Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 4 de San Isidro · Causa 5113
Lo que resolvió el tribunal
I. Condenando a BRIAN EMANUEL MONTENEGRO, titular del DNI N° 38.924.592, de 22 años de edad, estado civil soltero, empleado, argentino, nacido el 7 de junio de 1995 en Pilar, provincia de Buenos Aires, hijo de Ramón Falero y de Dora Esther Montenegro, ocupación o profesión desocupado, estudios cursados primario completo, tiene un hijo de tres años de edad, con último domicilio en la calle Abedul 722, y 3 de Febrero, de la ciudad de Villa Astolfi, partido de Pilar; con prontuario de la policía de la provincia de Buenos Aires nro. 1.458.863 de la sección AP, a la pena de VEINTIDOS AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES y las COSTAS del JUICIO, por haberlo hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, bajo un estado de emoción violenta, en concurso real con desobediencia, hechos cometido el día 21 de febrero del año 2.016, en la vivienda ubicada en la calle 9 de Julio s/n°, entre José María Paz y 20 de Junio, del Barrio Manzone, de Villa Astolfi, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, en perjuicio de quien en vida fuera Débora Natalin DÍAZ.
II. FIRME que se encuentre el presente pronunciamiento, DEBE DISPONERSE EL DECOMISO del instrumento del delito (cuchillo tipo tramontina de pequeñas dimensiones), en los términos del art. 23 del Código Penal.
III. COMUNICAR el presente al Juzgado de Familia nro. 1 del Distrito de Pilar, en función del expediente PL 10540-15, a sus efectos. …
CAUSA Nº 5113 “MONTENEGRO, Brian Emanuel S/ Homicidio agravado por el vínculo y por haberse perpetrado mediando violencia de género, y desobediencia”
///En la Ciudad de San Isidro, a los Treinta y Un días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº 4 Departamental, Dres. Federico ECKE, Hernán SAN MARTIN y Osvaldo ROSSI, bajo la Presidencia del nombrado en primer término, y actuando como Secretaria la Dra. Paola Soledad García Ferrer, para dictar veredicto, conforme lo dispuesto en el art. 371 del C.P.P. según ley 11.922 y modificatorias, en la causa seguida a Brian Emanuel MONTENEGRO; y practicado el sorteo que rige la ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Dres. SAN MARTIN, ROSSI y ECKE.-
PRIMERA: ¿Está probada la existencia de los hechos en su exteriorización? (art. 371 inc. 1º del C.P.P.)
SEGUNDA: ¿Está probada la participación del procesado en los hechos? (art. 371 inc. 2º del C.P.P.)
TERCERA: ¿Existen eximentes? (art. 371 inc. 3º del C.P.P.)
CUARTA: ¿Existen atenuantes? (art. 371 inc. 4º del C.P.P.)
QUINTA: ¿Concurren agravantes? (art. 371 inc. 5º del C.P.P.)
A la PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Hernán SAN MARTIN, dijo:
Concluida la audiencia de debate, oídas las partes y tras la deliberación efectuada en sesión secreta por los Sres. Jueces de este Tribunal, en los términos del art. 371, párrafo primero del Cód. de Pto. Penal, en el marco legal revelador de las situaciones fácticas que recrean las pruebas incorporadas por su lectura y exhibición, a saber: acta de fs.1/2; precario de fs.5; copia de fs.7 y 8; plano de fs.10; croquis de fs.11; fotografías de fs.12; informe de fs.24/27; copias de fs.29/31; certificado de defunción de fs.88; informe médico de fs.97; copias de fs.104/110; informe de fs.111; actas de fs.113 y 114; CD reservado en secretaria que contiene la diligencia de Cámara Gesell; efecto 327; acta de fs.130; pericia de fs.136/149; transcripción de fs.153/155; copias de fs.169/189; autopsia de fs.194/199; acta de fs.279; pericia de fs.326; actas de fs. 339; fs. 340/41 vta; contenido del CD de fs. 342; pericia de fs.347/349; informe de fs.375/380; informe de fs. 432/442; IPP 14-14-351-16; IPP 14-14-4595-15; IPP 14-14- 2-16; copias del expediente de Familia 1 de Pilar PL 10540-2015 que corre por cuerda; pericia L27763-1 (fs. 449/450), informe psicológico de fs. 507/5012; informe psiquiátrico de fs. 503/505 y vta; a lo que se adunan las declaraciones testimoniales recreadas durante la Audiencia Oral y Pública prestadas, bajo juramento de ley, por: Nélida Susana Díaz; Marisa Susana Díaz; Edith Paola Díaz; Erica Natalia Arana; Victoriano Francisco Britez; Arturo Humberto Otheguy; Oscar Leonardo Rodríguez; Mariela Esther Sánchez; Irma Haydee Villaverde; Gisela Andrea Martínez; Sonia Esther Oettel; Jessica Paola Acuña; Humberto Apolinario Valdez y Gabriel Ezequiel Orellana; se reedita en autos, con prueba legal incontrastable con el soporte valorativo que reseñan los arts. 210 y 373 del Código de Rito, el siguiente hecho:
"El 21 de febrero de 2016, alrededor de las 20:30 hs, un masculino se constituyó en el domicilio de su ex pareja, Débora Natalin Díaz, ubicado en la calle 9 de Julio s/n, entre José María Paz y 20 de Junio, del Barrio Manzone, de la ciudad de Villa Astolfi, partido de Pilar, incumpliendo de esa forma la prohibición de acercamiento -debidamente notificada- dictada por el Juzgado de Familia n°1 de Pilar, el 28 de diciembre de 2015, en el expediente nro. PL-10540-2015. Al ingresar incitó a los hijos menores de quien fuera su compañera (uno de ellos en común), a permanecer en el ambiente contiguo a la habitación en donde se hallada la señora Díaz, facilitándoles su teléfono celular para que se entretuvieran. A solas en el dormitorio, recriminó a la mencionada un supuesto embarazo gestado con un individuo ajeno, tras lo que le asestó al menos seis estocadas con un arma blanca, causándole dos lesiones ubicadas en la región cervical posterior y en la escapular derecha, una en la zona dorsal izquierda, otras en el cuero cabelludo, en el parietal izquierdo, y una en el área submamaria izquierda que ocasionó –ésta última- el inmediato deceso de la misma por afectación del corazón. El ataque a la vida aconteció en un contexto de violencia género que en tres ocasiones había denunciado la víctima, que motivaran el dictado de la medida de prohibición de acercamiento que mantenía vigencia”.
Previo a imbuirme en el análisis de las probanzas que dan crédito a la recreación de la materialidad fáctica, es dable sentar que tal labor habrá de realizarse en concordancia con el principio de libertad probatoria adoptado por nuestro Código de Procedimientos en su art. 209. Ello, a través del sistema de valoración de las libres convicciones o sana crítica racional, establecido en el art. 210 del mismo cuerpo legal, que faculta a los Jueces a meritar libremente las probanzas de acuerdo a su sincera convicción y a las reglas de la lógica, la experiencia, y el sentido común.
Tiene dicho al respecto el Excmo. Tribunal de Casación Penal de nuestra Provincia que: “…Las reglas de la sana crítica que guían al juez en la valoración de las circunstancias fácticas son aquellas pautas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia…” (TCPBA, Sala I, LP 69, RSD-109-99, 24/5/99).
Tal como sostienen los juristas Héctor Granillo Fernández y Gustavo Herbel: “…las exigencias impuestas por el método de la “libre convicción” aumentan el ámbito del control de racionalidad sobre el decisorio judicial, pues las conclusiones de hecho no pueden ser efectuadas en contravención con las exigencias de la sana crítica (principios lógicos, adquisiciones de la ciencia y máximas de la experiencia) desde que ésta representa reglas jurídicas sobre las cuales deben construirse las decisiones para ser reputadas de racionales y, en consecuencia, legítimas desde el punto de vista legal …” (Héctor Granillo Fernández y Gustavo Herbel, “Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Bs. As. Comentado y Anotado”, Ed. La Ley, págs.469 y ssgts.).
Adoctrina el jurisconsulto Julio B. Maier acerca de que libre convicción significa, ante todo, ausencia de reglas abstractas y generales de valoración probatoria, que transformen la decisión o el dictamen en una operación jurídica consistente en verificar las condiciones establecidas por la ley para afirmar o negar un hecho (Julio B. J. Maier, “Derecho Procesal Penal”, T° I –Fundamentos-, Ed. Editores del Puerto, pág. 870). Entonces, la apreciación del valor probatorio de los medios expuestos en el “Sub Examine”, habrá de serlo de manera armónica, teniendo en cuenta el valor convictivo de los elementos en su conjunto, con el objeto de lograr un pronunciamiento que se autoabastezca argumentalmente, otorgando así legitimidad, racionalidad y completitud, a las afirmaciones realizadas en el decisorio.
