ser interpretada en relación con el tipo básico de Estafa cuyos requisitos presupone (Art.174 inc.5 en relación al art. 172 del C.P.) estriban en provocar un ardid o engaño idóneo que debe producir un error en la víctima, que debe ser esencial y determinante de la disposición patrimonial perjudicial. En el caso y por la agravante imputada, ese perjuicio debe ser para la Administración Pública.
En este entendimiento, las modernas concepciones dogmáticas entienden que actualmente no se necesita una puesta en escena como reclamaran viejas teorías francesas, sino que es necesario un ardid idóneo -que hasta puede ser alcanzado por una conducta omisiva- [que no fue el caso como se explicara en el veredicto porque como se reeditará los imputados tuvieron activa participación en la maniobra], pues dicha idoneidad debe ser analizada mediante fórmulas completas haciendo un juicio de prognosis con relación a parámetros objetivos y subjetivos (antiguas teorías del hombre medio y de la calidad del sujeto pasivo para ser engañados), pero tamizados con las circunstancias del caso y la figura seleccionada. (En este sentido, CREUS, CARLOS Y BUOMPADRE, JORGE EDUARDO, Derecho Penal. Parte Especial, Editorial Astrea, Bs. As., 2007, Tomo 1, p. 543).
El criterio mixto antes explicado para medir la idoneidad del ardid resulta en la actualidad el más aconsejable ya que la prognosis contempla las características de la víctima en la medida que fueran reconocidas o reconocibles y los conocimientos del autor, sin dejar de atender a parámetros objetivos. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo Español (citado por Donna, Edgardo en sus “Aspectos generales del tipo de estafa”, Revista de Derecho Penal, Editorial Rubinzal Culzoni, año 2000, nro.2. página 94) cuando se dijera: “el engaño debe ser suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo evaluarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de la circunstancias, todas del caso concreto; la maniobra defraudatoria deberá revestir apariencia de seriedad y realidad suficientes para defraudar a personas de mediana perspicacia y diligencia; la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado, el doble módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante” TSE, 11/10/1990.
Como se ha explicado en el veredicto, más allá que los que idearon la maniobra han sido otros miembros de la organización y que los imputados no podían conocer cómo funcionaba el sistema informático, los mismos han aportado una conducta que facilitara esa maniobra, aportando sus datos e identidad para que fuera posible alterarlo y generar las jubilaciones falsas, que necesitan de la real existencia de una persona física. Como se explicara, cualquier persona con mediana capacidad para comprender (hombre medio), capacidad que efectivamente detentaban los imputados, puede inferir que las jubilaciones tramitaban por carriles que no son los normales, lo que se desprende con certeza, como ya dijera y repito, de haber obtenido un monto jubilatorio sin tener que hacer ningún tipo de trámite, saber fehacientemente que no se detentaban aportes para el Estado Provincial y recibir exorbitantes cantidades de dinero para la época, teniendo en cuenta los valores indicados.
Esta maniobra o ardid indujo a error a quienes operaban con legitimidad las claves que permitían autorizar los trámites y los movimientos electrónicos y también a quienes controlaran a los empleados del IPS, porque con esa “trampa al sistema” ello posibilitó que los pasos se presumieran veraces de inicio por quienes tenían esta tarea y que se generaran los movimientos necesarios para generar las altas de pago que posibilitaron cobrar a los particulares.
Ese error fue determinante luego del perjuicio patrimonial al erario público, porque una vez que salía el alta de cobro, los imputados se presentaban en distintas sucursales del Banco Provincia para cobrar personalmente una suma importante de dinero por ventanilla o en oficinas del Banco, que era un retroactivo que suele pagarse de inicio cuando se daba el alta de cobro [ya expliqué por qué en el veredicto]. Estos particulares, además, firmaban los tickets correspondientes del cobro y recibían el dinero, dinero que en gran parte se lo daban a intermediarios, pero ese último acto ya forma parte del agotamiento del delito, porque lo relevante a los fines de la consumación es cuando el sujeto produce el perjuicio patrimonial, que ya opera cuando en base al ardid generador del error el dinero sale de las arcas públicas sin que sea necesario que alguien lo convierta en provecho propio. En el caso, el cobro por ventanilla o en las oficinas o en los cajeros por quienes no tenían derecho a hacerlo, ya consumó el perjuicio.
Así lo voto por ser mi sincera y razonada convicción (arts. 18 CN, 174 inc. 5° en relación al art. 172 del C.P.; y 106, 210, 373 y 375 inc. 1º del C.P.P.). A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci, por ser mi sincera y razonada convicción.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci, por ser mi sincera y razonada convicción.
