Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 4 de La Matanza · Causa 6274
Lo que resolvió el tribunal
I. Imponer a MARCELO DAVID LOVATO BARRIOS, de datos personales obran en autos y apuntados en el exordio, las penas de 1 (un) año y 6 (seis) meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de 5 (cinco) años, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de CONCUSIÓN (arts. 5, 26, 29, 40, 41, 45 y 266 del Código Penal).-
II. Imponer al mentado Lovato, por el término de 3 (tres) años y conforme lo estipula el art. 27 bis del Código Penal, las siguientes reglas de conducta: 1).- Fijar domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y 2).- Abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.-
III. Regular los honorarios profesionales de la señora defensora particular interviniente Dra. Sabrina Elizabeth García (T° VII, F° 237 C.A.L.M.) y el señor defensor particular Dr. Miguel Angel Gargano Mendoza (T° XV, F° 176 C.A.M.) del imputado Lovato, en la suma de 80 (ochenta) JUS, con más aportes de ley; para cada uno de ellos, teniendo en cuenta el valor y mérito de las labores realizadas en el marco de la presente causa, sumando a ello la intervención en las audiencias y especialmente el juicio oral. Rigen los arts. 9 apartado I.-, inciso 3, arts. 15, 16 y 54 de la ley 14.967 y 534 del CPP según ley 11.922 y modificatorias.-
Además, concurren aquí los arts. 168 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, 210, 371, 373, 375 y ccdtes del C.P.P. según ley …
En la Ciudad de San Justo, Partido de la Matanza, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, se constituyen los señores Jueces del Tribunal en lo Criminal nº 4 del Departamento Judicial La Matanza, doctores Nicolás Grappasonno, Gerardo C. Gayol y Franco M. Fiumara, con la Presidencia del primero de los nombrados, en la sede de este órgano, con el objeto de dictar el veredicto que prescribe el art. 317 del Código Procesal Penal, atento el debate oral y público celebrado en el marco de la causa nº 6274 seguida a MARCELO DAVID LOVATO, D.N.I. Nro. 32.842.707, sin sobrenombres y apodos, estado civil casado, funcionario policial, nacionalidad argentina, nacido el día 16 de enero de 1987, domiciliado en Icalma nro. 5210 de Gregorio de Laferrere, hijo de Carlos David Lovato y de Graciela Elisa Barrios. Ante la presencia de la señora actuario, se procedió a practicar el sorteo de ley, resultando el orden de votación del siguiente modo: Grappasonno-Gayol-Fiumara. Así se plantearon las siguientes:
1. ¿Está probada la existencia del hecho en su exteriorización material?; 2°) ¿Está probada la participación del procesado en el mismo? 3º) ¿Existen eximentes?; 4°) ¿Se verifican atenuantes?; 5°) ¿Concurren agravantes?;
A LA PRIMERA CUESTION, acerca de la existencia del hecho en su exteriorización material, el señor Juez Grappasonno, dijo:
Escuchadas a las partes, recogiendo la nueva descripción fáctica del Ministerio Público Fiscal, tengo legalmente demostrado, a partir de las piezas que fueron incorporadas por su lectura y la prueba producida durante la audiencia de debate, que: entre los días 8 y 15 de enero del año 2019, en horario indeterminado, en las inmediaciones de la Seccional Policial Noreste 3ra., sita en la arteria Alberti nro. 705 de la localidad de La Tablada, Partido de La Matanza, un funcionario policial a la postre identificado, solicitó a Norma Rafo una suma de dinero con el fin de entregarle un moto vehículo marca Bajaj modelo Rouser 200 dominio A092KIF -secuestrado el 08/01/2019 por orden del Fiscal a cargo de la UFIyJ Nro. 13 Departamental en el marco del legajo de I.P.P.
Nro. 05-00-001586-19/00- y, siendo que la víctima no contaba en ese momento con el dinero exigido, en definitiva la suma acordada ascendió a cinco mil pesos ($ 5.000), previo coordinar dicha entrega con Ludmila Rafo -hermana de la víctima- vía telefónica, concurrió nuevamente a la comisaría de La Tablada y en el interior de la misma, más precisamente en la oficina identificada como la del servicio de calle, ubicada en el primer piso de dicha dependencia, a la que se accede por el ingreso peatonal ubicado en Alvear 4701 de misma localidad, hizo entrega al mencionado de la suma de dinero aludida al mentado funcionario y, seguidamente recibió dicho motocicleta por parte de personal policial. Cabe apuntar que toda esta plataforma fáctica se acredita a partir de las constancias introducidas al debate y que a continuación paso a mencionar, a saber: Declaraciones testimoniales de Norma Beatriz Rafo, Mónica Rafo, Ludmila Ayelén Rafo, Jonathan Arias, Silvia Solari, y María Teresa Fuentes; así como las piezas incorporadas por su lectura, copias del legajo de I.P.P.
Nro. 05-00-001586-19/00 de fs. 01/90, legajo personal de fs. 112/116 y 142/143, constancia del RENAPER de fs. 119, imágenes impresas de fs. 136/138, acta de inspección ocular de fs. 164/165, RP2100 de fs. 166/167, planos de fs. 169/171, imágenes digitalizadas impresas de fs. 172/182vta., informe de fs. 241, acta de audiencia de cuerpo de escritura de fs. 257/262, copias certificadas de los libros de Novedad de Guardia y Registro de Sumarios y Causas y Planillas de Presentismo y Horas Co.Re.S. del mes de enero del año 2019 de la Seccional Policial Noreste 3ra. La Tablada de fs. 272/513, informe actuarial de fs. 515/517 y 544/545, y copias certificadas de las IPP nro. 05-00-010115-19 y 05-00-001336-20 de fs. 521/542, las instrucciones suplementarias practicadas por sendas partes, en particular las pericias caligráficas, a las que vamos hacer referencia en la cuestión siguiente.
Además, en sintonía con este estudio y de arribarse al estadio reservado a la calificación legal, se continuará con la repercusión jurídica del factum puesto de resalto. En cuanto a la prueba testimonial que abona esta cuestión como simultáneamente la venidera, de compartir mis colegas esta postura afirmativa, será materia de pormenorizado análisis más adelante. También debe asentarse que los defensores particulares si bien expusieron algunas circunstancias fácticas del particular en discrepancias a la hipótesis fiscal y que aquí -por el contrario- se recogió favorablemente, cierto es que concentraron su alegato en desligar al imputado de la causación del evento antes relatado. Los puntos de análisis en el presente devienen comunes a la cuestión venidera, pues por razones de economía procesal corresponde analizar en su conjunto las piezas en la cuestión siguiente de así compartir mis colegas esta tesitura.
