Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 1 de La Plata · Causa 7241
Lo que resolvió el tribunal
I. Condenar a Horacio Jorge Burriel a la PENA DE CUATRO (4)
AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES y costas del proceso, por resultar AUTOR responsable del delito de DIVULGACIÓN DE IMÁGENES PORNOGRÁFICAS DE MENORES DE EDAD AGRAVADA POR TRATARSE DE VÍCTIMAS MENORES DE TRECE AÑOS DE EDAD.
II. DECOMISAR los instrumentos utilizados para cometer el delito y que han sido detallados en los considerandos.
III. Disponer la ENTREGA DEFINITIVA al condenado del celular secuestrado en autos.
IV. Disponer la DETENCIÓN DEL ACUSADO, MORIGERANDO SU PRISIÓN PREVENTIVA EN ESTE ACTO Y OTORGANDO SU
ARRESTO DOMICILIARIO con las siguientes condiciones: 1) presentación mensual en la Comisaria de la jurisdicción, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, debiendo aportar las constancias correspondientes ante este Tribunal; 2) realizar una consulta ante la Asesoría Pericial de La Plata a fin de que se evalúe la necesidad de llevar a cabo un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, en cuyo caso, deberá hacerlo ante el profesional que corresponda.
En la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, designado el Sr. Juez del Tribunal en lo Criminal nº 1, Dr. Ramiro Fernández Lorenzo, con el objeto de dictar veredicto conforme el art. 371 del Código Procesal Penal, en causa nº 7241 seguida a HORACIO JORGE BURRIEL por el delito de distribución de imágenes pornográficas de menores de edad (art. 128 párrs. 1ro. y 5to., CP), y en función de las teorías del caso propuestas, al no tener sentido plantear la cuestión relativa a eximentes (art. 371 párr. antepenúltimo in fine, CPPBA), RESUELVE plantear y tratar las siguientes cuestiones:
i. Las teorías del caso y las pretensiones de las partes i.a. En su alegato de cierre, la Fiscalía reiteró la acusación efectuada en su oportunidad: “Al menos entre los días 23 de agosto de 2020 y el día 3 de noviembre de 2021, una persona, hoy identificada como Horacio Jorge Burriel, desde el domicilio ubicado en la calle 11 nro. 1910 de La Plata, compartió por lo menos cuarenta y nueve (49) archivos con contenido de explotación sexual infantil, muchos de ellos con menores de 13 años de edad, utilizando una red P2P con el identificador de usuario o GUID 95D577D5CE0EC121B927D3BD101D6FC2, desde las direcciones IP 152.168.3.239, 152.168.200.152 y 181.231.94.125, a partir de la utilización de la red Peer to Peer (red de pares o entre iguales), consistente en un programa de intercambio de archivos en el que se comparten todo tipo de documentos y que permite tanto el almacenamiento como la descarga directa desde el ordenador de uno o más usuarios de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado a su red desempeña tanto funciones de servidor como de cliente”.
Sobre el tema discutido en la presente y apoyándose en Pawlik, explicó las razones que sostienen una imputación por dolo.
Calificó el hecho como divulgación de imágenes pornográficas de menores de edad agravado por tratarse de víctimas menores de trece (13) años edad (arts. 45 y 128 párrs. 1ro. y 5to., CP), no valoró agravantes, como atenuantes postuló su condición de primario y el buen comportamiento durante el proceso, solicitando se imponga el mínimo de la pena (4 años de prisión) y requiriendo se ordene la detención en caso de recaer veredicto condenatorio.
i.b. La Defensa, por su parte, ratificó sus lineamientos iniciales, explicó que no discute el hecho objetivamente descripto por la Fiscalía, esto es, que su defendido compartió imágenes pornográficas de menores de trece años de edad, no obstante, adujo que el problema se suscita en que su representado no sabía que, al utilizar el programa, estaba automáticamente compartiendo los archivos que descargaba, ya que él simplemente los descargaba para verlos, de modo que alegó ausencia de dolo, basado en un error de tipo en el sentido de que Burriel no tenía conocimiento de cómo funcionaba dicho programa y que estaba compartiendo automáticamente las imágenes que descargaba; por lo demás, apoyándose en la información ingresada, explicó que ciertos aspectos de la estructura de personalidad de Burriel debían incidir en la culpabilidad (concretamente, sus condiciones psíquicas adictivas). Explicó que, habiéndose pedido la pena mínima, no tenía sentido referirse a las pautas de mensuración, más allá de lo pedido por la Fiscalía. Finalmente, pidió que -en su caso- se morigere la prisión preventiva requerida por el acusador público, bajo la tutoría del hermano del imputado y ofreciendo el domicilio de calle 11 nro. 1910 de esta ciudad; además, propuso que se lo someta a su asistido a un control psicológico-psiquiátrico por la autoridad que corresponda.
i.c. La Fiscalía, tras escuchar esa propuesta, consintió la medida atenuadora siempre que se imponga como recaudo el control sorpresivo y periódico por parte de la autoridad policial, o bien que el imputado se apersone a la sede policial en los días y horarios en que se determine. i.d. Concedido el traslado, la Defensa aceptó la propuesta final del Fiscal respecto de la coerción procesal.
ii. Cuadro probatorio ii.a. Dado el acuerdo de partes, toda la evidencia requerida por la Fiscalía fue ingresada definitivamente al cuadro probatorio en el auto de prueba (v. resolución de fecha 09/08/2023 [art. 338, CPPBA]).
ii.b. Debido al litigio concreto sobre un aspecto preciso de la imputación y dada la evidencia ingresada por acuerdo, sumado al hecho que el abogado defensor no pudo completar la medida de instrucción suplementaria autorizada a su cargo relacionada con el hecho atribuido (v. auto cit., punto “III.1” de los considerandos), durante el debate declararon solamente dos testigos (uno de concepto).
ALEJANDRO LEYES: Trabajo hace nueve años en el Poder Judicial, en la UFI 15, que es una de las dos Fiscalía especializadas en la temática. A nosotros nos llegan las causas de varias formas. La mayor cantidad de causas llegan a través de NCMEC que es una ONG en Estados Unidos a las cuales las empresas por ley están obligadas a notificarle en el caso de que haya algún intercambio de este tipo de material. Empresas radicadas en Estados Unidos, tipo Facebook, Instagram, WhatsApp, tik-tok, Snapchat, Google, Hotmail ya se enviados por mail por a través de una red social a través de un chat. Si ellos detectan que hay material de abuso sexual infantil, están obligados a informarles y no le cobran multa a esta ONG.
