Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 1 de La Plata · Causa 7308
Lo que resolvió el tribunal
I. Disponer el SOBRESEIMIENTO PARCIAL Y DEFINITIVO de ROBERTO CARLOS GALARZA, en orden a los hechos atribuidos como sucedidos el día 11 de septiembre del 2022, en las inmediaciones del domicilio ubicado en calle 90 entre 127 y 128 de Berisso y que fueran definitivamente calificados por la Fiscalía en su alegato final como lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas contra la pareja y en un contexto de violencia de género (arts. 92 en función del 89 y 80 inc. 1° y 11°, CP), violación de domicilio (art. 150, CP), lesiones leves agravadas por la condición de funcionario policial de la víctima (arts. 92 en función del 89 y 80 inc. 8°, CP) y atentado a la autoridad agravado por el uso de arma (arts. 238 inc. 1° en función del 237, CP), al encontrarse extintas las acciones penales correspondientes por operar la prescripción el día 7 de diciembre del 2024 (arts. 59 inc. 3°, 62 inc. 2°, 67, cits. y ccs., CP; 321 y 323 inc. 1°, CPPBA).
II. Absolver a ROBERTO CARLOS GALARZA del hecho que en su oportunidad le atribuyeran como sucedido el día 11 de septiembre del 2022, dentro del domicilio ubicado en calle 90 entre 127 y 128 de Berisso y que fuera prima facie calificado como daño (art. 183, CP), al mediar desistimiento tácito del Ministerio Público Fiscal como única parte acusadora de este proceso (art. 368 párr. 8vo, CPPBA).
III. Absolver a ROBERTO CARLOS GALARZA en orden al hecho que le imputaran como sucedido el día 11 de septiembre del 2022, dentro del domicilio …
En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, reunidos los señores Jueces del Tribunal en lo Criminal Nº 1, doctores HERNÁN JAVIER DECASTELLI, RAMIRO FERNÁNDEZ LORENZO y CECILIA INÉS SANUCCI, tras la realización del juicio oral y con el objeto de dictar la resolución correspondiente, en causa n° 7308 seguida a ROBERTO CARLOS GALARZA, practicado el correspondiente sorteo del que resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: FERNÁNDEZ LORENZO – SANUCCI – DECASTELLI, el Tribunal -en función del método de abordaje aplicado en el voto del Juez ponente- resuelve plantear y votar una única cuestión:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
i. Los lineamientos iniciales del juicio a) Inicialmente, la Fiscalía reiteró la teoría del caso plasmada en el escrito acusatorio de elevación a juicio: “El día 11 de septiembre de 2022 en horas de la noche, en el domicilio ubicado en calle 90 entre 127 y 128 de Berisso, un sujeto de sexo masculino, golpeó en varias oportunidades a su pareja, Liliana Avalos, provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo que luego fueron calificadas como de carácter leve. Que, al momento de presentarse una comisión policial en el domicilio de la víctima, el imputado se tornó hostil y agresivo con los uniformados y no acató las directivas por ellos impartidas cuando trataban de revisarlo para un cacheo preventivo. Golpeando y agarrando de los pelos a los oficiales, les arroja una silla para encerrarse en una habitación y reteniendo contra su voluntad a la Oficial Álvarez. Que, ante esta situación, son convocados más efectivos policiales para tratar de controlar al imputado y, en un momento en que lo sujetan de un brazo, saca con su mano derecha un elemento corto punzante y tirándole 3 puntazos hacia la cara del Oficial Martínez con claras intenciones de quitarle la vida y no lográndolo por razones ajenas a su voluntad, pero le impacta en el cuello provocándole una herida cortopunzante, para lo cual tuvo que ser derivado de urgencia al hospital para efectuarle las curaciones correspondientes. Sin perjuicio de ello, el imputado siguió con su actitud belicosa y se fugó por los fondos de la casa e ingresó a la casa de un vecino sin su autorización y ante la presencia del personal policial es que desiste de su actitud agresiva y deja caer el elemento cortopunzante que tenía en sus manos y es aprehendido en el lugar” (cf. grabación del debate y fs. 73vta./74).
Expresó que el acusado de esos hechos era “Roberto Carlos Galarza” (cf. grabación del debate y fs. 75/vta.).
Reiteró el significado jurídico de los hechos atribuidos, según lo plasmado en el requerimiento acusatorio cit. (se omiten las mayúsculas): “lesiones leves calificadas por el vínculo en un contexto de violencia de género, privación ilegal de la libertad, homicidio en tentativa, amenazas agravadas por el uso de arma blanca, daño, resistencia a la autoridad y violación de domicilio, todo en concurso real, en los términos de los artículos 89, 92 en su remisión al art. 80 incs. 1 y 11, 80 inc. 8, 42, 149 bis párr. 1°, 183, 239, 150 y 55 del Código Penal, Convención Belén do Pará, Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres” (cf. grabación del debate y fs. 75).
b) La Defensa, por su parte, expresó que atacarían la materialidad ilícita al considerar que determinadas circunstancias difieren de lo afirmado por la contraparte, agregando que el fiscal de instrucción omitió conducirse con la objetividad debida en las IPP, ya que no proveyó la prueba solicitada por la defensa y además ocultó prueba ii. El cuadro probatorio a) Durante el debate declararon algunos de los testigos propuestos y admitidos. Se aclara que aquí se expone la información sustancial para las teorías del caso formuladas por ambas partes; en cualquier caso, se puede consultar la grabación total del juicio.
1. Martínez Facundo Javier Preguntas Fiscalía:
Trabajaba en comando patrulla Berisso con “Elguera Jesica”. Por una denuncia por violencia de género van al domicilio (calle 90 y 127). Les llega por radio 911. El motivo del llamado era un masculino que golpeó a una femenina. Van al domicilio, hablan con la madre de la víctima que manifiesta que su yerno estaba golpeando a su hija. Bajan del móvil, hablan con la víctima que presentaba una lesión en el ojo; uno de sus hijos también había sido golpeado. Les permiten ingresar al domicilio y el masculino estaba parado en la puerta. El masculino refiere que no iba a salir de la casa porque era de él. Se lo invita a que se ponga contra la pared para realizar un cacheo, el masculino se pone violento y lo golpea a él con el puño y a su compañera. Luego se produce un forcejeo. El masculino lo golpea en la cabeza y lo tira al piso, a su compañera la agarra de los pelos y la arrastra. Su compañera solicita apoyo por vía radial. A su compañera la golpeó con una silla, a él lo atacó un perro. Al no lograr reducirlo, esperaron el apoyo. Llegado el apoyo ingresan al domicilio con autorización de la femenina, se abre la puerta de la pieza (el masculino se había encerrado ahí) y el masculino lo ataca en el cuello con un objeto corto punzante (cuchillazos). Le pide a una compañera que lo lleve al hospital.
Se le exhibe la fotografía de fojas 27 y Martínez reconoce el elemento corto punzante.
Estuvo en el hospital San Martín de 21:00 a 05:00 horas en observación. Fue a cuerpo médico, las lesiones fueron calificadas como escoriaciones, una cortadura del lado derecho. Mano y pierna mordedura del perro.
Se le pregunta si el masculino se encontraba en la sala y dice que sí, señalando al imputado.
El horario del hecho fue a las 19:30/20:00 horas.
Preguntas Defensa:
Le tomaron una declaración en el hospital a las 03:00 horas aproximadamente, no recuerda muy bien la hora.
Por contradicción le leen su declaración previa de fojas 8/9, acerca de si la declaración fue a las 23:00 horas o a las 03:00 horas, si fue en el hospital o en la Comisaría Tercera.
No forcejeó con el imputado con una silla, fue su compañera. El masculino le propicia un golpe a su compañera en la espalda con la silla. La casa era chica como monoambiente, pero con las piezas separadas. La víctima estaba con dos menores. Lo examinaron en el cuerpo médico de La Plata en 38 e/ 7 y 8. El golpe a la víctima fue en el ojo derecho y tenía el cuello “colorado” y marcado como si la hubiesen ahorcado.
Preguntas aclaratorias:
¿En qué lugar del cuello lo impactaron? Se señala la zona concreta. ¿Cómo habían sido los sillazos? Explicó que fue el masculino quien de esa forma atacó a su compañera.
