Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 1 de La Plata
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la nulidad de la orden de intervención telefónicas dictada con fecha 21 de mayo de 2013 (fs. 31/vta., ppal.) y de todo lo actuado en este procedimiento por resultar su consecuencia.
II. DICTAR VEREDICTO ABSOLUTORIO respecto de JOSÉ MARÍA REYNOSO, PEDRO HÉCTOR MARTÍNEZ, RODRIGO MANUEL ENRIQUE OVIEDO y HÉCTOR ORLANDO CRUZ, en orden al hecho por el que fueran acusados en esta causa y que fuera prima facie calificado como comercialización de estupefacientes; eximiendo de costas al Ministerio Público Fiscal.
III. Regular los HONORARIOS PROFESIONALES del Dr. Anderson, en su calidad de defensor particular de Martínez, en ochenta (80) jus con más los aportes de ley; de los Dres. Guisandez y Olgiati, en su calidad de defensores particulares de Oviedo, en ochenta (80) jus, los que serán repartidos en partes proporcionales, con más los aportes de ley; y, del Dr. López Seco, en su calidad de defensor particular de Reynoso, en ochenta (80) jus con más los aportes de ley. Rigen los arts. 18, 19, 33 y 75 inc. 22, CN; 11.2, CADH; 17.1, PIDCP; 12 inc. 5°, 168 y 171, CBA; 22, 106, 229, 371, 373, 532, cits. y ccs., CPPBA; 9.I.3.n, 13, 15, 51, 54 y ccs., ley 14967; 12, 14 y ccs., ley 6716 y modif.
En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a los días 17 del mes de mayo de dos mil veintidós, designado el Sr. Juez del Tribunal en lo Criminal nº 1, Dr. Ramiro Fernández Lorenzo, con el objeto de dictar veredicto conforme el art. 371 del Código Procesal Penal, en causa nº 3450/5716 seguida a JOSE MARÍA REYNOSO y OTROS por el delito de COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (art. 5 inc. “c”, ley 23737), RESUELVE plantear y votar la siguiente:
CUESTIÓN ÚNICA
¿Es procedente el planteo de nulidad sobre la intervención de comunicaciones dispuesta con fecha 21 de mayo de 2013 y, en su caso, qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
i. Que la fiscalía –tras desistir de su acción en contra de Pedro Leonardo Tidoni–perfeccionó su acusación solicitando el dictado de un veredicto condenatorio respecto de José María Reynoso, Pedro Héctor Martínez, Rodrigo Manuel Enrique Oviedo y Héctor Orlando Cruz, por el delito de comercialización de estupefacientes, concretamente de marihuana (por todo, v. acta de debate).
ii. Que la defensora oficial de Cruz, Dra. Cova, en primer término, luego el defensor particular de Martínez, Dr. Anderson, los defensores particulares de Oviedo, Dres. Guisandez y Olgiati, y por último, el defensor particular de Reynoso, Dr. López Seco, plantearon –entre otras varias cuestiones– la nulidad de la primera intervención telefónica, esto es, según indicaron la de fs. 31 del expediente principal, y consecuentemente, la nulidad de todo lo actuado al no existir un curso de prueba independiente y por aplicación del precedente in re “Rayford” de la Corte Nacional. Que, al respecto, han esgrimido básicamente dos motivos: 1) falta de fundamentación de la orden emanada por el juez autorizante, como también del requerimiento efectuado por el fiscal interviniente; 2) no concurrencia del estándar de sospecha exigido por la Corte Suprema para habilitar este tipo de injerencias, a partir de la prueba rendida en el juicio (por todo, v. los alegatos de cierre en el acta de debate).
Que las peticiones han sido debidamente respaldadas con argumentos sólidos y relevantes, analizando el alcance que a dicha garantía le dio la Corte Federal con cita del leading case “Quaranta” y la Acordada n° 17/2019, amén de mencionar jurisprudencia del Tribunal de Casación de esta provincia.
iii. Que, al efectuar la réplica, la fiscalía expuso los argumentos de su desacuerdo con la petición (v. acta de debate).
iv. Que, la Dra. Cova y el Dr. Anderson, realizaron contrarréplicas, siendo lo relevante que ambos refutaron enfáticamente el hecho –afirmado previamente por la fiscalía en su réplica– que la denunciante haya ratificado en debate que a su hijo le vendieran droga en el bar “La Querencia”; tan es así que, la fiscal de juicio, termina reconociendo que puede haber existido un error en sus anotaciones (por todo, v. acta de debate).
v. Que, en primera medida, cabe establecer que la presente no constituye una cuestión ya definida a tenor de lo que oportunamente resolviera la Cámara Departamental, cuando rechazó la nulidad con la sola afirmación de que se encontraban motivadas la requisitoria y el auto judicial que la ordenara (cfr. fs. 35 del incidente de recurso de apelación – imputado Rodrigo Manuel E. Oviedo, n° 0-22773), más allá de que dicho auto carezca de la fundamentación que justifique por qué se entienden motivados el requerimiento y la orden de intervención, de hecho apenas se trata de una afirmación contraria a la que alegara la parte requirente. Lo cierto es que el planteo constituye un supuesto de nulidad absoluta susceptible de ser analizada y declarada en cualquier etapa del proceso (art. 203, CPPBA), siendo que el motivo de perjuicio está dado a partir de pretender sustentar un veredicto condenatorio en prueba obtenida ilegítimamente. Pero, además, aquellas resoluciones tomadas en el curso de la investigación preliminar no finiquitan la cuestión si no tienen definitividad en los términos del art. 14 de la ley 48 (cfr. mutatis mutandis, CSJN, “Quaranta”, Q.124.XLI, rta. el 31/08/2010, considerando 15° del voto mayoritario), por un lado, y aun cuando la tengan, tampoco cierran el asunto si, en el curso del debate, surge información que modifica el estado de cosas vigente al momento de su dictado, ya que la Cámara de Apelación no constituye una instancia de Alzada que pueda revisar la decisión final de este Tribunal Criminal. Esto último tendrá especial relevancia cuando analicemos el estándar de información que avaló la intervención, a tenor de lo sucedido en el debate.
vi. Que, los planteos defensistas, constituyen cuestión federal suficiente al conectarse directamente con el alcance de la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones (arts. 18, 19 y 33, CN; 11.2, CADH; 17.1, PIDCP; 12 inc. 5°, CBA). Que, si bien la nulidad se dirige contra la primera intervención, a juicio de los defensores ello provocaría la nulidad de todo lo actuado sucesivamente, lo que incluye las otras intervenciones que sufrieron el resto de los acusados (v. mutatis mutandis, CSJN, “Quaranta” cit., considerando n° 16 –parr. 2do.– del voto mayoritario).
vii. Que, en este sentido, conviene recordar que, en el leading case “Quaranta”, la Corte Federal precisó el alcance de la garantía al afirmar: “Que esta Corte, al referirse al art. 18 de la Constitución Nacional, ha expresado que en él se consagra ‘el derecho individual a la privacidad del domicilio de todo habitante correlativo al principio general del art. 19 en cuyo resguardo se determina la garantía de su inviolabilidad, oponible a cualquier extraño, sea particular o funcionario público’ (ver ‘Fiorentino’ Fallos: 306:1752). Si bien allí no se hizo mención a las comunicaciones telefónicas ni a la protección de su secreto, una interpretación dinámica de su texto más lo previsto en su artículo 33 y en los artículos 11, inciso 2°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 17, inciso 1°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto contemplan, en redacción casi idéntica, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, permiten hacer extensivas aquellas consideraciones a casos como el presente” (CJSN, “Quaranta” cit., considerando 17° del voto mayoritario).
Frente a lo cual, agregó: “Que tal derecho federal sólo es realizable de modo efectivo restringiendo ex ante las facultades de los órganos administrativos para penetrar en él, sujetando la intromisión a la existencia de una orden judicial previa debidamente fundamentada, exigencia esta última que se deriva del mismo artículo 18 de la Constitución Nacional. Sólo en este sentido puede asegurarse que los jueces, como custodios de esa garantía fundamental, constituyen una valla contra el ejercicio arbitrario de la coacción estatal, pues, si su actuación sólo se limitara al control ex post, el agravio a la inviolabilidad de este derecho estaría ya consumado de modo insusceptible de ser reparado, ya que la Constitución no se restringe a asegurar la reparación sino la inviolabilidad misma (ver en análogo sentido ‘Torres’ –disidencia del juez Petracchi– Fallos: 315:1043)” (CJSN, “Quaranta” cit., considerando 18° del voto mayoritario).
Por ello, “… si los jueces no estuvieran obligados a examinar las razones y antecedentes que motivan el pedido formulado por aquéllas y estuviesen facultados a expedir las órdenes sin necesidad de expresar fundamentos, la intervención judicial carecería de sentido pues no constituiría control ni garantía alguna (ver ‘Matte’ Fallos: 325:1845 y su cita)” (CJSN, “Quaranta” cit., considerando 18° del voto mayoritario).
Tan es así que, incluso, la propia ley procesal se encarga de establecer que, a pedido del agente fiscal, el juez podrá ordenar la intervención de comunicaciones telefónicas del imputado “cuando existan motivos que lo justifiquen y mediante auto fundado” (art. 229, CPPBA).
