Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 4 de La Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a GARCÍA RUBÉN ALBERTO, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, a LA PENA DE PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas del proceso, por ser coautor del delito de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego en carácter de coautor (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego (1 víctima), por el hecho acontecido el día 20 de mayo de 2019 en la Localidad de San Miguel del Monte del cual resultaran víctimas fatales Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López y víctima sobreviviente Rocío Quagliarello.
2Condenar a ECILAPE LEONARDO DANIEL, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, a LA PENA DE PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas del proceso, por ser coautor del delito de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego (1 víctima), por el hecho acontecido el día 20 de mayo de 2019 en la Localidad de San Miguel del Monte del cual resultaran víctimas fatales Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López y víctima sobreviviente Rocío Quagliarello. …
La Plata, 9 de junio de 2023.
Para dictar la sentencia en el marco de la causa número 6407 (IPP 06-03-002118-19/00, Sorteo 657 / 2021 ) seguida a Leonardo Daniel Ecilapé, Rubén Alberto García, Mariano Alejandro Ibáñez y Manuel Monreal, demás circunstancias personales obrantes en autos, por el delito prima facie calificado como homicidio agravado por abuso de función como miembros de las fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego –consumado- (4 víctimas) y en tentativa (1 víctima).
Y
I. HECHOS.
Que en lo que al hecho y a los imputados respecta, en la presente causa fueron presentadas las siguientes teorías del caso.
“Que en horas de la madrugada del día 20 de mayo de 2019, efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría de San Miguel del Monte a bordo -cuanto menos- de los móviles números 21701, 21725 y 46775, en circunstancias en que se encontraban realizando un recorrido en las inmediaciones del Barrio Montemar de la localidad de San Miguel del Monte -por motivos que fueron objetos de investigación- procedieron a iniciar el seguimiento de un vehículo marca Fiat modelo Spazio 147 dominio SDM 355, al cual de manera injustificada, sin sospecha u objeto razonable- intentaron interceptar, circunstancia que motivara la maniobra evasiva de su conductor -un sujeto del sexo masculino- iniciándose una persecución a través de dicha ciudad en cuyo trayecto -en claro abuso de sus funciones, en razón de no existir motivo fundado que ameritara tal temperamento- al menos desde dos de las unidades vehiculares y policiales intervinientes, en codominio y confluencia del hecho y aportes entre los uniformados que las conducían y aquellos que oficiaban de acompañantes -al menos, GARCÍA, ECILAPE, IBAÑEZ Y MONREAL- con el representado y propósito de producir su muerte, efectuaron -cuanto menos- con sus armas de fuego provistas por la fuerza marca Bersa Thunder número 13544188 y Bersa Thunder Pro número 13H57836, varios disparos hacia el vehículo mencionado y la humanidad de sus ocupantes -en la ocasión, y además del mentado conductor, 4 personas menores de edad, resultando dos de ellas del sexo femeninosiendo éstos alcanzados por los impactos, provocando dicha agresión ilegítima -la de los disparos- la dificultad e imposibilidad en el control de la conducción de quien iba al volante del automóvil Fiat, desencadenando la colisión del rodado contra la parte trasera izquierda de un acoplado con dominio GYA 366 que se hallaba estacionado sobre el cordón de la colectora de la ruta 3 -arteria 9 de julio- e inmediaciones de su intersección con la calle Pedro Nolasco Rojas, impacto que motivara el deceso casi inmediato de 4 de sus ocupantes, y el riesgo inminente de vida para la restante pasajera que no se consumó por razones ajenas."
2. TEORIA DEL CASO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA, PATROCINANTE DE LOS PARTICULARES DAMNIFICADOS GLADYS BEATRIZ RUIZ DÍAZ, JUAN CARLOS SANSONE Y YANINA ZARZOSO, DR. RICARDO EMILIO MINOLI, LETRADO PATROCINANTE DE LOANA SANGUINETTI Y DRA. DORA BERNARDEZ, PATROCINANTE DE BLANCA INÉS SUAREZ, NILDA SUSANA RIOS Y HERMES OMAR DOMÍNGUEZ.:
“El 19 de mayo de 2019, Camila y Rocío, dos niñas, se encontraron con Danilo, Gonzalo y Aníbal, que estaban paseando en el auto de este último en horas de la noche por la ciudad de San Miguel del Monte. Dado un momento y ya de madrugada del día 20 del mes de mayo del año 2019, efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría de San Miguel Del Monte a bordo -cuanto menos- de tres móviles (número 21701, 21725 y 46775) en circunstancias en que se encontraban realizando un recorrido en las inmediaciones del Barrio Montemar de la Localidad de San Miguel del monte, comenzaron a seguir al vehículo marca Fiat modelo Spazio 147 con dominio SDM 355 en el que viajaban los niños y niñas junto con Aníbal, por razones que aún no han sido completamente acreditadas, pero de manera injustificada sin sospecha u objeto razonable -intentaron interceptar al 147- circunstancia que motivó la maniobra evasiva de su conductor -Aníbal Suárez-. Aníbal, aclaramos había sido víctima de pedidos de coima por parte del personal policial. En ese momento, y sin ningún motivo legítimo iniciaron una persecución desmedida a través de la ciudad de San Miguel Del Monte en cuyo trayecto -en claro abuso de sus funciones, debido a que no existía motivo fundado que ameritara ese accionar- al menos desde dos de las unidades vehiculares y policiales intervinientes, en co-dominio y confluencia del hecho y aportes entres los uniformados que los conducían y aquellos que oficiaban de acompañantes -al menos, GARCÍA, ECILAPE, IBAÑEZ Y MONREAL- con el representado e indiferente propósito de producir su muerte, efectuaron -cuanto menos- con sus armas de fuego provistas por la fuerza de marca Bersa Thunder número 13544188 y Bersa Thunder Pro número 13H57836 varios disparos hacia el vehículo mencionado y las humanidades de sus ocupantes. Los disparos impactaron en el vehículo y en el cuerpo de Gonzalo, provocando esa agresión ilegítima -la de los disparos- la dificultad e imposibilidad en el control de la conducción de quien iba al volante del automóvil Fiat, desencadenando ello en la colisión del rodado contra la parte trasera izquierda de un acoplado con dominio GYA-366 que se hallaba estacionado sobre el cordón de la colectora de la Ruta número 3 -arteria 9 de Julio- e inmediaciones de su intersección con la calle Pedro Nolasco Rojas, impacto que motivara el deceso casi inmediato de cuatro de sus ocupantes, y el riesgo inminente de vida para la restante pasajera.”
3. TEORIA DEL CASO DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS) REPRESENTADO POR LA DRA. AGUSTINA LLORET.
“El 19 de mayo de 2019, minutos antes de la medianoche, Aníbal Suárez -de 23 años-, Danilo Sansone -13 años- y Gonzalo Domínguez -14 años- se dirigieron a la plaza que se encuentra frente a la Municipalidad de San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires, en el auto Fiat 147 de Aníbal. En la plaza, se encontraron con Rocío Quagliarello -13 años- y Camila López - 13 años también -, quienes se subieron al auto. Después de empujarlo para hacerlo arrancar, los chicos se retiraron del lugar para recorrer el pueblo. Paralelamente, entre las 00.30 y las 00.35 del 20 de mayo de 2019, María de las Mercedes Gogna, una vecina del barrio de Montemar, escuchó ladridos de perros y le pidió a su marido, Víctor Bearzotti, que avise a la policía.
En respuesta a este llamado, aparecieron varios móviles policiales en el domicilio de Gogna y Bearzotti. Entre ellos, el móvil tripulado por el Capitán Rubén Alberto García y el Oficial de Policía Leonardo Daniel Ecilape como chofer, y el móvil tripulado por el Oficial Subayudante Mariano Alejandro Ibáñez como chofer, el Oficial de Policía Manuel Monreal y la Oficial Sub-Ayudante Melina Bianco. Una vez en el lugar y, tras no encontrar nada sospechoso, los móviles se retiraron del lugar. En un tramo de su paseo, los chicos anduvieron por la Laguna de San Miguel del Monte. Mientras bordeaban la Avenida Costanera, se cruzaron de frente con el móvil policial tripulado por el Capitán García y el Oficial Ecilape.
Inmediatamente después, los policías dieron una vuelta en ""U" y, sin que exista ningún motivo o sospecha que lo amerite, comenzaron a perseguir a los chicos, quienes, atemorizados, ingresaron a una calle interna del pueblo, la calle Río Negro. En ese momento, García y Ecilape se cruzaron con el móvil en el que se trasladaban Ibáñez, Monreal y Bianco sobre la Avenida Costanera y tuvieron un breve intercambio, tras lo cual estos últimos se sumaron a la persecución iniciada por García y Ecilape instantes atrás. Mientras García y Ecilape seguían de cerca al Fiat 147, Ibáñez, Monreal y Bianco tomaron la calle Chubut, la que corre en paralelo a la calle Río Negro, para cortarles el paso. Ibáñez detuvo el móvil en la esquina de las calles Chubut y Caseros a las 00.47 horas del 20 de mayo de 2019 para interceptarlos, mientras que el Oficial Monreal se bajó del móvil y, sin mediar motivo alguno, disparó, cuanto menos, 4 veces con su arma reglamentaria contra el Fiat 147 mientras éste se alejaba del lugar.
Uno de esos disparos impactó en el cuerpo de Gonzalo Domínguez y el proyectil quedó alojado en su muslo izquierdo. Al verse rodeados de policías dispuestos a perseguirlos a toda velocidad y dispararles repetidas veces, y con Gonzalo herido de bala en el asiento trasero del auto, el terror de los chicos se incrementó. Buscaron escapar del ataque policial y fueron en dirección a la Avda. Costanera. Ambos patrulleros -el de Ecilape y García primero y el de Ibáñez, Monreal y Bianco después- los persiguieron a alta velocidad por esa Avenida. Luego, la persecución continuó por la Avda. Almirante Brown en dirección a la Ruta Nacional 3. Durante este último tramo, el Capitán García se asomó por la ventanilla del acompañante de su móvil y efectuó, cuanto menos, 4 disparos más con su arma de fuego reglamentaria en dirección al auto de los chicos.
Mientras tanto, Ecilape pisaba el acelerador. La cantidad de disparos de arma de fuego, así como la velocidad e insistencia con la que se sostuvo la persecución vehicular por parte de los efectivos policiales, con el representado e indiferente propósito de producir la muerte de los chicos, llevó a que el auto en el que éstos viajaban perdiera el control e impactara contra la parte trasera izquierda de un acoplado que estaba estacionado sobre la Colectora 9 de Julio y la calle P. Nolasco López por un desperfecto técnico. Como consecuencia del accionar policial murieron Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Camila López. Rocío Quagliarello sobrevivió y estuvo internada durante aproximadamente 2 meses en el Hospital del Cruce de Florencio Varela.”
4. TEORIA DEL CASO DEL DR. GUILLERMO MARCELO BAQUÉ, DEFENSOR PARTICULAR DE MANUEL MONREAL, MARIANO
ALEJANDRO IBAÑEZ y RUBÉN ALBERTO GARCÍA.
“Esta defensa técnica intentará demostrar que la policía actuó en cumplimiento del deber otorgado por el Estado y en la defensa de los ciudadanos todos, en busca de autores de un robo que se estaría perpetrando en calle Los horneros 274 de Monte. Por lo tanto, a las 00. 50 horas del 20 de mayo de 2019 intentaron identificar al único vehículo Marca Fiat Spazio, único vehículo que se encontraba circulando en la zona, el cual al ver al personal policial comenzó una rauda fuga evitando ser identificado. Producto de dicha fuga, el Fiat Spazio casi embiste a una patrulla policial, a un efectivo policial –Monreal-, los cuales se les interpusieron en el camino a efectos de detenerlos, pero lejos de ello el conductor del Fiat Spazio continuo en su locura de fugarse para terminar embistiendo la parte trasera de un camión que se encontraba mal estacionado sobre la colectora de la ruta 3. Que, para todo esto, la policía había dejado de intentar detenerlos pues sabe del mal estado de la colectora. En dicha colisión, se quitó la vida el chofer del Fiat Spazio –Suarez- y consecuentemente, les quitó la vida a tres de los menores de edad -todos fallecen producto del impacto contra el camión, ninguno por una bala policial-. Que la realidad es que Suarez Carlos por la gran ingesta alcohólica que tenía en su cuerpo no midió las consecuencias de su fuga. Claramente sobre mis ahijados procesales hay ajenidad y atipicidad. A todo evento podría decirse que podría tratarse de un cuádruple Homicidio Culposo cometido por Suárez.”
5. TEORIA DEL CASO DEL DR. MARCELO RAÚL DI SIERVI, DEFENSOR PARTICULAR DE LEONARDO DANIEL ECILAPÉ.
“En primer lugar, expone esta defensa que se inicia la presente investigación mediante un llamado a la policía por parte de una señora llamada Susana Gogna, quien le avisa a su esposo, el cual se encontraba trabajando en una remisería, que llame a la policía porque escuchaba a los perros ladrar en forma desesperada en el acceso a su vivienda. Ante ello mi asistido quien conducía un patrullero cuyo acompañante resultaba ser el Capitán Garcia, siendo aproximadamente las 01 hs. del día lunes 20 de mayo de 2019, se constituyen en dicho domicilio, sito en calle Los Horneros entre Los Mirlos y el Zorzal del Barrio Montemar de la localidad de Monte. Al llegar al lugar se encuentran con otro móvil que previamente había llegado como apoyo, constatándose que no se registraba movimiento alguno, previo a rastrear el lugar y entrevistarse con vecinos, al hallar el lugar despejado, se retiran del lugar, por lo cual, el otro móvil se dirigió hacia ruta 3.
Mi asistido quien revestía resultaba ser chofer del móvil y obedecía las ordenes de su superior jerárquico, el Capital Garcia, quien oficiaba de acompañante, se dirigieron en dirección a la laguna de dicha localidad. Que habiendo tomado la Av. Costanera y a la altura del ingreso a la rotonda, visualizan un automóvil marca Fiat 147 que circulaba en sentido contrario al móvil policial. Es el momento donde el móvil gira en la rotonda y retoma por la dirección en que circulaba previamente a los fines de identificar a los ocupantes del Fiat 147. Se les da la voz de alto mediante balizas encendidas y sirena. Ante la evasiva por parte del conductor del vehículo 147 de acatar la orden, quien, por el contrario, acelera y emprende una huida, pasando por tanto a ser sospechoso de un ilícito, se inicia una persecución justificada, razonable y con sospecha.
Se discutirá en el presente juicio la calificación de coautor del hecho gravoso que se le pretende achacar a mí asistido, en virtud de ser mi defendido el chofer del móvil policial; no haber disparado lo que se encuentra probado con el resultado de las pericias balísticas, y además por su escasa jerarquía y antigüedad, le imposibilitaba disentir o no seguir las órdenes del Capitán García. En segundo lugar, debo abocarme en la causal de la muerte del conductor del vehículo y de los ocupantes, el conductor mayor de edad y el resto menores de edad. A criterio de esta defensa la causal de la muerte de los ocupantes del vehículo Fiat 147 no se produjeron por los disparos efectuados por García y por Monreal, sino que el conductor Suarez se accidenta por perder el control del vehículo al conducir en excesivo estado de ebriedad.”
II. ESTIPULACIONES PROBATORIAS:
Durante la sustanciación de las audiencias preliminares las partes han acordado las siguientes estipulaciones probatorias:
1. Estipulación sobre tiempo y lugar del hecho: “Que el hecho ocurrió en la madrugada del día 20 de mayo de 2019 en la localidad de San Miguel del Monte”.
2. Estipulación sobre condición de policías de los imputados: “Al momento de los hechos, el Capitán Rubén Alberto García, el Oficial Leonardo Daniel Ecilape, el Oficial Subayudante Mariano Alejandro Ibáñez y el Oficial Manuel Monreal pertenecían a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y prestaban servicio en la Estación Comunal de Policía de la localidad de San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires.”
3. Estipulación sobre el tipo de vehículo de los móviles policiales de los imputados: “Los móviles policiales en los que se desplazaron Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Mariano Alejandro Ibáñez, Manuel la noche y madrugada de los hechos, eran camionetas marca Toyota modelo Hilux”.
4. Estipulación sobre asignación de móviles de los imputados: “La noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo de 2019, Rubén Alberto García y Leonardo Daniel Ecilapé se desplazaban a bordo del móvil R.I. 21.701 - R.O. 44.610, mientras que Mariano Alejandro Ibáñez, Manuel Monreal lo hacían a bordo del móvil R.I.
21.725 - R.O. 44.616.”
5. Estipulación sobre distribución interna de efectivos policiales dentro de los móviles: “La noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo de 2019, Leonardo Daniel Ecilapé era el chofer, mientras que Rubén Alberto García iba de acompañante en su móvil asignado. Mariano Alejandro Ibáñez era el chofer, mientras que Manuel Monreal iba de acompañante en el móvil asignado. Los referidos comenzaron un seguimiento al vehículo marca Fiat 147 dominio SDM 335 en el que viajaban las víctimas”.
6. Estipulación sobre asignación de armas: “Rubén Alberto García tenía asignada como arma reglamentaria una pistola Bersa Thunder calibre 9mm nro. 13544188. Manuel Monreal tenía asignada como arma reglamentaria una pistola Bersa Thunder 9mm nro. 13-H57836.”
7. Estipulación sobre que existieron disparos de arma de fuego de García: “Durante la madrugada del 20 de mayo de 2019, el Capitán Rubén Alberto García y el Oficial Manuel Monreal dispararon con sus armas reglamentarias.”
8. Estipulación sobre ubicación dentro del Fiat 147: “El Fiat 147 era conducido por Carlos Aníbal Suárez, de 23 años, quien estaba acompañado por Danilo Sansone, de 13 años. En el asiento trasero viajaban Camila López, de 13 años, sentada detrás del acompañante, Rocío Quagliarello, también de 13 años, sentada detrás del conductor y Gonzalo Omar Domínguez, de 14 años, quien iba sentado en el medio.”
9. Estipulación proyectil en el cuerpo de Gonzalo Omar Domínguez:
“Uno de los disparos efectuados por Monreal ingresó en el cuerpo de Gonzalo Omar Domínguez y le provocó una fractura de pelvis. El proyectil quedó alojado en el muslo de la pierna izquierda - de donde se extrajo-; no falleciendo Domínguez a causa de dicho disparo."
10. Estipulación sobre el impacto del Fiat 147 contra el camión:
“Aproximadamente las 00.50 del 20 de mayo de 2019, el vehículo Fiat 147 impactó contra la parte trasera izquierda del acoplado del camión que se encontraba estacionado en la Colectora 9 de Julio y Pedro Nolasco López.”
11. Estipulación sobre víctimas fatales y sobreviviente: “Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López fueron víctimas fatales y murieron a causa de politraumatismos, mientras que Rocío Quagliarello sobrevivió.”
12. Estipulación sobre titularidad de los teléfonos celulares: “Los teléfonos celulares a los que se hará referencia han sido reconocidos -en lo que respecta a su titularidad- como pertenecientes a las personas a las cuales se hará referencia.”
III. DESARROLLO DEL DEBATE.
Los hechos imputados fueron juzgados mediante Juicio por Jurados, el cual se celebró los días 8 , 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17 de mayo del 2023 en jornada doble.
INSTRUCCIONES AL JURADO.
Las instrucciones finales elaboradas por las partes, las cuales fueron revisadas y aceptadas por la suscripta, se dieron a conocer al Jurado para decidir este caso, y fueron las que a continuación se transcriben (artículo 375 bis primer párrafo del CPP).
INSTRUCCIONES FINALES AL JURADO CAUSA 6407 1.- OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL JURADO A.- INTRODUCCIÓN
[1] Miembros del jurado, quiero agradecerles por su atención durante el juicio. Ya que toda la evidencia ha sido presentada es ahora su deber decidir, desde esa prueba cuáles son los hechos. Luego, ustedes deberán aplicarles a esos hechos la ley que ahora les daré. Es absolutamente necesario que entiendan y apliquen la ley tal como yo se las daré, y no como ustedes piensan que es, o como les gustaría a ustedes que fuera. Por dichos motivos, presten mucha atención a las instrucciones que les estoy por dar. Las mismas serán acompañadas de una presentación en PowerPoint para su mejor comprensión. También les daré copia de ellas por escrito.
[2] Pronto ustedes abandonarán esta sala de juicio y comenzarán a discutir el caso en la sala de deliberaciones del jurado.
[3] Cuando comenzamos este juicio, y en diferentes instancias de este, los instruí acerca de algunas reglas legales de aplicación general o para parte de la prueba a medida que iba siendo recibida. Dichas instrucciones siguen siendo aplicables. Por dicho motivo, voy a comenzar recordándoles algunas de ellas.
[4] Ahora les daré algunas instrucciones más. Las mismas cubrirán varios tópicos. Considérenlas como un todo. No señalen algunas como más importantes y presten menos o ninguna atención a otras. Todas revisten la misma importancia, a menos que yo les diga otra cosa.
[5] Primero, les explicaré sus obligaciones como jurados y les diré las reglas generales de derecho que se aplican en todos los juicios por jurados.
[6] Segundo, los instruiré acerca de las reglas específicas de derecho que regulan este caso y la prueba que han escuchado.
[7] Luego, explicaré lo que la fiscalía y los particulares damnificados deben probar más allá de toda duda razonable a fin de establecer la culpabilidad de los acusados por el o los delitos imputados. Allí les explicaré cada uno de los delitos imputados por la fiscalía y los particulares damnificados y los delitos menores incluidos que pueden corresponder, sus elementos y cómo se prueban. Luego les informaré sobre las defensas alegadas por los acusados y otras cuestiones que surgen de la prueba que han escuchado.
[8] Finalmente, les explicaré los veredictos que ustedes pueden rendir y el modo en el que pueden enfocar sus discusiones del caso en la sala de deliberaciones del jurado. [9] Es importante que escuchen muy atentamente todas estas instrucciones. Las imparto nada más que para ayudarlos en la toma de la decisión; pero nunca para decirles qué decisión deben tomar.
B.- OBLIGACIONES DEL JUEZ Y DEL JURADO
[1] En todo juicio penal con jurados, hay dos jueces. Yo soy uno. Ustedes son el otro. Yo soy la jueza del derecho. Ustedes son los jueces de los hechos. [2] Como jueza del derecho, es mi deber presidir el juicio. Yo decido qué pruebas la ley les permite a ustedes escuchar y valorar, cuáles no y qué procedimiento se seguirá en el caso. Al terminar la producción de la prueba y tras escuchar los alegatos finales de las partes, es mi deber explicarles las reglas legales de derecho que ustedes deberán observar y aplicar para decidir este caso.
[3] Como jueces de los hechos, su primer y principal deber es decidir cuáles son los hechos de este caso. Ustedes tomarán esta decisión teniendo en cuenta toda la prueba presentada durante el transcurso del juicio. No habrá ninguna otra evidencia. No considerarán nada más que la prueba del juicio. Ustedes están facultados a sacar conclusiones derivadas de su sentido común, siempre que estén basadas en la prueba que ustedes acepten. Sin embargo, no deberán especular jamás sobre qué prueba debería haberse presentado o permitirse suponer o elaborar teorías sin que exista prueba para sustentarlas.