Por todo lo cual, la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, por ser mi razonada y sincera convicción. Rigen los arts. 210, 371 inc. 1º y 373 del C.P.P.-
A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces Gayol y Fiumara, adhirieron en un todo al voto precedente, por ser su razonada y sincera convicción (arts. 210, 371 inc. 1º y 373 del C.P.P.).-
A LA SEGUNDA CUENTION, destinada a estudiar si el procesado intervino con relevancia penal en dicho evento, el señor Juez Grappasonno, dijo:
I. En criterio del Agente Fiscal, Dr. Yametti, ha quedado acreditado la intervención del acusado en el suceso materia de acusación, desplegó varios motivos de hecho y derecho al momento de alegar.
Desde otra senda, el dúo defensista, Dres. Mendoza y García, no negaron la existencia del ilícito e hicieron hincapié en la concurrencia de duda sobre la participación de Lovato en el mismo, aludieron en prieta síntesis que el mismo no estaba presente en la sección policial y según la pericia del experto que propusieran, el mismo no rubricó el acta de entrega del moto vehículo, abogaron en definitiva por su absolución.
II. Asentadas estas posiciones encontradas, puede adelantarse sin hesitación que no concurre otra solución loable, con respaldo probatorio y razonable en autos que no fuera la efectiva intervención del imputado en la causación del ilícito contra la administración pública antes ventilado. El cuadro de situación que analizaremos está lejos de cualquier incertidumbre, el grado de certeza se impone, como veremos.
Este camino debe comenzarse con los dichos expresados en la audiencia por Norma Beatriz Rafo. Destacó que detuvieron a su pareja porque cometió un robó, fue a la comisaría de Tablada y estuvieron afuera esperando. Estaba la hermana Ludmila, fue a buscar los papeles de la moto a su casa porque la moto era “legal” y no quería perderla. Agregó que Marcelo Lovato se encontró con su hermana Ludmila, el cual siempre tuvo contacto con Ludmila, le pidió diez mil pesos por la entrega de la moto. La dicente concurrió con su hermana Mónica y le entregaron la plata en su oficina, a la cual se accede a través de una escalera. Estaba nerviosa, aunque aclaró que no recibió ningún tipo de intimidación. La entrega de la moto ocurrió al otro día, había Mónica con su hermano. Destacó que no conocía con anterioridad a Marcelo, aunque sí Ludmila. Aquél tenía barba, era morocho y estaba vestido de civil. La que habló con Lovato fue su hermana. Recordó que la dicente estaba nerviosa por la situación, no quería perder la moto, dado que Lovato dijo que la moto estaba en la causa y que la iba a perder. La misma estaba a nombre de su pareja. Señaló al imputado en la sala como Lovato, al cual le entregaron el dinero. Si bien Lovato se manejó siempre con Ludmila, ésta no concurrió el día de la entrega del dinero. Concurrió dos veces a retirar la moto, la primera vez no estaba la llave y no pudieron retirarla. La moto siempre estuvo en la comisaria, en el fondo, adonde había más motos, recordó que la suya estaba como apartada. A preguntas de la defensa, ante posibles contradicciones con la versión escrita, reconoció que tenía miedo de perder la moto, pero aclaró que no recibió intimidación alguna. En cuanto a Lovato, al cual reconoció en la sala, aclaró que antes tenía barba.
También desfiló por la sala, Mónica Rafo. Expresó que a su hermana “le pidieron una plata”, pues detuvieron a su cuñado en las vías porque estaba robando, viajaba arriba de una moto Rousser, fue traslado junto a la motocicleta a la comisaría de la tablada. Entonces, se dirigió allí su hermana para averiguar por su cuñado y preguntó también por la moto, dado que era “legal”. Tenía conocimiento que le habían pedido un dinero para entregar la moto, eran “diez”, pero ella sólo tenía “cinco”. Aclara que el día de la detención estuvo un rato a la comisaría. Su hermana no contaba con el dinero, lo juntó y fueron a la comisaria para entregar el dinero, preguntaron por Lovato, le dijeron que esperara y la hicieron ingresar por un costado a una oficina, su hermana habló con él y le entregó el dinero, Lovato no lo contó, lo guardó en un cajón y se fueron. Afirma que estuvo en el momento en que su hermana entregó el dinero. El mencionado Lovato era el jefe de calle. A preguntas de la defensa, dijo que a éste lo observó una sola vez, aunque había escuchado de oído que efectivamente era el jefe de calle, solo recuerda que era morocho. Luego le entregaron la moto. Ludmila tuvo varias charlas con Lovato. Agregó que Leonardo recibió la moto, era de color roja. Analía Escardino era su amiga. La deponente solo estuvo presente en el momento que entregaron el dinero, se trató de la suma de cinco mil pesos. Le comentó su hermana que le había dado su número telefónico a Lovato, ella fue la que tuvo todas las conversaciones. Su hermana se llama Norma Beatriz.
También pudimos escuchar bajo juramento a Ludmila Ayelén Rafo, hermana de Norma, expresó que la llamó una amiga avisándole que su cuñado Gabriel había sido detenido, entonces fue a la comisaria de La Tablada. Una vez allí, egresó el jefe de calle, era morocho, con barba y pelo corto, la saludó y le comentó la situación de su cuñado, entonces agregó que podía ayudar al respecto, le dio su teléfono y la dicente el suyo, lo cual le comentó a su hermana. Luego le preguntó por la moto y le contestó que se quede tranquila porque la moto no estaba en la causa y podían llegar a un “arreglo”. Además, subieron a la oficina y el policía le preguntó cuanto le podían dar y su hermana le dijo “cinco mil”, luego se fueron. Recibió un mensaje del mismo acerca si habían conseguido la plata y le contestó que recién el día lúnes, aquél aseguró si no se apuraban la moto iba a ser trasladada a la Fiscalía. En todo momento les pareció raro porque tenían los papeles de la moto, aunque aclaró que no se sintió intimidada. El nombre del policía no lo conocía, solo que era el Jefe de calle, y para acceder a su oficina había que subir unas escaleras. A las preguntas de la defensa, hizo saber que no recordaba el nombre de éste sujeto, en el momento de la entrega del dinero la dicente no estuvo presente, sí le avisó a Norma -su hermana- pareja de Gabriel, sobre este arreglo. Norma luego le dijo que ya había entregado el dinero. Accedió a la oficina del Jefe de calle, ubicada a la vuelta de la comisaria, subiendo unas escaleras, estaba el nombre del mismo, pero no recuerda más detalles. Una vez la citó, después que pasó todo, tiempo después. No recuerda como estaba vestido, aunque posiblemente con una chomba y unos jeans. Agregó que era de contextura “grandote”. No sabía en que lugar estaba secuestrada la moto.
A su vez, prestó testimonio Jonathan Arias, personal policial, refirió que cuando se encontraban circulando dentro de la unidad policial, pudieron observar a dos masculinos arriba de una moto sin patente, color roja, los cuales descendieron de la motocicleta y empezaron a correr, por lo que los redujeron. Luego, trasladaron a la dependencia tanto a los sujetos como a la moto, lo pusieron a disposición del oficial de servicio para que realice el acta de procedimiento. Cabe aclarar que se trata del procedimiento previo que resultara con el secuestro de la motocicleta de marras y objeto de la exigencia dineraria ventilada.