De allí que, una orden de estas características, “…puede ser válidamente dictada por un juez cuando median elementos objetivos idóneos para fundar una mínima sospecha razonable (ver ‘Yemal’, disidencia del juez Petracchi, considerando 5° y sus citas, Fallos: 321:510)” (CSJN, “Quaranta” cit., considerando 19° del voto mayoritario).
viii. Con este marco conceptual, corresponde analizar la orden del juez de garantías que dispuso la primera intervención de comunicaciones en autos, esto es, como indicaron los defensores, la de fecha 21 de mayo de 2013 (fs. 31/vta. del ppal.). Allí surge lo siguiente (cito textual): “Que de las constancias mencionadas en el requerimiento a despacho por el citado Agente Fiscal, surgen motivos suficientes para presumir que, resulta útil para el esclarecimiento del hecho y la individualización de la o las personas presuntamente autoras, la intervención de las líneas telefónicas correspondientes a los abonados telefónicos n° 0221-15-***-****, empleado por José Reynoso, 02221-15-****** [el error en la característica está en el original y así fue ordenado] utilizado por Nahuel Szczerby, 0221-15-***-****, 0221-15-***-**** y 0221-15-***-****, utilizados por Pedro Martínez (Art. 229 del C.P.P.)” (fs. 31, ppal.).
Es evidente que la orden carece de fundamento, al remitirse a unas constancias supuestamente mencionadas en el requerimiento fiscal (sobre esto volveremos luego), sin realizar análisis alguno sobre ellas, de modo que, no se sabe qué información aportan y por qué esa información “justifica” la orden, soslayando los dos presupuestos que la ley procesal exige y que condiciona el dictado de la misma, a saber: motivos que justifiquen y auto fundado. En este sentido, resulta sencillo demostrar que la orden no tiene fundamento alguno, porque no es posible verificar cuáles son los motivos que la justifican; en otras palabras: la exigencia de motivación requiere la explicación racional de los motivos que conducen al dispositivo (cfr. MAIER, DPP, t. III, p. 344). En efecto, fundar significa “explicar la razón de ser, los ‘por qué’, de la conclusión (parte dispositiva) que define la decisión” (MAIER, DPP, t. III, p. 340); de suerte que el juez debió explicar la razón por la cual “de las constancias mencionadas en el requerimiento a despacho por el citado Agente Fiscal, surgen motivos suficientes para presumir…” (fs. 31, ppal.). Es que, la exigencia de fundamentación, está impuesta por la Constitución y la ley en cabeza del juez porque es el único que tiene la potestad de habilitar semejante injerencia a la esfera de intimidad de los ciudadanos.
En un Estado de Derecho es tan preciada la intimidad de un ciudadano que sólo puede ceder frente a una decisión judicial debidamente fundamentada y apoyada en evidencia previa que justifique la intromisión en dicha esfera. Y es precisamente un Juez de Garantías, como su nombre da cuenta, quien debe velar porque el poder del Estado no avasalle elementales garantías ciudadanas, pues no basta con que se encuentren reconocidas en el programa constitucional si, en el ejercicio de la praxis, alcanza simplemente con mencionar una frase generalizada para autorizar la injerencia sin exponer una resolución razonada.
Tras el precedente “Quaranta”, la Corte Federal ha reiterado que la Constitución Nacional protege los derechos a la intimidad y privacidad garantizando una esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales (cfr. CSJN, Acordada n° 17/2019, considerando n° II, con citas de las disposiciones constitucionales y legales comprometidas), de allí que “…la protección del ámbito de privacidad resulta uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano y un rasgo de esencial diferenciación entre el Estado de Derecho y las formas autoritarias de gobierno (arg. ‘ALITT’, Fallos: 329:5266, entre otros” (CSJN, Acordada n° 17/2019, considerando n° III). Es que, “…por expreso mandato constitucional, las comunicaciones en todas sus variantes, al igual que la correspondencia epistolar, solo pueden ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada, sin que la privacidad pueda ser soslayada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos” (CSJN, Acordada n° 17/2019, considerando n° VIII).
Justamente, a partir de esto último, surge la necesidad de volver sobre la orden judicial, por cuanto la frase que citamos anteriormente sigue así “…de las constancias mencionadas en el requerimiento… surgen motivos suficientes para presumir que, resulta útil para el esclarecimiento del hecho y la individualización de la o las personas presuntamente autoras…”. Sucede que, tal como entendió el Juez de Garantías, la orden de intervenir las comunicaciones de tres ciudadanos se dicta para “la individualización de la o las personas presuntamente autoras”, amén de buscar también esclarecer el hecho en sí mismo. Pero, entonces, aquella orden es francamente contraria a los postulados del Estado de Derecho y que la Corte se encarga de explicar, ya que no es posible entrometerse en la privacidad de los ciudadanos si no hay una sospecha fundada y razonable sobre la identidad de ciertas personas que se encontrarían involucradas en una hipótesis delictiva mínimamente justificada, porque si el Estado pudiera entrometerse en el secreto de las comunicaciones telefónicas a partir de simples sospechas, el derecho constitucionalmente reconocido resultaría de o poca o ninguna relevancia (cfr. CSJN, “Quaranta” cit., considerando n° 21 del voto mayoritario).
Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, varios años después de “Quaranta”, tuvo la necesidad de enfatizar que: “La orden judicial será fundada y no podrá ser otorgada con base en términos genéricos” (CSJN, Acordada n° 17/2019, punto 1.III de la parte dispositiva). Y aquí, sucedió todo lo contrario: una orden que se apoya en constancias supuestamente mencionadas en el requerimiento fiscal, que no sólo no las valora ni las analiza, sino que tampoco las cita o individualiza, afectando la privacidad de tres ciudadanos con el objetivo de individualizar la o las personas presuntamente autoras, es decir, ni siquiera expone quiénes serían los ciudadanos sobre los cuales existirían sospechas razonables de que participan de una actividad delictiva y, peor aún, en qué consistiría mínimamente esa hipótesis delictiva. Lisa y llanamente: no se sabe nada cierto más que la orden de intervenir teléfonos de tres personas.
Desde tal perspectiva, la orden judicial pretende sostenerse con esta única frase: “…de las constancias mencionadas en el requerimiento a despacho por el citado Agente Fiscal…”. Como dijimos, ahí no hay fundamento alguno; ello es, apenas, una remisión no motivada, como si fuera una simple homologación. El problema es que la Constitución y la ley procesal no se conforman con una resolución homologatoria, sino que exigen un auto fundado; la Corte Suprema, incluso, agrega “debidamente” fundado, palabra que le da un tinte más fuerte a la exigencia.
ix. De todas maneras, corresponde apuntar que el requerimiento fiscal apenas tiene una descripción vaga de información que no explica de dónde surge ni a qué constancias pertenece, salvo cuando al inicio menciona la palabra “denuncia”; nótese que, el relato allí expuesto, carece de remisiones o citas de constancias que contengan información que pueda revelar la configuración del estándar de mínima sospecha razonable exigido por la Corte Federal desde el 2010. En efecto, era necesario que el Fiscal interviniente, Tomás Morán, explicara cómo es que saca la conclusión provisoria de que los teléfonos que la denunciante vio que constaban en su celular –que supuestamente usaba su hijo– pertenecerían a las personas que le proveen drogas a su hijo, o sea, tendría que haber indicado de dónde surge esa afirmación hipotética que hace (“…que serían quienes…”), como así también mínimamente explicado en qué consistieron esas comunicaciones que habría visto la señora y que tendrían relación con la hipótesis de comercialización de drogas, de lo contrario estaríamos ante la sospecha infundada de una ciudadana que no podría alcanzar el estándar de “Quaranta”.
Gráficamente: ¿qué fue lo que vio la señora en su celular para conectar el hallazgo del bagullo de marihuana con tres sujetos determinados? ¿Quiénes son esos tres sujetos determinados que habría mencionado la señora y qué fue lo que hablaron con su hijo? ¿Son esos tres sujetos los mismos tres sujetos frente a los cuales les requirió la orden de intervenir sus teléfonos? Y, por último, tampoco aclara de qué constancias surgen las maniobras compatibles con la comercialización, es decir, cuál es la evidencia que justifica dicha afirmación.
Corolario: salvo por la mención a la denuncia, el resto de lo habido en el requerimiento son afirmaciones que corren por cuenta del fiscal al no especificar, citando o mencionando, la evidencia que las avala pues no indica siquiera un número de foja. Entonces, si no hay constancias mencionadas, tampoco suple ese requerimiento el déficit agudo que ostenta el auto infundado del juez, en la inteligencia que sólo se refiere a una denuncia y luego realiza un relato genérico, sin justificar en forma precisa qué evidencia encontrada lo avala, de modo que se pierde de vista que, a juicio de la Corte Federal, la intervención de comunicaciones es una medida judicial de investigación excepcional y de criterio restrictivo (cfr. CSJN, Acordada n° 17/2019, punto “1.II” de la parte dispositiva).
x. Con esto, ya basta para disponer su nulidad, habida cuenta que el motivo del perjuicio ya fue enunciado precedentemente (v. punto “v” párr. 2do. del voto). No obstante, hay más y quiero dar cuenta de ello porque las defensas, en especial la Dra. Cova, fueron determinantes también sobre otro motivo que desemboca en la nulidad de la intervención analizada.