En esta inteligencia, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “…las reglas de la sana crítica (…) exigen integrar y armonizar debidamente las pruebas producidas, lo cual tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y que constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa” (T. 323:3937).
Con ese Norte, es menester puntualizar como se anidan los distintos elementos conformativos del Facttum narrado.
Fue auditada en primer lugar, Nélida Susana DIAZ, madre de la víctima. Supo por el relato de sus nietos T y M, que el día del hecho su hija se hallaba con sus tres hijos (los dos mencionados, de once y cinco años de edad respectivamente, y K, de un año y cuatro meses de vida) en la cama matrimonial, mientras doblaba la ropa. Llegó su ex pareja (con mucho olor a bebida alcohólica, según le informó su nieto mayor), saludó a los niños y les indicó que fueran a la cocina, pero T se apostó observando el interior de la habitación por un agujero de la pared, avistando al masculino discutiendo con la madre -la puerta del dormitorio estaba asegurada- tras lo cual comenzó a asestarle puñaladas. M. le dijo que vio cómo abrazó a su progenitora y la agredió, mientras ésta imploraba que cese en su actuar. Su nieto intentó defenderla ingresando por la ventana, pero fue golpeado por el agresor en la frente. Tras ello, salió corriendo a buscar a la dicente, al llegar a su morada (situada en la esquina), se emprendió a tomar un machete para proteger a la ascendiente, y le dijo “andá corriendo que Brian está lastimando a mi mamá”, entabló carrera y al llegar encontró a su hija caída, ensangrentada, en la zanja, aún con vida, había salido de la vivienda pero cayó a los tres o cuatro metros, en el referido surco. El atacante ya no estaba.
La declarante no supo con qué la apuñaló, pero posteriormente se enteró que encontraron un cuchillo Tramontina, chiquito.
Consultada sobre la relación que su descendiente mantenía con el agresor, detalló que hacía más de tres años que estaban en pareja. Él no trabajaba, lo hacía su hija en una casa de familia, aquél sólo se desempeñó laboralmente un breve período en una fábrica. Su hija le daba de comer, lo vestía, le compraba los cigarrillos, todo le daba. La deponente no acostumbraba ir a la vivienda a visitarla porque no lo quería ni ver, era un chico que no le gustaba trabajar y siempre tenían problemas, vivieron un tiempo en el fondo de su casa pero los echó porque vio como maltrataba a su hija. Se fueron a habitar una construcción precaria ubicada en el sector trasero del terreno de la madre de aquél. Cuando éste se enojaba con su hija la hacía dormir afuera con los niños, estando embarazada.
Eran habituales las discusiones entre ellos, la dicente le preguntaba a su hija por qué no se separaban si se llevaban tan mal, pero ésta le respondía que lo quería, que era el padre de su hijo. Muchas veces Débora no tenía para comer y la dicente solventaba esa necesidad. Su yerno ignoraba a la declarante, cuando iba a la vivienda buscaba pleitos con su hija para que la deponente se ausentara. En las fiestas del año 2015 se reunieron en su morada pero se retiraron enseguida porque empezaron a discutir, él estaba alcoholizado. Después se enteró que esa misma noche la había golpeado, al día siguiente su hija fue a la casa de la dicente. Hubo denuncias por los episodios de violencia. Varias veces se separaron y reconciliaron. Él regresaba al hogar y ella lo tenía que “aguantar” porque de lo contrario le rompía todo. En una ocasión llevó al bebé -K- a la vivienda materna, intentando impedir el contacto con su hija. Fueron varias las denuncias, aún vigente la medida de restricción, él se presentaba en la heredad, como era una casilla precaria rompía la pared e ingresaba.
A la pareja de su hija todo le caía mal (si el nene comía más o menos), en ocasiones tomaba a T de los brazos para que Débora le pegara. Un día a M se le cayó el vidrio del reflector y se quemó, su yerno en lugar de curarla, le propinó un cachetazo. También se peleó con el hijo menor de la deponente, lo golpeó con una manopla, generándole cuatro agujeros en la cabeza.
Débora le había contado que en una oportunidad, colocándole un cuchillo en su cuello le dijo “te voy a matar”. Cuando comentaba con su hija sobre los casos de violencia de género que veían en los noticieros, le pedía que se cuidara; cuando estaba presente su pareja éste comentaba “eso le pasó por ser puta”. Trataba peor que a un perro a su hija, era una chica joven, cuando se arreglaba él le decía ¿para qué?; no la dejaba salir, siempre estaba en la casa.
Ha visto golpeada a su hija, al respecto ella le aconsejaba que lo dejara, que no tenían buen futuro, que la maltrataba y no quería trabajar. Incluso, cuando a su descendiente los patrones le regalaban ropa él se la sacaba y se las obsequiaba a los sobrinos. Para todo lo que tenía que hacer estaba su hija, en una ocasión tenía que ir a capital a hacerse unos estudios para ingresar a una fábrica, y ella tuvo que dejar de trabajar para acompañarlo.
Su hija regresaba al hogar, tras la jornada laboral, a las 20.30 hs, los niños eran cuidados por Natalia Arana. Se preguntaba ¿cómo hago para que se vaya si aún con restricción perimetral ingresa de todos modos a la vivienda?, se separaban pero debía reconciliarse a pesar de su voluntad contraria.
Interpelada al respecto dijo no conocer a Fabián Carreras, se comentaba que era un policía que se paraba en la puerta de la casa de su hija a custodiar. No supo si su descendiente tenía relación con ese policía. En el marco del interrogatorio de la Dra. Ransenber, la declarante fue invadida por la angustia, exteriorizada en un penoso llanto, por lo que su abogada patrocinante decidió culminar su interrogatorio. Al recuperarse, enfatizó que su yerno consumía marihuana y cocaína, al igual que todo el entorno familiar de ése; las hermanas sabían lo que sucedía.
Finalizó su testimonio informando que sus nietos T y M están bajo su guarda, en tanto el más pequeño, K, reside con una de sus hijas, Marisa Susana Díaz.
Tal como emergiera de la declaración precedente, hubo dos testigos presenciales del evento, los hijos menores de la víctima, ambos declararon bajo el sistema de cámara Gesell.
En primer lugar, T. D., de once años de edad, rememoró que su padrastro asesinó a su madre, quien en ese entonces tenía veintiocho años.
Relató que ése día domingo, cerca de las 20 horas, estaba con sus dos hermanos menores jugando en la habitación, mientras su ascendiente doblaba la ropa en ese lugar. Ingresó la pareja de su progenitora de modo sorpresivo, llevaba en su pierna derecha un cuchillo chiquitito bien filoso, con una cosa negra, les dijo a los niños que se quedaran en el otro ambiente, ingresó al dormitorio, trabó la puerta, decía que “una señora que cree en san la muerte le había dicho que ella estaba embarazada y el hijo no era de él”; dijo “mi santito” y empezó a tirar puñaladas. Primero le asestó una en la espalda, después detrás del hombro izquierdo y otra en el pecho. Él ingresó por la ventana, lo tiró al piso, intentó impactarlo con su puño pero el agresor lo golpeó en la frente y lo arrojó hacia un mueble. Consultado sobre lo que sucedió después dijo “la mató y la dejó ahí tirada”. El atacante huyó por la ventana, su madre salió por la puerta y cayó en la zanja. Los vecinos se acercaron a ayudar.
Aclaró que antes su progenitora era golpeada por aquél, por ello no podía ir a su hogar, no se podía acercar por cinco cuadras; pero regresaba y le pegaba, hasta que retornó y la mató.
Fue todo lo que pudo decir, inmerso en un cuadro de angustia que en un momento de su declaración le impidió seguir con el acto.
M. P., de cinco años, con gran desasosiego enfatizó que el novio de su madre la mató, que tenía un cuchillo y le asestó varias puñaladas, ella estaba ahí, vio todo; con desazón, a pesar de su escasa edad, expuso: “yo se todo, estaba ahí en todo momento, cuando mi mamá se murió, estaba doblando la ropa y pego un grito, gritó más fuerte porque que le acuchilló acá y acá (señalando debajo de sus brazos)”, “la agarró y ´pa´ (levantando el brazo derecho, indicando esa axila) y acá también (apuntando la zona del corazón) y se murió”.
Ahora mi abuela es mi mamá, porque ella se murió, se ocupaba de las cosas del cole, nos ayudaba.