A su turno, compareció Silvia Solari, personal policial, aseguró que no estaba a cargo del libro de guardia, sino la oficial Subayudante De Rito. Ingresó a la comisaría en el año 2017. No recordó que el 8 de enero de 2019 se haya entregado una motocicleta. Tampoco recordó si observo o no a Lovato en la dependencia en esa fecha, el cual era jefe de calle. El oficial de servicio era el responsable, si no recuerda mal se trataba del Oficial Canevaro. A Lovato lo ha observado uniformado, pero nunca con barba. Tiene buen concepto de Lovato.
En esta senda, se presentó la licenciada María Teresa Fuentes, perito calígrafa oficial. Expuso que participó en la pericia caligráfica, concluyó que Lovato rubricó el acta de entrega de la moto. Tomó elementos indubitados de Lovato, llevó a cabo una audiencia de cuerpo de escritura y se tomaron elementos indubitados por fuera de la causa, también elementos indubitados en fotocopias. Hizo un historial gráfico para tener conocimiento cómo firmaba. Ello así de modo coincidente y constante entre los años 2006 y 2020. Como dijo, su conclusión reside en la firma indubitada de Lovato en fs. 69/80. Toda escritura emanada por una persona es importante. Tomó un cuerpo de escritura. Todas firmas emanadas de su puño. Consideró que el perito de parte no hizo la misma pericia que la dicente. El código hace hincapié en las firmas. Sostuvo que el colega hizo un estudio parcial por lo que puede arribar a otra conclusión. Coincide respecto a la naturaleza de la capacidad gráfica en parte, porque ésta se puede ir desarrollando y por lo tanto, se puede modificar y mejorar la caligrafía. Hay personas muy instruidas para a los efectos de la escritura tienen problemas. Por lo tanto, se puede mejorar la capacidad gráfica. En su entendimiento, Lovato demostró tener capacidad escritural.
Como perito de parte, compareció Héctor Jorge Petersen, realizó una pericia caligráfica que hizo entrega la defesa. Aclaró que su estudio se basó en fotocopias, aseguró que lo más importante ha sido el cuerpo de escritura, lo que no le impidió llegar a la conclusión. Dijo que las firmas son un proceso escritural totalmente diferentes, el acusado Lovato no tenía capacidad para cambiar la escritura. El mismo utiliza las iniciales en la firma. Sostiene que su pericia fue más amplia, a diferencia de lo practicado por la colega perito oficial. No solo utilizo el cuerpo de escritura, sino que también firmas y otras actuaciones. Agregó que nuestra escritura está bañada de experiencia, pero tenemos una escritura innata, no podemos superar nuestra capacidad, es imposible. En cuanto a sus antecedentes, lleva 34 años ejerciendo su profesión y está convencido de lo que plantea. En su criterio, la capacidad que tiene Lovato no llega a una capacidad determinada para plasmar las firmas dubitadas.
Más allá de las declaraciones de ambos peritos, contamos con las experticias escritas y se encuentra debidamente incorporadas por su lectura. La licenciada Fuentes asegura que la rúbrica de fs. 69 a 80 se trata de Lovato, en sentido contrario el licenciado aseguró que las firmas dubitadas en cuestión no se correspondían con el mismo desde el plano morfológico. Además de la cuestión comparativa entre firmas indubitadas y dubitadas, cierto es que se practicó un cuerpo de escritura por parte de la perito oficial y el perito de parte llevó a cabo el estudio solo con fotocopias. Por ende, asiste razón a la licenciada Fuentes acerca de que se tratan de dos pericias distintas, lo cual resulta acertado y por tal razón arribaron a conclusiones diferentes.
Otro punto de encuentro, reside en la capacidad de Lovato o no, desde el plano caligráfico para realizar las autógrafas dubitadas. Fuentes dijo que Lovato tenía esta capacidad y Petersen afirmó que no. Aquí entiendo que la perito Fuentes posee más elementos también y su posición encuentra mayor sustento, pues estuvo presente durante la audiencia de cuerpo de escritura, hasta aseguró que la letra tenía alguna disminución pero entendió que la diferencia estaba dentro del marco de la normalidad, pues cuando una persona está imputada de un delito tiende a disminuir el tamaña de la letra, es un síntoma de personalidad por el tránsito en una causa judicial. Aquí me inclino por el procedimiento, análisis y método practicado por la licenciada Fuente, en tanto dio una explicación plausible de alguna distinción presentada, es decir lo contempló, brindando un parecer sumamente plausible y objetivo.
En el caso del perito Petersen, a pesar de su basta experiencia y elocuencia en la audiencia, descartó cualquier similitud, respecto de lo cual se empeñó en destacar en el debate, en un tramo de su alocución dijo “tener la convicción” de que no era su firma, que si no la tendría no lo esbozaría, que ello lo sostenía independientemente de haber sido contratado por la defensa de Lovato. Además, el perito de parte contó con la pericia oficial y realizó un estudio más alejado de los elementos de estudio primarios, con una posición más crítica, orientada a poner en tela de juicio la experticia oficial. Por tales razones, comparto las conclusiones de la licenciada Fuentes, no dejando pasar que de sendos testimonios escuchados, Fuentes fue más contundente y llevó a cabo un estudio más profundo y con mayor inmediatez con la escritura de Lovato.
De tal modo, nos encontramos frente a dos pericias sobre el mismo objeto con conclusiones encontradas y consecuentemente, habré de inclinarme por la versión del perito oficial, si bien no se puede dudar del profesionalismo aplicado por ambos. Ello en atención, a que entiendo que esta realizó una pericia más amplia, nutrida por varios elementos originales, fotocopias y un cuerpo de escritura.
Contrariamente, su colega que asistió a la defensa solo se valió de fotocopias y su estudio fue parcial, por lo que, llegó a otra conclusión, según su leal saber y entender. Consecuentemente, sopesados ambos dictámenes y sostenidos que fueron por sus realizadores, entiendo que los fundamentos vertidos y analizados en el párrafo precedente hacen a mi convencimiento, respecto a la acreditación de la firma del sindicado, sostenido por la perito oficial, en la audiencia.