Hay un tratado firmado por el Ministerio Público Fiscal de CABA y, todo lo que sea en territorio de Argentina, le llega a llega a CABA y ellos distribuyen de acuerdo a la ubicación desde donde se subió a las distintas provincias. Eso llega a procuración y procuración lo manda cada Departamento Judicial. Ellos informan la dirección IP con la fecha, hora exacta de dónde se subió el material. Ya de por sí las direcciones IP tienen asignado un país y con esa información desde CABA solicitan a las empresas proveedoras de internet, quién tenía asignada esa dirección IP en ese momento específico. Proveedores, ya sea telefonía o proveedores de internet. Así es la forma de determinar desde qué dirección IP y desde qué ubicación se compartió ese material.
Yo lo que hago es recibir los informes, determinar si hay que hacer alguna otra medida, porque hay veces que tienen información como el titular de teléfono o alguna otra información que nos puede llegar a determinar o ayudar a determinar quién fue la persona que realmente subió el material. Se pide el allanamiento, generalmente escribo el pedido al fiscal, hay causas a las que voy al allanamiento Una vez que se realiza el allanamiento y secuestran los efectos, yo hago la pericia y el informe. Hasta ese punto llego yo y, después de ahí, lo agarra un letrado que toma el 308. Respecto a esta causa mucho no me acuerdo porque voy a varios por año. Del día no me acuerdo, yo generalmente voy, más que nada, de observador, las tareas las realizan la gente de la policía bien.
Me suena el nombre Burriel, porque trabajé las pericias, no me acuerdo ese día exacto, cómo fue ni cómo era la casa. Me acuerdo que era una habitación en el fondo, una construcción aparte de la casa y si me acuerdo haber entrado, lo de la Notebook arriba de una mesita, me acuerdo que estaba funcionando como dice ahí el programa y que policía Gómez Sargento le sacó fotos, no sé si lo habrán sumado en algún momento. Fotos de la pantalla y después lo que dice de búsquedas, lo que hace en ese momento, es abrir como si fuera un explorador de archivos y busca JPG que sería la extensión para los archivos de imagen. Yo después hago las pericias de la computadora, la Notebook, los pendrives y la computadora, el disco ese extrajo de la computadora, todo eso es lo que hago yo en la pericia.
Generalmente, lo que se hace es una copia espejo del contenido y se pasa por un programa que lo que hace es detectar, tiene como una base de datos de archivos conocidos de este tipo de material y revisa todos los archivos de esa copia imagen con la base de datos de archivos conocidos y nos muestra un resultado. Generalmente lo divide en dos tipos de archivos que, nosotros no hacemos esa distinción, por lo menos en el código penal no está, pero habla por un lado de archivos de abuso sexual infantil cuando son material explícito que generalmente hay otra persona alguna en el acto sexual y de explotación sexual infantil, que más de estilo cuando está el menor solo, desnudo, pero no hay otra persona.
Esta misma ONG, que maneja el tema de NCMEC en Estados Unidos, mantiene una base de datos de archivos conocidos. Cada archivo tiene un valor hash que es único para ese archivo. Y ellos, lo que hacen es, distribuir esa base de datos de archivo hash, de valores hash, entonces lo que hace el programa este, que usamos nosotros, es calcular el valor hash de cada archivo que esté dentro del disco rígido o pendrive que estemos usando, calcula ese valor hash y lo compara con esta base de datos a ver si coincide. El valor hash es un cálculo matemático, totalmente aleatorio para todos, todo lo que es informática, binarios, ceros y unos, este valor hash lo que hace es, el contenido de esos ceros y unos de cada archivo, realiza un cálculo matemático y desprende un código que generalmente suelen usar 32 o 48 dígitos alfanuméricos que le llaman valor hash.
Hay distintos métodos para sacarlo, por eso, hay distintos valores hash, nosotros usamos MD5, porque es el más universal. Si se calcula el valor hash acá de este archivo, si alguien lo está calculando en China, le tiene que dar exactamente el mismo valor hash. De lo que secuestramos, este programa calcula el valor hash de cada archivo secuestrado y, a partir de ahí, se compara con esa base de datos conocidos. Se obtuvieron archivos con pornografía, una vez que este programa detecta que hay material de abuso sexual infantil, nosotros podemos extraer esos archivos del secuestro y lo revisamos si hay de menores de 13 años. Se constató que había material fílmico o fotográfico con menor de 13 años.
Once Y y O significa la edad. Es un historial de búsqueda. El usuario hizo esa búsqueda. Para buscar material, usamos un programa que se llama autopsi que lo que hace es analizar el sistema operativo y tiene una herramienta particular para este tipo de programas, que se EMULE, que lo que hace es, extraer la lista de archivos descargados, que es la primera lista que está en la foja 99, esos son archivos que se descargaron y, se estaban compartiendo en ese momento. Estaban dentro de la carpeta donde se comparten los archivos. Eso es el nombre del archivo de lo que habría descargado en el programa. Hay dos listas distintas que te muestra la herramienta esta, por un lado, los archivos que se descargaron y, por otro lado, tiene el historial de búsquedas que se hicieron que lo que está abajo.
Esto de acá abajo es lo que una persona ingresó para buscar, como si lo hiciera en Google, para buscar dentro de ese programa para compartir archivos, son las búsquedas que hace para poder obtener coincidencias con lo que vos estás buscando. Pier to Pier, es persona a persona, significa en realidad que los archivos que se están descargando, que se encuentran dentro de esta plataforma, no están en un servidor centralizado, sino que cada persona tiene en sus computadoras archivos y se intercambian persona a persona: nosotros todos tenemos instalado el programa y yo busco, por ejemplo, una canción, entonces se buscan entre todas las personas quién tiene esa canción y me conecto directamente con la persona que lo tiene y lo bajo.
Desde el momento en que bajaste el 1% de lo que querés bajar, ese 1% ya se está compartiendo. Si alguien, por ejemplo, si yo busco una canción, pero lo tienen tres personas o tres lo tienen completo y hay dos más que lo tienen parcial, porque todavía lo están bajando, yo me puedo conectar a las 5 y de las 5 bajar partes hasta completar todo el archivo completo. En realidad, vos haces una búsqueda, como Google, y eso te va a mostrar un listado de archivos que coincidan con esa búsqueda pero que está dentro de ese Universo de personas que comparten, entonces vos elegís qué archivos de los que coincidieron con tu búsqueda querés. No hay una empresa atrás de este tipo de programas, hay un grupo de gente que lo desarrolla y está específicamente creado para compartir material ilegal.