2. Jesica Elguera Maicel Preguntas Fiscalía:
Ella trabajaba en el comando Berisso en el 2022. Ella y su compañero recorrían la zona del Carmen, era su jurisdicción. Denuncia por 911, llamado por violencia de género. Un masculino agredía a una femenina en el domicilio, calle 89 o 90 y algo, es un barrio de asentamientos. Llegan al lugar, había una señora en el medio de la calle levantando los brazos que dice que el marido de su hija la estaba agrediendo. Bajan del móvil, llegan a la puerta y sale una femenina del domicilio, se entrevistan con ella y manifiesta que su marido la había agredido. El masculino sale de la casa, se queda en la puerta gritando que es la casa de él. Aunque estaba oscuro se notaba que estaba golpeada. La víctima manifiesta que le dio un golpe de puño, tenía marcas en el cuello.
Ellos ya conocían a la pareja, los vecinos siempre llamaban porque había conflictos en el domicilio (gritos, discusiones) antes del hecho ya habían ido dos veces ese año, en esas oportunidades no estaba visiblemente golpeada, decían que eran discusiones de pareja. Sale uno los hijos del domicilio. Los hijos manifiestan que el hombre los había agredido. Se van a entrevistar con el masculino en la puerta de la casa y le preguntan cuál había sido la discusión, les responde que es su casa y hacía lo que quería. Le grita que se vayan. Su compañero le dice que la señora iba a denunciar, se acerca a ella quien le manifiesta que iba a denunciar y ya con mejor luz la ve visiblemente golpeada (cara golpeada, marca roja en el cuello).
Le dicen al masculino que los iba a tener que acompañar a la comisaría porque la señora estaba golpeada, le piden que suelte la cartera que tenía debajo del brazo (la víctima había manifestado que la cartera que él tenía en su poder tenía documentación de ella). El masculino asevera que la cartera era de él. Ella le pregunta si era de él una cartera “de mujer”. Le dicen al masculino que se ponga contra la pared para hacerle un cacheo preventivo antes de ir a la comisaría. El masculino levanta el brazo y quiere golpear a su compañero, empieza el forcejeo. Lo agarra del cuello a su compañero con un brazo y con el otro la agarra de la cabeza a ella. Terminan dentro del domicilio, tira a su compañero, la agarra del pelo y la golpea contra la mesa dos veces.
Como no podía tirarla al suelo el masculino agarra una silla de hierro y la golpea en la espalda (ella se voltea para que no le pegue en la cara). La lesión en la columna le complicó la médula. Tenían armas de fuego, pero el lugar era demasiado chico como para amenazarlo. Ellos sólo querían aprehenderlo para solucionarlo en comisaría. El masculino ingresa a la pieza, ella forcejea con la puerta porque no sabían que había dentro de la habitación. Cuando llega el apoyo entre todos abren la puerta. Ven que el masculino saca el brazo y hace un movimiento repentino. Cuando empiezan a retroceder porque no lo podían sacar, se vuelve a encerrar en la pieza, queda una compañera a quien el masculino agarra, la ingresa y con la pierna cierra el ingreso principal de la habitación.
Recuerda que las ventanas tenían rejas tipo parrilla. No podían ingresar. La víctima les da la llave de ingreso, abren la puerta y rescatan a la compañera. Cuando salen se dan cuenta que su compañero se estaba poniendo un trapo/remera en el cuello y pidiendo que lo lleven al hospital. Yamila sale, se sube al móvil con su compañero y lo lleva al hospital. Mientras ellos atendían a su compañero herido el masculino se da la fuga (no sabe por dónde). Empiezan con la búsqueda en el lugar. Los vecinos señalan que el masculino estaba en una casa en construcción tirado en el piso. No recuerda exactamente cuánto tiempo el masculino retuvo a Álvarez en la casa.
Preguntas Defensa:
Habló con su compañero de móvil del hecho. Declaró en comisaría mientras su compañero estaba en el hospital. No apuntaron con las escopetas. El domicilio de frente tiene una ventana tipo parrilla, toda cerrada. Es imposible apuntar con una escopeta, no hay forma. Primero se entrevistan con la madre, después con la víctima. Las partes estaban separadas al ser violencia de género. Es violencia de género porque la señora manifestó que el masculino la había golpeado y tenía marcas visibles. Los datos de la señora se los tomó ella en el momento (nombre, apellido y número de documento). El procedimiento es que cuando se llega a comisaría se llama al fiscal. Cuando piden apoyo llegó todo el comando de la jurisdicción (no sabe exactamente la cantidad o los nombres), “fueron muchos”. Los menores manifestaron que también los habían golpeado (ellos no tenían marcas visibles). A ella le consta que la femenina estaba golpeada. Ella no fue revisada en la seccional porque no sentía dolor. Ella sabe que el compañero fue trasladado con el móvil al hospital. No estuvo en el secuestro del arma. No vio el arma.
Se le da lectura de la declaración fojas 6, señaló que no recuerda quién trasladó al masculino. Estaban uniformados, estaban de servicio.
3. Álvarez Yamila Cristina Preguntas Fiscalía:
En septiembre 2022 prestaba servicio en comando Berisso. Estaba en recorrida, se escucha en la radio que pedían apoyo. Dirección calle 91 y 127. Horario 20:00/20:30 horas. Motivo de la solicitud de apoyo: un masculino estaba agresivo, la denuncia era de conflicto familiar. Cuando llega ve a sus compañeros afuera del domicilio pidiéndole al masculino que salga. En su móvil eran dos mujeres, atrás otro móvil con dos mujeres más. Trataron de reducirlo y al reducirlo quedaron dos femeninas atrás. Estaban en el comedor, en un momento lastiman en el cuello a su compañero y ellos salen. Ella llega a escuchar que lo lastimaron y que salieran. Eran aproximadamente seis. Ellos salen, cuando ella quiere salir el masculino la agarra del chaleco y la tira para atrás, cierra la puerta con él. Estuvo entre 15 y 20 minutos adentro. La tenía de las dos muñecas, dos veces la tiró contra la pared, le dio un cachetazo y le repetía “¿por qué me hacen esto?”. La puerta tenía la manija redonda que no se puede abrir del lado de afuera. De la ventana escuchaba que le gritaban “Yamila salí”. Cuando él se mete a la habitación, Yamila empieza a golpear la puerta y en un momento la abren con una llave, sale a la calle y ve a su compañero con la remera en el cuello y lo lleva al hospital. Llega al hospital, se quedó esperando, pero no ingresó con él a la sala. Cuando le informan que la herida era superficial ahí da aviso a la base. Ella no regresó al lugar de los hechos Preguntas de la Defensa:
No sabe con qué lastiman a su compañero. Vio escopetas de sus compañeros, ella no tenía. No apuntaron. En Berisso Tercera no vio a un médico de policía examinando a alguno de sus compañeros. No recuerda cuánto tiempo Martínez estuvo en el hospital. No sabe si se comunicaron con el fiscal de turno.
Se le da lectura de su declaración de fs. 9/vta., señalando que no vio con qué lo agredieron a Martínez. Ella no vio cuando lo lastimó, vio la sangre en el cuello y que sus compañeros le dijeron que lo lastimaron con un cuchillo. Lo habrá puesto el oficial de servicio. Lo vio herido a Martínez en el cuello. Estaba “en cuero” tapando su herida con la remera que estaba llena de sangre.
4. Ocampo Fernández Preguntas Fiscalía:
Estaba en su casa viendo un partido de fútbol y escucha en el fondo que se rompían cosas. Ve que los policías estaban rompiendo el cerco de madera para pasar, les pregunta y le dicen que estaban siguiendo a un prófugo armado. Les abre el portón. El masculino estaba en el fondo de su casa, lo aprehenden. No pudo ver al aprehendido.