[4] Decidir los hechos es su exclusiva tarea, no la mía. La ley no me permite comentar o expresar mis opiniones con respecto a cuestiones de hecho. Yo no puedo participar de modo alguno en esa decisión. Por favor, ignoren lo que pueda haber dicho o hecho que los haga pensar que prefiero un veredicto por sobre otro. [5] La prueba no tiene que dar respuesta a todos los interrogantes surgidos en este caso. Ustedes sólo deben decidir aquellas cuestiones que sean esenciales para decidir si los delitos han sido o no probados más allá de una duda razonable.
[6] Su segundo deber consiste en aplicarle a los hechos que ustedes determinen la ley que yo les impartiré en estas instrucciones. Es absolutamente necesario que ustedes comprendan, acepten y apliquen la ley tal cual yo se las doy.
Esto es muy importante, porque la justicia requiere que, a cada persona, juzgada por el mismo delito, la traten de igual modo y le apliquen la misma ley. [7] Si yo cometiera un error de derecho, todavía puede hacerse justicia en este caso. La Oficina Judicial registra todo lo que yo digo. El Tribunal de Casación (instancia revisora superior) puede corregir mis errores. Pero no se hará justicia si ustedes aplican la ley de manera errónea. Sus decisiones son secretas. Ustedes no dan sus razones. Nadie registra nada de lo que ustedes digan en sus discusiones para que el Tribunal de Casación las revise. Por esa razón, es muy importante que ustedes acepten la ley tal cual yo se las doy y la sigan sin cuestionamientos. [8] Entonces, es su deber aplicar la ley que yo les explicaré a los hechos que ustedes determinen para que alcancen su veredicto.
[9] Por último, deben saber que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones del tribunal, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ningún jurado podrá ser jamás castigado o sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron corrompidos por vía de soborno.
C.- IMPROCEDENCIA DE INFORMACION EXTERNA
[1] Ustedes deberán ignorar por completo cualquier información radial, televisiva o proveniente de periódicos, telefonía celular o Internet, tales como SMS, Blogs, E-mail, Twitter, Facebook, Instagram, etc, que hayan escuchado, leído o visto sobre este caso o sobre cualquiera de las personas o lugares involucrados o mencionados en ella. Dichos informes y cualquier otra información externa a la sala del juicio acerca del caso no constituyen prueba.
No consulten a terceros ajenos al jurado ni a ninguna otra fuente externa; ni mucho menos posteen fotos, comentarios, mensajes de texto u opiniones por las redes sociales u otras.
[2] No sería justo decidir este caso en base a información no presentada o examinada por las partes ante este tribunal y que no forma parte de la prueba en el juicio. Sólo ustedes, y no los medios de comunicación o cualquier otra persona, son los únicos jueces de los hechos.
D.- IRRELEVANCIA DE PREJUICIO O LÁSTIMA
[1] Ustedes deben considerar la prueba y decidir el caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicio, parcialidad, miedo o lástima. No deben dejarse influenciar por la opinión pública. Nosotros esperamos y tenemos derecho a su valoración imparcial de la prueba.
E.- OBLIGACIÓN DE JUZGAR SIN PREJUICIOS
[1] Todas las personas realizamos asunciones, tenemos sentimientos, creencias y estereotipos sobre los demás. Los estereotipos son ideas preconcebidas. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de que los tenemos y de cómo influyen en nuestras decisiones.
Los estereotipos pueden ser de género, de edad, raciales, religiosos, de categoría sexual, de nacionalidad, de oficio o profesión, de etnia, de procedencia geográfica, etcétera.
[2] Juzgar con estereotipos afecta la imparcialidad.
[3] Los prejuicios pueden ser explícitos (conscientes) o implícitos (inconscientes). No importa cuán imparciales pensemos que somos: nuestra mente naturalmente toma decisiones basadas en prejuicios, y la mayor parte de las veces son inconscientes. Debido a que todas las personas hacemos esto, a menudo vemos la vida y valoramos la prueba de una manera que tiende a favorecer a las personas que nos agradan (o que tienen experiencias de vida similares a las nuestras) y de desfavorecer a las personas por las que sentimos rechazo. También podemos tener prejuicios sobre personas parecidas a nosotros.
[4] Los prejuicios NO SON PRUEBA, no son legales y no deben basar su veredicto en ellos. Ustedes han dado una promesa de decidir su veredicto de acuerdo a la prueba. Nunca de acuerdo a los prejuicios.
[5] Como jurados, ustedes no deben olvidar que este juicio es sobre un HECHO y sobre las acciones que se imputan a los acusados. De ninguna manera este es un juicio sobre el historial de vida, ni previa ni posterior, de los acusados o de las víctimas.
Cuando estén deliberando para decidir su veredicto, escuchar las diferentes perspectivas que ustedes tienen puede ayudarlos para identificar los posibles efectos de los prejuicios explícitos u ocultos en el proceso de la toma de decisión. [6] Les recuerdo otra vez que la ley les demanda que tomen decisiones justas basadas únicamente en la prueba, su buen juicio y su sentido común. Nunca basadas en prejuicios.
F.- IRRELEVANCIA DEL CASTIGO
[1] El castigo no tiene nada que ver con su tarea, la cual consiste en determinar si la fiscalía y los particulares damnificados han probado la culpabilidad de Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez más allá de toda duda razonable por los hechos que se les imputan. La pena no tiene lugar en sus deliberaciones o en su decisión. Si ustedes encontraran a los acusados culpables de un delito, es mi tarea, no la de ustedes, el decidir cuál es la pena apropiada.
[1] Cuando entren a la sala del jurado para comenzar sus deliberaciones, es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al conjunto que ya tiene una decisión tomada y que no la modificará, a pesar de lo que puedan decir los demás. [2] Como jurados, es su deber hablar entre ustedes y escucharse el uno al otro. Discutan y analicen la prueba. Expongan sus propios puntos de vista. Escuchen lo que los demás tienen para decir.
[3] Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, deben hacerlo sólo después de haber considerado la prueba juntamente con los demás jurados, de haber escuchado los puntos de vista de los demás jurados y de haber aplicado la ley tal cual yo se las explicaré.
[4] Durante sus deliberaciones, no vacilen en reconsiderar sus propias opiniones. Modifiquen sus puntos de vista si encuentran que están equivocados. No obstante, no abandonen sus honestas convicciones sólo porque otros piensen diferente. No cambien de opinión sólo para terminar de una buena vez con el caso y alcanzar un veredicto.
[5] Su única responsabilidad es determinar si la fiscalía y los particulares damnificados han probado o no la culpabilidad de los acusados más allá de toda duda razonable. Su contribución a la administración de justicia es rindiendo un veredicto justo y correcto.
[1] Al concluir estas instrucciones, los abogados pueden persuadirme sobre algo más que debería haberles manifestado a ustedes. Pude haber cometido algún error, o haber omitido algo. Quizás lo que les dije pudo haber sido enunciado de forma más clara para facilitar su comprensión. A menos que les diga lo contrario, no consideren que alguna instrucción futura que yo pueda darles tiene mayor o menor importancia que las que ya les dije sobre la ley. Todas las instrucciones sobre el derecho son parte del mismo módulo, sea cual sea el momento en que son impartidas.
[1] Si durante sus deliberaciones les surgieran algunas preguntas, por favor escríbanlas y entréguenselas a los Secretarios, quienes permanecerán en la puerta de entrada de su sala de deliberaciones. Ellos me entregarán las preguntas. Yo las analizaré junto con los abogados. Luego ustedes serán traídos de vuelta a la sala del juicio. Sus preguntas serán repetidas y yo las contestaré en la medida que la ley lo permita. Responderé a sus preguntas a la mayor brevedad posible.
[2] Les solicitamos formular las preguntas por escrito para que nos sea posible comprender exactamente lo que ustedes desean saber. De ese modo, esperamos poder ser más precisos y de utilidad en nuestras respuestas.
[3] Recuerden siempre como muy importante: Jamás le digan a nadie en las notas que ustedes manden, incluyéndome a mí, cómo están las posturas en el jurado, sea numéricamente o de otra forma, incluyendo la cuestión de la culpabilidad o no culpabilidad de los acusados.
[1] El veredicto de culpabilidad para el delito de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego deberá ser unánime para ser válido. Esto es, todos ustedes deberán estar de acuerdo con el mismo veredicto para declarar a los acusados culpables por dichos delitos.
[2] Para el resto de los delitos que les explicaré, su veredicto de culpabilidad deberá reunir diez (10) o más votos.
En ambos casos, si ustedes no logran reunir como mínimo ocho (8) votos a favor de la culpabilidad deberán rendir un veredicto de no culpabilidad.
Luego les explicaré qué sucede si ustedes obtienen nueve (9) votos para la culpabilidad. Me lo informarán y yo les indicaré el camino a seguir.
[3] Sin embargo, ustedes deben hacer todos los esfuerzos razonables para alcanzar un veredicto. Consúltense los unos a los otros. Expresen sus puntos de vista. Escuchen los de los demás. Discutan sus diferencias con una mente abierta. Hagan lo mejor posible para decidir este caso.
[4] Todos deben considerar la totalidad de la prueba de manera justa, imparcial y equitativa. Su meta debe ser alcanzar un acuerdo que se ajuste a la opinión individual de cada jurado.
[5] Cuando ustedes alcancen un veredicto, el presidente del jurado deberá asentarlo en el formulario de veredicto y notificar a los Secretarios. Regresaremos a la sala de juicio para recibirlo. El Presidente del jurado nos leerá su veredicto en la sala de juicio.
[1] Toda persona acusada de un delito se presume inocente, a menos y hasta que la fiscalía y los particulares damnificados prueben su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
[2] La acusación por la cual Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez están siendo enjuiciados es sólo una acusación formal en su contra. Le informa a la persona acusada, del mismo modo que los informa a ustedes, cuál es el delito específico que el fiscal y los particulares damnificados les imputan haber cometido. La acusación no constituye prueba y no es prueba de culpabilidad. [3] La presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales con que nuestra Constitución Nacional ampara a todos sus habitantes. Eso significa que ustedes deben presumir o creer que Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez son inocentes.
Dicha presunción los protege a lo largo de todo el proceso, incluidas sus deliberaciones al final del juicio. Para poder derribar la presunción de inocencia, la fiscalía y los particulares damnificados tienen la carga de probar y de convencerlos más allá de toda duda razonable que los delitos y hechos que se imputan a los acusados Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez fueron cometidos y que ellos fueron quienes los cometieron.
B.- CARGA DE LA PRUEBA
[1] Los acusados no están obligados a presentar prueba ni a probar nada en este caso. En particular, no tienen que demostrar su inocencia por los delitos con que los acusan.
[2] Desde el principio hasta el final, es el fiscal y los particulares damnificados quienes deben probar la culpabilidad de las personas acusadas más allá de toda duda razonable. No son los acusados los que deben probar su inocencia.
Ustedes deben encontrar a Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez no culpables de un delito a menos que el fiscal y los particulares damnificados los convenzan más allá de toda duda razonable que ellos son culpables por haber cometido dicho delito.
C.- DUDA RAZONABLE
[1] La frase “más allá de duda razonable” constituye una parte muy importante de nuestro sistema de justicia constitucional en materia penal. Cada vez que usen la palabra "duda razonable" en sus deliberaciones, deberán considerar lo siguiente: [2] Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada, especulativa o imaginaria. No es una duda basada en lástima, piedad o prejuicio. Es una duda basada en la razón y en el sentido común. Es la duda que surge de una serena, justa e imparcial consideración de toda la prueba admitida en el juicio. Es aquella duda que de manera lógica puede surgir de las pruebas, de la debilidad de las pruebas, por contradicción entre las pruebas o por falta de pruebas en apoyo de la acusación. [3] No es suficiente con que ustedes crean que Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez son probable o posiblemente culpables. En esas circunstancias, ustedes deben declarar a los acusados no culpables, ya que el fiscal y los particulares damnificados no los han convencido de la culpabilidad de los acusados más allá de duda razonable.
[4] Deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que el fiscal y los particulares damnificados así lo hagan. La certeza absoluta es un estándar de prueba que es imposible de alcanzar en el mundo humano. Sin embargo, el principio de prueba más allá de duda razonable es lo más cercano que existe a la certeza absoluta. Es mucho más que un simple balance de probabilidades.
[5] Si al finalizar el caso y después de haber valorado toda la prueba rendida en el juicio, ustedes están seguros de que los hechos imputados fueron probados y que los acusados fueron quienes lo cometieron, deberán emitir un veredicto de culpabilidad, ya que ustedes habrán sido convencidos de su culpabilidad por esos delitos más allá de duda razonable.
[6] Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba, ustedes tienen una duda razonable en cuanto al grado o grados del delito o entre delitos de distinta gravedad, sólo podrán declarar culpable a los acusados por el grado inferior del delito o por el delito de menor gravedad.
[7] Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba o en la inexistencia de prueba en apoyo de la imputación, ustedes no están seguros de que el delito imputado haya existido o que Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez fueron quienes lo cometieron, ustedes deberán declararlos no culpables de dicho delito, ya que la fiscalía y los particulares damnificados fracasaron al intentar convencerlos más allá de duda razonable.
D.- NEGATIVA A DECLARAR DE LOS ACUSADOS (TENER EN CONSIDERACIÓN SÓLO SI LOS IMPUTADOS DECIDIERAN NO DECLARAR EN EL JUICIO)
[1] Otro principio fundamental de nuestra Constitución es el que establece que toda persona acusada de un delito tiene el derecho a negarse a declarar sin que esa negativa haga presunción alguna en su contra.
[2] La Constitución exige que la fiscalía y los particulares damnificados prueben sus acusaciones contra los acusados. No es necesario para los imputados desmentir nada, ni se les exige demostrar su inocencia. Es a la fiscalía y a los particulares damnificados a quienes le incumbe la prueba de su culpabilidad mediante prueba más allá de toda duda razonable.
[3] Si los acusados ejercitaran su derecho fundamental de la Constitución al elegir no declarar en este caso, ustedes No deben ver esto como una admisión de su culpabilidad o ser influenciados de ningún modo por esta decisión de ellos. [4] Ningún jurado puede alguna vez preocuparse porque un acusado haya o no declarado en este caso.
E.- CONSIDERACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE LOS ACUSADOS EN EL JUICIO.
[1] En este juicio los acusados han decidido declarar. Les recuerdo que sus dichos también constituyen PRUEBA que debe ser valorada por ustedes. Tienen que saber que los acusados, a diferencia de los testigos, no declaran bajo juramento, por lo que podrán decir en su defensa cosas verdaderas o falsas, sin que ello implique la comisión de delito alguno.
[1] Para decidir cuáles son los hechos del caso, ustedes deben considerar sólo la prueba que vieron y escucharon en la sala del juicio. Consideren toda la prueba al decidir el caso. Son ustedes quienes deciden que prueba es fidedigna. Deberán usar su sentido común y decidir cual es la mejor evidencia y cual prueba no es confiable al considerar su veredicto.
Pueden encontrar algunas pruebas no confiables o menos confiables que otras. [2] La prueba incluye lo que cada testigo declaró al contestar las preguntas formuladas por los abogados. Las preguntas en sí mismas no constituyen prueba, a menos que el testigo esté de acuerdo en que lo que se le preguntó era correcto. Las respuestas del testigo constituyen prueba.
Deben considerar como actuaron los testigos, tanto como lo que observaron. Deben confiar en sus propias conclusiones sobre los testigos.
Depende de ustedes decidir que prueba es confiable. Deben usar su sentido común y decidir cual es la mejor evidencia, y cual no debe ser considerada confiable para su veredicto.
[3] La prueba también incluye a todas las cosas materiales que fueron exhibidas en el juicio. Se las llama pruebas materiales.
B.- ESTIPULACIONES PROBATORIAS
[4] La prueba también incluye las estipulaciones de las partes. Las estipulaciones son prueba. Como les mencioné en las instrucciones iniciales, se llama estipulaciones a los hechos que las partes acordaron dar por probados. Ustedes deben considerar a esos hechos como prueba en este caso.
Les recuerdo que, en este caso, las partes estuvieron de acuerdo con relación a los siguientes hechos:
1. Estipulación sobre tiempo y lugar del hecho: “Que el hecho ocurrió en la madrugada del día 20 de mayo de 2019 en la localidad de San Miguel del Monte”.
2. Estipulación sobre condición de policías de los imputados: “Al momento de los hechos, el Capitán Rubén Alberto García, el Oficial Leonardo Daniel Ecilapé, el Oficial Subayudante Mariano Alejandro Ibáñez y el Oficial Manuel Monreal pertenecían a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y prestaban servicio en la Estación Comunal de Policía de la localidad de San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires.”
3. Estipulación sobre asignación de móviles de los imputados: “La noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo de 2019, Rubén Alberto García y Leonardo Daniel Ecilapé se desplazaban a bordo del móvil R.I. 21.701 - R.O. 44.610, mientras que Mariano Alejandro Ibáñez, Manuel Monreal lo hacían a bordo del móvil R.I. 21.725 - R.O. 44.616, ambas eran camionetas marca Toyota modelo Hilux”.
4. Estipulación sobre distribución interna de efectivos policiales dentro de los móviles: “La noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo de 2019, Leonardo Daniel Ecilapé era el chofer, mientras que Rubén Alberto García iba de acompañante en su móvil asignado. Mariano Alejandro Ibáñez era el chofer, mientras que Manuel Monreal iba de acompañante en el móvil asignado. Los referidos comenzaron un seguimiento al vehículo marca Fiat 147 dominio SDM 335 en el que viajaban las víctimas”.
5. Estipulación sobre asignación de armas: “Rubén Alberto García tenía asignada como arma reglamentaria una pistola Bersa Thunder calibre 9mm nro. 13544188. Manuel Monreal tenía asignada como arma reglamentaria una pistola Bersa Thunder 9mm nro. 13-H57836.”
6. Estipulación sobre que existieron disparos de arma de fuego de García y Monreal: “Durante la madrugada del 20 de mayo de 2019, el Capitán Rubén Alberto García y el Oficial Manuel Monreal dispararon con sus armas reglamentarias.”
7. Estipulación sobre ubicación dentro del Fiat 147: “El Fiat 147 era conducido por Carlos Aníbal Suárez, de 22 años, quien estaba acompañado por Danilo Sansone, de 13 años. En el asiento trasero viajaban Gonzalo Omar Domínguez, de 14 años, sentado detrás del acompañante; Camila López, también de 13 años, quien iba sentada en el medio y Rocío Quagliarello, de 13 años, sentada detrás del conductor”.
8. Estipulación proyectil en el cuerpo de Gonzalo Omar Domínguez: “Uno de los disparos efectuados por Monreal ingresó en el cuerpo de Gonzalo Omar Domínguez y le provocó una fractura de pelvis. El proyectil quedó alojado en el muslo de la pierna izquierda - de donde se extrajo-. Domínguez no falleció a causa de dicho disparo."
9. Estipulación sobre el impacto del Fiat 147 contra el camión:
“Aproximadamente las 00.50 horas del 20 de mayo de 2019, el vehículo Fiat 147 impactó contra la parte trasera izquierda del acoplado de un camión que se encontraba estacionado en la Colectora 9 de Julio y Pedro Nolasco López.”
10. Estipulación sobre víctimas fatales y sobreviviente: “Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López fueron víctimas fatales y murieron a causa de politraumatismos, mientras que Rocío Quagliarello sobrevivió.”
11. Estipulación sobre titularidad de los teléfonos celulares: “Los teléfonos celulares a los que se hará mención han sido reconocidos -en lo que respecta a su titularidad- como pertenecientes a las personas a las cuales se hará referencia.”.
12. Estipulación sobre el automóvil Fiat Spazio 147: “El automóvil Fiat 147 patente SDM -355 no poseía pedido de secuestro de la Policía".
C.- DEFINICIÓN DE LO QUE NO ES PRUEBA
[1] Según les expliqué antes, hay ciertas cosas que no son prueba. No deben valorarlas o basarse en las mismas para decidir este caso. Los alegatos de apertura y de clausura de los abogados no son prueba.
[2] Los cargos que la fiscalía y los particulares damnificados les expusieran y que ustedes escucharon al comienzo de este juicio no son prueba. Tampoco es prueba nada de lo que yo o los abogados hayamos dicho durante este juicio, incluyendo lo que yo les estoy diciendo ahora. Sólo son prueba lo dicho por los testigos, los peritos y las pruebas exhibidas.
[3] En ocasiones durante el juicio, habrán visto que alguno de los abogados objetó una pregunta que el otro le efectuó a un testigo. Lo que los abogados hayan dicho al formular o contestar dicha objeción no es prueba. Tampoco deben darle importancia al hecho de que yo haya declarado procedente o no la objeción.
[1] Cuando empezamos este juicio, les informé que ustedes podían tomar notas que les sirvieran como recordatorio de lo dicho por los testigos. Algunos de ustedes lo han hecho. Pueden llevar sus anotaciones a la Sala del Jurado para ser utilizadas durante las deliberaciones.
[2] Sus anotaciones no son prueba, como tampoco lo son las anotaciones realizadas por mi o por los abogados. El único propósito por el cual ustedes pueden usar sus notas durante sus deliberaciones es para ayudarlos a ustedes a recordar lo que el testigo dijo o mostró, por ejemplo, en la exhibición de alguna prueba material. [3] Es importante recordar que las anotaciones pertenecen a quien las tomó y a ninguna otra persona. Las mismas pueden coincidir o no con los recuerdos de los demás jurados sobre la prueba presentada.
[4] La decisión de un jurado es una decisión grupal. Cada miembro tiene una opinión y cada opinión tiene el mismo valor. Nosotros dependemos de la memoria y del juicio de cada uno de ustedes para decidir el caso. No adhieran simplemente a la opinión de aquél jurado que sea o que parezca ser el que ha tomado las mejores anotaciones. Las anotaciones no toman decisiones. Las decisiones las toman los jurados.
[1] A fin de tomar una decisión, ustedes deben considerar cuidadosamente, y con una mente abierta, la totalidad de la prueba presentada durante el juicio. Son ustedes quienes deciden qué prueba es fidedigna y creíble. Pueden encontrar algunas pruebas no confiables o menos confiables que otras. Dependerá exclusivamente de ustedes qué tanto o qué tan poco creerán y confiarán en el testimonio de cualquier testigo. Ustedes pueden no creer o creer sólo una parte o en la totalidad de la prueba. [2] Cuando ustedes estén en la sala de deliberaciones del jurado para analizar el caso, utilicen el mismo sentido común que usan a diario para saber si las personas con las que se relacionan saben de lo que están hablando y si están diciendo la verdad. No existe una fórmula mágica para decidir qué tanto o qué tan poco creerle al testimonio de un testigo o la medida en la que confiarán en él para decidir este caso. Pero algunas cosas que deben considerar son las siguientes:
[3] ¿Pareció sincero el testigo? ¿Existe algún motivo por el cual el testigo no estaría diciendo la verdad?
[4] ¿Tenía el testigo un interés en el resultado del juicio, o tuvo alguna razón para aportar prueba más favorable a una parte que a la otra?
