Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 2 de Quilmes · Causa 7338
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a Estela del Valle FIGUEROA, quien dijo poseer DNI n° 22.032.358, argentina, nacida el día 17 de diciembre de 1971 en Quilmes, provincia de Buenos Aires, de estado civil viuda, hija de Gabriel Arcángel Figueroa y de Aida Isolina Corvalán, instruida, domiciliada en calle Granaderos de San Martín 1519 de Florencio Varela, de ocupación cuidadora de niños, con prontuario del Registro Nacional de Reincidencia nº U3037230 y de la División Antecedentes Personales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires nº 1415492 Sección AP, a cumplir la pena de PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por resultar partícipe necesaria del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (arts. 45 y 80 inciso 6° del CP), del que resultara víctima su expareja Héctor Jesús Barraza, hecho ocurrido entre la tarde-noche del 16 de enero y el día 17 de enero de 2014 en Berazategui.
2Condenar a Javier Alejandro PONCE LUQUE, quien dijo poseer DNI n° 18.849.979, ser argentino, nacido el día 26 de junio de 1989 en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, de estado civil soltero, hijo de Héctor Ponce y Margarita Luque, instruido, domiciliado en la calle Evaristo Carriego 635 de Florencio Varela, de ocupación empleado de lavadero, con prontuario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires nº 1415551 Sección AP, a cumplir la pena de PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por resultar …
Causa n° 7338
En la ciudad de Quilmes, a los 30 días del mes de octubre del año 2017 reunidos los señores jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal nº 2 Departamental, Dres. Pablo Eduardo Pereyra, Félix Gustavo Roumieu y Ariel González Eliçabe, bajo la presidencia del primero de los magistrados de mención, a fin de dictar VEREDICTO en la causa nº 7338, seguida a Estela del Valle FIGUEROA, Javier Alejandro PONCE LUQUE y Néstor Ramón JARA, por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (arts. 45 y 80 inciso 6° del C. Penal).
Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: Doctores GONZALEZ ELIÇABE – ROUMIEU - PEREYRA, por lo que seguidamente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 371 del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Está probada la existencia del hecho en su exteriorización?
2. ¿Está probada la participación de los procesados en los hechos?
3. ¿Existen eximentes?
4. ¿Se verifican atenuantes?
5. ¿Concurren agravantes?
1. A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Ariel González Eliçabe, dijo:
En los lineamientos iniciales, el Sr. Fiscal Sebastián Videla dijo que habría de acreditar durante el debate que“entre la tarde noche del jueves 16 de enero y la tarde del día viernes 17 de enero de 2014, en un campo de plantación de soja sito en calle 517 y La Trilla del Centro Agrícola El Pato partido de Berazategui, Estela del Valle Figueroa con el concurso premeditado de Javier Alejandro Ponce Luque, Marcela Daiana Luque y Néstor Jara –quien habría recibido por su actividad una promesa remuneratoria por parte de Figueroa- y con la finalidad de obtener la primera los derechos patrimoniales derivados de su condición de única y universal heredera, acervo hereditario que beneficiaría también a Javier Ponce Luque y con el que haría efectiva la promesa remuneratoria efectuada a Jara, provocaron la muerte de Héctor Jesús Barraza producida por asfixia por negro de humo al incinerar el rodado Renault Sandero Stepway propiedad de la víctima a quien habrían introducido mediante violencia en el baúl del mismo, previo provocarle mediante golpes con un objeto contundente un severo traumatismo de cráneo del que da cuenta el protocolo médico legal”.
A momento de alegar, el Sr. Fiscal de Juicio retiró la acusación con respecto a Marcela Daiana Ponce, lo que motivó su absolución por el Tribunal, conforme lo prevé el art. 368 última parte CPP.
Al mantener su acusación respecto de los demás imputados basó sus fundamentos en las siguientes probanzas;
1. Inició la reconstrucción del hecho con el hallazgo de un cuerpo humano calcinado en el baúl de un automóvil, situación que emana de los testimonios de Marcos Sebastián Díaz y el policía Horacio Esteban Vera, quien fuera uno de los primeros en arribar al lugar ubicado en el sector rural del Centro Agrícola El Pato de Berazategui.
Marcos Díaz contó que es ciclista y que acostumbra a participar de competencias de aventura, que para ello salían a entrenar con su grupo de amigos por la zona de El Pato. Dijo que era a mediados de enero y esa mañana cuando recorrían esa zona, cruzando cerca del campo del Club de Golf en sentido hacia la Av. Buenos Aires,divisó un vehículo Renault Sandero prendido fuego, por lo que pasó cerca del rodado, notando que en baúl se veía un cadáver.
Agregó que como encabezaba el grupo les avisó a sus amigos, los que por temor decidieron no acercarse, retirándose todos del lugar, continuando su recorrido hacia Varela, aclarando que ese mismo día no pudo denunciar el hecho, lo que hizo al día siguiente usando su celular. Ante preguntas de la fiscalía, aclaró que si bien ya no había fuego, el hecho parecía reciente por las cenizas. Que si bien era normal toparse con autos quemados sobre la calle que recorrían, este rodado estaba alejado del camino, a unos 300 metros.
Esto se complementa con el relato de Horacio Esteban Vera, policía que acudiera al lugar una vez denunciado el hallazgo.
Contó que por entonces prestaba servicio en la comisaría Quinta de Berazategui, con sede en El Pato. Que eran mediados de enero cuando recibieron el llamado del 911 que comunicaba la existencia de auto prendido fuego en las afueras de El Pato, casi en su límite con Varela, más específicamente en la zona rural, sobre la calle 517, donde no hay casas, que era un domingo y que esa zona esos días está prácticamente desértica.
Dijo que llegaron y cruzaron una tranquera, dirigiéndose a pie unos 300 metros hasta una arboleda en forma de letra L, la que poseía un claro en su centro, donde se hallaba el automóvil con signos de destrucción por fuego, que se extendían sobre un sector de la vegetación. Al describir la escena, contó que había el cuerpo de una persona en el baúl, que atrás había tirada una patente que correspondería al automóvil y un juego de llaves. Que también se visualizaba unas huellas de rodado que iban desde el automóvil hasta la calle Buenos Aires, siendo ese el acceso al campo, desde los fondos de la zona de La Capilla, del partido de Florencio Varela.
Dijo que en la oportunidad lo acompañaba el Oficial Benítez y que luego de llamar a la superioridad para trasmitir la novedad, se quedaron resguardando el lugar.
El Fiscal le exhibió al testigo el acta de procedimiento de fs. 1/2, reconociendo su firma en tal instrumento, así como las fotografías de fs. 3, sobre las cuales el testigo explicó la escena, señalando con exactitud la arboleda donde se hallaba el automóvil y el sentido en que se dirigían las huellas, desde la Av. Buenos Aires hasta el rodado.
Respondió, a preguntas del Fiscal, que ellos ingresaron por la calle 517 a pie, siendo que del otro lado aparecían las huellas, las que pudo seguir hasta desembocar en la Av. Buenos Aires, en sentido para Florencio Varela.
Finalmente y a preguntas de un defensor, fue contundente al señalar que el rodado presentaba incineración total en su parte interior y trasera, que también estaban quemadas las cubiertas, destacando que las huellas terminaban en el auto, aunque no podía aseverar que eran de ese auto, pero que no existían otras huellas distintas que esas.
2. A esos testimonios deben agregarse los elementos incorporados por lectura al debate mediante resolución de fs. 1019/1020 y con los alcances allí expresados, conformeel art. 366 CPP.
2.1. Del acta de procedimiento de fs. 1/2, se desprende que Vera acudió efectivamente al lugar el 19 de enero de 2014, junto con la Oficial Silvana Benítez, tratándose de una plantación de soja, donde constataron la existencia de la camioneta Renault Sandero totalmente incinerada y con un cuerpo calcinado dentro del baúl. Que sobre el piso se encontraba una patente con el dominio KBQ-279.
También hicieron constar que tras llamar a los superiores y mientras resguardaban la escena, notaron la existencia de las huellas de pisado de rodado que partían desde la parte trasera del rodado, las que siguieron por el descampado, recorriendo un total aproximado de 500 metros hasta llegar a la calle La Trilla y la Av. Buenos Aires, donde las huellas se perdían. Que posteriormente y en presencia de un civil que ofició de testigo de actuaciones, los peritos llevaron a cabo las diligencias de levantamiento de evidencias físicas y extracción de fotografías de la escena.
Esto es conteste con el informe del Centro de Emergencias 911 de fs. 56, dando cuenta de la recepción del llamado anónimo, fechado el día 19 de enero de 2014.
2.2. Las fotografías-incorporadas al debate de forma plena-fueron agregadas a fs. 3/4, las que a su vez se complementan con las que obran a fs. 79/80, donde puede apreciarse el campo donde se halló el vehículo quemado, el estado del rodado y la existencia del cuerpo incinerado en su interior, además de la patente y las llaves que se ubicaban sobre el piso, a escasa distancia.
2.3. A fs. 5 y 111 obran sendos croquis ilustrativos, también incorporados en forma plena, destacándose en particular el primero de ellos, que fuera dibujado por el Teniente Vera y donde puede apreciarse el lugar de hallazgo del rodado en el campo de soja, a unos 500 metros de la calle 517.
También se visualizan las huellas a las que hiciera referencia Vera, que iban desde el rodado, recorriendo hasta el lugar de acceso al campo, en la intersección de las Av. Buenos Aires y la calle La Trilla, ya perteneciente al partido de Florencio Varela.
2.4. El informe pericial de rastros se encuentra glosado a fs. 90/108, destacándose en este punto el pasaje obrante entre las fojas 90 a 101, referidas en concreto a las tareas realizadas en el lugar del hallazgo automotor.
En tal oportunidad se tomaron fotografías del lugar y del rodado Renault Sandero, así como del cuerpo incinerado que permanecía en el baúl, que impedía en ese momento dar con la identidad o el sexo del mismo.Se aprecian además en las imágenes la patente y las llaves a las que aludiera Vera, así como también la existencia dos pequeños envases de lubricante para motos. Todos estos elementos constan descriptos en el acta de levantamiento de evidencias físicas agregadas a fs. 107/108.
2.5. La existencia de envases de lubricantes es relevante teniendo en cuenta el informe del Perito en Incendios del Cuartel de Bomberos de Hudson, cuya tarea quedara reflejada a fs. 125/130, donde hizo constar que el rodado se vio afectado totalmente por las llamas, las que se iniciaron del sector de la tapa del tanque de combustible, extendiéndose hacia los sectores adyacentes y desde el exterior hacia el interior del auto, causándose los daños ya descriptos. Tras analizar los rastros e indicios en los restos de pinturas y chapa, llegó a la conclusión de “… haberse producido una combustión limpia enmarcándose una V producto de la primer y gran temperatura emanada del combustible del tanque… del que se destacan ampollas en parte de la pintura producto de que pudo haberse utilizado algún producto derivado del petróleo que pudo haber funcionado como acelerante del proceso ígneo… a partir de la tapa del tanque de combustible… con un elemento de llama libre o abierta… [como ser] mechero, encendedor, fósforos o algún elemento de fabricación casera ayudado por algún producto derivado del petróleo… como acelerante del proceso…”.
El perito dejó constancia que a su arribo ya no se encontraba el cuerpo humano, que había sido retirado por personal de la morgue.
2.6. Corresponde valorar entonces el protocolo de autopsia de fs. 168/169, donde se plasmó que la tarea se llevó a cabo respecto de un cuerpo hasta entonces sindicado como “N.N.”, cuya identidad restaba ser establecida, dejando constancia el médico forense de que se trataba de un cuerpo adulto dada su dentadura, aunque con una talla menor a 1.50m como consecuencia de haberse reducido por efectos del fuego, por lo que correspondía enviarse muestras a análisis por parte de Antropología Forense.
Sin embargo advirtió el autopsiante signos de putrefacción en el tórax, ante el hallazgo de larvas de aproximadamente unos 8 mm de longitud, de las que extrajo muestras para su remisión al laboratorio de Entomología Científica, para su análisis posterior.
Resulta fundamental el análisis sobre la zona toraco-abdominal y del cráneo de la víctima para determinar la causa de la muerte.
Los músculos de la zona del cuello también se hallaban carbonizados, pero que tras ingresar a la vía aérea superior, constató presencia de negro de humo y sangre. En la zona del tórax, notó que los pulmones estaban carbonizados y reducidos, el corazón cocido con sangre coagulada y la presencia de abundantes larvas.
Al examinar internamente el cráneo, el perito advirtió que presentaba “… estallido por sectores; se objetivó a nivel frontal del entrecejo y lado izquierdo un traumatismo que denota hundimiento del entrecejo, fractura horizontal supraorbitaria izquierda y otra vertical que asciende por el frontal… fracturas que impresionan infiltrado vital…”.
El médico dio cuenta, además, que al ser evertida la calota, constató que el cerebro, cocido y duro, presentaba una coloración parduzca, que se correspondería con una “… hemorragia cerebral coincidente con las fracturas descriptas…”.
El perito detalló que ante la presencia de larvas vivas, podía inferir que el cuerpo llevaba días en el lugar donde fue hallado.
Además, las lesiones en el cráneo debían ser analizadas mediante pericia histopatológicas para determinar vitalidad, sin perjuicio de lo cual, la existencia de negro de humo en la vía aérea superior determinaba que al momento de ser prendido fuego, la víctima aún se encontraba con vida.