No sé cómo se habrá generado esta causa, pero la verdad seguramente esto Se generó de alguna otra forma. Nadie responde por esto y ellos mismos son cuidadosos de decir, no tengo un servidor con todo el material, sino que cada persona tiene su material. En realidad, Google con la búsqueda no hace nada, si vos subís, por ejemplo, a Google fotos este tipo material, ahí sí, porque vos lo estas compartiendo. Una sola búsqueda no genera una denuncia. Lo que hacen es, cada tanto, ellos tienen forma de monitorear este tipo de redes, tienen herramientas que, lo que hacen es, simular ser un cliente de esta red, sin descargar, ni bajar, ni compartir, pero detectando el material que la gente se está intercambiando.
Detectan ciertos objetivos de gente que esté realmente compartiendo por la cantidad de archivos o por la actividad, generan un listo de esas conexiones y lo derivan a cada provincia y Procuración nos manda a los que corresponden a nuestro Departamento Judicial. Guardianes en redes, cuando se instala el programa, al instalarlo, designa una carpeta en donde va a estar las cosas que vos vas a compartir aparte de lo que vos estás bajando que lo bajaste de ahí mismo y se comparte automáticamente. En Google pones eMule y te va a aparecer una página de internet o un foro o alguna página de internet y lo vas a poder descargar. Se crea principalmente, la idea es para saltear todos los controles que hay ya sea para compartir este tipo de material o música película series y no hay algún control de Google ante esa ilegalidad.
Lo podés descargar en el idioma que quieras. No sé en el idioma que estaba este.
RUBEN BURRIEL (hermano del imputado): Horacio es una persona introvertida que estaba mucho tiempo en su habitación, en su lugar, o sea, no es de salir mucho, no es de tener muchos amigos y fue siempre así, de joven, desde más chico. No tiene patologías diagnosticadas. Después de este problema, ha tenido consultas con un psiquiatra, con un psicólogo, o sea, anteriormente no, posterior al hecho sí, y se lo ha tratado. Vive con mi mamá, en mi casa paterna donde vivimos nosotros hasta que nos fuimos y mi papá murió y está esa casa, que es una casa grande y él vive con mi mamá. No le prestó ayuda económica, porque mi mamá tiene una muy buena jubilación y una pensión y la alcanza para todo bien. En este momento no trabaja Horacio. Ha estado en pareja, ahora no, no tiene hijos, vive con mi mamá y yo tengo mi familia. Él es mayor.
ii.c. Finalmente, el cuadro se completa con la breve declaración que el acusado hizo durante el debate y luego del último testigo, dejando constancia que ya había declarado durante el curso de la IPP y que dicha declaración formó parte de la prueba ingresada por acuerdo de partes (v. auto cit.).
HORACIO JORGE BURRIEL: “Los hechos son tal cual como lo dijo el Fiscal” (textual). Posteriormente, ante una pregunta del Fiscal, dijo que él estaba en su casa y le secuestraron los elementos.
iii. La imputación jurídico-penal y su significado iii.a. Como se anticipó, no está discutido que Burriel -en las condiciones de tiempo, modo y lugar atribuidas- descargó imágenes de menores de edad dedicados a actividades sexuales explícitas y/o con representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, utilizando para ello la red peer to peer, consistente en un programa de intercambio de archivos en el que se comparten todo tipo de documentos y que permite tanto el almacenamiento como la descarga directa desde el ordenador de uno o más usuarios de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado a dicha red desempeña tanto funciones de servidor como de cliente, es decir, cada usuario que opera en esa red puede descargar archivos de otros usuarios y a su vez permite que esos usuarios descarguen archivos suyos. Tampoco está discutido que, objetivamente, Burriel compartió esas imágenes que previamente descargó de la red peer to peer.
Todo ello, valga aclararlo, surge claramente de la evidencia ingresada por acuerdo (concretamente, v. fs. 2/31 [investigación documentada de cibercrimen con impresión de imágenes descargada], 36/37 [fotografías de domicilio y redes wifi presentes en las inmediaciones], 46/49 y 54/60 [acta de allanamiento, registro y secuestro, con más las fotografías y sus respectivas descripciones en los exámenes de visu de los dispositivos, imágenes obtenidas y redes wifi disponibles], 93/96vta. [acta de apertura de los dispositivos secuestrados y sus fotografías respaldatorias], 97/103 [apertura y análisis pericial efectuado por perito informático Licenciado Alejandro Leyes, con más dos DVD de información levantada e imágenes obtenidas e impresas]), lo cual se complementa con las explicaciones que oralmente diera el perito Leyes en juicio (v. supra).
De la pericia practicada por el citado profesional, surge la tenencia de los siguientes archivos: a) 287 con contenido de abuso sexual infantil y 2088 con contenido de explotación sexual infantil (contenidos en el pendrive marca Sandisk, v. fs. 98); b) 257 con contenido de abuso sexual infantil y 346 con contenido de explotación sexual infantil (contenidos en el disco rígido SSD marca Western Digital, v. fs. 98/vta.); y, c) 61 con contenido de abuso sexual infantil y 2130 con contenido de explotación sexual infantil (contenidos en el disco rígido SSD marca Kingston, v. fs. 98vta.). Asimismo, el perito apuntó en el dictamen que, en el último disco rígido mencionado, se encontraba instalado el programa eMule, “utilizado para descargar y compartir archivos por internet”, pudiendo determinarse, a través del “análisis de la herramienta Autopsy” que con dicho programa se descargaron una serie de archivos cuyos nombres (files names) ya dan cuenta de su contenido prohibido (v. fs. 98vta. in fine y 99), véase como ejemplos categóricos: “(1Gen) 11Yo Boy Man in Suv-Finger, Enema,Jerk, Dryasm.mpg”; “10yo – 14Yo Boys & Girls Fuck Each Other & Pee On Each “11Yo” = 11 years old (lo precisó el perito en el debate), es decir, 11 años de edad; “Jerk” = abreviatura de jerk off que alude a masturbarse en una forma coloquial; “10yo – 14 Yo” = 10 años – 14 años de edad, “Boys & Girls Fuch each other” = expresión coloquial que alude a niños y niñas (de 10 a 14 años) teniendo sexo entre ellos.