[5] ¿Parecía el testigo capaz de formular observaciones precisas y completas acerca del evento? ¿Tuvo él o ella una buena oportunidad para hacerlo? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales realizó la observación? ¿En qué condición se encontraba el testigo?
[6] ¿Parecía el testigo tener buena memoria? ¿Tiene el testigo alguna razón para recordar las cosas sobre las que testifica?
[7] ¿Parecía razonable y consistente el testimonio del testigo mientras declaraba? ¿Era “similar a” o “distinto de” lo que otros testigos dijeron acerca del mismo evento?
[8] ¿Pudo cualquier inconsistencia en el relato del testigo hacer más o menos creíble la parte principal de su testimonio? ¿Esta inconsistencia es sobre algo importante, o sobre un detalle menor? ¿Parece ser un error honesto? ¿Es una mentira deliberada? ¿La inconsistencia se debe a que el testigo manifestó algo diferente, porque no mencionó algo? ¿Hay alguna explicación del porqué? ¿Tiene sentido dicha explicación?
[9] ¿Cuál fue la actitud del testigo al momento de dar su testimonio? ¿Cómo se veía ante ustedes?
No obstante, no se precipiten a conclusiones basadas enteramente en cómo ha declarado el testigo. Las apariencias pueden ser engañosas. Dar testimonio en un juicio no es una experiencia común para muchos testigos. Las personas reaccionan y se muestran de maneras diferentes. Los testigos provienen de distintos ámbitos. Tienen diferentes capacidades, valores y experiencias de vida. Simplemente existen demasiadas variables para hacer que la actitud del testigo al declarar sea el único o más importante factor en su decisión.
[10] Estos son sólo algunos de los factores que ustedes podrían tener en cuenta al tomar una decisión en la sala de deliberaciones. Estos factores podrían ayudarlos a decidir qué tanto o qué tan poco le creerán o confiarán en el testimonio de un testigo. Ustedes también pueden evaluar otros factores.
Recuerden: un jurado puede creer o descreer de toda o de una parte del testimonio de cualquier testigo.
[11] Al tomar su decisión no consideren solamente el testimonio de los testigos. También tengan en cuenta el resto de las pruebas que se presentaron. Decidan qué tanto o qué tan poco confiarán en ellas, tanto como en los testimonios o cualquier admisión, para ayudarlos a decidir el caso.
B.- CANTIDAD DE TESTIGOS
[1] Qué tanto o qué tan poco confiarán en el testimonio de los testigos no depende necesariamente del número de testigos que testifiquen, sea a favor o en contra de cada parte.
[2] Su deber es considerar la totalidad de la prueba. Ustedes pueden considerar que el testimonio de unos pocos testigos es más confiable que la prueba aportada por un número mayor de testigos. Ustedes son los que deben decidir en este aspecto. [3] Su tarea es considerar cuidadosamente el testimonio de cada testigo. Decidan qué tanto o qué tan poco le van a creer acerca de lo que dijo. No decidan el caso simplemente contando la cantidad de testigos.
C.- PRUEBA DIRECTA Y PRUEBA CIRCUNSTANCIAL
[1] Alguno de ustedes pueden haber escuchado los términos “prueba directa” y “prueba circunstancial”. Ustedes pueden creer o basarse en cualquiera de las dos en mayor o menor medida para decidir este caso.
[2] En ciertas ocasiones, los testigos nos cuentan lo que vieron o escucharon personalmente. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio que llovía afuera. Esto se denomina “prueba directa”.
[3] Sin embargo, a menudo los testigos declaran cosas respecto de las cuales a ustedes se les pedirá que saquen ciertas conclusiones. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio entrar a alguien con un impermeable y un paraguas, ambos mojados y goteando. Si ustedes le creen a este testigo, podrían concluir que afuera llovía, a pesar de que la evidencia sea indirecta. La prueba indirecta es llamada a veces prueba circunstancial.
[4] Al igual que los testigos, las pruebas materiales exhibidas en el juicio pueden aportar evidencia directa o circunstancial.
[5] Para decidir el caso, ambos tipos de prueba valen lo mismo. La ley las trata a ambas de igual manera. Ninguna es necesariamente mejor o peor que la otra. En cada caso, su tarea es decidir a qué conclusiones llegarán basándose en la prueba como un todo, tanto directa como circunstancial. Para poder decidirse, utilicen su sentido común y experiencia.
D.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
[1] Durante el juicio, han escuchado el testimonio de peritos expertos. Los peritos son iguales a cualquier testigo, con una excepción: la ley le permite al perito experto dar su opinión.
El perito da su opinión en un campo donde él demostró poseer conocimiento y una especializada destreza.
[2] Sin embargo, la opinión de un experto sólo es confiable si fue vertida sobre un asunto en el que ustedes crean que él o ella sean expertos.
[3] Tal como los instruí, ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada testigo y del peso que debe dársele al testimonio de cada uno. Al hacer esta determinación sobre el testimonio del perito experto, y sumado al otro test de credibilidad que les dije respecto de los testigos comunes, ustedes deben valorar y sopesar lo que sigue:
a) el entrenamiento del perito;
b) su experiencia y sus títulos, o la falta de ambos;
c) las razones, si es que fueron dadas, para cada opinión;
d) si la opinión es apoyada por hechos que ustedes encuentran de la evidencia; e) si la opinión es razonable y f) si es consistente con el resto de la evidencia creíble del caso.
[4] Pueden tomar en cuenta la opinión del experto, más ella no es vinculante para ustedes. En otras palabras, no se les exige que acepten la opinión de un experto al costo de excluir los hechos y circunstancias revelados por otros testimonios o pruebas.
[5] Como con todos los demás testigos, ustedes pueden creer o descreer todo o una parte del testimonio del perito experto.
E.- PRUEBA MATERIAL
[1] En el transcurso de este juicio se han exhibido diferentes tipos de pruebas materiales, como documentos, videos, audios, planos, etc. Las mismas forman parte de la evidencia. Ustedes pueden basarse en ellas, como con cualquier otra prueba, en mayor o menor medida en que las consideren procedentes cuando decidan el caso. [2] Las pruebas materiales exhibidas son sólo una parte de la evidencia. Considérenlas junto con el resto de la prueba, y exactamente del mismo modo.
F.- PRUEBA PRESENTADA POR LA DEFENSA
[1] Si ustedes creen, por la prueba presentada por Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez de que no existió delito o de que ellos no los cometieron, deben declararlos no culpables.
[2] Aun cuando no creyeran en la prueba a favor de los acusados, si la misma los deja con una duda razonable sobre su culpabilidad, o sobre algún elemento esencial del delito imputado, ustedes deben declararlos no culpables de tal delito. [3] Aun cuando la prueba a favor de Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez no los dejara con una duda razonable con respecto a su culpabilidad, o a un elemento esencial del delito que se le imputa, sólo podrán condenarlos si el resto de la evidencia que ustedes aceptan prueba su culpabilidad más allá de duda razonable.
10. EL DERECHO PENAL APLICABLE: LOS DELITOS A.- INSTRUCCIÓN SOBRE DELITOS MENORES INCLUIDOS
[1] Al valorar la evidencia, deben considerar la posibilidad de que, a pesar de que la prueba pueda no convencerlos de que los acusados cometieron el delito principal por el cual se los acusa, es posible que los convenza más allá de toda duda razonable que cometieron un delito menor necesariamente incluido en el delito mayor imputado por los acusadores.
[2] Por dicho motivo, y a los fines de una mayor claridad expositiva, trataremos separadamente las muertes de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Camila López, de lo ocurrido con la sobreviviente Rocío Quagliarello.
[3] Lo primero (las muertes de Suárez, Sansone, Domínguez y López) las denominaremos “HECHO I”. Lo segundo (sobreviviente Quagliarello) lo denominaremos “HECHO II”.
[4] Por esa razón, ustedes recibirán un formulario de veredicto por cada hecho y por cada acusado, para un mejor orden de las deliberaciones y las votaciones. Ya verán que estos formularios contienen varias opciones de veredicto. Ustedes elegirán una sola por cada hecho. Luego les explicaré cómo llenarlos.
[5] Si ustedes deciden que la acusación por el delito principal de la Fiscalía y los particulares damnificados no ha sido probada más allá de toda duda razonable, necesitarán a continuación decidir si los acusados son culpables de los delitos menores incluidos, más allá de toda duda razonable, de acuerdo con mis instrucciones.
Los acusados NO pueden ser declarados culpables en cada hecho tanto por el delito mayor como por el delito menor incluido. Deberán elegir sólo uno y colocar una cruz al lado de una sola de las propuestas de veredicto que hayan acordado en cada hecho.
B.- DELITOS MENORES INCLUIDOS
[1] Como ya les he dicho, la Fiscalía y los particulares damnificados han acusado por un delito principal. Pero es posible que dicho delito incluya delitos menores necesariamente comprendidos en él, siempre y cuando yo los instruya por ellos. [2] Al valorar la prueba deben considerar la posibilidad de que a pesar de que la evidencia pueda no convencerlos de que los imputados cometieron los delitos principales por los cuales se los acusa, puede que haya prueba de que cometieron otros actos que constituirán delitos menores incluidos.
[3] De allí que, si ustedes deciden que la acusación principal no ha sido probada más allá de toda duda razonable, necesitarán a continuación decidir si los acusados son culpables de un delito menor incluido.
Un delito distinto es imputado en cada cargo de la acusación y, desde que todos ellos han sido juzgados juntos, cada delito y su prueba correspondiente deben ser considerados por separado, y debe rendirse un veredicto separado para cada uno de ellos.
[4] La determinación de culpable o inocente por un delito no debe afectar su veredicto respecto de los otros delitos imputados.
[5] En este caso, por el “HECHO N° 1” (homicidio de los cuatro jóvenes) los delitos menores necesariamente incluidos en la definición del delito principal de homicidio doblemente agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego (opción 1) son seis:
el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego (opción 2);
el homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego (opción 3); la tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego (opción 4), el delito de homicidio culposo o imprudente (opción 5) y el delito de homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber (opción 6).
Asimismo, deben considerar también la posibilidad de la existencia de una causa de justificación que se conoce como cumplimiento de un deber, lo que dará lugar –si ustedes lo entendieran así- a un veredicto de NO culpabilidad.
Ya les explicaré cada uno de ellos en detalle y cómo se prueban.
De acuerdo a ello, ustedes pueden encontrar a los acusados:
– culpables del delito principal imputado en la acusación, o – culpables de un delito menor necesariamente incluido en el delito mayor que la prueba justifique, o – no culpables.
[6] Lo mismo sucederá con el “HECHO N° 2”, que es la tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego (opción 1) de la adolescente Rocío Quagliariello.
En este caso, los delitos menores incluidos son seis:
el delito de tentativa de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego (opción 2);
las lesiones graves agravadas por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego (opción 3);
las lesiones agravadas por el empleo de un arma de fuego (opción 4)
el delito de lesiones graves imprudentes o culposas (opción 5).
el delito de lesiones graves con exceso en el cumplimiento de un deber (opción 6), y También aquí, como en el Hecho I, ustedes pueden considerar que los policías actuaron amparados por una causal de justificación que consiste en el cumplimiento de un deber, lo que los llevará a brindar un veredicto de NO culpabilidad.
[7] Ustedes deben tener muy presente que no podrán considerar otros delitos menores incluidos que los informados por este Tribunal en las instrucciones y que constan en los formularios de veredicto que se les entregará para su deliberación. [8] También verán, que deberán decidir si los cuatro acusados son coautores o, en el caso de los policías Ecilapé e Ibáñez, si en vez de ser coautores son cómplices primarios o secundarios. Pondrán una cruz al lado de la opción que ustedes hayan elegido.
Ahora les explicaré cada uno de estos conceptos.
C.- COAUTORES
[1] Cuando existe más de un interviniente (como es este caso, ya que hay cuatro) deben tener presente que todos los acusados pueden tener en sus manos una parte de aquel poder, distribuyéndose las tareas o realizando la misma acción de manera simultánea o paralela. En ese caso, se considera que los acusados son COAUTORES.
Para decirlo de otro modo, la coautoría se presenta cuando hay división del trabajo (cometen el delito entre todos), existe un plan (un acuerdo recíproco), y cada uno de ellos tiene en sus manos el dominio del hecho (puede hacer que el hecho avance o se detenga).
[2] Si se les demuestra a ustedes, más allá de toda duda razonable, que los acusados se unieron para realizar o ejecutar el acto que se les imputa y que todos contribuyeron a la comisión del delito, aun cuando uno solo produjera el resultado y otros se haya repartido funciones distintas, ante la ley todos son coautores y responsables del mismo delito y todos deberán responder como coautores.
[3] Los acusadores sostienen que los cuatro acusados son coautores.
Ustedes deben resolver, de acuerdo con la apreciación de la prueba y bajo esta instrucción, si los cuatro acusados actuaron como coautores o, en el caso de los policías Ecilapé e Ibáñez, si en vez de ser coautores son cómplices primarios o secundarios. Pondrán una cruz al lado de la opción que ustedes hayan elegido. [4] En caso de que no consideren probado más allá de duda razonable que alguno de los acusados Ecilapé e Ibáñez no actuó como coautor, deberán analizar si actuaron como cómplices primarios o secundarios de la acción ejecutada por quien ustedes digan que es autor o coautores del delito.
La diferencia es muy importante y se las explicaré ya mismo.
D.- CÓMPLICE PRIMARIO Y SECUNDARIO
[1] La ley también impone responsabilidad criminal a aquellas personas que, sin ser coautoras, cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito y los que prestan una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores a su comisión. A estas personas se las considera cómplices.
[2] A diferencia del coautor, el cómplice primario, aunque no comete el delito, tiene conocimiento del mismo y su participación o ayuda es necesaria y esencial para que el delito pueda cometerse.
[3] A diferencia del autor, el cómplice secundario, aunque tiene conocimiento del delito, su participación o ayuda no es necesaria ni esencial para que el delito pueda cometerse.
Esta diferencia es una cuestión de hecho que ustedes deben decidir tras escuchar toda la prueba del juicio para determinar la responsabilidad de cada acusado. Una aclaración importante que aplicará para más adelante. Una de las opciones de delitos menores incluidos (como ya les explicaré) es el homicidio culposo. Ustedes tienen que saber que en este delito no existen las reglas de la participación, por lo que solamente se puede ser autor. Por dicho motivo, no encontrarán en los formularios de veredictos dichas opciones de participación para este delito.
A.- OPCIÓN N° 1 HOMICIDIO AGRAVADO POR EL ABUSO DE LA FUNCIÓN O CARGO POLICIAL Y POR SER COMETIDO MEDIANTE ARMA DE FUEGO
[1] En este caso, la fiscalía y los particulares damnificados le imputan a los acusados Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez la comisión del delito de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego en perjuicio de los jóvenes Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez.
[2] Comete “homicidio”, según lo define la ley, “quien matare a otro”; es decir, “homicidio” es dar muerte a un ser humano con intención de causársela. Alguien, mediante acción u omisión, actúa con “intención de matar otro” cuando el propósito del autor es matar.
[3] Por “intención” se entiende la decisión voluntaria y conocida de matar a otra persona de manera directa.
Pero también habrá intención cuando se ejecuta una acción que se sabe que puede producir la muerte, e igualmente se realiza. Es decir, no de manera directa, sino de manera eventual.
Les explicaré estos conceptos más detalladamente ahora mismo.
[1] En este caso se les imputa a los acusados un delito que requiere haberse cometido intencionalmente. La ley dispone que los acusados no pueden ser castigados por este delito imputado si no lo realizaron con intención criminal.
El elemento de “intención” significa necesariamente que los acusados sabían y querían que se produjera el resultado de muerte y todos y cada uno de los demás elementos del delito de homicidio agravado que les explicaré.
[2] Existen dos maneras o modalidades distintas que aplican a este caso, cualquiera de las cuales es suficiente para satisfacer el requisito de la intención. Hay intención criminal:
1. Cuando el hecho fue realizado por una conducta dirigida directa y voluntariamente a ejecutarlo. [Ejemplo: "Así, cuando una persona le dispara a otra con el propósito de matarla y esa persona muere por causa del disparo, la muerte se considera intencional por razón de que la conducta iba dirigida voluntariamente a realizar ese hecho.]" Esto se conoce como dolo directo.
2. Pero también hay intención criminal cuando los acusados se representan como posible la muerte de otra u otras personas y, sin embargo, continúan adelante con la acción, siendo indiferentes ante el resultado de muerte, el cual efectivamente se produce.
Es decir, que los acusados realizan voluntariamente una conducta, conscientes de que implicaba un riesgo considerable y que produciría un hecho delictivo (la muerte de personas) que no está permitido o que prohíbe la ley; y el cual efectivamente se produce.
Si bien no hay una intención directa de matar, esta indiferencia ante el resultado de muerte se considera igualmente intencional. Se les imputa a los acusados haber realizado intencionalmente el hecho delictivo de homicidio agravado, aunque su conducta no estaba dirigida a producirlo. Esto se conoce como dolo eventual. En cuanto al elemento de que “los acusados estuvieran conscientes del riesgo que implicaba su conducta”, se trata de un elemento subjetivo que ustedes tendrán que inferir, tomando en consideración las circunstancias particulares y la prueba producida en este juicio, de la capacidad de los policías acusados y de la conducta de éstos. [Así, por ejemplo, un adulto, sin indicios de trastorno mental u otra condición extraordinaria, actúa intencionalmente produciendo un homicidio si provoca la muerte de un ser humano al disparar tiros al aire en un lugar concurrido a conciencia de que con ello ponía en riesgo considerable la vida humana].
Nuestro Código Penal dispone que toda muerte intencional, cuando es cometida por un policía en abuso de su función o cargo, constituye una forma agravada del homicidio. También agrava el homicidio el hecho de haber cometido esa muerte mediante el empleo de arma de fuego.
Ahora mismo les explicaré estos dos conceptos y la ley vigente que regula el accionar de la policía.
Antes de hacerlo, vaya una advertencia muy importante y que se las reiteraré más adelante: TODO LO QUE AQUÍ LES EXPLICO SOBRE ESTAS DOS AGRAVANTES SE APLICA PARA LOS DELITOS MENORES INCLUIDOS DE TENTATIVA DE HOMICIDIO Y DE LESIONES GRAVES DE AMBOS HECHOS.
1. AGRAVAMIENTO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO.
[1] El homicidio se agrava por el uso de arma de fuego cuando se comete con violencia o intimidación mediante el empleo de un arma de fuego. Por “arma de fuego” debe entenderse cualquier arma, sin importar el nombre por el cual se conozca, diseñada o que pueda ser fácilmente convertida para ser o que sea capaz de lanzar una munición o municiones por la acción de una explosión y que sea apta para el disparo.
[2] Hay “violencia” cuando el delito se comete utilizando un arma de fuego contra otra u otras personas para producir violencia física sobre ellas. [3] Hay “intimidación” cuando el delito se comete utilizando un arma de fuego contra otra u otras personas para producir violencia moral o psicológica sobre ellas.
2. AGRAVAMIENTO POR ABUSO DE SU FUNCIÓN O CARGO DE POLICÍA.
[1] “ABUSO DE LA FUNCIÓN O CARGO DE POLICÍA” significa que el homicidio se comete no sólo por el mero hecho objetivo de que el autor sea integrante de las fuerzas policiales y esté ejerciendo esas funciones cuando comete el hecho.
Sino que, además, nuestro Código Penal exige de los autores del hecho un elemento subjetivo, o sea, un elemento anímico: que ese policía mate a la víctima abusando de su función o cargo policial; o sea, que el agente policial debe aprovecharse de las facilidades que le otorga la condición de policía para matar a la víctima. El funcionario de seguridad que comete un homicidio en ejercicio de sus funciones y sin mediar causas que lo justifiquen, se aparta de las reglas y principios previstos para el uso del arma de fuego reglamentaria.
[2] Esto es muy importante, porque si este último elemento subjetivo no está probado para ustedes más allá de toda duda razonable, entonces ustedes deberán declarar culpables a los acusados -si así lo entendieran- por alguno de los delitos menores incluidos.
[3] El accionar de los acusados será abusivo (de la función o cargo de policía) cuando se encuentran acreditados los siguientes elementos. Es decir, deben probarse los siguientes tres elementos.
1. El accionar causa violencia física o violencia moral como son las amenazas, insultos o maltrato. Es decir, que, en el caso, los acusados causaron la muerte o intentaron causar la muerte o lesiones de las alegadas víctimas;
2. El accionar no antepone el uso de medios de prevención o de disuasión antes del uso de la fuerza. Es decir, que en el caso los acusados no prefirieron hacer una advertencia o emplear otros medios (no violentos) en lugar de hacer uso de la fuerza (violencia física) y armas de fuego;
3. El accionar no tuvo por fin hacer prevalecer la vida y la libertad de las personas. Es decir, que en el caso los acusados no actuaron en resguardo de la seguridad pública, en situación de legítima defensa propia o de terceros con riesgo de muerte, y/o en situación de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para evitar la comisión de un delito grave que implique un peligro para la vida, o para detener una persona que implique que ponga en peligro la vida que se encuentra resistiendo o en situación de fuga.
[4] Para tener por acreditado el elemento referido como 2) deberán tener en cuenta que de acuerdo con nuestra ley el uso de uso de la fuerza física o moral no será abusivo cuando concurren en forma conjunta los siguientes elementos:
a) Tiene por objeto el resguardo de la seguridad pública.
b) Tras la advertencia y uso de medios de persuasión, los presuntos infractores persisten en el incumplimiento de la ley. c) No provoca un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar. [5] Asimismo, para tener por acreditado el elemento referido como 2) deberán tener en cuenta que de acuerdo con nuestra ley el uso de armas de fuego no será abusivo cuando concurren en forma conjunta los siguientes elementos:
a) Existe una situación de legítima defensa propia o de terceros con riesgo de muerte, o para evitar la comisión de un delito grave que implique un peligro para la vida, y/o en situación de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para detener una persona que implique que ponga en peligro la vida que se encuentra resistiendo o en situación de fuga b) Otros medios no fueron suficientes para lograr los objetivos del punto anterior (a)
c) Su empleo sea inevitable para proteger la vida.
[6] Finalmente, deberán tener en cuenta para tener por acreditado el elemento 2) que, de acuerdo con nuestra ley, el funcionario policial que hace uso de la fuerza y/o de armas de fuego debe llevar a cabo las siguientes conductas:
1. Identificarse como funcionarios policiales.
2. Dar una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza o armas de fuego, con tiempo suficiente como para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia pusiera en peligro al funcionario policial, se creara un riesgo para la vida de otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.
3. Actuar de acuerdo con la gravedad del delito y al objetivo que se persigue (el objetivo son las situaciones habilitadas por la ley para hacer uso de la fuerza y arma de fuego);
4. Reducir al mínimo los daños y lesiones y respetar y proteger la vida humana;
5. Hacer lo necesario para que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;
6. Procurar dar aviso de lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.
7. Si ocasionen lesiones o muerte, deben comunicar el hecho inmediatamente a sus superiores.
[7] Nuestra ley establece los siguientes PRINCIPIOS, a los cuales deben ajustarse los policías para su accionar y, sobre todo, para cuando emplean sus armas de fuego. Ustedes los tomarán en cuenta para decidir los hechos y el veredicto:
3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Ley Orgánica de la Policía Bonaerense número 13.482)
1. Deben privilegiar la prevención y disuasión por medios no violentos antes que el uso de la fuerza. Ante una situación que requiere la intervención policial, previo a usar la violencia, los efectivos deben recurrir, entre otras medidas, al diálogo, la negociación y el registro de información que permita la posterior identificación de las personas involucradas.
