Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 4 de la Plata
Lo que resolvió el tribunal
I. Pronunciar VEREDICTO ABSOLUTORIO respecto del imputado JOSÉ EFRAÍN MARRO, sin apodos, nacionalidad argentina, D.N.I. nº 14.343.627, estado civil divorciado, sabe leer y escribir, de ocupación jubilado de policía, nacido el día 02 de julio del año 1962 en la ciudad de Lobos, Provincia de Buenos Aires, hijo de Héctor Martín Marro y de María Teresa Barselini, con domicilio en calle Arévalo nº 2125 de la localidad de Lobos, Provincia de Buenos Aires, en orden al hecho denunciado el día 10 de Marzo del año 2005 que llegó a instancia de juicio bajo la calificación legal prima facie de FALSEDAD IDEOLÓGICA DE INSTRUMENTO PÚBLICO, objeto de conocimiento de la presente Causa n° 4159 del registro de este Tribunal en lo Criminal n° 4 Dptal..
II. Declarar la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO imputado a JOSÉ EFRAÍN MARRO, en la presente Causa nº 4159 del registro de este Tribunal en lo Criminal nº 4 Dptal..
III. Pronunciar VEREDICTO ABSOLUTORIO respecto del imputado JOSÉ EFRAÍN MARRO, cuyas demás circunstancias personales han sido líneas arriba expuestas, en orden al delito de INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO referido en el punto precedente y por ende, objeto de conocimiento de la presente Causa nº 4159 del registro de este Tribunal en lo Criminal nº 4 Dptal., en razón de haberse extinguido la acción penal por prescripción conforme fuera resuelto en el punto II de este Veredicto. …
En la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Diciembre del año dos mil trece, reunidos los Sres. Jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal nº 4, Dres. EMIR ALFREDO CAPUTO TÁRTARA, LIDIA FABIANA MORO (P.D.S.) y ANDRÉS VITALI (P.A.M.), con el objeto de dictar Veredicto conforme las normas del artículo 371 del Código Procesal Penal de la Pcia. de Buenos Aires, en la Causa n° 4159 del registro de este Tribunal seguida JOSÉ EFRAÍN MARRO, demás circunstancias personales obrantes en autos, por los delitos prima facie calificado como constitutivos de FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PÚBLICO e INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, practicado el correspondiente sorteo del mismo resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Caputo Tártara, Moro, Vitali, de seguido el Tribunal resuelve plantear y votar las siguientes:
CUESTIÓN PRIMERA: ¿Está probada la existencia del hecho en su exteriorización material; en la afirmativa, en qué términos?
A la Cuestión planteada el señor Juez doctor EMIR ALFREDO CAPUTO TÁRTARA dijo:
Antes de dar la respuesta que corresponda al interrogante emergente de la presente Cuestión, adelanto que habré de formular algunas consideraciones que juzgo necesarias para el desarrollo de la tesis que habré de sustentar en el sub lite.
Desde ya aclaro -como se verá- que si bien pudiera llegar a entenderse la necesidad del tratamiento de una Cuestión previa, la descarto por la importancia y sustancia de los temas a tratar, lo que -por su complejidad y variedad- exceden el marco de lo que en general demanda la mentada cuestión previa.
Desde la vigencia de la nueva legislación procesal penal de este Estado provincial que nos rige, he puesto reiteradamente de manifiesto mi discrepancia con la distribución temática que efectúa el legislador en los arts. 371 y 375 a los fines del resolutorio final de la instancia, toda vez que en diversos supuestos resulta dificultoso abordar las Cuestiones en el orden de prelación que establece dicha normativa, lo cual me ha sucedido en muchos casos, cuando el objeto de conocimiento del proceso, presenta aristas que exceden la ortodoxia tradicional del tratamiento del tópico a resolver, al pretender pasarlo por el tamiz -pretensamente deductivo- de las escalonadas cuestiones.
Lo expuesto se torna aún más enredado, cuando por su específica temática, el factum presenta cierta complejidad (tal, el sub lite); y se extiende aún más, cuando en cada extremo de la base de la Relación Jurídica Procesal (esto es: actor: Ministerio Público Fiscal – demandado: Defensor letrado, para el caso) nos encontramos, con “Partes técnicas” de singular valía -como afortunadamente ha ocurrido en el caso de autos- en las personas de la Dra. María Victoria Huergo y del Dr. Javier Percow, quienes han hecho gala de una gran avocación, con destacado énfasis profesional, al opuesto cometido por cada uno perseguido.
De acuerdo con lo preanunciado, a los fines del objetivo seguido, debo necesariamente apartarme -conforme la tesis que habré de sustentar- de los estrictos parámetros de referencia, formulando enunciados que habrán de necesitar del inmediato complemento o auxilio de la temática propia de otra cuestión (de las del segundo grupo), diferida en la escala ortodoxa. Otra breve aclaración que procede formular se relaciona con la foliatura de la Causa a citar. Adelanto que lo haré respecto de los cuerpos que la integran, como así de los Anexos, aludiendo al documento de que se trate allí inserto, con prescindencia de diversa (y voluminosa, por cierto) documentación que en sus originales, fueran acompañados por la Fiscalía durante el Debate. Obvio resulta destacar que lo que antecede, se debe a una mera cuestión práctica (atento al ya enunciado de lo incorporado por su lectura, reiteradas citas, alusiones, peticiones de las Partes, lecturas parciales, etc., todo durante el Juicio, e interactuado y entendido por el Tribunal y las Partes) siendo que ahora, aludir a dichos originales, generaría confusión e innecesaria dilación. Quiera tenérselo presente.