No puede dudarse que el acusado sabía que descargaba y almacenaba ese tipo de contenido prohibido, en razón de que se trataba de imágenes de menores de edad, incluso menores de trece (13) años, de contenido sexual explícito, ya porque la pericia analizada pudo detallar los parámetros de búsqueda que utilizaba Burriel en el citado programa, véase como ejemplos categóricos (v. fs. 99/vta.): “11 yo gay”, “child smear”, “eat 11 yo boy”, “erotik 12”, “lick 11 yo boy”, “pervers 11 yo”, entre otras búsquedas en idioma inglés, aunque al parecer también conocía la lengua de Göethe: “sperrgebiet 11” (la palabra “Sperrgebiet” en alemán significa “zona prohibida”, nótese que el parámetro es buscar lo prohibido y al lado un número 11 que claramente alude a la edad del niño).
Con independencia de que el programa eMule -usado por el acusadofunciona también como servidor para que otros descarguen archivos propios, lo cierto es que se comprobó que Burriel tenía una carpeta destinada a ser compartida hacia todo el universo de usuarios que frecuentaban dicha red, lo cual surge de comparar el informe de titulares de conexión individualizados por la Policía Judicial del MPF de CABA (v. fs. 15, asiento 43) con las descargas que pudo hacer el propio cuerpo investigador de dicho usuario (fs. 15vta. y 16, asiento 43, donde se informa el total de imágenes, las de muestra y el porcentaje de imágenes descargadas; asimismo, véase las imágenes descargadas desde el usuario de Burriel que se imprimen y se acompañan a fs. 32 que dan cuenta de actividades sexuales explícitas por menores de 13 años de edad); justamente y dentro del mismo acápite del informe (punto “VII. Estado de Situación Descargas”, fs. 15vta. ss.), luce al final la siguiente explicación: “Con respecto a las imágenes, tal como se ha mencionado con anterioridad, se adjunta su informe correspondiente junto con su Anexo en versión Excel. Dicho documento Excel, denominado como ‘Anexo IMÁGENES’ presenta la cantidad de MUESTRAS descargadas por cada objetivo[,] así también como el detalle de esas muestras. Es decir que, en el Excel anexado al informe de imágenes se encontrará el nombre y valor HASH de las imágenes muestra que se han descargado por cada objetivo. De tal listado, se han advertido nombres de archivos que señalan que el contenido se trataría de menores de 13 años de edad…” (fs. 16vta. e imágenes de fs. 32).
Para que quede claro, Burriel utilizaba el programa eMule que es una red P2P (peer to peer) y que “consiste en un programa de intercambio de archivos en el que se comparten todo tipo de documentos que, a su vez, permite tanto el almacenamiento como la descarga directa desde el ordenador de uno o más usuarios de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado a su red desempeña tanto funciones de servidor como de cliente” (informe de cibercrimen, fs. 7). De hecho, “[c]uando una persona instala un programa de intercambio de archivos, es consciente de que al menos una carpeta (directorio) en su computadora podrá tener acceso cualquier persona integrante de esa red. Esta es una de las principales características de una red P2P. Todos los archivos de la carpeta compartida del equipo miembro serán ‘visibles’ para los demás componentes de la red. En esta red no hay un servidor general para almacenar los archivos y/o conectar a sus usuarios, sino internautas que descargan y ponen a disposición el acceso para que otros usuarios de esta red busquen estos mismos archivos en su máquina” (ibid., se omitieron los destacados). La investigación preliminar realizada por la autoridad correspondiente (v. fs. 2 y ss.) pudo descargar del usuario de Burriel un conjunto de imágenes de menores de trece años desnudos con fines sexuales y también en actividades sexuales explicitas, de modo que Burriel, al conservar esa carpeta donde se alojan los archivos previamente descargados por otros usuarios, al mismo tiempo está compartiéndolos con un universo indeterminado de sujetos que son todos aquellos usuarios de la misma red que buscan ese archivo y pretenden descargarlo (remito nuevamente a fs. 15vta. y 16, más las imágenes descargadas de su usuario impresas a fs. 32).
Todo ello, en parte, está admitido por el propio Burriel desde los albores de la IPP, cuando dijo: “Es cierto que descargué del programa eMule, cantidad de archivos y fotos que fueron acumulados, lo hice en forma acumulativa y adictiva, lo guardé en pendrive [u] otro disco duro que tenía, pero que jamás lo envíe o lo compartí a otra persona, sólo lo miraba yo en algún momento a esos archivos. La causa dice que yo compartí, pero el programa que no lo entiendo mucho, dice que compartí y envié, pero es un funcionamiento del programa, aparecen lista[s] de cosas que se pueden descargar, películas, música y otras cosas, uno pincha y se descarga, pero no muestra nada que yo sepa ni quién puede descargarlo, yo sólo veo lo que estoy descargando pero no veo quién está descargando lo que yo tengo, sólo puedo ver lo que descargo, pero soy ajeno a lo que se comparte porque no lo veo. Preguntado desde cuándo usa el eMule, responde: un año. Preguntado si usa otro programa de descarga, responde: no, he descargado imágenes por Google. Preguntado a qué se refiere cuando dice que el eMule se pueden descargar otras cosas, responde: archivos pornográficos, sexuales o desnudos, quiero aclarar que yo nunca comercié ninguna de esas imágenes, yo no compartí ni difundí conscientemente esas imágenes. Preguntado a instancias de la defensa si descargó algún contenido del mismo tipo mediante su teléfono celular, responde: no, sólo desde la computadora […]. Preguntado a instancias de la defensa si el problema que caracterizó como adictivo, le causó algún otro problema además de la presente y en cuyo caso si puede manejar esa adicción, responde: bueno, sé que es una adicción, desde el momento que empiezo a descargar no puedo parar. Preguntado a instancias de la defensa si sabía que esto era un delito, responde: no, yo nunca acosé, ni molesté a ninguna persona, mucho menos menor, de ninguna edad ni sexo. Mis relaciones son siempre homosexuales y consentidas” (fs. 73/vta.).