Me refiero específicamente a la ausencia de elementos objetivos idóneos para fundar una mínima sospecha razonable (CSJN, “Quaranta” cit., considerando 19° del voto mayoritario) y ello, justamente, surge a partir de la prueba producida en el debate, concretamente del testimonio de quien hiciera la denuncia que activara todo este procedimiento: Graciela Noemí Herrera.
Conviene aclarar que, en este preciso punto, cuando la fiscalía replica a la defensa y la defensa oficial formula la contra-réplica se suscitó una pequeña discusión sobre aquello que la señora habría dicho efectivamente en el debate, a tenor de las anotaciones que las partes habían efectuado sobre dicho testimonio y más allá que, a lo último, la fiscal reconoció que pudo haber estado equivocada porque su anotación no era clara (v. acta de debate). Naturalmente, eso se debió a la gran cantidad de jornadas y testimonios escuchados, sumado a que los alegatos fueron pospuestos debido al problema de salud que sufrió la fiscal en el ínterin y que luego pudo recuperarse. En ese contexto, les aclare a los litigantes que, si bien nadie solicitó la grabación del juicio, nosotros tenemos un registro de audio interno para nuestro control y que, por ello, íbamos a desgravar junto a la actuaria el testimonio completo de la citada testigo a efectos de trabajar con la información que ella expuso en el debate, la que, a continuación, paso a transcribir.
DECLARACIÓN GRACIELA NOEMÍ HERRERA (GNH)
JUEZ: Ramiro Fernández Lorenzo (RFL)
FISCAL: Helena de la Cruz (HDC)
DEFENSORA TIDONI Y CRUZ: Ana Julia Cova (AJC)
DEFENSOR MARTINEZ: Guillermo Anderson (GA)
DEFENSOR OVIEDO: Walter Gisande (WG)
DEFENSOR REYNOSO: Francisco López Seco (FLS)
El Sr. Juez Ramiro Fernandez Lorenzo concede la palabra a la Dra. De La Cruz (Agente Fiscal). HDC: ¿Usted sabe por qué es este juicio? ¿Sí?
GNH: No no, bien no sé, la verdad que cayó muy de rep… no recuerdo muy bien, de cuántos años, de qué era, sobre qué se trata RFL: le hago una pregunta, si usted pidió declarar sin la presencia de los imputados, como es que no sabe de qué es el juicio. Se supone que algún recuerdo tiene ¿Hay algo que no quiere declarar frente a la presencia de alguien?
GNH: Ah, vos decís la denuncia que… lo que estoy acá. Sí sí, sí, sí está bien, perdón, no te escuché HDC: Claro, por qué la citamos, eso sería GNH: Sí sí, está bien HDC: ¿Cuéntenos, donde vive usted? ¿qué pasó?
GNH: Yo vivo en Verónica, Barrio Parque del Sol HDC: ¿En 2013 vivía ahí también?
GNH: Sí, sí HDC: Y usted nos dice, “de la denuncia que yo hice” ¿qué pasó?
GNH: Yo hice una denuncia, no recuerdo la fecha, por falta de una licuadora de mi casa HDC: ¿Qué pasó?
GNH: Mi hijo concurría a “La Querencia”
HDC: ¿Qué edad tenía su hijo cuando hizo la denuncia?
GNH: Yyy, dieciséis (16) años, más o menos HDC: Solicito se deje constancia RFL: Déjese constancia HDC: ¿Y entonces?
GNH: Ehhh, un día empecé a buscar la licuadora para, bueno, hacer un licuado, no me acuerdo para qué, y me faltaba, ehhh, negó que él no la tenía, que no la había usado, ehhhh y después me dijo que estaba en La Querencia y yo hice la denuncia.
RFL: ¿El qué estaba en La Querencia?
GNH: La licuadora HDC: ¿Por qué estaba en La Querencia?
GNH: Es lo que nunca supe AJC: Solicito constancia RFL: Déjese constancia HDC: Y entonces, ¿Por qué hizo la denuncia?
GNH: En realidad, ehhh, yo suponía que estaba ahí, porque ¿en otro lugar? Él iba ahí y en otro lugar no estaba, estuve casas de amigos, averiguando, no estaba, tenía que estar ahí, o sea, yo pensaba que estaba ahí, en La Querencia, por eso hice la denuncia HDC: ¿Pero denuncia de qué? Porque su hijo podría haber vendido la licuadora ¿qué denuncia hizo? GNH: Por la falta de la licuadora HDC: Pero ¿Qué denunció? “me falta la licuadora”
GNH: Sí, sí, esa es la denuncia que hice AJC: Solicito constancia RFL: Déjese constancia RFL: Le hago una pregunta para que me aclare GNH: Si, todavía no nos sabemos entender, está bien RFL: Al principio usted dijo que su hijo le sacó la licuadora para hacer un licuado y después no apareció más la licuadora, entonces, le preguntó a su hijo dónde estaba y le termina afirmando que estaba en La Querencia. Y después, primero dijo que su hijo le confiesa: “mira está en La Querencia”, y después, más adelante dijo: “en realidad yo supe que estaba en La Querencia” porque usted lo infirió, como que usted lo imaginó porque su hijo va siempre a La Querencia. La pregunta puntual es la siguiente: ¿su hijo le dijo la licuadora está en La Querencia o usted lo supuso?
GNH: No, no, él me dijo que estaba en La Querencia RFL: Ahí vamos GNH: Ahí nos vamos entendiendo, perfecto HDC: Y ¿qué fue a denunciar a la policía?
GNH: La falta de la licuadora porque yo siempre se la reclamaba y él me dijo que estaba ahí HDC: O sea que… ¿fue a denunciar a su hijo?
GNH: Claro, sí, sí, por la falta de la licuadora. Sí.
HDC: Esta bien. ¿Eso solo fue a denunciar?
GNH: Sí, sí HDC: Bien GA: ¿Podemos dejar constancia de eso, por favor, en el acta de que fue a denunciar solamente eso?
RFL: Sí, dejemos constancia.
La Sra. Agente Fiscal advierte omisión, contradicción de todo, fs. 1, solicita lectura. No hay oposición de partes. La testigo acredita su firma. Se procede a la lectura de toda la declaración. HDC: ¿Por qué se hizo presente a pedir ayuda?
GNH: Ayuda, en sentido para mi hija HDC: No, porque usted me dijo que se acercó por la licuadora GA: ¿Podemos dejar constancia de eso que es para la hija?
RFL: Sí, dejemos constancia que se presentó a pedir ayuda HDC: Entiende, usted dijo que era por la licuadora, ahora dice que fue a pedir ayuda para su hija GNH: Sí, para vivir tranquila, para estar tranquila HDC: Ve que es distinto, no estamos hablando de la licuadora sola RFL: Para vivir tranquila, ¿por qué?
GNH: Ah, todo se refiere a la licuadora. Todo se refiere a la causa de…ah. No sé, sabés qué, mira, no sé si ellos saben. Ehh, yo estoy a dos días de una operación. Estoy tomando una medicación que me está matando, te digo. O sea, me hace alivio en la panza HDC: Yo también estoy enferma y acá estoy GNH: Buee, esteeee, ehh, volvemos al tema de la licuadora. ¿De qué me estás hablando? Perdón, no te escuché. Lo que me hablaste recién HDC: ¿Qué no me escuchó?
RFL: Señora, escúcheme una cosa, a ver, por ahí, no sé por qué, digamos, diversifica las cosas, las diferencia. Veamos… Usted fue en algún momento dado, hace unos años fue a denunciar. Eso lo dijo. Bien, perfecto. ¿Por qué fue a denunciar? ¿Por qué usted fue hacia la policia? ¿A pedir qué? ¿o a denunciar qué? ¿Por qué fue a la policía?
GNH: Primero fue por la licuadora.
RFL: Fue por la licuadora.
GNH: Sí RFL: ¿Y por qué más?
GNH: Y porque Matías le pegaba a su hermana RFL: Matías, su hijo, le pegaba a su hermana GNH: Si RFL: ¿Esos eran los dos problemas o había algún problema más?
GNH: No, fueron esas dos cosas. Sí.
AJC: Solicito constancia.
RFL: Déjese constancia.
RFL: Porque faltaba una licuadora y porque su hijo le pegaba a su hija.
GNH: Sí, sí, muy agresivo con la hermana, sí, sí.
RFL: Muy agresivo con la hermana. Bueno.
La Sra. Fiscal continúa con la lectura de la declaración fs. 1 vta. RFL: recuerda el episodio, ¿qué más pasó? Antes que le siga leyendo porque por ahí lo recuerda. GNH: Si, sí. Estaban todos afuera, ahí, abajo de la galería, consumiendo marihuana. HDC: Solicito se deje constancia RFL: Déjese constancia HDC: ¿Y qué pasó entonces?