Por todo ello, concluyó que “… la muerte… se produjo por PARO CARDIORRESPIRATORIO TRAUMATICO secundario a TRAUMATISMO de CRANEO y ASFIXIA por NEGRO de HUMO…”.
2.7. La pericia entomológica de fs. 262/264 pudo establecer a partir de las larvas de mosca verde extraídas del cuerpo en descomposición, que la muerte databa de 3 a 4 días.Dicho término debe ser computado desde el momento de la autopsia, oportunidad en la cual se recolectaron las larvas analizadas, lo que sitúa la fecha de ocurrencia entre los días 16 y 17 de enero de 2014.
El informe histopatológicode fs. 268/272., da cuenta que tras analizar las muestras de la calota craneana y de los tejidos, se pudo establecer que las fracturas en el cráneo resultaban ser vitales y la necrosis denotaba hemorragia cerebral.
La pericia toxicológica de fs. 267/vta., no detectó ningún tipo de drogas o tranquilizantes, conclusión a la que científicamente se llegó tras analizar las muestras de larvas que se alimentaran con el cuerpo en descomposición.
2.8. Valoración de la prueba.
Con los testimonios oídos en el debate ya mencionados, las tareas de investigación en el domicilio del causante y las pericias analizadas, se puede concluir que la afirmación del Fiscal sobre la modalidad de ejecución del hecho ha sido concertada por varias personas, ya que un solo ejecutor no habría podido engañar a la víctima, trasladarla hacia un lugar alejado del domicilio que habitaba, golpearla hasta que perdiera el sentido, ubicarla en el baúl de su propio auto y prenderle fuego en un descampado sembrado con soja, utilizando combustibles derivados del petróleo, donde muriera quemado vivo, quien fuera encontrado varios días después carbonizado en el interior de su Renault Sandero Stepway.
3. La falta de certidumbre sobre la identidad de la víctima se ha dilucidado a partir de las investigaciones llevadas a cabo sobre el automóvil, las que derivaron en los testimonios de familiares y amigos de Héctor Jesús Barraza, elementos que habré de analizar secuencialmente.
3.1. Del informe de la DNRPA de fs. 152 y su complementario de fs. 252, se extrajo que el rodado Renault SanderoStepway se encontraba registrada a nombre de Héctor Jesús Barraza, domiciliado en calle Pedro Morán 359 de Florencio Varela. Este dato permitió localizar a las personas que hubieran tenido trato con el causante.
3.2. En este punto deben analizarse los testimonios de los familiares de la víctima, que vinieran a declarar en las distintas audiencias del juicio oral, quienes dieron cuenta de los últimos días con vida y el entorno que lo rodeaba.
Miguel Angel Barraza dijo ser el hermano de Héctor, a quien vio por última vez el domingo 12 de enero de 2014 en la casa de su madre, donde estuvieron juntos entre 20 minutos y media hora, ya que luego su hermano se retiró.
Que durante esa semana, pasó el día jueves por el frente de la casa de su hermano y notó la puerta entreabierta, que golpeó las manos pero no fue atendido, que luego volvió a pasar el sábado siguiente, advirtiendo que la puerta seguía igual.
Que ya el día domingo y mientras estaban almorzando en su domicilio, se presentó un sobrino y le dijo que parecía que habían entrado a robar a la casa del “Tío Pájaro”, en referencia a su hermano Héctor, por lo que de inmediato se fue hacia el lugar, que queda a unas 8 cuadras. Una vez allí, se encontró con la policía, quienes le anunciaron que estaban allí en razón de una llamada anónima.
Dijo el testigo que pasando por la casa de un vecino, saltaron el paredón e ingresaron al domicilio de su hermano por la puerta entreabierta que tenía el pestillo cerrado, donde notaron que estaba “todo ordenadito”. Que en la habitación las frazadas estaban como si recién se hubiese levantado de dormir, notando que en un cuarto del fondo había dos frazadas y un almohadón en el piso, como una cama improvisada.
Agregó que encontró bajo un cortinado un manojo de llaves en el piso, las que les entregó a los policías, tras lo cual fueron a hacer la denuncia, pensando que había pasado algo muy grave, porque su hermano era muy cuidadoso al cerrar su casa y que jamás hubiera salido sin sus llaves. Manuel Enrique Barraza, también hermano de Héctor Barraza, aportó mayores precisiones en cuanto a los últimos días de la víctima, manifestando que la última vez que lo vio fue el 15 de enero, que tras una charla, su hermano le dijo que se tenía que ir hacia su casa, ya que iba a llegar “la flaca”, en referencia a Estela su señora, acompañada por “gente de la iglesia”, los que se iban a quedar a dormir unos días en su casa, en el piso.
Dijo que esa charla ocurrió a las 4 o 5 de la tarde del día 15 de enero, que lo único que atinó a decirle a su hermano era que se cuidara, que luego no lo volvió a ver, que lo llamaba por teléfono pero no contestaba.
Que finalmente el domingo siguiente se enteró de su ausencia por su otro hermano, quien había ido a la casa con la policía. Que se acercó hasta el lugar pero no ingresó, sino que esperó afuera. Algo similar señaló Rosa Mabel Barraza, otra de las hermanas del causante, quien dijo durante el debate que Héctor tenía una relación fluctuante con su señora, con quien el vínculo era bueno y en otras épocas malo. Para el tiempo en que ocurrió el hecho su hermano estaba tratando de recomponer la relación con su mujer, por lo que se reunían poco, siendo que la última vez que ella lo vio fue el día 14 de enero, cuando ella pasó con su perra por el frente de la casa de Héctor. Dijo que eran cerca de las 16 horas y que tras observar entre las chapas de la reja, advirtió que estaban en el domicilio su hermano Héctor y Estela su mujer, por lo que no quiso interrumpirlo, ya que por lo que ella sabía estaban tratando de recomponer la relación.
Algo similar dijo Antonia Jacqueline Barraza, prima de la víctima, quien también remarcó que Héctor intentaba recomponer la relación con su mujer, a quien amaba y siempre la iba a buscar para llevarla a algún lado a pasear y comprarle cosas o ropa en la feria. Esta mujer, al igual que Rosa, contó que su último encuentro con su primo fue el 14 de enero de 2014.
3.3. En igual sentido se expresó Nelly Susana Gari, vecina de la víctima, quien ante el Tribunal dijo sin dudar que el día miércoles 15 de enero de 2014 pasó en bicicleta por la puerta de la casa de Héctor Barraza, siendo las 7.30 horas aproximadamente, advirtiendo que en el lugar estaba la mujer, quien hablaba con un sujeto morocho, al que vio de espalda. Dijo que al ver a la esposa de Héctor de nuevo en la casa, se puso contenta, ya que sabía que estaban separados y que allí creyó que se habían “arreglado”.
3.4. De este modo, se aprecia que la desaparición de Héctor Jesús Barraza resultó contemporánea con el hallazgo del cuerpo en el interior del Renault Sandero de su titularidad, lo que permitió inferir que se trataba del mismo.
Completando este pasaje de la investigación, debo agregar la fotocopia color de documento de identidad agregada a fs. 117, aportado por uno de los hermanos de la víctima, donde se aprecia que corresponde a Héctor Jesús Barraza.
Finalmente, la identidad fue verificada a través del peritaje de cotejo de ADN obrante a fs. 202/210, al que fueron sometidos los restos calcinados, comparados con muestras obtenidas de Miguel Angel Barraza y Manuel Barraza, además de su madre Yolanda del Carmen Castillo. Tras los análisis de rigor, el perito concluyó que había una probabilidad de 99.999999 % de que la Sra. Castillo sea la madre de la víctima. Asimismo, determinó que existían lazos de hermandad entre la persona calcinada y Miguel y Manuel Barraza.
No caben dudas, entonces, de que el cuerpo pertenecía a quien en vida fuera Héctor Jesús Barraza.
4. La extensa prueba valorada me lleva a tener por acreditada la existencia del hecho según se describiera al inicio de este acápite, según mi sincera convicción por los fundamentos dados, votando por la afirmativa a esta cuestión.
A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Félix Gustavo Roumieu, dijo:
Adhiero al voto de mi colega González Eliçabe, por ser mi convicción.
A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Pablo Eduardo Pereyra, dijo:
Adhiero al voto de mi colega González Eliçabe.
Rigen los artículos 210, 371 inc. 1 y 373 del Código de Procedimiento Penal.
2. ¿Está probada la participación de los procesados en el hecho?
La Fiscalía ha puesto la autoría del hecho en cabeza de Estela del Valle Figueroa, Javier Alejandro Ponce Luque y Ramón Néstor Jara, basándose en los testimonios oídos en el debate y las pruebas colectadas durante la instrucción y que fueran incorporadas al debate por lectura. Entendió que existió un concurso premeditado de los tres acusados, llegando incluso el imputado Jara a recibir una promesa remuneratoria. Que en este marco de actuación, que entendió funcional al fin perseguido, provocaron la muerte de Héctor Barraza, a quien le asestaron un golpe en el cráneo para luego, ya indefenso, colocarlo en su rodado, al que finalmente prendieron fuego, lo que derivó en la muerte por asfixia de la víctima. El Fiscal sostuvo su postulado a partir del interés manifiesto que, según los testigos y la prueba incorporada, habría demostrado reiteradamente la imputada Estela Figueroa, por los bienes de su marido Héctor Jesús Barraza, tanto en lo referente a propiedades y otros bienes, como a hacerse beneficiaria del seguro de vida y de la pensión que la víctima ostentaba, en su carácter de Veterano de la guerra de Malvinas.
Para ello, se basó en las intervenciones telefónicas que dan cuenta que las primeras acciones de Figueroa fueron destinadas a satisfacer su interés económico.
Asimismo, consideró que la mujer resultaba indispensable para el entramado del ardid o engaño a la víctima, toda vez que mantuvo a Héctor Barraza a su lado con falsas promesas de recomponer la relación sentimental, aprovechándose del amor que la víctima le tenía, ya en momentos en que la mujer se encontraba en pareja, en una relación paralela con el imputado Javier Alejandro Ponce Luque, por quien estaba dispuesta “a hacer cualquier cosa”, según lo dijera Jaqueline Barraza.
Citó además que la víctima le había manifestado a uno de sus hermanos que su mujer -como todavía consideraba a Estela Figueroa- iba a traer a “una pareja de la iglesia”, para quedarse unos días en la casa de Héctor Barraza, en ese intento de recomposición de la relación. Sumó en este punto la veracidad de la presencia de personas ajenas a la pareja en la vivienda, en virtud del hallazgo de una muestra pilosa en la cama improvisada en el segundo dormitorio, donde habría pernoctado la “parejita de la iglesia”, muestra que sometida a peritajes de ADN, permitió corroborar que pertenecía al imputado Javier Alejandro Ponce Luque, quien en realidad mantenía la relación paralela con la mujer de la víctima.
El Fiscal se ocupó de reconstruir los días previos al último en el cual la víctima fue vista con vida (vgr. jueves 16 de enero de 2014).
Dijo que el martes 14 de enero, vecinos y amigos tuvieron conocimiento de que Estela Figueroa se hallaba conviviendo nuevamente con Barraza, sea por dichos de la misma víctima o por haberla visto en la vivienda. Que esto también se corroboró por parte de una vecina -Gari- que la mañana del miércoles vio a Figueroa en la casa, hablando con un muchacho que se hallaba en la vereda. Ese mismo día, la víctima le dijo a su hermano Manuel que su mujer estaba en la casa y “se iban a arreglar”.
Ya el día jueves en horas de la tarde, dos testigos alcanzaron a ver por última vez a Héctor Barraza, quien se desplazaba a bordo de su camioneta Sandero Stepway. El primero de ellos, Morinigo, lo vio en un horario que comprendía entre las 14 y 15 horas, acompañado por un masculino que, por su características físicas, sería el aquí imputado Ponce. El restante testigo, de apellido Jaimes, lo había visto a las 18 horas aproximadamente, esta vez acompañado por su mujer Estela.
Posteriormente, el representante de la vindicta pública valoró la conducta sospechosa de los acusados, posteriores a la desaparición de Héctor Barraza.
En este contexto, dijo que resultaba llamativo que tras intervenirse los teléfonos de Estela y Ponce, se logró establecer que el día viernes [17 de enero de 2014] no existieron comunicaciones entre ellos, quienes incluso cambiaron sus CHIP celulares, con la excusa de haberles sido sustraídos, aunque continuaron utilizando los mismos equipos móviles, a la luz del informe que emana de VAIC y que da cuenta que se trataba del mismo IMEI -identificador del aparato- en ambos caso, siendo que los imputados “solo cambiaron el número de línea”.
Finalizando este pasaje, reconstruyó el fin de semana siguiente, que va desde el sábado, primera observación del automóvil quemado, hasta el domingo, día en el cual fue hallado por el personal policial. En la misma oportunidad, los familiares de Héctor notaron su ausencia y se dirigieron a su casa, la que estaba abierta.
Luego de todo ello, el Fiscal se refirió al análisis de comunicaciones de intercambios telefónico entre los implicados y sus familiares, dando cuenta de la ocurrencia de los hechos. Con tales elementos, dijo poder tener por cierto los hechos, dada la existencia y vínculo de todos los involucrados, tanto entre sí como con la víctima, los intereses que perseguía cada uno con la muerte de Héctor Barraza y la cercanía existente entre los lugares de habitual concurrencia y estadía de aquellos y el del hallazgo del cuerpo sin vida.