Veamos.
Sin perjuicio de la concursalidad (ideal o real) originalmente atribuida y luego rectificada -en el apuntado orden- por la Fiscalía en sus alegatos, dos han sido los delitos endilgados al procesado.
Por un lado el incumplimiento de los deberes de funcionario público, y por otro, la falsedad ideológica de instrumento público, artículos 248 y 292 del Código Penal.
Debo necesariamente (ya veremos el porqué) iniciar el análisis fácticotípico de la mentada falsedad ideológica de instrumento público.
Desde los albores de la imputación, y luego en su derrotero procesal, se expresó que ésta consistió en “hacer insertar en los instrumentos públicos datos falsos, constitutivos de la agencia de seguridad privada “Coptronic Cañuelas”, como en sus modificaciones, información y dato falsos, haciendo figurar como socios de la misma a terceras personas, que si bien cumplían tareas como empleados dentro de la agencia de seguridad, de ninguna manera formaban parte de la empresa, ni ejercían la titularidad de la misma”. En lo puntual, y a los fines de la congruencia, ver fs. 861vta. /862 y fs. 1030 y vta.; y en su caso, fs. 1051 vta. Al respecto ab initio que hemos de expresar para clarificar la temática típica sub examen (primeras normas del Capítulo II, del Título XII, del Libro Segundo del Código Penal), es una marcada diferencia entre la llamada falsedad material y la ideológica, distingo primigenio que se hace desde los primeros pasos dados como alumno de grado en el curso de Penal II, o Derecho Penal Parte Especial, de la carrera de abogacía.
En efecto, y para expresarlo en gruesos trazos: la primera (falsedad material) se corresponde con el “insertar”; la segunda, (ideológica) se relaciona con el “hacer insertar”.
Se observa que en los diversos autos y resoluciones en los que se aludió a la falsificación de instrumento público, se lo hizo dando soporte legal con el art. 292 del Cód. Penal, cuando en rigor, el que corresponde, es el siguiente, es decir, el 293 que da cuenta del verbo típico “hacer insertar”. Huelga expresar que, de todos modos, no hay agravio alguno a la congruencia, toda vez que se alude al mismo factum; sólo que se yerra con la referencia típica, lo cual legalmente puede zanjarse con la aplicación del principio iura novit curiae, que con obvia humildad aplico aquí.
A sus lógicos efectos, y sin perjuicio de la respectiva documental agregada a estos obrados que dan cuenta de lo aquí tratado, se impone hacer notar que dos fueron las personas que figuran en los correspondientes instrumentos públicos, como socios de la empresa “Coptronic Cañuelas” (amén, claro está, de la socia originaria mayoritaria, MARÍA IMELDA GAYNOR, ex esposa del procesado de autos) a saber JORGE FRANCISCO ARATA y BERNARDO OSCAR PUCHETTA. Destaco que lo fueron en orden sucesivo, toda vez que el primero en acceder en tal carácter (fs. 36/37vta.; fs. 50/vta.; fs. 57/vta., etc. del Anexo Documental II adjunto) lo fue el mentado ARATA. Luego (ver fs. 67/vta. y 40/vta. del referido Anexo Documental II) ARATA, vende, cede y transfiere sus acciones al citado PUCHETTA.
Aclaro antes de seguir, se impone aclarar que las imputaciones (descripciones en la materialidad en las resoluciones de referencia: ver líneas arriba) de dichas “inserciones”, se dieron únicamente en lo inherente a la empresa “Coptronic Cañuelas”, y no así a ´lo anterior´ referente a la localidad de Lobos (Bs. As.), sin perjuicio de los vaivenes en las variantes del objeto social… Vuelvo pues a lo puntual. Del contexto objetivo de la documentación de referencia, por cierto (y más allá de cualquier elucubración más o menos lógica) no luce técnico-legalmente que quien haya hecho insertar, lo haya sido el imputado de autos. Pero aún flexibilizando el contexto de análisis de la situación, e incluso considerando aquellas declaraciones que lo veían actuar a MARRO como dominus o, en el caso, teniendo en cuenta su alcance de apoderado (que a posteriori se le otorgara), tampoco surge de las constancias inherentes a ARATA, como así tampoco de los dichos de PUCHETA, una falsedad intrínseca de lo por ellos aceptado, como acaecido en los hechos reales.
Veamos.
ARATA, nunca (llamativamente) fue convocado a prestar declaración durante la dilatada y compleja etapa de la IPP. Tampoco fue propuesto para deponer en el Juicio, razón por la cual, poco podemos elucubrar o imaginar de sus intensiones de integrar la empresa, y luego vender sus acciones, sin perjuicio que debemos presumir (iuris tantum…) prima faccie, que lo ha hecho con discernimiento, intención y libertad, toda vez que no obran constancias en la Causa que den cuenta de una redargución de falsedad del instrumento público que lo compuso, ora en origen, ora en su cesión (Ver fojas citadas ut supra). En tal sentido, téngase en cuenta profusa doctrina y jurisprudencia de la materia, sobre la base del art. 979, principalmente su inc. 4 y concordantes, del Código Civil.