GNH: No recuerdo de ahí en más, yo creo que me levanté, recién había llegado de trabajar, se fueron todos, los amigos, se fue y después no recuerdo señora o señorita. Después de ahí, no La Sra. Fiscal continúa con la lectura de la declaración fs. 1 vta. HDC: ¿Qué pasó?
GNH: Me voy al comedor, debajo de la mesa, no sé qué miro y veo un bulto, lo levanto y fui, y lo llevé a la comisaría, donde iba a entregar eso HDC: ¿Usted lo entregó en la comisaría, dijo?
GNH: Yo lo entregué en la comisaría. Eso fue, cómo se dice, ¿testeado?, ¿puede ser? HDC: Y ¿qué era?
GNH: marihuana HDC: Solicito se deje constancia RFL: Déjese constancia HDC: Y ¿usted había notado en Matías algo raro ya?
GNH: Ehh. Yo te digo, mira, a los diecisiete años empecé, yo trabajé toda la vida, uno va y viene, como madre, sola, los crie sola, iba y venía, sentía un olor raro en la mañana cuando me levantaba, agresivo, lo vuelvo a repetir HDC: ¿Se había vuelto agresivo? ¿él no era así?
GNH: Agresivo, olor raro que yo nunca había… y empecé a marcar, a prestar más atención, ya que yo estaba pocas horas en mi casa, hasta que bueno, llegué a encontrar lo que estaba bajo de la mesa ¿no? Que eso no recuerdo si lo testearon ese día o pasaron unos días, me volvieron a llamar, eso no recuerdo HDC: ¿pero usted vio que el paquete era ése?
GNH: sí, sí, sí HDC: Usted dijo que pensó que la licuadora estaba en La Querencia porque él siempre iba ahí GNH: claro, por eso pensaba, yo mi pensar era que estaba ahí RFL: Pero después aclaró, cuando yo le pregunté aclaró que su hijo le dijo GNH: Sí, el después dijo que la licuadora estaba ahí HDC: ¿Y le dijo por qué?
GNH: No, no, nunca, siempre agachó la cabeza, nunca respuesta AJC: esa respuesta ya la contestó y dijo: “nunca supo”
RFL: ¿La objeción es repetitiva?
AJC: Sí RFL: Sí, en principio, es repetitiva, pero como la Señora empezó a recordar más datos, que antes no recordaba, voy a dejar que pregunte. Ya está avisada que de vuelta no.
HDC: ¿Y usted supo si después estaba en La Querencia, se enteró si después estaba ahí? GNH: No, después, no, no, yo no, después no investigué nunca más nada.
GA: ¿Podemos dejar constancia de eso por favor?
RFL: Déjese constancia que ella personalmente nunca constató que estuviera en La Querencia. Bien.
GNH: No, no HDC: ¿Qué era La Querencia?
GNH: Era un bar, un bar HDC: ¿Y Matías iba mucho a ese bar?
GNH: Matias concurría, sí.
HDC: ¿Desde hacía cuanto tiempo iba?
GNH: Y no sé, no sé una fecha exacta, porque yo, te vuelvo a repetir HDC: Desde que empezó a sentir, o desde que pasó esto ¿digamos, desde que usted encuentra el paquete, ¿cuánto tiempo para atrás?
GNH: Y calcula que tiene veintiséis (26) años, no sé, yo me di cuenta cuando tenía diecisiete (17) años y no sé cuándo fue esta, más o menos, no recuerdo bien la fecha, pero él tenía diecisiete (17) años cuando yo me di cuenta y encontré eso debajo de la mesa HDC: ¿Dónde era La Querencia, se acuerda? Y ¿si sigue estando?, no lo sé GNH: Ehhh y es calle 28, es creo, sí, calle 28. Yo soy muy dura para las calles HDC: En relación, no sé, a la iglesia, a una plaza GNH: Ehh sí, media cuadra de la plaza HDC: Y usted, ¿le transmitió todo esto a la policía? ¿lo que le estaba pasando? GNH: Sí, para colmo siempre viví sola, con mis otros… somos… tengo cuatro hijos, pero siempre viví sola con los chicos HDC: le hago una pregunta: en algún momento después de haber hecho la denuncia ¿recibió algún tipo de amenazas o llamados?
GNH: Sí HDC: ¿Qué le decían?
GNH: Y, que bueno, que me iban a prender fuego la casa HDC: ¿Qué le iban a qué?
GNH: A prender fuego la casa HDC: Que se deje constancia RFL: Déjese constancia GNH: De distintos celulares, o abría el celular y me cortaban, me insultaban, eso fue HDC: ¿Y le decían por qué?
GNH: No, no HDC: ¿Usted identificada por qué, con qué tenía que ver?
GNH: Y sí, yo me daba cuenta. Aparte le conocí la voz a la persona HDC: ¿Quién era?
GNH: Arfuch RFL: ¿Quién?
HDC: Arfuch, la persona que está fallecida GNH: Arfuch AJC: Solicito constancia RFL: Déjese constancia HDC: ¿Y no recuerda qué le decía, además de que le iba a prender fuego la casa? GNH: Insultar, viste, cosas feas, no sé, nono RFL: Espere, espere, espere ¿Cómo?
AJC: No veo la relevancia de (inaudible) la persona identificada y (inaudible) el vínculo con los imputados HDC: No, es un testigo que trajo la defensa en su momento, yo tengo el certificado de defunción, por eso sí me resulta de relevancia RFL: No, me parece que la pregunta, la relevancia de la pregunta, tiene que, puede, puede construirse a partir de la respuesta, o sea, no la veo que sea irrelevante. Justamente, a partir de que realiza la denuncia, recién, después recibe amenazas puede llegar a tener relevancia, vamos a ver qué pasa. Dígame, ¿Cuál era la pregunta, entonces?
HDC: Si recuerda ¿Qué era lo que le decía? Solicito que se deje constancia, si, de que le reconoció la voz.
RFL: Sí, a Arfuch, esa constancia la pidió la defensa. Ya está. Y también creo que hay constancia anterior de que dijo que le iban a prender fuego la casa. Eso fue la frase que se acordó. GNH: Sí, sí, algo así. Después insultos, mucho insulto. Después cortaba, y llamaba, y cortaba, llamaba y cortaba, decía algún insulto.
HDC: ¿Eso le pasaba antes de hacer la denuncia?
GNH: ¿Cómo?
HDC: ¿Eso le pasaba antes de hacer la denuncia?
GNH: No, no, no, no, no HDC: Antes no le pasaba GNH: No, nunca, nunca, nunca GA: ¿Puedo hacer una pregunta?
RFL: Sí, cuando termine el interrogatorio directo HDC: Un segundito.
Ante cierta omisión de las cosas que le habían dicho, la Fiscalía solicita si se le puede dar lectura de su declaración a fs. 1530 adverso, de fecha 10/05/2014. No habiendo oposición. Se reconoce la firma por parte de la testigo.
HDC: Bien, al principio, más que omisión, es olvido. Que el día el 08/03/2013 había hecho la denuncia usted, yo no encontraba la fecha GNH: 08/03/2013 Procede a leer la parte pertinente: Y luego, dice que el día 01/05/2014, comienza a recibir llamados del n° abonado… “hija de puta por tu denuncia fueron todos mis amigos presos” GNH: Sí HDC: Recuerda el insulto GNH: Si sí, la palabra justa HDC: Solicito se deje constancia RFL: Déjese constancia HDC: Y esta es la persona que testifico como Diego Arfuch, que está fallecida HDC: Yo no tengo más preguntas RFL: No habiendo más preguntas, ¿quién continua?
GA: Buen día, mi nombre es Guillermo Anderson, soy abogado defensor del Sr. Martínez, cómo le va, buen día.
GNH: Cómo está, buen día GA: Usted tenía alguna relación con el Sr. Arfuch, ¿cómo lo reconocía?
GNH: Con el Sr. Arfuch, del pueblo no más.
GA: ¿Nunca tuvo una relación más allá de ningún tipo?
GNH: Sí, conocido del pueblo, conocidos. Nada más. No, no GA: Usted recuerda, en algún momento que ¿vino a declarar a la sede de la fiscalía? GNH: Sí GA: Bien, ¿y qué recuerda de esa declaración en sede Fiscal?
GNH: Y las amenazas GA: No, después vino por la causa que estamos en juicio GNH: ¿Por la causa que estamos en juicio?
GA: Sí GNH: No recuerdo GA: ¿No recuerda?
GNH: No recuerdo GA: ¿Puede reconocer la firma de fs. 1851/1853?
RFL: ¿Advierte alguna omisión o contradicción?
GA: Sí, sí, ahora leo. En la primer página in fine.
La testigo reconoce la firma.
GA: Empieza con Pedro Martínez.
HDC: Pero no dijo nada, ni lo mencionó. Ni habló de esto. Objeción.
RFL: ¿Le hizo alguna pregunta que abarque el objeto de información? Sino, hágasela GA: Sí, le hice la pregunta de la declaración en sede Fiscal.