Al margen de estas disquisiciones, entiendo que la configuración del ilícito queda sellada desde la entrega del dinero al funcionario público a cambio de una decisión oficial que del mismo depende, con independencia de la efectiva entrega o no de la motocicleta, así como al margen de intervención personal en este último acto. En realidad, el reintegro de la moto se cumplió, más allá de quien lo ejecutó en forma personal, no podemos obviar que la intervención de Lovato ha quedado acreditada en la exigencia dineraria, el pago y con consecuente entrega del rodado. Resulta evidente que hay un nexo de causalidad directo entre el dinero brindado y la entrega de la moto, pues no existió orden judicial, teniendo en cuenta que se trataba el Ministerio Público Fiscal el órgano competente para evaluar la procedencia de la entrega, el cual ha sido un convidado de piedra en la maniobra delictiva de Lovato. El acusado como funcionario policial y jefe de calle, mal podía desconocer que la entrega de la moto de marras dependía del criterio Fiscal de turno, es más las testigos aseguraron que si no entregaban el dinero iban a “perder” el moto vehículo, pues sería puesto a disposición de la Fiscalía (arts. 6, 56 y 226 C.P.P.). Entonces, pasando por alto los cuestionamientos sobre la intervención de Lovato en el acta de entrega, los cuales ya descartamos más arriba, la entrega de la moto se cumplió y previamente aquél recibió el dinero, que pudieran haber intervenido otros funcionarios en la maniobra ilícita si descartamos la rubrica de Lovato en la entrega, no ha quedado acreditado de ningún modo y las partes nada refirieron sobre esta posibilidad al momento de alegar.
Ahora bien, cabe aclarar, de asistirle razón a la defensa, en todo caso habría que investigar el punto, ponderar la presunta falsificación de instrumento público, en ese caso tampoco podría quedar desligado Lovato del accionar reprochado aquí. Todas estas consideraciones son vertidas en el marco de la hipótesis de la defensa, como anticipé, Lovato intervino tanto en la solicitud de los cinco mil pesos, en su recepción personal y posteriormente, ejecutó la entrega del moto vehículo. Lo que digo es que, de haber triunfado la principal postura defensista, tampoco podría resultar Lovato ajeno al ilícito contra la administración pública.
A mayor abundamiento, nótese lo que se desprende de las copias glosadas a fs. 521/533 referentes a la I.P.P. Nro. 05-00-010115-19 del registro de la UFIyJ Temática de Estupefacientes Departamental, en las que el Oficial Inspector Lovato intervino como secretario de actuación en el mes de febrero del 2019, en el mismo tiempo de las actuaciones formadas por la entrega llevada a cabo. Puede apreciarse sin mayores conocimientos caligráficos que las firmas asentadas y que llevan el sello aclaratorio “Marcelo David Lovato Oficial Inspector” son idénticas -desde mi criterio- a la trazada en el acta de entrega de fs. 77. Lo mismo acontece con lo obrado en fs. 535/542 -copias del legajo de I.P.P. Nro. 05-00-001336-20-, que se inicia por desprendimiento de copias certificadas de la IPP nro. 05-01-017366-19 de la UFIyJ Nro. 1 Descentralizada Departamental, actuó Lovato como oficial a cargo del sumario, oportunidad en la que prestaba servicio por ante el Destacamento José Ingenieros de Ciudad Evita. El día 13 de diciembre del 2019, o sea la misma fecha en que propone la designación de la abogado de su confianza en fs. 194, sus firmas no poseen las iniciales “MDV” ni los rulos separados, sino que justamente guarda similitud con las plasmadas en las actuaciones de entrega del motovehículo Bajaj Rousser de fecha 15 de enero de 2019 –fs.69/80.
Esto constituye otro punto que avala la pericia de la licenciada Fuentes, vincula a Lovato con el acta cuestionada de entrega y brinda un indicador justamente de que el acusado tenía la capacidad gráfica suficiente para alterar su rúbrica. Por ende, las firmas en que se basa el perito de parte -como la designación de letrado- adonde aparecen ahora con el aditamento de letras, en mi entendimiento y con apoyo en la experticia oficial, han sido alteradas adrede en relación a las que eran de uso y costumbre de Lovato.
III. En su defensa, prestó declaración el imputado Lovato, en la investigación a fs. 202/207vta., expresó: "el conocimiento que tengo del inicio de esto es más o menos de la fecha 8 de enero de 2019. yo me encontraba como siempre, ingreso temprano a la mañana a partir de las 8.00 de la mañana, espero a que llegue mi compañero Ojeda Emilio Roberto Andrés, y salimos a recorrer en un móvil identificable no recuerdo cual. Hacíamos como siempre un recorrido en el centro comercial y lugares que son muy transitados. posteriormente a eso, a las 16 horas aproximadamente, regresamos a la dependencia y realizo mi función como es habitual, consulto las novedades del servicio. yo era el jefe de calle de la comisaría noreste 3ra.
La Tablada, y mis funciones son netamente la parte operativa de la dependencia y lo que es investigaciones sobre hechos de relevancia, y las demás diligencias las realizan en oficinas. mi compañero Ojeda se dedicaba a diligenciar algunos expedientes o IPP o trámites judiciales. no recuerdo bien si 16.30 ó 17.00 horas encontrándome en mi oficina tomo conocimiento por parte creo que mi segundo, comisario Gutierrez Marcelo, o por parte del oficial de servicio Canevaro Erica, de que un móvil había logrado la aprehensión de dos personas masculinas que se habían dado a la fuga luego de cometer un ilícito en una motocicleta. Nosotros a razón de eso, prestando colaboración nos solicita la oficial de servicio si podíamos realizar el 26 y 41 en el domicilio de los imputados que quedaban en la villa Godoy Cruz que dista a 150 metros de la dependencia.
Que Canevaro nos mandó a la oficina a los familiares de los imputados, tomamos contacto con los familiares y le pedimos que nos traigan a vecinos para que nos den los datos de solvencia de los aprehendidos. Después se retiraron. Ahí Ojeda me comenta que a una de estas personas la conocía que se llamaba Ludmila, quien estaba con la hermana, siendo que me dijo que a la hermana era la primera vez que la veía. Yo no la conocía en persona a Ludmila pero Ojeda me había contado que la conocía porque le había brindado información sobre otros hechos ilícitos que ocurrieron en la villa como vendedores de droga o vehículos sustraídos y abandonados, lo que le permitió esclarecer varios hechos. Como ahí me entrevistó yo le doy mi teléfono personal porque había una confianza de esta persona con Ojeda.
Mi teléfono es el abonado nro. 1126910549. Que después de esa charla se retiró. Al día siguiente esta muchacha volvió a la dependencia, en donde mantuve una conversación en la guardia, con la misma, en la que ella me pregunto respecto de la motocicleta si estaba la posibilidad de entregársela. Yo le dije que no estaba en mi área de competencia disponer sobre la motocicleta y simplemente la asesoré que se presente en la fiscalía y solicite en tal caso la entrega de la motocicleta. Luego hablamos respecto del 26 y 41 y le dije que se contacte con Ojeda, sin saber si luego lo realizó el mismo o no. Aclara en este acto que el oficial subayudante Ojeda falleció en acto de servicio en el mes de agosto de 2019.