El abogado Leibson, en su rol de defensor de confianza de Javier Alejandro Ponce Luque, cuestionó la descripción de los hechos alegada por la fiscalía, así como también la pretendida autoría que se le endilgara a su asistido.
Iniciando su planteo, alegó que a su criterio existió una violación al principio de congruencia, al afirmarse en la acusación conjeturas que no se relacionarían con el factum.
Propugnó, en virtud de los arts. 211 y 234 CPP, la exclusión probatoria de los dichos atribuidos a Ponce por el personal policial, así como las afirmaciones que habría efectuado su madre. En este acápite, cuestionó a su vez el accionar policial, desplegado al momento de interrogar y corroborar los presuntos dichos que se le atribuyen a Ponce, los que consideró que podrían verse alcanzados por la previsión del art. 142 inc. 4° CPenal, además de ser obtenidos en violación del art. 18 CN.
En ese sentido, citó la doctrina del fruto del árbol venenoso e impugnó las pruebas que derivan de ello, al considerar que la policía obró en exceso de sus facultades que emanan de los 294/297 CPP.
Subsidiariamente, cuestionó la figura penal del art. 80 inc. 6 esbozada por la Fiscalía, haciendo sus propias consideraciones al respecto, en virtud de lo cual consideró que no se verifican los datos objetivos y subjetivos que la misma requiere.
También cuestionó la validez de la prueba citada por la fiscalía y que obra en el legajo fiscal reservado, los que considera no incorporadas por lectura al debate y aduciendo que le resulta novedosa la existencia de escuchas, las que entiende que no forman parte de la prueba para poder sustentar la acusación.
Debo dejar en claro que no tiene nada de novedosa la prueba que la Fiscal de Instrucción, el Juez de Garantías y la Excma. Cámara de Apelación de Quilmes valoraron en la etapa preliminar sin agravio de la defensa.
Finalizando su alegato el Dr. Leibson, cuestionó los testimonios de cargo y la pretendida probanza de los presupuestos de autoría o coautoría que el acusador le asigna a su pupilo en los términos del art. 45 CP, así como el móvil económico en el cual el Fiscal enmarcó los hechos. En este sentido, dio su versión sobre el posible origen del elemento piloso de su asistido que fue hallado en el domicilio de la víctima y consideró que, no podría ser determinante para un hecho tan grave, por todo lo cual solicitó la libre absolución de Javier Ponce Luque.
Esta versión no ha sido fundada por la defensa, no habiendo cuestionado la pericia de cotejo de ADN, positiva para su asistido, pues considera que no puede condenárselo por un pelo. A su turno, el Defensor Oficial Tranquillini, quien asistió técnicamente a Ramón Ernesto Jara, solicitó la absolución.
Para ello, dijo que no se determinó con certeza y más allá de toda duda razonable, que los hechos ocurrieran materialmente del modo y con los intervinientes que alegara la Fiscalía, que tiene la carga de la prueba.
Reiteró que, a su criterio, no se demostró ni la materialidad ni la premeditación de tres personas, menos que uno de ellos actuara por una promesa remuneratoria, sino que sólo que probó que “alguien” dio muerte a una persona para luego colocarla en el baúl y prenderle fuego en el lugar donde fuera encontrado, desconociéndose circunstancia de tiempo, modo y lugar, así como si fueron uno, dos o tres los implicados.
Hizo su propio análisis de la prueba rendida en debate y la incorporada, concluyendo que de ella sólo se podía extraer que la víctima estuvo con algunas personas días previos a su desaparición, pero desde que ocurriera la misma hasta el día de su hallazgo, nada se podía reconstruir. Agregó que del conjunto de la prueba no puede acreditarse si fue uno o varios, ni mucho menos que Jara haya sido autor o coautor, máxime considerando que nadie lo mencionó junto a Barraza.
Cuestionó, en particular, la validez de las manifestaciones que le fueron atribuidas por los policías a su asistido Jara, así como también los entrecruzamientos telefónicos. Respecto a los primeros, aseveró que no podía develarse si los dichos fueron libres o bajo coacción, ante la inexistencia de testigos ajenos a la fuerza, los que por otra parte, sólo podrían conducir a su exclusión probatoria en virtud de la garantía de incoercibilidad, dispuesta para evitar que una persona se auto incrimine.
Citó para ello el art. 308 CPP y jurisprudencia que a su criterio resultaba aplicable al caso (Fallo de la Sala 3ra del Tribunal de Casación Penal en causa n° 6473, de fecha 22/9/11), por todo lo cual entendía que tales manifestaciones fueron obtenidas por fuera del marco legal y en contraposición de lo que emana del art. 298 inc. 8vo CPP -texto según ley 13.943-, en tanto prohíbe al personal policial dejar constancia de los dichos del imputado, los que no deberán ser documentados ni podrán ser utilizados como prueba en el debate, siendo irrelevante si fueran o no espontáneos.
En cuanto a las escuchas, consideró que no constituyen prueba introducida legalmente en debate, toda vez que considera que las piezas obrantes en el legajo reservado no forman parte del plexo probatorio que puede ser utilizado por la fiscalía, en virtud de la resolución de prueba del Tribunal, obrante a fs. 1019/1020, que las colocó dentro de los alcances previstos por el art. 366 párrafo 4° CPP, incorporándolas al sólo efecto de verificar contradicciones, por lo que de entenderse su valoración se tornaría ilegal y contraria al mentado art. 366 CPP. Finalizando su alegato, dijo que los informes del VAIC nada probaban y que aquellos elaborados por el actuario judicial durante la instrucción revestían carácter testimonial, sin haber sido confrontados por la defensa y en los que se habrían consignado presuntos dichos autoinciminatorios, estando entonces prohibida su transcripción, en aras de asegurar el derecho de defensa.
Concluyendo, dijo que al no haberse acreditado el modo de comisión ni la forma alegada por el Fiscal, así como tampoco los intervinientes, al no estar a su criterio incorporadas las escuchadas ni acreditadas con pericia de voz, sólo se podía absolver a su asistido Ramón Ernesto Jara. El párrafo 4º del art. 366 del CPP tiene otras excepciones además de la invocada por la defensa, por lo que transcribiré la parte pertinente donde dice: “… al sólo efecto de verificar sus contradicciones, incongruencias u omisiones, sin que pueda suplirse la versión oral por la documentada.” No pueden interpretarse en forma parcial las normas legales, sino en su integridad.
Los testimonios de los policías Bauza y Romero fueron recibidos durante el debate, por lo que no se trata de versiones escritas que pretendieran introducirse por lectura.
Además las escuchas telefónicas fueron valoradas por ellos en la pesquisa y sólo se transcribieron en el legajo reservado del Fiscal, que dejó de serlo cuando la causa se elevó a juicio, quedando a disposición de la defensa, tanto los legajos como la caja de CD con más de 4.500 escuchas, que nadie solicitó para cotejarlas con las transcripciones de los diálogos más útiles que integran la prueba de informes, que el art. 366 del CPP admite introducir plenamente. Finalmente, tomó la palabra el abogado Maciel, defensor de confianza de Estela del Valle Figueroa, quien cuestionó la personalidad ambiciosa que le fue atribuida por los testigos a su asistida, señalando lo que a su criterio serían extremos que mostraban su desinterés por los bienes materiales de su marido, pese a corresponderle la mitad de aquellos por ser gananciales y de llevar 6 años separada de aquél.
Cuestionó, asimismo, el rol de ideóloga que la fiscalía le endilgaba a Figueroa, basándose en informes obrantes en una incidencia de morigeración, en virtud de lo cual consideró que su asistida padece una enfermedad incapacitante que no le permite comprender “muchas cosas”. Que dicha afección sería la secuela crónica que derivara de un problema de meningitis que la atacó en el año 2011 y a partir de lo cual se vio disminuida su capacidad motora, cognoscitiva e inmunológica, que la posicionó con falencia para el aprendizaje y en la imposibilidad de pedir auxilio.
En este contexto, argumentó que su asistida no posee la capacidad para especular, diagramar u ordenar los hechos que se le endilgan, dada la anomalía cerebral que le afecta su faceta neurológica.
Más allá de tales consideraciones, cuestionó los testimonios de cargo en cuanto posicionan a su asistida como una persona interesada, adhiriendo en lo demás a los planteos de sus colegas defensores, en cuanto a la falta, a su criterio, de comprobación de los roles asignados por la Fiscalía y la promesa dineraria alegada por aquél.
Resaltó que su asistida tenía derecho patrimonial para tomar el control de la vivienda en la que había residido con su marido.
Finalmente, destacó que también a su criterio se verificaba una evidente orfandad probatoria y que las glosadas en el legajo reservado de fiscalía carecían de validez en el juicio, por todo lo cual solicitaba la libre absolución de Estela del Valle Figueroa, por no haberse acreditado los extremos del art. 80 inc. 6° CP.
La defensa de Estela del Valle Figueroa hizo un diagnóstico médico sin respaldo científico pues no se le ha hecho a la encartada ningún examen psiquiátrico ni neurológico que ingresara como prueba para avalar una afirmación meramente argumentativa. Sólo consta en el informe médico que padecía migraña.
Su adhesión a las objeciones manifestadas por los codefensores ya han sido respondidas someramente y serán materia de análisis detallado más adelante.
Ahora bien, analizada la prueba aportada al juicio, debo adelantar que comparto parcialmente el planteo fiscal, en cuanto a la participación de los tres acusados en el hecho que se les ha imputado, aunque con un grado menor a aquél que esbozara el acusador público, en base a los siguientes elementos que, según mi convicción, resultan hábiles y merecen ser valorados en esta instancia:
1. En primer lugar, debo considerar los testimonios que colocan a Estela Del Valle Figueroa y a Néstor Javier Ponce Luque acompañando a la víctima tanto el día de su desaparición, como los días previos, pernoctando incluso en la vivienda de Héctor Jesús Barraza.
1.a. Manuel Barraza dijo que vio por última vez a su hermano el día 15 de enero entre las 4 y las 5 de la tarde, cuando mantuvieron una conversación, la que interrumpió la propia víctima, confesándole que se tenía que ir a su casa, ya que iba a llegar “la flaca”, en referencia a Estela su mujer, quien estaría acompañada de “gente de la iglesia que se iba a quedar a dormir en su casa, en el piso”.
Contó este testigo que sólo atinó a decirle a su hermano que tuviera cuidado, porque temía que le pasara algo.
1.b. Esto concuerda con los dichos de Miguel Angel Barraza, quien ingresó al domicilio de su hermano Héctor junto con la policía, el domingo siguiente a su desaparición.
En lo que aquí importa, mencionó que accedieron a la vivienda y notó que todo permanecía ordenado, que en la habitación de su hermano las frazadas estaban dispuestas de modo tal que parecía que recién se habían levantado de dormir.
Destacó que en la habitación ubicada en el fondo había dos frazadas y un almohadón, que indicarían su utilización como un lecho improvisado.
En este punto debo mencionar la segunda parte de la carpeta de recopilación de informes periciales agregados a fs. 88/115 y que se incorporara por lectura al debate, como ya se expresara en la cuestión anterior. En las fs. 102 y siguientes, los peritos en rastros hicieron constar que concurrieron al domicilio de Pedro Morán n° 359 de Florencio Varela, por disposición de la Fiscalía que investigaba el caso. Que una vez allí, no observaron desorden ni faltantes, obteniendo imágenes de los distintos ambientes de la edificación.
En la fotografía superior de fs. 105 puede apreciarse claramente las frazadas y almohadón a las que hiciera referencia Miguel Barraza, siendo evidente que fueron utilizadas como una cama improvisada para ocasionales huéspedes que se alojaban en la vivienda.
Esto concuerda con el relato de Manuel Barraza, quien supo por la propia víctima que albergaría a personas extrañas a pedido de su mujer Estela Figueroa, quien ese día había vuelto a convivir con él en pos de “recomponer la relación”.
1.c. Según los mismos testigos, a los que se suman los dichos de los demás familiares, la víctima y Estela estaban separados desde hacía unos 6 o 7 años, por lo que resultaba muy conveniente para sus designios, que la mujer mostrara intenciones de reconciliarse con la víctima, justo en los días previos a su desaparición y posterior hallazgo sin vida.
Nótese que, además de Miguel y Manuel Barraza, su otra hermana y demás familiares y amigos, mencionaron que estaban separados, por lo que al enterarse de que “iban a volver”, se alegraron e intentaron mantenerse al margen para no entorpecer la reconciliación. Esto fue expuesto además por Rosa Barraza, quien contó que el día 14 de enero cerca de las 16 horas pasó por la casa de Héctor y al ver entre la reja notó que se hallaba acompañado de su mujer Figueroa. Que como ya habían sido informados por su hermano de que pretendía recomponer la relación, no quería interrumpir en nada.
La testigo fue contundente al manifestar que la víctima amaba a Estela Figueroa y que hasta el último minuto que lo vio, él se mostró esperanzado en volver con ella.
También se expresaron en igual sentido Sergio Alberto Ibarra, amigo de la víctima, quien contó que pese a vivir desde hace años en el sur, volvía regularmente a Buenos Aires a visitar a su familia y amigos, entre ellos a Héctor.
En lo que aquí importa, mencionó que a lo largo de los años visitó a su amigo, entre 3 o 4 veces al año, que Héctor siempre estaba solo. Que pese a que la víctima estaba separada de la mujer desde hacía mucho tiempo, siempre se mostraba muy enamorado de ella e ilusionado de volver a su lado.