En síntesis. No podemos contar con ARATA, más allá -como adelantéde lo que surge válidamente (y que así corresponde presumir) de la documentación adjuntada (fs. 36/37vta.; 43/44; 48/vta.; 50/vta.; 57/vta.; 67/vta. y cc. del referido Anexo Documental II) que lo signa como socio, y luego cedente-vendedor de sus acciones a PUCHETTA.
De su lado, sí desde el comienzo contamos con el mentado PUCHETTA, y he aquí que no sólo con sus dichos de la etapa anterior, sino que también depuso durante el Juicio, válido -claro está- para la presente instancia. En lo que ahora importa destacar, ante puntual pregunta que al testigo se le efectuó referente a su integración de la sociedad, PUCHETTA con singular sinceridad y loable parsimonia de habitante maduro del interior provincial, (y previo reconocer su firma en el pertinente documento que se le exhibió en la Audiencia: fs. 48/vta. y cc. del Anexo Documental II) respondió que efectivamente, estuvo de acuerdo, consintió en adquirir dichas acciones, pues supuso (válida y atendiblemente) de un legal beneficio económico. Haciendo para el caso alusión-aplicación del iuditio-vox populi, de que el órgano más sensible del humano es “el bolsillo”, dijo legítimamente al respecto PUCHETTA: “era una cosa que me podía dar un dinero…”.
Se le consultó al testigo si había “ejercido” su rol de socio, con preguntas tales como, si había participación en asambleas, en toma de decisiones, si tenía conocimiento de los balances, etc., a lo que contestó con un rotundo: “No, para nada”. Dijo el testigo que siguió siendo empleado de jerarquía, por encima del resto (como lo había sido ARATA), pero nada más. Al respecto, huelga expresar que las participaciones minoritarias en la porcentualidad accionaria, no implican necesariamente, el desempeño de un rol protagónico, ó de relativa importancia en el seno de la sociedad de que se trate, limitándose sólo a la expectativa de una ganancia ante el crecimiento de giro económico de la empresa-sociedad, lo que se vería reflejado en una revalorización de la acción, o en su caso, (y si así está previsto estatutariamente) obtener un rédito al tiempo de la liquidación de ganancias, y sin perjuicio de afrontar eventuales pérdidas…todo en el marco -claro está- del porcentaje (ínfimo en nuestro caso) que implique la cantidad de acciones poseídas.
Lo cierto es que -y como queda claro- que no medió engaño alguno para con PUCHETA de “integrarlo” a la sociedad; más allá, de los problemas posteriores suscitados para con la ex esposa del imputado MARÍA IMELDA GAYNOR en su rol de socia mayoritaria, a quien PUCHETTA (dijo el testigo en el Juicio) demandó (“a ella y a la sociedad”, aclaró), encontrándose actualmente, con juicio en pleno trámite, sin que a la fecha haya recaído sentencia firme alguna.
Destaco y a propósito. Llama la atención que tampoco se haya convocado a comparecer al Juicio a la señora MARÍA IMELDA GAYNOR…a no dudarlo, su testimonio -en expectativa, al menos- pudo haber echado luz sobre varios aspectos relevantes, y a no dudarlo, inherentes al objeto de conocimiento de estos obrados.
Ahora bien. Y desde la óptica específica que aquí se impone verificar. Ni de los dichos del testigo PUCHETTA en la Audiencia, ni de la documentación acompañada (agregada al Debate por su lectura), surge que el procesado MARRO, haya tenido injerencia alguna en la “integración” de PUCHETTA como socio, lo cual ha sido aceptado por éste, con discernimiento, intención y libertad, cuando -a estar con sus dichos- la Sra. GAYNOR se lo propuso, insisto, con la legítima aspiración de que: “la cosa, le podía dar algún dinero”; todo lo cual conlleva ínsito la validez de la documentación que así lo acredita.
No es posible objetivo-legalmente suponer falsedad de índole alguna, y vamos a ver -me adelanto con esto- que tampoco será necesario a los fines del análisis de factum restante, toda vez que la participación del procesado en la sociedad, se acredita sin esfuerzo con otra evidencia, lo cual excede completamente el infructuoso, insustancial, impertinente e inconducente esfuerzo de querer vincular a los “ex socios”, (ARATA y PUCHETTA) con ocultar la participación del imputado en las sociedades.
Destaco que, en mi opinión, (y aún sin relevancia para el sub lite) la socia mayoritaria (GAYNOR), o si queremos verlo en abstracto “la sociedad”, tal vez buscaron (con las respectivas inclusiones como ´socios´ minoritarios de ARATA primero, y PUCHETTA, después) eludir cargas sociales y otras exigencias, vinculadas de la relación laboral propiamente dicha.