5. Avalos Viviana Esther Preguntas Fscalía:
Sigue en pareja con Roberto Galarza. Su mamá cumplía 59 años, su marido le festejó el cumpleaños. Galarza nunca le había pegado. Los policías llegaron y apuntaron con las armas. Su mamá llamó a la policía, no sabe por qué. Su mamá le pega un cachetazo cuando le pregunta por qué llamó a la policía. Su mamá y su hermano estaban ebrios. Ella no entiende por qué la policía dijo que él le había pegado. No entiende por qué dicen que le puso una denuncia. Nunca habían tenido conflictos. Ellos la llevaron a cuerpo médico, el golpe en su cara era de su mamá. Ella no habló con el médico, tenía un barbijo, era el año 2023. No sabía por qué lo tenía puesto, se lo pidieron. Va seguido a visitarlo, está en la unidad 30.
Se le da lectura de su declaración testimonial de fs. 21/22, señalando que no leyó lo que firmó porque entró en pánico. Tras la lectura, afirmó que lo que allí surge ella no lo dijo, que eso no pasó. Tampoco le entregó la llave porque no tenía. Le abrieron los hijos que estaban adentro con él. Entró la policía, dicen ¿qué pasó acá? ¿qué hay encima de la heladera?, ¿en qué están metidos? No sabe por qué llamaron a la policía. El policía se quedó en cuero y dijo “acá nos vamos a pelear y nos vamos a llevar la plata”. El policía masculino y su marido se pelearon porque el policía mató al perro con el arma reglamentaria. Su marido suele andar con varilla de punta con cinta de color negro que lleva encima en todo momento, la lleva en el maletín de trabajo.
Dice que nunca hizo la denuncia ni dijo que “…desea instar la acción penal porque teme por su integridad física y de sus hijos solicitando además medidas cautelares como la exclusión del hogar”.
Preguntas Defensa:
El perro mordió al oficial, el oficial le pegó un “culetazo”. El perro atacó al policía porque escuchó a los chicos gritando. En el monedero había unos $400.000 pesos. Dice que los policías dijeron “entre 8 nos viene bien esta plata” Ella tira el monedero en la casa del perro. Vio un forcejeo. El policía se raspó el cuello con la silla de metal.
No vio a Galarza maniatar o tomar de los pelos a ningún policía. Vio a policías con escopetas, tiene 4 ventanas y en 2 estaban los policías apuntándoles. Ella fue a la comisaria con los chicos, caminando. Ella quería saber qué fue lo que pasó. No sabe a dónde la llevaron desde la comisaría. No recuerda qué dijo el médico cuando la revisó, ella sólo tenía los dedos marcados en la cara del cachetazo de su madre. No le dio permiso a la policía para entrar a su vivienda. Había 8 patrulleros. Primero el policía que se quedó en cuero y su acompañante. Después de que se lastimó con la silla llegó el apoyo con las armas listas para tirar. No vio a algún policía herido. Vio el forcejeo entre su marido y el policía en cuero. La silla de hierro se rompe y rasguña al oficial. Vio el rasguño.
Preguntas Fiscalía:
Se le exhibe la imagen del elemento corto punzante y lo reconoce (fs. 27), aclarando que esa herramienta estaba arriba de la heladera y los policías la agarraron junto con el monedero.
6. Kenny Bruno Nicolás Preguntas Fiscalía:
No recuerda el domicilio, recuerda que lo aprehenden en una obra en construcción en una esquina. El masculino tenía una varilla de construcción con una punta y un mango hecho con cinta. Reconoce la imagen de fs. 27. Preguntas Defensa:
Cuando encuentra el arma estaba con más personal policial. Se hizo acta de secuestro con testigos después de la aprehensión, no recuerda al testigo. Era de noche, 22:00/23:00 horas. No conocía bien la zona porque era nuevo en la jurisdicción. Escucharon por radio que se solicitaba el apoyo y fueron al lugar donde estaban buscando a Galarza. El compañero lesionado ya estaba yendo al hospital cuando él llegó. Sabía que Martínez estaba lesionado por lo que refería su compañera Helguera. Del personal que intervino le tomó declaración a todos, no recuerda si le tomó a Martínez en particular. Él se comunicó con su superior directo. Su superior se comunicó con el fiscal. Al momento de la aprehensión no recuerda si Galarza llevaba el objeto en la mano o en la cintura. En el piso encuentran el arma. Llega al lugar, le dieron voz de alto, pidió el apoyo, entre todo el personal lo aprehenden y lo bajaron a comisaria. Ve el hierro de la foto en el piso, le dice a su compañero que llame a un testigo y se retira a la comisaria. Él no vio cundo llegó el testigo. No recuerda quién se fue con Galarza en el móvil. Afirma que se fueron simultáneamente.
Se le da lectura de su declaración fojas 11: “…le damos la voz de alto, desistiendo de su actitud, esperamos al apoyo ya que el masculino sostenía un elemento cortopunzante, usamos fuerza mínima e indispensable para reducir al sujeto. Con anterioridad arrojó dentro de un corral el elemento cortopunzante. Con el masculino reducido y esposado personal del comando traslada al sujeto y empezamos a buscar el elemento con el que el masculino lo hirió”.
Preguntado si, cuando van en búsqueda del elemento, llevaron algún testigo de actuación, señaló que cree que el testigo fue el dueño de la casa. b) Luego de la prueba testimonial, el acusado decidió declarar (vale aquí la misma aclaración en relación a la literalidad de sus dichos y la fidelidad del soporte de audio).
1. Roberto Carlos Galarza Preguntas de la Defensa:
El 11 de septiembre 2022 a las 19.30/20:00 horas, estaba en su domicilio un día domingo que le hizo el cumple a su suegra. Tuvieron una discusión con su cuñado (18:00/19:00 horas), habían tomado, su suegra se estaba yendo y llama a la policía. La policía lo quiere sacar de la casa. Forcejeó con el policia con una silla, no sabe de qué forma se cortó. Entraron sin permiso a la casa, lo quisieron llevar a la fuerza. La cartera marrón la tiene él (bajo el brazo) y en el forcejeo se la quieren sacar. Sus 3 hijos estaban en el domicilio. No sabe por qué querían llevarse la cartera con plata. Fue breve el episodio. Viene el patrullero, uno andaba sin remera, tenía revolver y lo estaba apuntando. Otros policías también lo apuntaban. Entra a la casa caminando. Después lo agarran en el terreno baldío. Cuando la policía lo detiene no tenía nada. En ningún momento llevó un arma, es una punta para hacer techos (para picar chapa). La punta estaba sobre la heladera, la usaba para trabajar. En el momento que empuja con la silla puede ser que se haya golpeado (el tironeo causa que se rompa), la silla era de caño. La casa era chiquita. El oficial y la policía femenina estaban al momento del forcejeo. Él nunca sale de la casa. Los otros agentes deberían haber visto el forcejeo porque la puerta estaba abierta. Tenían la escopeta en la ventana y lo estaban apuntando con un revólver. El oficial que llega primero tenía el arma en la mano. Sale de la casa caminando y lo agarran en el baldío, lo tiran al piso y le pegan. Lo llevaron a la noche al médico y no lo quisieron atender, no sabe por qué, tenía la cara hinchada. No le hicieron test de alcoholemia. Los primeros que llegaron eran 2 policías, entraron directo a pegarle de la nada. Su suegra llamó a la policía (para prevenir) por la discusión con el concuñado. Su suegra le indica a la policía quién era él. Preguntas de la Fiscalía:
No encerró a Yamila Álvarez. Capaz ella cerró la puerta o se cerró sola. Nunca se quedó encerrado con ella, él salió. El elemento siempre estuvo en la heladera, no sabe cómo llegó ahí. Él nunca lo tocó. Él estaba sentado en una mesa con sillas alrededor. Entran los 2 policías. El policía masculino tal vez se golpeó en el forcejeo con la silla, la agarran entre los dos y se rompe.