Sonia Esther OETTEL, Licenciada en Psicología, que se desempeña en el Centro de Atención a la Víctima de la Fiscalía General Departamental desde el año 1998, encontrándose asignada a la Fiscalía de violencia de género y trata de San Isidro, colaborando, en ocasiones, con la Fiscalía de Derqui, explicó que en el presente caso se le encomendó evaluar a dos niños que presenciaron el suceso en el que perdiera la vida su madre, para establecer si se hallaban en condiciones de prestar declaración en función de lo normado por el art. 102 bis del Ceremonial.
Detalló que se trataba de dos hermanos, menores, T. D. y M. P., quienes perdieron a la madre de manera traumática, por lo sorpresivo y violento del evento. De acuerdo a las posibilidades de la etapa evolutiva de cada niño, se manifestaron -en cámara Gesell- sobre lo acontecido el día en que falleció la madre. La diligencia, respecto de uno y otro, se materializó el 26 de febrero de 2016, es decir, a cinco días de transcurrido el fatídico suceso.
En primer término declaró T, luego, M. Fueron relatos espontáneos, con lenguaje acorde a las edades; se advirtieron indicadores de ansiedad en ambos, acentuado en la niña. En uno y otro esta ansiedad se puso de manifiesto al acercarse al tema y hablar al respecto. La nena primero quiso ir al baño, quería jugar con el teléfono en lugar de dialogar, al nene le costaba dejar de dibujar, esto aparece con frecuencia cuando se enfrenta a los niños con una situación difícil como la pérdida de la mamá. T se angustió, frenaron el acto para contenerlo, pero no obstante el testimonio fue muy sólido y pudo aportar detalles y precisiones acerca del contexto. Ubicó el hecho en un día domingo, cerca de las 20 horas, explicó qué estaban haciendo él y sus hermanos, cómo ingresó el activo, y el lugar donde fue el hecho (en la habitación de la mamá), cómo fue el ataque y cómo reaccionó el niño.
Es útil poner de resalto que el pequeño recordó que el activo le dijo a su madre que través de un tercero y “san la muerte” había averiguado que estaba embarazada de otra persona, seguida tal afirmación de insultos. Ubicó el episodio en un contexto de violencia de género. El hecho de poder traer a la memoria las palabras que utilizó el agresor al acercarse a la casa, estos elementos son valorados por la psicología del testimonio.
A la hermanita, muy ansiosa y con menos recursos, se le dificultó el poder explayarse sobre el tema, la profesional no volvió sobre el relato porque se puso muy mal.
Destacó que ambos testimonios fueron emotivos. Ninguno habló sobre la ubicación del hermanito K. en el desarrollo del suceso, sólo T, al inicio de su declaración, lo situó en la cama matrimonial jugando con él.
A preguntas de la defensa explicó que un chico de once años claramente puede comprender lo que es una medida de restricción. El niño lo asoció a la prohibición de acercarse a cinco cuadras, por lo que comprendió.
Jessica Paola ACUÑA, miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con una antigüedad de cinco años, revistiendo la jerarquía de Sargento, desempeñándose ante el Comando de Patrullas de Pilar, evocó que el 21 de febrero de 2016, entre las 20.30-20.40 horas, recibió un llamado, a través del Sistema de Emergencias 911, que alertaba sobre la ubicación de una femenina caída en la vía pública, con heridas de arma blanca. Al llegar, verificó la presencia de una mujer adulta, con un niño de 10-12 años a su lado; la señora estaba ensangrentada, adentro de una zanja, con signos vitales, aunque inconsciente –por ello no pudo dialogar con ella-, por lo que convocó a la ambulancia.
Especificó que la herida estaba en posición fetal, apoyada sobre el lateral izquierdo, abría y cerraba la boca, demostrando dificultad para respirar, por cuestiones de humanidad trató de acomodarle la cabeza para ver si podía hacerlo mejor, solicitó nuevamente al Comando de Pilar que gestionara el arribo de la ambulancia y móviles de apoyo. Sin embargo, el servicio de emergencias médicas asistió transcurridos treinta minutos, cuando la femenina ya había fallecido.
Contuvo a la madre de la occisa y a su hijo menor, no vio a ningún bebé alrededor.
Marisa Susana DIAZ, hermana de la víctima, al ser consultada sobre la relación de ésta y el activo, destacó que hablaba muy poco de ese tema con ella, el masculino era muy obsesivo no le permitía usar jeans ajustados, short cortos, era una persona problemática, intentó suicidarse ahorcándose en la casa de un pariente cuando la hermana estaba embarazada, ella fue al lugar implorándole cesara en su actuar, pero él la mojó y activó en su cuerpo una picana.
Ante esa situación la dicente le dijo a su fraterna que esa no era una forma de vida, que se alejara, sin embargo aquella se enojó y estuvo sin hablarle aproximadamente un año; le dijo que nadie en la familia lo quería, que todo lo que decían sobre él eran mentiras. Le respondió a su hermana aconsejándole que era una mujer, no una esclava, que no merecía semejante maltrato.
Reiteró que el aludido era una persona conflictiva, cuando habitaban la residencia situada en el terreno de su madre aquél peleaba constantemente con su hermano menor, José Emanuel Díaz, de 24 años, por los constantes pleitos su madre los echó.
Tres días antes que le quite la vida vio a su hermana, viajaron juntas en colectivo a Pilar, al descender del transporte cada una tomó su camino, ella fue a un cajero automático, y al egresar vio a su cuñado caminando detrás de su fraterna, por lo que se quedó con su marido dos horas aguardando en una plaza por si algo pasaba, porque él ya en ese entonces no se podía acercar.
A preguntas de la Dra. Ransenberg expuso que se enteró de la restricción por intermedio de su madre. Consultada por la defensa dijo que no tenía conocimiento si su hermana se quería separar, sólo sabía que había radicado varias denuncias por golpes. De hecho, las visualizó en la Fiscalía de Derqui.
Su hermana trabajaba, dejando a los niños al cuidado de una niñera, vigente la restricción de acercamiento, su cuñado ingresó al hogar y le sustrajo el dinero que había logrado ahorrar.
Explicó que cuando Débora estaba en pareja con el padre de M., Vicente, conoció al acusado en un bautismo. Se separó y se fue a vivir con él, y los dos hijos. Un día fue a su casa y se lo presentó, para ella fue chocante, no podía creer que su hermana hubiera dejado por él un matrimonio. Sabía que no tenían futuro, no trabajaba.
En un festejo de cumpleaños de la declarante fueron ambos a su vivienda, pero a él se le cayó algo del bolsillo, en la puerta de la morada, agachándose desesperado a tomarlo, por la actitud que adoptó entendió que aquello era droga, por lo que le dijo a su hermana que no permitía esas cosas en su residencia, esta se acercó a hablar con la pareja y se fueron sin saludar.
Débora era mayor que su compañero sentimental, la diferencia era notable, él era un nene de mamá y ella una mujer con tres hijos.
La medida de restricción nunca la respetó; la peor noticia la recibió por un vecino, le dijo que su hermana estaba en la zanja ensangrentada. Cuando llegó estaba su madre, el cuerpo sin vida de su fraterna, al que no le permitieron acercarse, preguntó por sus sobrinos, estaban con vecinos.
Mientras esperaban al médico forense, vio un cuchillo en el suelo, se lo señaló a la Policía, procediendo a su secuestro, indicándole los numerarios que tenía sangre (guardaron el mismo en un sobre de papel madera). Describió al elemento con mango de madera, cortado a la mitad y con punta. Exhibido el instrumento secuestrado en autos lo reconoció como el reseñado, aclarando que estaba ubicado debajo de un tender situado fuera de la edificación.
También incautaron una zapatilla del agresor, situada cerca de la ventana de la habitación, en el sector externo.
Nunca había ingresado a la morada de su hermana, al acceder esa jornada, junto al personal policial, vio las paredes llenas de sangre, hallaron en el cesto de basura sulfato ferroso (suplemento que toman las mujeres embarazadas).
Finalmente, informó que tiene la guarda del niño K, quien tiene contacto con los hermanos y las tías paternas. Calificó como duro el tener que explicarle al niño que ella no es la mamá.
Edith Paola DIAZ, también hermana de la damnificada, se expidió sobre la relación de esta y el encausado. Resaltó que en los albores todo era ameno, hasta que comenzó a haber problemas.
Si bien estuvo distanciada de todo su grupo familiar, por un conflicto de dinero, supo por Débora que tenían discusiones de pareja, en las que la maltrataba –a ella y a los niños- y amenazaba refiriéndole “te odio, te voy a pegar, te voy a matar”.
En las fiestas del año anterior al hecho la ofendió -psíquica y físicamente-, radicando su fraterna una denuncia, dictándose una medida de restricción.