Preguntado que fue respecto a cual resultaba ser la ubicación de su oficina en la dependencia policial de matanza noreste 3era de La Tablada, refirió que estaba en un primer piso que se podía acceder por una escalera interna y por una puerta que daba por la calle Alvear que también que accede por una escalera de cemento, la oficina estaba compuesta por una subdivisión interna en la mitad siendo que sus paredes se encontraban pintadas en color amarillo. Ingresando por la calle Alvear lo primero que te encontrabas era una mesa muy grande para 12 personas con sillas de color rojo, pasando eso había una puerta la cual daba ingreso a mi oficina, la cual estaba compuesta por cuatro escritorios uno de ellos en ele, seguido un escritorio en el cual colocábamos las impresoras y junto al mismo el escritorio de Ojeda, teníamos sillones de escritorio de cuero blanco con negro, armarios para guardar las carpetas, y un sillón de dos cuerpos de color rojo con los caños negros el cual combinaba con las sillas que eran también de color rojo y los caños en color negro. preguntado que fue respecto a si sobre su escritorio poseía un cartel o placa identificatoria con su nombre, refirió que supe tener una placa tipo pirámide con mi nombre pero no recuerdo si para aquel momento lo tenéa en la oficina. preguntado que fue respecto a si mantuvo en alguna oportunidad comunicaciones telefónicas, o por sms o whatsapp con Ludmila, refirió que si, posteriormente y para decir verdad fueron dos o tres comunicaciones por whatsapp una de ellas a los días posteriores al hecho pero no recuerdo sobre que era la conversación y la segunda fue para el mes de mayo o junio en la cual me preguntaba si le podía dar una mano porque al grupo del colegio los habían estafado con el dinero del viaje de egresados y recuerdo que le dije que se tenía que acercar a derechos del consumidor o al juzgado civil y comercial, que en ese momento no la podía atender por lo que le pedí que si quería que se haga presente en la comisaria al dia siguiente para hablar más tranquilos pero no se hizo presente y desde ese momento no la volví a ver ni mantener comunicaciones con la misma. preguntado que fue respecto a si le pidió dinero a cambio de hacer entrega de la motocicleta a Ludmila o al algún familiar de la misma, refirió que no, en ningún momento le pedí nada, para nada. por otro lado, refirió que en ningún momento mantuve contacto con los aprehendidos, ni luego cuando fueron detenidos. tampoco tome parte de ningún modo con dicho procedimiento, siendo que tampoco fueron alojados en la dependencia ya que la tablada solo aloja femeninas por lo que cuando le dieron la detencón a los aprehendidos inmediatemente se les dio cupo en otra dependencia policial. por último, exhibidas que le fueron actuaciones en copia obrantes a fs. 69, 70/vta., 71/vta, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 para que reconozca su firma refirió que ninguna de las firmas allí insertas resultan ser la mía, yo pongo mis iniciales debajo de la la firma y los rulitos nos los hago todos juntos como están en las actuaciones yo los hago separados".
Durante la audiencia de debate, Lovato decidió declarar nuevamente, afirmó que en ningún momento observó a la primer testigo, no participó en las actuaciones, ya que no se encontraba en la dependencia. No tuvo contacto con ninguna de las Rafo. Por el contrario, ellas se contactaron con el dicente porque no tenían plata para pagar el abogado. Le pidieron su teléfono a una vecina, sin embargo les negó el teléfono y les dijo que se acerquen a la comisaria. Recordó que efectivamente con Ludmila había tenido contacto por temas de hechos ilícitos, ya que brindaba información. Después del hecho se presentó en la comisaria Ludmila y ahí la hizo pasar a su oficina. Aclaró que el deponente no era responsable de los cargos judiciales en la dependencia.
Pasado un tiempo, Ludmila se acercó a la dependencia y pidió hablar con el dicente porque le habían robado el teléfono. En mayo de 2019, la misma le envió un mensaje, recordó esto por un procedimiento “grande” por un tema de drogas, en este momento le pidió ayuda porque la habían estafado dinero de un viaje de egresados. A preguntas de la propia defensa, puso de relieve que Marcelo Uriarte era el responsable de los cargos judiciales, porque era el jefe de dependencia. Afirmó que nunca usó barba, más que dejársela un poco crecida. En cuanto a la vestimenta, siempre estaba de civil, nunca ostentaba el uniformado. Negó haber pedido dinero. Entiende que las testigos afirman esto, porque el dicente participó en la aprehensión de su hermano por un tema de drogas.
Recordó que el día del hecho de la aprehensión no tuvo contacto con las hermanas Rafo.
Luego, la defensa solicitó un careo entre su asistido Lovato y Ludmila Rafo. Se llevó a cabo este procedimiento con conformidad del Fiscal. Ludmila ratificó que a Lovato lo conocía de forma previa a la entrega de la moto, era jefe de calle, Lovato dijo que ella tenía vínculo con Ojeda por el tema de venta de drogas de su hermano. Seguidamente, Ludmila mantuvo sus dichos en cuanto estuvo presente cuando Lovato pidió el dinero, sin embargo Lovato aseguró que no estuvo en la dependencia en ese momento. En conclusión, la testigo se mantuvo firme en sus aseveraciones y Lovato insistió también con sus dichos desincriminantes, ninguno alteró un ápice su declaración.
En conclusión entiendo que los dichos de Lovato ningún asidero pueden tener y únicamente están orientados a mejorar su comprometida situación procesal; por todo lo analizado, ha intervenido personalmente en la solicitud de dinero, en la efectiva recepción del mismo y la posterior entrega de la moto de marras, dicha entrega no estuvo registrada en la comisaría y tampoco ordenada por autoridad judicial alguna.
Ahora bien, la defensa ensayada por Lovato está desprovista de cualquier apoyatura probatoria, sus afirmaciones transitaron en soledad durante el debate. Una testigo recibió su pedido dinerario telefónicamente, previamente otras dos testigos recibieron la insinuación para arribar a un “arreglo” espurio, luego en el acto de entrega del dinero ambas testigos coincidieron en las circunstancias de tiempo, lugar y modo, sindicando a Lovato como el oficial en cuestión, al que señalaron sin titubeos en la audiencia, hasta recordaron detalles fisionómicos del mismo. A pesar de la insistencia de Lovato en remarcar el parentesco de algunas testigos con personas que habrían delinquido, la sinceridad de las testigos fue evidentemente, en tanto hasta realizaron la disquisición que no querían “perder” la moto porque la ostentaban de modo “legal”. La vinculación de las testigos apuntada por Lovato acerca de otros delitos, constituye un prejuicio que no puede receptarse favorablemente en este estudio, de todos modos tampoco las testigos exhibieron durante su declaración intención alguna de perjudicar a Lovato, solo querían recuperar la moto y así lo lograron, quién detecto la maniobra fraudulente ha sido el hábil Agente Fiscal de la etapa anterior, es decir las hermanas Rafo no radicaron la denuncia contra Lovato.