Posteriormente, como se indicó, en el debate pidió declarar en último término, oportunidad en la cual -y para lo que aquí interesa- se limitó a decir: “Los hechos son tal cual los dijo el Fiscal”.
iii.b. Más allá de la respuesta que Burriel diera frente a la última pregunta que le hicieran en su declaración brindada en la IPP, lo cierto es que la Defensa no ha planteado error de prohibición alguno. Por fuera de ello, y llegado el caso, el error sería evitable al tratarse de un ámbito emparentado con el núcleo de las normas centrales (cfr. LESCH, El error de prohibición: Fundamentos dogmáticos para su tratamiento; comprensión del injusto; formas bajo las cuales se presenta el error de prohibición y evitabilidad del mismo [1996] [trad. R. J. Cadenas], en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia n° 4 y 5, X, p. 247), desde que, al fin de cuentas, no puede perderse de vista que estamos ante un delito contra la integridad sexual y, desde esta perspectiva, perteneciente a un grupo comúnmente denominados en el derecho anglosajón como delitos mala in se.
Bien es verdad que la tenencia no representa en términos fácilmente reconocibles una arrogación violenta como puede ser la violación, pero ya el hecho que el Estado no reconozca la posibilidad a los menores de 13 años de administrar libremente su esfera sexual (el consentimiento no vale) y como contrapartida la prohibición de tener cualquier tipo de acercamiento sexual hacia ellos, forma una imagen global acerca de la protección que el Estado fija sobre la esfera sexual de dichos menores, de allí que, si tiene en su poder imágenes de menores de trece años en actividades sexuales explícitas y siendo que dichas actividades están prohibidas por normas centrales de toda sociedad de corte occidental, en tanto él sea imputable, sería imposible que Burriel no haya conocido el complejo total de normas de los delitos contra la integridad sexual, esto es, para el caso, que desconozca la prohibición que se asienta ya en la tenencia de ese tipo de representaciones (cfr. mutatis mutandis, JAKOBS, Conocimiento y desconocimiento de la norma [trad.
M. A. Sancinetti], en JAKOBS/STRUENSEE, Problemas capitales del derecho penal moderno, Hammurabi, p. 61). Por ello, “tal desconocimiento pueda darse -con prescindencia del caso más bien curioso de una socialización exótica- sólo mediando una imagen básicamente incoherente y confusa de la realidad social, por tanto, una imagen del mundo social propia de un débil mental y, entonces, de un inimputable, o bien se tratará de un desconocimiento basado en el desinterés selectivo, en indiferencia” (JAKOBS, ibid.). Más allá que pueda inferirse de su discurso que conocía la prohibición de compartir ese tipo de imágenes, dado que en todo momento apunta que no sabía que el programa lo hacía automáticamente y su explicación se basa en que él simplemente las descargaba para mirarlas (dicho en otras palabras: si no estaba informado de la prohibición de compartir, hubiese cuestionado el sentido de lo atribuido, con independencia de si sabía o no sabía que lo estaba haciendo), aun supuesto el error, como dije al principio, sería evitable porque tratándose de “situaciones no estereotipadamente lícitas” “se tiene el deber de examinar la licitud de lo que se hace”, lo que claramente no ha hecho ni intentado hacer y, por tanto, a él le competería su supuesto error (a modo de resumen, v.
CÓRDOBA, La evitabilidad del error de prohibición, Marcial Pons, 2012, pp. 352 y 356/357). El hecho que el Fiscal pidiera el mínimo de la pena torna abstracto el tema del efecto sobre un supuesto error de prohibición evitable. iii.c. Tratándose de un destinatario idóneo de la imputación jurídico-penal, esto es, un sujeto imputable, según se desprende de la pericia psicológica practicada por la Asesoría Pericial (v. fs. 133: “…su psiquismo se encuentra organizado de modo de poder discriminar entre la realidad y la fantasía[,] y comprender las normativas sociales vigentes, así como las pautas de convivencia”) y en atención a que no hay información que la contradiga en ese aspecto central (al respecto, cfr. informes de fs. 156, 157 y 160/162), y habiéndose requerido el mínimo de la pena, carecen de relevancia sus “condiciones psíquicas adictivas” dado que, “el control de los impulsos, en el ámbito del injusto, es asunto (interno) del sistema, es decir, es asunto del sujeto de la imputación” (JAKOBS, PG, 6/21). iii.d.
A partir de lo expuesto, la cuestión litigiosa de actualidad se concentra sobre un aspecto de la imputación subjetiva referido a la figura agravada por la que el Fiscal acusa; dicho en concreto, la Defensa sostiene que Burriel no tenía conocimiento de cómo funcionaba el programa eMule que utilizaba y que, por tanto, no sabía que -al mismo tiempo que los descargaba y por quedar almacenados en una carpeta creada por el programa al efecto- estaba compartiendo archivos de las características que contempla el tipo.
La discusión nos lleva a definir qué es el dolo.
El dolo no es, como creía Welzel, algo que puede hallarse dentro de la cabeza del sujeto. No es, por tanto, un estado mental ni una determinada disposición emocional. El problema de Welzel y de toda concepción naturalística que parta de estos mismos presupuestos es que recorta ilegítimamente el juicio de imputación, dado que adjudica al propio destinatario la competencia para decidir el sentido de sus actos: “en el mundo pensado por Welzel faltaba una de las partes de la relación de imputación, esto es, el sujeto imputante, pues el propio individuo era el que, de forma individual-arbitraria, determinaba la norma vulnerada” (FERNANDEZ LORENZO, El destinatario de la imputación jurídico-penal, en Revista de Derecho Penal 2018-2 [dir. E. A. Donna], Rubinzal-Culzoni, pp. 772/773 [con referencias]). Este problema se observa con mayor agudeza en las teorías volitivas, pero también se da en todas aquellas otras que, aun prescindiendo de ese elemento, siguen proyectando la psicologización del concepto, lo cual “permite valorar a favor del autor formas de reconocer y procesar los peligros incluso altamente irracionales” (PAWLIK, El injusto del ciudadano [trad. I. Coco Vila – M. D. Lerman – H. D. Orozco López] [2012], Atelier, p. 439).