No sabe cómo se golpea la policía, capaz con la misma silla. Es una puerta placa de acero. Tiene una manija que se cierra y se abre solo con la llave. Si está la llave del lado de adentro no se puede abrir desde afuera. Él estaba con los chicos en la habitación, él no sabe cuándo se cerró la puerta o si los chicos la abrieron. La silla es vieja, se puede romper. c) Por último, el cuadro se completa con aquellas piezas ingresadas a tenor de lo resuelto por la mayoría en el auto de prueba (art. 338, CPPBA), correspondiendo remitirse a lo allí plasmado (fs. 134/139) y dejándose constancia que la Fiscalía desistió durante el debate de las medidas de instrucción suplementaria que habían sido requeridas y autorizadas (cf. acta de debate).
iii. Los alegatos de cierre y las pretensiones finales de las partes a) En su alegato final, la Fiscalía reprodujo sustancialmente la misma materialidad ilícita delineada en sus lineamientos iniciales, con la salvedad de la porción fáctica que sustentaba la tentativa de homicidio agravada por tratarse de un miembro de la fuerza de seguridad, imputando el cargo menor incluido, esto es, el delito de resultado (lesiones corporales). De este modo, en la porción que interesa, la acusación quedó plasmada de la siguiente manera: “(…) Ante esta situación son convocados más efectivos policiales para tratar de controlar al imputado quien saca con su mano derecha un elemento cortopunzante y tirándole tres puntazos hacia la cara del oficial Martínez le impacta en el cuello provocándole una herida corto punzante por lo cual tuvo que ser derivado de urgencia al hospital para efectuarle las curaciones correspondientes (…)” (recordemos que, en lo restante, se reiteró la misma descripción fáctica que se hiciera en los alegatos iniciales). Por fuera de la variación anterior, hizo otra modificación en lo atingente a la calificación jurídica -aunque esta vez sin alterar el relato fáctico-, al entender que, en lugar del delito de resistencia a la autoridad, se configuraba el delito de atentado a la autoridad agravado por el uso de armas (art. 238 inc. 1°, CP).
En definitiva, pidió se dicte veredicto de condena en contra de “Roberto Carlos Galarza” y se le imponga la pena de “7 años de prisión” por resultar autor de los delitos de “lesiones leves calificadas por el vínculo en un contexto de género, lesiones leves agravadas por ser perpetradas en perjuicio de un miembro la fuerza de seguridad, privación ilegal de la libertad del art. 142 inc. 1°, amenazas agravadas por el uso de armas, atentado a la autoridad agravado por uso de arma y violación de domicilio, todos ellos en concurso real”.
Por último, se le consultó qué tesitura adoptaba con el delito de daño, dado que había sido objeto de intimación en sus lineamientos iniciales, pero no fue perfeccionada la acusación ni desistido en el alegato de cierre, aclarando que no formaba parte de su acusación.
b) Una vez finalizado el alegato de cierre, el Tribunal -por intermedio de la Presidencia- le dio traslado nuevamente a la Fiscalía para que se expida sobre la vigencia de las acciones penales de ciertos delitos por los que mantenía su acusación, frente a lo cual el funcionario a cargo de dicha Fiscalía contestó que la prescripción era una cuestión de orden público. c) A su turno, la defensa recogió el tema de la prescripción y solicitó se prescriban los delitos correspondientes. Asimismo, insistió con el planteo de nulidad, esta vez referido exclusivamente a que el fiscal de instrucción no proveyó prueba de descargo que fuera presentada en su oportunidad. Luego, sostuvo la hipótesis alternativa formulada sobre la base de los relatos del acusado y su pareja, en cuanto a que el llamado a la policía se produce por una discusión entre el acusado y un familiar, que la madre de la pareja del imputado fue quien habría realmente golpeado a su hija al darle un cachetazo que explicaría las lesiones sufridas, que luego la policía cometió una serie de abusos funcionales introduciéndose en la vivienda, queriendo registrarla y hasta llevarse dinero ajeno, previo a que uno de los policías se sacara la remera para pelear con el acusado por ese dinero, situación ante la cual Galarza -palabras más, palabras menos- únicamente pretendía defender sus derechos y no someterse ante un procedimiento arbitrario e ilegal.
iv. La vigencia de las acciones penales A partir de la recepción del informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia, se corrobora eficazmente que varias acciones penales promovidas por el representante del Ministerio Público Fiscal ya se encontraban extinguidas al momento de su alegato final.
Antes de realizar el análisis respectivo, creo conveniente aclarar una cuestión relacionada con el tema de la prescripción. Es conocida la doctrina jurisprudencial, en cuanto a que el instituto de la prescripción es de orden público y que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (cf. SCBA, P. 57.460, sent. de 29/12/2004; P. 83.722, sent. de 23/02/2005; P. 136.056, sent. de 24/08/2023; e.o.). Esto significa que los jueces pueden y deben declararla de oficio, pero también que el Ministerio Público Fiscal, en su rol de titular de la acción penal pública, tiene la carga de verificar que las acciones penales que promueve continúen vigentes, dado que el código de procedimientos le impone como función promover y ejercer la acción penal de carácter público “en la forma establecida por ley”, de modo que, por derivación lógica, no puede promover acciones extintas y de allí surge la carga de cotejar tal extremo (art. 59, CP [texto según ley 27147]; 56 párr. 1ero., CPPBA); lo anteriormente expuesto se desprende, también, no sólo del criterio de actuación objetivo impuesto por ley (arts. 56 párr. 2do., CPPBA; 73, ley 14442), sino más precisamente del deber de controlar el cumplimiento de los plazos (art. 29 inc. 5°, ley 14442). Dicho lo anterior, y atento la carencia de antecedentes condenatorios firmes hábiles para interrumpir, hay que partir del último acto interruptor de la prescripción que, en el caso, es la citación a juicio de fecha 7 de diciembre de 2022.
Luego, se encuentra extinta por prescripción las acciones penales referida a los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas contra la pareja y en un contexto de violencia de género (arts. 92 en función del 89 y 80 inc. 1° y 11°, CP) y violación de domicilio (art. 150, CP).
Asimismo, y dado la forma en cómo ha ceñido la acusación el Fiscal de juicio, también se encuentran extintas las acciones penales referidas a los delitos de lesiones leves agravadas por la condición de funcionario policial de la víctima (arts. 92 en función del 89 y 80 inc. 8°, CP) y atentado a la autoridad agravado por el uso de arma (arts. 238 inc. 1° en función del 237, CP).
Aquí, no obstante, quiero dejar a salvo dos cuestiones. En su alegato de cierre, la fiscalía no explicó la razón por la cual no terminó atribuyendo -tal como se encontraba plasmada la acusación- el delito de tentativa de homicidio agravado por la condición de sujeto pasivo (arts. 42 y 80 inc. 8°, CP), precisamente frente a un caso que lo ameritaba, pues la información que corrobora la hipótesis fiscal (téngase presente que la Fiscalía no compartió la hipótesis alternativa formulada por la Defensa) da cuenta que el acusado efectúo un puntazo con un elemento punzo cortante -graficado con la foto de fs. 27- al cuello de la víctima y fue por razones ajenas a su voluntad que no pudo concretar el riesgo desencadenado, ya que el oficial de policía Facundo Martínez explicó que reaccionó tirándose para atrás y esquivando el impacto de lleno, tan es así que incluso llegó a impactarlo en el cuello y lesionarlo requiriendo sutura (v. informe de fs. 30/vta.); nuevamente, el significado jurídico no lo impone la visión individual del sujeto que obra, sino que se desprende del sentido social, esto es, de la magnitud del riesgo medido ex ante que tuvo la conducta atribuida, en la medida que el sujeto lo hizo con pleno conocimiento del estado de cosas circundante y que se encuentra fundamentado objetivamente en ese riesgo cualificado creado contra la vida del atacado.
En segundo lugar, y más allá que de todos modos la acción se encontraba prescripta, el cambio de la significación jurídica de resistencia a la autoridad al delito de atentado agravado, por fuera de violar la congruencia, no compagina con la descripción fáctica sostenida en el alegato, esto es, la existencia de una orden previa que demarca la línea que separa una figura de la otra y permite adecuar el caso dentro del tipo de resistencia a la autoridad (“…al momento de presentarse una comisión policial en el domicilio de la víctima el imputado se tornó hostil y agresivo con los uniformados y no acató las directivas por ellos impartidas cuando trataban de revisarlo para un cacheo preventivo…”).