2. Deben priorizar la vida, la integridad física y la libertad de las personas. Cuando la acción policial pueda afectar la vida humana o su salud física, el policía debe anteponer la preservación la vida y la salud al éxito de sus tareas.
3. El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Por eso, sólo podrá utilizarse frente a una agresión que ponga en riesgo la vida o la salud del propio policía u otras personas. Es decir, el uso del arma de fuego reglamentaria es el último recurso.
Los funcionarios policiales deberán utilizar -en la medida de lo posible- medios no violentos antes de recurrir al uso de armas de fuego. Podrán utilizar éstas, solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto.
En efecto, el uso de la fuerza o la utilización de armas de fuego deberá llevarse a cabo en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del infractor y siempre que no le infringiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar.
El nivel de fuerza aplicado deberá ser proporcional a la agresión recibida, la gravedad de la amenaza y los riesgos objetivos que de ella surjan, procurando evitar daños innecesarios.
Por lo tanto, los funcionarios policiales no podrán emplear sus armas de fuego contra las personas, salvo:
En defensa propia o de terceros en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves;
Para evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una amenaza para la vida;
Con el objetivo de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad;
Para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.
En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida.
4. Detención. La policía puede detener personas, sin contar con una orden judicial, de manera excepcional. La policía puede detener a una persona o iniciar una persecución vehicular para detenerla, únicamente, cuando haya sorprendido a aquella persona o vehículo mientras cometía un delito o inmediatamente después de haberlo cometido.
5. Orden de un superior. Los policías tienen prohibido invocar la orden de un superior para justificar la comisión de delitos contra la vida o la integridad personal.
Ante una situación que requiere la intervención mediante el uso racional de la fuerza, los miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires deben cumplir con los siguientes requisitos legales:
a. Legalidad Cualquier acción de los policías que afecte la vida y la salud de las personas, debe respetar la Constitución, las leyes, los reglamentos y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
Excepcionalidad Los policías solo pueden usar su arma de fuego reglamentaria cuando sea inevitable para proteger la vida frente a situaciones de peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para evitar la comisión de un delito que ponga en peligro la vida de las personas.
Cuando la acción policial pueda afectar la vida humana o su salud física, el policía debe anteponer la preservación la vida y la salud al éxito de sus tareas.
b. Proporcionalidad El medio utilizado por el policía no puede provocar un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar. Deben reducirse al mínimo los daños y lesiones, respetarse y protegerse la vida humana sobre todas las cosas.
Como ya les dije, todos estos conceptos aplican para la tentativa de homicidio agravado y las lesiones graves agravadas que les explicaré más adelante.
Para tener por configurado este hecho de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego, la fiscalía y los particulares damnificados deben probarles más allá de toda duda razonable los siguientes cinco (5) elementos:
1. Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez están muertos.
2. La muerte de Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez se produjo como consecuencia de la acción criminal de los policías Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez.
3. Que Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez mataron a Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez con intención.
4. Que Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez mataron a Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez abusando de su función o cargo de policía.
5. Que Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez causaron la muerte de las víctimas empleando sus armas de fuego.
Este accionar de dar muerte a otras personas de manera intencional incluye una serie de acciones relacionadas, ideadas, llevadas a cabo y dirigidas a un solo designio o propósito.
El homicidio agravado imputado en este caso exige la decidida consciencia y voluntad de llevar a cabo el asesinato de otra persona. Esa decisión debe estar presente en los acusados al momento de matar.
La existencia de la intención de matar a otro en cualquiera de sus dos formas, el dar muerte a otro en abuso de la función o cargo policial y el empleo de arma de fuego son cuestiones de hechos a ser determinadas exclusivamente por ustedes. Pueden llegar a sus propias conclusiones sobre la existencia o ausencia de intención de matar a otro, de abusar de su cargo o función policial para dar muerte a otro y/o del empleo de un arma de fuego.
Corresponde a la Fiscalía y a los particulares damnificados probar más allá de toda duda razonable la existencia de la intención de matar a otro y las otras dos agravantes mencionadas.
Siendo la intención de matar y el abuso de la función o cargo policial para dar muerte a otro un estado mental, la Fiscalía y los particulares damnificados no están obligados a establecerlos con prueba directa. Se les permite a ustedes inferir o deducir la intención de quitar la vida de otras personas y el hacerlo mediante abuso de la función o cargo policial o no, de la prueba presentada sobre los actos y eventos que provocaron el homicidio agravado; es decir, de los actos y circunstancias que rodearon al homicidio agravado, la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta de los acusados, que permita inferir racionalmente la existencia o ausencia de la intención de matar a otro y de hacerlo abusando de su cargo o función policial.
Será suficiente prueba de la intención de matar a otro y de hacerlo abusando de su cargo o función policial si las circunstancias del hecho y la conducta de los acusados los convencen más allá de toda duda razonable de la existencia de intención de matar a otras personas al momento del homicidio y de hacerlo abusando de su cargo o función policial y mediante la utilización de armas de fuego.
La existencia o no de todos estos cinco (5) elementos que les expliqué para tener por acreditado este delito principal es una cuestión de hechos. Son ustedes, el jurado, quienes habrán de determinar, en base a las pruebas que les hayan merecido credibilidad, si fueron o no probados dichos elementos del delito más allá de duda razonable.
1. Si después de ustedes analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, están convencidos y convencidas de que la fiscalía y los particulares damnificados han probado más allá de duda razonable que Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez cometieron el Hecho n° 1 que se les imputa, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por del delito de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego (opción nº 1).
2. Si, en cambio, ustedes tienen duda razonable sobre la existencia del elemento “abuso del cargo o la función policial”, entonces no se trata del delito del delito de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y deberán entonces considerar la posibilidad de declararlos culpables del delito menor incluido de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego (opción nº 3). Este delito también es intencional. Repasen la explicación.
3. Pero si ustedes estiman, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, que la fiscalía y los particulares damnificados no probaron más allá de duda razonable que los acusados hayan sido los causantes de la muerte de los jóvenes, pero que aún así tuvieron la intención de matar, deberán declararlos culpables del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego (opción nº 2) o, si consideran no probado el elemento “abuso del cargo o la función policial”, deberán declararlos culpables del delito de tentativa de homicidio agravado por ser cometido mediante arma de fuego (opción nº 4). Estos delitos también son intencionales. Repasen la explicación.
4. Luego les explicaré más abajo la opción del veredicto de culpabilidad por homicidio culposo o imprudente (opción 5) y el supuesto de homicidio cometido con exceso en el cumplimiento del deber (opción 6).
5. En el caso de los policías Ecilapé e Ibáñez, pondrán una cruz al lado de la opción que ustedes hayan elegido respecto de si son coautores, cómplices primarios o cómplices secundarios, conforme se los he explicado.
6. Pero si ustedes estiman, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, que la fiscalía no probó más allá de duda razonable que los acusados cometieron el delito que se le imputa, o si tienen duda razonable en cuanto a su culpabilidad, o si consideran que actuaron en el legítimo ejercicio de su deber o cargo deberán declararlos NO CULPABLES (opción nº 7).
B.- OPCIÓN N° 2 TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO POR EL ABUSO DE LA FUNCIÓN O CARGO POLICIAL Y POR SER COMETIDO MEDIANTE ARMA DE FUEGO.
[1] El primer delito menor incluido en el delito principal es la tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego en perjuicio de los jóvenes Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez.
[2] El jurado puede considerar probado más allá de toda duda razonable que la muerte de los jóvenes se produjo por alguna otra causa diferente a lo que sostienen los acusadores, pero -aun así-, el jurado puede considerar que los acusados, con su accionar, intentaron matar igualmente a los jóvenes (abusando de su función y/o con armas de fuego) y que no lo consiguieron por causas ajenas a su voluntad. [3] Ahora les explicaré el concepto de tentativa.
Todas las explicaciones que les di respecto de qué es un homicidio, qué es la intención de matar y qué es un arma de fuego son válidas aquí también. Repásenlas.
[1] Según lo define la ley, “existe tentativa de homicidio cuando una persona con el fin de matar a otra comienza su ejecución, pero no logra consumar el resultado por circunstancias ajenas a su voluntad”. Es decir, no hay delito alguno si los actos llevados a cabo por los acusados son “preparatorios” para cometerlo.
En cambio, ya existe tentativa de homicidio cuando dichos actos superaron la etapa de “preparación” y entraron en la fase de “ejecución”.
Esta última es una cuestión de hecho que le corresponde decidir al Jurado más allá de toda duda razonable y sólo desde la prueba del juicio. Pero, además, la ley agrava especialmente a la tentativa de homicidio cuando esta se comete por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego.
[2] Por lo tanto, los requisitos para que exista tentativa son dos: a.- Un comienzo de ejecución de un delito determinado; b.- Y que dicho delito no haya sido consumado por razones ajenas a la voluntad del autor.
La TENTATIVA de HOMICIDIO AGRAVADO POR EL ABUSO DE LA FUNCIÓN O CARGO POLICIAL Y POR SER COMETIDO CON ARMA DE FUEGO requiere que la fiscalía y los particulares damnificados prueben estos cuatro (4) elementos más allá de toda duda razonable:
1. Que los acusados Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez tenían la intención de matar a Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez;
2. Que los acusados Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez realizaron actos evidentes o claros dirigidos a iniciar o cometer el delito de homicidio contra Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez; es decir, que empezaron a cometer el delito o realizaron actos que iban más allá de una mera preparación y que eran adecuados para la comisión dicho delito;
3. Que el delito no se consumó o completó por circunstancias ajenas a la voluntad de los acusados; es decir, que no se produjo el resultado querido por los acusados.
4. Que Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez intentaron matar a Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez empleando sus armas de fuego.
La tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego exige la decidida consciencia y voluntad de llevarlo a cabo. Esa decisión debe estar presente en los acusados al momento del intento de matar a las víctimas.
La cuestión de la intención de los acusados Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez de matar a Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez es una cuestión de hecho a ser exclusivamente determinada por ustedes a través de la prueba. Pueden llegar a sus propias conclusiones sobre la existencia o ausencia de intención de matar a otro. Corresponde a la fiscalía y a los particulares damnificados probar más allá de duda razonable la existencia de la intención de matar a otro.
Siendo la intención un estado mental, la Fiscalía y los particulares damnificados no están obligados a establecerlo con prueba directa. Se les permite a ustedes inferir o deducir la intención de los acusados de intentar quitar la vida a Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez de la prueba presentada sobre los actos y circunstancias que rodearon al intento de muerte, la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta de los acusados, que permita inferir racionalmente la existencia o ausencia de la intención de matar a Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez.
Repasen el punto IV de las consecuencias que les expliqué más arriba (de la opción 1). Vale aquí también la explicación de las agravantes del abuso en el cargo o la función policial y del arma de fuego.
C.- OPCIÓN 3 HOMICIDIO SIMPLE AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO I.- CONCEPTOS
[1] Como se los expliqué anteriormente, comete “homicidio”, según lo define la ley, “quien matare a otro”; es decir, “homicidio” es dar muerte a un ser humano con intención de causársela.
Alguien, mediante acción u omisión, actúa con “intención de matar otro” cuando el propósito del autor es matar.
[2] Por “intención” se entiende la decisión voluntaria y conocida de matar a otra persona de manera directa.
Pero también habrá intención cuando se ejecuta una acción que se sabe que puede producir la muerte, e igualmente se realiza. Es decir, no de manera directa, sino de manera eventual.
Repasen el concepto de intención criminal.
[3] El homicidio se agrava por el uso de arma de fuego cuando se comete con violencia o intimidación mediante el empleo de un arma de fuego. Por “arma de fuego” debe entenderse cualquier arma, sin importar el nombre por el cual se la conozca, diseñada o que pueda ser fácilmente convertida para ser o que sea capaz de lanzar una munición o municiones por la acción de una explosión y que sea apta para el disparo.
[4] Hay “violencia” cuando el delito se comete utilizando un arma de fuego contra otra u otras personas para producir violencia física sobre ellas.
[5] Hay “intimidación” cuando el delito se comete utilizando un arma de fuego contra otra u otras personas para producir violencia moral o psicológica sobre ellas.
Para tener por acreditado el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, la Fiscalía y los particulares damnificados deben probar estos 3 elementos, fuera de toda duda razonable:
1. Que Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez están muertos;
2. Que las muertes fueron causadas por la acción criminal de los acusados.
3. Que para provocar aquellas muertes los imputados utilizaron armas de fuego.
D.- OPCIÓN 4 TENTATIVA DE HOMICIDIO SIMPLE AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO I.- CONCEPTOS. REMISIÓN
Les pido repasen los conceptos de tentativa, de intención criminal y de la agravante por la utilización del arma de fuego.
II. ELEMENTOS A PROBAR.
La tentativa del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego requiere que se demuestre que los acusados:
1. Que los imputados tenían la intención de provocar la muerte de las víctimas;
2. Que realizaron actos evidentes o claros dirigidos a cometer ese fin;
3. Que el delito no se cometió o completó por circunstancias ajenas a la voluntad de los imputados, es decir, que no se produjo el resultado querido por los acusados;
4. Que en la comisión de dicho delito los imputados utilizaron armas de fuego.
E.- OPCIÓN N° 5 HOMICIO CULPOSO O IMPRUDENTE
Una de las posturas de las defensas es que los policías actuaron sin ningún tipo de intención criminal de matar a nadie y que, por el contrario, su accionar fue imprudente.
I. DEFINICIÓN DE HOMICIDIO CULPOSO.
[1] El homicidio culposo consiste en ocasionar la muerte de una o más personas por actos u omisiones negligentes, pero sin intención criminal.
El término “negligencia o impericia” se define como un acto (hacer lo que no se debe) u omisión (no hacer lo que se debe) en la que no se tomó el cuidado debido que hubiera tenido una persona normalmente prudente para evitar el resultado. La actuación imprudente, no intencional, es lo que constituye la negligencia. Es decir, no existe intención de matar, pero la muerte se produce porque los acusados obraron con imprudencia y de manera negligente.
[2] Cada uno de nosotros tiene el deber de actuar de manera razonable hacia los demás. Si hay una violación a ese deber, sin ninguna intención consciente de dañar, esa violación es negligencia.
[3] Pero negligencia culpable es más que una falta del empleo de atención ordinaria hacia otros. Para que la negligencia sea culpable debe ser grave y flagrante. La negligencia culpable es un curso de conducta demostrativa de un desprecio temerario por la vida humana, o de seguridad de las personas expuestas a sus efectos peligrosos, o una falta tal de cuidado que hace presumir la conciencia indiferente a las consecuencias, o que muestran un desenfreno o temeridad, o un gran descuido o desprecio por la seguridad y el bienestar público.
Un acto negligente debe haber sido cometido con total desprecio por la seguridad de los demás. La negligencia culpable es llevar a cabo con consciencia un acto o seguir un curso de conducta que los acusados deberían haber sabido, o que razonablemente podían haber sabido que podía causar la muerte o graves daños corporales.
Para tener por probado el delito de homicidio culposo, la Fiscalía y los particulares damnificados deben probar más allá de duda razonable, los siguientes tres (3) elementos de este delito:
1. Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez están muertos;
2. El o los actos de los acusados causaron la muerte de Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez;
3. La muerte de Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez fue causada por la negligencia culpable de los acusados.
1. Si ustedes, después de analizar cuidadosamente la prueba, están convencidos de que la muerte de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Camila López fue causada por la negligencia culpable de Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilapé, Mariano Alejandro Ibáñez y Manuel Monreal deberán emitir un veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio culposo (opción 6).
2. Si, por el contrario, ustedes estiman que la Fiscalía y los particulares damnificados no probaron más allá de la duda razonable el hecho cometido en forma imprudente, o si tienen dudas razonables en cuanto a la culpabilidad de los imputados, o consideran que actuaron en el cumplimiento de su deber (como de seguido se los explicaré) deberán declararlos NO culpables.
F.- OPCIÓN N° 6 HOMICIDIO CON EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER I.- CONCEPTO
[1] También los acusados han presentado como defensa que al realizar el hecho que dio muerte a los jóvenes lo hicieron en el cumplimiento de su deber como policías o en el legítimo ejercicio de su autoridad o cargo de policías.
Es muy importante que ustedes presten atención a esto que les voy a explicar ahora. NO ES LO MISMO el “homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial” que el “homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber”. Son dos conceptos que podrían parecerles similares, pero que no lo son.
La razón es que en el primero los acusados están ante una situación objetiva e intencional de cometer un delito de homicidio. En el segundo, por el contrario, los acusados están ante una situación objetiva de estar cumpliendo con su deber y habilitados por la ley para disparar, pero en la que se exceden, causan una muerte y por eso se les aplica una pena menor.
Reitero: no es lo mismo matar intencionalmente abusando de la función o cargo de policías, que la muerte que se produce porque los policías se excedieron en el cumplimiento de su deber.
La manera de saber si los policías acusados estaban cumpliendo con su deber es si este hecho los habilitaba a disparar sus armas de fuego reglamentarias contra el auto en el que iban las víctimas, conforme los supuestos que exige la ley y que ya les enumeré.
Les repaso la parte medular:
“De acuerdo con nuestra ley, el uso de armas de fuego está habilitada para la policía cuando concurren en forma conjunta los siguientes elementos:
a) existe una situación de legítima defensa propia o de terceros con riesgo de muerte, o para evitar la comisión de un delito grave que implique un peligro para la vida, y/o en situación de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para detener una persona que implique que ponga en peligro la vida que se encuentra resistiendo o en situación de fuga b) otros medios no fueron suficientes para lograr los objetivos del punto anterior (a)
c) su empleo sea inevitable para proteger la vida”.
Repasen toda esta instrucción que les di antes.
[2] Esta diferencia es muy importante y el jurado deberá decidirla más allá de toda duda razonable desde las pruebas del juicio.
De tal modo que, si el jurado considera probado que los policías no estaban actuando en el cumplimiento de su deber, porque no estaban habilitados para disparar sus armas de fuego reglamentarias en la situación concreta, entonces el delito es de homicidio agravado por el abuso en la función o cargo de policía y mediante la utilización de armas de fuego, o las otras opciones de veredicto que les impartí. [3] Específicamente, la defensa ha invocado que los acusados estaban ejerciendo el cumplimiento de su deber, conforme les expliqué según la ley que rige la actuación de la policía, y, sobre todo, el empleo de sus armas reglamentarias. Es decir, según la defensa los policías estaban habilitados para disparar sus armas de fuego en la situación concreta.
Luego les explicaré en detalle esta defensa porque, si el jurado la considera probada, deberán declarar a los acusados no culpables porque el accionar de los policías está justificado.
[4] Sin embargo, si ustedes descartan el pedido de los acusadores que les expliqué antes y entienden que los policías acusados estaban cumpliendo con su deber, deberán analizar a continuación si se excedieron o no, conforme las instrucciones que les daré.
[5] Cuando un funcionario policial se excede en los límites que la ley les impone a los policías que obrasen en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo recibirán una pena más leve porque se trata de un delito menor incluido.
Si ustedes consideran que esto está probado más allá de toda duda razonable, deberán declarar a los acusados culpables del delito de homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber.
Para tener por probado este delito, ustedes deben tener por acreditado, más allá de duda razonable, los siguientes tres (3) elementos:
1) 1) Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez están muertos.
2. El o los actos de Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez causaron la muerte de Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez.
3. La muerte de Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez se produjo como consecuencia del exceso en el cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo de los policías Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez.
Un funcionario policial se excede en los límites que la ley les impone a los policías que obrasen en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo cuando:
[1] Las situaciones que habilitan el uso de la fuerza (la protección de la seguridad pública) y/o el uso de un arma de fuego (situación de legítima defensa propia o de terceros con riesgo de muerte, o para evitar la comisión de un delito grave que implique un peligro para la vida, y/o en situación de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para detener una persona que implique que ponga en peligro la vida que se encuentra resistiendo o en situación de fuga) si bien existieron, no mantienen actualidad o han cesado.
[2] Es decir, que al momento en que los funcionarios policiales usaron la fuerza y/o armas de fuego, la situación que los habilitó a hacerlo dejó de estar vigente, porque ya no existía al momento en que emplearon esos medios.
[3] En este supuesto es muy importante que tengan en cuenta que la situación habilitante del uso de la fuerza y/o armas de fuego haya existido en algún momento. Si esa situación nunca existió entonces, la conducta no implica un exceso sino un abuso funcional o los otros delitos menores incluidos, tal como les expliqué anteriormente.
[4] Existen y son actuales las situaciones que habilitan el uso de la fuerza y/o el uso de un arma de fuego pero los funcionarios policiales traspasaron la necesidad del empleo de ese medio, ya que podrían haber utilizado el medio (fuerza/arma de fuego) de manera menos lesiva e igualmente eficaz para lograr el objetivo y sin exponerse a sufrir riesgos en su vida.
[5] En este supuesto es muy importante que tengan en cuenta que, si en el caso hubiera existido la posibilidad de emplear un medio menos lesivo para lograr el objetivo sin riesgo del funcionario policial, la conducta del uso de la fuerza y/o armas de fuego no implica un exceso sino un abuso funcional u otros delitos menores, tal como les expliqué anteriormente.
[6] Por lo tanto, hay exceso en el cumplimiento del deber si el medio (fuerza y/o arma de fuego) era necesario pero fue empleado de tal manera que causó mayores daños, ya que otro modo de hacerlo hubiera sido igualmente efectivo y no hubiera puesto en riesgo a los funcionarios policiales para lograr el objetivo de proteger la vida humana (propia o de terceros).
[7] Para determinar si las acciones de los policías Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez fueron excesivas, el jurado debe observar aquellos hechos y circunstancias en que un oficial de policía razonable en la misma situación hubiera procedido en el momento preciso en que los acusados actuaron.
1. Si ustedes después de evaluar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, consideran que está probado más allá de duda razonable que los acusados cometieron este hecho excediéndose en el cumplimiento del deber del modo descripto deberán rendir un veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber, conforme figura en la opción n° 6 del formulario de veredicto.
2. Pero si ustedes estiman, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, que no ha sido probado más allá de duda razonable el hecho, o el exceso en el legítimo cumplimiento de un deber, autoridad o cargo o cualquier otro de los elementos del delito; o si tienen duda razonable en cuanto a la culpabilidad de los acusados, deberán declararlos NO culpables.
G.- POSIBLE OPCIÓN DE VEREDICTO DE NO CULPABILIDAD LEGÍTIMO EJERCICIO DE UN DERECHO, DEBER, AUTORIDAD O CARGO
[1] Como les adelantaba, otra línea de defensa de los acusados se ha basado en que al realizar los hechos que se les imputan como constitutivos de delito, ellos actuaron en el cumplimiento de un deber jurídico o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo como policías, porque estaban habilitados para actuar del modo en que lo hicieron y para disparar sus armas reglamentarias.