Toda persona tiene el deber de comportarse como tal (HEGEL, Líneas fundamentales de la Filosofía del Derecho, §36), de base ese deber implica no cometer delitos, esto es, “debe planificar la realidad procurando no defraudar expectativas normativas que la sociedad espera de su parte y es claro que, para poder realizar una planificación correcta, hace falta conocer -para decirlo a grandes rasgos- el estado de cosas y el ámbito de lo prescripto por la norma; lógicamente, quien no conoce -y ahora en palabras de Jakobs- ‘la norma y el hecho abarcado por ella’ estará en inferioridad de condiciones para poder conducirse en un mundo reglado normativamente y, tarde o temprano, se encontrará en problemas, razón por la cual le incumbe al sujeto procurarse el conocimiento necesario para evitarlos” (FERNANDEZ LORENZO, El destinatario… cit., p. 782 [con referencias]). Tan es así, que el derecho penal construye el primer eslabón de la imputación sin necesidad de que el destinatario haya conocido el riesgo creado: ¿qué otra cosa es, si no, la imprudencia inconsciente? Naturalmente, “la carga no consiste en procurarse todo el conocimiento del mundo circundante (tal empresa estaría de antemano condenada al fracaso), sino en la medida de lo exigible conforme al rol y al contexto social” (FERNANDEZ LORENZO, El destinatario… cit., p. 783, nota al pie n° 49 [con referencias]). Por supuesto que, si la imputación penal presupone la evitabilidad individual (cfr. JAKOBS, PG, 6/22), “[l]a carga, como toda obligación, presupone la posibilidad de su cumplimiento (ultra posse nemo obligatur)” (FERNANDEZ LORENZO, El destinatario… cit., p. 783 [con referencias]); pero, en modo alguno, ello significa “que haya que extraer forzosamente consecuencias de no haber cumplido (de modo individualmente reprochable) las exigencias de un rol”
(JAKOBS, PG, 6/24).
El dolo no es algo que “está ahí” y que el juez debe descubrir, no es un “hecho psíquico”, incluso, aunque el conocimiento del peligro cualificado creado abastezca una imputación por dolo, el dolo no es “ese conocimiento”, sino un juicio de imputación determinado, un reproche intensificado, un “plus” respecto de la imprudencia, de allí que ese juicio cualificado, si bien toma en cuenta el hecho psíquico, su ausencia la ha de valorar en el marco de un esquema de competencias. Dicho brevemente: el conocimiento es condición suficiente de la imputación por dolo, pero no esencial; en todo caso habrá que determinarse la competencia por el yerro. “Por tanto, no es el ‘conocimiento’ el que se vuelve normativo, sino que es el juicio sobre ese ‘hecho’ el que resulta normativo”, de hecho, no es distinto en el ámbito de la culpabilidad: “cuando se sostiene que el error evitable de prohibición no obtura el reproche de culpabilidad no se está afirmando un ‘conocimiento’ donde no lo hay, más bien se concluye que la imputación penal no decae ante el error que le incumbe al sujeto que yerra” (FERNANDEZ LORENZO, El destinatario… cit., p. 784). En palabras de Pawlik: “Las cargas no son deberes jurídicos, por ello su incumplimiento no es, como tal, contrario a deber. Cada ciudadano se encuentra obligado, meramente, a no realizar injustos criminales, esto es, a no comportarse de un modo imputablemente contrario a la competencia. En la medida en que el incumplimiento de una carga no se externalice en acciones contrarias a la competencia, tal comportamiento resulta plenamente conforme a Derecho. El significado jurídico de la lesión a una carga se demuestra recién, si se da un comportamiento objetivamente contrario a la competencia de quien yerra, cuando él, por ejemplo, no tiene el conocimiento de los hechos o del Derecho que debió adquirir mediante el cumplimiento de su carga de conformidad con el ordenamiento. En verdad, en este caso no se le adscribe de un modo contrafáctico el conocimiento faltante, sino que se le recorta la posibilidad de librarse de responsabilidad mediante la apelación a su mal cálculo. Un autor que desconoce lo que puede esperarse que sepa un ciudadano en su rol, puede, por ello, ser pasible de la imputación de haber realizado un comportamiento contrario a la competencia” (PAWLIK, Entrevista a Michael Pawlik, en LERMAN/DIAS [coords.], Derecho penal y libertad, Editores del Sur, 2021, pp. 63/64).
Desde la perspectiva apuntada, si el conocimiento constituye una carga (“Obliegenheit” es el término alemán y alude a una obligación instituida en el propio interés del sujeto a quien obliga) que tiene toda persona y que deriva, precisamente, del deber de observar el complejo de normas, pues de lo contrario no estaría lo suficientemente motivado para cumplir con las normas (tarde o temprano, quien camina ciego por el mundo sufrirá un entorno más adverso para estar en condiciones de cumplir con lo debido), una imputación por dolo también atrapa aquellos casos en los que, frente a la peligrosidad de la acción, se infringe en forma drástica aquella carga de conocer el estado de cosas circundante (cfr. PAWLIK, Ciudadanía y Derecho Penal, Atelier, 2016, p. 145).
De este modo, quien ignora deliberadamente para sustraerse de una futura imputación o se mantiene ciego frente a hechos peligrosos que cualquier agente racional motivado en el cumplimiento de las normas decididamente reconocería, no puede resultar premiado con su exoneración total o parcial, de lo contrario el sistema de normas estaría promoviendo su propio desprecio (JAKOBS, Moderna Dogmática Penal. Estudios Compilados, Porrúa, p. 26).
Luego, desde tal perspectiva, es acertado el razonamiento que expuso el Fiscal en su alegato de cierre, al fundamentar una imputación dolosa y determinar el significado correcto de la conducta atribuida (divulgación de imágenes pornográficas de menores de edad agravada por tratarse de menores de 13 años).
El punto de partida lo constituye el hecho que Burriel se encontraba, de antemano, en un contexto no permitido, más precisamente en un contexto delictivo. El acusado admitió que él descargaba imágenes pornográficas de menores de 13 años y que lo hacía solamente para mirarlas, sin embargo, ya el hecho de tener ese tipo de material prohibido en su poder lo sitúa en el ámbito de lo delictivo (art. 128 párr. 2do., CP). De este modo, quien ya se reconoce en un contexto delictivo, si lo que pretende es no infringir otro tipo de normas más graves, tiene la obligación de cerciorarse que las cosas son como él las cree y no de otro modo. Burriel operaba de propia mano en una red que utilizaba para descargar archivos prohibidos de otros usuarios, incluso lo hacía desde hacía un año atrás y en innumerables oportunidades (v. su declaración en IPP), de allí que, si conocía que el programa eMule utiliza una red de “intercambio entre pares” (P2P), al no resultar centralizada ya que no existe “un servidor general para almacenar los archivos y/o conectar a sus usuarios” (v. supra, documentación de cibercrimen), era fácilmente deducible para él que los archivos que descargara previamente podrían estar disponibles para que otros clientes puedan utilizar su usuario para descargarlos, de manera que, si decidió ignorar esa advertencia actuó con ceguera frente a los hechos, o bien lo hizo de propósito y deliberadamente para exonerarse de futuras imputaciones.
