Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 4 de Morón · Causa 4821
VEREDICTO Y SENTENCIA
En la ciudad de Morón, a los 8 días del mes de abril de 2022, se reúnen en acuerdo los señores Jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal 4 del Departamento Judicial Morón, doctores Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Pedro Rodríguez, con la presidencia del nombrado en primer término, a fin de dictar el veredicto que prescribe el art. 371 del Código Procesal Penal en la causa N° 4.821 (I. P. P. 10-00-017631-13 respectivamente) seguida a Diego Ariel Tolaba, argentino, soltero, con D. N. I. N° 29.886.518, policía en disponibilidad, nacido el 3 de noviembre de 1982 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hijo de Felipe Víctor y de Olga Concepción Rojas, con domicilio en Santiago del Estero 2901, manzana 12, casa 9 del Barrio Kusch de La Matanza y registrado en prontuario 1.410.427 de la Sección A. P. del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Resuelven votar las siguientes cuestiones:
1. Validez o nulidad del alegato fiscal y 2. Se encuentra demostrada la exteriorización material y la autoría del imputado Tolaba? Y en su caso es procedente la causal de justificación?
Seguidamente y practicado el sorteo de Ley, resultó que debía observarse el siguiente orden de estudio y votación: RODRIGUEZ-TORTI-CASTAÑARES.
A la cuestión primera el Dr. Rodríguez dijo:
Los planteos de las partes El Ministerio Público Fiscal, sostuvo que a partir de lo declarado por los testigos y el imputado, con más la prueba incorporada por lectura, quedaba demostrado que el procesado había actuado bajo legítima defensa propia y de terceros en los términos del art. 34 incs. 6 y 7 del Código Penal. Ello el Dr. Vázquez, en tanto la Dra. Biasotti abonó con citas doctrinarias y jurisprudenciales ese mismo criterio.
En consecuencia desistieron de la acusación y solicitaron la libre absolución. Los representantes de los particulares damnificados requirieron la anulación del alegato de los fiscales sosteniendo que habían leído memoriales en contra lo normado por el art. 368 del C. P. P..
Seguidamente instaron el dictado de un veredicto condenatorio por el delito de homicidio, reclamando, en base a tres agravantes que invocaron una pena de diez años de prisión accesorias legales y costas.
Los argumentos que utilizaron los acusadores particulares se centraron en que, sin discutir la autenticidad de los testimonios rendidos, solo al imputado tildaron de mendaz, no había ninguna inminencia del peligro que justificara los disparos efectuados por Tolaba, que si bien reconocían que había salido diciendo “alto policía” de inmediato disparó, ello era lo que debía interpretarse de la referencia a pocos segundos en que habría ocurrido todo, según algún testigo, y que tiró a los chicos, sin que nadie estuviera apuntándolo, cuando podría haber efectuado un disparo disuasivo conforme los protocolos.
Los acusadores particulares también cuestionaron la investigación preliminar realizada, señalando que se habían perdido las cintas, que la pericia planimétrica producida como instrucción suplementaria no explicaba nada ya que meramente se había basado en los dichos del imputado, conforme surgiera del testimonio de los peritos en el debate y que ellos no pudieron hacer otra pericia por falta de presupuesto.
Ante el traslado del pedido de nulidad, el Sr. Fiscal, Dr. Vázquez, si bien dijo que les asistía razón en la cita legal, negó haber dado lectura íntegra de su alegato, sino que solo se había acompañado de un “ayuda memoria” con fragmentos de los dichos de los declarantes, no obstante estaba en condiciones de repetirlos sin ellos, ofreciéndose, pero que además era una nulidad por la nulidad misma, desde que no se había conculcado garantía constitucional alguna. Agregó por último que surgía de la pericia criminalística y lo había declarado también la perito, que se habían tomado en cuenta para su confección todos los testimonios y elementos de prueba rendidos en la
I. P. P., los que, además, no controvertían lo declarado por el imputado según señaló la especialista en el debate.
Por su lado el Sr. Defensor expresó que compartía por completo los argumentos del Ministerio Público Fiscal y que su asistido era inocente, detallando cómo a su criterio, de cada una de las declaraciones vertidas se podía extraer una confirmación de lo que había declarado y que, en consecuencia su accionar encuadraba en lo normado por el art. 34 incisos 6° y 7° del Código Penal en cuanto había actuado en legítima defensa propia y también de terceros, cuando quien aparece como víctima y su cómplice le apuntaban poniendo también en riesgo a empleados del peaje y transeúntes.
La cuestión de la validez del alegato fiscal Es preciso recordar primero que la nulidad es “la sanción expresa, implícita o virtual, que la ley establece cuando se ha violado u omitido las formas por ella preordenadas para la realización de un acto jurídico al que se priva de producir sus efectos normales” (Eduardo B. Carlos, Enciclopedia Omeba t. XX, pag 538 citado por Torres, Sergio, Nulidades en el Proceso Penal, editorial Ad-Hoc 3era edición). También se la definió como “la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de los efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello” (Alsina, Hugo, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial Buenos Aires, t. I pág 718).
Asimismo debe precisarse que, básicamente, en nuestro proceso solo hay dos motivos para declararlas, cuando el defecto o vicio estuviere dentro de los “supuestos expresamente determinados por este Código” (art. 202 del C. P. P) y la prohibición del art. 368 del código ritual no es uno de ellos y cuando “las nulidades que impliquen violación de normas constitucionales, con obligación de fundar el motivo del perjuicio”, transgresión de normas constitucionales y perjuicio que no se invocaron siquiera por los requirentes.
Pero por otra parte, estrictamente, tampoco observamos que los dos fiscales hubieran dado íntegra lectura de sus argumentaciones, sino que se vio que únicamente bajaban la vista para leer asentamientos escritos puntuales en algunos momentos de sus exposiciones, bien sea de los testimonios rendidos o de las citas jurisprudenciales que invocaban en el caso de la Dra. Biasotti y todo ello, evidentemente con el solo afán de ser precisos.
En consecuencia postulo no hacer lugar a la nulificación pretendida (art. 201 del C. P. P. “a contrario sensu”).
A la misma primera cuestión el Dr Torti expreso:, por los mismos fundamentos a los que adhiere y con iguales citas legales, vota en el mismo sentido. A la misma cuestión el Dr. Castañares dijo: que por los mismos fundamentos y citas legales vota en igual sentido.
A la segunda cuestión el Dr. Rodríguez dijo:
La prueba del debate Se inició la prueba personal del debate con los testimonios de los padres de Pablo Sebastián Alcorta: Emilia Eva Vasallo y Rubén Orlando Alcorta.
La Sra. Vasallo recordó que aquella tarde su hijo había estado en la casa familiar, tenían un bautismo, él salió y al rato la llama su hermana diciéndole que Pablo había robado el peaje y tenía que llevar la partida de nacimiento a la comisaría. Así fue y ya a la entrada vio una moto llena de sangre, entregó la partida y le preguntaban a cada rato si era menor. No le aclaraban nada y recién a la noche el comisario se presentó y les dijo que su hijo no se encontraba detenido alli sino que estaba en el Hospital Posadas porque había recibido el disparo de un arma de fuego en la cabeza.
Ya en el hospital la médica le dice que la bala le había atravesado el cráneo y le había destruido los nervios ópticos quedando ciego.
Luego no pudo contener el llanto y, al reanudar su testimonio, al ser preguntada por las partes contó que estaba casada con Rubén Alcorta, que ella había ejercido diversos trabajos en su vida y que “Pali”, así le decían a su hijo Pablo, trabajaba además de estudiar, siendo que con su esposo tenían otros cuatro hijos. Así es que, a resultas del disparo, Pablo estuvo internado siete meses, en un momento le dieron el alta, contó, y cuando iba a comenzar un tratamiento psiquiátrico, le comenzó a salir líquido blanco (encefalorraquídeo) por la nariz, por lo que fue nuevamente internado a los 17 o 18 días. Allí, el 26 o 27 de julio, al tiempo entró en coma, hasta que el 6 de diciembre falleció con muchas complicaciones. Todo ello en el año 2013.
Rubén Orlando Alcorta, el padre de Pablo, en su testimonio contó también lo que habían padecido en la comisaría aquella noche, cuando no se les daba información sobre lo que había ocurrido con su hijo y los policías se les burlaban, todo ello en tanto uno alto, con casco, entraba y salía mientras cebaba mate. Ahí finalmente se enteró que su hijo había recibido un impacto de bala y que ya estaba hospitalizado, por lo que se fueron en el auto, tan conmocionado que casi choca y que ahora ni se acuerda del auto que tenía en ese momento, de lo mal que estaba. Él es encargado de un edificio y recordó que su hijo en ocasiones trabajaba con él.
La internación de su hijo, dijo, fue de unos siete meses refiriendo lo difícil que fue para ellos toda esa etapa.
También describió lo que habían tenido que luchar para llegar a esta instancia quejándose de alguna funcionaria judicial del Ministerio Público.
Seguidamente declaró testimonialmente en videoconferencia por la plataforma “Microsoft Teams” Ariel Hernán Calascibetta, que dijo que en aquella ocasión, era la tardecita, estaba anocheciendo y estaba medio lluvioso, cuando en la Colectora de la autopista del Oeste del lado que va hacia la Avenida Vergara (J. M. de Rosas), estaba él con su moto hablando con una persona en la esquina. La suya era una motocicleta Yamaha de alta cilindrada, y sobre ella estaba, parado, cuando lo interceptan estos dos sujetos armados, le apuntan y le intiman que les entregue la moto. Expuso que uno se puso de cada lado, así que pudo verles las armas, describió que una era una pistola, la que tenía el que estaba frente a él y la otra no la vio bien porque el individuo que la llevaba estaba detrás suyo.
Así es que se baja y cuando se empiezan a ir con la motocicleta, se les para, a unos metros, menos de cincuenta metros, frente a la garita del peaje. En ese momento ve que el policía, que al parecer estaba atento a la situación, se identifica y les da la voz de “alto policía”, con voz fuerte, ante lo cual los delincuentes le apuntan y se escucha un intercambio de disparos, no supo decir cuántos, ya que él se alejó y se puso a resguardo haciendo unos metros hacia la esquina.
Luego, aclaró que no podía afirmar si hubo disparos de los lados. Dijo que calcula que sí por los diferentes sonidos de las detonaciones, pero solo podía afirmar que alcanzó a oír disparos y a ver que, seguidamente, la moto se caía y fue en ese preciso momento que se puso a resguardo, así que a partir de ahí no vio más. Con quien estaba conversando antes se llama Mónica, respondió al fiscal. Luego de esto vino un móvil, se hicieron las pericias y se fueron a la seccional.
El testigo Gabriel Alejandro Murillo fue trasladado bajo custodia penitenciaria y explicó que actualmente se encontraba cumpliendo una condena por robo de siete años y seis meses de prisión.
Este testigo primeramente expuso que ese día iba por la colectora de la autopista con Pablo Alcorta cuando se subieron arriba de una motocicleta, le dijeron al hombre que se baje y ahí escucharon unos disparos.
Luego fue aclarando que llevaban un arma, no pudo recordar qué arma, pero que la tenía Pablo y así es como le dijeron al hombre de la moto que se baje. Seguidamente Pablo se subió a manejar la motocicleta y él quedó atrás. Él no tenía ningún arma en sus manos, afirmó.