IV. Asentada estas consideraciones, cabe recapitular de las copias del legajo de I.P.P. Nro. 05-00-001586-19/00 del registro de la UFUyJ Nro. 13 Departamental obrantes a fs. 01/90, en tanto dieron origen la pesquisa en ciernes. Nótese que, en el marco de dicho proceso, iniciado en fecha 8 de enero del 2019, con intervención de la seccional policial Noreste 3ra. La Tablada, se procedió a la aprehensión y posterior detención de Juan José Urquiza y Gabriel David Laquidara Tarela por el delito de robo agravado por el uso de arma de utilería, y al secuestro de una motocicleta color roja sin chapa patente en la que los imputados se trasladaban.
Véase que, se acreditó en dicho proceso que el moto rodado incautado era una Bajaj Rousser dominio A092KIF que no poseía pedido de secuestro alguno, siendo su titular Gabriel David Laquidara Tarela. A su vez, en fs. 69/80 se incorporaron actuaciones complementarias provenientes de la seccional preventora, surge que el 15 de enero del 2019, quien suscribe como “Marcelo David Lovato Oficial Inspector”, hizo entrega a Norma Beatriz Rafo de la motocicleta incautada, sin contar con orden expresa parte del Sr. Agente Fiscal a cargo de la investigación, Dr. José Luis Maroto, en este sentido véase la constancia de fs. 90. Se labró acta en fs. 77, sobre la cual versaron las mayores discrepancias entre las partes, tal cual vimos. En estos autos, también se agregaron placas sobre la oficina donde se realizó la entrega del dinero, basta observar las imágenes de fs. 136/138 y 180/181vta., incluyen tanto el exterior como el interior de la dependencia policial, a través del acta de fs. 164/165 se efectuó una inspección ocular de dicha dependencia que posee puerta de ingreso sobre el numeral 702 de calle Alberti, certificando fehacientemente que la misma posee otro acceso peatonal y uno vehicular sobre calle Alver, tal como manifestaran las declarantes (ver imágenes de fs. 169/171 y 172/182vta.).
Complementan el plexo probatorio las copias del legajo personal y SIIP del encausado Marcelo David Lovato adunadas a fs. 112/116 y 142/143, como así también planilla de cumplimiento mensual RP 2100 de fs. 166, a través de las cuales se constata que el mismo resulta ser personal policial de la provincia de Buenos Aires con legajo personal 174.888, con jerarquía de Oficial Inspector y que durante el mes de los hechos –enero del 2019-, se encontraba en situación de revista activo cumpliendo funciones como Jefe de la Oficina de GTO, comúnmente llamado “jefe de calle”, por ante la seccional policial Noreste 3ra. La Tablada.
V. De este racconto arribo como máximo punto cognoscitivo a la firme convicción de haber reconstruido conceptualmente la irrealidad, así tengo la plena certeza acerca de que con lo dicho se alcanzó el umbral de conocimiento sobre los acontecimientos, es que el producto de la verdad procesal no es más que la aquí delineada. Recordemos al jurista clásico Francesco Carrara al decir “la certeza está entre nosotros; la verdad está en los hechos” (en “Programa del Curso de Derecho Criminal”, dictado en la Real Academia de Pisa”, traducción Sebastián Soler, Ricardo C. Nuñez y Ernesto R. Gavier”, editorial Depalma, Buenos Aires, 1994, pag. 291). En el estado de ánimo del suscripto sólo se anida certeza y claridad, producto de la valoración puesta de resalto de los elementos y pruebas incriminantes. Como corolario es pertinente apuntar que tales pruebas concluyen en idéntica dirección y resultan fuente de mi convencimiento en cuanto a la autoría del acusado Lovato en el hecho detallado en el apartado de la materialización ilícita. Máxime cuando las piezas de cargo se armonizan entre sí y permiten una conexión directa y clara entre la persona inculpada y la conducta objeto de este proceso.
Como adelantara, la respuesta que se impone a la cuestión resulta afirmativa, por ser mi sincera y razonada convicción.
Rigen los arts. 210, 371 inc. 2º y 373 del C.P.P.
A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces Gayol y Fiumara, adhirieron en un todo al voto precedente, por ser su sincera e íntima convicción (arts. 210, 371 inc. 2º y 373 del C.P.P.).-
A LA TERCERA CUESTION, acerca de posibles eximentes, el señor Juez Grappasonno, dijo:
No concurren, y tampoco se han planteado circunstancias excluyentes de responsabilidad en el caso bajo análisis.
Entonces la respuesta es negativa (arts. 210, 371 inc. 3º y 373 del C.P.P. y 34 “a contrario sensu” del Código Penal).-
A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces Gayol y Fiumara, adhirieron en un todo al voto precedente, por ser su sincera e íntima convicción (arts. 210, 371 inc. 3º y 373 del C.P.P.).-
A LA CUARTA CUESTION, en relación a posibles extremos atenuantes de pena, el señor Juez Grappasonno, dijo:
Cabe recoger favorablemente la propuesta fiscal, acerca de la ausencia de antecedentes; dejando asentado el criterio de este órgano en tanto dicha carencia no constituye una regla general, sino una circunstancia que debe analizarse en cada caso en particular. Debe sumarse el buen concepto informado en la audiencia, al margen de su responsabilidad con el hecho ventilado.
Así, emito mi opinión por la afirmativa en este pasaje (arts. 210, 371 inc. 4º y 373 del C.P.P.).
A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces Gayol y Fiumara, adhirieron en un todo al voto precedente, por ser su sincera e íntima convicción (arts. 210, 371 inc. 4º y 373 del C.P.P.).-
A LA QUINTA CUESTION, en lo atinente a agravantes, el señor Juez Grappasonno, dijo:
Que la Fiscalía no propuso punto alguno sobre el particular, so pretexto de afectar la defensa tampoco incorporaré extremos aquí, así emito mi opinión por la negativa en este pasaje (arts. 210, 371 inc. 5º y 373 del C.P.P.).
A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces Gayol y Fiumara, adhirieron en un todo al voto precedente, por ser su sincera e íntima convicción (arts. 210, 371 inc. 5º y 373 del C.P.P.).-
Atento al resultado que arroja el tratamiento de las cuestiones precedentes, el Tribunal por unanimidad, resuelve: dictar VEREDICTO CONDENATORIO, en relación a MARCELO DAVID LOVATO BARRIOS, de otros datos expuestos en el exordio, en relación al suceso contra la administración pública, ocurrido en las circunstancias temporo espaciales antes apuntadas.
Ante mí;
Seguidamente, se reabre el acuerdo en idénticas condiciones y a los fines de dictar sentencia conforme lo estipula el art. 375 del ceremonial en relación al acusado Romero, siguiendo el mismo orden de votación, se plantean las siguientes:
1. ¿Cuál es la calificación legal del hecho?;
2ª ) ¿Cuál es el pronunciamiento que corresponde dictar?.-
A LA PRIMERA CUESTION, adonde toca estudiar la adecuación típica, el señor juez Grappasonno, dijo:
I. Que, el relato del evento efectuado en el veredicto que antecede han de quedar atrapado en la figura de concusión, en el cual el acusado se presenta como autor, previsto y reprimido por los arts. 45 y 266 del Código Penal, según lo expondremos ut infra.