En conclusión, por decisión autónoma, Burriel se entrometió en un contexto delictivo (descargar y guardar imágenes prohibidas) y luego, frente a un estado de cosas fácilmente reconocible por cualquier agente racional motivado en el cumplimiento normativo, decidió cegarse al no cerciorarse que él no estuviera compartiendo ese tipo de imágenes que previamente descargaba y almacenaba, precisamente cuando la metodología del programa y la red que operaba estaba ya fijada por un intercambio mutuo, es decir, entre pares y que no requería de autorización previa para descargar sino solamente la existencia del archivo en poder de, al menos, algún usuario de la red que estuviera conectado, con cual, ese supuesto desconocimiento alegado es competencia suya, sólo a Burriel le compete al infringir de forma drástica aquella obligación instaurada en su propio interés, lo que abastece una imputación por dolo (evitabilidad individual calificada) y ello es así por dos razones que, a mi juicio, no son excluyentes: por una lado, el argumento de Pawlik, en razón de que ese incumplimiento drástico lo posiciona en un sentido de “enemistad” frente al derecho (a contramano del autor impudente como “falto de amistad”, como bien explicó el Fiscal de juicio); por el otro, el argumento de Pérez Barberá, debido a que esa “ceguera irracional” mantenida frente a un contexto claramente delictivo (repito: ya tener imágenes de ese calibre es delito) lo posicionaba en condiciones epistémicamente equivalentes al caso en el cual hubiese conocido efectivamente que estaba haciendo lo que hacía y, de este modo, se le exige más a quien está en mejores condiciones para evitarlo (sobre ello y la discusión entre los autores, v.
PÉREZ BARBERÁ [dir.], Pena, ilícito y culpabilidad. Una discusión con Michael Pawlik, Marcial Pons, 2022, pp. 175 ss. [la crítica del autor argentino] y pp. 218/219 [la réplica del autor alemán]). Naturalmente, el hecho que no fuera la primera vez que Burriel operaba con el programa eMule y que, incluso, lo hacía desde hacía un año y en múltiples oportunidades, permiten afirmar que tenía en el caso la capacidad -y, por ende, la posibilidad- de cumplimentar con la carga cuyo incumplimiento drástico se le reprocha.
Por fuera de todo ello, quiero agregar algo más. La conclusión del fallo también se sostiene desde una perspectiva naturalística, como también acotó el Fiscal en su discurso final. En efecto, Burriel habiendo estado manejando ese tipo de red P2P desde hacía tiempo y en varias ocasiones, evidentemente, se representó que la posibilidad de que él estuviera compartiendo ese tipo de imágenes que previamente había descargado no era improbable, de allí que estemos ante un dolo eventual en su definición más clásica (cfr. JAKOBS, PG, 8/23; BAGICALUPO, PG, 2da. ed., 2007, p. 324, Nm. 617; asimismo, TC 1 LP, in re “Aguilera”, causa nro. 929/5520). Como destacó el Dr. Paolini, el propio imputado utiliza términos de la jerga que resultan demostrativos que se manejaba en un ámbito que conocía sustancialmente (“uno pincha y se descarga”, donde “pinchar” es cliquear con el mouse según lenguaje propio de la jerga y de conformidad lo ratificara el perito Leyes). Por cierto, el informe de Cibercrimen dice: “Cuando una persona instala un programa de intercambio de archivos, es consciente de que al menos a una carpeta (directorio) en su computadora podrá tener acceso cualquier persona integrante de esa red. Esta es una de las principales características de una red P2P. Todos los archivos de la carpeta compartida del equipo miembro serán ‘visibles’ para los demás componentes de la red” (fs. 7 [se omiten los destacados]). Ello, además, viene reforzado porque el programa eMule tiene una solapa que permite al usuario visualizar las descargas que otros hacen de sus archivos compartidos, algo que conoce cualquier persona sin tener ningún tipo de especialidad y por el simple hecho de operar con dicho programa; tan es así que, la enciclopedia más conocida de internet, de consulta popular y utilizada para obtener información que no requiere conocimientos altamente especializados o de materia de naturaleza compleja, dice al buscar la voz “eMule” y dentro del subtítulo “Conexión cliente-cliente”: “Un cliente eMule se conecta a otro cliente eMule para descargar un archivo. Este archivo se divide en partes que son fragmentadas. Un cliente puede descargar el mismo archivo de varios clientes distintos obteniendo diferentes fragmentos de cada uno de ellos” y agrega lo que aquí nos interesa: “Cada cliente tiene una cola de descarga con una lista de los clientes que están esperando para descargar archivos” (https://es.wikipedia.org/wiki/EMule [consultada el 20/2/2025]).
Como corolario, dándose todos los extremos de la imputación objetiva-subjetiva, cabe atribuirle a Burriel -a título de autor, al ejecutar de propia mano la conducta típica- el delito de divulgación de imágenes pornográficas de menores de edad agravada por tratarse de menores de trece años de edad; correctamente, al compartir las imágenes con un universo indeterminado de personas, se trata específicamente -como dijo el Fiscal- de “divulgar” y no de “distribuir” (cfr. ABOSO, Código Penal, 6ta. ed., 2021, p. 783 y sus remisiones a la jurisprudencia del BGH alemán). En consecuencia, corresponde dictar un veredicto condenatorio respecto de Horacio Jorge Burriel por el delito de divulgación de imágenes pornográficas de menores de edad agravada por tratarse de menores de trece años de edad (art. 128 párr. 1ro. y 5to., CP).
iv. La medida de la pena y las demás consecuencias accesorias La trasgresión es, aquí, “voluntad particular” (HEGEL, Líneas Fundamentales de la Filosofía del Derecho [1820] [trad. Paredes Martín], § 99, en: el mismo, HEGEL II, Gredos, Madrid, p. 108.), dicho en términos modernos: manifestación que no permite anudar a ella la comunicación de modo permanente (JAKOBS, La pena estatal: significado y finalidad [2004] [trad. Cancio Meliá y Feijoo Sánchez], Universidad Autónoma de Madrid, p. 34); un esbozo de realidad que debe ser contradicho con la pena, caracterizando al delito como delito y afirmándose contrafácticamente la vigencia de la norma, de manera que el quebrantamiento se encuentra en un mundo equivocado y la propuesta de cambio –en el sentido de un acto evolutivo– no es aceptada, tal como quedó expresado en el veredicto condenatorio.