Dijo que Héctor le confesó que siempre que él le entregaba a su exmujer dinero se veían, que esas veces ella accedía a salir a tomar algo con la víctima. Que como esa situación le parecía mal al deponente, aconsejaba a su amigo que se buscara una nueva mujer, “ya que ella ya tenía nueva pareja”.
Esto demuestra que era conocido que la imputada Estela del Valle Figueroa tenía otra relación conocida por varios de los testigos, pese a lo cual mantenía a la víctima seducida y esperanzada, en pos de satisfacer sus propios intereses económicos y los de su nueva pareja.
2. Es evidente que la víctima sufría por el desprecio de su exmujer, quien sólo se interesaba en él cuando recibía la cuota alimentaria, para luego continuar Estela del Valle Figueroa su relación con su nueva pareja, lo que surge claramente de los testimonios de Antonia Jacqueline Barraza, Elizabeth Del Carmen Matto y Yesica Paola Fernández.
Antonia Jaqueline Barraza dijo ser prima de Héctor y amiga de la imputada Estela Figueroa, relación de amistad que perduraba aún pese a la separación entre ellos. Contó que si bien estaban separados, su primo y su exmujer tenían muy buena relación, que incluso Figueroa le contaba que él siempre la iba a buscar para llevarla a algún lado y comprarle cosas, como ser ropa.
Dijo que Figueroa no quería recomponer la relación ya que tenía una nueva pareja, de nombre Alejandro, con quien estaba conviviendo.
Contó que aún así su primo quería volver con Estela, pero que su amiga no tenía la misma intención, que ella estaba dispuesta a hacer todo lo que sea para estar con Alejandro, a quien Figueroa describía “como el amor de su vida”.
Recordó que luego de la separación de la víctima y Estela, a su amiga le conoció otras parejas, pero que más allá de ello Héctor siempre le pasaba dinero, todos los meses, que cuando eso ocurría, su amiga le contaba que se “veían o encontraban”, que incluso en la última oportunidad llevó a Estela a la feria a comprarle ropa por su cumpleaños, que había sido en diciembre. Tal situación se mantuvo hasta semanas previas a la muerte de Héctor Barraza, lo que no podía ser desconocido por Alejandro (Ponce Luque), quien era la nueva pareja de Estela Figueroa que incluso convivía con ella.
Ante preguntas de la defensa, Antonia Barraza respondió con total sinceridad, al momento de expresar que a Estela no la veía interesada en Héctor, que si bien él estaba muy enamorado de ella, a Estela no le interesaba lo que él sentía, sólo se mostraba interesada por la plata, quería “todo para ella”, que por esa razón le mentía y le mantenía viva la esperanza que volverían a estar juntos.
Elizabeth Matto, sobrina de la víctima, contó momentos que presenció cuando acompañaba a su tío a entregarle la cuota alimentaria a Estela.Dijo que acompañó varias a su tío a llevarle el dinero a Estela, que siempre se encontraban en la esquina o a unas cuadras de la casa de la exmujer, que él le entregaba el dinero y ella le firmaba un recibo.
Contó que le llamaba la atención que su tío no llegara hasta la casa de su exmujer y se lo preguntó, respondiéndole aquél que “no quería que le rompieran la bolas la familia de ella”. Al referirse a la última vez que vio a su tío con vida, dijo que fue el miércoles previo a su muerte, lo que concuerda con el resto de los testimonios ya valorados.
Continuando su alocución y a preguntas sobre la última vez que vio a Estela, contó que fue el día en que ella ingresó a “barrezatos” a la casa de su tío Héctor, tras el fallecimiento de aquél. Dijo que ese día Estela estaba acompañaba de varias personas, a las que definió como “matones”, señalando que entre ellos estaba Javier Luque.
Posteriormente y ante preguntas de la defensa, la testigo se mantuvo incólume al sindicar que Ponce Luque acompañaba en esta oportunidad a Figueroa, cuando trataba de tomar posesión de la vivienda que había pertenecido a su tío.
Aclaró que antes nunca había visto a Javier Luque, que sólo había escuchado que era la nueva pareja de Estela y que en esa oportunidad lo conoció.
La circunstancia es coincidente con la denuncia de fecha miércoles 26 de Marzo de 2014 a las 17 hs donde Rosa Mabel Barraza se presentara a declarar en la Comisaría, que luce a fs. 251, incorporada por su lectura al debate.
Completa este pasaje el relato de Yesica Paola Fernández, quien además se refirió al ingreso de la imputada a la casa de su exmarido, tras el fallecimiento. Contó que cuando llegaron ella permaneció afuera, que pudo ver salir a Estela con su pareja y los familiares de aquél. Lo único que le pedía a la mujer de su tío era que no se llevaran las cosas que habían pertenecido al difundo, porque vio cómo cargaban mochilas y bultos con cosas de la casa en la que se habían metido..
Finalmente, destacó que Estela nunca se mostró preocupada ante la desaparición de Héctor Barraza, ni se acercó a su exsuegra -madre de Héctor- para ver si necesitaba algo, sino que sólo atinó a realizar averiguaciones para garantizarse el cobro de la pensión.
3. La falta de interés manifestado por el paradero de la víctima ha sido corroborado por todos los testigos que dijeron que la mujer estaba junto a la víctima los días previos a su desaparición y muerte.
3.1. Luis de Jesús Jaimes dijo ser amigo de la víctima, agregando que lo conocía desde hacía tiempo y que sabía que Estela Figueroa era o había sido la esposa de él, a la que había visto una o dos veces.
Al referirse a la última vez que vio a Héctor, dijo que fue el día 16 de enero de 2014 entre las 17.30 y 18.30 aproximadamente. Que la víctima transitaba con su Renault Sandero por la calle Pedro Morán, entre Pereyra Lucena e Iglesia, estando acompañado por su esposa o exesposa. Al precisar ese momento, contó que si bien el auto estaba en movimiento, pudo echar un vistazo a la mujer, que era flaquita y tenía el pelo de color “medio rubiecito”, que para él se trataba efectivamente de la esposa, ya que la había visto con él en su casa.
Ante repreguntas, ratificó que tenía la certeza de que se trataba d la mujer de Héctor Barraza, que alcanzó a verle la carita, agregando que la mujer viajaba como acompañante.
3.2. Marcos Federico Morinigo, también amigo de la víctima quien fue preciso al indicar que trabajaba de remisero y que la última vez que se cruzó con Héctor fue ese mismo día 16 de enero en Las Heras y Río Hondo, a las 2 de la tarde más o menos. Que estaban ambos detenidos en el semáforo del lugar, que los autos estaban enfrentados y podía ver a través del parabrisas del rodado de su amigo. Que le hizo señas de luces, pero que Héctor no lo saludó e iba con los vidrios laterales levantados, lo que le llamó la atención.
Dijo que sus autos estaban a escasos 5 metros y que pudo ver que Héctor estaba acompañado por un hombre que estaba sentado a su lado.
Al describir al sujeto, contó que era morochito y tenía el pelo con raya al medio, de unos 28 a 30 años, destacándose que su rostro estaba “todo como con pocitos”, en clara alusión a marcas de picaduras o lesiones de acné.
Este testigo declaró nuevamente en una jornada posterior, en la cual realizó un directo señalamiento del imputado Javier Alejandro Ponce Luque, a quien previo a ponerse de pie, indicó en la sala de audiencias al encartado como el sujeto que acompañaba a Héctor Barraza la última vez que lo vio con vida.
Tal reconocimiento fue cuestionado por el defensor Leibson, quien dijo que Morinigo había declarado durante la instrucción que no estaba en condiciones de reconocer al sujeto, pero que en la audiencia y a expensas de preguntas de la fiscalía realizó un reconocimiento expreso, habiendo ya tenido la oportunidad de observar a los imputados, quienes estaban presentes en la sala durante su anterior declaración.
Alegó que dicha intervención fue por pedido del Fiscal, quien motivó una evocación en el testigo que no resultaba ser una ampliación de su declaración, sino que importaba una producción de prueba viciada para el procedimiento constitucional, ya que a su criterio atentaba contra el art. 211 CPP y quebrantaba lo dispuesto por el art. 257, del mismo cuerpo legal, toda vez que el acusador pretendió sustituir con ello la producción de una prueba cuyo tiempo para su realización ha preclúido.
El planteo del defensor Leibson fue resuelto durante el debate mismo por parte del Tribunal, por lo que no merece una nueva valoración en esta instancia, ya que no se trató de una rueda de reconocimiento y el art. 257 del CPP no lo invalida, pues fue hecho durante el testimonio ante el Tribunal y previamente había descripto al encartado según establece el art. 258 del CPP, Volviendo al relato de Morinigo, el testigo mencionó haber realizado un dictado de rostro del acompañante de Barraza. Este pasaje se complementa con el dibujo agregado a fs. 30 del legajo Fiscal, el cual fuera incorporado al debate a los fines de verificar, entre otras cosas, omisiones en que podría incurrir un testigo por el transcurso del tiempo (art. 366 CPP).
En el dibujo confeccionado el día 24 de enero de 2014 -pocos días después de la muerte de Barraza-, se puede apreciar los rasgos descriptos por el testigo, siendo estos similares a las facciones de Ponce Luque.
Debe considerarse que el dato de las secuelas de picaduras o de acné en el rostro del imputado, es relativo pues con el tiempo las marcas pueden desaparecen o se atenúan. Allí se hizo constar que el sujeto era efectivamente morocho y de cabellos oscuros, de unos 35 años.
En las postrimerías del debate, al hacer uso de la palabra el imputado Ponce Luque, sólo dijo en su defensa que nunca tuvo raya al medio ni tiene la cara poceada.
No puede tomarse la forma del peinado de una persona como un signo permanente de su descripción, volcada al dibujante poco después del hecho, en las circunstancia que describe, bajo juramento, un testigo hábil.
3.3. Nelly Susana Gari, ante el Tribunal manifestó que era vecina de Héctor Barraza, alcanzando a conocer por ello a Estela Figueroa, esposa de la víctima y a quien viera en la casa de aquél el miércoles 15 de enero de 2014, a las 7.30 de la mañana.
En lo sustancial, dijo que ella pasó en su bicicleta por el frente de la casa de la víctima, notando que estaba la puerta abierta y que allí se encontraba la mujer, hablando con un señor morocho, a quien si bien lo vio de espalda, notó que era morrudo y más alto que ella, que era bajita, que por su aspecto sería de una edad cercana a los 34 años.
Para determinar la identidad de los acompañantes de Estela del Valle Figueroa en la casa del occiso durante los días inmediatamente anteriores al hecho, deberemos basarnos en las pruebas científicas obrantes en la causa.
4. Todos estos testimonios deben ser valorados conjuntamente con la prueba científica incorporada plenamente por lectura al debate, en los términos del art. 366 CPP.
a) En primer lugar, corresponde analizar el informe de la División Química Legal, agregado a fs. 275/277, en el cual se hizo costar el análisis de filamentos pilosos que fueron hallados en la vivienda de la víctima.
Las muestra D1 se correspondía con pelos encontrados en la almohada de la habitación principal, luego se mencionó la existencia de muestra G6, tratándose de pelos hallados entre las sábanas de la habitación secundaria. La sábana ajustable de dos plazas color verde rotulada como muestra D2, obtenida del único dormitorio de la casa, presentaba vestigios de sangre humana del grupo sanguíneo 0 (cero).
Atento a la disposición de la vivienda, cuyo croquis y fotografías obran a fs. 102/105 y 115, respectivamente, se interpreta que la muestra G6 fue obtenida de la habitación del fondo donde se improvisó el lecho para que pernoctara la “parejita de la iglesia” que Héctor dijo que albergaría a pedido de su esposa.
b) Ahora bien, tales muestras fueron sometidos a análisis comparativo de ADN, respecto de las personas sospechadas como posibles intervinientes en el ilícito, cuyos resultados quedaron expuestos en el informe de fs. 840/853, complementado por las imágenes de fs. 854/864, que avalan el procedimiento.
En dicho examen se compararon los cabellos secuestrados con muestras obtenidas de Estela del Valle Figueroa, exesposa de Héctor Barraza, y de Javier Alejandro Ponce Luque, con quien Figueroa mantenía una relación paralela al momento de la muerte de la víctima.
Resulta contundente tal informe pericial, que da cuenta que “… DE LA MUESTRA IDENTIFICADA COMO… D1 FILAMENTO PILOSO… SE HA OBTENIDO UN PERFIL GENETICO FEMENINO, UNICO Y COMPLETO QUE PRESENTA IDENTIDAD PARA MARCADORES AUTOSOMICOS CON LA MUESTRA INDUBITADA ATRIBUIBLE A ´FIGUEROA ESTELA DEL VALLE´…”.
Más adelante, el perito hizo constar además que “… DE LA MUESTRA IDENTIFICADA COMO… G6 FILAMENTO PILOSO… SE HA OBTENIDO UN PERFIL GENETICO MEZCLA DE AL MENOS DOS INDIVIDUOS. NO SE PUEDE EXCLUIR A ´PONCE JAVIER´COMO DONANTE DE DICHO MATERIAL GENETICO…”.