En consecuencia, y más allá de las salvedades expuestas, propongo disponer el sobreseimiento parcial y definitivo de Roberto Carlos Galarza, en orden a los hechos atribuidos como sucedidos el día 11 de septiembre del 2022, en las inmediaciones del domicilio ubicado en calle 90 entre 127 y 128 de Berisso y que fueran definitivamente calificados por la Fiscalía en su alegato final como lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas contra la pareja y en un contexto de violencia de género (arts. 92 en función del 89 y 80 inc. 1° y 11°, CP), violación de domicilio (art. 150, CP), lesiones leves agravadas por la condición de funcionario policial de la víctima (arts. 92 en función del 89 y 80 inc. 8°, CP) y atentado a la autoridad agravado por el uso de arma (arts. 238 inc. 1° en función del 237, CP), al encontrarse extintas las acciones penales correspondientes por operar la prescripción el día 7 de diciembre del 2024 (arts. 59 inc. 3°, 62 inc. 2°, 67, cits. y ccs., CP; 321 y 323 inc. 1°, CPPBA).
v. El desistimiento tácito de la acusación referido al delito de daño Tal como quedó graficado al inicio del voto, en último término y frente a una aclaración requerida por el Tribunal, el Fiscal dijo que el delito de daño no integraba su acusación final, de modo que, si bien no hubo un desistimiento expreso con pedido absolutorio, sí hubo uno tácito y por ello le corresponde igual solución (art. 368 párr. 8vo, CPPBA); más allá, claro, que la acción tampoco estaba vigente pues ya había prescripto.
En consecuencia, corresponderá absolver a Roberto Carlos Galarza del hecho que en su oportunidad le atribuyeran como sucedido el día 11 de septiembre del 2022, dentro del domicilio ubicado en calle 90 entre 127 y 128 de Berisso y que fuera prima facie calificado como daño (art. 183, CP), al mediar desistimiento tácito del Ministerio Público Fiscal como única parte acusadora de este proceso (art. 368 párr. 8vo, CPPBA).
vi. La imputación por el delito de amenazas agravadas y la falta de correlato en la descripción fáctica de los sucesos disvaliosos atribuidos El Fiscal de juicio mantuvo la acusación originaria en lo que respecta al delito de amenazas agravadas por el uso de armas, sin embargo y pese a no sostener el cargo mayor de tentativa de homicidio agravado -que dada la mecánica de los hechos hubiese desplazado al de amenazas agravadas-, mantuvo la misma descripción fáctica que su par de la instrucción que formuló el requerimiento acusatorio de apertura a juicio. El problema es que el relato que allí se plasmó y que luego -en este tramo- se reiteró en el alegato final no permite adecuarlo al delito de amenazas, pues allí no se hace referencia a una conducta que consista en anunciar un mal ilegítimo que el destinatario no tiene por qué soportar o situación equivalente que posibilite un juicio de subsunción estricto sin recurso a la analogía prohibida por el principio de legalidad (art. 18, CN). En otras palabras, no hay una descripción clara ni precisa, como tampoco circunstanciada de un hecho que permita encuadrarlo en la figura de amenazas agravadas.
En consecuencia, propongo absolver a Roberto Carlos Galarza en orden al hecho que le imputaran como sucedido el día 11 de septiembre del 2022, dentro del domicilio ubicado en calle 90 entre 127 y 128 de Berisso y que fuera calificado por la Fiscalía como amenazas agravadas (art. 149 bis párr. 1ro. -primera hipótesis-, CP), al no encuadrar los hechos atribuidos en dicha figura típica (art. 371, CPPBA).
vii. La imputación subsistente por el delito de privación ilegal de la libertad agravada (art. 142 inc. 1° -primera hipótesis-, CP)
1. El planteo de nulidad esbozado por la Defensa en su alegato de cierre, más allá de que resulta indeterminado al no referirse a acto concreto alguno, sino a “ciertas piezas procesales” que no termina identificando en concreto, habida cuenta que se apoya en una supuesta violación al derecho de defensa en tanto que la Fiscalía de instrucción no habría proveído prueba de descargo, al no haber variado el estado de cosas en relación a la situación existente durante los actos preliminares del juicio, corresponde estar al tratamiento de dicha nulidad y consecuente rechazo que decidiera este Tribunal en el auto respectivo (art. 338, CPPBA).
Con independencia de lo anterior, el planteo carece de sustento por cuanto no se explica cuál es el perjuicio concreto y actual que lo sostiene, toda vez que la defensa siempre tuvo la posibilidad de ofrecer prueba para producir en el debate y la que ofreció no fue denegada (arts. 201 párr. 2do., 203 in fine y 205 párr. 6to., CPPBA).
2. Vista así la cuestión y no existiendo problemas de índole formal, ingresaremos al análisis del caso.
Como se adelantó, la Fiscalía sostuvo la hipótesis que, en lo sustancial y en orden a la imputación que sigue en pie, puede resumirse de la siguiente manera: la autoridad policial arribó al domicilio del imputado porque había sido previamente convocada por denuncia de violencia de género, es así que, una vez en el lugar y constatado prima facie la verosimilitud (la suegra del imputado les explica el motivo de la convocatoria y la pareja se veía golpeada), intentan el cacheo preventivo de rigor con el imputado, frente a lo cual reaccionó con violencia, dominó y golpeó raudamente a los dos policías (un hombre y una mujer), por lo que tuvieron que llegar más (todas mujeres) y en ese devenir -mientras intentaban reducirlo- logra agarrar a una de las mujeres de policía, se encierra con ella en una habitación privándola de su libertad en forma violenta, hasta que logran rescatarla con la llave verdadera, el imputado se quiere fugar, lo persiguen y lo atrapan.
Por su parte, sobre la base de la declaración del acusado y su pareja, la Defensa ensayó la siguiente hipótesis alternativa: la policía llegó porque llamó la madre de la pareja del imputado, el imputado no agredió a su pareja como ella lo resaltó en juicio -explicando que la obligaron a firmar algo que no dijo en Comisaría-, los policías se extralimitaron y quisieron sobredimensionar los hechos sucedidos, tan es así que el policía Martínez estaba “en cuero” peleando “mano a mano” con Galarza, el dueño de la vivienda donde encontraron a Galarza dijo no haber visto arma alguna -pues el elemento siempre estuvo en la heladera-, de modo que, en rigor, se trató de un forcejeo -apuntando que Martínez no fue lesionado-, no hay “intencionalidad” de su asistido de privar de la libertad y que se fue “caminando” “porque tenía miedo”.
La información que arroja las fuentes probatorias, valoradas a la luz de las hipótesis planteadas, permiten corroborar más allá de toda duda razonable la imputación que el Estado le efectúa a Galarza, en la porción que se mantiene vigente.
En efecto, los oficiales Martínez y Maicel estuvieron contestes en afirmar que el motivo de la convocatoria fue por una denuncia -vía 911- de violencia de género, también que, una vez que llegaron al domicilio del imputado, los atendió la madre de su pareja y fue ella quien les refirió que su yerno estaba golpeando a su hija; luego, ambos dijeron que pudieron constatar personalmente y a través de sus sentidos que la víctima de género efectivamente estaba golpeada (coinciden en que vieron que tenía marcas en el cuello; Martínez agrega que tenía lesionado el ojo derecho, mientras Maicel recuerda que la propia víctima le dijo que su pareja le había dado “un golpe de puño”). Esta situación, según explicaron, motivó la orden de cacheo preventivo frente a la cual el imputado se resistió con violencia física, logrando dominarlos y golpearlos ferozmente (cfr. detalle en sus declaraciones), por lo que al no poder reducirlo ni ejecutar la orden emitida, pidieron apoyo. Llegado el apoyo, intentan nuevamente el cometido, sale el sujeto y lo ataca a Martínez profiriéndole un puntazo en el cuello e hiriéndolo.
El examen directo de Maicel permitió revelar más detalles de lo sucedido, una vez que arribaran los refuerzos (concretamente, 4 mujeres más). Así, explicó que Galarza se había encerrado en una pieza, que sale y hace un movimiento repentino, infiriéndose que se refiere al instante cuando apuñala a su compañero que ella no puede en ese momento darse cuenta, que luego se vuelve a encerrar e intentan sacarlo entre todos y no podían, y que queda una compañera a quien Galarza “agarra”, “la ingresa” a la habitación y que con la pierna cierra la puerta que queda trabada; luego, la pareja del nombrado les acerca la llave y logran “rescatar” a su compañera. Finalmente, cuando sale se da cuenta que su compañero estaba herido, se estaba poniendo un trapo o una remera en el cuello y pidiendo que lo lleven al hospital; en ese ínterin, el imputado se escapa y supo que otros compañeros que llegaron posteriormente pudieron aprehenderlo.