Anoto por fin, a mero título complementario, y -adviértasedesprendido del contexto global, que cuando la figura penal endilgada da cuenta como componente típico: “de modo que pueda resultar perjuicio”, este extremo, en sus más amplias y variadas interpretaciones doctrinarias (ver síntesis en D´Alessio, “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado”, Tomo II, páginas 1492 y s.s.), a la luz del sub lite, claramente no puede suponérselo siquiera desde la perspectiva probatoria pretensamente dimanante de los “socios”, quienes: el primero (ARATA) nunca declaró en todo el proceso, ni nos consta haya hecho reclamo alguno (lo lógica, indica que no); de su lado PUCHETTA, apuntando a otro aspecto ajeno al sub lite, si bien dijo estar reclamando judicialmente, no cuenta a la fecha con resolución firme alguna.
En hipótesis, será la Sra. GAYNOR o “la sociedad”, la que (no se sabe aún) pudo haber perjudicado la fe pública eludiendo cargas de la relación laboral, lo cual -insisto- no lo involucra válido-legalmente hablando, al procesado.
Pero reitero. La imputación desde sus albores apuntó a que dichas presuntas falsedades tenían la única finalidad de “tapar”, “ocultar” o de algún modo disimular la participación que en efecto tenía MARRO en la sociedad. Objetiva y legalmente, dicha pretensa finalidad no ha conseguido acreditarse en estos obrados.
Y a modo de síntesis final respecto del tópico en tratamiento. No se ha conseguido acreditar de manera plena, siquiera la objetividad de la materialidad de la falsedad ideológica, que se endilgó al procesado, razón por la cual -insisto- no corresponde se lo vincule cargosamente a ningún efecto con la misma.
Así pues las cosas y sobre la base de los razonamientos que anteceden, nos queda subsistente el análisis del otro factum que, en concurrencia ideal: art. 54 C.P. (fs. 861/872; 1029/1042, entre otras), primigeniamente, y material: art. 55 del C.P., después (alegatos de la Fiscalía) se atribuyó a MARRO. Tal, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, a tenor de lo reglado por el art. 248 del Cód. Penal.
Y bien. Me adelanto a señalar que es este caso, ora en su materialidad, ora en su autoría (endilgada al procesado MARRO), el ilícito ha quedado legalmente y plenamente acreditado; empero -se impone también la anticipación- a la luz de las distintas constancias de autos, observo que a dichos fines la acción penal está prescripta.
En esta inteligencia, habré de dar cuenta enunciativa con la evidencia válida, según su caso, recogida en autos, de los extremos de referencia, los que -atento lo preanunciado- por razones de celeridad y economía procesal, habré de citar únicamente en sus aspectos estrictamente necesarios.
Y bien. Debo comenzar por enunciar que “Coptronic-Sistemas computarizados de Seguridad S.R.L.”, conforme surge de la documental agregada a fs. 74/75 del Anexo documental II (incorporado al Debate por su lectura) comienza su giro comercial el 24 de Noviembre de 1995, la que si bien ab initio tuvo domicilio en Capital Federal, operó en la ciudad de Lobos (Pcia. de Bs. As.), precisamente en calle Rauch 351 de esta localidad (ver fs. 85/85 del mentado Anexo Documental II, donde consta el contrato de locación ad hoc, de fecha 15 de Febrero de 1995).
Destaco que en el antes referido Documento de fs. 74/75, el imputado MARRO y su ex esposa MARÍA IMELDA GAYNOR, le otorgan un Poder General Judicial a un tal ÁNGEL DANIEL PETRAGLIA, con la aclaración de que MARRO, lo hace sólo por sí, esto es como persona física; en cambio, la Sra. GAYNOR, además (tal la palabra que se utiliza en la escritura) de por sí misma, otorga Poder al citado PETRAGLIA, también en su carácter de miembro de la Sociedad “Coptronic-Sistemas computarizados de Seguridad S.R.L.”. Ergo. Se delimitó claramente la independencia de roles personales entre los otrora cónyuges.
Empero, tiempo después, el 20 de Mayo de 1997, conforme documental de fs. 72/73 (Anexo Documental II) la Sra. MARÍA IMELDA GAYNOR en su carácter de: “titular de la empresa unipersonal cuya razón social de fantasía es COOPTRONIC, Sistemas computarizados de Seguridad, y de la cual la dicente es la titular con CUIT número 27-13689579-1” (ver líneas 18 a 21), le otorga “Poder General de Administración y Disposición” al procesado MARRO, quien debía actuar únicamente en todo lo concerniente a la actividad comercial de dicha empresa. Absolutamente claro.
Es tiempo ya de decir -en lo que puntualmente aquí interesa- que la Ley 12297 (Pcia. de Bs. As.) de Servicios de Seguridad Privada, de publicación en el B.O. el 08 de Junio de 1999, por su art. 5, proclama que los socios, directores, miembros del órgano fiscalización, gerentes y apoderados, que formen parte de una empresa de seguridad privada, entre otros requisitos, no deberán estar comprendidos en el régimen de inhabilidades. En este último sentido, el art. 8, inciso 5, da cuenta clara que no podrán desempeñarse en el ámbito de las empresas de seguridad privada:….quienes sean personal en actividad de fuerzas…policiales.
De su lado, la ley 13201 (B.O. 26-01-2005) prohíbe (Art. 13) al personal policial en actividad, desempeñar tareas ajenas a la institución, sin previa autorización superior, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.