En base a esto último, el perito bioquímico destacó que en “… EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL HAPLOTIPO DEL CROMOSOMA Y LAS MUESTRAS IDENTIFICADAS COMO ´PONCE JAVIER´ Y LA MUESTRA… ´G6 FILAMENTO PILOSO´, PERTENECEN A LA MISMA LINEA PATERNA…”. La sábana ajustable de 2 plazas color verde, rotulada como muestra D 2 presentaba vestigios de sangre humana que sometidas a la pericia de ADN detallada a fs. 852, al ser cotejadas se corresponden con las muestras extraídas a ´NN cadáver´, o sea a Héctor Jesús Barraza, según previamente ya se determinara cotejando con sus familiares.
Ello, sumado a los numerosos testimonios, acreditan que Estela Figueroa estuvo en la casa de la víctima en los días previos a su desaparición, donde también pernoctaba Javier Alejandro Ponce Luque, quien lo hacía en el lecho improvisado en la habitación de huéspedes, según se consignara en los informes.
Estas pericias científicas son concluyentes, las que se completan con el informe de ADN de fs. 928/932, no han sido cuestionadas por ninguna de las defensas.
c) Todo esto se completa armoniosamentecon los testimonios de Luis Jaimes y Manuel Morinigo, quienes vieron a la víctima acompañada de los imputados Estela Figueroa y Javier Ponce Luque el mismo día de su desaparición y a escasas horas de que se produzca su fallecimiento, a tenor el informe entomológico, según ya fuera relatado.
Pues Morinigo se lo cruzó el 16 de enero cerca de las 2 de la tarde, oportunidad en la que Héctor estaba acompaño por el muchacho morocho de cara “poceada”, a quien describiera para el identikit y que finalmente reconociera en la sala de juicio al momento de ampliar su declaración, tratándose de Javier Ponce Luque.
Horas más tarde, entre las 17.30 y 18.30, fue el remisero Jaimes quien se lo cruzó, esta vez acompañado de su exmujer Estela Figueroa.
Si a ello se suma que la víctima no conocía a Ponce, pues cuando le dijo a su hermano Manuel Barraza que albergaría a “una parejita de la iglesia” en su casa, a pedido de Estela, no pudo imaginar que uno de ellos era Javier Alejandro Ponce Luque acompañado por otra mujer, tal vez su propia hermana Marcela Daiana Luque.
Esta última recuperó su libertad al ser absuelta por el Tribunal, por imperativo legal, ya que el Fiscal de Juicio retiró la acusación a su respecto ante la carencia de otras pruebas que la incriminaran en el desenlace fatal.
Así se consumó el engaño previo al desenlace mortal. Estela del Valle Figueroa hizo ingresar al hogar de su marido a quien resultaba ser su actual pareja. Esta fue la maquinación para lograr que la víctima accediera voluntariamente a permitir el ingreso a su vivienda de Ponce Luque. La presencia de los imputados en la vivienda de Barraza, mientras mantenían una relación que no le fuera revelada a la víctima, sino que por el contrario le fue ocultada con las promesas de reconciliación de Estela Figueroa, quien con ello facilitó el ingreso de Ponce Luque, resultan ser actos preparatorios del hecho que acabara con la vida de Héctor Barraza, en el que cooperara el imputado Jara.
d) A fin de fundar lo antedicho corresponderá valorar los relatos oídos en audiencia de los policías que llevaron adelante la investigación.
d.1) Uno de ellos fue el Sub Comisario Daniel Adrián Bauza, quien mencionó que fue comisionado por sus superiores de la DDI de Quilmes para la investigación de este hecho. Comenzaron relevando a los vecinos y parientes para ver si alguien sabía lo que ocurrió. Que luego llevaron a declarar a la exmujer, quien prestó testimonio.
Dijo que al momento de encuestar a los vecinos sobre los dichos de la mujer, existían contradicciones, puesto que la señora dijo que estuvo con la víctima hasta el martes al mediodía, mientras que los vecinos la ubicaban en la casa de la víctima hasta el mismo jueves. Esto concuerda con todos los testimonios ya valorados con anterioridad.
En su relato, Bauza contó que lograron dar con el nuevo novio de la señora, de apellido Ponce, a quien ubicaron en la casa de los padres de la mujer.
Los dichos de Ponce Luque previos a su imputación no los valoraré, los que fueran cuestionados por el defensor Dr. Leibson, quien en su alegación solicitó, la exclusión probatoria de los dichos atribuidos a Ponce por el personal policial, que según él podrían verse alcanzados por la previsión del art. 142 inc. 4° CPenal, además de ser obtenidos en violación del art. 18 Constitución Nacional.
También cuestionó que los mismos efectivos hayan interrogado a la madre de su asistido, sin antes hacerle saber los alcances del art. 234 CPP.
Estas informaciones fueron obtenidas al inicio de la pesquisa y cuando todavía no había ningún imputado, ni fueran incorporada por su lectura, por lo que resultan inoficiosas esas manifestaciones de Javier Ponce Luque y de su madre Margarita Luque, por lo que las excluyo de análisis.
d.2) Retomando la declaración del policía Bauza, contó que luego de la intervención de los teléfonos de ambos sospechados, supieron de la existencia de un tercer sospechoso, siendo comisionado a ubicar al “cuñado de Ponce”, quien era mencionado por la mujer en unos mensajes.
Tras entrevistarse con el primo de Ponce, pudo determinar que el cuñado que tenía un hijo con la hermana de Ponce, respondía al apodo de “Sal Fina”, cuya identidad luego fue obtenida a través del servicio de calle de la comisaría de la zona, donde se informó que el sujeto era de apellido Jara y que tenía antecedentes penales.
Dijo que primero constataron el domicilio del sujeto y que luego fueron los encargados de proceder a su detención. Que para ello acudió al domicilio acompañado por los policías Romero y Gómez.
Al referirse al momento posterior a la detención, dijo que lo anoticiaron de sus derechos como imputado y posteriormente lo comenzaron a trasladar en el móvil hacia la dependencia. Que durante el viaje el sujeto comenzó a deslindar responsabilidades hacia otras personas. En lo sustancial, dijo que Jara “decía que estaban equivocados y que él no tenía nada que ver, que estaba en su lugar de trabajo cuidando los pollos, cuando llegaron Barraza con su exmujer, Ponce y la hermana”.
Contó que el detenido seguía hablando sin cesar, contando que mientras estaban allí “compraron vino y cerveza, que estaban tomando todos con Barraza y hasta habían puesto música, hasta que en un momento Ponce lo golpea [a Barraza] con una maceta en la cabeza, tras lo cual lo meten en el auto y se lo llevan”.
El policía declaró que en base a ello fueron al lugar de trabajo de ese hombre, que se trataba de un criadero de pollos en Ing. Allan o El Pato, que hablaron con el propietario y corroboraron que Jara trabajaba allí. Que finalmente allanaron y secuestraron una maceta rota.
Esto último merece algunas consideraciones para expedirse sobre la mecánica del hecho. Primero, si bien el golpe aludido resulta compatible con la lesión descripta en el cráneo de Héctor Barraza en el acta de la autopsia, de todos modos se corroboran los dichos de Jara, pues del acta de allanamiento de fs. 403/vta., incorporada al debate, da cuenta del secuestro en el criadero de pollos, más precisamente en el lugar utilizado para depósito de residuos, de un total de 15 fragmentos de cemento que todos reunidos y encastrados como un “rompecabezas” formaban una maceta.
Lo segundo que extraigo de los dichos atribuidos a Jara, es que lo posicionan en el lugar de los hechos, junto con Figueroa y Ponce.
Esto fue cuestionado por el Defensor Oficial Dr. Tranquilini, quien alegó que no podía develarse si los dichos fueron libres o bajo coacción, ante la inexistencia de testigos ajenos a la fuerza. Sólo podían conducir a su exclusión probatoria en virtud de la garantía de incoercibilidad. Fundó su postulado en los arts. 308 CPP y 298 inc 8vo. CPP, según ley 13.943, además de mencionar jurisprudencia que consideraba que lo respaldaba.
Más allá de incurrir el defensor en un error al citar el art. 298 CPP -referido a las sanciones a las que son pasible los policías ante inobservancia de sus obligaciones-, entiendo que quiso hacer referencia al contenido del art. 294 del CPP en su inciso octavo, conforme su redacción durante la vigencia de la ley 13.943, vigente al momento de los hechos.
Zanjado el error material, debo decir que de todos modos esa situación no resulta de aplicación al caso, pues tal artículo expresaba “… Atribuciones. Los funcionarios de policía tendrán las siguientes atribuciones:… 8. Aprehender a los presuntos culpables en los casos y formas que este código autoriza y disponer su incomunicación cuando concurren los requisitos del artículo 152 por un término máximo de doce (12) horas, que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden judicial. En el lugar del hecho, o en sus inmediaciones, o en donde fuere aprehendido, podrán requerir del presunto imputado indicaciones o informaciones útiles a los fines de la inmediata prosecución de la investigación. Esta información no deberá ser documentada y no podrá ser utilizada como prueba en el debate…”.
Ahora bien, esto no es lo que ocurrió en el debate, pues tales expresiones fueron aportadas por el policía Daniel Bauza al momento de brindar declaración testimonial en audiencia pública, sobre dichos que escuchó de boca del imputado Jara, sin ningún interrogatorio previo, por lo que no resultan contrarias a la normativa puesta en crisis, los que pudo controvertir la defensa durante el debate.
El policía respondió claramente, ante preguntas del Dr. Tranquillini, que le hicieron saber al imputado Jara el contenido del art. 60 CPP, aclarando que luego de decirle que no estaba obligado declarar contra sí mismo y que tenía derecho a un abogado, pese lo que el detenido continuó hablando para exculparse sin que nadie le hiciera pregunta alguna.
En caso de no haber trasmitido lo que escuchara, sería el policía Bauza quien hubiera incurrido en las circunstancias del art. 298 del CPP, que erróneamente refiriera el señor defensor. d.3) Los dichos de Bauza fueron corroborados a partir del testimonio del policía Leonardo Jesús Romero, quien también participara en la detención de Jara, alias “Sal Fina”.
Contó que ese día acompañó a Bauza a hacer la detención, que se trasladaron hasta la casa donde vivía el muchacho y tras llamar, el joven salió y se sentó en la vereda, momento en el cual llevaron adelante la diligencia, subiéndolo al móvil y trasladándolo hasta la DDI de Quilmes. No dudó en señalar que se le leyeron derechos y garantías al sujeto, tras lo cual, mientras lo trasladaban, el muchacho “empezó a decir que estaban equivocados y que él no tuvo nada que ver”.
El testigo aclaró este pasaje, agregando que el sujeto comenzó espontáneamente a decir que él había estado trabajando en el criadero de pollos, cuando llegaron Elena [en referencia a Estela], Javier y la hermana, todos junto a la víctima, que todos se movilizaban en un auto de color gris.
Siguiendo su alocución, el sujeto les comentó que compraron vino y cerveza y pusieron música, que todo era normal hasta que en un momento dado Javier -por Ponce- le pegó desde atrás y por la espalda con una maceta a la víctima, tras lo cual lo subió al auto y se lo llevó. El policía se mantuvo incólume en su relato, atribuyéndole tales referencias a Jara, quien por su parte ratificaba que todo sucedió en el criadero donde estaba trabajando, lugar hasta donde llegó la víctima, acompañado de la señora Elena, Javier y la hermana de Javier.
Dijo también que “Sal Fina” reconoció que “Elena era la pareja de Javier, o tenían una relación algo así”.
Más allá del error en el nombre de la mujer por parte de Romero, quien quizás por el transcurso del tiempo pudo haber confundido el nombre de “Estela” por el de “Elena”, lo cierto es que su declaración, respecto a lo que le escuchó decir voluntariamente a Jara, al que recordó como “Sal Fina”, concuerda con lo narrado por su compañero Bauza, por lo que resultan creíbles las afirmaciones de ambos testigos.
Debo agregar que el acta de detención aludida se encuentra incorporada al debate y agregada a fs. 315, donde consta que efectivamente fueron Bauza y Romero, entre otros, los encargado de la detención de “Sal Fina”, quien fue identificado como “… Néstor Ramón Jara… de 23 años de edad…”.
d.4) La defensa oficial planteó un agravio, por considerar que, basarse en los dichos de terceros derivados de las propias palabras de su pupilo procesal, no podían ser más que desechados, pues según su apreciación, se encuentra vedada la valoración de tales elementos de cargo, en pos de la garantía de prohíbe la autoincriminación, solicitando entonces la libre absolución de su asistido Jara.
Similar planteo efectuó el Dr. Leibson, en lo que atañe a los dichos de su asistido Ponce Luque y la madre de aquél, peticionando que se descartaran tales testimonios, así como lo actuado en consecuencia, en virtud de la teoría conocida como "del fruto del árbol venenoso". Como ya me expresara ante un reclamo similar del Dr. Leibson, lo hago extensivo a las manifestaciones del Dr. Tramquillini, ampliando los conceptos sobre la autoincriminación. Si bien el código de procedimiento penal vigente, no contempla dentro de su casuística a la confesión, tal como lo hacía el ritual concebido por Jofré, debemos estar al criterio de la libertad probatoria que norma el art. 209, cuyo segundo párrafo nos dice que, además de los medios establecidos, se podrán utilizar otros que no supriman garantías constitucionales, siendo sus formas de admisión o producción adecuadas a las que se establecen en ese corpus juris. Mucho ha pasado en la historia del derecho desde que los romanos la llamaran "regina probatio"o los inquisidores del Santo Oficio la impusieran por medio de la tortura o la hoguera y en tiempos mucho más recientes, se la llamara eufemísticamente "declaración extrajudicial" porque era la Policía quien indagaba a los sospechosos.