[2] La ley dispone que no incurre en responsabilidad penal la persona que obra en cumplimiento de un deber jurídico o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. Esto significa que quien al realizar un acto lo hace conforme a un deber jurídico, sea este público o privado, por medios legales y dentro de los límites del deber protegido por ley, con la acostumbrada precaución, está exento de responsabilidad penal y es NO culpable.
[3] El ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo conlleva en ocasiones la ejecución de actos que realizados por otras personas constituirían delito. La ley protege a la persona que por razón de su cargo está obligada a actuar de cierta manera.
Así, la persona que, actuando en cumplimiento de sus funciones legítimas, con la debida diligencia y utilizando los medios racionalmente necesarios, causa daño, está exenta [libre] de responsabilidad penal.
[4] En este caso, basta que la persona actúe con la moderación y prudencia debida y que su conducta se ajuste al ejercicio legal y legítimo de su derecho. Si ustedes consideran probado que los acusados actuaron en este hecho en el cumplimiento de un deber jurídico o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo, deberán declararlos NO CULPABLES, ya que su conducta se ajusta a derecho y no es punible.
12. - HECHO N° 2 (VÍCTIMA: SOBREVIVIENTE ROCÍO QUAGLIARELLO)
A.- OPCIÓN N° 1 TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO POR EL ABUSO DE LA FUNCIÓN O CARGO POLICIAL Y POR SER COMETIDO MEDIANTE ARMA DE FUEGO I.- CONCEPTOS. REMISIÓN
[1] En este caso, la fiscalía y los particulares damnificados le imputan a los acusados Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez la comisión del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego en perjuicio de la adolescente Rocío Quagliariello.
VALEN AQUÍ TODOS LOS CONCEPTOS QUE LES EXPLIQUÉ SOBRE QUÉ ES HOMICIDIO, QUÉ ES EL HOMICIDIO AGRAVADO POR EL ABUSO DE LA FUNCIÓN O CARGO POLICIAL, ARMA DE FUEGO E
INTENCIÓN CRIMINAL y QUÉ ES TENTATIVA. REPÁSENLOS. NO SE LOS REPITO PARA NO FATIGARLOS, PERO APLICAN ÍNTEGRAMENTE AQUÍ.
La TENTATIVA de HOMICIDIO AGRAVADO POR EL ABUSO DE LA FUNCIÓN O CARGO POLICIAL Y POR SER COMETIDO CON ARMA DE FUEGO requiere que la fiscalía y los particulares damnificados prueben estos cuatro (4) puntos más allá de toda duda razonable:
1. Que los acusados Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez tenían la intención de matar a Rocío Quagliariello;
2. Que los acusados Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez realizaron actos evidentes o claros dirigidos a iniciar o cometer el delito de homicidio contra Rocío Quagliariello; es decir, que empezaron a cometer el delito o realizaron actos que iban más allá de una mera preparación y que eran adecuados para la comisión dicho delito;
3. Que el delito no se consumó o completó por circunstancias ajenas a la voluntad de los acusados; es decir, que no se produjo el resultado querido por los acusados.
4. Que Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez intentaron matar a Rocío Quagliariello abusando de su función y empleando sus armas de fuego.
[1] La tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego exige la decidida consciencia y voluntad de llevarlo a cabo. Esa decisión debe estar presente en los acusados al momento del intento de matar a la víctima.
[2] La cuestión de la intención de los acusados Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez de matar a Rocío Quagliariello es una cuestión de hecho a ser exclusivamente determinada por ustedes a través de la prueba. Pueden llegar a sus propias conclusiones sobre la existencia o ausencia de intención de matar a otro.
Corresponde a la fiscalía y a los particulares damnificados probar más allá de duda razonable la existencia de la intención de matar a otro.
Siendo la intención un estado mental, la Fiscalía y los particulares damnificados no están obligados a establecerlo con prueba directa. Se les permite a ustedes inferir o deducir la intención de los acusados de intentar quitar la vida a Rocío Quagliarello de la prueba presentada sobre los actos y eventos que casi le provocan la muerte; es decir, de los actos y circunstancias que rodearon al intento de muerte, la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta de los acusados, que permita inferir racionalmente la existencia o ausencia de la intención de matar a Rocío Quagliarello. [3] Será suficiente prueba de la intención de matar a otro si las circunstancias de la tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego y la conducta de los acusados los convencen más allá de toda duda razonable de la existencia de intención de matar a Rocío Quagliarello al momento del intento de homicidio.
Si después de evaluar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes consideran, más allá de toda duda razonable, que los acusados incurrieron en acciones dirigidas a cometer el delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO POR EL ABUSO DE LA FUNCIÓN O CARGO POLICIAL Y POR SER COMETIDO CON ARMA DE FUEGO y que tales actos superaron la etapa de preparación; entonces, deberán declararlos CULPABLES de dicho delito que figura en la opción n° 1.
B.- OPCIÓN 2 TENTATIVA DE HOMICIDIO SIMPLE AGRAVADO POR SER COMETIDO MEDIANTE ARMA DE FUEGO.
[1] Si, en cambio, ustedes tienen duda razonable sobre la existencia del elemento “abuso del cargo o la función policial”, entonces no se trata del delito del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y deberán entonces considerar la posibilidad de declararlos culpables del delito menor incluido de tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego (opción n° 2), conforme a las explicaciones que ya les brindé más arriba en el hecho n° 1 y que son aplicables íntegramente aquí. Repásenlas.
[2] Pero si ustedes estiman, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, que la fiscalía no probó más allá de duda razonable que los acusados hayan cometido el delito que se les imputa, o si tienen duda razonable en cuanto a su culpabilidad, o si consideran que el fiscal y los particulares damnificados no probaron más allá de duda razonable que las acciones de los acusados superaron la etapa de “preparación” de la tentativa de dicho delito, deberán declararlos NO CULPABLES.
C.- OPCIÓN N° 3 LESIONES GRAVES AGRAVADAS POR EL ABUSO DE LA FUNCIÓN O CARGO POLICIAL Y POR SER COMETIDO MEDIANTE ARMA DE FUEGO
El caso de la adolescente Rocío Quagliarello tiene además tres delitos menores incluidos, que son:
1. Las lesiones graves agravadas por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego, 2) Las lesiones graves agravadas por el empleo de arma de fuego, y 3) Las lesiones graves EN EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER.
La diferencia entre la tentativa de homicidio una persona y el delito de lesionar a esa misma persona es una cuestión de hecho que debe determinar el jurado más allá de toda duda razonable.
El jurado deberá analizar las pruebas y determinar si los acusados intentaron matar a Rocío Quagliarello, conforme les acabo de explicar, o si lo que buscaron intencionalmente fue lesionarla gravemente.
En el caso en que ustedes consideren probado más allá de toda duda razonable que los que los policías lo que quisieron fue lesionar gravemente a la adolescente (no matarla), deberán también decidir si lo hicieron abusando de su función policial y con el empleo de arma de fuego (opción n° 3) o si sólo la lesionaron gravemente mediante el empleo de arma de fuego (opción nº 4). Se los explico ahora.
En este caso, el delito imputado por la fiscalía comprende e incluye el delito menor necesariamente incluido de las lesiones graves agravadas por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego.
“Lesiones graves”, según lo define la ley, son las que intencionalmente alguien le causare a otro ocasionando un daño en su cuerpo o su salud que hubiere puesto en peligro la vida de la víctima o le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes.
Pero, además, la ley agrava especialmente a las lesiones graves cuando estas se producen, al igual que mencionamos en el hecho n° 1, con los acusados abusando de su función policial y con el empleo de arma de fuego. Repasen ambos conceptos ya explicados en el hecho n° 1. Aplican aquí y no los reitero para no fatigarlos.
Para tener por probado el delito de lesiones graves agravadas por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego, la Fiscalía y los particulares damnificados deben probar los siguientes 5 (cinco) elementos más allá de duda razonable:
1. Los acusados Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez lesionaron a Rocío Quagliarello y, al hacerlo, pusieron en peligro su vida o la inutilizaron para el trabajo por más de un mes.
2. Las lesiones graves de Rocío Quagliarello fueron causadas por la acción criminal de los acusados Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez.
3. Los acusados Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez tenían la intención de lesionar gravemente a Rocío Quagliariello.
4. Que Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez lesionaron gravemente a Rocío Quagliarello abusando de su función o cargo de policía.
5. Que Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez lesionaron gravemente a Rocío Quagliarello empleando sus armas de fuego. Repasen nuevamente el elemento “intención criminal”, “abuso de la función policial” y “arma de fuego” de mis anteriores explicaciones. Aplican aquí íntegramente.
1. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes están convencidos y convencidas de que la Fiscalía y los particulares damnificados han probado más allá de duda razonable que los acusados intencionalmente lesionaron a Rocío Quagliarello abusando de su función policial y mediante armas de fuego, causando y poniendo en peligro la vida de la víctima o la inutilizaron para el trabajo por más de un mes entonces deberán declarar a los acusados culpables del delito de lesiones graves agravadas por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego.
2. Si, en cambio, ustedes tienen duda razonable sobre la existencia del elemento “abuso del cargo o la función policial”, entonces no se trata del delito del delito de lesiones graves agravadas por el abuso de la función o cargo policial y deberán entonces considerar la posibilidad de declararlos culpables del delito menor incluido de lesiones graves agravadas por el empleo de un arma de fuego.
D.- OPCIÓN 4 LESIONES GRAVES AGRAVADAS POR EL USO DE ARMAS DE FUEGO I.- REMISIÓN
Valen aquí los conceptos que ya les mencioné referidos a: lesiones graves y la agravante del uso de armas de fuego. Repásenlos.
Para decidir esta opción ustedes deberán tener por acreditado, más allá de toda duda razonable que los acusados tenían la intención de causar lesiones graves en la víctima y para lograrlo utilizaron sus armas de fuego.
E.- OPCIÓN 5 LESIONES GRAVES CULPOSAS
[1] Por su parte, si ustedes consideran que las lesiones fueron causadas por imprudencia valen aquí todos los conceptos que les referí con relación al delito cometido en forma culposa o con imprudencia.
En el caso puntual de las lesiones graves causadas por imprudencia ustedes deberán evaluar que, por imprudencia o negligencia, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo de los imputados se han causado las lesiones graves que ha sufrido Rocío Quagliarello. En caso de entenderlo así deberán dictar veredicto de culpabilidad por lesiones graves culposas.
[2] Pero si ustedes estiman, luego de dicho análisis, que la fiscalía y los particulares damnificados no probaron más allá de duda razonable, la intención o cualquier otro de los elementos del delito; o si tienen duda razonable en cuanto a la culpabilidad de los acusados, o si consideran que actuaron en el cumplimiento de su deber deberán declararlos NO CULPABLES.
F.- OPCIÓN 6 LESIONES GRAVES CON EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER
Pero si ustedes, después de evaluar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, consideran que los acusados cometieron este hecho excediéndose en el cumplimiento del deber deberán rendir un veredicto de culpabilidad por el delito de lesiones graves con exceso en el cumplimiento de un deber.
Repasen íntegramente las instrucciones que les di sobre el exceso en el cumplimiento del deber, ya que aplican en su totalidad también para el delito de lesiones.
[1] El veredicto de culpabilidad para el delito de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego deberá ser unánime para ser válido (Hecho 1, opción 1).
Esto es, los doce jurados deberán estar de acuerdo con el mismo veredicto para declarar a los acusados culpables por este delito.
[2] Para el resto de los delitos que les he explicado, vuestro veredicto de culpabilidad deberá reunir diez (10) o más votos.
En ambos casos, si ustedes no logran reunir como mínimo ocho (8) votos a favor de la culpabilidad deberán rendir un veredicto de no culpabilidad.
Luego les explicaré qué sucede si ustedes obtienen nueve (9) votos para la culpabilidad. Me lo informarán y yo les indicaré el camino a seguir.
[3] Sin embargo, ustedes deben hacer todos los esfuerzos razonables para alcanzar un veredicto. Consúltense los unos a los otros. Expresen sus puntos de vista. Escuchen los de los demás. Discutan sus diferencias con una mente abierta. Hagan lo mejor posible para decidir este caso.
[4] Todos deben considerar la totalidad de la prueba de manera justa, imparcial y equitativa. Su meta debe ser alcanzar un acuerdo que se ajuste a la opinión individual de cada jurado.
[5] Cuando ustedes alcancen un veredicto, el presidente del jurado deberá asentarlo en el formulario de veredicto y notificar a los secretarios. Regresaremos a la sala de juicio para recibirlo. El presidente del jurado nos leerá su veredicto en la sala de juicio.
B.- MODO DE LLENAR LOS FORMULARIOS DE VEREDICTO
[1] Les entregaré varios formularios diferentes de veredicto (uno por cada imputado y por cada hecho) para que ustedes decidan el Hecho n° 1 (con seis opciones) y el Hecho n° 2 (con seis opciones).
[2] Si ustedes alcanzaran un veredicto, el presidente debe marcar con una cruz en la línea situada a la izquierda de la opción que ustedes hayan acordado. Recuerden: sólo podrán elegir una sola opción. El presidente debe firmar la hoja en el lugar indicado al pie de la misma.
C.- RENDICIÓN DEL VEREDICTO
[1] Si ustedes alcanzaran un veredicto, por favor anuncien con un golpe en la puerta de la Sala de Deliberaciones, lo que significará que han tomado una decisión. Los convocaremos nuevamente a la Sala de Juicio para escuchar su decisión. [2] El presidente del jurado debe llevar los formularios de veredicto a la sala del juicio al ser convocados nuevamente luego de las deliberaciones. Es responsabilidad del presidente anunciar el veredicto en la sala y entregarme luego del anuncio los formularios completados. Ustedes no deben dar las razones de su decisión.
D.- CONDUCTA DEL JURADO DURANTE LAS DELIBERACIONES
[1] En instantes, ustedes serán llevados a la sala de deliberaciones del jurado por los secretarios de este Tribunal. Lo primero que deben hacer es elegir a una o a un presidente. El presidente lo elegirán por mayoría simple de votos, y en caso de empate deben elegir a la persona de mayor edad. La votación que realicen es secreta. Cuando lo hagan, no es necesario que nos notifiquen. Yo lo consignaré más tarde. El presidente encabeza las deliberaciones igual que el que preside un acto público. Su trabajo es firmar y fechar el formulario de veredicto cuando todos ustedes hayan acordado un veredicto en este caso y él/ella debe ordenar y guiar las deliberaciones, impedir que las mismas se extiendan demasiado o se produzcan repeticiones innecesarias de cuestiones ya decididas. Se espera que sea firme en su liderazgo, pero justo con todos.
[2] Según les instruí previamente, al dirigirse ustedes a la sala de deliberaciones del jurado, su deber es consultarse mutuamente y deliberar con el objetivo puesto en alcanzar un veredicto justo. Su veredicto deberá estar basado en los hechos que ustedes determinen de toda la prueba introducida al juicio, y en el derecho que les he instruido que se aplica en este caso.
[3] Durante la deliberación, los jurados deberán comunicarse sobre el caso sólo entre ellos y sólo cuando todos los jurados estén presentes en la sala de deliberación. No empiecen a deliberar hasta que no hayan recibido el sobre con los formularios de veredicto y hasta que no estén los doce de ustedes reunidos en el recinto. No deben comunicarse con ninguna otra persona, fuera de los jurados, sobre este caso. Hasta que alcancen el veredicto, no deben hablar de este caso en persona, o través del teléfono o comunicación escrita u electrónica tales como un blog, Twitter, E-mail, SMS, Facebook, Instagram o cualquier otro. No contacten a nadie para asistirlos en sus deliberaciones ni posteen ningún tipo de comentario, foto o mensaje por las Redes Sociales. Si toman conocimiento de cualquier violación a estas instrucciones, o de cualquier otra instrucción que les haya dado en este caso, me lo harán saber por nota que le darán a los Secretarios.
[4] Si ustedes conducen sus deliberaciones con calma y serenamente, exponiendo cada uno sus puntos de vista y escuchando cuidadosamente lo que los demás tengan para decir, serán capaces de pronunciar un veredicto justo y correcto. Todos nosotros dependemos de ustedes para llegar a una decisión sabia y legal en este proceso. Decidir el veredicto es responsabilidad exclusiva de ustedes. Yo no puedo participar de modo alguno en esa decisión. Por favor, ignoren lo que pude haber dicho o hecho que les haga pensar que prefiero un veredicto por sobre otro.
E.- PREGUNTAS DURANTE LAS DELIBERACIONES
[1] Si hubiera algún punto de estas instrucciones que no estuviese claro para ustedes, estaré dispuesta a contestar sus preguntas. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, el presidente deberá escribirla y colocarla dentro de un sobre sellado y entregárselo a los secretarios. Ningún miembro del jurado debe jamás intentar comunicarse conmigo, excepto por escrito. Yo responderé al jurado en lo relativo a la consulta por escrito o aquí en corte abierta.
[2] Recuerden: a fin de no interrumpir innecesariamente sus deliberaciones, despejen primero sus dudas entre ustedes con el auxilio de estas instrucciones que les entrego además por escrito.
[3] Una vez recibida la pregunta, analizaré la respuesta a ella con los abogados en su ausencia. Eso puede tomar un tiempo, por lo cual ustedes continuarán deliberando. Luego, ustedes regresarán a la sala del juicio en donde se leerá la pregunta y yo la responderé. Contestaré cada una de las preguntas pertinentes que ustedes tuvieran de la manera más completa y a la mayor brevedad posible.
[4] Recuerden también: Jamás le digan a nadie en las notas que ustedes manden, incluyéndome a mí, cómo están las posturas en el jurado, sea numéricamente o de otra forma, incluyendo la cuestión de la culpabilidad del acusado.
F.- ACOTACIONES FINALES
[1] Ustedes han prestado juramento o formulado la promesa solemne de juzgar este caso de manera correcta e imparcial y de emitir un veredicto justo de acuerdo a la prueba. Si ustedes honran dicho juramento o promesa, y estoy seguro de que así lo harán, habrán hecho todo lo que se espera de ustedes como jurados en este juicio. No les pedimos nada más. Tenemos derecho y no esperamos de ustedes nada menos.
G.- ¿QUÉ HACER SI NO SE ALCANZA UN VEREDICTO?
De no poder llegar a un veredicto tras haber agotado razonablemente sus deliberaciones, el presidente del jurado me lo informará por escrito a través de los Secretarios. Simplemente pondrá por escrito lo siguiente:
“Sra. Jueza, el jurado no llegó a un veredicto en ninguna de las opciones.” Recuerden como muy importante: Jamás le digan a nadie en las notas que ustedes manden, incluyéndome a mí, cómo están las posturas en el jurado, sea numéricamente o de otra forma, incluyendo la cuestión de la culpabilidad o no culpabilidad de los acusados. Limítense a consignar simplemente que no han alcanzado un veredicto.
Yo discutiré con las partes el curso a seguir y luego serán conducidos a la sala del juicio para que yo los instruya sobre cómo continuaremos.
Finalizando, ustedes han escuchado toda la evidencia y los argumentos de las partes. Si su recuerdo de la prueba difiere de la señalada por el bloque acusador o por la defensa, ustedes deben confiar sólo en su recuerdo.
Su deber es recordar la prueba, sea que haya captado su atención o no. Deben considerar toda la evidencia, los argumentos y las controversias y las posiciones instaladas por los abogados y cualquier otra controversia surgida de la evidencia. Y usando su sentido común, deberán determinar la verdad en este caso.
Es su deber determinar los hechos y entregar un veredicto que refleje la verdad.”
A partir de las instrucciones consensuadas por las partes, transcriptas en el punto anterior, los imputados fueron encontrados culpables por el Jurado popular por los siguientes hechos:
1. El imputado RUBÉN ALBERTO GARCÍA –en lo que respecta al HECHO 1, víctimas: Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López- fue encontrado culpable por unanimidad del delito de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego, conforme el requerimiento de la acusación.
2. El imputado LEONARDO DANIEL ECILAPÉ –en lo que respecta al HECHO 1, víctimas: Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López- fue encontrado culpable por unanimidad del delito de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego en carácter de coautor, conforme el requerimiento de la acusación.
3. El imputado MANUEL MONREAL –en lo que respecta al HECHO 1, víctimas: Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López- fue encontrado culpable del delito menor incluido de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego en carácter de coautor, por mayoría de 10 votos.
4. El imputado MARIANO ALEJANDRO IBÁÑEZ –en lo que respecta al HECHO 1, víctimas: Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López- fue encontrado culpable del delito menor incluido de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego en carácter de coautor, por mayoría de 10 votos.
5. El imputado RUBÉN ALBERTO GARCÍA –en lo que respecta al HECHO 2, víctima: Rocío Quagliarello- fue encontrado culpable del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego, conforme el requerimiento de la acusación, por mayoría de 12 votos.
6. El imputado LEONARDO DANIEL ECILAPÉ –en lo que respecta al HECHO 2, víctima: Rocío Quagliarello- fue encontrado culpable del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego en carácter de coautor, conforme el requerimiento de la acusación, por mayoría de 12 votos.
7. El imputado MANUEL MONREAL –en lo que respecta al HECHO 2, víctima: Rocío Quagliarello- fue encontrado culpable del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego, conforme el requerimiento de la acusación, por mayoría de 12 votos.
8. Y, por último, el imputado MARIANO ALEJANDRO IBÁÑEZ –en lo que respecta al HECHO 2, víctima: Rocío Quagliarello- fue encontrado culpable del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego en carácter de coautor, conforme el requerimiento de la acusación, por mayoría de 12 votos.
En la audiencia de cesura de juicio (artículo 372 del CPP) –llevada a cabo el día 2 de junio del 2023- se escuchó al bloque acusador y a los defensores particulares de los imputados.
La citada audiencia versó sobre las cuestiones relativas a la pena a aplicar, siempre dentro del marco de la calificación jurídica fijada por el veredicto popular al adjudicar los hechos.
Con este marco, y teniéndose en consideración que el juicio de cesura -como debate ulterior independiente- resulta ser el ámbito propicio para que las partes planteen sus pretensiones en torno a la pena y a las consecuencias del delito, produzcan la prueba que estimen pertinente y debatan y repliquen los distintos argumentos de la contraparte, es que con dichos lineamientos se llevó a cabo. Por dicho motivo, y antes de adentrarme en el tratamiento de las cuestiones referidas a atenuantes y agravantes es que me referiré a la producción de la prueba llevada a cabo en la citada audiencia.
1. Prueba testimonial.
En primer término, me referiré a lo que los testigos aportados por el bloque acusador depusieron en la audiencia de cesura de juicio.
Comenzó dando testimonio la señora Silvia Beatriz Ocampo (testigo propuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- y por la Comisión provincial por la Memoria). La señora Ocampo comenzó su testimonio refiriendo ser la directora de la escuela a donde concurrían los niños víctimas del hecho. A preguntas efectuadas por las partes que la propusieron manifestó que en el salón perdieron 4 alumnos, lo que motivó que cambiaran al grupo de aula para evitar el impacto que dicha ausencia acarreaba. Que entre el alumnado aumentaron los casos de ataques de pánico e hizo mención a ideas suicidas de dos alumnos de la institución. Destacó que varios alumnos sufrieron cuadros depresivos. Por su parte, en lo que respecta a Rocío Quagliarello manifestó que la citada no quiso volver al colegio ya que le resultaba difícil.