Pero he aquí que luego es reformada por la Ley 13982 (Public. Dec. 478 del P.E. de Abril 08 de 2009) en su art. 12, inc. “e”, es más genérica y omnicomprensiva en sus prohibiciones, al expresar que no le está permitido al personal policial, desarrollar actividades lucrativas o de cualquier otro tipo, incompatibles con el desempeño de las funciones policiales.
Hay pues como fácilmente puede observarse un recíproco complemento entre las disposiciones de la ley del personal de la policía de Buenos Aires, con la normativa de la ley (Pcia. de Bs. As.) que reglamenta lo inherente al Servicio de Seguridad Privada, lo cual genera la inequívoca tipicidad de la que da cuenta el referido art. 248 del Código Penal, cuando amenaza con sancionar al funcionario público que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. A buen entendedor, pocas palabras.
Ahora bien. Al tiempo de vigencia de la referida normativa, el procesado MARRO, se desempeñaba como apoderado de Cooptronic Sistemas computarizados de Seguridad, para aclararlo, la empresa de la localidad de Lobos, única que corresponde tener en cuenta, habida cuenta el análisis ut supra efectuado de la empresa de Cañuelas, con la que no es posible relacionar en términos objetivo-legales-documentales al imputado MARRO.
Así pues las cosas, durante el período de vigencia de la ley de Servicios de Seguridad Privada, atento sus disposiciones y prohibiciones, MARRO infringió la misma, encuadrando su conducta en lo reglado por el art. 248 del C.P.
Pero he aquí que a los obvios fines aquí perseguidos, se impone -tal como lo adelanté- verificar la vigencia de la acción penal, o lo que es lo mismo, si ha operado la prescripción de aquella, a la luz de la normativa vigente, haciendo hincapié en dos aspectos que se constituyen en cuestión fundamental a considerar, tal como lo son lo reglado por el art. 67 del Cód. Penal, conforme diversos textos que lo han sustentado, en nuestro caso, en consideración -como no puede ser de otra manera- del Principio General del Derecho Penal emergente del art. 2 del Código de fondo, tal: el de la aplicación de la ley más benigna, receptado también en el marco de la Convencionalidad, por el Art. 9 del llamado Pacto de San José de Costa Rica, atento lo proclamado por el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Y en este sentido, he adelantado opinión favorable a la prescripción de la acción penal, en lo inherente al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público que prevé el referido art. 248 del C.P., que se endilga al procesado MARRO.
Antes del análisis puntual de los distintos hitos cronológicos a considerar a los fines de la presente Causa, es del caso recordar -de manera general- que un criterio consolidado, que la prescripción debe ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier Tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el sólo “transcurso del tiempo” (cfr. Doct. C.S.J.N., Fallos 305:1236; 311:2205; 313:1224; 323:1785; entre otros y, en el orden local, S.C.B.A. P.65.996, Sent. 5-IV-2000; P. 50.959; Sent. de 17-V-2000; P. 61.271, Sent. de 23-VIII-2000; P. 62.689, Sent. de 3-X-2001; P. 83.147; Sent. 14-IV- 2004; P. 83.722; Sent. del 23-II-2005; entre otras.).
La ley 25.990 (B.O. 11-1-2005) modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs.: "b", "c", "d" y "e"). De tal modo, el nuevo texto legal ha quitado entidad interruptora del curso prescriptivo a muchos actos procesales que, según pacífica jurisprudencia, revestían tal carácter, unificados todos con la discutida frase: “Secuela del Juicio”.
A su vez, la reforma legislativa consagró de manera expresa la llamada "teoría del paralelismo", al establecer en el quinto párrafo que la prescripción corre, se suspende o interrumpe "separadamente para cada delito...". De su lado, el novedoso catálogo introducido por la mentada ley 25.990 se encuentra alcanzado por el referido Principio de Retroactividad de la Ley Penal más Benigna, que, obviamente, también rige en lo atinente a los mecanismo de extinción de la acción, de modo que, por imperio del art. 2 del Código Penal, y la varias veces mencionada ley 25.990, resulta de aplicación al caso (C.S., Fallos, 287:76; SCBA. P. 83.722 cit.).
En autos, respecto del delito de INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO en los términos del artículo 248 del Código Penal que se le imputa a JOSÉ EFRAÍN MARRO, conforme resultó de los alegatos formulados por la Sra. Agente Fiscal en el Juicio; y, en consideración a lo ut supra arriba expuesto en el sentido de la inexistencia de la materialidad del también endilgado delito de Falsedad de Instrumento Público, el plazo de prescripción de la acción penal a considerar, es el de DOS AÑOS, conforme lo prescripto por el juego armónico de los artículos 59 inciso 3°, 62, incisos 2° y 4° y cc. del Código Penal.