Por eso es que preferimos llamarla, cuando surge una admisión de autoría, como declaración autoinculpatoria del imputado, al no estar mencionada específicamente en el rito penal de Buenos Aires. En tanto la declaración sea en sentido exculpatorio, se la deberá interpretar como un acto de la defensa, que deberá ser corroborado mediante la evacuación de citas en la etapa investigativa preliminar (art. 308 CPP, que en su caso tornará procedente el art. 318 del mismo cuerpo legal).
En efecto, el Código de Procedimiento, en su art. 310, establece los parámetros de legalidad que deben tener las declaraciones de los imputados, fulminando con la nulidad del acto el incumplimiento de esas mandas y sancionando disciplinariamente a quien infrinja: a) el derecho de guardar silencio, b) declarar libremente sin juramento o promesa de decir verdad, c) Sin ejercer coacción o amenaza contra el imputado, d) Sin aplicar medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, e) No haciéndosele cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.
Más allá de cómo denominemos a determinadas pruebas, sean de confesión, documental, de presunciones, plena o compuesta, de peritos o informes, deberemos precisar de qué manera se las valora en el sistema procesal penal de Buenos Aires, a través del enunciado del art. 210 del CPP que exige la expresión de la convicción sincera sobre la verdad de los hechos, razonada y expresada por escrito.
Entiendo que por ser un sistema probatorio no puede existir sinceramente una convicción si no hay una pluralidad de elementos incriminantes, ya que si fuese sólo uno no sería un sistema. Así por ejemplo, las pruebas de identidad de ADN que dan una certeza del 99,99% no son suficientes para atribuir una conducta dolosa en una violación, puesto que debe probarse también la falta de consentimiento de la víctima.
Adentrándome ahora a la posición defensista, debo aclarar que la regla de exclusión pretendida, fue resuelta por el máximo tribunal nacional, en el célebre fallo "Rayford" [CSJN - Fallos, 308:733], donde dejó sentado que la excepción a la regla de exclusión aludida, se da cuando hubiese un cauce de investigación distinto del que culmina con el procedimiento ilegítimo, de resultas del cual puede afirmarse que existía la posibilidad de adquirir la prueba por una fuente distinta o autónoma.
En cuanto a la garantías de no autoincriminarse, esta nace históricamente como respuesta a los abusos ejercidos por la autoridad durante las investigaciones, y, fundamentalmente, con el fin de evitar las torturas o vejaciones que sufrían los sospechoso durante los interrogatorios. Ahora bien, no se verifica en autos que existiera algún interrogatorio ni menos una coacción o apremio al imputado Néstor Ramón Jara, cuya indemnidad se vio reflejada en el reconocimiento médico legal que se le efectuara, obrante a fs. 316 y del cual se desprende que “no presentaba lesiones”. Esto me permite inferir que Jara voluntariamente aportó tales datos a los efectivos policiales, con intención de mejorar su situación procesal.
Como bien señalara el doctrinario Alejandro Carrió -Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, Ed. Hammurabi, 5° edición- la Corte nacional ha sentado su "teoría del dato" a partir del fallo "Cabral, Agustín" (LL, 1993-B-257), en el cual rechazó un planteo defensista, basado en la garantía de la defensa en juicio, Al tratar tal garantía, junto a la de no autoincriminación, como la planteada en autos, la Corte dijo que la mera comunicación de un dato, en la medida que no sea el producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal, pues lo contrario llevaría a sostener que la restricción procesal mencionada vedaría que los funcionarios policiales realicen el legítimo ejercicio de funciones, de investigar las pistas que pudieran surgir de esa comunicación.
En suma,mientras no se adviertan actos de coacción el mero anoticiamiento no puede ocasionar el descarte de tales datos útiles a las investigaciones penales.
e) La confesión aislada se transforma, de acuerdo al sistema de las sinceras convicciones razonadas, en un mero indicio a corroborar por otros medios de prueba, que si no se reúnen dejan a la acusación en la más absoluta orfandad y al declarante sujeto a examinaciones psiquiátricas.
En el caso en análisis y más allá de la declaración espontánea del imputado Néstor Jara, existen elementos autónomos de convicción que me permiten llegar igualmente al mismo resultado incriminador.
Esto surge a partir de mensajes y escuchas telefónicas, cuyas transcripciones obran en el legajo Fiscal anejado por cuerda y que, a su vez se encuentran en armonía con el informe de Tecnologías Aplicadas de fs. 60/77, informe de VAIC de fs. 226/236 e informe del actuario judicial de fs. 480/vta.
La defensa antepuso, como argumento en contra de las escuchas y transcripciones de mensajes telefónicos, que por resolución del Tibunal habían sido incorporadas al solo efecto de verificar contradicciones, incongruencias u omisiones. No son las únicas excepciones que contiene el párrafo 4° del art. 366 del CPP.
En realidad, en la etapa preliminar, la Fiscalía había propuesto la incorporación por lectura de la totalidad del legajo fiscal, que contenía a su vez, entre otras pruebas, las referidas transcripciones de los mensajes y escuchas telefónicas. El tribunal, frente a esa propuesta genérica de la Fiscalía, había resuelto la incorporación del legajo en los términos del párrafo 4º del artículo 366 del CPP.
Dicha circunstancia pasó inadvertida a la Fiscalía y, al momento de los alegatos, los defensores Leibson y Tranquilini aprovechando esa situación, advirtieron el inconveniente formal para valorar los mensajes y escuchas. De esa forma pretendieron evitar que una de las principales pruebas de cargo fuesen utilizadas contra sus asistidos.
Todo esto coloca al Tribunal frente a un dilema, pues las transcripciones de los mensajes y escuchas no pertenecen a la clase de pruebas que pueden ser reemplazadas en el juicio por una versión oral. Si el tribunal aceptase el planteo de los defensores, el caso terminaría siendo resuelto no por el poder de convicción de las pruebas reunidas y presentadas en el juicio, sino por una cuestión puramente formal, desprovista del menor contenido sustancial.
La necesidad de que las piezas escritas solamente puedan ser utilizadas en el debate a efectos de verificar contradicciones, incongruencias u omisiones, solamente sobreviene cuando se trata de elementos que puedan reproducirse en forma oral. Así ocurre, por ejemplo, cuando se trata de actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal, secuestro y reconocimientos efectuados por los testigos.
Pero si hablamos de prueba documental o de informes, filmaciones, grabaciones o transcripciones de ellas, la exigencia de reproducirlas oralmente es de imposible cumplimiento. Es por tales razones que el Tribunal ha sostenido en numerosos precedentes que la restricción del párrafo 4º del artículo 366 no se extiende a las pruebas documentales y de informes, ni a las filmaciones ni grabaciones o transcripciones.
De esta forma, el dilema mencionado queda a la vista, porque cualquier decisión que se adopte en relación con la cuestión formal planteada por las defensas implicaría apartarse de lo resuelto en la oportunidad prevista en el artículo 338 del CPP.
Adviértase que el Tribunal en ningún momento denegó la prueba ofrecida por la Fiscalía. Aun así, si se hiciera valer la limitación del párrafo 4º del artículo 366 sobre pruebas que no pueden ser reemplazadas por un testimonio oral, ello equivaldría, de hecho, a un liso y llano rechazo de la prueba ofrecida por la Fiscalía, que no es estrictamente lo que se había resuelto. En cambio, si el Tribunal privilegiara la naturaleza de la prueba, en este caso una transcripción de mensajes y escuchas telefónicas, y las valorara en el fallo sin las limitaciones del párrafo 4º del artículo 366, tampoco cumpliría con lo resuelto oportunamente, aunque tal decisión se acercara más a la lógica de ese artículo.
Para solucionar este dilema, es preciso analizar si algo de todo esto genera un perjuicio indebido en los intereses de la defensa. Los defensores cuestionaron concretamente en los alegatos el contenido de las escuchas. Plantearon, por ejemplo, que no se había demostrado a quiénes pertenecían los celulares ni tampoco si los autores de las conversaciones habían sido los imputados. No se advierte, por otra parte, ni se ha denunciado, que tales escuchas hayan sido obtenidas en forma ilegal.
Ni siquiera plantearon los defensores ninguna discordancia entre el audio o los textos de las conversaciones y las transcripciones ofrecidas como prueba. Finalmente, hay que mencionar que tampoco está en juego en este caso la posibilidad de suplir el contenido de las escuchas mediante un testimonio oral. Por más que hubiesen podido reproducirse los audios correspondientes, no nos hallamos frente a un supuesto donde la oralidad del juicio pueda garantizar a la defensa un mayor control de la prueba, contrariamente a lo que sucede, por ejemplo, con los testimonios.
En tales condiciones, más allá de las expectativas originadas en la defensa a partir del inconveniente formal enunciado, considero que la disyuntiva, en este caso, debe ser solucionada respetando la naturaleza probatoria de las escuchas telefónicas como prueba de informes y la imposibilidad de suplir lo transcripto por una versión oral.
Aclarada esta cuestión corresponde rechazar el planteo de ambos defensores y proseguir con el análisis de las escuchas y mensajes, donde no sólo se ratifica la relación existente entre los imputados Figueroa y Ponce Luque, sino que además se establece que Jara efectivamente estaba vinculado a ellos en el hecho en el cual perdiera la vida Héctor Jesús Barraza.
e.1) El contenido de las escuchas, en lo que aquí interesan, surgen debidamente documentadas en el informe del funcionario judicial que obra a fs. 73/74 del legajo Fiscal. Este legajo que siempre estuvo a disposición de las defensas desde el inicio de la causa en el año que duró esta etapa de juicio, el que incluso fue retirado por los defensores en reiteradas oportunidades, junto con las actuaciones principales en préstamo para notificarse y fotocopiar, tanto para ofrecer pruebas como para la preparación previa al juicio oral. De esto se extrae que las comunicaciones intervenidas judicialmente no les eran desconocidas a las defensas, ni el contenido de las transcripciones de los diálogos. Además, fueron relatadas en un acto judicial de vital trascendencia procesal, como es el auto que dispuso la prisión preventiva de los encartados, ratificada por la Alzada.
Ahora bien, en el informe de mención se plasmó una conversación mediante mensajes de texto, entre los extrae que entre los abonado nº (011) 3951-3235, atribuido en la pesquisa a Néstor Ramón Jara, y el abonado (011) 3890-9578, utilizado por Estela Del Valle Figueroa. En la conversación Néstor Jara le reclama a Figueroa la entrega de lo que presumo lógicamente que es dinero, pues le refiere "...Hola Alejandra soinestor cuando mebas a pasar eso porkelanecesito osino laboi abuscar yo asikefijate...”.
Esto es un dato trascendente ya que, un rato después, del mismo celular atribuido a Jara salió otro mensaje con destino a Estela Figueroa, donde en se reitera su pretensión, manifestándole "...I Keasemos para cuando esta mi parte...".
Si bien pareciera ser una conversación banal o vinculada a cualquier otra cuestión, lo cierto es que a partir de dicho reclamo Estela del Valle Figueroa comenzó a intercambiar mensajes de texto con su pareja Javier Alejandro Ponce Luque, escribiéndole “...Ale tas okupado tu cuñado m mando msj no c kien le dio mi clu yo le contesto si o no...”.
No cabe duda que el receptor fue Ponce, pues era el cuñado de Jara, lo que ha quedado ya acreditado por el testimonio del policía Bauza, extremo que no fue cuestionado por las defensas.
Ponce se ocupó de responderle a Figueroa, entablándose la siguiente conversación mediante mensajes:
Javier Alejandro (16:09 horas): "...No le digo nada yo te dige que vamo a tener problema..."
Estela (16:11 horas): "...Yo le kontesto y le digo k kuantnga la part d el le diga solo eso m dic en el msj"...”
Javier Alejandro:"...Ya te dije ase lo que quiera..."
Ambas conversaciones ocurrieron el día 24 de febrero de 2014 en horas de la tarde, es decir, pocos días después de la muerte de Héctor Barraza y mientras los involucrados aún permanecían en libertad, con la pesquisa policial en plena diligencia.
Volviendo a Néstor Jara, según los testimonios tenía un hijo en común con Graciela - hermana de Javier Ponce- y con ella mantuvo una conversación que resulta de sumo interés para acreditar su conocimiento de los hechos. Del informe aportado a fs. 178/180, se extrae que Néstor Jara y Graciela mantuvieron una charla con fecha 1° de Mayo de 2014, en la cual cuestionaba a familiares que habrían estado develando lo que habían hecho “con Javi”. Esto se desprende de la siguiente conversación:
Graciela: “...Después tenemos que hablar de unas cosas que me enteré que anda hablando tu cuñadito por ahí (…) el novio de la Camila (…) le dijo a la Yesi anoche que cuando fue… viste que Miguel fue el domingo, cuando mierda fue para allá? Bueno, dice que tu cuñadito, bueno y todos los de ahí saben lo que pasó, ese es trabajo de tu hermana trola esa que tenés ahí, la que anda alcahueteando todo...”
Néstor: “...Cómo saben lo que pasó?...”
Graciela: “...Y si, lo que pasó, lo que hicieron con Javi, ese es trabajo de la puta de la Camila que fue a contarle al novio, bueno y él fue a desparramar. Dice que estaba diciendo ese día que…el novio de la Camila estaba diciendo a Miguel que nosotros nos estamos por hacer la re casa de material con la plata que vos cobraste por lo que hiciste...”