Consultada por la actividad laboral de Débora, dijo que su progenitora le había informado que cumplía labores domésticas en la casa de una maestra.
El día del suceso, cuando la deponente regresaba a su vivienda, promediando las 13-14 horas, se cruzó con el acusado, estaba alcoholizado y no sabe si drogado, caminaba al lado suyo, ella le temía (en el conflicto familiar la había golpeado, junto a otros parientes) por lo que aceleró el paso, pero le dijo que quería hablar, pedirle perdón, ella le dijo que Dios perdonaba. Frenó su marcha y conversaron, él decía que amaba a Débora pero ella no lo quería más, que no lo dejaba ver al bebé, enloquecido le decía que la iba a matar porque no lo dejaba ver al nene y porque tenía a otro. Le aconsejó que se fuera a acostar y cuando estuviera fresco fuera a hablar con Débora, él lloraba. El siguió caminando y ella retomó su camino.
Alrededor de las 16 horas, lo volvió a ver, saliendo del domicilio materno con una botella de vino en la mano, le preguntó ¿todavía seguís? ¿por qué no te vas a dormir?, él la miró y siguió caminando, cuando llegó a su residencia siguió con su rutina y a las 18-19 horas, no recuerda si más tarde, ya era de noche (en el mes de febrero), su hija le informó que habían matado a su hermana, no creyó en la noticia, pero se dirigió a la carrera a la casa de aquélla, al llegar la vio en una zanja sin vida, estaban presentes su madre y muchos vecinos.
Erica Natalia ARANA dijo mantener una relación de amistad con la familia de la damnificada. Era quien cuidaba de los niños cuando Débora trabajaba en una casa de familia, desde las 10 de la mañana hasta las 20- 20.30 horas.
Destacó que cuando aquélla se iba a cumplir la jornada laboral, su pareja se retiraba de la vivienda, no cuidaba a los menores. La dicente atendía a los pequeños en su residencia, en una jornada que T se había quedado en la morada con la pareja de su madre –por mal comportamiento-, en horas del mediodía Débora le solicitó que lo fuera a buscar, al constituirse en la heredad el pequeño le informó que se retiraba con la deponente, respondiéndole aquél que primero fuera a comprarle un vino. Luego de cumplir el menor con su exigencia, se fue con la declarante. Esa misma jornada, por la noche, cuando fue a llevar a los menores, Débora le mostró cómo el compañero le había escrito en un almohadón, con pintura de uñas, “San La Muerte está acá”, lo mismo efectuó en el placard.
La noche anterior al hecho, los pequeños se habían quedado a pasar la noche en su hogar, a la mañana del día siguiente los llevó nuevamente a su residencia siendo recibidos por Débora. A las 10 horas, se constituyó en su vivienda el acusado, para ver a su hijo K., la declarante le informó que no estaba con ella, que fuera más tarde, que lo iría a buscar. A las 18 horas regresó, alcoholizado, le dijo que su cuñada Paola le había contado que la madre de su hijo trabajaba en un prostíbulo y que mantenía una relación amorosa con un policía, expresó “si quisiera matarla ya la hubiera matado” y se retiró. Más tarde se enteró del fatal desenlace.
Consultada sobre la relación que tenían víctima y victimario, rememoró que Débora le contó que regía una medida de restricción porque la había golpeado; los niños le comentaron que hacía dormir a su madre afuera, un día le vio moretones en la pierna y al consultarle sobre los mismos le dijo que nuevamente la había golpeado. El justiciable le había comprado alianzas de casamiento y regalado un muñeco para el día de los enamorados que después rompió. No entendía la dicente por qué se quería casar con él, a pesar de los golpes. Tampoco se lo preguntó.
Victoriano Francisco BRITEZ, vecino lindero de la víctima, sabía que esta estaba en pareja pero desconocía cómo era su modo de relacionarse. Al día del hecho estaba separada, pero ignoraba los motivos. Sobre el suceso destacó que, estando en su hogar, junto a su señora, escucharon un “griterío”, salió y vio a Débora que le dijo “vecino estoy hincada”, entró a su vivienda a avisarle a la señora, egresando con él a la vereda, ocasión en la que su vecina, que tenía al bebé en brazos se descompuso, su esposa tomó al niño, tras lo cual cayó en la cuneta del terreno, T estaba a su lado, no decía nada, lloraba. La señora estaba ensangrentada, trataron, infructuosamente, de reanimarla, la ambulancia tardó en llegar. Arturo Otheguy llamó a la policía.
Arturo Humberto OTHEGUY, destacó que conocía a la víctima desde que nació, iba al colegio con sus hijos. Estaba en pareja, con quien vivía a treinta metros de su residencia. Antes del evento, Débora le había contado a su esposa que se había separado por la violencia que ejercía contra ella, hallándose vigente una medida de restricción. Sin embargo, su mujer lo veía presentarse en el hogar, para llevarse al bebé.
Consultado sobre las tareas laborales que cumplía su vecina, precisó que limpiaba casas y cobraba el plan de jefas.
El día de los hechos, después de las 20 horas su señora auditó gritos solicitándole se fuera a fijar qué sucedía, al salir vio a su vecina tomándose el abdomen y a sus hijos -angustiados-, ella lloraba, pero en ningún momento dijo nada. Llamó a la ambulancia y la policía. Se presentó la mamá quien trataba de tranquilizarla diciéndole que pronto arribarían los médicos.
La mujer vestía un short y un top, por lo que avistó que tenía un corte limpio debajo de la mama izquierda, él intento reanimarla pero el policía no lo dejó.
Oscar Leonardo RODRIGUEZ, reside frente a la morada de la víctima. Expuso que los hijos de su vecina iban a su casa a jugar con sus descendientes, pero cuando fue consultado sobre la relación de pareja de aquélla dijo desconocerla.
El día que nos convoca, estaba en su hogar cuando escuchó a los perros alborotados, se dirigió a la vía pública vio a Débora caída en la zanja, y a su madre al lado gritando, por lo que resguardó en su vivienda a los niños T y M.
Mariela Esther SANCHEZ, esposa de Victoriano Britez, coincidió con su marido al afirmar que salió a la vereda ante el requerimiento de éste, que Débora estaba en el suelo, por lo que agarró al bebé y lo llevó a su vivienda. Los otros hijos estaban a su lado llorado. Higienizó a K., porque tenía los bracitos con sangre, lo cambió y lo durmió. Irma Haydee VILLAVERDE expuso que era amiga de la infancia de la víctima, y a pesar de vivir a la escasa distancia de cinco cuadras la frecuentaba muy poco. La vio el viernes anterior a su muerte, regresando de comprar con sus hijos. Sabía que estaba en pareja pero ignoraba cómo era la relación. Su madre es vecina de la progenitora de Débora, por lo que fue ella quien le informó sobre su deceso. Se presentó en el lugar del hecho, siendo convocada como testigo del levantamiento del cadáver y de la incautación de un cuchillo (ubicado en el patio, debajo de un tender) y una zapatilla. Describió al elemento punzo cortante como un cuchillo Tramontina, con cabo marrón.
Dentro de la vivienda había manchas de sangre en la ventana y al costado de la puerta de ingreso.
Gisela Andrea MARTINEZ, conocía desde la infancia a la damnificada, y fue compañera de colegio del novio de aquélla. Consultada por la relación de pareja destacó que nunca los vio pelar, o discutir pero sabía que había algo que pasaba, se lo contaba Débora, pero en presencia de la deponente no pasó. Ella comentaba que se quería separar pero él se negaba a irse.
Se reunía con frecuencia con Débora, hasta que empezó a trabajar, tornándose más inusuales los encuentros. No sabía de qué se dedicaba. Supo que varias veces lo denunció que le había hecho una restricción, tenía entendido que se peleaban de manos pero ella no era de meterse. En ocasiones los escuchaba pelear y por ahí “se le iba de las manos a los dos”.
Aquél 21 de febrero, estando en su vivienda, fue informada sobre el suceso. Se presentó en la casa de su amiga, viéndola ya fallecida (su cuerpo estaba cubierto). Ingresó con el personal a la residencia, verificando la presencia de manchas hemáticas. Cerca de un tender incautaron un cuchillo Tramontina pequeño. Al serle exhibido el incautado en autos, lo reconoció como al descripto. También secuestraron una zapatilla del lado de afuera y, en el cesto, un blíster de sulfato ferroso.
Completa el frondoso andamiaje probatorio, lo consignado a fs. 5 por la médica María M. Quena, en cuanto, a las 20:57 horas, del día 21 de febrero de 2016, constató el óbito de Débora Natalí Díaz, de 28 años de edad.