Toda esta información, en los aspectos relevantes, está apoyada por otras fuentes de prueba y eso permite corroborar la hipótesis fiscal que se asienta sobre ellas; por cierto, las contradicciones evidenciadas por la defensa -durante el contraexamen y de la mano de las declaraciones previas- estaban apuntadas a los horarios y lugares en los se realizaron las atenciones médicas o las declaraciones de la instrucción, cuestiones por demás irrelevantes para la valoración del peso de la evidencia, de acuerdo a los pormenores del caso.
Concretamente, las lesiones sufridas por el Oficial Martínez están respaldas por el reconocimiento médico legal y el certificado de atención médica del Hospital San Martín (v. fs. 30vta. y 29, respectivamente); justamente, la primera de las piezas invocadas, da cuenta -entre otras- de una lesión compatible con el relato del damnificado respecto del ataque con el elemento punzo-cortante: “presenta curación comprensiva con gasas a nivel laterocervical derecho donde sufrió una herida cortante por arma blanca que requirió sutura” (fs. 30vta.). Por cierto, el elemento punzo-cortante secuestrado y reconocido por Martínez como el usado para agredirlo, se muestra idóneo para causar la lesión provocada (v. fs. 27). Lo mismo vale en relación a las lesiones padecidas por la víctima de género, Liliana Ester Ávalo, pareja del acusado: “equimosis a nivel malar derecho, equimosis a nivel del mentón y eritema en región cervical derecha” (fs. 18vta.). Nótese que el eritema en región cervical es coincidente con la descripción que hicieron los oficiales Martínez y Maicel sobre los rastros en el cuerpo de la víctima de género golpeada que pudieron percibir cuando arribaron al lugar.
Asimismo, la víctima de la privación ilegal de la libertad y funcionaria policial, Yamila Cristina Álvarez, sustenta ese tramo del episodio violento, esto es, que Galarza la agarra del chaleco y la tira para atrás, cierra la puerta de la habitación y queda encerrada entre 15 y 20 minutos con él, que la tenía de las dos muñecas, dos veces la tiró contra la pared, le dio un cachetazo y le repetía “¿por qué me hacen esto?”, detallando que la puerta tenía un tipo de manija que no podía abrirse desde fuera y que en un momento la abren con llave. Asimismo, detalló que pudo ver a su compañero Martínez afuera herido, “con la remera en el cuello”, frase que luego precisó en el contraexamen: “estaba en cuero tapando su herida con la remera que estaba llena de sangre”; ratificó que a su compañero herido lo trasladaron al hospital.
Finalmente, el funcionario policial Kenny dio cuenta de la aprehensión del sujeto masculino involucrado, es decir, del acusado Galarza, y que vio “el hierro de la foto” “en el piso” (se refirió a la foto de fs. 27 reconocida previamente por Martínez, el funcionario que recibió la puñalada) y que de allí lo secuestraron.
Para considerar probada la hipótesis de la culpabilidad, deben darse conjuntamente las siguientes condiciones: 1) La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas; y, 2) Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc (cf. FERRER BELTRÁN, Jordi, La valoración racional de la prueba, Marcial Pons, Barcelona, 2007, p. 147).
La hipótesis de la defensa, en rigor, se trata de una hipótesis “ad hoc” que, como enseña la doctrina racionalista, no requiere ser refutada, precisamente porque se tratan de hipótesis post facto que se acomodan a toda la información existente de cargo -intentando encontrarle una explicación que, por lo general y como aquí sucede, resulta implausible- y que no es empíricamente contrastable (cfr. FERRER BELTRÁN, La valoración racional… cit., p. 149); por cierto, esto no es un desarrollo foráneo ajeno a nuestro Derecho, basta consultar cualquiera de los últimos fallos sobre razonamiento probatorio de la Sala I del Tribunal de Casación, en especial los votos del Juez Daniel Carral, que también tiene disidencias interesantes en otras Salas con sólidos desarrollos argumentales sobre dicha temática.
Veamos.
La pareja del acusado es, hoy en día y justamente, su pareja y reconoció en juicio que “va seguido a visitarlo” a la Unidad Penitenciaria. Ella negó la violencia de género sufrida, sin embargo, cuando fue confrontada con declaraciones previas que hizo y en las que precisamente dijera lo contrario, ensayó explicaciones nada coherentes y que permiten inferir el proceso de negación que sucede en estos casos entre víctima y victimario, donde la mujer termina justificando -tanto interna, como externamente- a su pareja agresora y llevándola -como aquí sucede- a un punto tal de terminar desconociendo lo evidente; precisamente, una valoración con perspectiva de género, impide tomar dicha retractación como algo vinculante per se, sin consideración del resto de la prueba que conlleva a ubicarla en ese contexto de violencia de género (al respecto, cfr. CSJN, “Miño”, 1137/2020/RH1, rta. el 7/5/2024, con remisión al dictamen del Procurador General interino, a cuyos fundamentos me remito). En concreto, dijo que su declaración testimonial de fs. 21/22 (primera declaración utilizada para el confronte) no la leyó y que la firmó “porque entró en pánico”, sin poder explicar la razón de ese pánico frente a un conflicto que, desde su nueva versión, le era ajeno; a la par que negó haber dicho lo que surge en el RML de fs. 18vta. (“Refiere episodio de violencia de género por parte de su pareja”), diciendo que no habló con el médico porque “tenía un barbijo”, que tampoco pudo explicar la razón de ser dado que era el 2023 y la pandemia ya había finalizado para la época. Al final del examen directo, negó que haya instado la acción penal y que haya pedido una medida de exclusión del hogar; de forma tal que, la única explicación posible frente a esa negativa es que aquellas cuestiones formalizadas, sobre todo la habilitación de instancia -ya que de lo contrario no se hubiera podido proceder-, serían producto de una falsedad ideológica volcada en un acta introducida en un proceso judicial.
Hay más. No pudo negar que estaba golpeada porque eso estaba certificado por el reconocimiento médico practicado y entonces ensayó otra versión que explicara las lesiones constatadas, esto es, que eran la consecuencia de un “cachetazo” que le profirió su propia madre. Sin embargo, ese cachetazo no explicaría la equimosis constatada en su cuello y que, según declaración previa de ella que pudimos conocer cuando fue confrontada, se explicaría porque su pareja y acusado comenzó a golpearla y la tomó del cuello como estrangulándola. Por si fuera poco, siguiendo su propia versión, reconoció que su madre llamó a la policía, pero afirmó no saber por qué lo hizo, ante lo cual se le preguntó cuál fue, al fin de cuentas, el motivo del llamado -más allá que en el momento no lo supiera dado que después era esperable que lo averiguara frente a tamaña situación desencadenada “por un llamado que no se sabía el motivo”-, respondiendo que nunca lo supo porque “su mamá le pega un cachetazo cuando le pregunta por qué llamó a la policía”. Traducido, la versión adolece de una incoherencia intrínseca grave: su madre llama a la policía sin motivo que ella supiera porque a ella su pareja no le hizo nada, viene la policía, ella le pregunta a su madre por qué la llamó y su madre sin contestarle responde dándole un cachetazo, lo cual explicaría las lesiones (menos las del cuello que quedaron sin explicación); luego, la policía realizó un cúmulo de falsedades ideológicas al apuntar información que ella no dijo y sin motivo que permita sospechar de un actuar delictivo por parte de los funcionarios de la forma en cómo lo presenta.