Cuestión Segunda: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Jueza Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
La Fiscalía ha solicitado, respecto de Cabrera, Witon, Di Jorgi, Cendoya y Rosell la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas y la imposición de las siguientes reglas de conducta por el mismo plazo: constituir domicilio, someterse al control del patronato de modo mensual y sugiere al Tribunal la posibilidad de que se realice algún control sorpresivo por la Comisaria o el Patronato adicionado a este de cumplimento.
Asimismo, respecto de Petraglia, solicitó se le imponga la pena 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional y costas con las mismas condiciones, señalando que obligarlo a realizar la escuela primaria va a ser de difícil cumplimento, por lo que lo deja a criterio del Tribunal.
Aplicaré las penas solicitadas por la Fiscalía.
La pena solicitada es justa a mi entender en relación a todos los imputados, habida cuenta las pautas dosificadoras valoradas al tratar las cuestiones cuarta y quinta del veredicto que antecede, conforme los contenidos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, la presencia de la atenuante y la agravante ponderada, la que estimo de gravedad por los fundamentos dados a la hora de ponderarla a los que remito en honor a la brevedad y en atención al tipo de delito que persigue daños al patrimonio, siendo éste un caso donde el patrimonio estatal ha sido sumamente afectado. Pondero además que la pena solicitada por la Fiscalía para casi todos los imputados ha sido ubicada en un monto muy por debajo del tope máximo que corresponde aplicar, en función de la escala penal aplicable que permite imponer hasta seis años de prisión y en que, si dividiésemos la escala penal aplicable en tres tercios, la misma ha sido ubicada en la mitad, ponderando que no estamos frente a un caso de mínima o de máxima gravedad, sino en uno de moderada gravedad, lo que es correcto en base a todo lo dicho.
Estoy de acuerdo en que corresponde aplicar a Eduardo Obdulio Petraglia una sanción menor, lo que fundaré en las circunstancias que han permitido establecer más atenuantes en su favor, por su calidad de analfabeto y por no haber podido concurrir nunca a la escuela, lo que sin duda ha incidido para que se le dificulte más motivarse en la norma, lo que debe redundar en una sanción menor. Estimo justa la solicitada por la Fiscalía.
Finalmente, concuerdo con la modalidad de pena imputada por la Fiscalía. La aplicación de la pena de cumplimiento condicional encuentra su fundamentación en el caso por la carencia de antecedentes computables de todos los imputados, en la circunstancia de tener bajos recursos lo que los llevó a obrar por carencias en ese sentido, en que sólo convirtieron en provecho propio una parte menor de las exorbitantes sumas de dinero que cobraran y en el inconveniente que trae aparejado el ingreso de un individuo a un establecimiento carcelario por un corto plazo, con todos los efectos negativos que ello conlleva (pérdida de contacto familiar asiduo, pérdida de trabajo, entre otros) pudiendo experimentar el rigor de la ley por su infracción mediante el reemplazo del encierro con el cumplimiento de ciertas reglas de conducta y el monitoreo del mismo por el Patronato de Liberados.
Decido entonces que corresponde condenar a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL Y COSTAS a ALBERTO CARLOS WITON –de las demás circunstancias personales obrantes en autos-, a GUILLERMO GABRIEL CENDOYA –de las demás circunstancias personales obrantes en autos-, a JULIO HÉCTOR DI JORGI –de las demás circunstancias personales obrantes en autos-, a MARTA SUSANA CABRERA –de las demás circunstancias personales obrantes en autos- y a ALBERTO ROSELL –de las demás circunstancias personales obrantes en autos-, por el delito de DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- un hecho por cada uno de los imputados- en los términos del art. 174 inc. 5 del C.P., hecho acaecido entre el año 2013 y el mes de noviembre de 2014 en perjuicio de la Administración Pública.
En lo que respecta a OBDULIO EDUARDO PETRAGLIA –de las demás circunstancias personales obrantes en autos-, corresponde condenar al mismo a la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL Y COSTAS por el delito de DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en los términos del art. 174 inc. 5 del C.P., hecho acaecido entre el año 2013 y el mes de noviembre de 2014 en perjuicio de la Administración Pública.
Finalmente, como condiciones y reglas de conducta en atención a lo dispuesto en el art. 27 bis del C.P., por el período de tres (3) años en relación a todos los imputados y por el de dos (2) años y seis (6) meses en relación a Eduardo Obdulio Petraglia, se le impone a los mismos:
a) Fijar domicilio en el lugar donde residen dentro del país.
b) Someterse al cuidado del Patronato de Liberados en forma mensual.
No surgiendo prima facie el cumplimiento de las cargas legales por parte de los letrados patrocinantes de Alberto Rosell, Dres. Juan Angel Di Nardo y Miguel Angel Di Nardo, acreditados que sean los mismos se procederá a la regulación de honorarios correspondientes.