Emerge de la planilla de levantamiento de cadáver de fs. 30/31, que en el lugar del hecho se verificaron las siguientes lesiones externas en el cuerpo de Débora Díaz: lesión punzo cortante (LPC1) y LPC2 en región precordial (cara anterior del hemitórax izquierdo); otras dos lesiones punzocortantes en región escapular derecha y otra lesión punzocortante en región medio-lumbar; lesión cortante superficial en cara lateral interna de falange proximal del pulgar izquierdo, es decir que fue atacada al menos seis veces con un arma blanca de características monocortante.
A fs. 88 luce el certificado de defunción de quien en vida fuera Débora Natali Díaz, nacida el 4 de mayo de 1988, consignándose como causa mediata de la muerte shock hipovolémico; y como originaria herida de arma blanca en tórax.
En el acta de necropsia de fs. 130, se estableció como causa de la muerte: paro cardio respiratorio traumático secundario a herida de arma blanca en tórax.
En la pericia de autopsia de fs. 194/199, se verificaron las siguientes heridas: lesiones contuso cortantes -en número de dos- ubicadas en región cervical posterior y escapular derecha, otra en la zona dorsal izquierda, en cuero cabelludo -parietal izquierdo- sin penetrar en cavidad craneana, otra en el sector submamario izquierdo y la última en igual franja, la que resulta ser la causante de la muerte por afectación del corazón, lesionando el mismo y produciendo perdida de gran parte de la volemia en un breve lapso (shock hipovolémico). Herida cortante superficial de 25 milímetros localizada en región cervical anterior; excoriación de 20 milímetros de longitud, ubicada en cara superior de hombro derecho; herida cortante superficial en dedo pulgar izquierdo; excoriaciones en región mamaria izquierda, en cara interna de muslo izquierdo, en cara posterior de muslo izquierdo y en región dorsolumbar media.
En el examen del tórax se determinó: “Peto esternocondrocostal: con hematoma en músculos lado izquierdo por perforación a nivel del quinto espacio intercostal homolateral. Corazón: situs sólitus, de forma y tamaño normal. Ventrículo izquierdo lacerado, presentando una lesión contuso cortante en cara anterior y punta, y otra localizada en la cara inferior”.
Así, se concluyó que la muerte de Débora Natalín DIAZ se produjo por un paro cardiorrespiratorio traumático, como consecuencia de shock hipovolémico secundario a herida de arma blanca en tórax. Es conteste con lo relatado por los menores T y M, en cámara Gesell, lo informado, a fs. 24/26, por las Licenciadas de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Pilar, Nadia Paola KRIZNIK y Lucía IRIGOYEN, en su carácter de psicólogas integrantes del equipo de emergencia social, quienes se presentaron en el lugar del hecho y se entrevistaron con los niños de mención.
En la ocasión, T afirmó ser testigo de lo sucedido la noche del día Domingo 21 de febrero, siendo aproximadamente las 20:30 hs, en circunstancias en las que su madre se encontraba en su habitación, junto a sus tres hijos doblando ropa, cuando irrumpió en el lugar su ex pareja. Ingresó por la puerta de acceso al domicilio llevando, un cuchillo en el bolsillo, comenzó a increpar a su progenitora, cuestionándole que había comenzado a trabajar, e iniciado una relación con un tal "Fabián", que sería policía.
Hizo salir a los niños de la habitación, aseguró la puerta, escuchó a su madre gritar, observando que la estaba apuñalando, decidió ingresar por la ventana para defenderla, se abalanzó sobre el atacante pero éste le propinó un golpe en la frente.
El menor salió por la misma abertura en busca de ayuda, haciéndolo detrás suyo el atacante.
Se destacó que al relatar estos hechos T se angustió, expresando un llanto profundo, debiendo suspender la entrevista. Al día siguiente se presentaron nuevamente, pero el pequeño se negó a continuar hablando sobre lo sucedido.
Al entrevistarse con M., relató de modo fluido lo presenciado en el momento en que se diera muerte a su madre. Explicó que la ex pareja ingresó a la vivienda, cuando ella y sus hermanos estaban doblando ropa en la habitación de su progenitora junto a la misma; les solicitó que salieran del dormitorio, dándoles el celular para que se entretuvieran, trabó la puerta, tras lo cual comenzó a acuchillar a la mamá. Afirmó ello, desde que auditó sus gritos, su hermano T salió de la casa en busca de un machete. Al regresar, ingresó a la habitación por una ventana, comenzó a pegarle al agresor para que soltara a su ascendiente, pero recibió un golpe en la frente. Seguidamente el acometente se fue, saliendo por la misma abertura. Su madre egresó de la habitación solicitando ayuda, vio el costado de su cuerpo ensangrentado (señalando las partes).
La pequeña resaltó que aquél siempre trataba mal a su madre con golpes, y que lo enojaba mucho que tuviera novio. Informó que su progenitora tenía un novio llamado Fabián, que trabajaría en la policía, motivo que generó muchas de las discusiones entre ellos.
El menor T fue asistido al día siguiente en el Hospital Manzone (fs. 97), en el respectivo informe médico se consignó que el niño refirió haber recibido una contusión en el puño de la mano del supuesto agresor de la madre, en la región frontal izquierda. No se observaron hematomas ni esquimosis, sólo un pequeño edema en esa zona y dolor a la compresión; y pequeña laceración en codo derecho.
Luce a fs. 136/138, la pericia de levantamiento de rastros, de la que emerge que, en el sector del jardín frontal, se localizó un cuchillo marca Tramontina con mango negro, hoja de un solo filo continuo de aproximadamente ocho centímetros de largo. Cerca del frente de la vivienda se halló una zapatilla blanca, marca “Buss”, talle 40, con manchas de PTH en su puntera. De acuerdo al desorden y daño de muebles de la habitación indicó el perito Talarico que el pleito comenzó en la habitación, en el sector cercano al placard, lugar en el cual la víctima habría recibido las heridas mortales (vide fs. 148).
En el cesto de basura se incautó un blíster de ácido fólico 1000 mg, del que restan 9 comprimidos.
Los hallazgos descriptos y las heridas externas verificadas en la corporeidad de la víctima se encuentran fotografiadas a fs. 139/147. Se advierte de la IPP 14-14-2-16/00 que corre por cuerda, que el 27 de diciembre de 2015 Débora Natalí DIAZ, se presentó ante la Comisaría de la Mujer y la Familia, y luego de informar que convivía con Brian Emanuel Montenegro, de 20 años de edad, con quien tenía un hijo de un año y cuatro meses, calificando de conflictiva la relación por la agresividad verbal y psicológica que sobre ella ejercía el mencionado; denunció que en esa jornada, a las 14 horas, comenzó una discusión entre ambos, motivada por la permanencia de la denunciante en el hospital cuidando de su sobrino –internado-, la que se acentuó cuando le requirió que aporte dinero en la casa –ya que no lo hacía a pesar de trabajar y estar registrado-, emprendiéndose aquél a retirarse del hogar, indicándole a su pareja que se llevara todo menos lo que ella le había comprado. Eso enfureció a su conviviente, quien comenzó a propinarle golpes de puño en la espalda y en la cabeza, patadas en la pierna izquierda, generándole las lesiones constatadas en el informe médico de fs. 3 (traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, traumatismo a nivel de región glútea izquierda, presentando escoriación superficial al nivel del cuello y hematoma en rodilla derecha). En ese contexto le solicitó a su hijo T fuera en busca de la policía, retirándose Montenegro de la vivienda.
En virtud de lo acontecido la señora Díaz solicitó un régimen perimetral.
Tal como emerge de la IPP 14-14-4595-15, el mismo 27 de diciembre, cerca de la media noche, Díaz se constituyó nuevamente en la Comisaría de la Mujer, denunciando que a las 23:30 horas su pareja regresó al hogar, ingresando por la ventana (luego de averiarla) y comenzó a romper elementos de la vivienda, tirando al suelo la heladera, arrojando hacia la corporeidad de la deponente una televisión, tomando un trozo del marco de madera de la ventana con el que le asestó un golpe que impactó en su mano izquierda. La nombrada le solicitó se retirara bajo amenaza de convocar a la policía, lo que generó que se valiera de un cuchillo de la cocina para amenazarla de muerte, porque lo quería dejar, logrando la damnificada huir de la morada, en dirección a la residencia materna, mientras Montenegro corría tras ella vociferando que le quitaría la vida y prendería fuego la vivienda.
Nuevamente Díaz asistió al Hospital, en donde el Dr. Raúl Cordero verificó la existencia de hematomas, especificando el de la mano izquierda (fs. 2).