Por si fuera poco, quiso explicar que la policía intentó sacarle una cartera de ella con “$400.000 en efectivo” y que, en ese devenir, el policía masculino que estaba armado se puso “en cuero” y quiso pelearse con su pareja “para llevarse la plata”, cuando, en realidad, el policía estaba con el torso descubierto a raíz de que tuvo que sacarse la remera para taparse la hemorragia del cuello tras recibir el puntazo del imputado, el cual está constatado con el resultado del RML que le practicaron. Por cierto, el episodio de la cartera, según los funcionarios policiales que primero arribaron a la escena de los hechos, fue diferente: ellos declararon que la propia víctima de género les decía que su pareja tenía la cartera de ella con documentación personal en su poder y eran los policías quienes intentaban persuadir al agresor para que la dejara en su lugar. En tal sentido, la hipótesis de descargo ensayada es francamente irracional: si nos paramos en un escenario donde la policía arriba a una vivienda precaria sin motivo alguno, pero convocado por el 911 por un llamado de un morador de esa vivienda (esto está admitido), parece poco real que, encontrándose armados, el oficial masculino invite a pelear “mano a mano” al imputado y morador para ver quién se quedaba con ese dinero, en todo caso, si fuese como dijo la testigo, el funcionario lo hubiese amenazado con su arma y no invitado a pelear a quien supuestamente quería sustraerle ilegítimamente su dinero. Véase que se trata de una hipótesis ad hoc, porque tiene que acomodarse a la existencia del enfrentamiento físico que estaba constatado a partir de las lesiones sufridas por el funcionario policial, como a las marcas de golpes que llevaba en su cara y en su cuello, y en ese camino, se pierde la racionalidad en la elaboración de una teoría coherente que explique los hechos, ya que, cuando se la confrontó con declaraciones previas suyas que tenían coherencia con la versión de los policías y los rastros de lesiones constatados en ambos casos, dio explicaciones que carecen de suficiencia y seriedad, de allí que toda su versión es propia de un mundo reglado por la conspiración y la fantasía.
El descargo del imputado trae una versión de las mismas características que la de su pareja, al intentar acomodar ex post la información recogida de una forma tal que resulte de descargo, a costa de perder racionalidad; nuevamente, una hipótesis ad hoc. No puede asegurar cómo termino el oficial cortado en el cuello, cree que “se raspó” con una silla; es más, ni siquiera respalda el “mano a mano para llevarse el dinero” del que habló su pareja, ya que lo cuenta diferente. Sostuvo que no encerró a la funcionaria policial (Yamila Álvarez), “capaz ella cerró la puerta o se cerró sola”, negó que le abrieran la puerta de afuera con la llave verdadera que le habría dado su pareja a los policías y dijo que “él estaba con los chicos en la habitación”, que “él no sabe cuándo se cerró la puerta o si los chicos la abrieron”. Por último, no entiende cómo es que el elemento punzo-cortante fue hallado en el lugar de su aprehensión, ya que “siempre estuvo en la heladera”. Lo cierto es que, el acusado, pretendió justificar su accionar violento en el hecho que los policías quisieran arrebatarle la cartera, algo que claramente no sucedió, aunque afirma que la génesis del conflicto se inicia con un forcejeo porque los policías lo querían sacar de su casa, observándose que sigue sin comprender que ningún ciudadano puede cuestionar una orden de autoridad competente por vía del uso de la violencia. El resto son explicaciones que, acomodadas a la evidencia existente de cargo, pretenden enarbolar una versión paralela que carece de la más mínima racionalidad.
En síntesis, la hipótesis de la Fiscalía se encuentra corroborada más allá de toda duda razonable, al encontrarse respaldada por evidencia que, tanto intrínseca como extrínsecamente, resulta coherente y armónica entre sí, no logrando la hipótesis ad hoc elaborada por la defensa -sobre la base de la nueva versión de la víctima de género y del propio acusado pareja de la misma- conmover el estándar de convicción exigido por la Constitución Nacional para el dictado de un veredicto de condena (art. 18, CP). En tal sentido, en las condiciones de tiempo, modo y lugar señaladas por el Ministerio Público Fiscal, el acusado privó ilegítimamente y mediante violencia a la funcionaria policial Yamila Álvarez de su libertad personal, al encerrarla dentro de una habitación y trabar la puerta desde dentro, quedándose a su merced y profiriéndole golpes hasta que sus compañeros, con la llave verdadera que fue alcanzada por la pareja del encausado, pudieron finalmente rescatarla e interrumpir los efectos de ese accionar delictivo (art. 142 inc. 1° -primera hipótesis-, CP).
Naturalmente, al ejecutar de propia mano la conducta delictiva, Galarza habrá de responder como autor (art. 45, CP) y, dado que sabía lo que hacía, a título doloso (art. 142 inc. 1° -primera hipótesis-, CP). En conclusión, propongo dictar veredicto condenatorio respecto de Roberto Carlos Galarza por resultar autor responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada al ejecutarse mediante violencia (arts. 45 y 142 inc. 1° -primera hipótesis-, CP), conforme al hecho cometido el día 11 de septiembre del 2022, en el domicilio de calle 90 entre 127 y 128 de Berisso y en perjuicio de la funcionaria policial Yamila Álvarez (art. 371, CP).
viii. Consecuencias jurídicas del veredicto condenatorio. La sentencia penal 1. Fundamento y sentido de la pena La trasgresión es, aquí, “voluntad particular” (HEGEL, Líneas Fundamentales de la Filosofía del Derecho [1820] [trad. Paredes Martín], § 99, en: el mismo, HEGEL II, Gredos, Madrid, p. 108.), dicho en términos modernos: manifestación que no permite anudar a ella la comunicación de modo permanente (JAKOBS, La pena estatal: significado y finalidad [2004] [trad. Cancio Meliá y Feijoo Sánchez], Universidad Autónoma de Madrid, p. 34); un esbozo de realidad que debe ser contradicho con la pena, caracterizando al delito como delito y afirmándose contrafácticamente la vigencia de la norma, de manera que el quebrantamiento se encuentra en un mundo equivocado y la propuesta de cambio –en el sentido de un acto evolutivo– no es aceptada, tal como quedó expresado en el veredicto condenatorio.
La pena, sin embargo, no se agota al simbolizar la contradicción del hecho (JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen zu einer Rechtsphilosophie, Dritte Auflage, Duncker & Humblot, Berlin, 2011, p. 113). Dado que el infractor de la norma, a través de su conducta, no solo ha significado algo, sino que a la vez lo ha configurado en el mundo externo (JAKOBS, Sobre la teoría de la pena [1998] [trad. Cancio Meliá], en: el mismo, Moderna Dogmática Penal. Estudios Compilados, Porrúa, 2da. ed., 2006, ps. 651/652), se elige el “dolor” –en cuanto recorte más o menos intenso de la libertad– como símbolo de la manifestación externa de la contradicción: “también la reacción frente al hecho debe suponer una configuración definitiva, lo que significa que debe hacer imposible de modo efectivo que se anude una conducta a este, convirtiéndose de esta manera en permanente en el mundo externo” (JAKOBS, Ibíd.); brevemente: se trata de contraponer al quebrantamiento de la norma la realidad de la norma (JAKOBS, Ibíd.).
Ciertamente, puede que se vinculen a la pena determinadas consecuencias de psicología social o individual de muy variadas características, pero la pena ya significa algo con independencia de estas consecuencias: significa una autocomprobación (JAKOBS, Sociedad, Norma y Persona en una teoría de un Derecho Penal Funcional [trad. Cancio Meliá y Feijoo Sánchez, el título alemán distinto], en: el mismo, Moderna Dogmática… cit., p. 4).
Por consiguiente, la medida de la pena ha de regirse por el grado de perturbación social generada por el hecho (JAKOBS, La pena estatal… cit., p. 44), lo que, en concreto, alude principalmente al peso de la norma vulnerada y la medida de su vulneración, como a la responsabilidad del autor por su motivación para cometer el hecho, es decir, si esta es completamente asunto suyo, o, por el contrario, puede desgravárselo parcialmente al respecto.
Sentado lo anterior, debe partirse de la idea que el marco punitivo legal suministra una escala de gravedad continua, dentro del cual habrá de clasificarse el supuesto concreto que nos ocupa. Lógicamente, el marco comprende la universalidad de casos posibles, de modo que, el tercio inferior estará reservado para los de mínima gravedad, el superior para los de máxima gravedad y el tercio restante –ubicado entre los otros y construyendo el enlace– para los casos de mediana gravedad.