RFL: No, la declaración por ahí no recuerda, pero por la información por ahí sí. GA: Bien, muy bien. ¿Usted recuerda haber venido a la sede Fiscal y hablar sobre uno de los imputados, del cual, usted señaló como dueño o lo señala como de La Querencia? GNH: No, no recuerdo GA: ¿No recuerda?
GNH: No, no HDC: No se habló de nadie como dueño de La Querencia hasta ahora RFL: No, le preguntó si recuerda haber venido a Fiscalía y declarar acerca de una persona determinada que era el dueño de La Querencia o alguien encargado.
GNH: No, no RFL: ¿No se acuerda?
GA: No, no, eso no.
RFL: ¿Quiere leerle? ¿Hay contradicción?
GA: Sí, sí. Pero podemos seguir porque tiene otras contradicciones más flagrantes abajo RFL ¿Quiere leer?
GA: nono RFL: ¿Retira la petición de la lectura?
GA: Si, Si RFL: Se deja constancia que retira la petición de lectura GA: ¿Usted tuvo alguna relación con la familia Martínez, en algún momento, de algún tipo? GNH: No, no El Dr. Anderson solicita lectura, renglón 53. No hay oposición. Se procede a la lectura de la parte pertinente: “Un vínculo laboral con la familia de Pedro Martínez”
GNH: Yo trabajé con la abuela, pero nada que ver, nada que ver eso GA: Yo dije la familia de Pedro Martínez, no Pedro Martínez GNH: Yo dije que trabajé RFL: Aclare el punto entonces GNH: Yo trabajé con la abuela de Pedro Martínez, pero no tiene nada que ver con esto GS Y cómo fue esa relación GNH: Buena. Yo cuidé a la Señora, a la abuela, nada que ver, no tiene nada que ver con esto. No sé por qué se relaciona esto con el cuidado de abuelos, porque yo cuido abuelos y cuidaba a la abuela. GA: ¿Usted tuvo alguna discusión en algún momento con algún familiar de Pedro Martínez? GNH: No, no GA: ¿no?
El Dr. Anderson solicita, nuevamente, lectura párrafo renglón 14 “que la deponente…” GNH: No, jamás.
RFL: ¿Eso es falso entonces?
GNH: Yo me fui bien de ahí, me fui porque la abuela ya estaba postrada en la cama. Yo jamás. Continua lectura.
GNH: No GA: ¿Eso es falso?
GNH: Falso GA: Solicito constancia RFL: Déjese constancia GNH: Nunca RFL: ¿Lo afirma categóricamente?
GNH: Jamás GA: Por ahora no tengo más preguntas HDC: Yo sí su señoría, de la misma foja.
HDC solicita lectura por contradicción, desde fs. 1851 vta. Renglón 12 desde abajo. Acuerdo de partes. Se procede a la lectura. En relación a la licuadora: “Responde que en este punto…” GNH: Ella me lo comentó en el negocio donde yo trabajaba, pero yo no quise tener más problemas. HDC: Que la licuadora estaba en el Bar GNH: Sí, pero no quise tener más RFL: O sea, que ¿eso pasó?
GNH: Sí, pero no con Walter, nada que ver. Martínez, el tío, nada que ver eso. Claro. Se aclara a la testigo lo del uso de información. “La hermana le comentó que la licuadora estaba en La Querencia”
GNH: Yo no quise, yo no. Más te digo, no quiero saber más nada de todos y yo no puedo seguir viniendo.
HDC: ¿Su hijo le dijo que estaba en La Querencia y después, Nina, la hermana le dijo que sí, que estaba en La Querencia?
GNH: Si, sí, ahí termina todo HDC: ¿Usted no sabe por qué su hijo la llevó?
GNH: Exactamente RFL: ¿Quiere dejar constancia?
GA: Sí RFL: Déjese constancia FLS: ¿Usted conocía quiénes eran los dueños de “La Querencia”?
GNH: No Señor, no AJC: Solicito constancia RFL: Déjese constancia (inaudible)
FLS: ¿Usted conoce a Reynoso? (inaudible)
GNH: No, no, del pueblo.
FLS: ¿Nadie le mencionó, lo puede relacionar a él con su hijo?
GNH: No FLS: Disculpe, ¿a quién no conocía?
GNH: A Reynoso. Lo conozco del pueblo, pero no tengo nada. Yo lo conozco del pueblo, como conozco mucha gente, pero no, claro.
FLS: No tengo más preguntas.
GA: Yo sí voy a preguntar. Usted en algún momento dice que recoge un bulto y lo lleva a la Comisaría. GNH: Si GA: ¿me podría explicar cómo fue esa secuencia de hechos?
GNH: Fue cuando escuché el grito que yo estaba durmiendo siesta, escucho movimientos, gritos, había chicos, cuando salgo no había nadie y estaba debajo de la mesa. Lo recojo, ¿qué hago con esto? Yo ni idea de eso, entonces, digo, lo entrego en la comisaría. Cuando voy allá, lo que no recuerdo es si fue testeado ese día o quedó ahí después me llamaron en unos días, me parece que fue.
GA: Recuerda ¿quién le recibió el bulto? ¿Qué oficial?
GNH: Sabes que no.
GA: ¿Alguna característica física?
GNH: Me parece que fue Soto, no estoy segura RFL: ¿Quién le parece?
GNH: Soto GA: ¿Podemos dejar constancia de eso?
RFL: Déjese constancia GA: ¿Qué hizo el oficial con ese bulto?
GNH: No sé, quedo ahí en la comisaría, no sé GA: ¿Cómo?
GNH: Quedó en la comisaría, ni idea GA: ¿Podemos dejar constancia de eso?
RFL: ¿Qué constancia? ¿Que no sabe?
GA: Que no sabe GNH: Por eso te digo no recuerdo si testearon ese día o yo tuve que volver creo que en unos días me citaron otra vez para testear GA: ¿Podemos dejar constancia de eso?
RFL: Que no se acuerda dijo.
GNH: No, no me acuerdo RFL: Ella lo que hace es plantear su hipótesis, no se acuerda cuál de las dos es la correcta o es la verdadera GA: ¿Ese día, que pasó?
RFL: Espere Dr., ¿Dejamos constancia (inaudible) de que no se acuerda?
GNH: Testeado fue, no sé si en el momento o a los días, claro RFL: Déjese constancia GA: Cuando Usted entrega y el oficial… ¿se labró algún tipo de acta, usted firmó algo? GNH: Y yo pienso que sí, vos sabes que no me acuerdo, yo pienso que sí.
GA: ¿Había otras personas?
GNH: No, no, no GA: ¿Había otros testigos?
GNH: No, no, nadie AJC: Solicito constancia RFL: Déjese constancia GA: ¿Recuerda que lugar físico fue de la Comisaría?
GNH: ¿Cómo?
GA: ¿En qué lugar físico fue de la Comisaría?
GNH: En una oficina. Pero estábamos los dos, sí, sí, fue Soto, ahora que me acuerdo GA: ¿Podemos dejar constancia de eso que confirma que fue el oficial Soto? GNH: Sí, sí, ahora que me acuerdo RFL: Déjese constancia que cree que recuerda GNH: ¿Puedo hacer una pregunta? ¿De qué año es esta denuncia? ¿Puedo preguntar?
GA: 2013 GNH: 2013, 2013
AJC: ¿Puedo hacer una pregunta?
RFL: Sí Doctora AJC: inaudible… el bulto, cómo era, ¿qué era, ¿cómo era?
GNH: Era un cuadradito envuelto en una bolsita AJC: Cuadradito envuelto en bolsita GNH: En bolsita AJC: Usted dijo que había otras personas en su casa esa noche, ¿sabe a quién pertenecía? GNH: No, eso fue en el día, pero adentro mi casa no. Afuera.
AJC: No se acuerda a quien pertenecía eso GNH: No, no, nunca supe AJC: Solicito se deje constancia RFL: Se deje constancia que no sabe a quién pertenecía GNH: Nunca supe RFL: ¿Alguna pregunta más? ¿terminamos?
HDC: Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuándo usted dijo que estaba como buscando algo, cuando usted salió se fueron, ese paquetito, su hijo y sus amigos, eso que usted encontró, usted (inaudible) lo había llevado a la comisaría por lo que era ¿cómo se dio cuenta qué era?
GNH: Yo jamás eso no tengo idea en nada, pero me di cuenta que algo, el olor que tenía, o sea… HDC: ¿Cómo era, más allá del olor?, ¿cómo era visualmente lo que se veía? GNH: Era verde, envuelto en una bola, en una bolsita transparente. Viste como la levadura, como para comparar algo, así, una cosita chiquita así.
HDC: Como levadura (inaudible)
GHN: Mira, no recuerdo, pero estaban los gramos y todo, no recuerdo, pero estaban los gramos y todo, cuánto era, no recuerdo, pero estaban puestos en la denuncia los gramos y todo. De cuánto tenía. RFL: ¿Alguna pregunta más?
AJC: Déjese constancia de que lo llevó a la comisaría RFL: Se deja constancia de que dijo que sospechó de que era verde (inaudible) AJC: Y que tenía olor GA: No sé si escuché mal, ¿habló de gramos?