Expuso que, de ese modo, con la moto habían alcanzado a andar un metro o metro y medio (textual), quedando a unos metros de la cabina de peaje, cuando escuchó tres o cuatro disparos y habrá sido el segundo de ellos que le dio en la cabeza a Pablo, se cayeron de la moto y Pablo cayó encima de él y ahí le vio el impacto que tenía en la frente.
Finalmente dijo que llegó un policía que venía del peaje, ante lo que dedujo que era el que había disparado desde allí y luego llegó un móvil policial. Preguntado si Pablo hizo un ademán de disparar, dijo que no, que tenía las dos manos en el volante y que él tampoco, ya que estaba sentado atrás y abrazado a su amigo. Interrogado por el arma dijo que no sabe qué hizo Pablo con ella.
Luego de Murillo pidió declarar el procesado Tolaba.
Expresó que para aquel entonces era Sargento de la Policía Buenos Aires 2, en la Estación Morón y hacía un tiempo años que estaba afectado al peaje de la colectora, eran las 7 de la tarde, había lloviznado ese día, llovía y paraba, y a raíz de eso y como la garita estaba rota, estaba en la cabina de peaje, cuando en un momento la empleada escucha que dice “no, no son amigos, están robando”.
Entonces, el otro empleado, que estaba allí mirando por la ventana hacia la colectora le dice, “poli, están robando y tienen armas”. Allí es que mira, desde adentro de la cabina, por la ventana y observa que, en la esquina de la colectora y la calle Húsares, a unos 15 o 20 metros había un hombre en una moto con dos muchachos, uno el que estaba declarando antes (Murillo), apuntándole cada uno con un arma de fuego al de la moto. Ante eso salió de la cabina y fue a la garita y luego hasta el alambrado colocándose tras una columna de material finita que sostenía el alambrado, desde donde ve que uno de los dos armados se sube a la moto, tratándola de arrancar y como que no podía, en tanto el otro quedó al lado del de la moto que ya se había bajado, al que le pedía y le exigía cosas. Hasta allí él veía los ademanes pero no los escuchaba hablar.
En ese momento el que había pasado a declarar antes que él, Murillo dijo, le sacó al de la motocicleta un bolso, siendo en ese momento que oyó que decía “documentos” y ahí ve que le apunta al damnificado con el arma de fuego. Seguidamente, siguió expresando el imputado, el que estaba en la moto le gritó “vení que hay un policía” (estaba uniformado), ante lo cual este, el segundo (por Murillo) corrió y se subió en la parte de atrás de la moto, pero en el trayecto apuntándole a él en todo momento subiendo y bajando el arma.
Ante eso él hizo lo mismo, ya había sacado su arma provista, Bersa Thunder, y les apuntaba y les dio la voz de alto y que se tiren al piso, “puteada va y puteada viene, de los dos lados”. Les dio la voz de alto cinco o seis veces. El que estaba arriba de la moto al volante, adelante, ya había hecho tres o cuatro intentos hasta que la moto no hizo más ruidos, entonces, con una mano en la moto, con la otra tomó el arma y empezó a apuntarle.
Ahí se dio cuenta que detrás de él, en la dirección en que le apuntaba, quedaban los empleados del peaje y más atrás había vehículos transitando, con lo cual también corrían riesgo si tiraban en su dirección.
En ese instante, el que estaba en la moto, en la parte de adelante, siguió relatando, le dijo al otro “tirale, tirale”, mientras tomaba bien la posición como para dispararle, ante lo cual él le hizo dos disparos, viendo que se caía y se caía la moto, luego de lo que Murillo, que estaba atrás fue y agarró el revólver que tenía. Ante eso le apuntó y le dijo “Soltá el arma porque te pongo” entonces Murillo, con el arma en la palma, hizo como que se la presentaba y se le fue acercando, quedando cara a cara, a unos dos metros, siempre él detrás del alambrado, mientras le respondía “pará, no me disparés”. Pero de improviso volvió hacia atrás, nuevamente corriendo, cruzando la colectora y tiró el revólver para una casa.
Mientras tanto el que estaba caído en el piso decía “No veo, no veo” y se agarraba los ojos, ante lo que Murillo fue hacía él agarrándolo y dejándolo sentado, escuchando cuando le decía al herido “te voló la bocha”. En ese momento, Murillo se percata que la pistola también había quedado ahí, ante lo cual él hizo un ruido con su arma con el percutor, como para que se percate que estaba atento y que podía volver a disparar, es ahí que ve que se agacha, toma la pistola y la arroja, aunque con menos fuerza.
Siguió refiriendo el imputado que, cuando vio que estaban los dos desarmados, corrió los 50 metros del alambrado y dio la vuelta para agarrarlos. Mientras daba la vuelta notó que Murillo miraba hacia las cabinas, como buscándolo a él, que estaba más allá volteando el alambrado, pero al darse cuenta que había dado la vuelta y ya se acercaba, soltó a su compañero, que cayó y se golpeó contra el cordón y corrió por Húsares. Él lo siguió y lo alcanzó y le hizo una traba que lo hizo caer, reduciéndolo y trayéndolo de vuelta junto al otro sujeto.
Seguidamente les dijo a los del peaje que llamen a una ambulancia y al móvil y luego él también llamó al 911, informando lo que había ocurrido. En ese momento el que estaba en el piso herido lloraba, por lo que Murillo le decía “ya fue, ya fue, nos cabió”, respondiéndole el otro “si, pero a mi me pegaron un tiro”.
A poco fue que vino un móvil, al que le explicó lo que había pasado y luego una ambulancia, llegó rápido, donde cargaron al herido, en tanto a él lo llevaron a la dependencia policial.
A preguntas del apoderado de los particulares damnificados por el protocolo policial, respondió que en ese momento pensó que lo mejor era que roben la moto y que se vayan y luego pedir refuerzos, ya que eran dos personas armadas, un ciudadano solo y gente en el peaje y la autopista. Pero por lo dicho tuvo que intervenir. Preguntado por el representante porqué no llamó al 911 y porqué no hizo un disparo de advertencia, dijo el imputado que en esos casos hay que hacer cesar la agresión, no se hacen disparos de advertencia sino estaríamos todos como loquitos tirando disparos. “Yo pensé que me iban a matar, sino me mataban a mi mataban a alguien, por eso yo disparo... las dos armas estaban dirigidas a mi persona…no pensé en tirar a la cabeza”. No podía sacar el teléfono para hacer un llamado en esos momentos. Interrogado sobre su instrucción dijo que hacían una práctica de tiro por año, en las que solo hacían cinco disparos y hubo años en que no hicieron nada. El testigo Gastón Emilio Ponce, empleado de la empresa de peaje, contó que “estaba de breck” (descanso) en la cabina 2 del peaje que da a la colectora de la Autopista del Oeste mientras su compañera estaba cobrando, la que ve que dos personas se acercan al chico de la moto como para robarle, entonces le avisa al policía, diciéndole “me parece que están robando”. Allí el policía sale de la cabina y ve a las dos personas arriba de la moto, lo cual ve, a través del vidrio de la ventana de la cabina, observando que las dos personas le apuntaban al policía luego de lo cual escucha que les gritaba “alto policía” unas dos veces y luego escucha dos disparos. Cuando escucharon el alto policía se resguardaron para el lado de la caja para protegerse así que no vieron quién disparaba, únicamente oyó los disparos “estábamos medio escondidos”.
La moto había empezado a circular por colectora, unos metros y estaba a unos treinta metros de la cabina.
A continuación llamaron por teléfono para dar aviso, pero su compañera quedó en la cabina, él fue a la oficina siendo que en ese momento ya estaba el policía del lado de la colectora con las dos personas detenidas, una parada al lado de la moto y el otro en el piso con sangre. Todo fue en pocos segundos, fue una cosa rápida, aclaró.
El dueño de la moto y una chica, podría ser una vecina aventuró, dijo que se fueron por la calle dando vuelta la esquina y luego volvieron.
La vecina a la que aludía efectivamente resultó ser la siguiente testigo Mónica Chávez, quien narró cómo fue que aquella tarde había estado momentos antes sobre la colectora de la autopista hablando con Ariel Calascibetta, ella se iba caminando y estaba como a una cuadra, cuando escucha que gritan “dame, dame todo lo que tengas, las llaves de la moto…”. Ante ello giró viendo que dos individuos se le habían aproximado, él estaba en su moto y tenía las manos en alto, y le apuntaban con un arma de fuego.
Allí ve que Calascibetta les da unas llaves, ellos se suben a la moto y en ese momento escucha “alto policía”, ante lo cual el que iba atrás como acompañante gira y apunta con el arma. Ahí escucha un disparo. Habrán pasado un par de segundos. Su amigo quedó parado ahí y le hizo señas como de ándate. Luego la alcanzó y le dijo que iba a tener que ir a declarar.
Aclaró que al policía no lo vio, solo escuchó el “alto policía”, fue después que supo que había un policía en el peaje.
El funcionario policial que habría arribado luego, Carlos Javier D’Ángelo no pudo recordar el hecho, solo que concurrió a la colectora de la autopista ante un llamado porque robaron una moto o quisieron robar una moto. Eso lo recordó por Tolaba que algunas veces fue compañero suyo en el móvil, como chofer, aunque habrán salido unas 3 veces.
Se disculpó por la falta de recuerdos explicando que su hijo estaba internado y a su mujer la habían robado.
Otra empleada del peaje resultó ser Sandra Verónica Vera que expuso que estaba trabajando y había entrado a la cabina “hacerle el breck” (reemplazo) a su compañero, cuando ve por la ventanilla que en la colectora dos personas parecían estar hablando con uno que estaba sobre una moto. Pero tenían una actitud de aproximarse con el cuerpo, por lo que dijo a su compañero, Gastón Ponce y al policía Tolaba, que estaban ahí atrás tomando mate, “me parece que están robando”. Hasta que uno de los chicos saca un arma y se la muestra al señor, ahí si les dijo “están robando al señor” ante lo cual salió primero el policía y su compañero atrás.
Refirió que el policía salió y no recuerda qué dijo, pero dijo algo y algo después recuerda que ambos ya estaban arriba de la moto ya cayéndose. No recordó haber oído disparos pero dijo que en aquel momento, cuando declaró anteriormente, se acordaba más.
Aclaró la testigo Vera que en unos segundos pasó todo, pero como venían autos y estaba trabajando cobrando en la cabina y con el teléfono tratando de avisar, la realidad es que hay momentos en que tiene lagunas y lo que recuerda es eso. Fue muy traumático. Ocurrió hace nueve años agregó y fue como a las seis de la tarde, por eso también inicialmente le llamó la atención que los tres estuvieran ahí, amigos no eran.
Se le dio lectura a su declaración donde declaró haber visto dos armas y haber oído dos disparos (fs. 40) y dijo que hoy solo recuerda un arma pero, si en aquel momento dijo que había dos armas y escuchó dos disparos es que fue así, aunque de ello no se acuerda actualmente.
El que, recordó Vera, tenía el arma, tenía puesto algo rojo, una campera precisó después, y estaba situado enfrente del hombre de la moto y a unos metros justo frente a la ventanilla de la cabina del peaje donde ella estaba, en la esquina. En el medio solo hay un alambrado aseguró.