Si bien la Fiscalía ningún trámite imprimió a las tres denuncias realizadas por Débora Natalin Díaz, ilustra sobre su estado, al 28 de diciembre de 2015, el informe psicológico, confeccionado por la Lic. Rossati, a fs. 6/7 del expediente PL-1 0540-20 15, que en copias corre por cuerda. En el mismo, luego de entrevistarse con la damnificada, destacó la profesional interviniente que manifestó temor por las amenazas y los golpes recibidos de parte de su ex pareja. Negó maltrato directo en el vínculo del denunciado con sus hijos.
Destacó que la señora se presentó orientada témporoespacialmente, con conciencia de situación, se expresó a través de un lenguaje claro y fluido, su relato mantuvo un hilo conductor lógico, su discurso impresionó verosímil; advirtiendo los siguientes indicadores de la problemática de violencia familiar: Violencia física, verbal, psicológica hacia la entrevistada; conductas celotípicas posesivas, hostigamiento y amedrentamiento; dificultades para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana; cronicidad de la violencia a lo largo de la relación de pareja; consumo de alcohol por parte del denunciado, viéndose facilitada la posibilidad de reaccionar impulsivamente; aumento de la frecuencia y gravedad de la violencia; vulnerabilidad emocional por parte de la entrevistada.
En base a tales parámetros, concluyó que atravesaba una situación de riesgo, por lo que se consideró recomendable otorgar las medidas de protección necesarias a fin de asegurar su integridad psicofísica. Se sugirió que dicha medida sea acompañada por la incorporación de la entrevistada a un espacio psicoterapéutico tendiente a fortalecerla en los aspectos relacionados a estrategias de resguardo.
Conforme emerge de fs. 8/vta del expediente de mención, en base al informe de cita, el mismo 28 de Diciembre de 2015, la titular del Juzgado de Familia Nro. 1 de Pilar, decretó la prohibición de acercamiento del Sr. Brian Montenegro, respecto de la persona de la Sra. Débora Natalin Díaz, fijando a tal efecto un perímetro de restricción para circular o permanecer dentro de un radio de 500 metros a la redonda del domicilio donde reside, sito en la calle 9 de julio sin nro. y José María Paz, del Barrio Manzone, Villa Astolfi, partido de Pilar, su lugar de trabajo y de esparcimiento donde la misma concurra. Intimó al denunciado, a cesar y/o abstenerse de la realización de todo acto de intimidación y/o perturbación sea de carácter físico, psicológico o emocional respecto de la víctima, como así también de todo tipo de amenaza ya sea verbal, telefónica, vía mensaje de texto o cualquier modo de comunicación para con la misma.
A fs. 12/vta, el destinatario de la orden se notificó personalmente, el 29/12/2015.
A fs. 10 (siempre del mismo expediente) la Lic. Lucía ROSSETTI, la misma que había evaluado a Débora, informó, el 4 de enero de 2016, a la Juez Dra. Raquel Conte, del Juzgado de Familia Nro. 1de Pilar, que mantuvo entrevista con Brian Montenegro, quien se comprometió a cumplir la medida y se le informó que podía solicitar patrocinio en defensoría pública o colegio de abogados.
Ya vigente la medida de restricción, debidamente notificada, el 27 de enero de 2016, Débora Díaz, una vez más asistió a la Comisaría de la Mujer, en la que recordó que se hallaba separada de su pareja desde el pasado 27 de diciembre y que regía una medida de restricción.
Seguidamente denunció que, por haber activado un usuario de la red social Facebook, recibió de parte de Montenegro mensajes vía Whatsapp del siguiente tenor: “ahh tenes Facebook ahora, mirá los chabones que tenés, yo te voy a matar, donde te encuentre te voy a recag.. matando y después me mato yo”. Que tras bloquearlo, la llamó por teléfono manifestándole el mismo tipo de amenazas. Dijo, por tercera vez, temer por su integridad física.
Nuevamente, ningún trámite se cumplió frente a esta denuncia, a pesar que tal actuar podría configurar el delito de desobediencia. En el expediente PL-1 0540-20 15, lamentablemente, la siguiente intervención del Juzgado de Familia fue tras el deceso de Débora Díaz, tramitando lo relativo a la guarda de sus hijos, otorgándose provisoriamente, el 26 de febrero de 2016, a la abuela de los niños (conf. fs. 28/vta).
Sobre el contexto de violencia previa, en el marco del cual desencadenó la muerte traumática de Débora Natalin Díaz, habiendo adelantado mis colegas, en la deliberación, que es un extremo que –a su entender- no ha sido acreditado por la Acusación debo decir, que si bien coincido en que la actividad del Ministerio Público Fiscal fue endeble en la producción de elementos de cargo que generen convicción sobre el supuesto invocado, limitándose meramente en mencionar que el deceso se produjo en un contexto de violencia de género en virtud de las denuncias anteriores formuladas por la víctima, que por otra parte, no tuvieran trámite alguno ante la Fiscalía, considero que en el “Sub Examine”, nos hallamos frente a un cuadro probatorio en el que numerosos indicios convergen en ilustrar el contexto de violencia en el que estaba inmersa la damnificada, en su relación de pareja.
Es que: “…Tratándose de elementos probatorios calificables de indicios —id est: indicadores de un camino—, su análisis debe ser hecho en forma integral y armónica y nunca de manera parcial o aislada, puesto que toda evaluación incompleta conduciría a desvirtuar su sentido (TCPBA, Sala I, sent. del 3/8/2000 en causa 776, “Suárez”; ídem del 1º/10/1999 en causa 479, “Córdoba”, ampliación de fundamentos de los magistrados de segundo y tercer voto; ídem del 1/6/04 en causa 3542, “Elicabe”).
Cuando alguno de los hechos afirmados por una de las partes no ha quedado probado mediante los medios probatorios primarios, es posible valerse de un ulterior procedimiento probatorio secundario, que es el que permite la prueba de presunciones o prueba de indicios. Enseña el jurista Carlos Climent Duran que ya la sentencia del Tribunal Supremo Español nº535/1997, reconoce expresamente que se trata de un medio de prueba, al decir: “…la prueba indiciaria significa que los jueces llegan a la fehaciencia de una realidad después de un proceso mental racional a cuyo través se prueba un hecho consecuencia deducido de dos o más hechos base, o indicios. Es decir, se trata de lograr la deducción de un hecho desconocido por medio de varios hechos conocidos (…) ha de producirse un razonamiento lógico, nunca arbitrario, con en las reglas del mejor criterio humano. Ese enlace preciso y directo entre unos y otros confirma la grandeza del método deductivo como legítimo medio de prueba, el cual nada tiene que ver con las simples conjeturas, con las atrevidas sospechas o con las meras suposiciones…” (Climent Duran Carlos, “La Prueba Penal”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1999, pág. 605). Desde la jurisprudencia nacional, se ha dicho que “…(la)
prueba indiciaria que, a través de elementos comprobados señalativos de otros hechos (por acreditar), permite presumir su existencia, siempre que reúnan gravedad y precisión y, de ser plurales, también el atributo de la concordancia. Esto es multisecular y un valor recibido en el Derecho argentino desde los primeros códigos del siglo XIX. Incluso, (…) ese tipo de prueba se identifica con la pericial, puesto que ésta no es, en esencia, materialmente independiente, como lo son la confesional o la testimonial, sino un aspecto de la prueba de indicios en el que la interpretación de los mismos, por su dependencia con procesos técnicos, se confía a un experto en el área de que se trate. En el caso, como se trata de conductas humanas evidenciadas a través de otros elementos (testimoniales, confesionales y documentales), esa relación la debe establecer y poner de relieve el juez, y no un perito químico o balístico, motivando las conclusiones que lucen en los veredictos…” “…La prueba cargosa, cuando asume la modalidad de ser, en los términos clásicos empleados en su momento por Jofré, compuesta o presuncional, no puede interpretarse aislando cada uno de sus elementos, sino excluyentemente en su conjunto. Es obvio que cada uno de ellos es débil en sí; pero la concordancia y precisión que guarden, junto con su inmediata relación con el hecho por probar, conformará el indispensable ingrediente de la gravedad (Sala I, sent. del 3/8/2000 en causa 776, “Suárez”)…” (TCPBA, Sala I, Causas N° 19.679 y su acumulada 20.100 caratuladas, respectivamente "C. de M., N. s/ recurso de Casación” y “C., G. N. s/ Recurso de Casación", rta. 14 de abril 2009).