II. Dicha figura legal coincide con la pretensión fiscal, con suma elocuencia mudó de calificación legal contra la propiedad a esta novedosa tipificación contra la administración pública. Para ello expuso razones de hecho y de derecho, sobre el particular la defensa ninguna crítica formuló, pues el centro de la crítica rondó sobre la ajenidad de Lovato en la causación del evento. Cabe aclarar que el acuse, en esta objetiva alteración, escogió una figura más beneficiosa para el imputado y las circunstancias de facto en que reposa estaban contempladas en la anterior circunscripción, según requerimiento de elevación.
III. Cabe analizar lo siguiente. La figura en trato, cuyo titular reza “exacciones ilegales”, técnicamente en la descripción de comportamientos trae consigo otros encuadres que configuran “concusión”. En particular la conducta de Lovato consistió en “solicitar” más que “exigir”, una suma dineraria, la cual luego se concretaría en una cifra menor a la pretendida primigeniamente, en carácter de “dádiva” para luego proceder a entregar la motocicleta secuestrada. La diferencia reside en que, desde el vamos, el particular tiene conocimiento que lo solicitado aparece en beneficio propio del funcionario, todo lo cual desprovisto de intimidación o violencia. Al margen de la misma sanción prevista para sendas figuras, sea “exacciones ilegales” o “concusión”, entiendo que si bien los comportamientos pueden tener ciertas similitudes pero el legislador decisión realizar esta disquisición y revisten distinta gravedad.
A las claras, es verdad de perogrullo que el Estado no puede recibir dádivas, resulta evidente que el acusado desde el inicio requiere para sí y no para la administración, no olvidemos que se muestra predispuesto a “ayudar” a Rafo con la cuestión del secuestro de la moton ni bien aquella arriaba a la seccional policial (vide Ramos Mejía Enrique, “El delito de concusión”, ed. Depalma, Buenos Aires, año 1963, pag. 53).
En similar sentido, se ha dicho que cuando el funcionario exige algo para sí de entrada, no puede haber “exacción” sino “concusión” (Carrara Francesco, “Programa de derecho criminal”, T.V., Ed. Temis, Bogotá, pag. 94). Así se desprende de los testimonios escuchados, en ningún momento se aseveró en la audiencia que el pedido de dinero -por parte del policíatuviera otro destino que su propio beneficio, no se trató de una contribución o derecho con apariencia de legalidad y con miras a engrosar las arcas del Estado. En similar sentido, se presenta la posición de D’Alessio Andrés José (como director de “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado”, La Ley, Buenos Aires, año 2011, pag. 1316 y ss.).
La jurisprudencia ha expresado que “cuando lo exigido indebidamente es una dádiva, algo que nunca puede suponer la víctima como adeudado regularmente al Estado (art. 266) y, por ende, el autor actúa desde el principio (art. 268). La concusión, que es también una exacción según la segundo de las acepciones de esta última, se presenta cuando el funcionario exige arbitraria y violentamente la entrega de una dádiva, toda vez que, como el Estado no puede recibir dádivas, resulta evidente que desde el inicio el agente requiere para sí y no para la administración” (T.Oral nro. 5 ciudad de Bs.As., “Varela Cid, Eduardo”, fecha 11/5/1999, La Ley 1999-D, 295, en similar sentido CNCrim. y Correc., sala IV, “Zukiazian, Artak”, fecha 22/3/22, La Ley, 2001-D, 788).
En autos se descartó y así lo advirtió el Fiscal, el posible encuadre en extorsión, ante la ausencia de intimidación o cualquier tipo de violencia, siendo que la entrega de dinero solo ha sido efectuada para recuperar la motocicleta y evitar cualquier otro trámite o dispendio procesal, así como correr el riesgo de no poder disponer de la misma. Así lo pudimos advertir de boca de las testigos, a cuyos pormenores cabe remitirse por razones de economía procesal. Ha sido claro que no entregaron el dinero por temor a represalias, sino para acortar el camino burocrático que implicaba arribar al recupero del biciclo.
En este tren, la “concusión” requiere que el funcionario público, abusando de su cargo, solicite, exija o haga pagar o entregar, por sí o por persona interpuesta, una dádiva. El tipo penal constituye un “delito especial” que reduce el círculo de autores a quienes cumplen funciones en la administración y en abuso de aquella posición realicen las conductas previstas por la norma (Ramos Mejía, ob. cit., pag. 53). De esta manera, se descarta el uso de la violencia y la extorsión, donde la voluntad del sujeto pasivo es captada mediante el fraude y el engaño. En definitiva, la voluntad del particular se procura determinar por la influencia del “metus publicae potestatis”, la diferencia radica en el medio utilizado: la exigencia o la persuasión y el error. El elemento esencial es el abuso del cargo de la autoridad, el servidor público se vale aquí de su cargo específico o al menos de su condición genérica de funcionario público (Ramos Mejía, ob. cit., pag. 66/67).
Entonces, resalto nuevamente la inconducente discusión sobre la autoría de la rúbrica del acta de entrega, más allá de lo asentado sobre el efectivo protagonismo de Lovato en nuestro criterio, cierto es que la consumación del ilícito tuvo lugar en una etapa anterior y lo actuado a posteriori en nada hace variar un ápice el encuadre legal. Ello así, pues en todo caso, la discusión de la doctrina y la jurisprudencia ha diferenciado el momento de consumación del delito de acuerdo a la modalidad de su ejecución. Por un lado, en aquellos supuestos en que el autor solicite o exija la dádiva, el ilícito se consumará con su actividad, desde otra senda se ha señalado que cuando el autor hiciera pagar o entregar la dádiva, el tipo penal requerirá la obtención de un resultado específico para su consumación, la entrega de la dádiva (CNCP, Sala III, causa N° 11430, “Tolosa”, reg. N° 171.10.3, rta. 2/03/10; y CFCP, Sala III, causa N° FSM 48049/2016/TO1/CFC1, “Rimoldi”, reg. N° 84/20, rta. 13/2/20, Ramos Mejía, ob. cit. págs. 73 y 74, D´Alessio, ob. cit. Tomo II, pag. 1321 y 1322). En definitiva, se trata de un delito de actividad que se configura con la “solicitud” -en nuestro caso- del funcionario hacia el particular, es decir queda configurada la figura legal y consumado el delito con esta exteriorización de la voluntad del funcionario público, independientemente de concretarse el pago o no. A mayor abundamiento, en autos el iter criminis abarcó la efectiva entrega de dinero y hasta la obtención del moto vehículo, sin perjuicio de destacar que desde el pedido dinerario de Lovato ya teníamos comprobado el delito en ciernes. Reitero, se trata de un delito de actividad -no de resultado-, a pesar que la entrega del dinero se cumplió, a las claras lejos está dicha actividad de constituir una condición para enmarcar la conducta ventilada en el tipo penal de “concusión” apuntado, la consumación ya había operado.