La testigo reconoció sus firmas en las actas de fs. 1/3, 8 vta y 40 vta.. En testimonio, por videoconferencia, declaró Ítalo De Rose, quien dijo que para esa época vivía allí, en la calle Pedro Benoit 683 de Villa S. Tesei, al lado de lo que había sido el abasto del municipio de Hurlingham y así su vivienda queda frente al peaje de la autopista, donde estaba esa tarde, o tardecita, cuando la policía le tocó timbre pidiéndole ingresar. Los policías, dijo, buscaban un arma y una hora después de haber ingresado la encontraron y se retiraron. Hasta los techos subieron recordó. Eran de la policía científica, vestidos con guardapolvo blanco, viendo que uno de ellos la agarró con un palito, no la agarró con la mano respondió al fiscal, y en la pared había dejado una marca, se había saltado el revoque de la pared medianera donde había golpeado. Expuso también a preguntas que era un arma chiquita y que inmediatamente la metieron en una bolsita.
La distancia de su vivienda hasta la colectora sería de unos 20 o 25 metros, aclaró.
Ello encaja con lo detallado en el acta de fs. 1/3 (más allá del nombre de la calle).
También declararon testimonialmente los peritos de la Gendarmería Nacional Balbina de Jesús Cristaldo (perito en criminalística) y Javier Darío Cruz (perito planimétrico) loa que confeccionaron el peritaje de fs. 448/482, en base al examen balístico de las tres armas de fuego incautadas y de lo declarado “in situ” por el imputado y tomando en consideración también lo que surge de las testimoniales vertidas en la I. P. P., de todo lo cual, dijeron, se labró un plano a escala y se obtuvieron fotografías de algunas secuencias. A preguntas de la Fiscal, señaló la perito que, con los elementos que le fueron aportados, no es posible establecer el ángulo desde el que se efectuó el disparo.
Según los exámenes y prácticas realizadas allí, el arma secuestrada al oficial Tolaba se trata de una pistola semiautomática marca Bersa, modelo “Thunder 9”, calibre 9x19 mm numeración 13-630480 con su cargador y 15 cartuchos que presentaba óxido en toda su superficie en ese momento (fotografía de fs. 458) y, por ende, no apta para el disparo; otra era una pistola también marca Bersa, modelo “223 DA”, calibre .22 LR con identificación numérica suprimida, sin cargador ni cartuchos pero apta para el disparo y, finalmente, un revólver marca Pasper, modelo “Bagual”, calibre .22 corto, numeración 247781 sin cartuchos, no apto para producir disparos. Cruz dijo haber recibido las indicaciones de la Alférez Cristaldo quien señaló que había concurrido al lugar junto con un equipo de criminalística y el fotógrafo, además del anterior.
A preguntas finales de la defensa a la Alférez Cristaldo, afirmó que las declaraciones del imputado coincidían con las distintas ubicaciones de los diferentes elementos descriptos, como, por ejemplo, la cabina de peaje y el vehículo, existía correlatividad entre lo declarado por testigos e imputado y lo observado en el lugar. La perito médica de la Asesoría Pericial Departamental, Dra. Analía Schepis, se expidió respecto del peritaje que hizo sobre la historia clínica del occiso e incorporado como instrucción suplementaria a fs. 916/922, explicando que la herida sufrida durante el hecho era un nexo causal indirecto o mediato porque mediaron circunstancias para que no fuera la causa directa, ya que hubo intercurrencias, patologías o complicaciones, a partir de que, luego de un mes aproximadamente después de recibir el disparo, tuvo una fístula que causó pérdidas de líquido encefalorraquídeo a consecuencia del mismo.
Ello, conforme surge de la historia clínica incorporada, dijo la perito, es lo que motivó su internación hospitalaria donde sufrió neumonías y complicaciones infecciosas que determinaron una sepsis pulmonar, que fue en definitiva la causa del fallecimiento.
María Belén Vasallo, tía de la víctima, contó quien era “Pali”, un adolescente sensible, solidario, al que le gustaba dibujar y jugar al fútbol como defensor.
“Era amoroso” y así es que lo eligió como padrino de su hijo dijo muy emocionada.
También, además de estudiar, contó que Pablo trabajaba en una fábrica y en ocasiones lo ayudaba al papá, que es encargado de un edificio en Palermo, a pintar departamentos.
La valoración de la prueba Las declaraciones anteriores resultaron todas verosímiles, a excepción claro está de la de Murillo, cuando inicialmente describió que se subieron a la moto ajena sin ninguna violencia y luego pretendió que el único de los dos que estaba armado era Alcorta y que no sabe qué hizo con el arma de fuego, que evidentemente y sin ninguna duda, conforme De Rose y Nuperi no era una sino que eran dos armas de fuego, que no estaban antes dentro de sus respectivas viviendas donde fueran halladas esa noche, pero que además de ninguna manera su compañero estaba en condiciones de arrojar, caído y herido de bala, como él mismo dijo.
En el mismo sentido, no solo Tolaba habló de que ambos asaltantes estaban armados, también el dueño de la motocicleta, el testigo Calascibetta, sostuvo que los dos le apuntaban a él, intimidándolo, pero que ante la voz de alto policía, le apuntaron al uniformado.
Dicho de otro modo, Tolaba y Calascibetta estan en lo cierto, eran dos armas de fuego las que usaban los asaltantes, una Murillo y la otra Alcorta, con lo que Murillo mintió.
Los pocos segundos que, según los testigos, transcurrieron entre la intimación policial y la respuesta de los dos que le apuntaron, no hace inviable ni inverosímil la defensa legítima, como tanto enfatizaron los letrados representantes de los particulares damnificados. Es evidente que solo se trataba de mover el brazo para apuntar la dirección del cañón de las armas hacia la humanidad de Tolaba conforme él contó, y para ello alcanza menos de un segundo para crear el riesgo. Para más, las declaraciones de los testigos no fueron cuestionadas por la parte, las tomó por creíbles todas.
Solo discutieron algunos aspectos de lo dicho por Tolaba al que trataron de mendaz, pero, tal como lo vio la perito en criminalística en el mismo lugar de los hechos, los testigos, todos directos, coincidieron con él en los aspectos más centrales. Y, tal como puede verse arriba, los recuerdos del imputado están llenos de detalles que nadie pudo recordar pero que son verosímiles, como lo que decían Alcorta y Murillo después de sus disparos, y muchos otros que encajan con lo que expusieron la víctima y su amiga y los empleados del peaje, incluso con algunos fragmentos de lo dicho por Murillo y, desde ya, con los lugares donde se encontraron las dos armas según De Rose y Nuperi (por lectura) que le viera arrojar. Así la testigo Vera que advirtió al policía el intento de robo desde un inicio y que, pese a alguna lagunas mnémicas, recordó bien cuanto menos a uno de los asaltantes armado, sin descartar como cierto cuando en la I. P. P. afirmó que vio a los dos con armas, rememorando también que Tolaba cuando salió de la cabina dijo algo, seguramente la advertencia disuasiva.
Del mismo modo su compañero en el peaje Ponce, cuando observó a los dos desde la moto que le apuntaban al policía ante lo cual Tolaba les grita “alto policía” unas dos veces y luego se escuchan los dos disparos.
En consecuencia, producido un complejo probatorio ninguna duda puede caber que el imputado ante el alerta de la empleada del peaje, advirtió el robo en curso con dos sujetos armados a los que esgrimiendo su pistola reglamentaria, les dio la correspondiente voz de alto disuasiva, recibiendo como respuesta que, en vez de deponer ellos su actitud, le apuntaron amenazándolo con sus armas de fuego, ante lo cual disparó dos veces hacia donde estaban impactando un proyectil en el cráneo de Pablo Alcorta, que cayó al asfalto y con él la moto que trataban de llevarse. En la posición en que estaba el imputado, analizado esto “ex ante” (“ex ante” porque es pacífica la doctrina que señala que es con los elementos con que cuenta el imputado en el momento, y no con lo que se sabe luego, que se debe analizar la agresión ilegítima y la necesidad de la respuesta) no era exigible otro intento de disuasión más, la voz de alto para que se detengan, según los dichos del imputado y de los testigos había sido denegada en los hechos y ambos asaltantes amenazaban atentar contra su vida con armas de fuego que lo encañonaban, también poniendo en riesgo a empleados y eventuales usuarios de la autopista, tal como lo dijo. Así es que no hay otra interpretación posible de que la agresión ilícita del art. 34 incs. 6° y 7° ya estaba desarrollada y requería inmediata respuesta física que hiciera cejarla y no era otra, en ese momento, que el uso del arma de modo que la conjugara eficazmente tal como lo hizo.
No puede hoy, “ex post” y desprendiéndose de las características y la premura del momento, aventurar que quizás podrían aplicarse otros remedios efectivos al que encañona y amenaza disparar y que entonces no hubo necesidad racional del medio (art. 34 inc. 6° b) del Código Penal).
En ese sentido Luzón Peña en “Aspectos esenciales de la legítima defensa (IBdF 2002 pág. 544) expone que “Así pues, es esencial la necesidad de defensa en abstracto, que se da si la agresión crea un riesgo y el bien jurídico no está ya protegido y seguro y, por tanto, es preciso que alguien -es indiferente quien sea: el agredido o terceros- haga algo, sea lo que sea, para impedir que ese riesgo se realice.
Por ello es equivocado vincular la cuestión de la "subsidiariedad" (es decir, la pretensión de admitir la legítima defensa sólo si no cabe huir, esquivar, o acudir a la autoridad, o incluso a terceros) con la necesidad de defensa, afirmando que si es posible huir, esquivar, acudir a la autoridad o a terceros en vez de actuar por sí mismo contra el agresor, no hay necesidad de defensa; y ello es incorrecto, porque lo que en esos casos se podrá discutir es si el medio concreto empleado es o no necesario cuando caben esas otras posibilidades, pero necesidad genérica de defensa existe desde el momento en que el bien jurídico no está protegido ante el riesgo y, por tanto, hay que usar algún medio-propio o ajeno- de protección. Todo esto prescindiendo ahora de que, como veremos, la posibilidad de fuga no excluye la necesidad del medio y la posibilidad de actuación estatal sólo la excluiría en algunos casos. El que, sin embargo, algunos hayan podido pensar que en los casos de "subsidiariedad" no hay necesidad de defensa alguna, se debe al hecho de confundir tal necesidad de defensa con necesidad de una legítima defensa que justifique actos penalmente típicos: si ambos conceptos fueran idénticos, entonces claro que no habría necesidad de defensa cuando fuera posible recurrir a procedimientos absolutamente no lesivos y atípicos (por ejemplo, fuga o esquivar). Ahora bien, aun que la eximente evidentemente está ahí para amparar actos en principio típicos, el concepto genérico de defensa es mucho más amplio incluye cualquier procedimiento, típico o atípico (desde la perspectiva del tipo positivo), que sirva para protegerse de la agresión. Como afirma hace mucho tiempo la doctrina alemana…”.
Ninguna duda entonces que, en ese momento y en ese lugar, el imputado, como estaba encañonado por dos armas de fuego a pocos metros de distancia, luego de haber conminado a cesar el robo, o sea de intentar otro modo disuasivo, era víctima de una amenaza mortal con riesgo para sí y para terceros, agresión ilegítima que no había provocado, en el sentido del art. 34 incs. 6 y 7 y que era imperioso conjugar del modo en que lo hizo con su arma reglamentaria provista.