Néstor: “...Ah, ahora cuando lo vea le voy a romper la cabeza, vas a ver...”
Graciela: “...Yo le dije a la Yesi, ahora le voy a decir a aquel que lo agarre y le rompa la jeta, a tu hermana también tenés que darle unas buenas cachetadas, porque como mierda va a ir a abrir la boca con una cosa así...”
De todo esto se extrae la participación de Néstor Jara en pos de una recompensa económica posterior, sea por su silencio, por su intervención directa como facilitador del lugar del hecho inicial o estando presente durante la agresión previa al incendio, provocado para que muriera Barraza.
En este contexto, a fs. 199 del mismo legajo fiscal obra otro informe del actuario judicial durante la investigación, en el cual plasmó una conversación entre Marcela Luque -ya desafectada del proceso- y Javier Ponce, en la que cuestiona el accionar de familiares de Jara, los que estarían comentando a extraños lo que había ocurrido.
El actuario hizo constar que Marcela le explicó a Javier Ponce que una hermana de Jara “hizo comentarios en el fondo” de lo que había ocurrido y que como resultado de “todo eso” Néstor se estaba haciendo “la re casa”.
Esto concuerda con lo que emana del informe del mismo actuario, ya en el proceso principal a fs. 480/vta., donde transcribió una conversación de la misma Marcela con una femenina -quizás Graciela-, donde es alertada de que “la vieja los estaba mandando al frente a todos”.
El actuario judicial dejó sentado que con fecha 22 de agosto de 2014 la femenina alcanzó a poner sobreaviso a Marcela, quien por entonces estaba siendo investigada, al expresarle “… la ´vieja´ los mandó al frente, ya está detenida…”.
Sin connotaciones despectivas, debo decir que con “la vieja” las interlocutoras se refirieron a Estela Figueroa, quien ya estaba detenida desde el día anterior, tal como surge del acta de fs. 321, también incorporada por lectura al debate y donde se la identificó como “… Estela del Valle Figueroa… de 42 años de edad”.
La diferencia de 18 años en la edad es notable entre la imputada y su pareja, quien fue identificado en el acta de detención de fs. 327 como “Javier Alejandro Ponce Luque… de 24 años…”. He ahí la justificación del término “la vieja” que no se refería cariñosamente a la madre de alguna de las jóvenes interlocutoras, sino a la pareja de Javier Ponce Luque. f) De los elementos valorados, no caben dudas de que los tres acusados han tomado parte en el hecho en el que perdiera la vida Héctor Jesús Barraza, aunque con un nivel de participación diferenciado entre la pareja Figuera-Ponce y Jara.
El Sr. Fiscal entendió que todos ellos coactuaron funcionalmente en pos del resultado fatal, en un plan donde Estela Figueroa era la ideóloga y principal interesada, con el aporte esencial de su pareja Javier Ponce y de Néstor Jara motivado por una promesa remuneratoria. No puedo sostener con la certeza que este estadio procesal requiere, que los tres imputados hayan sido coautores concertados, pues entiendo que para ello se requiere alcanzar un nivel de convicción de que todos ellos tuvieron el dominio del hecho o, al menos, de parte de mismo, durante su ejecución.
La atribución de autoría surge, en plural, en el art. 45 del CPenal que describe la acción cuando tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor un auxilio o cooperación sin el cual no hubiera podido cometerse. Esta definición que surge de la normativa describe al sujeto sobre quien recaerá el mayor grado de imputación, entendiendo como autor a quien obra con dominio de la realización del hecho típico y antijurídico.
Autor material será el sujeto que tiene el dominio final sobre el acontecer, mientras que partícipe será quien cooperó en el hecho dominado por el autor, o quien hizo surgir en el autor la idea de perpetrar el delito.
La coautoría se da cuando el dominio del hecho es común a varias personas. De este modo, coautores serán todos los que toman parte en la ejecución del delito, en codominio funcional del hecho. Así, la acción tipificada es realizada por dos o más personas, que participan voluntaria y conscientemente de acuerdo a una división de funciones.
Para que esto se dé, todos los sujetos deben tener igual dominio funcional del hecho y haber realizado una parte objetiva del plan delictual, cometiendo entre todos el delito. En este contexto y tal como ha quedado ventilada la prueba, no puedo decir que los tres imputados hayan tenido el codominio del hecho durante su ejecución, en el sentido de cada uno tuvo en sus manos el dominio del hecho, a través de la parte que les correspondía en la división de la tarea. Será la gradación de la actividad de cada integrante la que defina su responsabilidad en el hecho común al conjunto.
f.1) Sin embargo, sí considero suficientemente acreditado, que Estela del Valle Figueroa y Javier Alejandro Ponce Luque fueron partícipes necesarios en el entramado dirigido a lograr la muerte de Héctor Jesús Barraza.
En primer lugar, porque se ha probado el interés económico que tenía la imputada en hacerse de los bienes que le pertenecían a la víctima, además de garantizarse los beneficios derivados de su fallecimiento, como el cobro del seguro de vida y la pensión como ex combatiente Veterano de Malvinas.
Ese interés fue cuestionado por el defensor particular Dr. Maciel, quien dijo que Estela Figueroa se mostró siempre sumisa y desinteresada, pese a corresponderle por derecho el cincuenta por ciento de los bienes, en su carácter de legal esposa de la víctima.
Esto no pudo ser corroborado en autos ni en el debate, toda vez que se carece del certificado de matrimonio o constancia legal que acredite el vínculo marital pretendido por el señor defensor.
No se puede presumir el ligamen de los dichos de los familiares de la víctima, quienes reconocieron que fueron ellos pareja durante muchos años (cerca de 20) lo que podría sustentar una relación concubinaria rota por la falta de cohabitación, ya que también aseveraron la separación durante los últimos siete años aproximadamente, reiniciada sólo dos días antes del desenlace fatal.
Los mismos testigos, describieron a Estela Figueroa como una mujer ambiciosa, que sólo se preocupaba por satisfacer sus necesidades económicas, llegando por ello a mantener “ilusionado” a la víctima con falsas promesas de una posible reconciliación, aún durante la conocida relación que mantenía con Javier Ponce Luque.
De allí se extrae el fin económico aludido por el acusador público, pues Figueroa conocía el crecimiento patrimonial de la víctima, llegando a valores aún por encima de los $ 200.000 alegados por la Fiscalía, a tenor de los informes de entidades bancarias, donde además hay operaciones a plazo fijo renovables automáticamente, agregados a fs.180/190, 192/195, 200 y 344/345 del principal, todos ellos incorporados por lectura al debate conforme resolución en los términos del art. 366 CPP.
Abona este manifiesto interés económico como motivación criminal, lo que surge del testimonio en debate de Jorge Antonio Alfano, amigo de la víctima, quien dijo que Héctor Barraza tenía un buen pasar, lo que le permitía que incluso que le prestara a él dinero o a gente de su confianza, que luego se lo devolvían, en su caso, abonando un interés.
También contó que eran compañeros en el Centro de Veteranos de Malvinas de Florencio Varela, donde se acercó Estela Figueroa a los pocos días de la muerte de Héctor, para “consultar como tramitar la pensión”.
Este testigo también dijo haber visto a Héctor antes de su muerte en la escuela donde aquél trabajaba como auxiliar, que en esa oportunidad la víctima le confesó que “estaba por arreglarse con su mujer”, Aquí surge una vez más el engaño en el cual cayera Barraza. f.2) Ese mismo ardid o engaño fue el que lo llevó a acceder a Barraza al pedido de Estela Figueroa de cobijar en su casa a “gente de la iglesia”.
Pues como ya se ha acreditado, a lo largo de todo este análisis, uno de ellos era Javier Ponce Luque, el que aprovechó esa confianza para participar en el hecho junto a Estela Figueroa que era su pareja.
Fue necesaria la participación de Ponce tanto en el engaño como en la consumación del hecho, lo que explica por qué ingresó a la vivienda de Barraza justo en los días previos a su muerte, permaneciendo en el lugar acompañado de su hermana simulando ser la “pareja de la iglesia” hasta el mismo día en el que se produjo la desaparición y fallecimiento de la víctima, presencia constatada según los informes científicos.
En el codominio del hecho “cada coautor domina el suceso global, en colaboración con otro o con otros”. En el supuesto en análisis, no puedo decir que se acreditó que ambos imputados - Figueroa y Ponce- realizaron el aporte esencial durante la ejecución del hecho que daría lugar a una coautoría, pero si estoy convencido de que su aporte durante la preparación del ilícito fue una cooperación necesaria, sin el cual no habría podido consumarse el hecho.
Para distinguir la coautoría de la colaboración, que aunque tengan igual pena deben diferenciarse por sus niveles de responsabilidad, ya que la participación es la cooperación dolosa en un delito, que en sentido amplio abarca a todos los que intervienen en el hecho –autor directo, mediato, coautor, instigador o cómplice- y en sentido específico refieren a aquellos que no son autores directos, es decir, son aquellos cuya actividad se encuentra en dependencia en relación con la del autor.
La cooperación secundaria es una forma de participación especialmente prevista en el art. 46 de nuestro Código Penal. Se trata de una contribución a la realización del delito con actos anteriores, posteriores o simultáneos al mismo, que no pueden en ningún caso ser considerados como de coautoría, ya que se distingue por su menor entidad material.
Cómplice será el que, con su contribución, no decide el “sí” ni el “como” de la realización del hecho, sino sólo lo favorece o facilita para su realización.
Por todo lo valorado, no caben dudas de que el accionar de Figueroa y Ponce Luque los posiciona en una complicidad primaria o necesaria, pues ya en la etapa de preparación, aportando al hecho principal una contribución sin la cual el delito no hubiere podido cometerse, al engañar a la víctima para acercarse a ella y generar su confianza que les permitió consumar el homicidio, auxiliando o favoreciendo a la persona que inició el fuego que incinerara a la víctima. f.3) En lo que refiere a Néstor Ramón Jara, considero que el Fiscal sólo ha demostrado una participación menor que la de los anteriores, pero no exenta de responsabilidad penal. Facilitar el lugar de la agresión en el rostro de la víctima: el criadero de pollos donde laboraba en una zona rural, fue con conocimiento de los hechos dolosos que iban a acaecer, lo que lo haría como mínimo, partícipe secundario del homicidio, pero si su intervención se limitó a no revelar lo que había ocurrido esa noche con Barraza, habría que discutir un posible encubrimiento.
Lo primero resulta más lógico, teniendo en cuenta que uno de los implicados eran su cuñado Ponce Luque, hermano de su pareja Graciela, el que se vería beneficiada por su unión con Estela Figueroa cuando enviudara, en tanto Jara recibiría los beneficios del crimen para hacerse la “re casa de material” si se concretarse la promesa remuneratoria.
No ha aportado pruebas el Fiscal de un accionar directo de Jara en la eliminación por fuego de Héctor Barraza, previo a haber recibido un tremendo golpe en el rostro con una maceta de cemento, cuyos trozos fueron hallados en el criadero de pollos donde Jara trabajaba, por lo que surge una duda en su nivel de participación.
Esta duda, me lleva a favorecer al imputado Jara con un grado de participación menor que el de Ponce Luque y Figueroa con quienes cooperó como mínimo, como facilitador del lugar del hecho, por lo que debo aplicar el principio "in dubio pro reo" que establece el articulo 1° C.P.P. Las constancias colectadas, sopesadas bajo las reglas de las sinceras convicciones (art. 210 del CPP y que tiene acogida en el Art. 18 de la Constitución Nacional), me llevan a sostener que el encartado es partícipe secundario en un hecho al que no fue ajeno, al facilitar la escena inicial del crimen.
Partícipe secundario es quien ha prestado una colaboración que no es indispensable para la comisión del delito, que puede darse tanto en la etapa de preparación como en la ejecución. Esta complicidad se determina por la promesa remuneratoria posterior, que no fue considerada por la Fiscalía como incursa en el art. 80 inc. 3° del C Penal, que no tuvo incidencia en el hecho, sino en su ocultamiento, sin la cual igualmente hubiese sido posible su consumación, comprobada en las escuchas telefónicas, las que tampoco indican que existiera un acuerdo previo entre Ponce Luque y su cuñado Jara o Estela del Valle Figueroa, de la que ni siquiera tenía su número de celular, según las conversaciones interceptadas que ya fueran valoradas. Su contribución tuvo menor incidencia que la de los otros dos encartados en la comisión del hecho, por lo que considero debe aplicársele la previsión del art. 46 del C. Penal. Por todo lo expuesto, encuentro debidamente demostrada la participación criminalmente responsable de Estela del Valle Figueroa y de Javier Alejandro Ponce Luque como partícipes necesarios en la muerte de Héctor Jesús Barraza, conforme el art. 45 del Código Penal, en el cual Néstor Ramón Jara intervino como cómplice secundario, según lo previsto por el art. 46 del mismo cuerpo legal, votando en consecuencia por la afirmativa a la segunda cuestión por ser mi sincera convicción.
A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Félix Gustavo Roumieu, dijo:
Adhiero al voto de mi colega González Eliçabe, por ser mi convicción.
A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Pablo Eduardo Pereyra, dijo:
Adhiero al voto de mi colega González Eliçabe.
Rigen los artículos 210, 371 inc. 2º y 373 del Código de Procedimiento Penal.
A la tercera cuestión, el Sr. Juez Doctor Ariel González Eliçabe, dijo:
En la especie no se han acreditado eximentes para ninguno de los imputados.