A continuación, prestó testimonio Macarena Del Pilar Sabin Paz (testigo aportado por el Centro de Estudios Sociales y Legales -CELS). La citada comenzó su relato indicando que se desempeñó como la psicóloga de Susana Ríos hasta la actualidad. Cabe aclarar que antes de comenzar su declaración testimonial, la señora Ríos la relevó del secreto profesional. En lo que respecta a su trayectoria, la licenciada Sabin Paz destacó que trabaja como psicóloga del CELS, y que cuando se enteró de los hechos a las 48 horas se hizo presente en San Miguel del Monte. Que en dicha oportunidad a Susana la encontró “devastada psíquicamente, se encontraba vestida con las prendas de su hijo fallecido, no comía, solo fumaba, no podía hablar, no se higienizaba, no dormía y comenzó con ataques de pánico hasta que la psiquiatra la medicó. Tenía una depresión profunda”.
A preguntas efectuadas por la Dra. Lloret, manifestó que algunas marcas no se pueden nombrar, “la muerte de un hijo no tiene forma de decirse. La pérdida es irreparable.” Asimismo, destacó que hoy Susana está aliviada, “sin embargo, ese dolor le va a durar toda la vida”. Por último, destacó que nunca pudo volver a trabajar.
Acto seguido tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de Blanca Inés Suárez (testigo propuesto por la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales). Blanca comenzó su relato indicando que era la madre de Carlos Aníbal Suárez. A preguntas que se le efectuaron manifestó que en la actualidad vive con nervios, medicada, teniendo que tomar pastillas para dormir. Que nunca tuvo acompañamiento psicológico. Que al momento de los hechos ella residía en Misiones y Aníbal la ayudaba económicamente. Con respecto al resto de sus hijos aclaró que no hablan del tema y que estuvieron mucho tiempo sin comer. Luego, prestó declaración testimonial Loana Sanguinetti (testigo aportado por la Comisión Provincial por la Memoria y por el Centro de Estudios Legales y Sociales). Indicó que es la madre de Rocío Quagliarello. A preguntas efectuadas refirió que Rocío estuvo internada durante 24 días en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, que se fue despertando de a poco, y que dos días antes de darle el alta le dijeron que sus amigos habían fallecido. Que la noticia “le costó un montón, no lo podía creer, Camila era su hermana.” Con respecto a la situación actual de su hija refirió: “Me cambiaron a mi hija. Hasta la voz le cambió. No es la misma. No es más alegre. Tiene la mirada perdida, vacía. Ella se pudo recuperar, volvió a caminar, pero por dentro lo que le pasó lo va a llevar toda su vida. Ella no habla. No era así. No pudo seguir estudiando. Ahora está intentando terminar sus estudios en un bachillerato para adultos.” Por último, refirió que Rocío no realiza tratamiento psicológico porque no quiere que la ayuden.
A continuación, declaró la licenciada María Belén García Rapisarda (testigo aportado por la Comisión Provincial por la Memoria y por el Centro de Estudios Legales y Sociales), psicóloga de Yanina Zarzozo (madre de Camila López) quien también la relevó del secreto profesional. La testigo refirió que a Yanina la encontró “devastada, desorganizada, triste, arrasada.” Que tenía miedo de que se murieran sus otros hijos, no podía dormir, ni trabajar, y tampoco confiaba en nadie. Que no sabía como seguir. “Se desbordaba, se culpaba”. La licenciada refirió que la muerte de un hijo no tiene nombre, “es vivir con un dolor irreparable”. Destacó que en la actualidad algunos miedos han cedido, pero que la tristeza, la ansiedad, la culpa, la desorganización de la vida cotidiana se mantienen. Que Yanina se empobreció vincular y económicamente. Que presenta un trastorno de ansiedad generalizado con síntomas tales como miedo, inseguridad, angustias y jaquecas, pero que aún así tiene ganas de vivir, ya que tiene mucha fuerza. Por último, destacó que Yanina realiza tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Acto seguido declaró la licenciada María Cristina Bidart (integrante del programa de acompañamiento a las víctimas de violencia de Estado de la Comisión Provincial por la Memoria). Refirió que se encontró con familias muy angustiadas y con un duelo suspendido, “personas abatidas, entristecidas”. A preguntas efectuadas por la doctora Jarqué refirió que el llamado “duelo suspendido” podía relacionarlo con la espera de justicia. “Con el esclarecimiento de la verdad van a empezar a elaborar el duelo”.
A continuación, haré mención a lo manifestado por los testigos aportados por la defensa de los imputados.
En primer término, declaró Andreina Ferrari (testigo aportado por el Dr. Baqué). Comenzó su testimonio indicando que era la prima de Manuel Monreal, ya que sus madres son hermanas. Que Manuel en la actualidad tiene 26 años y que cuando ocurrieron los hechos tenía solo 22, y un año y medio como policía. Que nunca tuvo problemas de conducta. Refirió que es una excelente persona. Que en el penal estudia y trabaja. Se refirió también a la composición de su grupo familiar, destacando que “son una familia trabajadora y que nunca tuvieron problemas con la justicia.”
En segundo lugar, prestó testimonio Alfonsina Mariana Luján (testigo aportado por el Dr. Baqué). Comenzó su testimonio indicando que era amiga de Manuel Monreal, que se conocían desde el año 2011, y que hicieron los últimos años de la secundaria juntos. Refirió que Manuel es una excelente persona, con muchos amigos. “Es muy mediador, muy transparente. Nunca generó un hecho de violencia o agresión”.
En tercer término, declaró Josefina Moggia (testigo aportado por el Dr. Baqué). Refirió que es la pareja de Mariano Ibáñez, que se conocen hace 14 años, momento en el cual empezaron a salir y tuvieron a su primera hija de nombre Carola. Destacó que Mariano es una excelente persona. Que nunca fue agresivo. Que era el sostén económico de la familia. Trabajaba de policía y también hacía changas. Que en la actualidad Carola tiene 7 años y que tanto su hija como ella realizan terapias psicológicas para sobrellevar la angustia que la situación de detención de su pareja les provoca.
En cuarto lugar, declaró Stella Maris López (testigo aportado por el Dr. Baqué). Refirió ser amiga de Mariano Ibáñez, el cual “es una excelente persona, muy respetable.” A preguntas efectuadas por la Dra. Baqué expresó que se conocían del colegio y de la vida y remarcó que Mariano es una persona muy responsable. En quinto lugar, declaró Marisol Gutiérrez (testigo aportado por el Dr. Baqué). Refirió ser la pareja de Rubén García desde hace 20 años, teniendo un hijo en común. Destacó que Rubén es una excelente persona y un muy buen padre. Expresó que en la actualidad su hijo tiene 10 años y realiza tratamiento psicológico por la angustia que le genera la situación de encierro de su padre.
En sexto lugar declaró Darío Javier Capua (testigo aportado por el Dr. Baqué). Comenzó señalando que era amigo de Rubén García, “nos criamos juntos en el barrio”. Y que luego, durante muchos años, compartieron el oficio de policías, ya que trabajaban juntos. Refirió que García es una excelente persona, educado, buen compañero. Que hace 40 años que lo conoce. Que tiene el mejor concepto de él como policía, y que jamás tuvo un conflicto.
Por último, declaró Gastón Martín Pesce (testigo aportado por el Dr. Baqué) quien refirió ser vecino de Rubén García y que por dicho motivo se habían hecho muy amigos. A preguntas efectuadas por la Dra. Baqué destacó que hace 17 años que lo conoce y que jamás tuvo un problema con él.
Hasta aquí entonces la prueba testimonial aportada por las partes y producida durante la sustanciación del juicio de cesura.
2. Prueba documental.
A continuación, mencionaré la prueba documental aportada, la cual consistió en:
a.- Los antecedentes penales y de reincidencia actualizados de los imputados; b.- Los antecedentes de sanciones administrativas en los Registros de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.
c.- Informe de la Auditoría General de Asuntos internos sobre el estado de los sumarios administrativos de los encartados.
d.- Informe sobre estado de revista de los encartados .
e.- Y, finalmente, los legajos policiales de los imputados.
3. Alegatos de cesura de juicio.
Acto seguido, me referiré a lo solicitado por las partes en sus alegatos de cesura de juicio. Cabe aclarar que lo haré en forma separada, sin perjuicio de que -al resolver- trataré lo concerniente a las agravantes y atenuantes solicitados por más de una parte en forma conjunta, a fin de evitar repeticiones innecesarias.
I. Alegato de cesura del bloque acusador.
a.- Alegato de cesura del representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Mariano Sibuet.
El distinguido Doctor Sibuet comenzó su alegato de cesura indicando las calificaciones legales endilgadas a los imputados en el veredicto del jurado popular. Acto seguido, solicitó se compute como pauta atenuante la ausencia de antecedentes penales de los imputados.
Con relación a las pautas agravantes solicitó se computen como tal:
1. La nocturnidad, “toda vez que evidencia una mayor peligrosidad presentándose como una circunstancia de tiempo, buscándose la impunidad lograda por los agentes para realizar su conducta, destacándose asimismo el horario de la comisión nocturna del hecho endilgado, lo que disminuyó las posibilidades de defensa de las víctimas”.
2. La pluralidad de intervinientes y de víctimas, “debido a que provocó que se lleve a cabo con un acuerdo concomitante de la acción criminal para la comisión del delito, lo que evidencia mayor peligrosidad de los agentes policiales que a su vez se encontraban armados, que se complementa con la acción desplegada por los mismos en el acuerdo mutuo para provocar su impunidad. El fundamento de la agravante es el mayor desprecio por el bien jurídico protegido que en este caso es la vida, el que se ve mermado por el mayor estado de indefensión".
3. El daño causado, “ya que de los testimonios escuchados durante la instancia del debate -tanto de las madres como de los padres de las víctimas-, como así también teniendo en consideración los testimonios prestados en la audiencia de cesura se logró acreditar el mismo. En efecto, la directora del colegio se refirió al “impacto social” que tuvo el hecho en dicha comunidad y en los compañeros de colegio. Con respecto a lo declarado por las psicólogas debo hacer mención a tres elementos que se deben valorar, -esto es-, que el daño fue devastador, irreparable y de por vida.”
4. La acción asumida por lo imputados con posterioridad al hecho, “ya que intentaron eludir el accionar de la justicia. Intentaron negar los disparos en el lugar del hecho. Y, asimismo, intentaron forzar declaraciones testimoniales.” El Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de reclusión perpetua para los imputados Rubén Alberto García y Leonardo Daniel Ecilapé. Para así sostenerlo, hizo referencia a las diferencias existentes entre las penas de prisión y reclusión con cita de jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal Provincial -SCBA- y el Excmo. Tribunal de Casación Penal. En dicha línea, destacó la plena vigencia de la pena de reclusión.
En lo que concierne a los imputados Mariano Alejandro Ibáñez y Manuel Monreal mantuvo la atenuante de ausencia de antecedentes penales y como pautas agravantes hizo mención a las ponderas inicialmente, haciendo especial referencia a la actitud asumida con posterioridad al hecho respecto del imputado Mariano Ibáñez el cual “intentara forzar una declaración”.
Solicitó se condene a los imputados Mariano Alejandro Ibáñez y Manuel Monreal a la pena de veinte (20) años de reclusión, accesorias legales y costas. b.- Alegato de cesura de la Comisión Provincial por la Memoria:
La doctora Margarita Jarqué inició su alegato de cesura indicando que estaban allí en representación de los particulares damnificados Gladys Ruíz Díaz, Juan Carlos Sansone y de Yanina Zarzoso.
Como pautas agravantes solicitó:
1. La nocturnidad del hecho, “precisamente porque para el personal policial la nocturnidad debe ser un llamado a prestar mayor atención y mayor cuidado, porque la noche implica un mayor riesgo, y no precisamente aprovecharse de esa circunstancia para cometer el delito con mayor facilidad y con mayores niveles de impunidad.”
2. La multiplicidad de víctimas, “ya que la lesión al bien jurídico esencial como es la vida humana nos lleva a considerar la multiplicidad de víctimas.”
3. La condición de funcionarios públicos de los imputados, “precisamente por el rol que los funcionarios públicos cumplen en un estado de derecho, un rol de cuidado, de estar en función de las necesidades colectivas de los ciudadanos y de atender esas necesidades. En este caso lo que se hizo fue precisamente lo contrario a lo que se esperaba, por lo tanto, no puede separarse el rol de funcionario público de esa responsabilidad especial que le incumbe y de las consecuencias de su accionar. Es un plus que debe ser considerado al momento de establecerse la pena.”
4. El desapego por la vida humana, por el valor de la vida humana, “que ha quedado muy expuesto en este caso, básicamente es un atributo esencial y básico que debe ser respetado y el Estado debe hacerlo a través de sus diversos órganos. El poder punitivo de las agencias de seguridad ha sido ya legislado y es de conocimiento del personal policial y en sus actos los aquí imputados debieron cuidar la vida, y sin embargo no lo hicieron.”
5. El uso de los bienes del Estado para cometer el hecho, “debido a que está legislado en la ley provincial 13.282, en el artículo 12 en su inciso 1, el cual requiere de los funcionarios públicos el cuidado y el buen uso de los bienes del Estado, lo que denota una mayor responsabilidad y más aún cuando son utilizados para poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Me refiero en este caso al uso de las armas de fuego y los patrulleros utilizados.”
6. La extensión del daño causado, “las consecuencias del daño psicológico que provocó en Rocío y los intentos de suicidio de otros alumnos del establecimiento educativo al que asistían las víctimas, los padecimientos de las madres y padres.”
7. La edad de las víctimas, “teniendo en cuenta el marco normativo, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño que jerarquiza el derecho a la vida y el derecho al ejercicio y al disfrute pleno de todos los derechos reconocidos en la Convención. El hecho imputado frustró estos derechos de los niños y niñas, como también la vulneración de un interés jerarquizado que es el interés superior del niño. Esto implica que toda decisión que se tome en torno a niños, niñas y adolescentes debe estar fomentada en su bienestar y en el pleno ejercicio de sus derechos.”
Con relación a las pautas atenuantes la doctora Jarqué indicó que debía inscribirse el hecho como una grave violación a los derechos humanos, “lo cual implica conductas que contravienen derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física, todos derechos personalísimos, y que en este caso -entonces- imposibilitan la consideración de atenuantes, teniendo en consideración la afectación a los derechos humanos. Por dicho motivo, las atenuantes solicitadas no deben tener cabida en tanto estamos en presencia de un caso catalogado como grave violación a los derechos humanos.” A continuación, tomó la palabra la doctora María Luz Santo Morón quien hizo concreta referencia a las penas que debían aplicarse en el caso. En dicho sentido, indicó que la Comisión que representaba iba a solicitar se compute como pauta agravante lo previsto en el artículo 41 bis del CP con relación a la utilización de armas de fuego, en cuanto establece la elevación en un tercio del mínimo y del máximo cuando la pena sea divisible, solicitando -en definitiva- la pena de reclusión perpetua para los imputados Rubén Alberto García y Leonardo Daniel Ecilapé. Acto seguido, se refirió a la necesidad de una reparación integral a las víctimas, indicando: “en un caso que se trata de una grave violación a los derechos humanos, y como parte del Estado argentino el juez debe resolver en ese sentido.” En dicha línea, hizo alusión a dos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En primer término, el “Caso Furlán”, expresando que “en dicho caso se estableció que a fin de brindar una atención adecuada a los padecimientos psicológicos y físicos sufridos por las víctimas entendió necesario la necesidad a cargo del Estado de brindar sus servicios de salud de forma inmediata, adecuada y efectiva en lo que respecta al tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas, previo consentimiento informado, incluida la provisión gratuita de medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos.”
En dicha línea, solicitó se inste al Poder Ejecutivo provincial y nacional a brindar gratuitamente a través de sus servicios de salud especializados y de forma inmediata el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico que requieran las víctimas, y a su vez, que se provea la entrega gratuita de medicamentos. Como segundo precedente citó el “caso Bulacio”, refiriendo que “en el mismo se estableció que el Estado debe realizar actos u obras que tengan un efecto de reparación de la memoria de las víctimas, del restablecimiento de su dignidad, del consuelo de sus deudos, dándose en dicho precedente un mensaje especial tendiente a que la violación a los derechos humanos no vuelva a ocurrir.” Dicho esto, expresó que la Comisión que representaba solicitaría que se inste al Estado a promover y difundir un documental sobre el caso de la Masacre de San Miguel Del Monte, mediante un concurso público, convocando a jurados formados con el consentimiento de las víctimas y que se garantice su divulgación por medios del cine y la televisión pública.
Por último, citó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la ciudad de La Plata del año 2015 con respecto a la sentencia por delitos de lesa humanidad en el marco de lo que se conoció como fuerzas detenidas número 5. Finalmente, solicitó que se condene a Mariano Alejandro Ibáñez y a Manuel Monreal a la pena de veintiséis (26) años y ocho (8) meses de reclusión, accesorias legales y costas.
Por último, solicitó que se remita copia de la sentencia al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y a la Auditoria General de Asuntos Internos.
c.- Alegato de cesura de juicio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS):
La doctora Lloret comenzó su alegato indicando que distinguiría las agravantes en función de los imputados y los delitos endilgados.
1. Naturaleza de la acción y medios empleados: mencionó que García realizó una multiplicidad de disparos con relación a las víctimas y Ecilapé realizó un disparo una vez que éstas ya habían colisionado, “cuando ya estaban tendidas en el suelo y agonizando”. Ambos emprendieron una persecución sostenida a alta velocidad con un vehículo de mayor fuerza y superioridad al que viajaban las víctimas, esto implicó un desapego absoluto a las reglas y normas y principios propios de su oficio como policías. Un desprecio total a la vida, y una especial temeridad, violencia y agresividad.”
En el mismo ítem solicitó se tenga en cuenta la indiferencia demostrada después del hecho, precisamente por el accionar de García “quien solicitó a una vecina que le llene una botella de agua, estando solo a algunos metros de los cuerpos agonizantes de las víctimas.”
Agregó y instó a que se tenga en cuenta “la indiferencia de los dos acusados, incluso hasta el día de hoy, ya que ninguno se mostró arrepentido.”
2. En cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión: solicitó se tenga en cuenta “que ambos emboscaron a las víctimas en una zona retirada del pueblo, a la madrugada, donde no había posibilidades de que terceras personas intervengan.” Expresó que debía tenerse en cuenta el intento de homicidio en el caso de Rocío Quagliarello, “corolario de una actividad policial infundada y por fuera de la ley. La persecución policial comenzó por haberse avistado un chico con gorrita que viajaba en el auto, lo que muestra un accionar basado en estereotipos y estigmatizaciones. No había conducta ni sospecha alguna grave que habilitara el seguimiento del vehículo.”
3. En cuanto a las condiciones personales de los acusados y calidad de las personas: solicitó se tenga en cuenta que se trata de efectivos policiales y que existió una violación de confianza entre víctimas y victimarios. La actitud de los funcionarios públicos provocó “una traición y una mayor indefensión de la víctima frente al ataque de quien se aprovecha de su situación para cometer el delito.” Refirió que Rubén García -al momento del hecho- tenía 30 años prestando servicios en la fuerza y Leonardo Ecilapé -por su parte- tenía 4 años trabajando en la fuerza, lo que implicaba que “tenían gran conocimiento acerca del uso de armas de fuego, la capacidad para conocer el poder letal de las armas de fuego, la capacidad para reconocer la tipicidad de su conducta y moverse de acuerdo con ese conocimiento.”
4. Extensión del peligro causado: solicitó se tenga en cuenta que ambos persiguieron y efectuaron disparos en una zona donde circulaban otros vehículos, “lo que puso en riesgo a otras personas”.
5. Extensión del daño causado: requirió se considere la corta edad de las víctimas, en el caso de Roció “las secuelas físicas que debió soportar a tan corta edad. En cuanto a las secuelas psicológicas solicitó se tenga en cuenta que la psicóloga que intervino en la realización de la Cámara Gesell manifestó que Rocío ya no podrá ser la misma. Sumado a las declaraciones de su madre quien manifestara que le cambiaron a su hija. Adunado al impacto que tuvo la muerte de su mejor amiga Camila López. Que debió dejar de asistir a la escuela secundaria, que tiene dificultades para concentrarse y para sostener las tareas propias en la escuela.
6. En cuanto al concepto de calidad de los motivos que determinaran a delinquir: solicitó se tenga en cuenta la arbitrariedad del accionar de los imputados, basado en motivos bajos y aberrantes. La concepción autoritaria de su función pública y social que se desprendió se sus propios descargos durante el debate oral.
7. Participación que tomaran los dos acusados en los hechos y la pluralidad de intervinientes, “lo cual implica un mayor poder ofensivo y una mayor indefensión de las víctimas.”
Dicho esto, solicitó se imponga a los acusados Rubén Alberto García y Leonardo Daniel Ecilapé la pena de prisión perpetua, diferenciándose en este punto -en lo que a la especie de pena concierne- del resto del bloque acusador que solicitara la pena de reclusión perpetua. Basó su elección con el siguiente razonamiento: “La decisión tomada se vincula con una agenda más amplia de la asociación a la que represento y con los derechos de las personas privadas de la libertad.” Con respecto a los acusados Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez, solicitó se consideren las agravantes que a continuación pasaré a detallar:
1. Con relación a la naturaleza de la acción y la especial indefensión de la víctima: “se debe tener en cuenta que ambos sostuvieron una persecución a alta velocidad con un vehículo de las fuerzas policiales de gran superioridad al vehículo en el que viajaban las víctimas, actuando como coautores. Que efectuaron disparos en dirección a las víctimas, siendo que uno de ellos impactó en el cuerpo de Gonzalo Domínguez. El desapego a las reglas de su oficio, el desprecio total a la vida.”
2. En cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión: solicitó se tenga en cuenta “que emboscaron a las víctimas en una zona retirada del pueblo, en horas de la noche, donde no había posibilidad de que terceras personas intervengan. Y que cometieron el hecho abusando de su función policial, por fuera de la ley.”
3. En cuanto a las condiciones personales de los acusados, motivos personales y calidad de las personas: “se debe tener en cuenta que se trata de efectivos policiales, lo cual implica una relación de confianza entre victimas y victimarios. Su condición de policías debía proteger a las víctimas en lugar de atacarlos, lo que provoca una mayor traición. En el caso de Monreal es un policía con conocimiento en el uso de armas de fuego, por lo cual tenía plena capacidad para conocer el poder letal de su uso contra las personas.
4. En cuanto a la extensión del daño causado: “se debe tener en cuenta la cantidad de víctimas, su corta edad, las consecuencias del delito que cometieron. Con relación a Rocío las secuelas físicas y psicológicas. Con relación a las víctimas fatales debe considerase los grupos familiares arrasados, devastados, desorganizados, con ansiedad, ataques de pánico, insomnio, pérdidas de trabajos, serias dificultades para continuar sus vidas, daños irreparables derivados de este hecho. El impacto que provocó el hecho en la comunidad escolar.