De modo que: “…No hay óbice para fundar una condena en prueba indirecta, en la medida en que los indicios meritados sean unívocos y no anfibológicos. En similar sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la cual cuando se trata de una prueba de presunciones es presupuesto de ella que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes. La confrontación crítica de todos los indicios resulta inexcusable para poder descartarlos, por lo que el argumento de la supuesta ambivalencia individual de cada uno de ellos constituye un fundamento sólo aparente que convierte en arbitraria a la sentencia portadora de este vicio…” (Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Fallo N° 304 de fecha 28/11/2007). Con este Norte, no puede dejar de advertirse que fue clara Nélida Susana Díaz, madre de la víctima, en relatar los episodios de violencia denunciados. Detalló que varias veces se separaron y reconciliaron. Él regresaba al hogar y ella lo tenía que “aguantar” porque de lo contrario le rompía todo.
Ello es coincidente con lo relatado por T, en cuanto destacó “tenía prohibido acercarse, pero siempre volvía y le pegaba, hasta que un día la mató”.
El relato del niño es por demás gráfico del contexto de violencia vivido por él y sufrido por su madre, incluso, ya estaba habituado a que tenía que ir en busca de su abuela. La actitud que adoptó el pequeño el día del suceso, fue similar a la denunciada por la víctima el 27 de diciembre de 2015, evento en el cual ella misma le habría indicado al menor que saliera en busca de la policía.
También reseñó la progenitora de la damnificada que cuando comentaba frente al agresor sobre los casos de violencia de género que veían en los noticieros, éste comentaba “eso le pasó por ser puta”. Fue elocuente la señora al afirmar que su descendiente se preguntaba ¿cómo hago para que se vaya si aún con restricción perimetral ingresa de todos modos a la vivienda?, se separaban pero debía reconciliarse a pesar de su voluntad contraria.
Confluyen las conclusiones de la Licenciada Lucía Rosseti (ya desarrolladas) y los precarios médicos que dan cuenta de las lesiones padecidas en dos de los hechos previos (del 27 de diciembre de 2015). Marisa Susana y Edith Paola Díaz –hermanas de la víctima-, describieron las situaciones de destrato advertidas, respecto su cuñado hacia su fraterna.
Si bien no se auditó a la vecina lindera, esposa de Arturo Otheguy, éste destacó en su testimonio que Débora le había comentado a su mujer episodios de violencia, que motivaran el dictado de la medida de restricción.
Por ello, si bien deficiente la actividad del Ministerio Público Fiscal entiendo que todos los indicios analizados dan cuenta del contexto de violencia. Débora Díaz, contemporáneamente a sufrir los actos de agresión pretéritos a su deceso, padeció el aislamiento de su familia (sus dos hermanas, Marisa Susana y Edith Paola Díaz, coincidieron en evocar que habían interrumpido la relación con su fraterna), la indiferencia de los vecinos (tanto Britez, Otheguy, Rodríguez como Sánchez, al ser consultados, negaron haber captado por sus sentidos hechos de agresiones previos, amparándose en trabajar todo el día, sin ser interrogados por ninguna de las partes Acusadoras sobre el episodio suscitado a las 23 horas del día 27 de diciembre de 2015) y del sistema estatal que debía protegerla.
Todo este panorama confluyó para que se desarrollara el luctuoso resultado, una oportuna intervención de los equipos especializados del fuero familia hubieran logrado mermar la agresión, realizando las intervenciones necesarias para que el agresor pudiera canalizar las tensiones a través del diálogo, una correcta tramitación de las tres denuncias formuladas por la señora Díaz, tal vez persuadían al activo de su violento actuar, sin embargo nada se hizo, cada uno de esos expedientes sólo cuentan con la denuncia, el informe médico sobre las lesiones y la notificación de derechos y garantías del acusado (a un mes de formulada la denuncia), los correspondientes partes ingresaron a la Fiscalía de Género al día siguiente, teniendo como única actividad el estampado del cargo.
Débora no sabía cómo salir del círculo de violencia (lo afirmó su madre), las autoridades de intervención no repararon en que era una mujer que había estado inmersa en una relación de violencia con su anterior pareja (es ilustrativo al respecto el informe de fs. 1 y 15 del Expte. PL 10540-2015 que en copias corre por cuerda). Intentó buscar ayuda en el sistema judicial, pero no encontró la debida protección, por lo que por sus medios tomó coraje y con solvencia se mantuvo en su decisión de no retomar la relación de pareja, son ilustrativos al respecto el intercambio de mensajes del 18 de febrero de 2016, tres días antes del hecho (que serán analizados en la siguiente cuestión), la cantidad de llamadas efectuadas por el activo en esa jornada, y el contenido injuriante de los posteriores mensajes de texto, a los que la víctima respondió con el mismo tenor.
Pero el coraje que tomó para sostener su decisión de separación, sin protección alguna del estado, desencadenó en su deceso.
No puede entonces esta Judicatura dejarla nuevamente desprotegida, más allá de la inactividad del Ministerio Público Fiscal en intervenir a tiempo, y luego en producir las pruebas necesarias para probar la violencia de género endilgada. Ello en modo alguno puede obturar un pronunciamiento justo, cuando se cuenta con prueba indiciaria para lograr convicción sobre el extremo.
Lo que digo es que, la deficiente actuación de la Acusación conlleva a este Juzgador a realizar un mayor esfuerzo interpretativo (al no contar con prueba directa, sino indiciaria), pero nunca puede conducir a dejar impune el caso, descartando el contexto de violencia de género por orfandad probatoria.
Sobremanera, al reparar en las obligaciones asumidas por el Estado al suscribir los Tratados internacionales que rigen la materia. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la existencia de un deber estatal de investigar seriamente con los medios que el Estado tenga a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación (CIDH, “Caso Velázquez Rodríguez Vs. Honduras”, sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 174).
Como dijera, es deber del Estado la promoción de la erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos; tiene la obligación de ofrecer una protección judicial efectiva a mujeres y víctimas de violencia, en condiciones de igualdad y libre de toda forma de discriminación. Para la CIDH este deber comporta cuatro obligaciones: “la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de toda violación de los derechos humanos, con el fin de prevenir la impunidad” (CIDH, “Caso González y otras”, “Campo Algodonero”, 16/11/2009).
En el caso “María da Penha Fernández”, la CIDH resaltó el vínculo entre violencia, discriminación y falta del deber de debida de diligencia. Consideró que el Estado había fallado en actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, por no haber condenado ni sancionado al agresor (…). Se sostuvo que el caso se enmarcaba dentro de un patrón de tolerancia del Estado y de ineficiencia judicial ante casos de violencia doméstica y fue enfática al declarar que la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia va más allá de la obligación de procesar y condenar a los responsables ya que también incluye la obligación de prevenir estas prácticas degradantes. Entendió que la ineficiencia judicial favorece a crear un ambiente que facilita la violencia doméstica, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad para sancionar los actos (CIDH, Informe de Fondo Nº 54/01, Caso 12.051, “María da Penha Fernandes (Brasil)”, 16/04/2001).
“La obligación de investigar violaciones a los derechos humanos es uno de los deberes del Estado para garantizar la tutela de los derechos fundamentales, toda vez que la investigación judicial permite esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, constituyendo un paso necesario para el conocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la sociedad, así como el castigo de los responsables y el establecimiento de medidas que prevengan la repetición de las violaciones a los derechos humanos” (CIDH, “Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname”, 15/06/2005, Serie C No. 124, párr. 153; “Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras”, 7/06/2003, Serie C No. 99, párr. 134 y Caso “Trujillo Oroza Vs. Bolivia”, 27/02/2002, Serie C No. 92, párr.s. 99 a 101 y 109).
De tal modo, “la investigación judicial efectiva de conductas lesivas de los derechos mencionados está concebida para tener un efecto tutelar, aleccionador y disuasivo” (CIDH, “Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú”, 8/07/2004, Serie C No. 110, párr. 130; “Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala”, 25/11/2003, Serie C No. 101, párr. 156). Como corolario, la Comisión de la Corte Interamericana, observó que “…la aplicación de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos resultaba ser un proceso heterogéneo que caminaba a pasos lentos, lo que exige de los Estados esfuerzos concretos, deliberados, e inmediatos para cerrar la brecha entre los compromisos asumidos, y la protección plena y real de los derechos humanos…” (Comisión IDH, “Estándares jurídicos Vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo y Aplicación”, 3/11/2011).
Ausentes otros datos que puedan incidir en mi intelecto de modo distinto del que llevo expuesto, me permito sostener ahora la existencia del hecho objeto de juicio, en la modalidad detallada en el preludio del presente acápite, pues en el nivel de análisis realizado, abastecen suficientemente mi convicción sincera sobre el extremo, quedando, entonces, nítida y legalmente acreditado en autos con prueba legal incontrastable e irrefutable.