2. Pautas de individualización de la pena La Fiscalía ponderó como atenuante la falta de antecedes condenatorios, la Defensa no agregó cuestión alguna al respecto. En función del pedido formulado por la parte acusadora, dado que resulta de alguna manera consolidada la doctrina jurisprudencial de los Tribunales Superiores que admite dicha cuestión como atenuante, más allá de la opinión que el suscripto tenga al respecto, corresponde aceptarla como tal (art. 41 inc. 2°, CP).
Como agravantes, el Fiscal requirió se sopese la violencia desplegada, la pluralidad de víctimas y la nocturnidad. En orden a la imputación vigente, es notoriamente improcedente la segunda pauta mencionada; también, dada la índole del delito, en el caso, no se observa que la nocturnidad haya generado un contexto de mayor facilidad para cometer el delito atribuido. En cambio, sí corresponde aceptar la agravante referida al mayor grado de violencia, pues aquí no se computa la violencia ejercida para ejecutar la privación de libertad (cuando la agarra del chaleco y la trae consigo, para encerrarla), sino aquel plus de violencia que aplicó sobre la mujer funcionaria una vez ya consumada dicha privación de su libertad, concretamente cuando dentro de la habitación la tiró dos veces contra la pared y le dio un cachetazo, ya que ese plus innecesario excede el desvalor base del tipo y que ya se encontraba satisfecho con el tirón para ingresarla y el mantener sus muñecas sujetadas con sus manos una vez encerrada y dentro de la habitación (art. 41 inc. 1°, CP).
2. El quantum de pena y demás consecuencias de índole penal/procesal La escala en abstracto del delito atribuido inicia en los dos (2) años y se extiende hasta los seis (6) años de pena privativa de libertad. En el marco de la escala de gravedad continua, el caso regular prototípico (un autor culpable) marca el punto de ingreso de la escala y está dado por el tramo que coincide en el inicio del caso de gravedad media con el de finalización del caso de mínima gravedad. Dado que la atenuante no tiene un peso decisivo, si en rigor no es otra cosa que el deber de todo ciudadano de comportarse como persona en Derecho (la obligación originaria del derecho abstracto de Hegel), entiendo que el hecho cometido excede el caso de gravedad media, por la mayor e innecesaria violencia desplegada contra una funcionaria del Estado en ejercicio de sus funciones que además es una mujer y que sufrió golpes proferidos por el acusado contra la pared, además de un cachetazo, de modo que ese trato violento para con la funcionaria, ya privada de la libertad mediante violencia previa, comunica un acto de irrespeto hacia la institución como tal y hacia la mujer en particular, más allá que el lapso de duración de la privación ilegal de la libertad no haya sido extenso, lo cual no aminora el reproche al no tratarse de una decisión voluntaria del destinatario de la imputación, sino debido a la intervención de sus compañeros y la pareja de aquél que pudieron abrir la puerta y terminar con los efectos del delito; con lo cual, a partir del contexto violento en el que el acusado cometió el delito aquí atribuido, entiendo que la pena debe situarse en el tercio reservado a los casos de máxima gravedad para este tipo de delitos, superando levemente la frontera con la finalización del caso intermedio, correspondiendo en consecuencia fijarla en cinco (5) años de prisión, con más las accesorias legales (arts. 5, 12, 40, 41, 45 y 142 inc. 1° -primera hipótesis-, CP).
Decomisar el arma secuestrada que fue utilizada para facilitar la comisión del delito (v. fs. 27), autorizándose su destrucción por intermedio de la autoridad correspondiente (art. 23, CP; 522, CPPBA).
Diferir la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a los letrados que actuaron como defensores particulares, hasta tanto acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y previsionales. Costas a la parte vencida (arts. 530 y 531, CPPBA).
Remitir a la Fiscalía General Departamental copias de la presente, del acta de debate, del registro de audio completo del juicio y de las piezas utilizadas para su confrontación (fs. 18/vta. y 21/22), ante la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de Liliana Ester Avalos, no siendo competencia de este Órgano analizar si existe alguna circunstancia eximente vinculada a la violencia de género, lo cual será evaluado por el órgano competente que conozca en dicho proceso.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Juez Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, por ser ésa mi sincera y razonada convicción, expidiéndome en igual sentido y con idéntico alcance en todas las cuestiones abordadas por el mencionado colega.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, por ser ésa mi sincera y razonada convicción, expidiéndome en igual sentido y con idéntico alcance en todas las cuestiones abordadas por el mencionado colega.
POR ELLO, y de conformidad con las disposiciones citadas, EL TRIBUNAL, por unanimidad, en causa nº 7308,
I. DISPONER EL SOBRESEIMIENTO PARCIAL Y DEFINITIVO de ROBERTO CARLOS GALARZA, en orden a los hechos atribuidos como sucedidos el día 11 de septiembre del 2022, en las inmediaciones del domicilio ubicado en calle 90 entre 127 y 128 de Berisso y que fueran definitivamente calificados por la Fiscalía en su alegato final como lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas contra la pareja y en un contexto de violencia de género (arts. 92 en función del 89 y 80 inc. 1° y 11°, CP), violación de domicilio (art. 150, CP), lesiones leves agravadas por la condición de funcionario policial de la víctima (arts. 92 en función del 89 y 80 inc. 8°, CP) y atentado a la autoridad agravado por el uso de arma (arts. 238 inc. 1° en función del 237, CP), al encontrarse extintas las acciones penales correspondientes por operar la prescripción el día 7 de diciembre del 2024 (arts. 59 inc. 3°, 62 inc. 2°, 67, cits. y ccs., CP; 321 y 323 inc. 1°, CPPBA).
II. ABSOLVER a ROBERTO CARLOS GALARZA del hecho que en su oportunidad le atribuyeran como sucedido el día 11 de septiembre del 2022, dentro del domicilio ubicado en calle 90 entre 127 y 128 de Berisso y que fuera prima facie calificado como daño (art. 183, CP), al mediar desistimiento tácito del Ministerio Público Fiscal como única parte acusadora de este proceso (art. 368 párr. 8vo, CPPBA).
III. ABSOLVER a ROBERTO CARLOS GALARZA en orden al hecho que le imputaran como sucedido el día 11 de septiembre del 2022, dentro del domicilio ubicado en calle 90 entre 127 y 128 de Berisso y que fuera calificado por la Fiscalía como amenazas agravadas (art. 149 bis párr. 1ro. -primera hipótesis-, CP), al no encuadrar los hechos atribuidos en dicha figura típica (art. 371, CPPBA).
IV. CONDENAR a ROBERTO CARLOS GALARZA a la PENA de CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, con más las ACCESORIAS LEGALES, por resultar AUTOR responsable del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA AL EJECUTARSE MEDIANTE VIOLENCIA (arts. 45 y 142 inc. 1° -primera hipótesis-, CP), en orden al hecho cometido el día 11 de septiembre del 2022, en el domicilio de calle 90 entre 127 y 128 de Berisso y en perjuicio de la funcionaria policial Yamila Álvarez.
V. DECOMISAR EL ARMA SECUESTRADA que fue utilizada para facilitar la comisión del delito, AUTORIZÁNDOSE SU DESTRUCCIÓN por intermedio de la autoridad correspondiente.
PROFESIONALES correspondientes a los letrados que actuaron como defensores particulares, hasta tanto acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y previsionales.
VII. COSTAS a la parte vencida.
VIII. REMITIR A LA FISCALÍA GENERAL DEPARTAMENTAL copias de la presente, del acta de debate, del registro de audio completo del juicio y de las piezas utilizadas para su confrontación (fs. 18/vta. y 21/22), ante la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de Liliana Ester Avalos, con el alcance fijado en los considerandos.
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. Oportunamente, EJECÚTESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE.
Rigen los arts. 18, CN; 168 y 171, CBA; 5, 12, 23, 40, 41, 45, 59 inc. 3°, 62 inc. 2°, 67, 142 inc. 1° -primera hipótesis-, cit. y cc., CP; 22, 106, 321, 323 inc. 1°, 368, 371, 373, 522, 530, 531, cit. y cc., CPPBA.
Fin de la sentencia