En apoyatura, deben citarse los arts. 375 inc. 1º y cc. del C.P.P..- A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces Fiumara y Gayol, adhirió en un todo al voto precedente (arts. 375 inc. 1º y cc. del C.P.P.).- A LA SEGUNDA CUESTION; sobre el pronunciamiento que corresponde dictar, el señor Juez Grappasonno, dijo:
I. En primera medida, entiendo justo aplicar, a la luz de los pormenores ya estudiados y la pretensión del acusador, a Lovato, la pena de 1 (un) año y 6 (seis) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, así como inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de 5 (cinco) años (arts. 5, 29, 40 y 41 C.P.). En cuanto al monto de prisión aludido, contemplo sendos puntos atenuantes, la ausencia de extremos agravantes, la gravedad del ilícito en cuanto la acción reprochada no se trató de una “exigencia” y el grado de culpabilidad por el ilícito.
La Fiscalía a cargo del eficiente doctor Yametti, agregó a este pedido sancionatorio, que no se oponía de ningún modo para que dicha sanción de prisión sea dejada en suspenso. Posición esta que resulta relevante en tanto se trata del titular de la vindicta pública, máxime ponderando que el caso en estudio encuadra sin hesitación en las previsiones del artículo 26 del digesto sustantivo, el acusado ha transitado el proceso en libertad y estuvo sometido a proceso, además no registra condenas penales anteriores y mal concurre razón alguna para alejarse del criterio fiscal.
Resta imponer al mentado Lovato, por el término de 3 (tres) años y conforme lo estipula el art. 27 bis del Código Penal, que cumpla las siguientes reglas de conducta: 1).- Fijar domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y 2).- Abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.
II. Dicho esto, desde otra senda, cabe apuntar que mal podría ser de aplicación la inhabilitación perpetua pretendida, en tanto el digesto reza: “el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones ilegales expresadas en los artículos anteriores” (art. 268 C.P.). Pues el funcionario acusado en autos solicitó una “dádiva” para sí, es decir para su provecho personal y en base a ello actuaron las testigos de autos, no con apariencia de legalidad de lo debido a la administración. Además, mal tenemos acreditado en autos el provecho propio y efectivo o para un tercero del producto del pedido, sabemos que el dinero fue solicitado bajo tales términos (“dádiva”).
Ergo, encontramos sendos obstáculos para elevar indeterminadamente la sanción de inhabilitación, uno consiste en una cuestión probatoria acerca del “provecho” -extremo antes develado-, otro que la norma ciñe el caso al supuesto de “exacciones ilegales”, siendo que el asunto ventilado quedó enmarcado en la figura de “concusión”, es decir aquí el funcionario público pidió o solicitó para sí desde el vamos, en estas condiciones también lo entendió la particular que abonara la suma acordada (similar posición adopta D’Alessio Andrés José, director de “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado”, La Ley, Buenos Aires, año 2011, pag. 1324 y ss.).
En cuanto al monto impuesto de inhabilitación, entiendo que no puede acercarse al mínimo, realizando aquí una digresión con el monto de sanción de prisión, pues estamos ante un funcionario policial del escalafón de oficiales, a cargo de una responsabilidad considerable en el actuación de la dependencia, pues era “jefe de calle”. Es más, realiza su “solicitud” de dinero en el marco de una causa penal cuando actuaba otro Poder del Estado, me refiero al Ministerio Público Fiscal. Por ello, entiendo justo el monto máximo de la sanción de inhabilitación, pues debe considerarse el grado de culpabilidad que reposa por sus condiciones laborales y la responsabilidad que ostentaba.
III. A su vez, cabe regular los honorarios profesionales de la señora defensora particular interviniente Dra. Sabrina Elizabeth García (T° VII, F° 237 C.A.L.M.) y el señor defensor particular Dr. Miguel Angel Gargano Mendoza (T° XV, F° 176 C.A.M.) del imputado Lovato, en la suma de 80 (ochenta) JUS, con más aportes de ley; para cada uno de ellos, teniendo en cuenta el valor y mérito de las labores realizadas en el marco de la presente causa, sumando a ello la intervención en las audiencias y especialmente el juicio oral. Rigen los arts. 9 apartado I.-, inciso 3, arts. 15, 16 y 54 de la ley 14.967 y 534 del CPP según ley 11.922 y modificatorias.
Así también concurren las reglas de los arts. 375 inc. 2º y cdtes del C.P.P..-
A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces Fiumara y Gayol, adhirieron en un todo al voto precedente (arts. 375 inc. 2º y ccdtes del C.P.P.).-
Con lo que terminó el acuerdo, firmando los señores jueces por ante mí, de lo que doy fé.-
Ante mí A la luz de las cuestiones resulta aquí, en la ciudad de San Justo, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, el Tribunal, por unanimidad, entonces dicta la siguiente:
I. IMPONER a MARCELO DAVID LOVATO BARRIOS, de datos personales obran en autos y apuntados en el exordio, las penas de 1 (un) año y 6 (seis) meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de 5 (cinco) años, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de CONCUSIÓN (arts. 5, 26, 29, 40, 41, 45 y 266 del Código Penal).-
II. IMPONER al mentado Lovato, por el término de 3 (tres) años y conforme lo estipula el art. 27 bis del Código Penal, las siguientes reglas de conducta: 1).- Fijar domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y 2).- Abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.-
III. REGULAR los honorarios profesionales de la señora defensora particular interviniente Dra. Sabrina Elizabeth García (T° VII, F° 237 C.A.L.M.) y el señor defensor particular Dr. Miguel Angel Gargano Mendoza (T° XV, F° 176 C.A.M.) del imputado Lovato, en la suma de 80 (ochenta) JUS, con más aportes de ley; para cada uno de ellos, teniendo en cuenta el valor y mérito de las labores realizadas en el marco de la presente causa, sumando a ello la intervención en las audiencias y especialmente el juicio oral. Rigen los arts. 9 apartado I.-, inciso 3, arts. 15, 16 y 54 de la ley 14.967 y 534 del CPP según ley 11.922 y modificatorias.-
Además, concurren aquí los arts. 168 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, 210, 371, 373, 375 y ccdtes del C.P.P. según ley 11.922 y modificatorias.-
Regístrese copia de la presente y léase por Secretaría en la audiencia designada al efecto. Comuníquese a la Secretaría de la Excma. Cámara departamental (art. 22 Ac. 2840 S.C.J.B.A.). Fecho, y consentida que sea, pase a despacho.-
Ante mí:
Fin de la sentencia