La pena, sin embargo, no se agota al simbolizar la contradicción del hecho (JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen zu einer Rechtsphilosophie, Dritte Auflage, Duncker & Humblot, Berlin, 2011, p. 113). Dado que el infractor de la norma, a través de su conducta, no solo ha significado algo, sino que a la vez lo ha configurado en el mundo externo (JAKOBS, Sobre la teoría de la pena [1998] [trad. Cancio Meliá], en: el mismo, Moderna Dogmática Penal. Estudios Compilados, Porrúa, 2da. ed., 2006, ps. 651/652), se elige el “dolor” –en cuanto recorte más o menos intenso de la libertad– como símbolo de la manifestación externa de la contradicción: “también la reacción frente al hecho debe suponer una configuración definitiva, lo que significa que debe hacer imposible de modo efectivo que se anude una conducta a este, convirtiéndose de esta manera en permanente en el mundo externo” (JAKOBS, Ibíd.); brevemente: se trata de contraponer al quebrantamiento de la norma la realidad de la norma (JAKOBS, Ibíd.).
Ciertamente, puede que se vinculen a la pena determinadas consecuencias de psicología social o individual de muy variadas características, pero la pena ya significa algo con independencia de estas consecuencias: significa una autocomprobación (JAKOBS, Sociedad, Norma y Persona en una teoría de un Derecho Penal Funcional [trad. Cancio Meliá y Feijoo Sánchez, el título alemán distinto], en: el mismo, Moderna Dogmática… cit., p. 4).
Por consiguiente, la medida de la pena ha de regirse por el grado de perturbación social generada por el hecho (JAKOBS, La pena estatal… cit., p. 44), lo que, en concreto, alude principalmente al peso de la norma vulnerada y la medida de su vulneración, como a la responsabilidad del autor por su motivación para cometer el hecho, es decir, si esta es completamente asunto suyo, o, por el contrario, puede desgravárselo parcialmente al respecto.
Sentado lo anterior, debe partirse de la idea que el marco punitivo legal suministra una escala de gravedad continua, dentro del cual habrá de clasificarse el supuesto concreto que nos ocupa. Lógicamente, el marco comprende la universalidad de casos posibles, de modo que, el tercio inferior estará reservado para los de mínima gravedad, el superior para los de máxima gravedad y el tercio restante –ubicado entre los otros y construyendo el enlace– para los casos regulares definidos normativamente. iv.a. La Fiscalía pidió como atenuantes la calidad de primario y el buen comportamiento del proceso. La primera habrá de ser aceptada, en razón de que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores así la suele considerar; la segunda, por el contrario, es rechazada al no tener relación con la pena, sino con la coerción procesal, más allá de que no hay efectos prácticos porque la Fiscalía pidió el mínimo de la pena. De este modo, rigiendo la prohibición de exceso jurisdiccional, corresponde fijar el quantum de pena en el mínimo legal, esto es, cuatro (4) años de prisión, con más las accesorias legales (arts. 18, CN; 5, 12, 40, 41, 45 y 128 párr. 1ro. y 5to., CP).
Costas a la parte vencida (arts. 530 y 531, CPPBA).
Decomisar los instrumentos utilizados para cometer el delito (v. reconocimiento de su declaración en IPP, en cuanto al uso solamente de la computadora, pero no del celular), esto es, la notebook marca Compaq Presario junto a su disco rígido, cuatro (4) pendrives, dos (2) disco rígido marca Western Digital y un (1) disco rígido externo marca ADATA del cual se extrae un disco rígido marca HGST (todos secuestrados y cuyo detalle puede consultarse en la pericia de fs. 97 ss.) (arts. 23, CP; 522, CPPBA). Disponer la entrega definitiva al condenado del celular secuestrado en autos por no estar sujeto a decomiso (art. 523 párr. 1ro., CPPBA). iv.b. Por otra parte, la Fiscalía pidió la detención en los términos del art. 371 del rito, al requerirse una pena de efectivo cumplimiento, no obstante ante el pedido de la Defensa consintió su morigeración en los términos indicados precedentemente, por lo tanto, ante la ausencia de litigio y dado que el titular del interés coercitivo considera que no es necesario imponer la medida de coerción más gravosa, corresponde sin más disponer la detención del acusado, morigerando su prisión preventiva en este acto y otorgando su arresto domiciliario con las siguientes condiciones: 1) presentación mensual en la Comisaría de la jurisdicción, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, debiendo aportar las constancias correspondientes ante este Tribunal; 2) realizar una consulta ante la Asesoría Pericial de La Plata a fin de que se evalúe la necesidad de llevar a cabo un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, en cuyo caso, deberá hacerlo ante el profesional que corresponda (arts. 371 párr. último y 163 inc.
1°, CPPBA).
iv.c. Finalmente, corresponderá diferir la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a los abogados que actuaron como defensores particulares, hasta tanto acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y previsionales.
I. CONDENAR a Horacio Jorge Burriel a la PENA DE CUATRO (4)
AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES y costas del proceso, por resultar AUTOR responsable del delito de DIVULGACIÓN DE IMÁGENES PORNOGRÁFICAS DE MENORES DE EDAD AGRAVADA POR TRATARSE DE VÍCTIMAS MENORES DE TRECE AÑOS DE EDAD.
II. DECOMISAR los instrumentos utilizados para cometer el delito y que han sido detallados en los considerandos.
III. DISPONER LA ENTREGA DEFINITIVA al condenado del celular secuestrado en autos.
IV. DISPONER LA DETENCIÓN DEL ACUSADO, MORIGERANDO SU PRISIÓN PREVENTIVA EN ESTE ACTO Y OTORGANDO SU
ARRESTO DOMICILIARIO con las siguientes condiciones: 1) presentación mensual en la Comisaria de la jurisdicción, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, debiendo aportar las constancias correspondientes ante este Tribunal; 2) realizar una consulta ante la Asesoría Pericial de La Plata a fin de que se evalúe la necesidad de llevar a cabo un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, en cuyo caso, deberá hacerlo ante el profesional que corresponda.
PROFESIONALES correspondientes a los abogados que actuaron como defensores particulares, hasta tanto acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y previsionales.
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. Oportunamente, CÚMPLASE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE.
Rigen los arts. 18, CN; 168 y 171, CBA; 5, 12, 23, 40, 41, 45, 128 párr. 1ro. y 5to., cits. y ccs., CP; 22, 106, 371, 373, 375, 522, 523, 530, 531, cits. y ccs., CPPBA.
Fin de la sentencia