El hecho de que luego se comprobara durante la investigación que las armas de fuego estaban descargadas y una no era apta para el disparo solo cambia la ubicación legal de la eximente, porque el imputado no tuvo posibilidad de saberlo en el momento y entonces se trata de un error de prohibición sobre la causa de justificación. Error invencible claramente que se sitúa en el art. 34 inc. 1º entre las causas de inculpabilidad.
Y nítidamente, por lo ya dicho, se dan los supuestos de procedencia que obraban en el conocimiento del agente.
En ese orden “Para que la defensa putativa pueda invocarse como excluyente de responsabilidad penal, es preciso que medien tres recaudos similares a los exigidos para la actuación en legítima defensa: a) creencia razonable de que hay una agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la supuesta agresión y, c) falta de provocación suficiente por parte del que cree defenderse 3.- A los efectos de invocar la defensa putativa como excluyente de responsabilidad, la creencia de que hay una agresión ilegítima, no es razonada cuando es determinada por un error culpable, no esencial y vencible, de que el autor será atacado”, así se da en el caso (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sala 6 C. A. B. A., Boletín Interno 1981 5-6-1981).
También “en esta ocasión más propiamente nos hallaríamos ante un supuesto de “legítima defensa putativa”, ya que el acto defensivo se produjo como consecuencia de la errónea creencia de que el fallecido había iniciado un ataque con arma de fuego, lo que en realidad no era así, y, por tanto, esa situación nos remitiría más cabalmente a las previsiones del inciso 2 del artículo 14.3 del Código Penal (error de prohibición vencible), cuya consecuencia punitiva es la misma, rebaja de la pena en uno o dos grados, que la correspondiente a la eximente incompleta apreciada por el Tribunal a quo (STS, 2.ª, 26-II-2010, rec. 1709/2009).
“El invencible error de prohibición tiene, en general, el efecto de eliminar toda posibilidad de reproche al autor del injusto. ...Consecuentemente, cuando de errores invencibles se trate, la regla será que impedirán la comprensión del carácter antijurídico penalmente relevante del injusto y, por lo tanto, eliminarán la posibilidad de reproche” (Zaffaroni- Baigún “Código Penal y normas complementarias”, Editorial Hammurabi, Tomo 1 pág. 561).
En esas circunstancias, el accionar del imputado claramente se desarrolló dentro de las previsiones de la normativa legal (esos son de alguna manera los protocolos existentes a los que aludió sin precisar la querella) y de los límites que fija el sistema constitucional conforme la C. I D. H. para el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
En efecto, el art. 13 de la Ley 13.482 establece que el personal policial deberá: … f) Ejercer la fuerza física o coacción directa en función del resguardo de la seguridad pública solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia u otros medios de persuasión empleados por el funcionario policial, se persista en el incumplimiento de la Ley o en la inconducta grave y utilizar la fuerza en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del infractor y siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar. g) Cuando el empleo de la fuerza y de armas de fuego sean inevitables, identificarse como funcionarios policiales y dar una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza o armas de fuego, con tiempo suficiente como para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia pusiera indebidamente en peligro al funcionario policial, se creara un riesgo cierto para la vida de otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. i) Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese peligro, debiendo obrarse de modo de reducir al mínimo los daños a terceros ajenos a la situación. Cuando exista riesgo de afectar la vida humana o su integridad, el policía debe anteponer la preservación de ese bien jurídico al éxito de la actuación o la preservación del bien jurídico propiedad”.
En forma concordante la C. I. D. H. viene señalando los parámetros a los que debe ajustarse el uso legítimo de la fuerza estatal en casos como el presente, sin que pueda advertirse un apartamiento de dichas consideraciones. Así expresó reiteradamente que “El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el Tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control” (“Montero Aranguren y otros Vs. Venezuela”, 5/7/2006 y “Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador” del 4/7/2007). Esas condiciones excepcionales están previstas actualmente en nuestro derecho interno, como se viera, y resultan visibles en la prueba de los hechos tal como se rindiera ante nosotros.
Algo más que es importante acotar: Durante el debate fue notorio entre el público y en la ruidosa muchedumbre agolpada en el acceso al edificio, un reclamo condenatorio con descalificaciones y otras expresiones que denotaban un gran apasionamiento, emociones y pareceres que, en parte recogieron los particulares damnificados, con un discurso que reclamó la necesidad de un fallo ejemplarizante frente a otros casos de homicidios cometidos por miembros de fuerzas de seguridad en el pasado.
Sin embargo es preciso establecer claramente que "... todas las garantías institucionales, que fortalecen la imparcialidad se fundan en la dificil posición social del juez, quien muchas veces debe tomar decisiones que no son populares. Al contrario, podríamos sostener el principio contrario: si la relación entre hechos objetivos, emociones y creencias (que en términos generales constituyen nuestras "convicciones") se ha desbalanceado hacia los aspectos emocionales o de puras creencias indemostrables o supersticiones, y mucho más aún si ese desbalance es buscado y provocado por los poderosos de turno (elites o elites y mayorías), entonces, con mayor razón, la justicia penal debe fortalecer su adhesión al principio de verdad (y a los hechos objetivos) porque la historia del abuso del poder penal está fuertemente vinculado a lo largo de la historia a la manipulación de las emociones sociales. y no hay nada que ponga más en peligro a los ciudadanos que una justicia penal se guía por el "clamor popular o la alarma social". La búsqueda republicana de la legitimidad social para la justicia penal se construye, precisamente, en que ella no se deje arrastrar por estas viejas y nuevas formas de demagogia, finalmente ligadas a formas autoritarias de poder. Si se instala en un momento dado la posverdad, como duda generalizada sobre el valor de la verdad, la justicia penal deberá ser un reducto anticultural, donde la verdad del hecho se sostenga con mayor fuerza aún, por más que ello haga más difícil o impopular el trabajo de los jueces." (Binder, Alberto, Derecho Procesal Penal, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires 2021, Tomo V, pág 218). Por lo expuesto, probado el hecho y la autoría, como también la causal de inculpabilidad citada, corresponde absolver líbremente y sin costas al imputado. Rigen los arts. 210 y 371 incisos 1, 2 y 3 del C. P. P..
A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Torti dijo:
Primero Ante todo, anticipo mi adhesión a los argumentos del señor juez que encabeza la redacción de este pronunciamiento; comparto los impecables e implacables conclusiones a las que arriba sobre la base de hechos cuya descripción ha sido minuciosa y absolutamente ajustada a una acreditación que se observa con una solidez inquebrantable.
De igual modo, adhiero a la subsunción legal que propone y en la que encaja –sin margen de duda alguna- la conducta funcional desarrollada en la ocasión por el ahora juzgado.
Solo he de referir algunas otras consideraciones que estimo necesarias en cuanto fueron explicitadas en la deliberación y que contribuyen a abundar el análisis crítico de este caso, en cuya solución y decisión concordamos unánimemente, en el entendimiento que el aquí juzgado está exento de responsabilidad penal por haberse desempeñado funcionalmente desde el amparo no sólo de los deberes legales a los que estaba obligado, sino de los que prevé la sustantividad penal en el art. 34, incs. 1°, 4°, 6° y 7° que combinadamente, en su concepción y alcances, son aplicables para la solución de este caso.
En su alegato final el Ministerio Público Fiscal desistió de acusar al imputado por el delito por el que venía citado a juicio en el entendimiento que, en el ejercicio de los deberes y obligaciones inherentes a su condición de policía, obró funcionalmente bajo el amparo de la legítima defensa propia y de terceros (art. 34, inc. 6°, del CP). Justificó su criterio tras el desarrollo de convincentes y razonables argumentos, sustentados en la prueba desahogada.
Ello es así, porque, en definitiva, el disponente de la acción penal pública ha decidido desistir de la acusación ejerciendo su poder dispositivo sobre el contenido sustancial del proceso, donde está obligado a actuar con criterios de objetividad (art. 73 de la Ley 14.442), y, en este sentido, la postulación en el caso sub-judice se ajusta a ese principio dogmático-legal, que constituye “una regla de actuación que supone la búsqueda de la verdad material y el simultáneo cumplimiento de las reglas formales […] pues en tal empeño no subyacen intereses subjetivos” (C. E. Pettoruti, “Ley Orgánica del Ministerio Público […] Comentada”, pp. 89-90, Scotti Editora, 2001). La normativa provincial se incardina al orden público internacional, ya desde el año 1990, las directrices de la ONU sobre el papel de los fiscales, indican que estos “a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole; b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debidamente en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso” (Regla 13.a y 13.b, de las Directrices sobre la Función de los Fiscales, aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana –Cuba- del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990).
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que “Los Estados partes pueden organizar su sistema procesal penal, así como la función, estructura o ubicación institucional del Ministerio Público a cargo de la persecución penal, considerando sus necesidades y condiciones particulares, siempre que cumplan con los propósitos y obligaciones determinadas en la Convención Americana […] Por su parte, la Corte destaca que el principio de legalidad de la función pública, que gobierna la actuación de los funcionarios del Ministerio Público, obliga a que su labor en el ejercicio de sus cargos se realice con fundamentos normativos definidos en la Constitución y las leyes. De tal modo, los fiscales deben velar por la correcta aplicación del derecho y la búsqueda de la verdad de los hechos sucedidos, actuando con profesionalismo, buena fe, lealtad procesal, considerando tanto elementos que permitan acreditar el delito y la participación del imputado en dicho acto, como también los que puedan excluir o atenuar la responsabilidad penal del imputado” (Caso Tristán Donoso vs. Panamá, sentencia de 27 de enero de 2009 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C N° 193, párrs. 164y 165). Resumiendo, la actuación del Ministerio Público está despojada de intereses individuales, personales y subjetivos, o incluso meramente retributivos, por lo que deberá investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; asimismo, deberá formular los requerimientos e instancias conforme a ese criterio, aun en favor del imputado, como ha ocurrido en el sub-examine.
La posición adoptada por el acusador público se ajusta estrictamente a los hechos verificados, tomando en cuenta, preponderantemente, de toda la evidencia que suministra el complejo probatorio de índole personal a partir de lo declarado por el acusado Diego Ariel Tolaba y de la corroboración periférica independiente de Ariel Hernán Calascibetta, Gabriel Alejandro Murillo, Gastón Emilio Ponce, Mónica Chávez y Sandra Verónica Vera. No hubo más prueba que esta con relación al hecho por el que resultara muerto Pablo Alcorta.
Segundo En este punto, debe recordarse la memorable frase que tornó para la perpetuidad de la historia argentina, el entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos Fayt, al decir “los hechos son sagrados pero el comentario es libre”, poniendo exquisito punto final a una polémica del momento. El respetado juez recordó en esa oportunidad esta frase que se vinculaba a un verdadero manifiesto de la libertad de expresión y que fuera utilizada al celebrarse el centenario del diario “The Guardian”, en 1921, por parte de su editor Charles Prestwich Scott, al redactar un artículo conmemorativo de cuyo contenido perdura el valor de la frase: “Comment is free, but facts are sacred”.
Ahora, tomando en cuenta el significado de dicha frase y parafraseándola en su conexión con el ámbito jurisdiccional, cierto es que los hechos preservan esa sacralidad y que los comentarios sobre los mismos también pueden ser libres, pero esas circunstancias fácticas no pueden torcerse ni desviarse desde lo discursivo o mediante argumentaciones que no resulten de una derivación objetiva y seriamente fundada en alguna de las pruebas que afirman sobre la existencia de tales hechos. Por lo cual, debe enfatizarse que no bastan las alegaciones que únicamente se sostienen en la inventiva retórica, desajustada y desapegada, de la evidencia que suministra la prueba.