RFL: Dijo que cree que lo pesaron, pero que estaban puestos los gramos en la causa (inaudible)
GNH: En la causa AJC: Ahh, yo le entendí que en la bolsita GNH: No, en la causa, en la causa GA: ¿Usted vio si lo pesaron?
GNH: No RFL: Cuando hicieron el test, ¿se acuerda cuando le hicieron el test ese que usted se refiere, vio si pesaron la sustancia?
GNH: No GA: ¿Podemos dejar constancia de eso?
RFL: ¿No se acuerda o no lo vio?
GNH: No me acuerdo, por eso te digo, pasaron muchos años, por eso te digo, no me acuerdo si se testeó ese día, o a la semana, o cuánto tiempo fue de vuelta RFL: Pero respecto si lo pesaron, que esa fue la pregunta del doctor, cuando usted dice no, ¿no lo pesaron o no recuerda que lo hayan pesado?
GNH: no, no recuerdo que lo hayan pesado RFL: Constancia del Dr. Anderson, no recuerda que lo hayan pesado.
Esa fue toda su declaración. Volvamos un poco más atrás y recordemos que, según lo que expusiera el fiscal Tomás Morán en su requerimiento de intervención de comunicaciones (v. fs. 30/vta., ppal.), sin citar ni mencionar las piezas sobre las cuales se apoyaba –salvo cuando remite a “la denuncia”–, la denunciante, luego de comprobar que su hijo consumía sustancia estupefaciente y que, a raíz de ello tenía cambios en su comportamiento, habiendo incluso en una oportunidad hallado droga en su domicilio, “pudo constatar que el mismo se comunicaba con tres personas que serían quienes le proveen a su hijo el material estupefaciente que luego éste consume” (como se apuntó, jamás especificó en qué consistieron esas supuestas comunicaciones entre su hijo y los vendedores que vio en su celular), luego de lo cual “personal de la Comisaría de Punta Indio pudo dar con los sujetos mencionados por la denunciante” observando, se agregó, “maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes”.
Desde esta perspectiva, analizado el testimonio que prestó en juicio la denunciante, se advierte la falta de concordancia entre lo que el fiscal describió en su requerimiento, en cuanto se lo adjudica a quien hizo la denuncia, y lo verdaderamente sucedido según la propia denunciante, cuando volvió una y otra vez sobre el tópico central ante la gran cantidad de preguntas que se le formularon al respecto. En su deposición oral, la señora Herrera comenzó diciendo que la denuncia la hizo porque faltaba una licuadora de su casa y que fue su hijo quien le contó que estaba en “La Querencia”, más allá que ella lo presupuso a raíz de que éste concurría allí con frecuencia; incluso, vale agregar, ella afirmó no saber la razón por la cual la licuadora estaría en “La Querencia”. En dos oportunidades del examen directo, casi seguidamente, la fiscalía le preguntó lo mismo, para saber qué fue a denunciar, y la testigo siempre le contestó que el motivo de la denuncia era que le faltaba su licuadora, al punto tal que hasta le admite que fue a denunciar a su hijo. Transcribo las partes pertinentes:
RFL: ¿El qué estaba en La Querencia?
GNH: La licuadora HDC: ¿Por qué estaba en La Querencia?
GNH: Es lo que nunca supe (…)
HDC: ¿Pero denuncia de qué? Porque su hijo podría haber vendido la licuadora ¿qué denuncia hizo? GNH: Por la falta de la licuadora HDC: Pero ¿Qué denunció? “me falta la licuadora”
GNH: Sí, sí, esa es la denuncia que hice (…)
HDC: Y ¿qué fue a denunciar a la policía?
GNH: La falta de la licuadora porque yo siempre se la reclamaba y él me dijo que estaba ahí HDC: O sea que… ¿fue a denunciar a su hijo?
GNH: Claro, sí, sí, por la falta de la licuadora. Sí.
HDC: Esta bien. ¿Eso solo fue a denunciar?
GNH: Sí, sí Luego, a instancias de la fiscal, se autorizó la lectura de parte de su declaración previa (fs. 1), por existir una omisión respecto del motivo de la denuncia, y allí agregó que la denuncia se hizo también “para pedir ayuda”, “para vivir tranquila” y explicó que era porque su hijo Matías “le pegaba a su hermana”. Transcribo las partes pertinentes:
HDC: ¿Por qué se hizo presente a pedir ayuda?
GNH: Ayuda, en sentido para mi hija HDC: No, porque usted me dijo que se acercó por la licuadora (…)
HDC: ¿Entiende?, usted dijo que era por la licuadora, ahora dice que fue a pedir ayuda para su hija GNH: Sí, para vivir tranquila, para estar tranquila HDC: Ve que es distinto, no estamos hablando de la licuadora sola (…)
GNH: Primero fue por la licuadora.
RFL: Fue por la licuadora.
GNH: Sí RFL: ¿Y por qué más?
GNH: Y porque Matías le pegaba a su hermana RFL: Matías, su hijo, le pegaba a su hermana GNH: Sí RFL: ¿Esos eran los dos problemas o había algún problema más?
GNH: No, fueron esas dos cosas. Sí.
(…)
RFL: Porque faltaba una licuadora y porque su hijo le pegaba a su hija.
GNH: Sí, sí, muy agresivo con la hermana, sí, sí.
Así las cosas, la fiscal intentó una nueva lectura, concretamente la porción referida al hallazgo de un bagullo de (presunta) marihuana, frente a lo cual, la testigo y denunciante de autos contó que lo halló en su casa donde previamente había estado su hijo con sus amigos y, en ese devenir, asocia el consumo de marihuana de su hijo con sus reacciones agresivas y ciertos olores “raros” que solía sentir. A raíz de ello, la fiscal pretendió volver con el tema de la licuadora, buscando conectar uno y otro episodio, pero la entrevistada no agregó más información de relevancia que la ya expuesta anteriormente, aclarando que jamás corroboró ella misma si la licuadora estaba o no en “La Querencia” pues no investigó nada más. Por último, la fiscal le preguntó si recibió amenazas luego de la denuncia y la testigo respondió afirmativamente, diciendo que era “Arfuch” (un supuesto testigo de la defensa que ya estaba fallecido para la época del debate) y ahí decidió la litigante culminar con su interrogatorio directo.
Posteriormente, tomó la palabra la defensa de Pedro Martínez y le preguntó acerca de si declaró previamente sobre una persona determinada y lo señaló como el dueño de “La Querencia”, a lo que la testigo contestó en forma negativa y, ante una pregunta puntual, explicó que ella tuvo un vínculo laboral con la familia de Pedro Martínez y que se fue muy bien de ahí, aclarando que ello no tenía nada que ver con los temas que le preguntaban.
Tras ello, para lo que aquí interesa, la fiscal tomó nuevamente la palabra y quiso realizar una última lectura de otra de sus declaraciones previas, en pos de conectar la droga con “La Querencia”, quizás a través de la licuadora. Sin embargo, no obtuvo el resultado esperado, porque la señora Herrera siempre habló de dos episodios aislados que no relacionó entre sí, esto es, que su licuadora estaría en “La Querencia” por un lado, y que su hijo se drogaría y eso explicaría su nivel de agresividad para con su hermana, por el otro. Transcribo las partes pertinentes: HDC solicita lectura por contradicción, desde fs. 1851 vta. Renglón 12 desde abajo. Acuerdo de partes. Se procede a la lectura. En relación a la licuadora: “Responde que en este punto…” GNH: Ella me lo comentó en el negocio donde yo trabajaba, pero yo no quise tener más problemas. HDC: Que la licuadora estaba en el Bar GNH: Sí, pero no quise tener más RFL: O sea, que ¿eso pasó?
GNH: Sí, pero no con Walter, nada que ver. Martínez, el tío, nada que ver eso. Claro. Se aclara a la testigo lo del uso de información. “La hermana le comentó que la licuadora estaba en La Querencia”
GNH: Yo no quise, yo no. Más te digo, no quiero saber más nada de todos y yo no puedo seguir viniendo.
HDC: ¿Su hijo le dijo que estaba en La Querencia y después, Nina, la hermana le dijo que sí, que estaba en La Querencia?
GNH: Si, sí, ahí termina todo HDC: ¿Usted no sabe por qué su hijo la llevó?
GNH: Exactamente Por último, la defensa de Reynoso, le preguntó a la testigo si conocía a los dueños de “La Querencia”, algo que resultaba trascendental, en atención a que su denuncia desencadenó la intervención cuestionada, como así también y a posteriori, la defensa de Martínez le preguntó si supo a quién pertenecía el bagullo hallado en su casa teniendo presente que había varias personas en la reunión previa, siendo que, ambas respuestas, terminan sellando el resultado de la presente en contra de lo pretendido por la fiscalía, porque Herrera dijo que no conocía quiénes eran los dueños del mencionado bar ni a quién pertenecía el bagullo hallado, es decir, no podía siquiera asegurar que fuera de su hijo, con lo cual la pretendida unión entre dicho hallazgo y el bar “La Querencia” jamás fue revelada en el debate oral por la denunciante. Transcribo las partes pertinentes:
FLS: ¿Usted conocía quiénes eran los dueños de “La Querencia”?