Antes del análisis de los diversos hitos cronológicos a verificar en la presente Causa, se impone en este particular caso -y como lo adelanté- abordar lo vinculado con el carácter de funcionario público del procesado, como eventual causal interruptora del curso de la prescripción de la acción penal En tal sentido, paso de seguido a formular un breve raconto del tratamiento legal que sobre el particular se ha hecho, del ya mentado como señero Art. 67 del Código Penal, en tanto y en cuanto alude al particular caso de los funcionarios públicos y la suspensión de la prescripción mientras permanecen en ejercicio de sus funciones. Y ello así pues como veremos, el tema ha tenido variantes que deben observarse, a la luz -según adelanté líneas arriba- del Principio General en la materia de la Ley más Benigna, como dije también, a la fecha con base constitucional convencional. (Art. 2 del Código Penal y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, elevada al máximo rango legal, por el actual art. 75 inc. 22 de la Const. Nacional). Veamos.
La ley 16.648, sancionada en 1964 modificó el artículo 67 del Código Penal, agregando una nueva causal de suspensión a las ya previstas: para los casos de delitos tipificados en los capítulos VI, VII, VIII, IX y X, del Título XI, Libro II del Código. Corría la suspensión: “mientras cualquiera de los que hayan participado se encuentre desempeñando un cargo público”. Esta norma fue ampliada por la ley 17.567, de 1968, que incorporó el capítulo IX bis, del Título XI, entre los supuestos respecto de los cuales se aplicaba la referida suspensión, ley ésta que conservó su vigencia, a través de la ley 21.388 de 1976.
Merece destacarse que la norma en tratamiento, no fue derogada en lo específicamente atinente a la suspensión de la prescripción de la acción para el caso de funcionarios públicos, por la importante ley de reformas al sistema penal, como lo fue la 23.077 (B.O.: 27-08-1984).
Ahora bien. De acuerdo con lo que vengo consignando, es momento de señalar que, conforme ley 21.338 (B.O. 1°/07/76), el segundo párrafo del art. 67 del C.P., decía: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos previstos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del Título XI, Libro II, de este Código, mientras cualquiera de los que hayan participado se encuentre desempeñando un cargo público”.
Como puede observarse, en esta redacción de la ley, la excepción se encontraba limitada a un catálogo cerrado de supuestos específicos de delitos contra la administración pública. (Diversos capítulos de Título XI del Libro II del Código Penal).
Ello significaba que la suspensión no operaba en delitos como atentado y resistencia contra la autoridad, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, usurpación de autoridad, títulos u honores, omisión de deberes de oficio, denegación de auxilio, requerimiento indebido de la fuerza pública, abandono de destino o nombramiento ilegal.
Demás está decir que al ser todos delitos amenazados con penas relativamente leves, demandaban una intervención con la máxima celeridad de parte de los órganos judiciales y jurisdiccionales, lo cual -y por razones que no son del caso aquí consignar- pocas veces fructificaba con un resolutorio definitivo.
Nótese además que la figura de defraudación contra la administración pública (Art. 174, inc. 5° del C.P.), mediante la cual un funcionario o empleado público pueden llegar a revestir la calidad de partícipe necesario, quedaba excluida del catálogo cerrado de los tipos penales sobre los que recaía la suspensión por encontrarse en un título distinto del previsto por la normativa en cuestión. En efecto, este tipo penal (defraudación contra la administración pública) se encuentra contemplado en el capítulo IV “Estafas y otras defraudaciones”, dentro de los delitos contra la propiedad del Título VI, de la Parte Especial (ó Libro II) del Código Penal.
En el contexto de la redacción del art. 67 C.P. que vengo analizando, otro de los problemas que generaba a sus intérpretes, era una seria contradicción entre los textos del segundo y quinto párrafos. En efecto, precisamente el quinto párrafo enunciaba un principio general, pero he aquí que omitía la remisión interna al segundo párrafo, trayendo aparejado el inconveniente de no aclarar expresamente, que la suspensión se extendía a todos los partícipes del delito, debiendo tal circunstancia inferirse de la expresión: “...mientras cualquiera de los que hayan participado...”. Tiempo después, la Ley n° 25.188 (llamada “Ley de ética de la función pública”) B.O.: 01/11/99, reformó el segundo párrafo, y dio solución a estos problemas interpretativos concretos, quedando redactado el texto de la siguiente manera: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.
Fue también con motivo de la ley recién citada, que se dispuso una modificación en el último párrafo del artículo sub estudio, el que quedó redactado finalmente como sigue: “La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del delito, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo”.
Como fácilmente puede advertirse, al ampliarse el espectro de delitos que pueden ser objeto de la suspensión a todos los ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública, se acotó el margen de aplicación del principio general, y se extendió el marco operativo de la excepción.
Por otro lado, quedó solucionado el aludido problema interpretativo. Ahora, el párrafo quinto cumple con la pertinente remisión al segundo párrafo del artículo 67 C.P. sub examen.
Acoto por fin que la ley n° 25.990 (B.O.: 11/01/05), mantuvo la misma redacción del segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal; mientras que en el último párrafo, se incorporó la frase: “separadamente para cada delito”, aspecto este que incide principalmente en los casos de concurso real de delitos. Ahora bien. A la luz de la breve sinopsis cronológica efectuada, se impone subsumir al caso de autos a los fines de cotejar los diversos hitos cronológicos procesales que deben ser tenidos en cuenta, con los parámetros legales, siguiendo los lineamientos de la referida aplicación del Principio de la Ley más Benigna.