La presunción de inocencia con la que llega el acusado al juicio, no consiente esos ensayos de voluntarismo sesgados, además, por concepciones ideológicas que la judicatura tiene vedada para cuestionar la indemnidad de la regla de presunción de inocencia.
Frente a lo declarado por el incuso ha de recordarse que el momento paradigmático de la intervención del imputado se da con el acto conocido como declaración del imputado, momento procesal en el que nada se indaga (según la nomenclatura inquisitiva, como se denominaba en otros tiempos), sino que se posibilita que la persona perseguida de su versión de los hechos, los niegue, los desconozca o se abstenga de declarar.
En el debate el acusado brindó la versión de los hechos que protagonizó. En este punto, se ha de ser enfático, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que: "[a] la luz de estos principios, resulta decisivo que el juez, aún frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia seriamente, esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional puede ser vista, en sustancia, como el reverso de la garantía de imparcialidad del tribunal" (Fallos: 339:1493).
Al comentarse este último fallo, se ha sostenido que: “Primeramente, se impone señalar que no es cuestionable que un juez descrea del relato de descargo del imputado frente a pruebas objetivas que conduzcan a cuestionar su verosimilitud. De otro modo, sería suficiente para el imputado ensayar cualquier argumento de defensa para lograr su impunidad. Lo que la Corte señala con justeza es que el juez debe mantener ab initio una posición "neutral" acerca de dicho relato, es decir, considerar que éste puede ser cierto y, a partir de éste, aunarlo con la prueba existente en el caso. En palabras sencillas: "tomarse en serio" la versión de los hechos expuesta en palabras por el imputado. Este equilibrio que se le exige al tribunal para mantener indemne su imparcialidad es difícil de controlar en la práctica, ya que permanece en el fuero íntimo del juzgador. Sin embargo, constitucionalmente el órgano jurisdiccional en el momento de valorar esos dichos debe exteriorizar sus razones; de otro modo, esa decisión no sería válida. Ello es propio de la obligación del juez de fundar sus resoluciones por mandato legal y constitucional” (R. P. Lanzón, “El principio in dubio pro reo y la valoración del descargo del imputado en el proceso penal […]”, DPyC 2017 (julio), 30).
Recientemente, ha sido recordada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la posición que siempre ha de adoptar la judicatura frente a las declaraciones de los imputados, como surge de “CSJ 4490/2015/RH1 González, Jorge Enrique s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 43.787 y 43.793”, sentencia del 8 de octubre de 2020.
Debe puntualizarse que son guías de observación permanente para el análisis del comportamiento penalmente relevante, la afirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a que “la reconstrucción de hechos acaecidos en el pasado que lleva adelante el juez penal en sus sentencias no se produce en idénticas condiciones a las que rodean la actividad de un historiador. Pues, a diferencia de lo que sucede en el campo de la historia frente a hipótesis de hechos contrapuestas, en el derecho procesal penal el in dubio pro reo y la prohibición de “non liquet” (arg. Fallos: 278:188) imponen un tratamiento diferente de tales alternativas, a partir del cual, en definitiva, el juez tiene impuesto inclinarse por la alternativa fáctica que resulta más favorable al imputado” (CSJN, Fallos 339:1493 y 342:1827).
No se puede en ningún caso vaciar de contenido el principio “in dubio pro reo” (art. 18 de la CN; art. 1 del CPP) que es un corolario del “favor rei” frente al criterio opuesto, esto es, “in dubio contra reum”.
En esta línea de pensamiento, ha señalado “[q]ue la valoración de los hechos o circunstancias fácticas alcanzadas por el in dubio pro reo incluye también los elementos subjetivos del tipo penal, cuya averiguación y reconstrucción resulta imprescindible para aplicar la ley penal. La falta de certeza sobre estos últimos también debe computarse a favor del imputado” (Fallos 329:6019. Si la Corte no estableció cuál es la interpretación obligatoria, sí expresa cual no puede ser una interpretación constitucionalmente admisible).
Ello es así porque el punto de partida es la presunción de inocencia y no la hipótesis de la acusación (CSJN, Fallos: 213:269; 287:212; 329:5628 y 6019; 339:1493, entre otros).
Es menester recalcar que el imputado no tiene la carga de probar la disculpa, aunque no aparezca probable o sincera, pues no destruida con certeza la probabilidad de un hecho impeditivo de la condena o de la pena, se impone su absolución. También que la falta de certeza sobre la inexistencia de los presupuestos de una causa de justificación, de culpabilidad o de impunidad posible, según el caso, conduce a su afirmación (CSJN, Fallos 324:4039 por remisión al dictamen de la Procuración General; dicha doctrina fue reiterada luego, mutatis mutandi, en Fallos: 329:6019).
Con arreglo a tales estándares, corresponderá siempre a la acusación la tarea de acreditar que se reúnen todos los extremos legales requeridos para la imposición de una sanción penal, no sólo aquellos vinculados con la acreditación de los elementos objetivos y subjetivos de un tipo penal en particular, y del grado de participación en él, sino también los relativos a la ausencia de causas de justificación, inculpabilidad u otras que posibiliten concluir en la impunidad de la conducta atribuida.
Tomando en cuenta, tales parámetros, el Ministerio Público Fiscal abordó el extremo subjetivo y entendió que de consuno con los hechos verificados, el imputado había ejercido las obligaciones impuestas por su condición de policía con arreglo a la legítima defensa propia y de terceros, todo ello durante el marco y dinámica de su intervención funcional ante la existencia de un delito de robo con armas de fuego en tránsito.
El representante de la sociedad, no descreyó de las manifestaciones del acusado, porque se correspondían con todo el complejo probatorio desahogado en el debate. En otras palabras, consideró que esas expresiones no quedaron desvirtuadas por el conjunto de probanzas recabadas, sino plenamente confirmadas.
Sin embargo, distinto es el criterio de la acusación privada que, desatendiéndose por parcialización o fragmentación del contexto probado, insiste con una persecución que no se sostiene en ninguna de las pruebas rendidas, construyendo una hipótesis acusatoria que proviene de argumentos especulativos que no poseen mayor fundamento.
Para la recta aplicación de la ley no se demandan discursos como los pronunciados; tampoco contribuyen al equilibrio del orden y la convivencia social ínsito en una decisión jurisdiccional, ni a la paz individual proyectada en la tranquilidad de espíritu de quienes han quedado devastados por tamaño suceso y que están expectantes de la solución del caso.
Y en esto se debe hacer hincapié pues como se establece en instrumentos que provienen del sistema institucional de la O.N.U., que posibilitan universalizar reglas de la función judicial a los cuales someterse con las garantías propias de los valores a que hace mención la resolución ECOSOC 2006/23 (“Código de Bangalore sobre conducta judicial de 2001”, de conformidad a la Resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social de la O.N.U., complementario de los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura” según Resoluciones 40/32 y 40/146 de la Asamblea General de las Naciones Unidas), en el ejercicio de la función judicial el juez ha de partir de su valoración de los hechos y en virtud de una comprensión consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón; y esa independencia es en relación con la sociedad en general y en relación con particulares, de manera de desempeñarnos sin sospecha alguna en el papel de defensores del constitucionalismo y del principio de legalidad (ver Principios de Bangalore, Valor 1 Principios 1.1 y 1.2).
Nos motivamos y adoptamos la decisión con estricto apego a toda la prueba producida y con plena imparcialidad, independencia y convicción, esto es, con la adquisición de la certeza razonada que se invoca y que se requiere en este pronunciamiento final, lo cual alude –definitivamente- a que ha quedado excluído por completo todo temor de confrontarnos a una verdad contradictoria.
Tercero Dicho esto, existen dos criterios principales en relación con la determinación de la situación de justificación: “ex post” y “ex ante” (M. B. Vázquez, “¿Desde qué perspectiva se debe determinar la presencia de una causa de justificación?” La Ley Sup. Penal 2021 (julio), p. 15 y LA LEY 2021-D).
El primero sostiene que tal verificación debe realizarse ex post, esto es, que se deben considerar todos los datos que se han obtenido con posterioridad al acontecimiento de los hechos. Desde la visión de los hechos según lo entiende el particular damnificado, esta verificación ex post importaría considerar que los agresores portaban armas de fuego que estaban descargadas en lugar de armas realmente en condiciones de ser utilizadas, tal como creía el imputado al momento de ejercer su defensa. Esto supondría que ninguno de los agresores podría dispararle para atacarlo, por lo cual, decaen las circunstancias de justificación puntualizadas. Por su parte, el otro criterio entiende que dicha evaluación debe realizarse ex ante, desde una perspectiva objetiva, con los conocimientos que poseía el autor a la hora de defenderse. Según este criterio, si desde el punto de vista objetivo ex ante era razonable actuar como actuó el autor, habrá obrado amparado en la causa de justificación, incluso cuando posteriormente se conozcan aquellos datos que descarten la imposibilidad de que se hubiese en puesto en peligro la vida para sí o terceros por las condiciones en las que se encontraban las armas de fuego de los agresores.
Entre ambos criterios hay quienes sostienen que si bien, como regla general, se debe determinar empleando un criterio ex post la presencia de los requisitos de las causas de justificación, la intensidad o inminencia de la agresión ilegítima a la que se reacciona debe ser comprobada desde un criterio ex ante a fines de dimensionar la razonabilidad del medio empleado (J. E. de la Fuente, "Legítima defensa o error: determinación 'ex ante' o 'ex post' de la situación de justificación", Rubinzal Culzoni Editores, RC D 553/2013).
El criterio “ex ante” postula que la determinación de los elementos objetivos de toda causa de justificación debe efectuarse al momento en que se toma la decisión de actuar, ponderando lo que era razonable suponer, conforme las circunstancias concretas de modo, tiempo y lugar en que ello ocurre, y, conforme la evaluación que haría un tercero observador -objetivo e imparcial, el juez- al momento del hecho (“El juicio de requeribilidad se funda, por tanto, en una serie de prognosis que tienen que ser efectuadas ex antes, referidas al instante de la decisión […] una vez pronunciado un juicio ex antes de exclusión del ilícito, o de antijuridicidad, este juicio ha de permanecer invariado, cualquiera que sea, en definitiva, la verdadera situación” ver M. A. Sancinetti, “Teoría del Delito y Disvalor de Acción. Una investigación sobre las consecuencias prácticas de un concepto personal del ilícito circunscripto al disvalor de la acción”, pp. 533-535; Ed. Hammurabi, 1991).
Así, se sostiene que para determinar si, por ejemplo, se ha configurado o no una agresión ilegítima, se deben meritar las circunstancias concretas ante las que se encontraba el sujeto en el momento, que sufrió la presunta agresión (“una vez que el sujeto está siendo objeto de una agresión no se le puede pedir que actúe con la frialdad de quien examina el hecho ex post, sino que hay que atender a las circunstancias particulares en que se desenvuelve el hecho […] este argumento se puede aplicar exactamente igual a la situación de quien cree ser objeto de agresión ilegítima.” F. Molina Fernández, “Antijuridicidad Penal y Sistema del Delito”, p. 400, J. M. Bosch Editor S.A., 2001).