5. En cuanto a los motivos que los determinaron a delinquir: “se debe tener en cuenta la arbitrariedad del accionar de los imputados, sentimientos y motivos bajos, aberrantes y contrarios a derecho. Una concepción autoritaria de su función pública y social que se desprende de sus propios descargos rendidos durante el debate oral.
6. En cuanto a la participación que tuvieron en los hechos: “son coautores, ambos participaron del cerrojo y de una persecución injustificada, realizaron disparos con las armas de fuego en dirección a las víctimas, siendo que uno de ellos impacto en el cuerpo de Gonzalo Domínguez lo que incrementó el terror en las víctimas, las cuales se vieron obligadas a escapar de sus victimarios. Se debe tener en cuenta la pluralidad de intervinientes, el mayor poder ofensivo que esto implica y la mayor indefensión para las víctimas. Y -asimismo- deben tenerse en cuenta las conductas posteriores, con relación a Manuel Monreal sus intentos por distraer al ayudante fiscal en la escena de los hechos. Con relación a Ibáñez el intento de forzar y modificar la declaración prestada por María de las Mercedes Gogña. Ambos -con su accionar- generaron perdidas de evidencia importantes para el esclarecimiento del caso.”
Por todo lo dicho, y teniendo en consideración el cálculo contemplado por el artículo 80 inciso 9 -instando a la aplicación de la calificante genérica del artículo 41 bis del CP-, solicitó que se le imponga a Mariano Alejandro Ibáñez y a Manuel Monreal la pena de 20 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso. d.- Alegato de cesura de la Dra. Dora Azucena Bernardez, patrocinante de Blanca Inés Suárez, Nilda Susana Ríos y Hermes Omar Domínguez.
En primer término, la doctora Bernardez se refirió al hecho como un caso de violencia institucional, refiriendo que la pena debía estar basada en la proporcionalidad de los daños, y que -en dicha perspectiva- debían aplicarse mayores niveles de responsabilidad. “Lo que vimos fue negación, aberración, apartamiento total a las normas. Acá se perdieron mucho más que cuatro vidas, se perdió la confianza en la institución policial.”
Dicho esto, adhirió en un todo al pedido de pena solicitado por el Ministerio Público Fiscal, como así también a las atenuantes y agravantes ponderadas por el Dr. Sibuet.
e.- Alegato de cesura del Dr. Minoli, representante de Loana Sanguinetti. El distinguido doctor Minoli adhirió en un todo a lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, ratificando todas y cada una de sus partes.
II. Alegatos de cesura de los defensores particulares de los imputados. a.- Alegato de cesura de juicio de los doctores Celeste Baqué y Luis María Giordano, defensores de los imputados Mariano Alejandro Ibáñez, Manuel Monreal y Rubén Alberto García.
La doctora Baqué comenzó su alegato de cesura solicitando se computen como pautas atenuantes la falta de antecedentes penales y la calidad de primarios de sus ahijados procesales.
Acto seguido se avocó a la réplica de los agravantes solicitados por el bloque acusador, a lo que a continuación me referiré:
1. Con respecto al uso de arma de fuego y la condición policial: “entiendo que devienen abstractos, pues la figura penal por la cual fueron condenados ya prevé ambas circunstancias.”
2. En cuanto a la pluralidad de víctimas y la minoridad: “ha quedado debidamente demostrado en el juicio que los imputados desconocían quienes eran los que circulaban en el automóvil Fiat 147, desconocían que quienes fueron víctimas eran menores de edad, por lo que se deben descartar dichas agravantes, porque no estaba en la esfera de conocimiento de los imputados”.
3. Con respecto a la nocturnidad: “debe ser descartada, pues los imputados no solo se encontraban trabajando, no se buscó la noche para mayor impunidad, pues ha quedado demostrado como fue el hecho, como se inició el evento que terminó de manera trágica, el hecho no comenzó por voluntad de los imputados, se comenzó a ejecutar una persecución ante la fuga de un móvil particular, ante el caso omiso de ser identificados por el móvil policial, porque estaban cumpliendo sus funciones. Que el hecho haya sucedido de noche no significa que ellos se hayan aprovechado de la nocturnidad y por ende la agravante no debe ser tenido en cuenta.”
4. Con respecto a la peligrosidad: “tampoco puede ser tenida en cuenta, porque no solo se trató de una persecución policial, sino que además fue un acto iniciado por el móvil 147 quien de manera infundada y fuera de la ley huyó de la policía. Y lo hizo a contramano, así que si hablamos de peligrosidad en realidad la mayor peligrosidad fue iniciada por el móvil particular emprendiendo la fuga a contramano y a alta velocidad. Y en cuanto a la peligrosidad por el uso de armas de fuego ha quedado demostrado con la prueba policial que los disparos fueron realizados de manera descendente, no dispararon contra la humanidad de las víctimas, ni de ningún ciudadano que pudiera estar circulando por el lugar.”
5. En cuanto a la agravante del artículo 41 bis: “el código estipula en la parte final que no será aplicable la agravante cuando la circunstancia mencionada ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificativo del delito de que se trate, y en este caso está presente el agravante como constitutivo del tipo penal endilgado.”
6. En lo que respecta al desprecio por la vida: “el personal policial no solo estaba cumpliendo sus funciones, sino que además quienes efectuaron disparos fueron dos de los imputados y lo hicieron de manera descendente. Por ende, en ese accionar en el cual estaban trabajando con el único fin que era el de detener la marcha de ese vehículo, entiendo que la agravante del desprecio por la vida no se configura.”
7. En cuanto a la actitud que adoptaron los imputados con posterioridad al hecho: “tampoco dicha circunstancia fue probada en este juicio, solo fue introducido ante el jurado en los alegatos de clausura del bloque acusador. Los imputados se hicieron cargo en todo momento de lo que había ocurrido. La testigo Gogña jamás dijo que fue forzada por Ibáñez, de hecho, dijo que no pudo reconocer quienes fueron a su domicilio. En cuanto a la pérdida de evidencia, tampoco fue materia de investigación en este juicio, por ende, no debe ser tenido en cuenta.” Acto seguido, la doctora Baqué solicitó se compute como pautas atenuantes la educación, los valores y los principios con los cuales se han formados sus defendidos. “No solo no tienen antecedentes penales, sino que tampoco tienen sanciones disciplinarias en sus legajos policiales…Los imputados al declarar dijeron que actuaron cumpliendo un deber, que jamás quisieron matar a nadie.” Dicho esto, tomó la palabra el codefensor de los imputados, el doctor Luis María Giordano. Comenzó su alegato indicando que el reclamo del bloque acusador “ha indicado que se debe aplicar una pena que el progreso y la civilización jurídica han abolido, como es la pena de reclusión. La citada pena es paradojalmente opuesta a la existencia de los derechos humanos en la República. La pluma de los escritorios contradictorios esta teñida con ideas del positivismo italiano. El sentido de la peligrosidad en el derecho penal es dañino.”
Concluyó sosteniendo que la pena aplicable en la especie es la de prisión, y no otra, para los imputados Rubén Alberto García y Leonardo Daniel Ecilapé. Por su parte, en lo que respecta a los imputados Mariano Alejandro Ibáñez y Rubén Monreal, teniéndose en consideración su pena divisible por el delito endilgado, peticionó se considere que el mínimo legal son 10 años de prisión, y teniendo en consideración las atenuantes invocadas, se fije la extensión punitiva. b.- Alegato de cesura de juicio del Dr. Di Siervi, defensor de Leonardo Ecilapé.
El doctor Di Siervi comenzó su alegato indicando que adhería en un todo a lo manifestado por la Dra. Baqué.
Acto seguido expresó: “La ley de jurados no prevé si las pruebas reunidas en este juicio se condicen con el veredicto de un jurado. El jurado no ha entendido las instrucciones. Estuvimos ante 12 personas que no saben de derecho. De toda la prueba producida en el juicio no hay un solo testigo que haya dicho que los policías -ni siquiera- intentaron matar a las víctimas. No está probado el hecho. Esta probado que fue un accidente. El veredicto es totalmente absurdo, arbitrario, fuera de la ley.”
Con las palabras a las que he hecho referencia en el acápite anterior, el Dr. Di Siervi solicitó se anule el juicio y se decrete la realización de un nuevo debate. Respecto de las atenuantes de su asistido Leonardo Daniel Ecilapé solicitó se valore la carencia de antecedentes penales y que tiene un legajo intachable como miembro policial. Asimismo, hizo referencia a sus circunstancias personales: “cuando quedó detenido estaba a punto de ser padre, se separó. Es una excelente persona.”
III. Última palabra a los imputados.
Concluidos los alegatos de cesura se les otorgó la última palabra a los imputados. A continuación, haré referencia a sus dichos, en lo que respecta a las penas solicitadas.
En primer término, tomo la palabra el señor Mariano Alejandro Ibáñez quien refirió que: “No soy ningún asesino, solo estaba trabajando. Amo la vida, no tengo ningún desprecio hacia la vida. Si alguien tuvo desprecio hacia la vida fue la persona que manejaba el Fiat 147, desprecio hacia él, hacia sus amigos y hacia Manuel Monreal cuando quiso atropellarlo. El día de mañana cuando salga de la prisión voy a solicitar cámaras en los móviles policiales, porque si hubiera quedado filmado lo que pasó yo no estaría preso. En la actualidad estoy estudiando la carrera de abogacía en la Unidad.”
A continuación, tomó la palabra Manuel Monreal, quien refirió que: “Nos están tratando como criminales y un criminal no se presenta a la justicia, yo estuve a disposición de la justicia, siempre dije la verdad. Siempre actué conforme a derecho, como profesional, consideramos que actuamos bajo el deber que teníamos. Fue una tragedia para todos. Yo tenía 22 años.”
Acto seguido, hizo uno de la palabra Leonardo Daniel Ecilapé, quien destacó que: “Lo que se está haciendo con nosotros es una injusticia terrible. No somos ningunos asesinos ni criminales. Somos personas que fuimos a trabajar ese día, jamás quisimos que esto sucediera. No sabíamos quienes iban en el auto. Yo estaba esperando mi primer hijo. Yo siempre dije la verdad, nunca mentí. Están diciendo que yo me bajé del móvil y rematé, cuando la pericia de mi arma dio negativo. Ni siquiera saqué mi arma. Mi familia, mis padres (que son mayores) también tuvieron depresión. Jamás tuvieron asistencia de nadie.”
Por último, Rubén Alberto García manifestó: “se me ha encasillado a mi como una persona que detengo a otra porque lleva puesto una visera. Yo entré en policía en el año 90, yo no soy ningún gorila como me dicen los representantes acá de los derechos humanos, haciendo referencia a los delitos de lesa humanidad.”
Ahora bien, atento el veredicto condenatorio dictado por el Jurado, y cumplida con la audiencia de cesura, debe dictarse la sentencia respectiva, tal como lo prescriben los artículos 372, 375 y 375 bis del CPP.
Para ello, serán planteadas las siguientes CUESTIONES:
PRIMERA: ¿Cuál es el encuadre legal que corresponde darle a las conductas desarrolladas por los imputados?
SEGUNDA: ¿Concurren atenuantes?
TERCERA: ¿Concurren agravantes?
CUARTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
CUESTIÓN PRIMERA: ¿Cuál es el encuadre legal que corresponde dar a las conductas desarrolladas por los imputados?
A la cuestión planteada la Sra. Jueza Carolina Crispiani dijo:
El momento de discutir la calificación legal de los hechos se llevó a cabo en la audiencia de elaboración de las instrucciones, pues fue allí donde se decidió qué instrucciones sobre el derecho de fondo se habría de impartir al jurado (artículos 371 bis y 371 ter inciso 1, párrafo tercero del CPP).
Las instrucciones sobre la explicación de los delitos por el que el bloque acusador imputaba a los encausados fueron consensuadas por las partes y la suscripta, de tal modo que la redacción de las mismas no ofreció reparos. Asimismo, se plantearon hipótesis alternativas que también fueron acordadas por las partes, que dieron lugar a diferentes formularios de veredictos.
En palabras del Tribunal de Casación Penal: “La decisión del jurado declara definitivamente si la persona acusada es culpable o no culpable, nada más que eso, y en el caso de que sea culpable, también indica con relación a que delito. En efecto, los jurados tienen como función determinar los hechos del caso una vez practicada la prueba y, con base en esa determinación, aplicar a los hechos la ley que el juez (como juez del derecho) les explicó a través de las instrucciones…Así, cuando el jurado establece la culpabilidad por determinado hecho, lo está haciendo en función de un suceso que ya fue desvalorado normativamente y que, por lo tanto, queda subsumido en una infracción a la ley de fondo…La calificación jurídica forma parte de la teoría del caso de los litigantes y, en ese sentido, es una cuestión susceptible de prueba.” (T.C.P., Sala I, causa número 120.793, “Bongiovanni, Juan Matías s/ Recurso de Casación”, sentencia dictada el día 27 de abril de 2023).
Como consecuencia de ello, y sobre la base de la votación de los Jurados, corresponde calificar los hechos atribuidos de la siguiente manera:
1. El imputado RUBÉN GARCÍA debe responder por el delito de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego en carácter de coautor (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego, en carácter de coautor (1 víctima) (conforme artículos 80 inciso 9, 41 bis, 42, 44, 45 y 54 del CP).
2. El imputado LEONARDO ECILAPÉ debe responder por el delito de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego en carácter de coautor (4 víctimas), en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego, en carácter de coautor (1 víctima) (conforme artículos 80 inciso 9, 41 bis, 42, 44, 45 y 54 del CP).
3. El imputado MANUEL MONREAL debe responder por el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego en carácter de coautor (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego, en carácter de coautor (1 víctima) (conforme artículos 80 inciso 9, 41 bis, 42, 44, 45 y 54 del CP).
4. El imputado MARIANO IBÁÑEZ debe responder por el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego en carácter de coautor (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego, en carácter de coautor (1 víctima) (conforme artículos 80 inciso 9, 41 bis, 42, 44, 45 y 54 del CP).
Dicho esto, voto por la afirmativa la presente cuestión (art. 375 inc. 1 del CPP)
CUESTIÓN SEGUNDA: ¿Concurren atenuantes?
A la cuestión planteada la Sra. Jueza Carolina Crispiani dijo:
Comienzo por destacar que el principio constitucional de culpabilidad, en este caso como fundamento de la medición de la pena, impone una función -sobre todo limitadora- que deriva de la necesidad de establecer como principio que la pena a determinar no puede superar la gravedad de la culpabilidad. Este propósito solo puede ser alcanzado mediante un concepto puro de culpabilidad por el hecho. En esta línea los jueces debemos actuar prudencialmente, con templanza, moderación, sensatez y buen juicio.
Dicho esto, valoraré en primer término como pauta atenuante “la ausencia de antecedentes penales” de los imputados, lo cual se erige en un parámetro revelador de menor peligrosidad.
En segundo lugar, valoraré como pauta atenuante la ausencia de sanciones administrativas en los legajos policiales de los imputados. Debe recordarse aquí la actuación de la Auditoría General de Asuntos Internos, la cual se encuentra legitimada de conformidad con lo normado en el artículo 41 de la Ley 12.55 modificado por la Ley 13.204 en cuanto se le otorga al mentado órgano la finalidad de planificar y conducir las acciones tendientes a prevenir, identificar, investigar y sancionar aquellas conductas vinculadas con la actuación del personal del estado policial perteneciente a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que pudieran constituir faltas éticas y abusos funcionales graves. En este sentido, vale traer a colación que los imputados no registran ningún tipo de sanción, lo cual debe ser ponderado.
En último término, valoraré como pauta atenuante el “buen concepto” de los imputados que ha sido demostrado con los testigos que declararan en la audiencia del juicio de cesura. En efecto, el “concepto”, comprendido en el inciso 2 del artículo 41 del C.P. refiere a las calidades personales de los sujetos, las circunstancias, costumbres y conductas precedentes, lo que lo torna una categoría que reconduce a la demostración de mayor o menor culpabilidad, es decir, es operativa y esencial a los efectos de la pena.
En palabras de nuestro Máximo Tribunal provincial: “Una convivencia sin dificultades en el lugar donde reside es un dato revelador de un importante grado de socialización y de menor peligrosidad que debe ser computado.” (SCBA P. 76.528). En consecuencia, voto por la afirmativa a la presente cuestión (arts. 40 y 41 del CP; 210, 371 inciso 3º y 373 del C.P.P.).
CUESTIÓN TERCERA: ¿Concurren agravantes?
A la cuestión planteada la Sra. Jueza Carolina Crispiani dijo:
Comienzo por destacar que “Los Jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones o argumentos, bastando que se hagan cargo de los conducentes para la decisión del litigio.” (CSJN Fallos 291:62; 306:479 y en igual sentido SCBA 70.972, 117.337, 133.529, entre otras).
Efectuada esta aclaración, debo iniciar mi voto recordando que la individualización de la pena es el resultado de la ponderación de la gravedad del ilícito culpable a través de una medición particular del grado de las categorías que lo conforman, como es el disvalor de la acción y el disvalor del resultado y de la medida de la culpabilidad por la reprochabilidad del hecho y la mayor o menor posibilidad del autor de motivarse en la norma.
Ahora bien, ningún dato susceptible de ser valorado en el juicio de determinación de la pena puede presumirse. Todo elemento del que se pueda derivar una circunstancia potencialmente capaz de aumentar o disminuir el reproche por la comisión de un delito debe estar debidamente acreditado.
Una última aclaración antes de iniciar el proceso de fundamentación de agravantes de las penas, lo cual vale como respuesta para varias de las pautas que han sido solicitadas por el bloque acusador. En la determinación de la pena, no pueden emplearse como circunstancias agravantes los elementos del tipo legal, ni los puntos de vista que afectan a cada delito de la misma naturaleza, que han sido tenidos ya en cuenta en la creación del marco legal por el legislador.
Teniendo en cuenta dichos parámetros, valoraré como pauta agravante -en lo que respecta a la víctima Rocío Quagliarello- la “extensión del daño causado”, ya que -entiendo- existe un margen dentro de la escala penal en particular que permite válidamente establecer un mayor contenido de injusto a determinadas circunstancias sin efectuar por ello una doble valoración. En efecto, en muchos supuestos las circunstancias del hecho constituyen el fundamento propio de la figura legal, por lo que valorarlas nuevamente configuraría, necesariamente, un bis in idem. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de valorar en la determinación de la pena la “intensidad” con que las circunstancias mencionadas se manifestaron en el caso concreto. A eso mismo se refiere el artículo 41 inciso 1° del CP cuando remite a las circunstancias de hecho para determinar la verdadera magnitud del injusto. En palabras del Excmo. Tribunal de Casación Penal: “La extensión del daño causado a la víctima, en el plano físico y psicológico, no sólo constituye un dato fáctico debidamente acreditado en autos, sino que además es una circunstancia claramente computable a los efectos de la mensuración de la pena conforme lo establece explícitamente el inciso 1 del artículo 41 del CP; resultando una pauta que no puede considerarse incluida, en su concreta configuración, dentro del marco del delito de homicidio tentado, de tal modo que se genere una vulneración a la prohibición de la doble valoración.” (TCP, Sala IV, causa número 60.553). Para así decidirlo tengo especialmente en cuenta los testimonios ofrecidos durante la audiencia de cesura de juicio que han dado cuenta de las secuelas psicológicas y físicas que en la actualidad aún perduran en Rocío.
En lo que respecta a la agravante de nocturnidad, comienzo por destacar que es doctrina de la SCBA que: “Debe ponderarse el criterio subjetivo para ponderar la nocturnidad como pauta agravante, en tanto exige demostrar una elección por parte de los sujetos activos de dicha circunstancia en miras a facilitar la comisión del delito. No resulta acertado aplicar la nocturnidad como pauta agravante de manera genérica, sino que debe demostrarse que esta fue elegida deliberadamente por los imputados para facilitar sus designios.” (SCBA 107.808, 129.671, 133.391, entre muchos otros). En efecto, con este piso de marcha, entiendo que no ha quedado demostrado en el caso que la ocurrencia del suceso en horas de la noche haya sido buscada por lo imputados para perpetrar el hecho, sino que se debió a una circunstancia ocasional.
Para decirlo de otra forma, que el hecho haya acontecido en horas de la noche no fue planificado en el accionar de la conducta que se les imputa a los procesados, no fue acreditado que dicha circunstancia hubiera sido buscada en forma adrede. En dicha línea, para ponderar la nocturnidad como pauta agravante de la pena resulta imprescindible analizar si -en el caso- dicho elemento operó como un factor que favoreció o facilitó la comisión del ilícito, si colocó a los autores con relación a las víctimas en una mejor situación para la perpetración del hecho, si la oscuridad fue usada por los agentes para facilitar su impunidad, etc. “Si ninguno de estos extremos fueron invocados para justificar su ponderación en contra de los imputados, y las circunstancias de los hechos que se dieron por acreditados no revelan que la noche hubiera influido especialmente en la ejecución del ilícito, ni que haya sido tenida en consideración por los autores para su comisión, no cabe asignarle el carácter de agravante para la calificación de la pena.” (SCBA P. 101.669).
En efecto, de las constancias del debate dicho elemento se ha presentado como una mera circunstancia accidental o fortuita que no influyó como especial modalidad en el hecho, como así tampoco ha sido probado que dicha circunstancia haya sido tenida especialmente en cuenta por los autores para perpetrar el hecho. Asimismo, tampoco coincidiré con el bloque acusador en cuanto solicitara se considere como pauta agravante de la pena la edad de las víctimas fallecidas y en función de ello la mayor extensión del daño causado a sus familias. Me explico. Valorar la extensión del daño causado en función de la edad de las víctimas cuando el bien jurídico afectado es la vida, si bien es común en las sanciones reparatorias de otras ramas del derecho que procuran una solución indemnizatoria, no parece posible en el derecho penal, porque este protege el supremo bien de la vida con un sentido igualitario que deriva de la dignidad proveniente del ser humano. Para decirlo de otro modo, la vida es un bien jurídico cuya supresión resulta definitiva e irreparable, y por ello no admite grados su afectación, siempre la muerte posee un valor igualador de todas las vidas.
En la misma línea, ha expresado el Excmo. Tribunal de Casación que:
“Tratándose de un homicidio, importa una doble valoración prohibida ponderar como agravante la extensión del daño causado” (TCP, Sala III, causa número 2042). Y que: “La extensión del daño causado importa el deceso del damnificado, pero dicho resultado integra el tipo del artículo, y -como tal- su disvalor fue oportunamente ponderado por el legislador al establecer la sanción con la que se conminó dicha conducta.” (TCP, Sala III, causa número 7903).
Así, las consecuencias extratípicas deben tratarse según los principios de la teoría de la imputación objetiva y, en ese sentido, sólo podrían ponderarse aquellas consecuencias que se relacionen con la acción típica por su especial relación de imputación: es necesario que se trate de consecuencias que guarden alguna vinculación con el fin de protección de la norma. Al contrario, aquellas consecuencias que se encuentran fuera del tipo no pueden tener ningún lugar en la valoración de este.