Deberá pues tenerse en cuenta el enunciado de la profusa documentación analizada líneas arriba (a lo que para su detalle me remito brevitatis causae), sin perjuicio de la puntual mención-reiteración que ahora proceda, amén de los diversos razonamientos que incluyen o descartan -según su caso- aspectos barajados como evidencia a valorar.
Teniendo en cuenta la documental de referencia (fs. 72/73 del Anexo Documental II, agregado al Debate por su lectura), mediante la cual se acredita que su ex esposa MARÍA IMELDA GAYNOR, como titular de la empresa “Cooptronic, Sistemas computarizados de Seguridad”, que operaba en Lobos (Pcia. de Bs. As.), apodera a JOSÉ EFRAÍN MARRO, en todo lo inherente a su actuación y/o participación en dicha empresa, lo cual data del 20 de Mayo de 1997. Es este pues el hito cronológico primigenio o de inicio a considerar, a los fines de dar por acreditada su actuar contrario a la ley que le impedía, dado su función policial, llevar a cabo paralelamente, actividades relacionadas con la seguridad en la égida privada, toda vez que las diversas leyes de policía, en cualquiera de sus versiones temporales, ora desde la letra, ora desde el espíritu, dieron cuenta de la incompatibilidad que dichas actividades (entre otras) implicaban para el funcionario policial, sin importar su jerarquía, circunstancia esta que, al infractor, lo situó en el marco típico del incumplimiento de los deberes del funcionario público. (Art. 248 del C.P.).
En consideración a la variación legislativa enumerada en el breve análisis precedente, la “ley aplicable” al sub lite, esto es, la redacción del analizado Art. 67 del Cód. Penal que regía al 20 de Mayo de 1997, era la dada por la ley 21.338 (B.O.: 1°/07/76), cuyo segundo párrafo del art. 67 del C.P., decía: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos previstos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del Título XI, Libro II, de este Código, mientras cualquiera de los que hayan participado se encuentre desempeñando un cargo público”; ley esta (21338) ratificada luego -ya en democracia- por la referida Ley 23077 (B.O.: 27-08-1984), considerada por entonces como “saneatoria” del régimen penal de la nación, teniendo en cuenta la diversa y profusa legislación ingresada al Cód. Penal propiamente dicho, y leyes de la materia, por los anteriores gobiernos militares, a través de los llamados decretos leyes, y luego directamente leyes, del régimen dictactorial. He vuelto a transcribir el párrafo pertinente, para dejar patente la inexistencia del Capítulo IV (Título XI del Libro II C.P.) en la nómina precisamente de Capítulos que enumera la redacción bajo análisis, por la que se proclama la suspensión de la prescripción mientras el funcionario público (art. 77 C.P.) se encuentre desempeñando el cargo de que se trate. Ergo. El art. 248 infringido por el imputado de autos, con el que se inicia el mentado Capítulo IV (Tit. XI-Libro II C.P.) no se encontraba alcanzado por la “suspensión prescriptoria”, lo cual sí ocurrió después, con el texto de la ley 25.188 (referida “Ley de ética de la función pública”) B.O.: 01/11/99, que con su texto (ver ut supra) englobó todos los supuestos. Así pues las cosas, y en atención a la no aplicabilidad de la suspensión de la prescripción mientras duró el cargo de funcionario público, a la norma del art. 248 del C.P. cabe analizarla a la luz de los parámetros de las reglas comunes emergentes de los ya mentados arts. 59 inc. 3; 62, incisos 2 y 4 y cc. del Código Penal.
Teniendo en cuenta el Principio General del Derecho Procesal Penal dimanante del art. 1°, párrafo tercero del CPP, podría llegar hasta señalarse que al tiempo de su denuncia (fs. 1/3) tratándose prima facie de un delito continuado, pudiera estar prescripto. Empero, considerando los parámetros interruptores del curso de la prescripción, vigentes aplicables al caso de autos, debe tenerse en cuenta que, desde la apuntada denuncia (fs. 1/3) es decir, desde el 10/11 de Marzo de 2005, hasta el 05 de Septiembre de 2008 (en que se convocó a MARRO en los términos de lo reglado por el art. 308 del CPP: fs. 861/872), ya habían transcurrido con holgura los dos años que como plazo prescriptivo debemos considerar para este caso.
Sin perjuicio de lo que antecede, y para mayor abundar (o mejor dicho, sobreabundar), nótese que entre el referido 05 de Septiembre de 2008 (Art. 308 CPP), y el 10 de Febrero de 2012, fecha esta última del Requerimiento de Elevación a Juicio (fs. 1029/1042vta.), también transcurrió con amplitud el referido lapso de dos años.
Así pues las cosas, y en función de todas las razones y fundamentos vertidos, se impone dar respuesta negativa a la Cuestión en tratamiento, a la vez que decretar la prescripción de la acción penal en estos obrados, y absolver libremente a JOSÉ EFRAÍN MARRO, en tanto resultó acusado en este Juicio.
Así lo voto por ser ello mi sincera convicción.
Arts. 75 inc. 22 y cc. de la Constitución Nacional; Art. 9 y cc. de la Convención Americana de Derechos humanos; Art. 2, 59, inc. 3, 62 incisos 2 y 4, 67, 248 y 292/293, a contrario, y c.c. del Código Penal; Arts. 1°, párrafo tercero, 210, 371, cuarto párrafo y c.c., 373, ss. y cc. del CPP.