Basta, para considerar configurado el elemento objetivo, que la persona hubiese creído que éste existía de forma plenamente racional y fundada; no pudiéndose exigir que, en las extremas circunstancias en que se halla, compruebe pausada y tranquilamente todos los datos objetivos que avalan esa creencia antes de proceder a defenderse (F. Muñoz Conde, “¿Legítima Defensa Putativa? Un Caso Límite entre Justificación y Exculpación”, en: “Fundamentos de un Sistema Europeo del Derecho Penal. Libro-Homenaje a Claus Roxin”, p. 192, J. M. Bosch Editor S.A., 1995).
El criterio reseñado es un “criterio objetivo estándar de lo razonable” (F. Muñoz Conde, ob cit, p. 194), constituye un “deber de examen” (M. A. Sancinetti, ob. cit.; p. 576 y ss) frente a un “[j]uicio de un tercero observador sensato” (C. Roxin, “Derecho Penal”, Parte General, tomo I “Fundamentos. La estructura de la teoría del delito”, p. 631, traducción de la 2º edición alemana y notas D. M. Luzón Peña, M. Díaz y García Conlledo, y J. De Vicente Remesal; Ed. Civitas S.A; 1997). En la casuística, adoptar uno u otro criterio acerca de la determinación de los presupuestos de la causa de justificación será determinante a fin de arribar a diferentes soluciones, en muchos casos hasta contrapuestas.
Sin embargo, tal como prenotó el colega del primer voto, la decisión a la que arribamos en este fallo resulta acertada principalmente en cuanto a la determinación “ex ante” de la situación de justificación en la que se encontraba el imputado durante el ejercicio de su actividad funcional reprimiendo el delito flagrante. La adopción de este criterio significa colocarse en la situación vivenciada por quien ejerciendo sus obligaciones legales como policía y en su defensa frente a una agresión ilegítima, violenta e intempestiva, se decidió y actuó inmerso en ese contexto para repeler la agresión por la que, desde su perspectiva, corría riesgo su vida y la de terceros; y lo hizo con el único medio que tenía a su alcance y que guarda racionalidad y proporcionalidad con los medios a los que se enfrentaba.
De seguirse un criterio ex post como el que propone el acusador privado, implicaría, realizar un análisis con datos con los que el autor no cuenta al momento del hecho, viéndose inmerso en una situación de suma tensión en la que, pese a ello, debe actuar dentro de lo que la ley le habilita. Considero que aplicar un criterio de análisis ex post se aleja de la razón de ser del instituto de la legítima defensa. Cuarto Y para así determinarnos recurriendo a un análisis “ex ante” también es imprescindible que interprete la preceptiva convencional, nacional y provincial vinculada a la materia, pues debe hacerse inexcusable referencia al marco legal que comprende a la actividad de la función policial y el uso de la fuerza y de las armas de fuego por los agentes estatales. Luego, se hará también relación de las exigencias que provienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia tan sensible y crítica.
Asimismo, conviene puntualizar cuál es el enmarcado jurídico adecuado para la solución del caso, recurriendo a las enseñanzas del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba (S. N° 183, “Aguirre”, del 6-VIII-2010, cuando entendió que “[d]e manera preliminar y para una eficiente comprensión de la decisión […] debe recordarse la diferencia que existe entre el ejercicio legítimo de un cargo y el cumplimiento de un deber como causas de justificación reguladas en el inc. 4° del art. 34 del CP”.
Y dijo que “la diferencia entre uno y otro caso es la que va entre las obligaciones impuestas al individuo en atención a circunstancias particulares y las facultades y obligaciones inherentes a un cargo público. Se actúa en cumplimiento de un deber jurídico, según el concepto del artículo 34, inciso 4º, cuando la ley –en su amplio sentido de regla jurídica- le impone a un individuo, expresa o implícitamente, la obligación de actuar o de omitir de una manera que es formalmente delictiva; la obligación impuesta al testigo de decir la verdad de lo que se supiere, aunque su dicho lesione el honor ajeno; la obligación impuesta al profesional de guardar secreto, aunque formalmente incurra en la omisión de prestar testimonio castigada por el artículo 243 del Código Penal” (citó a R. C. Núñez, “Tratado de Derecho Penal Argentino”, tomo I, pp. 400-401, Ed. B.A.,1959)”.
Expresó que “Consecuentemente […] “Es legal la obligación impuesta directamente por la ley en el sentido amplio, de constitución, ley, reglamento u ordenanza, no quedan comprendidos los deberes derivados de una convención particular o de un cargo público.... Se trata siempre de un conflicto entre dos obligaciones legales, en el cual, frente a la ley prohibitiva general que representa el tipo delictivo, prevalece la ley autoritativa especial, de igual o superior jerarquía constitucional que aquélla” (íd. cita de R. C. Núñez, “Manual de Derecho Penal”, tomo I, p. 171, Ed. Lerner, Córdoba, 2009, 5º ed. actualizada por R. Spinka). Y que “el ejercicio legítimo de un cargo implica “el ejercicio del propio poder de decisión o ejecución correspondiente a un cargo público”. “El ejercicio del cargo debe ser legítimo. La legitimidad supone la legalidad del título en cuya virtud el autor desempeña el cargo y la legalidad de su ejercicio en el caso concreto. Lo primero requiere que la autoridad no haya sido usurpada (C.P. 246). El ejercicio es legal si el autor obra en materia de su competencia y no lo hace con abuso de autoridad (C.P., 248 y 251), ni con exceso en la acción, sea en el modo o en la medida de su ejercicio” (cita la última obra, p. 174).
Desde esta perspectiva el ejercicio funcional del funcionario policial debe ser examinado a la luz de las causales de justificación por el cumplimiento de la ley o ejercicio de un cargo, pues dicho accionar se cumple dentro de un marco normativo legal específico que asigna deberes, derechos y obligaciones al efectivo. Por lo demás, la intervención policial ante la comisión de un ilícito no está sometida a la discrecionalidad espontanea del funcionario policial, pues al hacer uso de la fuerza cumple una labor que ha sido previsiblemente regulada a través de las normas específicas que establecen los alcances del poder estatal de policía.
Por su parte, la doctrina señala que: “dada su profesionalidad, se le exige una más ajustada valoración ex ante de la necesidad de la defensa, pues se supone que dispone de los conocimientos, entrenamiento y medios técnicos para hacer una aplicación más fina y precisa de la violencia: no se trata de un ámbito menor de intervención sino de una más estricta economía de la violencia” (E. R. Zaffaroni, A. Alagia y A. Slokar, “Derecho Penal”, Parte General, p. 616, Ed. Ediar, 2002). Siguiendo esta línea de pensamiento es claro que el imputado actuó conforme a las obligaciones inherentes a su cargo público, más precisamente al cargo policial que legítimamente detentaba. Y esto no es un detalle menor, porque su condición de policía lo coloca, necesariamente, en un plano normativo distinto al de un particular en tanto el Estado, para el correcto uso de la fuerza pública, reglamenta su actuación. Por tal razón la conducta del imputado ha de ser analizada desde esa óptica, siendo que la justificación final que le asiste derivó del cumplimiento de un deber que encuentra su génesis en la ley. De allí que, en materia tan delicada, la regularidad en el ejercicio del cargo debe ser analizada ponderando las pautas resultantes de toda la normativa aplicable, tal como se señaló más arriba.
De fuente internacional, el primero es el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la ONU en la resolución 34/169 del 17 de septiembre de 1979, en el inciso “c” de su artículo 3°, donde también se considera su uso como una medida extrema), cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas (art. 3º, inc. “c”, segunda idea). La segunda, relativa a los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, fue adoptado por el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, con las mismas pautas que la anterior.
Establece en su disposición nº 5, que: ‘Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas.
En efecto, la norma ordena que los funcionarios policiales no emplearán sus armas de fuego contra las personas: “salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dicho objetivos. En cualquier caso, sólo podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida” (Disposiciones Especiales N° 9 de los “Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”)
Por otra parte, el marco legal no se agota con la normativa referida sino que, además, aparece regulada la actuación de las fuerzas de seguridad en el ámbito provincial, con las Leyes 13.982 -Ley para el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, en todos sus Subescalafones- y el decreto reglamentario nº 1050/09, que consigna que quienes se desempeñan en la función tienen estado policial permanente (art. 2 íd. ley y art. 31 íd. dec.). De igual modo la Ley 13.482 -Ley de unificación de las normas de organización de las Policías de la provincia de Buenos Aires-.
Dentro de esa realidad deben desplegar todo su esfuerzo y adoptar las medidas necesarias y suficientes con el fin principal de impedir, evitar, obstaculizar, neutralizar, hacer cesar o contrarrestar en forma inmediata los hechos que, dadas las circunstancias, pudieran resultar delictivos y proteger a la comunidad actuando responsable y razonablemente para preservar la seguridad pública, utilizando cuando sea necesario el poder coercitivo que la ley y los reglamentos autoricen (art. 13, incs. “a” y “f” de la Ley 13.482; art. 11, inc. “e” de la Ley 13.982).
Así, el art. 13 de la Ley 13.482 define que, en el desempeño de sus funciones el personal policial deberá adecuar su conducta a los siguientes principios básicos de actuación, entre otros: “a) Desplegar todo su esfuerzo con el fin principal de prevenir el delito y proteger a la comunidad actuando acorde al grado de responsabilidad y ética profesional que su función exige para preservar la situación de seguridad pública y las garantías constitucionales de los requeridos por su intervención […] c) […] Toda intervención en los derechos de los requeridos por su accionar debe ser moderada, gradual y necesaria para evitar un mal mayor a bienes o derechos propios o de terceros, o para reestablecer la situación de seguridad pública […] f) Ejercer la fuerza física o coacción directa en función del resguardo de la seguridad pública solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia u otros medios de persuasión empleados por el funcionario policial, se persista en el incumplimiento de la Ley o en la inconducta grave y utilizar la fuerza en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del infractor y siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar. g) Cuando el empleo de la fuerza y de armas de fuego sean inevitables, identificarse como funcionarios policiales y dar una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza o armas de fuego, con tiempo suficiente como para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia pusiera indebidamente en peligro al funcionario policial, se creara un riesgo cierto para la vida de otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. i) Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese peligro, debiendo obrarse de modo de reducir al mínimo los daños a terceros ajenos a la situación. Cuando exista riesgo de afectar la vida humana o su integridad, el policía debe anteponer la preservación de ese bien jurídico al éxito de la actuación o la preservación del bien jurídico propiedad”.
Por su parte el art. 11 de la Ley 13.982, establece, entre otros, los siguientes deberes: “b) Portar el arma reglamentaria y los demás elementos provistos por la Institución durante la prestación del servicio, excepto cuando por razones especiales sea relevado de este deber […] e) Intervenir para evitar la comisión de delitos y detener a sus autores, siempre que se encuentre en servicio. Si voluntariamente interviniere encontrándose fuera de servicio, los actos que realice para cumplir el cometido indicado en este inciso y sus consecuencias, serán considerados a todos los efectos como actos de servicio […] o) Conocer los preceptos establecidos en el Código de Conducta Ética para los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, aprobado por la resolución 34/169 de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo texto se agrega como Anexo y forma parte integrante de la presente Ley, como así también toda otra norma que de similar o superior jerarquía se dicte sobre la materia. Los textos completos de estos instrumentos deberán estar disponibles en todas las dependencias policiales. Los superiores jerárquicos constatarán el conocimiento por parte de los funcionarios policiales a su cargo”.