GNH: No Señor, no (…)
FLS: ¿Usted conoce a Reynoso? (inaudible)
GNH: No, no, del pueblo.
FLS: ¿Nadie le mencionó, lo puede relacionar a él con su hijo?
GNH: No FLS: Disculpe, ¿a quién no conocía?
GNH: A Reynoso. Lo conozco del pueblo, pero no tengo nada. Yo lo conozco del pueblo, como conozco mucha gente, pero no, claro.
FLS: No tengo más preguntas.
(…)
AJC: inaudible… el bulto, cómo era, ¿qué era, ¿cómo era?
GNH: Era un cuadradito envuelto en una bolsita AJC: Cuadradito envuelto en bolsita GNH: En bolsita AJC: Usted dijo que había otras personas en su casa esa noche, ¿sabe a quién pertenecía? GNH: No, eso fue en el día, pero adentro mi casa no. Afuera.
AJC: No se acuerda a quién pertenecía eso GNH: No, no, nunca supe En conclusión, la señora Herrera, denunciante de autos y quien protagonizara el acto procesal que diera origen al presente proceso y, más concretamente, la base informativa sobre la cual las autoridades judiciales respaldaron su requerimiento y consecuente autorización de intervenir las comunicaciones de tres ciudadanos, tras ser intensamente interrogada por los litigantes, jamás asoció el hecho que su licuadora pudiera estar en “La Querencia” con el hallazgo del bagullo de presunta marihuana en su casa; es más, afirmó categóricamente no conocer a los dueños de “La Querencia” y no saber a quién, en rigor, pertenecía ese bagullo que encontró, de modo que ni siquiera pudo asegurar que fuera de su hijo y, como vengo diciendo, jamás afirmó que su hijo lo pudiera haber adquirido de “La Querencia” y, de hecho, tampoco sabía por qué habría llevado la licuadora al bar.
Entonces, ¿cuál sería la sospecha mínima razonable que justificaría la intervención ordenada por el Juez de Garantías? En rigor de verdad, ese estándar nunca se alcanzó y a esa conclusión podemos arribar gracias a la información que se produjo en el debate oral. Por cierto, la versión oral ha de imponerse sobre la escrita (doct. art. 366 párrs. 1ro. y 6to. in fine, CPPBA); más allá que, esta última no la conocemos en su totalidad, salvo en las porciones en que, las piezas de la investigación que la contienen, fueron utilizadas como herramientas de litigación en el debate oral.
Y digo ello, porque ha quedado clarísimo en el debate que la denunciante no vinculó la licuadora faltante y su supuesta localización en “La Querencia” con el hallazgo del bagullo de (presunta) marihuana en su casa, de modo que, las afirmaciones del policía Soto han quedado totalmente desacreditadas. Para que se entienda: Soto fue quien recibió el bagullo de (presunta) marihuana que Herrera llevó a la sede policial y también fue quien, dicho sin eufemismos, llevó adelante la investigación, tal como él se encargó de afirmar durante el debate.
Repasemos la información brindada por Soto. Para lo que aquí interesa, lo único relevante es lo que cuenta al inicio de su deposición, esto es, cuando explica cómo se inició la presente y cómo llegó a desembocar en la intervención telefónica de tres ciudadanos.
En tal sentido, Sergio Fernando Soto, comenzó diciendo que es policía y que, a la fecha del hecho, prestaba servicio en la estación policial de Punta Indio, aclarando que él nació en Verónica. Ante la pregunta de rigor formulada por la fiscalía, afirmó saber por qué era este juicio y, de este modo, explicó que era por una denuncia por ley de violencia familiar que tomó la oficina de violencia, luego de lo cual agregó: “La señora Herrera entrega un envoltorio. Había un conflicto, el hijo de la señora era agresivo. Ella denunció a su hijo. Le había sustraído un objeto, lo vendió, para comprar droga. Ella denuncia que el hijo consumía que le vendían marihuana en el bar la Querencia y por eso se ponía agresivo con ella [v. acta de debate, hay constancia de esta frase].
Se comunica con la secretaria de estupefacientes y le dicen que citen de nuevo a la señora Herrera para el test de orientación y el pesaje. Ahí iniciaron la causa por separado de la venta de estupefacientes. Se empezó a identificar a los dueños del bar la Querencia. Luego empieza la investigación, intervienen los teléfonos y se hacen las escuchas. Ahí surge una clara comercialización de droga y se empieza a ampliar las actuaciones”. Como podrá fácilmente advertirse, las afirmaciones que hiciera Soto respecto de que Herrera denunció que su hijo consumía droga que le vendían en “La Querencia” y hasta habría vendido una licuadora para comprar estupefaciente en ese lugar, fueron totalmente desvirtuadas por la propia Herrera tal como explicamos precedentemente luego de trascribir su testimonio en forma textual y completa; incluso, más avanzado su testimonio, vuelve a realizar una afirmación también negada categóricamente por Herrera, esto es, cuando dijo que “la señora Herrera fue hostigada por la familia Martínez” (v. acta de debate, hay constancia), sin embargo, la citada denunciante fue quien explicó que la persona que la amenazó fue “Arfuch” (un supuesto testigo de la defensa ya fallecido para la época del juicio), a quien le reconoció claramente la voz, a la par que agregó no tener problema alguno –sino que, al parecer, sería todo lo contrario– con la familia Martínez, agregando al final que no conocía ni tenía idea quiénes eran los dueños del bar “La Querencia”.
Tras ello, el funcionario policial se dedicó a explicar cómo eran las operaciones según la información obtenida de las escuchas y cómo sucedieron los diferentes allanamientos dispuestos con posterioridad, aunque aclaró que él solamente participó del allanamiento del coimputado Cruz. Posteriormente, su declaración se enderezó a fin de que pudiera acreditar las desgravaciones y unas fotografías de fs. 1254/1260vta. irrelevantes para nuestra decisión, como así también giraron las preguntas en torno a verificar la mayor o menor fiabilidad del trabajo que hizo al respecto.
Al momento del contraexamen, duramente cuestionado por las defensas, inquiriendo y hasta reclamando por las nulas medidas de investigación practicadas, más allá de la intervención de las comunicaciones, Soto evacuó las preguntas con frases genéricas tales como “hacíamos observaciones y recorridas con un auto Voyage blanco de la logística de la municipalidad, aparte de las intervenciones telefónicas”, “estábamos fuera de jurisdicción, por lo que no hubo necesidad de investigar más que el domicilio y las escuchas”, “no recuerdo cómo siguió la investigación antes de elevarla a la fiscalía”, “hacíamos observaciones con el auto, íbamos a Magdalena, íbamos a la ruta, nos quedábamos ahí, por la ruta 11, la ruta 36” y, en relación a Martínez, aclaró que “no hizo otro tipo de investigación”, pues solamente “le hicimos dos o tres veces observaciones, hasta que nos enteramos que él sabía, ahí dejamos de hacerlo”, explicando en qué consistían esas tareas de observación o inteligencia: “Salíamos a caminar por el centro” y, para acreditar las escuchas (según pregunta puntual), “caminábamos por la plaza, nos quedábamos sentados ahí, a veces entraban motos al bar, a veces no pasaba nada. Era un lugar muy transitado el bar ‘La Querencia’”.
Luego, reconoció no recordar el resultado del allanamiento de Dock Sud (domicilio de Cruz y en el que afirmara previamente participar) ni en el de Magdalena, como pretendiéndose justificar porque “era sargento, no tenía jerarquía; tenía un superior”. Seguidamente, ante preguntas de la defensora, afirmó con seguridad la responsabilidad de Tidoni en el hecho, aunque no pudo enterarse que la fiscal de juicio desistió de la acción formulada en su contra con sobrados y extensos argumentos que lo respaldaban.
Casi al final, termina admitiendo lo siguiente: “No se hicieron medidas adicionales posteriores a las escuchas, porque ya estaban trabajando en un posible allanamiento, luego de todas las escuchas”. Y, a posteriori, frente a preguntas de la Dra. Cova referidas al motivo por el cual no investigaron en otros lugares y si ello se debía a una cuestión burocrática, contestó lo siguiente: “Había que hacer una orden de servicio, operatividad del móvil. En lugar de burocrática, fue de confianza en el procedimiento y cómo actuar ahí. Uno tiene un techo operativo y salir de Verónica, en donde no hay muchos hechos delictivos e ir a Magdalena es ir a un lugar que no conocían, amén de que no lo consideraban necesario. Para hacer un operativo fuera se necesita una orden de servicio” (v. acta de debate, hay constancia).
Vista así la cuestión quedan varias cosas claras.
La primera es que las afirmaciones de Soto, en relación a que el hijo de Herrera compraba la droga en “La Querencia” y hasta vendió una licuadora para ello, no valen nada si fueron negadas por la propia denunciante y testigo directa de la información que Soto quiere trasmitir de segunda mano, es decir, Soto es prueba hearsay y traslada dichos que han sido específicamente negados por la fuente originaria.