Establecido lo anterior, observo que los padecimientos de los familiares de las víctimas y -así también- de la comunidad educativa a la que concurrían, no pueden considerarse consecuencias amparadas por la norma que prohíbe el homicidio -en el caso- calificado, ya que -como lo adelantara- no guarda vinculación con el fin de protección de la norma.
Por su parte, con respecto a la solicitud de considerar como pauta agravante los “bajos motivos que los llevaron a delinquir” debo recordar que los principios constitucionales de reserva y de culpabilidad por el hecho (artículos 18 y 19 de la CN), determinan que la ponderación de agravantes al momento de mensurar la pena debe ejercerse exclusivamente en relación a la magnitud del injusto y la culpabilidad del imputado, siempre referida a una decisión de acción exteriorizada en el mundo real, quedando excluida la posibilidad de fundar el aumento de un reproche penal en aspectos de su vida que permanecen en su esfera íntima, tales como los pensamientos, rasgos de carácter o, más genéricamente, su forma de ser. Este es -a mi juicio- el grado máximo de reproche al que se puede aspirar por necesidades preventivo generales o especiales.
En lo que concierne al “desprecio por la vida” entiendo que dicho incremento en el reproche por la exigencia de una actitud interior distinta constituye un dato asumido por el agente en su propósito criminal que está comprendido dentro del tipo legal que se ha atribuido, lo que me exime de valoración en resguardo de la prohibición de doble valoración.
Tampoco puedo acompañar al bloque acusador en cuanto solicitara se compute como pauta agravante la “ausencia de arrepentimiento”. En efecto, si la ausencia de arrepentimiento significara un plus agravatorio, dentro de los parámetros de los artículos 40 y 41 del CP, entonces sería menester que el sometido al proceso se autoinculpe en todos los casos, es decir, efectúe en el proceso un reconocimiento de responsabilidad para que no se vea forzado su castigo eventual por ese motivo. La construcción de un indicio fundado en la falta de arrepentimiento, que necesariamente requiere una confesión judicial, pone en jaque la vigencia de la garantía de la prohibición de la autoincriminación que postulan los artículos 18 de la CN, 8 inciso 2 g) de la CADH y 14 inciso 3 del PIDCYP.
En dicha línea, ha sostenido el Excmo. Tribunal de Casación que: “El comportamiento del imputado en la audiencia de debate, utilizado como causal aumentativa de la sanción, no logra traspasar el tamiz de la razonabilidad, por ser una cuestión ajena a las pautas mensurativas de nuestro sistema penal, ni un argumento válido para extraer conclusiones sobre la personalidad del imputado.” (TCP, Sala III, causa número 7903).
Por su parte, en palabras de Nuestro Máximo Tribunal provincial: “La valoración como agravante de la ausencia de arrepentimiento lesiona la garantía que protege contra la autoincriminación forzada, pues la manera en que el acusado puede evitar que su pena se agrave con fundamento en la falta de arrepentimiento es -sin duda- que se arrepienta y ello restringe en forma indebida su ámbito de libertad para declarar.” (SCBA P. 80.390).
Ahora bien, es menester destacar -en forma genérica- y en referencia a las múltiples pautas agravantes incoadas por el bloque acusador que corresponde excluir de las consideraciones sobre la culpabilidad las que ponderan en forma general la personalidad como objeto de reproche, las referencias a las conductas anteriores al hecho, a la peligrosidad, al carácter del autor, a la conducta posterior al hecho, al menos -claro está- como pautas aumentativas de la dosificación de la sanción. Ciertamente, el proceso de mensuración de la pena debe evidenciar la prevalencia de parámetros aplicables desde la prevención general, sin dejar de mencionar en esto, que la finalidad última de la misma y de su sistema de ejecución, tiene anclaje particularmente en razones de resocialización e integración social (prevención especial), tal como así lo ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Fermín Ramírez vs. Guatemala.”
Por su parte, en lo que respecta a “la actitud asumida por los imputados con posterioridad al hecho”, considero que dicha circunstancia no encaja en ninguno de los criterios que, a partir de su interpretación dogmática, puedan entenderse contenidos en la norma del artículo 41 a los efectos de determinar la pena. Ello es así, en tanto la conducta de los imputados con posterioridad al hecho no pueden afectar la magnitud del injusto, sin que tampoco pueda recurrirse al correctivo de la peligrosidad puesto que para que esta calidad del sujeto influya en la determinación de la pena debe evidenciarse por las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del delito, y no por acciones posteriores a éste.
Por lo demás, el artículo 41 del CP prevé expresamente como criterio genérico de individualización de la pena la “conducta precedente del sujeto” lo que no hace otra cosa que indicar, a partir de una elemental interpretación a contrario sensu, que se excluye la posibilidad de considerar como pauta aumentativa la conducta posterior al hecho.
Para decirlo de otro modo, considerar como agravante de la pena un hecho posterior a la conducta que se juzga, importaría a los fines de individualización de la pena la posibilidad de extender el objeto procesal y juzgar a los imputados no sólo por el hecho que originara el proceso y como tal debe motivar la pena, sino por un acontecimiento posterior.
Cerrando el punto, y en modo genérico, doy respuesta al bloque acusador en cuanto tampoco habré de considerar como pauta agravante “la condición de policía de los aquí imputados, el uso de los bienes del Estado para cometer el delito y el desapego a las reglas de su oficio”, ya que entiendo son circunstancias típicamente contempladas en el tipo penal que se les ha endilgado, lo que generaría una doble valoración prohibida por ley. Así, todas aquellas reflexiones que hayan sido tomadas en cuenta por el legislador al establecer el tipo legal, o todas aquellas circunstancias que fundamentan el ilícito, no pueden ser consideradas nuevamente al momento de fijar la pena por un hecho concreto. Cuando el legislador establece el marco penal, fija los diferentes grados posibles de gravedad de un delito. Para ello, tiene en cuenta diferentes circunstancias de hecho que marcan el fundamento, el sentido de censurar una cierta conducta. Esto queda plasmado en el tipo penal en forma abstracta, y a partir del texto de un tipo penal es posible “reconstruir” que es lo que caracteriza el disvalor de una determinada conducta, no sólo en forma genérica, sino también en las diferentes gradaciones posibles del hecho. Es decir, que el legislador intenta que la fórmula elegida para redactar el tipo penal comprenda en forma más completa y precisa posible todas las valoraciones sociales sobre cierto hecho reprochable. Recapitulando, la prohibición de doble valoración circunscribe la obligación del juez de fundar la sentencia, imponiéndole utilizar argumentos que se relacionen con las particularidades del caso, y dejar de lado aquellos que ya fueron “consumidos” por el legislador.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa a la presente cuestión (arts. 40 y 41 del CP; 210, 371 inciso 3º y 373 del C.P.P.).
CUESTIÓN CUARTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada la Sra. Jueza Carolina Crispiani dijo:
Comenzaré la presente cuestión dando respuesta a la solicitud de la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS con relación a la solicitud de aplicación como pauta calificante de lo tipificado por el artículo 41 bis del CP.
En efecto, entiendo que la citada calificante genérica ha estado presente en las instrucciones que han sido presentadas al jurado, y en dicho sentido es que debe computarse, porque así lo ha decidido el jurado en su veredicto.
En dicha línea, hemos dado acabado cumplimiento a la Doctrina Legal fijada por el Excmo. Tribunal de Casación en cuanto ha establecido en causa 101.456 caratulada “Carli, Mauricio David s/ recurso de casación”, Sala II, que: “En el diagrama de división de funciones entre el jurado y el juez técnico, la utilización de un arma de fuego como calificante y sus consecuencias agravatorias, era un extremo no sólo que debía ser probado en el debate, sino que, además, debió estar incluido en una de las opciones de los tipos penales dadas al jurado en las instrucciones finales previas a la deliberación…Lo importante es tener presente que es el jurado quien debe resolver sobre los hechos determinantes que influyen de manera decisiva en la calificación legal, pues lo contrario rompería con la división de roles asignada. Así, la utilización de un arma de fuego en los términos del artículo 41 bis del CP, era una cuestión de hecho con consecuencias jurídicas trascendentes, por lo cual su determinación debía quedar bajo la órbita de decisión del jurado. Huelga aclarar la importancia de la cuestión, desde que la resolución podía causar que la escala penal se incrementase en un tercio en su mínimo y en su máximo.” Recapitulando, las circunstancias agravantes que aumentan la escala penal de cualquier delito -tal como la contenida en el artículo 41 bis del CP- se presentan como una cuestión de hecho y prueba que -en el caso- fue debidamente incorporada por el bloque acusador al presentar la propuesta de instrucciones finales y ha sido receptado favorablemente por la suscripta.
De lo dicho, claramente se desprende que los jurados han sido instruidos de la calificante genérica del artículo 41 bis, y que así también -al momento de dar su veredicto- la han incluido como calificante de los tipos penales endilgados. Con lo expuesto entonces, doy por debidamente acreditada la aplicación de la agravante genérica del artículo 41 bis en el presente caso, no sin antes también remarcar -a modo de sumatoria a lo ya expuesto, y con el fin de dar respuesta al planteo esbozado por los defensores de los imputados- que los tipos penales endilgados a los imputados no contienen en su descripción fáctica la utilización de un arma de fuego, lo que -por imperio del artículo 41 bis última parte- permite su aplicación como calificante genérica.
En tal sentido, es óbice recordar que el legislador ha excluido la aplicabilidad de la calificante de punición prevista en el artículo 41 bis del CP si el delito de que se trate tuviera la circunstancia contemplada como elemento constitutivo o calificante, es decir, cuando se prevea como elemento del tipo la utilización violenta o intimidante de un arma de fuego. Ahora bien -dicho esto- es dable remarcar que el homicidio calificado por el abuso de su función (como así también su tentativa) -tipos penales escogidos por en el veredicto del jurado popular- no contemplan en su descripción fáctica la utilización de un arma de fuego para llevarlos a cabo. Por todo lo dicho, acompañaré la aplicación de la citada agravante, no sin antes remarcar, que no lo he resuelto yo, sino que así lo ha decidido el jurado. A continuación, me referiré a la solicitud esgrimida por el Dr. Di Siervi en cuanto solicitara “se decrete la nulidad del juicio”. Veamos. Es sabido que el ordenamiento procesal contempla una importante herramienta para proteger a la persona sometida a proceso de arbitrariedades graves y manifiestas, cuando en su artículo 375 bis confiere al juez técnico la posibilidad de decretar la nulidad del veredicto de culpabilidad en los casos en que éste resulte manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso.” Dicha decisión -asimismo- es irrecurrible. Y es aquí donde, a mi entender, adquiere fundamental trascendencia para delimitar la tarea del juez técnico, el vocablo “manifiestamente”. Según la Real Academia Española el adjetivo “manifiesto” define aquello que resulta descubierto, patente y/o claro. Entonces, para que prospere la declaración de la alegada nulidad debe estarse en presencia de un grosero apartamiento de las pruebas, de modo tal que resulte evidente (en el sentido que su constatación no requiera más que la simple vista), es decir: manifiesto.
Nada de ello ha ocurrido. Reitero, la solicitud efectuada por el Dr. Di Siervi representa un remedio extremo, solo ponderable cuando pudiera vislumbrarse un apartamiento manifiesto de las pruebas rendidas en el debate que hayan provocado un desajuste apreciativo de tal dimensión que implicara una fractura con la realidad más llana y objetiva.
Huelga recordar que la propia Constitución ha instaurado un órgano extra-poder con el cometido de promover la actuación de la justicia (artículo 120 CN), persiguiendo y requiriendo la aplicación de la ley penal, y en aras de lograr que el proceso albergue un genuino diálogo, en el que las partes tengan amplia posibilidad de justificar sus pretensiones, percibiéndose a la decisión final como la conclusión que refleja el balance de las razones ofrecidas, de suerte que el juez deba mantener una posición equidistante entre aquellos intereses controvertidos. Por último, daré respuesta al pedido de “reparación” solicitado por los integrantes de la Comisión por la Memoria.
Comienzo por destacar que, frente a la falta de protección como elemento constitutivo y necesario de la prevención, quizás la obligación más importante que tenga el Estado, es la de reparar y compensar a las víctimas, y cuando ello no es posible, a sus familiares.
Las distintas acepciones de la palabra “reparar” dan a entender también su función en el derecho. Reparar significa arreglar algo que está roto o estropeado, enmendar, corregir o remediar, desagraviar, satisfacer al ofendido, remediar o precaver un daño o perjuicio (Diccionario de la RAE).
Conforme a tales significados -en el sentido jurídico- la reparación funciona (lamentablemente) de una manera literalmente menos reparadora del daño, pero que igual produce efectos necesarios y positivos.
En un sentido, la reparación funciona como un reconocimiento al derecho como productor de verdad, lo que constituye el inicio del proceso de justicia y sanación para las víctimas y sus familiares, pero también para la sociedad que tiene derecho a saber la verdad de lo acontecido.
En otro sentido, la reparación refleja que el derecho interviene para afirmar su propio primado sobre la fuerza bruta, para intentar ordenar las relaciones humanas según los dictados de la recta ratio (el derecho natural), para mitigar el sufrimiento humano y para hacer la vida -de ese modo- menos insoportable, o quizás soportable -en el entendimiento de que la vida con sufrimiento y solidaridad es preferible a la no existencia. Para decirlo de otro modo, funciona entonces el derecho, a través de la reparación, como rector de la conducta humana para reconciliar a los victimados sobrevivientes con su destino y para prevenir la venganza, fuerza potenciadora de la tragedia humana.
En consecuencia, la reparación no debe definirse desde un enfoque reduccionista, entendiendo por ello a las indemnizaciones individuales -en el sentido estrictamente pecuniario de la palabra indemnización-, sino que debe concebirse en un sentido holístico y trascendental de realización de justicia, garantía de no repetición, satisfacción a las víctimas y sus familiares, protección de derechos y compensación no pecuniaria.
En dichos términos doy respuesta a la solicitud de reparación, entendida la misma con el propósito principal de poner fin al agravamiento de las consecuencias generadas por la impunidad, el olvido y la indiferencia del medio social. A continuación, me referiré concretamente a las penas que deberán imponerse en el presente caso.
1. Penas indivisibles: tal como lo adelantara, dos de los imputados han sido condenados a tipos penales que prevén una pena indivisible, esto es, reclusión o prisión perpetua. Me refiero a los señores RubénAlberto García y Leonardo Alejandro Ecilapé que fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego.
En efecto, la discriminación que realiza el legislador para asignar la pena perpetua a los delitos del artículo 80 del CP se funda en el mayor disvalor de la acción, consistente en la mayor gravedad que comporta la acción llevada a cabo. En dicha línea, y a fin de dar respuesta a los señores defensores en el entendimiento de que la pena de reclusión -que si bien no será la que se escoja en la especie- no puede tenerse como abolida, debo decir que este modo de cumplimiento de la privación de la libertad -tal como lo resaltara el Dr. Sibuet- sigue vigente, porque su previsión diferencial excede la relativa a la mayor intensidad en la ejecución material (Leyes 24.660 y 12.256) y se ha mantenido intacta en distintas disposiciones penales (vgr. artículos 10, 13, 24, 26, 44, 46 del CP)
Cerrando el acápite, considero que los imputados Rubén García y Leonardo Ecilapé deberán ser condenados a la pena de prisión perpetua ya que es ésta la que posee una mayor validez jurídica, jurisprudencial, penitenciaria y ética, la cual debe ser aplicada cuando en el caso concreto corresponda ya que se encuentra así prevista en nuestro sistema penal.
2. Penas divisibles: a continuación, me avocaré a la pena que deberá imponerse a los imputados Mariano Alejandro Ibáñez y Manuel Monreal, los cuales fueron encontrados culpables de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego en carácter de coautor en concurso ideal con tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego.
Para definir la cuestión debo avocarme a las disposiciones previstas por el legislador en el artículo 44 del CP, no sin antes mencionar, -a los efectos de delimitar la escala penal aplicable- que la especie de pena por la que deberán responder es la de prisión.
En efecto, el artículo 44 del CP expresamente establece que la pena que correspondería al agente, si hubiera consumado el delito -cuando fuera de prisión perpetua- será de prisión de 10 a 15 años. De tal forma, la ley establece una nueva escala penal en abstracto. A lo dicho debe añadírsele la escala prescripta por el artículo 41 bis en cuanto determina la elevación de 1/3 en su mínimo y en su máximo, estableciéndose entonces una nueva escala que fija como mínimo los 13 años y 4 meses de prisión, y como máximo los 20 años de la misma especie de pena. Efectuada dicha aclaración, y dentro de los márgenes de la escala penal prevista por el legislador agravada por la calificante genérica del artículo 41 bis -y tendiendo en consideración las circunstancias atenuantes y agravantes ponderadas-, considero justo imponer a Manuel Monreal y a Mariano Alejandro Ibáñez la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso.
Recapitulando, en atención al marco legal asignado a los hechos traídos a juzgamiento, y a la luz de las pautas de atenuación y agravación ponderadas, considero justo imponer:
1. A GARCÍA RUBÉN ALBERTO, argentino, divorciado, policía, DNI 22.060.010, nacido el día 26 de diciembre de 1970, con domicilio en calle Suárez número 283 de San Miguel Del Monte, hijo de Raúl Alberto y Rosa Donis, LA PENA DE PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas del proceso en virtud de haber sido encontrado culpable de los delitos de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego en carácter de coautor (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego en carácter de coautor (1 víctima).
2. A ECILAPE LEONARDO DANIEL, argentino, soltero, policía, DNI 37.245.217, nacido el 22 de febrero de 1993, domiciliado en calle Sordo número 113 de Las Flores, hijo de Roberto Daniel y de Zunilda Leonor Mogni, LA PENA DE PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas del proceso en virtud de haber sido encontrado culpable de los delitos de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego en carácter de coautor (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego, en carácter de coautor (1 víctima).
3. A IBAÑEZ MARIANO ALEJANDRO, argentino, instruido, casado, policía, con domicilio en calle Lobería número 1239 de Lobos, DNI 35.971.674, hijo de Miguel Ángel y de Claudia María Elena López, nacido el 6 de abril de 1991 en Capital Federal, LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas del proceso, en virtud de haber sido encontrado culpable de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego en carácter de coautor (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego en carácter de coautor (1 víctima).
4. A MONREAL MANUEL, argentino, instruido, soltero, policía, con domicilio en calle Cisneros número 937 de Las Flores, DNI 40.065.284, hijo de Pablo Beiner y de María Daniela Monreal, nacido el 8 de abril de 1997 en Las Flores, LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas del proceso, en virtud de haber sido encontrado culpable de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego en carácter de coautor (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego en carácter de coautor (1 víctima).
Es mi voto (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45, 54 y 80 inciso 9 del CP; y 210, 373, 375 inciso 2, 529, 531 y conc. del CPP).
En virtud de lo expuesto, y conforme lo normado por los artículos 372, 375 bis y concordantes del CPP:
1. Condenar a GARCÍA RUBÉN ALBERTO, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, a LA PENA DE PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas del proceso, por ser coautor del delito de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego en carácter de coautor (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego (1 víctima), por el hecho acontecido el día 20 de mayo de 2019 en la Localidad de San Miguel del Monte del cual resultaran víctimas fatales Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López y víctima sobreviviente Rocío Quagliarello.
2. Condenar a ECILAPE LEONARDO DANIEL, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, a LA PENA DE PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas del proceso, por ser coautor del delito de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego (1 víctima), por el hecho acontecido el día 20 de mayo de 2019 en la Localidad de San Miguel del Monte del cual resultaran víctimas fatales Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López y víctima sobreviviente Rocío Quagliarello.
3. Condenar a IBAÑEZ MARIANO ALEJANDRO, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, a LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas del proceso, por ser coautor del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego (1 víctima), por el hecho acontecido el día 20 de mayo de 2019 en la Localidad de San Miguel del Monte del cual resultaran víctimas fatales Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López y víctima sobreviviente Rocío Quagliarello.
4. Condenar a MONREAL MANUEL, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, a LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas del proceso, por ser coautor del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego (4 víctimas) en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego (1 víctima), por el hecho acontecido el día 20 de mayo de 2019 en la Localidad de San Miguel del Monte del cual resultaran víctimas fatales Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López y víctima sobreviviente Rocío Quagliarello.
(Arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45, 54 y 80 inciso 9 del CP; y 210, 373, 375 inciso 2, 529, 531 y conc. del CPP).
II. Regular los honorarios profesionales, por su labor desempeñada desde la asunción del cargo hasta la fecha:
1. Doctoras MARGARITA JARQUÉ (T° XXXVII; F° 203 del C.A.L.P.), MARÍA LUZ SANTO MORÓN (Tº LXI; Fº 158 del C.A.L.P.) y JOSEFINA RODRIGO (Tº LVIII; Fº 311 del C.A.L.P.) del Programa de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria, en carácter de apoderados de los particulares damnificados Gladys Beatriz Ruiz Díaz, Juan Carlos Sansone y Yanina Zarzoso en la suma equivalente a 100 IUS.
2. Doctor RICARDO EMILIO MINOLI (T° LXII; F° 171 del C.A.L.P), letrado patrocinante de la particular damnificado Loana Sanguinetti en la suma equivalente a 100 IUS.
y doctor ROGELIO ANDRÉS BERNÁRDEZ (Tº XLIII; Fº 165 del C.A.L.P) letrados patrocinantes de los particulares damnificados Blanca Inés Suarez, Nilda Susana Ríos y Hermes Omar Domínguez; en la suma equivalente a 100 IUS.
4. Doctora AGUSTINA LLORET (T° LXIV; F° 300 del C.A.L.P) con el patrocinio letrado de la doctora BARBARA JUAREZ (T° LXIX; F° 362 del C.A.L.P), en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (C.E.L.S.), constituido como particular damnificado en la suma equivalente a 100 IUS.
5. Doctor MARCELO RAUL DI SIERVI (T° XLI; F° 318 del C.A.L.P) por su labor como defensor de LEONARDO DANIEL ECILAPÉ en la suma equivalente a 80 IUS.
6. Doctor GUILLERMO MARCELO BAQUÉ (T° VI; F° 470 del C.A.Q), doctora MARIA CELESTE BAQUÉ (T° XI; F° 157 del C.A.Q.) y doctor LUIS MARIA GIORDANO (T° XLI; F° 385 del C.A.L.P), codefensores de RUBEN ALBERTO GARCIA, MARIANO ALEJANDRO IBAÑEZ y MANUEL MONREAL en la suma equivalente a 100 IUS Rigen los artículos 1, 2, 9 , I. 3) incisos u ) y n) 16, 28 inc. g) punto 2, 33; sgtes. y cc. de la Ley 14.967. T.O. 15.016.
III. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE y firme que sea, practíquese cómputo de pena y liquidación de costas (arts. 530 y 533 del CPP). Fecho, fórmese legajo de ejecución de condena y elévese el mismo a la Receptoría Penal de Expedientes de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías departamental, a los fines de la desinsaculación del Sr/a Juez/a de Ejecución que habrá de intervenir en autos. Dada y firmada en la sala de mi público despacho, en la ciudad de La Plata, a los 9 días del mes de junio del año 2023.
Fin de la sentencia