Así lo juzgo, por ser mi sincera y razonada convicción (art. 18 C.N., arts. 5, 26, 27, 27 bis, 29 inc. 3ro., 40 y 41 del C.P. y 210, 371, 373 y 375 inc. 2º del C.P.P.).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci, por ser mi sincera y razonada convicción.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci, por ser mi sincera y razonada convicción.
POR ELLO, EL TRIBUNAL en causa n° 1049/5835,
I. CONDENAR a MARTA SUSANA CABRERA -Argentina, divorciada, instruída, empleada, de 59 años de edad, nacida el 27 de julio de 1962, DNI 16.593.362, hija de Adrian y de María Ester Ustarroz, domiciliada en calle El Cano nº 6732 Mar Del Plata, Pcia. De Bs. As.-; a GUILLERMO GABRIEL CENDOYA -argentino, casado, instruído, empledado, de 60 años de edad, nacido el 19 de octubre de 1961, DNI 14.723.278, hijo de Roberto Benito y de Esther Zulma Lafalce, domiciliado en calle 140 Nro. 1674 e/ 66 y 67 La Plata, Provincia de Buenos Aires-; a JULIO HECTOR DI JORGI -Argentino, divorciado, instruído, chofer, de 58 años de edad, nacido el 17 de mayo de 1963 en LA PLATA, DNI 16.427.374, hijo de Roberto Jorge, domiciliado en calle 522 N° 3740 e/132 y 133, Barrio San Carlos, La Plata, Provincia de Buenos Aires-; a ALBERTO ROSELL -de nacionalidad argentina, soltero, electricista, innstruído, de 71 años de edad, nacido el 15 de noviembre de 1950 en Berisso, Provincia de Buenos Aires, D.N.I. 8.383.839, hijo de Nestor Agustin Rosell y de Dominga Felisa Leotta, domiciliado en calle 483 N° 2640 entre 21 y 22 de Gonnet, partido de La Plata-; y a ALBERTO CARLOS WITON -nacionalidad Argentina, divorciado, carpintero, instruído, de 69 años de edad, nacido el 28 de agosto de 1952 en La Plata, Provincia de Buenos Aires, D.N.I. 10.227.738, hijo de Witon Eduardo y de Hernández Maria Helodia, domiciliado en calle Garibaldi n° 426 de Coronel Brandsen, Pcia. de Bs. As-. a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL Y COSTAS; y a OBDULIO EDUARDO PETRAGLIA -Argentino, divorciado, albañil, que no sabe leer y escribir, de 67 años de edad, nacido el 15 de abril de 1955 en la ciudad de Buenos Aires, DNI 11.615.609, hijo de Antonio Benito y de Aidé Alvarez , domiciliado en calle Gaudini nro. 1169 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires- a la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL Y COSTAS; por resultar autores penalmente responsables del delito de DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- un hecho por cada uno de los imputados- en los términos del art. 174 inc. 5 del C.P., hecho acaecido entre el año 2013 y el mes de noviembre de 2014 en perjuicio de la Administración Pública.
II. IMPONER a MARTA SUSANA CABRERA, GUILLERMO GABRIEL CENDOYA, JULIO HECTOR DI JORGI, ALBERTO ROSELL y ALBERTO CARLOS WITON por el plazo de TRES (3) AÑOS, y a OBDULIO EDUARDO PETRAGLIA por el plazo de DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES, el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Fijar domicilio en el lugar donde residen dentro del país; y b) Someterse al cuidado del Patronato de Liberados en forma mensual.
III. DIFERIR la regulación de los honorarios de los letrados patrocinantes de Alberto Rosell, Dres. Juan Angel Di Nardo y Miguel Angel Di Nardo, hasta tanto los mismos acrediten el cumplimiento de las cargas legales.
Rigen los arts. 18 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución provincial; 5, 26, 27, 27 bis, 29 inc. 3, 40, 41, 45, y 174 inc.5 en relación al art. 172 del Código Penal; y 1, 106, 209, 210, 371, 373, 375, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal.
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. FIRME Y CONSENTIDA
CÚMPLANSE las comunicaciones previstas en las leyes nacionales 22117, provincial 4474. PRACTÍQUESE CÓMPUTO de liquidación de gastos y costas del proceso. COMUNÍQUESE al Patronato de Liberados a sus efectos. FÓRMESE el correspondiente LEGAJO conforme Acuerdo 3688 S.C.J.B.A., el que se remitirá al Juzgado de Ejecución Penal Departamental que corresponda a los fines del artículo 25 del ritual, quedando el condenado a exclusiva disposición de su titular.
Fin de la sentencia