A la misma Cuestión planteada, la señora Jueza doctora Lidia Fabiana MORO votó en idéntico sentido y por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Caputo Tártara por ser ello su sincera convicción.
Arts. 75 inc. 22 y cc. de la Constitución Nacional; Art. 9 y cc. de la Convención Americana de Derechos humanos; Art. 2, 59, inc. 3, 62 incisos 2 y 4, 67, 248 y 292/293, a contrario, y c.c. del Código Penal; Arts. 1°, párrafo tercero, 210, 371, cuarto párrafo y c.c., 373, ss. y cc. del CPP.
A la misma Cuestión planteada, el Señor Juez doctor Andrés VITALI votó en idéntico sentido y por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Caputo Tártara por ser ello su sincera convicción.
Arts. 75 inc. 22 y cc. de la Constitución Nacional; Art. 9 y cc. de la Convención Americana de Derechos humanos; Art. 2, 59, inc. 3, 62 incisos 2 y 4, 67, 248 y 292/293, a contrario, y c.c. del Código Penal; Arts. 1°, párrafo tercero, 210, 371, cuarto párrafo y c.c., 373, ss. y cc. del CPP.
CUESTIONES SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y QUINTA:
Corresponde abordar las Cuestiones estatuidas por el artículo 371 incisos: 2); 3); 4) y 5) del C.P.P., y en su caso, las contempladas por el art. 375 del digesto ritual provincial?
A las Cuestiones planteada el Señor Juez Dr. EMIR ALFREDO CAPUTO TÁRTARA dijo:
Dado el modo en que ha sido resuelta la Cuestión precedente, no corresponde el tratamiento de las restantes Cuestiones estatuidas por el citado artículo 371 del C.P.P. , en sus incisos: 2, 3, 4 y 5 ni -en su caso- las contempladas por el art. 375 del citado ordenamiento.
Así lo voto, por ser ello mi sincera convicción.
Art. 371 cuarto párrafo, 375, a contrario, ss. y cc. del C.P.P.
A las mismas Cuestiones planteadas la señora Jueza doctora LIDIA FABIANA MORO votó en igual sentido y por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Caputo Tártara por ser ello su sincera convicción. Art. 371 cuarto párrafo, 375, a contrario, ss. y cc. del C.P.P.
A las mismas Cuestiones planteadas el Sr. Juez doctor ANDRÉS VITALI votó en igual sentido y por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Caputo Tártara por ser ello su sincera convicción.
Art. 371 cuarto párrafo, 375, a contrario, ss. y cc. del C.P.P.
Atento lo que resulta de la votación de las Cuestiones precedentes, el Tribunal POR UNANIMIDAD, resuelve:
I. Pronunciar VEREDICTO ABSOLUTORIO respecto del imputado JOSÉ EFRAÍN MARRO, sin apodos, nacionalidad argentina, D.N.I. nº 14.343.627, estado civil divorciado, sabe leer y escribir, de ocupación jubilado de policía, nacido el día 02 de julio del año 1962 en la ciudad de Lobos, Provincia de Buenos Aires, hijo de Héctor Martín Marro y de María Teresa Barselini, con domicilio en calle Arévalo nº 2125 de la localidad de Lobos, Provincia de Buenos Aires, en orden al hecho denunciado el día 10 de Marzo del año 2005 que llegó a instancia de juicio bajo la calificación legal prima facie de FALSEDAD IDEOLÓGICA DE INSTRUMENTO PÚBLICO, objeto de conocimiento de la presente Causa n° 4159 del registro de este Tribunal en lo Criminal n° 4 Dptal..
II. DECLARAR la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO imputado a JOSÉ EFRAÍN MARRO, en la presente Causa nº 4159 del registro de este Tribunal en lo Criminal nº 4 Dptal..
III. Pronunciar VEREDICTO ABSOLUTORIO respecto del imputado JOSÉ EFRAÍN MARRO, cuyas demás circunstancias personales han sido líneas arriba expuestas, en orden al delito de INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO referido en el punto precedente y por ende, objeto de conocimiento de la presente Causa nº 4159 del registro de este Tribunal en lo Criminal nº 4 Dptal., en razón de haberse extinguido la acción penal por prescripción conforme fuera resuelto en el punto II de este Veredicto.
IV. Regúlanse los honorarios profesionales del doctor JAVIER PERCOW, Tº XXXVI, Fº 465 del C.A.L.P., en su carácter de Defensor particular del imputado José Efraín Marro, en la suma de $ 23.200.- (Son pesos: Veintitrés mil doscientos) equivalentes a CIEN IUS.
Arts. 1, 9, I, 15, 16, letra b, 17, letra d, 28 inc. e, 51, 54, 57, 58 ss. y cc. de la Ley 8904, con más el diez por ciento que establece el art. 12, letra “g” de la ley 10.268 y cc. V.- Oportunamente, devuélvanse para ante quien corresponda la documentación original agregada a la Causa.
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.
CÚMPLASE con lo normado por la ley nacional 22.117 y provincial 4.474.
FIRME y consentida, ARCHÍVESE.
Fin de la sentencia