Así, en el art. 208 del decreto reglamentario 1.059/2009, se estatuye que “Son faltas graves de competencia originaria de la Auditoría General de Asuntos Internos a) Agredir física o psicológicamente a un particular, cuando de ello se deriven cualquier tipo de lesión, severidad o vejación, en exceso de la legítima defensa y de la fuerza mínima indispensable para la contención de una agresión del que el personal policial o un tercero sea víctima. b) Incumplir con alguna de las pautas generales o especiales dispuestas en el “Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” (Resolución Nº 34/169, Anexo 34 U.N. GAOR Supp. (No.46.186 ONU Dec A/34/46-179)”.
Coinciden las disposiciones acerca de la restricción que se establece respecto al uso del arma, permitiéndolo sólo ante un supuesto de legítima defensa propia o de terceros, o la comisión de un delito que entrañe un peligro para la vida (art. 13, inc. “i”, de la Ley 13.482; y, a nivel internacional, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la ONU en la resolución 34/169 del 17 de septiembre de 1979, en el inciso “c” de su artículo 3°, donde también se considera su uso como una medida extrema; y arts. 4 y 5 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley, referidos a la utilización de la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto).
A su vez, para la fuerza provincial local se exige, de forma previa a su empleo, identificarse como funcionario policial y dar una clara advertencia de su intención de usar la fuerza o el arma, con tiempo suficiente como para que se tome en cuenta (art. 13, inc. “g”, de la Ley 13.482).
Diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un valor preponderante frente a la recta apreciación de hechos como el que se juzga. Es así como deben destacarse: Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C N° 150; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C N° 166; Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. sentencia de 24 de octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C N° 250; Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela. Sentencia de 27 de agosto de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C N° 281; “Caso García Ibarra y otros vs. Ecuador”, Sentencia de 17 de noviembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C N° 306, los que estructuran un esquema para la aplicación del uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios estatales.
Es así, como el máximo órgano de justicia del sistema interamericano, partiendo de la concepción de que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos, los Estados tienen la obligación legal de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo (Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, párrs. 63 y 64; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador , párr. 79; Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, párr. 122).
En consecuencia, se demanda que “[d]e manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción (Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, párr. 66; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, párr. 79; en idéntico sentido Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C N° 160, párr. 238 y Caso Servellón García y otros Vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 102).
Y en esta vigilancia estadual sobre los cuerpos de seguridad, la Corte IDH, puntualiza que “El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el Tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control” (Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, párr. 67 y Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, párr. 83).
Asimismo, reconoce el órgano máximo del continente americano que se “reconoce la existencia de la facultad, e incluso, la obligación del Estado de garantizar la seguridad y mantener el orden público” (Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, párr. 70).
El uso de la fuerza letal y de las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas se guía por el uso excepcional que “deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler” (Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, párr. 68 y Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, párr. 84).
Concuerdan los fallos de la CorteIDH que los instrumentos originados por el sistema institucional de la O.N.U., como lo son el “Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” -Resolución Nº 34/169, Anexo 34 U.N. GAOR Supp. (No.46.186 ONU Dec A/34/46-179-” y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes, La Habana, Cuba, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990, conforman documentos específicos sobre la materia del uso de las armas de fuego, tomándose en consideración que ), las armas de fuego podrán usarse excepcionalmente en caso de “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida” (Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, párr. 69; Caso García Ibarra y otros vs. Ecuador, párr. 112; Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, párr. 84 y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, párr. 131).
Sobre esa base, como fue sostenido por la CorteIDH se “analizará el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado tomando en cuenta tres momentos fundamentales: a) las acciones preventivas; b) las acciones concomitantes a los hechos, y c) las acciones posteriores a los hechos (Caso Nadege Dorzema Vs. República Dominicana, párr. 78; Caso García Ibarra y otros vs. Ecuador, párr. 109 y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, párr. 124, en todos ellos con citas de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza, supra, Principios No. 5, 6, 7, 11 inciso f), 22 y 23, y Código de conducta, supra, artículos 1 a 8). Con arreglo a ese contenido de los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, la CorteIDH, demanda que “En caso de que resultare imperioso el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de la finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad” (Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, párr. 85; Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, párr. 131 y Caso Nadege Dorzema vs. República Dominicana, párr. 85).
La Corte IDH define los conceptos de finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad, con los siguientes alcances: “Finalidad legítima: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo”. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido lo cual implica un equilibrio entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir, y, con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda (Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), párrs. 67 a 68; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, párr. 85; Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, párr. 85; Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, párr. 134 con citas de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza, supra, Principios N° 1, 4, 5, 7, 8, 9 y 11). También puntualiza que “Es imperante que, con el objetivo de evitar confusión e inseguridad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identifiquen como tales y den una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego en todo momento; sobre todo cuando se encuentran realizando operativos y, en especial, en situaciones que por su naturaleza pongan en peligro los derechos fundamentales de las personas (Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, párr. 135, en la nota señala En los supuestos señalados en el Principio No. 9, se considera que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán identificarse como tales y advertirán, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta dicha advertencia, de manera clara su intención de hacer uso de armas de fuego, siempre que ello no pusiera indebidamente en peligro a dichos, no creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. Cfr. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza, supra, Principio No. 9).
El complejo entramado normativo que antecede fija una pauta en la materia de la cual no es posible apartarnos: su estado policial lo obligaba a intervenir cuando conoció el delito de robo con armas de fuego que estaba en flagrante comisión; pues el estar en ejercicio de ese estado policial, comprende el desempeño efectivo y excluyente de las tareas de prevención, investigación, disuasión y/o uso efectivo de la fuerza.
No podía mostrarse indiferente. Debía neutralizar el riesgo que implicaba el comportamiento de los dos ejecutores y evitar que escaparan; esa era su prioridad. Esto fue lo que lo llevó a identificarse como policía, dar la voz de alto recién cuando los dos complotados del robo armado en procura de asegurar su consumación e impunidad lo apuntaron con las armas de fuego que llevaban consigo, disparar el arma reglamentaria en dos oportunidades.
En otras palabras, cumpliendo el policía el mandato impuesto por la ley, utilizó el arma de fuego, obligado por ese contexto, sin que ello signifique haber sobrepasado las facultades y restricción sobre el uso de armas de fuego en su carácter de agente estatal, todo ello en el marco de su intervención legítimamente soportada, absolutamente necesaria frente a los peligros que provocaron los detractores y proporcionada a los medios letales con los que le habían apuntado, utilizando para repelerlos un medio de igual naturaleza, todo ello observado con arreglo al principio de que la evaluación sobre el uso de la fuerza y del arma de fuego por el policía lo hizo ponderando todas las circunstancias y el contexto con el que se enfrentaba en situación crítica.
Quinto Presentado el marco de análisis “ex ante” desde la perspectiva de un funcionario policial obligado a ejecutar los deberes inherentes a su cargo y la preceptiva que regula su actividad, resta señalar en el contexto de acción en el que se desempeñó qué otras características también componen el campo de examen de su conducta, atendiendo que estuvo inmerso en una situación donde dos personas con armas de fuego ejecutaban un robo a un tercero cuando el policía los advirtió y desplegó su actividad funcional.
En ese trámite los ejecutores del robo armado con sendas armas de fuego, encontrándose flagrante el delito contra la propiedad, lo encañonaron con dichos artefactos, tras la voz de autoridad que les impuso para que cesasen de su comportamiento ilícito.
Al respecto señala Zaffaroni “La voz agresión indica la necesidad de una dirección de la voluntad hacia la producción de una lesión: en castellano agredir es acometer a alguno para matarlo, herirlo o hacerle cualquier daño” (Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia, Alejandro Slokar “Derecho Penal Parte General”, p.591, Ed. EDIAR, 2000).
En este punto es sustancial mencionar que el análisis de la conducta desplegada por los dos menores durante el trance del robo armado en el que estaban involucrados, no debe ser realizado a la luz de la teoría del delito, es decir, basta que la agresión sea ilegítima para dar lugar a la justificación de aquella conducta que la repele.
Así “Debe tenerse en cuenta que la agresión ilegítima no requiere ser típica y que, por lo tanto, no cabe hablar de dolo cuando no hay tipicidad, por lo cual es correcto requerir meramente una voluntad lesiva” (Zaffaroni, Eugenio Raúl y otros, obra citada, p. 591)
A ello se agrega “La acción defensiva puede realizarse mientras exista una situación de defensa que se extiende desde que surge una amenaza inmediata al bien jurídico hasta que ha cesado la actividad lesiva a la posibilidad de retrotraer o neutralizar sus efectos. Si bien la agresión no necesariamente es típica, cuando lo sea no deben identificarse estos momentos con la tentativa y la consumación, porque puede haber legítima defensa contra actos preparatorios y sin que haya acto de tentativa, como también puede haberla después de la consumación. Puede afirmarse que defiende legítimamente su patrimonio el propietario de un automóvil que lo recupera por la fuerza de quien se lo hurtó dos días antes, si lo halla casualmente y no puede acudir a otro medio de recuperarlo … Ello obedece a que la legítima defensa no persigue evitar delitos sino proteger derechos y bienes, siendo obvio que la agresión subsiste cuando a pesar de haber afectado ya bienes jurídicos, una acción contraria puede aún neutralizar en todo o en parte los efectos de la conducta lesiva… Cabe concluir que la legítima defensa es posible desde que el agresor hace manifiesta su voluntad de agredir y tiene a su disposición los medios idóneos para hacerlo, o sea que puede hacerlo en cualquier momento, provocando así un peligro inmediato para los bienes jurídicos.” (Zaffaroni, Eugenio Raúl y otros, obra citada, p. 595). En el caso que nos ocupa, claramente la agresión a la que fue sometido Tolaba era actual y se vio incrementada la violencia de esa agresión con la amenaza inminente e inmediata hacia su vida al advertir su condición de policía tras dar a conocerla mediante la voz de autoridad que les impartió durante del robo con armas de fuego que sendos menores llevaban en curso, realizando ambos la acción de encañonamiento sobre el policía.
Al respecto “Aunque la doctrina requiere la inminencia de la agresión, el texto legal no la demanda expresamente. Es correcto exigirla si con este término se designa el requerimiento de un signo de peligro inmediato para el bien jurídico. Pero no sería correcto identificar la inminencia con la inmediatez en el tiempo cronológico entre agresión y su defensa. La agresión es inminente cuando es susceptible de percibirse como amenaza manifiesta dependiendo su realización sólo de la voluntad del agresor: cuando un sujeto extrae un arma, poco importa que demore dos segundos o una hora en disparar, como tampoco importa el momento en que el agresor decida comenzar a extorsionar, cuando con manifiesta intención se ha provisto subrepticiamente de un instrumento inequívocamente idóneo para hacerlo: la existencia del agredido se ve amenazada desde que el agresor dispone del medio y por ello puede legítimamente privarle de él. En estos casos hay una correcta compresión de la agresión como inminente, aunque no sea inmediata.” (E. R. Zaffaroni y otros, obra citada, p. 595)
El medio empleado por Tolaba para repeler la agresión es racional si se tiene en cuenta que se encontraba frente a dos personas armadas que patentizaban mediante sus acciones aprehensibles visualmente el claro propósito de usarlas contra el policía; ante este cuadro de emergencia en el que debe considerarse el número de dos agresores con igual poder vulnerante al estar dotados de armas de fuego, el agente policial utilizó la propia para defenderse.