Si bien el defensor particular Dr. Maciel alegó que Figueroa no tuvo ni tiene capacidad para comprender o dirigir los hechos que se le imputan, en virtud de las secuelas de una meningitis anterior, esto no se encuentra debidamente acreditado. El abogado invocó informes que obrarían en una incidencia que no fue propuesta como prueba, opinando sobre cuestiones médicas que son ajenas a su incumbencia profesional. Tampoco aportó elementos científicos que lo sustenten, por lo que propongo que sea rechazado.
Por lo expuesto, voto por la negativa a esta cuestión, por ser mi convicción sincera. A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Félix Gustavo Roumieu, dijo:
Adhiero al voto de mi colega González Eliçabe, por ser mi convicción.
A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Pablo Eduardo Pereyra, dijo:
Adhiero al voto de mi colega González Eliçabe.
Rige el artículo 34 "a contrario sensu" del Código Penal y los artículos 210, 371 inciso 3º y 373 del Código de Procedimiento Penal.
A la cuarta cuestión, el Sr. Juez Dr. Ariel González Eliçabe, dijo:
Como atenuante el Fiscal valoró respecto de los encartados Figueroa y Ponce Luque, la carencia de antecedentes condenatorios, no así para Jara, a quien entendió que le alcanzaba una condena anterior.
Considero que tal atenuante favorece a los tres imputados, ya que al momento de la comisión del ilícito aquí juzgado, ninguno de ellos tenía condena previa, de acuerdo a lo que emana de los informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio de Seguridad Bonaerense, obrantes a fs. 420, 421, 466/468, 469 y 470, respectivamente.
De allí, surge que por entonces Jara sólo había gozado del beneficio de suspensión de juicio a prueba, lo que no le impide ser beneficiado con este aminorante.
Con el alcance señalado, voto en consecuencia por la afirmativa a esta cuestión. A la misma cuestión en tratamiento el Sr. Juez Doctor Félix Gustavo Roumieu, dijo: Adhiero al voto de mi colega González Eliçabe, por ser mi convicción.
A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Pablo Eduardo Pereyra, dijo:
Adhiero al voto de mi colega González Eliçabe.
Rigen los artículos 40 y 41 del Código Penal, 210, 371 inc. 4º y 373 del Código de Procedimiento Penal.
A la quinta cuestión, el Sr. Juez Doctor Ariel González Eliçabe, dijo:
El Sr. Fiscal planteó como agravantes el mecanismo elegido para la muerte, el entramado del ardid con división de funciones y mantenido en el tiempo, engaño que disminuyó la capacidad de defensa de la víctima. Adicionó además, respecto de Jara, un antecedente de sentencia anterior.
Habiéndose ya aclarado que no se aprecia que Jara haya tenido una condena previa al momento de los hechos, resta responde los demás agravantes colectados por el acusador.
Comparto los agravantes valorados por la acusación.
La participación de varios sujetos en el ardid, siendo uno de ellos la exmujer de la víctima permitió que accediera a dejar ingresar a Ponce Luque su propiedad, desconociendo que se trataba de la actual pareja de aquella con quien se quería reconciliar, facilitando de este modo que ganaran su confianza. Nótese que incluso le fue presentado a la víctima como una “parejita de la iglesia” que en realidad eran hermanos, que compartieron el lecho en la habitación auxiliar de la casa de Barraza..
Sin duda que esto anuló cualquier alerta de riesgo en la víctima, reduciendo lógicamente su capacidad de defensa ante un ataque imprevisto.
El ardid fue sostenido en el tiempo, pues Figueroa le prometía una recomposición amorosa a su ex marido, mientras convivía con Ponce.
Por demás, el rol de Néstor Jara no se ve alcanzado por esta circunstancia, sino por haber facilitado el lugar de la celada aunque por el beneficio de la duda se lo deberá excluir del agravante.
Con el alcance señalado, voto por la afirmativa a esta quinta cuestión, en las tres causas en juzgamiento por ser mi convicción sincera.
A la misma cuestión en tratamiento el Sr. Juez Doctor Félix Gustavo Roumieu, dijo: Adhiero al voto de mi colega González Eliçabe, por ser mi convicción.
A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Pablo Eduardo Pereyra, dijo:
Adhiero al voto del Juez González Eliçabe.
Rigen los artículos 40 y 41 del Código Penal, 210, 371 inc. 5º y 373 del Código de Procedimiento Penal.
De conformidad con el resultado que ha arrojado la votación de las cuestiones anteriores, el TRIBUNAL pronuncia:
1. Veredicto condenatorio contra Estela del Valle Figueroa y Javier Alejandro Ponce Luque, de las demás circunstancias personales que obran en autos, por resultar partícipes necesarios (art. 45 CP) en la muerte de Héctor Jesús Barraza, hecho ocurrido entre la tarde-noche del 16 de enero y del día 17 de enero de 2014 en Berazategui.
2. Veredicto condenatorio contra Néstor Ramón Jara, de las demás circunstancias personales que obran en autos, por resultar cómplice secundario (art. 46 CP.) en la muerte de Héctor Jesús Barraza, hecho ocurrido entre la tarde-noche del 16 de enero y del día 17 de enero de 2014 en Berazategui.
Con ello se dio por finalizado el acto, firmando los Sres. Jueces, por ante mí, de lo que doy fe. Félix Gustavo Roumieu Pablo Eduardo Pereyra Ariel González Eliçabe Juez Juez Juez Acto seguido, tal como establece el art. 375 del CPP, a los fines de dictar SENTENCIA, siguiendo el mismo orden de los votos, se plantean las siguientes CUESTIONES:
PRIMERA: ¿Cuál es la calificación legal de los hechos?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el Sr. Juez, Doctor Ariel González Eliçabe, dijo:
Conforme los hechos que he tenido por probados y la participación atribuida a cada uno de los imputados, entiendo que corresponde calificarlos como constitutivo del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inciso 6° del CP). Esta significación jurídica abarca a los tres imputados, número mínimo de partícipes requerido por la norma, aunque haya distintos niveles de participación, tal como ya fuera desarrollado en el veredicto, al que me remito.
Con ello, descarto la calificación de homicidio simple que en subsidio alegada por el defensor de Jara, Dr. Tranquilini, teniendo por respondido su planteo con todo lo ya expresado en el veredicto.
A la misma cuestión el señor Juez Doctor Félix Gustavo Roumieu, dijo:
Voto en igual sentido y por los mismos fundamentos, por ser mi convicción.
A la misma cuestión en tratamiento el Sr. Juez Doctor Pablo Eduardo Pereyra, dijo: Adhiero al voto del juez González Eliçabe Rigen arts. 45, 46 y 80 inc. 6° del Código Penal, art. 375 inc. 1º del Código de Procedimiento Penal.
A la segunda cuestión, el Sr. Juez, Doctor Ariel González Eliçabe, dijo:
Habiéndose expedido ya el Tribunal sobre la existencia de atenuantes y agravantes, sin eximentes y calificados legalmente los hechos, sólo resta establecer la pena a aplicar. En consecuencia y en virtud de los grados de participación atribuidos a los encartados, propongo al Tribunal por ser mi convicción sincera:
1. Condenar a Estela del Valle Figueroa y a Javier Alejandro Ponce Luque, de las circunstancias personales que obran en autos, a cumplir la pena de prisión perpetua, accesorias legales y el pago de las costas del proceso, por resultar partícipes necesarios del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (arts. 45 y 80 inciso 6° del CP).
2. Condenar a Néstor Ramón Jara, de las circunstancias personales que obran en autos, a cumplir la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y el pago de las costas del proceso, en orden al delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (arts. 46 y 80 inciso 6° del CP) en el cual intervienera como cómplice secundario.
A la misma cuestión en tratamiento el Sr. Juez Doctor Félix Gustavo Roumieu, dijo: Voto en igual sentido y por los mismos fundamentos, por ser mi convicción.
A la misma cuestión en tratamiento el Sr. Juez Doctor Pablo Eduardo Pereyra, dijo: Voto en igual sentido y por los mismos fundamentos que mi colega preopinante.
Rigen los arts. 40, 41, 45, 46 y 80 inc. 6° del Código Penal; arts. 210, 371, 373, 375, 530 y 531 del Código de Procedimiento Penal.
Con ello se dio por finalizado el Acto, firmando los Sres. Jueces, por ante mí, de lo que doy fe.
Félix Gustavo Roumieu Pablo Eduardo Pereyra Ariel González Eliçabe Juez Juez Juez
Quilmes, 30 de octubre de 2017.
Corresponde dictar Sentencia en la presente causa, conforme con el resultado que han arrojado el veredicto y el acuerdo que anteceden, por lo tanto el Tribunal,
1. CONDENAR a Estela del Valle FIGUEROA, quien dijo poseer DNI n° 22.032.358, argentina, nacida el día 17 de diciembre de 1971 en Quilmes, provincia de Buenos Aires, de estado civil viuda, hija de Gabriel Arcángel Figueroa y de Aida Isolina Corvalán, instruida, domiciliada en calle Granaderos de San Martín 1519 de Florencio Varela, de ocupación cuidadora de niños, con prontuario del Registro Nacional de Reincidencia nº U3037230 y de la División Antecedentes Personales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires nº 1415492 Sección AP, a cumplir la pena de PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por resultar partícipe necesaria del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (arts. 45 y 80 inciso 6° del CP), del que resultara víctima su expareja Héctor Jesús Barraza, hecho ocurrido entre la tarde-noche del 16 de enero y el día 17 de enero de 2014 en Berazategui.
2. CONDENAR a Javier Alejandro PONCE LUQUE, quien dijo poseer DNI n° 18.849.979, ser argentino, nacido el día 26 de junio de 1989 en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, de estado civil soltero, hijo de Héctor Ponce y Margarita Luque, instruido, domiciliado en la calle Evaristo Carriego 635 de Florencio Varela, de ocupación empleado de lavadero, con prontuario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires nº 1415551 Sección AP, a cumplir la pena de PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por resultar partícipe necesario del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (arts. 45 y 80 inciso 6° del CP), del que resultara víctima Héctor Jesús Barraza, hecho ocurrido entre la tarde-noche del 16 de enero y el día 17 de enero de 2014 en Berazategui.
3. CONDENAR a Néstor Ramón JARA, quien dijo no recordar el número de su DNI, ser argentino, nacido el día 21 de julio de 1991 en La Plata, provincia de Buenos Aires, de estado civil soltero, hijo de Néstor Ariel Jara y Andrea Fabiana Navarro, instruido, domiciliado en calle Guanacache y Amapola 1111 de Florencio Varela, de ocupación changarín, con prontuario del Registro Nacional de Reincidencia nº U3037231 y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires nº 1323182 Sección AP, a cumplir la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por resultar cómplice secundario del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (arts. 46 y 80 inciso 6° del CP), del que resultara víctima Héctor Jesús Barraza, hecho ocurrido entre la tarde-noche del 16 de enero y eí 17 de enero de 2014 en Berazategui.
4. Decomisar a través del Ministerio Público Fiscal, la totalidad de los elementos secuestrados en autos, haciéndole saber que las prendas de vestir deberán ser incineradas por cuestiones de salubridad pública. A tal fin, líbrese oficio (art. 23 C. Penal).
5. Regular los honorarios profesionales del Dr.Roberto Maciel, T° 38, F° 111 CALP, en la suma de pesos equivalentes a cincuenta y cinco (55) jus, con más el 10 % para aportes previsionales, por la labor desarrollada como defensor particular de la imputada Estela del Valle Figueroa durante el debate (ley 14.957 art. 9º inc. 3 n), a quien se le intima para que en el plazo de diez días acompañe las constancias del pago de aportes profesionales y previsionales, bajo apercibimiento de comunicarlo a su Colegio de Abogados.
6. Regular los honorarios profesionales del Dr. Gustavo Ernesto Klier, T° LXI, F°262 del CALP, en la suma de pesos equivalentes a treinta (30) jus, con más el 10 % para aportes previsionales, por la labor desarrollada en la IPP como defensor particular de la imputada Estela del Valle Figueroa (decreto ley 8904/77 art 9°, vigente al momento del hecho).
7. Regular los honorarios profesionales del Dr. Cesar Guillermo Leibson, T° II F° 162 CAQ, en la suma de pesos equivalentes a sesenta (60) jus, con más el 10 % para aportes previsionales, por la labor desarrollada como defensor particular del imputado Javier Alejandro Ponce Luque (ley 14.957 art. 9º inc. 3 n).
8. Regular los honorarios profesionales del Dr. Cesar Guillermo Leibson, T° II F° 162 CAQ, en la suma de pesos equivalentes a setenta (70) jus y con más el 10 % para aportes previsionales, por la labor desarrollada como defensor particular de la imputada Marcela Daiana Luque quien fuera absuelta (ley 14.957 art. 9º inc. 3 n).
9. Regístrese y con la lectura del presente dese por notificadas a las partes. Firme que sea, remítanse los incidentes respectivo al Sr. Juez de Ejecución que por turno corresponda (art. 25 in fine del CPP).
Rigen los artículos 5, 23, 40, 41, 45, 46 y 80 inc. 6° del Código Penal y arts. 22, 25, 209, 210, 231, 243, 371, 373, 375, 529, 530, 531 y ccdtes. del Código de Procesal Penal y arts. 168, 169 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Félix Gustavo Roumieu Pablo Eduardo Pereyra Ariel González Eliçabe Juez Juez Juez Ante mi
Fin de la sentencia