La segunda es que Soto jamás explicó qué otra información se recabó en su momento, además de la denuncia de Herrera, para que las autoridades judiciales respectivas justifiquen el requerimiento (fiscal) y otorgamiento (juez) de la medida aquí cuestionada (la intervención de las comunicaciones de tres ciudadanos). La tercera es que, tras la información de cargo conseguida con motivo de dichas intervenciones, se consiguió otras iguales y análogas, sin que exista un curso de investigación autónomo e independiente por fuera de la primera intervención (la aquí cuestionada, cuya orden luce a fs. 31/vta. del ppal.).
En síntesis, conforme la información producida en el juicio oral, concretamente a partir de los testimonios de Herrera (la denunciante de autos) y Soto (el policía que recibió el bagullo de [presunta] marihuana de manos de aquélla), al momento de autorizarse la orden de intervención de las comunicaciones de tres ciudadanos, no mediaban elementos objetivos idóneos para fundar el estándar de mínima sospecha razonable que exige la Corte Federal para legitimar este tipo de injerencias a la privacidad (CSJN, “Quaranta” cit., considerando 19° del voto mayoritario) y, ello es así, por cuanto Soto explicó que todo se originó en la denuncia de Herrera cuando supuestamente dijera que su hijo se drogaba y la droga la compraba en “La Querencia”, sin embargo, la propia Herrera desmintió esa afirmación y explicó que su denuncia tuvo dos ejes diferentes y no relacionados entre sí: 1) por la falta de su licuadora, presuntamente habida en “La Querencia”, aunque no lo podía asegurar, y por esa razón denunciara “a su hijo” ya que ni siquiera sabía por qué la habría llevado al bar; y, 2) la agresividad que su hijo tenía con su hermana, es decir, denuncia nuevamente al hijo para buscar ayuda, y ahí sí lo relaciona con el hecho que su hijo estuviera consumiendo marihuana, dado que encontró un bagullo tirado en su casa, tras una reunión de su hijo con amigos en dicho lugar, más allá que no podía asegurar que la droga perteneciera a su hijo, lo cierto es que jamás dijo que ella supiera o sospechara que aquél la compraba en “La Querencia”.
Por cierto, un dato relevante: Herrera jamás dijo, ni se le preguntó para que dijera, si es que había visto en su celular llamadas de su hijo con otros sujetos indicativas del delito aquí investigado.
De este modo, evidentemente, nunca existió el nexo entre la droga y los sujetos que sufrieron la intervención en sus comunicaciones, desde que, por fuera de esa denuncia, y como quedó evidenciado a partir del testimonio de Soto, no hubo información adicional que conecte el hallazgo del bagullo en la casa de Herrera con las personas que trabajaban en “La Querencia”. El resto corre por cuenta de la imaginación de Soto y del fiscal que instruyó la causa, sin que pueda reprochársele algo a la Dra. De la Cruz si su actuación se circunscribió a la etapa de juicio y en el entendimiento que no le estaría permitido ir en contra de sus propios actos (léase: el MPF se rige por el principio de unidad, tal como lo establece el art. 3 párr. 2do. de la ley 14442). En definitiva, y como recalcó la Corte, la mera expresión de la sospecha de un funcionario público, como parece haber acontecido aquí con el policía Soto, no constituye per se la base objetiva habilitadora de la injerencia que venimos analizando (cfr. CSJN, “Quaranta” cit., considerando 21° del voto mayoritario, con remisión a la causa “Yemal”, disidencia del Juez Petracchi, considerando 5° y sus citas, Fallos: 321:510); de allí que, si el Estado pudiera entrometerse en el secreto de las comunicaciones telefónicas a partir de “sospechas” de la entidad de las descriptas supra, el derecho reconocido constitucionalmente resultaría ciertamente de poca o nula relevancia (cfr. CSJN, “Quaranta” cit., considerando 21 –párr. 2do.– del voto mayoritario).
Por fuera de ello, todos los demás testigos declararon sobre cuestiones sucedidas con posterioridad a la intervención cuestionada, y a esos aspectos también tendría su utilidad la restante prueba material recabada, de allí que, al no resultar válida la orden emitida por el Juez de Garantías, me exime de su análisis y de abordar los cuestionamientos que se efectuaron al respecto.
xi. Por lo expuesto, la orden emitida con fecha 21 de mayo de 2013 que autorizó intervenir las comunicaciones de José Reynoso, Nahuel Szczerby y Pedro Martínez (fs. 31/vta., ppal.), resulta nula por dos motivos independientes, ora porque carece de fundamentación (arts. 229, CPPBA); ora porque se comprobó en el debate que, al momento de su dictado, no mediaban elementos objetivos idóneos para fundar el estándar de mínima sospecha razonable que exige la Corte Federal para legitimar este tipo de injerencias a la privacidad (cf. CSJN, “Quaranta” cit., considerando 19° del voto mayoritario).
Que, a partir del caso "Rayford" (CSJN, Fallos: 308:733, considerandos 5° y 6°, Fallos: 308:733), la Corte Federal ha establecido que, si en el proceso existe un solo cauce de investigación y éste estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquél, y la regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas, porque de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías otorgadas por nuestra Constitución Nacional (doctrina reiterada en los casos "Ruiz", Fallos: 310:1847, "Francomano", Fallos: 310:2384, "Daray", Fallos: 317:1985 y, más recientemente, en la causa P.1666.XLI "Peralta Cano, Mauricio Esteban s/ infracción ley 23.737 –causa 50.176–”, sentencia del 3 de mayo de 2007).
Que, de acuerdo a la regla sentada en dicho precedente, una observación racional de lo ocurrido a partir de la orden de intervención invalidada (fs. 31/vta., ppal.), conforme fue descripto una y otra vez por Soto, permitió identificar sospechosos, intervenir otras líneas, ordenar allanamientos y detenciones, por lo que puede afirmarse que no hubo varios cauces de investigación sino uno solo, cuya vertiente original estuvo viciada y contaminó todo su curso (cfr. CSJN, "Rayford" Fallos: 308:733 y "Daray" Fallos: 317:1985).
Que en estas condiciones y por las razones señaladas precedentemente, la aplicación al caso de la doctrina enunciada, lleva a declarar la nulidad de la orden de intervención telefónicas dictada con fecha 21 de mayo de 2013 (fs. 31/vta., ppal.) y de todo lo actuado en este procedimiento por resultar su consecuencia (arts. 203, 207 párr. 1ro. y 211, CPPBA). Corresponde, por tanto, dictar veredicto absolutorio respecto de José María Reynoso, Pedro Héctor Martínez, Rodrigo Manuel Enrique Oviedo y Héctor Orlando Cruz, en orden al hecho por el que fueran acusados en esta causa y que fuera prima facie calificado como comercialización de estupefacientes (art. 371, CPPBA); eximiendo de costas al Ministerio Público Fiscal (art. 532, CPPBA).
Regular los honorarios profesionales del Dr. Anderson, en su calidad de defensor particular de Martínez, en ochenta (80) jus con más los aportes de ley; de los Dres. Guisandez y Olgiati, en su calidad de defensores particulares de Oviedo, en ochenta (80) jus, los que serán repartidos en partes proporcionales, con más los aportes de ley; y, del Dr. López Seco, en su calidad de defensor particular de Reynoso, en ochenta (80) jus con más los aportes de ley (arts. 9.I.3.n, 13, 15, 51, 54 y ccs., ley 14967; 12, 14 y ccs., ley 6716 y modif.).
Así lo voto.
POR ELLO, y de conformidad con las disposiciones citadas, EL TRIBUNAL –con integración unipersonal– en causa nº 3450/5716,
I. DECLARAR LA NULIDAD de la orden de intervención telefónicas dictada con fecha 21 de mayo de 2013 (fs. 31/vta., ppal.) y de todo lo actuado en este procedimiento por resultar su consecuencia.
II. DICTAR VEREDICTO ABSOLUTORIO respecto de JOSÉ MARÍA REYNOSO, PEDRO HÉCTOR MARTÍNEZ, RODRIGO MANUEL ENRIQUE OVIEDO y HÉCTOR ORLANDO CRUZ, en orden al hecho por el que fueran acusados en esta causa y que fuera prima facie calificado como comercialización de estupefacientes; eximiendo de costas al Ministerio Público Fiscal.
III. REGULAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES del Dr. Anderson, en su calidad de defensor particular de Martínez, en ochenta (80) jus con más los aportes de ley; de los Dres. Guisandez y Olgiati, en su calidad de defensores particulares de Oviedo, en ochenta (80) jus, los que serán repartidos en partes proporcionales, con más los aportes de ley; y, del Dr. López Seco, en su calidad de defensor particular de Reynoso, en ochenta (80) jus con más los aportes de ley. Rigen los arts. 18, 19, 33 y 75 inc. 22, CN; 11.2, CADH; 17.1, PIDCP; 12 inc. 5°, 168 y 171, CBA; 22, 106, 229, 371, 373, 532, cits. y ccs., CPPBA; 9.I.3.n, 13, 15, 51, 54 y ccs., ley 14967; 12, 14 y ccs., ley 6716 y modif.
REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE en el sitio web de la SCBA. Oportunamente, COMUNÍQUESE. Quedan las partes debidamente notificadas.
Fin de la sentencia