En este sentido “En los actos de ataque y defensa puede haber mil diferencias y para apreciarlas bien es preciso remontarse al momento mismo de su perpetración […] No es el peligro, tal como puede existir a los ojos del juez, lo que constituye el estado de legítima defensa, sino el peligro tal como se ha presentado a los ojos de la persona atacada.” (E. A. Donna, “Derecho Penal, Parte General”, tomo III, p. 116, Rubinzal-Culzoni Editores, 2008).
Sobre este punto “La necesidad debe apreciarse, por el juez, ex ante, colocándose en la posición del agredido en el momento en que sea inminente o se inicie la agresión. Debe tener en cuenta, entre otras circunstancias, la rapidez e intensidad del ataque, el carácter inesperado o no del mismo, las características del agresor, los medios que tenía a su alcance el agresor, así como su estado de ánimo.” (J. Cerezo Mir, “Obras Completas. Derecho Penal. Parte General”, tomo I, p. 645, ARA Editores, Perú, 2006).
Se trata de un juicio de razonabilidad adoptado por el funcionario policial que se advierte entonces y ahora en el examen judicial dotado de sostén lógico y técnico del que no puede derivarse un reproche, pues exhibe correlato suficiente con las exactas circunstancias del caso, de manera que la acción del policía evidencia un accionar justo y proporcionado, adecuado a los extremos del art. 34, inciso 6to del Código Penal. Y esa conducta funcional se observa y valora a la luz de las previsiones normativas y reglamentarias de la policía, que no pueden superponerse a la legislación de fondo que regla el obrar justificado en el marco del cumplimiento de su deber.
Al respecto “De esta forma y más allá de las precisiones que se puedan hacer, no hay otra forma de interpretar la legítima defensa, si no es desde la agresión ilegítima y la forma en que el sujeto agredido puede rechazar esa gresión.” (E. A. Donna, obra citada, pp. 201 y ss.).
En este sentido “el que provoca suficientemente crea la situación de necesidad de defensa, lo que no debe identificarse con cualquier situarse en esa necesidad: crear la situación es crear el estado de cosas que lleva a la necesidad.” (E. R. Zaffaroni y otros, obra citada, p. 597).
Ante este cuadro de situación ¿qué debería haber hecho el policía Tolaba?, si como es dable apreciar de los hechos verificados los menores de edad no dieron cuenta de ninguna actividad demostrativa de la intención de ambos de someterse a la voz de autoridad de aquél (recuérdese que el art. 13, inc. “g” de la Ley 13.482 aclara que "cuando el empleo de la fuerza y de armas de fuego sean inevitables", es obligación "dar una clara advertencia de su intención emplear la fuerza o armas de fuego, con tiempo suficiente como para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia pusiera indebidamente en peligro al funcionario policial, se creara un riesgo cierto para la vida de otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso"), sino que, contrariamente manifestaban su voluntad de continuar con el despojo en el que se encontraban –adviértase en este aspecto que el robo tiene una violencia extendida incluso a inmediatamente después de consumado para procurar la impunidad- tal como exhibe la decisión y acción de apuntar con las armas de fuego que portaban al policía quien también tomó la decisión y acción de utilizar su arma reglamentaria.
Así “si la necesidad de obrar en defensa propia, vale decir, si para impedir o repeler la agresión ilegítima a la propia persona, en la necesidad de resistir (v.gr. que la violación no se consume) o en la necesidad de hacer cesar la agresión que se prolonga en el tiempo (v.gr. la privación de libertad), se causa por el acto de defensa la muerte del agresor, ese acto será racional, y entonces, legítimo el comportamiento, la conducta de quien así, impidió la consumación delictiva, que es lo mismo que decir, la salvación del bien protegido, o hizo cesar el delito en su permanencia […] Y esto, desde luego, es racional porque es arreglado a la razón, o razonable” (J. Laje Anaya y C. Laje Ros “Defensa en Legítima Defensa”, p. 52, Ed. Marcos Lerner, 2° Edición, 2000).
La necesidad de defensa se mantuvo incólume hasta que, con los dos disparos practicados, logró hacer cesar la agresión de la que estaba siendo víctima y evitar ni más ni menos el peligro o riesgo existente sobre su propia integridad corporal y la de terceros. Y todo ello ocurrió durante un desarrollo de los hechos donde no pudo dominar, doblegar o controlar de modo seguro a sus atacantes, como para así poder sostener –como lo hace ahora el acusador privado- que se encontraba en condiciones de detener su acción por hallarse ya a salvo el derecho que protegía -su indemnidad física y la de terceros-.
La cuestión se ciñe a determinar si para salvar su vida en el marco de la situación descripta, se encuentra justificado que Tolaba haya matado a uno de sus agresores. La respuesta es afirmativa, pues a criterio de este Tribunal el agredido no contaba con otro medio eficaz para evitar el actual e inminente ataque del que estaba siendo víctima, no olvidemos que sendos menores de edad se encontraban armados y manifestaban su determinación de continuar con el robo armado e incluso de utilizar las armas de fuego contra quien se les oponía para el logro de ese propósito. El incuso patentizó en la ocasión una decisión razonable.
Por lo demás, Tolaba efectuó el número de disparos necesarios para lograr su cometido, defenderse, pues como señala el Defensor no debe soslayarse que contaba con numerosas municiones en su cargador, sin perjuicio del carácter mortal de la lesión infligida a Pablo Alcorta; por lo cual, los dos disparos del policía sin solución de continuidad, implica que no esperó el resultado de su primer disparo para efectuar el segundo, sino que fue uno detrás del otro con la inmediatez que su arma permite y con el objetivo de evitar que se le dispare a él con las armas de fuego con las que se lo apuntaba.
Va de suyo que todo este análisis del suceso que el Tribunal y las partes tienen oportunidad de hacer actualmente no puede hacerse en las mismas condiciones vivenciadas por el acusado, dada la vertiginosidad y rapidez con que los sucesos se desencadenaron, a lo que se suma la violencia de la agresión a la que estaba siendo sometido y lo traumático de esa situación particular a la que se enfrentaba. El estándar de percepción de las circunstancias fácticas y de la evaluación de riesgos y peligros de ese momento por parte de quien está en aquella situación resultan intransferible por pertenecer al ámbito subjetivo del incuso, aunque ahora sean objetivables desde la prueba que se ha obtenido y que coinciden con la que proviene del mismo imputado.
Es por ello que, como juzgadores, colocados en el examen “ex ante” de todo lo acaecido, tomando en cuenta la posibilidad de actuación que en tales circunstancias desplegó Tolaba, ninguna duda cabe que su accionar se encuentra justificado pues no sobrepasó ni quebró los instrumentos internacionales, leyes locales ni reglamentarias regulatorias de su estado y actuación policial, conduciéndose frente a circunstancias por las que quedaba amparado bajo la sustantiva penal (art. 34, incs. 1°, 4°, 6° y 7°, del CP). Y ello es así -sin margen de duda alguna- desde la sana crítica racional conforme un “deber de examen” –Sancinetti, ant. cit.- mediante un “criterio objetivo estándar de lo razonable” –Muñoz Conde, ant. cit.- y con la mirada de “[j]uicio de un tercero observador sensato” –fórmula de Roxin, ant. cit.-, a los que estamos obligados a través de las “pautas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia" (TCP, Sala I, causa 69, del 24/05/1999).
En esta inteligencia, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "las reglas de la sana crítica […] exigen integrar y armonizar debidamente las pruebas producidas, lo cual tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y que constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa" (Fallos 323:3937).
Lo importante no es si el que invoca la defensa estaba en verdadero peligro de perder la vida o de sufrir grave daño –desde una perspectiva analítica ex post-, sino si las circunstancias eran tales que inducían a una persona prudente a creer que su persona estaba expuesta a tal peligro y racionalmente podía así creerlo y tenía suficiente causa para estimarlo, y este es el resultado del análisis “ex ante” que también nos autoriza a concluir que la creencia del acusado en ese momento de crisis fue la de un policía razonable en su situación (todo ello, sin ningún atisbo complaciente, sino con realce de un riguroso patrón de razonabilidad más exigente para evaluar la conducta de miembros de fuerzas de seguridad respecto del que rige para un ciudadano común, atendiendo a las cualidades, entrenamiento, capacitación, conocimiento y deberes propios de los funcionarios policiales).
En esta tesitura, la preceptiva regulatoria de la actividad policial si bien no impone la carga de quitar la vida a ninguna persona, lo cierto es que prevé el "uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese peligro […]" (el art. 13, inc. “i” de la Ley 13.482). Situación ésta en la que se encontraba el funcionario policial, por la que aparece exenta de reproche penal las consecuencias de su respuesta armada (art. 34, incs. 1°, 4°, 7° y 8°, de CP). Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Castañares, refirió: por los mismos fundamentos y con iguales citas legales que sus colegas precedentes vota en el mismo sentido. El pronunciamiento a dictar El Sr. Juez Dr. Rodríguez dijo:
a. Ante la unanimidad alcanzada ha de dictarse pronunciamiento absolutorio. b. Honorarios. Asimismo deben regularse los honorarios profesionales correspondientes a los apoderados de los particulares damnificados, Dres. María del Rosario Fernández y Eduardo Néstor Soares y del letrado defensor Dr. Roberto Zanardi, que, por la calidad, eficacia e importancia de sus trabajos entiendo adecuado fijarlos en la cantidad de sesenta unidades “Jus” para cada uno con más el 10% de ley. Ello conforme lo normado por los arts. 1, 9-I-3-p, 28-e, 33 y 54 de la ley 14.967, 12 inciso “a” de la ley 6716 y 534 del Código Procesal Penal.
c. Decomisar la pistola marca Bersa, modelo “223 DA”, calibre .22 LR con identificación numérica suprimida, sin cargador ni cartuchos y el revólver marca Pasper, modelo “Bagual”, calibre .22 corto, numeración 247781 sin cartuchos y restituir a la Policía Provincial la pistola semiautomática marca Bersa, modelo “Thunder 9”, calibre 9x19 mm numeración 13-630480 con su cargador y 15 cartuchos (arts. 23 y 522 y 523 del C. P. P.).
Los señores jueces Dres. Torti y Castañares, refirieron: En el mismo sentido adherimos en el pronunciamiento a dictar.
En consecuencia, conforme lo normado por las disposiciones legales citadas corresponde y así el Tribunal por unanimidad
TOLABA por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el que fuera acusado.
II. Regular los honorarios profesionales de los Dres. María del Rosario Fernández, Eduardo Néstor Soares y Roberto Zanardi, en la cantidad de sesenta unidades “Jus” para cada uno con más el adicional de ley. III. Decomisar las armas de fuego indicadas, con las que se procederá conforme la reglamentación de la S. C. J. B. A. ya en la Secretaría del Área de Efectos de la Fiscalía General y restituir la restante pistola y municiones a la Policía Provincial.
Regístrese y notifíquese por lectura en la audiencia ya prevista y firme o ejecutoriada que sea, practíquense los cómputos y las comunicaciones respectivas a los órganos registrales.
Fin de la sentencia