Entonces, por los fundamentos expuestos, respecto de la interrogación que trae la Cuestión Primera, con dicho alcance, doy mi VOTO POR LA AFIRMATIVA, por ser ello mi íntima, sincera y razonada convicción (arts. 371 inc. 1º, 373 y 210 del CPP).
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Osvaldo ROSSI, dijo:
Habré de expresar mi discrepante parecer en lo que concierne al relato del Facttum en cuanto: "El 21 de febrero de 2016, alrededor de las 20:30 hs, un masculino se constituyó en el domicilio de su ex pareja, Débora Natalin Díaz, ubicado en la calle 9 de Julio s/n, entre José María Paz y 20 de Junio, del Barrio Manzone, de la ciudad de Villa Astolfi, partido de Pilar, incumpliendo de esa forma la prohibición de acercamiento -debidamente notificada- dictada por el Juzgado de Familia n°1 de Pilar, el 28 de diciembre de 2015, en el expediente nro. PL-10540- 2015. Al ingresar incitó a los hijos menores de quien fuera su compañera (uno de ellos en común), a permanecer en el ambiente contiguo a la habitación en donde se hallada la señora Díaz, facilitándoles su teléfono celular para que se entretuvieran. A solas en el dormitorio, se gestó una discusión entre ambos por un supuesto embarazo gestado con un individuo ajeno, en ese contexto le asestó al menos seis estocadas con un arma blanca, causándole dos lesiones ubicadas en la región cervical posterior y en la escapular derecha, una en la zona dorsal izquierda, otras en el cuero cabelludo, en el parietal izquierdo, y una en el área submamaria izquierda que ocasionó –ésta última- el deceso de la misma por afectación del corazón”.
Considero que el contexto de violencia de género en modo alguno ha sido probado por la acusación, ni por prueba indirecta ni indiciaria.
Lo explico. La Vindicta Pública se limitó a invocar la existencia de un contexto de violencia, fundando su postura en la formulación de tres denuncias por las que ésa misma parte no impulsó trámite alguno.
No articuló ningún medio probatorio que respaldara la afirmación de la madre de la víctima, relativa a que “cuando (el agresor) se enojaba con su hija la hacía dormir afuera con los niños, estando embarazada”. Mucho menos la de la señora Marisa Susana DIAZ, que destacó que una ocasión aquél atacó a su hermana con una picana, luego de mojarla.
Incluso la última de mención, enfatizó que su hermana era mayor que su pareja, la diferencia era notable, él era un nene de mamá y ella una mujer con tres hijos. Nuevamente, las acusaciones ningún elemento de prueba aportaron para acreditar la relación de subordinación o sometimiento, de desigualdad y poder asimétricas, caracteres que dan cimiento a la invocada violencia de género.
No se auditó a la señora de Arturo Humberto Otheguy, vecina lindera a quien Débora le habría contado los episodios de violencia. El vecino Oscar Leonardo RODRIGUEZ, dijo desconocer cómo era el trato de pareja de su vecina, tras lo cual afirmó que los hijos de ella acostumbraran ir a su vivienda a jugar con sus descendientes. Sin embargo, ninguna de las partes acusadoras le preguntó si los niños en algún momento habían relatado algún episodio de violencia.
Los hijos de la víctima, declararon bajo el sistema de cámara Gesell, a escasos cinco días de ocurrido el traumático evento en el que perdiera la vida la madre. Se expidieron en un cuadro de inusitada angustia, a pesar de lo cual la Lic. Oettel destacó que pudieron precisar los pormenores del suceso. Así, M. nada dijo sobre agresiones previas, sólo discusiones. T refirió que su madre había sido golpeada con anterioridad por el atacante, pero la acusación ninguna pregunta ampliatoria realizó al respecto.
Por otro lado, sin descreer en la versión de T, en el tramo que afirmó que el activo se constituyó en la morada portando el elemento punzante, bien pudo la Fiscalía haber efectuado un inventario de los utensilios de cocina de la vivienda, tendiente a elucidar si el cuchillo con el que se diera muerte a la damnificada pertenecía al hogar.
Es que no es lo mismo que de modo premeditado el activo se constituya en el escenario de los hechos armado, a que, en el furor de la situación, tome el primer objeto a su alcance.
Asimismo, produce aspaviento cómo el vecindario atacó a los móviles policiales (la Sargento Acuña debió solicitar apoyo), ¿tanto demoró en llegar la ambulancia?, ¿no pudieron trasladarla al nosocomio más cercano en otro vehículo?
En tal inteligencia, las partes Acusadoras debieron auditar al médico autopsiante para que informara sobre el tiempo de sobrevida. También causa escozor el mal uso de la denuncia de violencia de género, en función de las cuales, sin constatación alguna, se ordenan medidas de restricción perimetral (a guisa de ejemplo, se pueden citar las restricciones tramitadas respecto del anterior concubino, padre de M. P). Además, cuando hay menores en común se debe prever el modo en que se va a cumplir el contacto con el mismo.
El acceso a la justicia por parte de una víctima de violencia de género implica mucho más que la toma de la denuncia y llevar el proceso adelante hasta obtener una resolución definitiva. Consiste en facilitarle procedimientos gratuitos y sencillos con un abordaje interdisciplinario toda vez que se trata de un fenómeno psicosocial. Ello en modo alguno se advirtió en la actuación de la Acusación.
El acceso a justicia y el deber de debida diligencia son aspectos que se encuentran estrechamente vinculados y sobre los que se ha expedido la Comisión y fallado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros en el Caso “González y otras vs. México”, conocido como “Campo Algodonero”. Un componente de la debida diligencia a la que están obligados los Estados, es justamente la obligación de acceso a la justicia; es el establecimiento de procedimientos legales, justos y eficaces que deben ir acompañados con la garantía de acceso efectivo de las mujeres víctimas a esos recursos que amparen sus derechos. Debe ser no sólo un recurso para procesar y condenar a los responsables de los actos de violencia, sino debe servir para prevenir. La CIDH ha sostenido que la inefectividad judicial general crea un ambiente que facilita la violencia contra las mujeres, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos.
En el citado precedente, la CIDH encontró al Estado responsable de múltiples violaciones a la Convención Americana y a la Convención de Belén do Pará, concretamente la violación al deber general de garantizar los derechos humanos a las víctimas al no actuar con la debida diligencia requerida para proteger sus derechos a la vida, a la integridad personal, su libertad personal y su derecho a vivir libres de violencia, e investigar de forma adecuada y efectiva.
En el Caso “Fernández Ortega”, la CIDH, sostuvo que:
“ante un acto de violencia contra una mujer resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales encargadas de su protección”.
Como se observa, tal deber incumbe a los encargados de la investigación, y su omisión no puede ser suplida por la actividad de los Jueces, sin riesgo de incumplir las normas internacionales que resguardan el derecho a un juicio justo, como expresión de la garantía del debido proceso.
Comulgo con lo postulado por el Dr. San Martín, con cita en el fallo de la CIDH “María Da Penha Fernández”, en cuanto a que es deber del Estado actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica. Empero ése deber Estatal no habilita a los Magistrados, que deben guardar imparcialidad y velar por el cumplimiento de un juicio justo, a suplir la inactividad de la Fiscalía. Ello implicaría arrogarse facultades que no les son propias. Es deber de la Vindicta Pública probar los extremos invocados al sostener una acusación, sobremanera ante un justiciable de veintidós años de edad, privado de su libertad, y enfrentado a la eventual aplicación de una pena de prisión perpetua.
Se debe velar por la igualdad de armas, como expresión del debido proceso, sobremanera cuando el acusado se enfrenta no a una sino a dos acusaciones (pública y privada).
Ha observado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todos los sistemas internacionales de derechos humanos, incluido el interamericano, subrayan la importancia de la “igualdad de armas” ante el Tribunal (Art. 14 PIDCyP; art. 5 CADH).
“La jurisprudencia del sistema europeo, por ejemplo, sostiene que la doctrina de la igualdad de armas es indispensable para un juicio imparcial. En el caso “OFNER Y HOPFINGER c. AUSTRIA”
observó que: lo que en general se denomina igualdad de armas, es decir, la igualdad procesal entre acusado y Fiscal del Estado, es un elemento intrínseco de un ´juicio justo´” (Informe 81/07, caso 12.504, “Daniel y Kornel Vaux vs. Guyana, 15/10/2007).
La Corte Interamericana en su opinión consultiva 16/99 expresó: “los requisitos que deben ser observados en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, y son condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los Tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. Quienes se encuentran en condiciones de desventaja no disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y no se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. La celebración de un juicio justo e imparcial es una garantía imprescindible para establecer la responsabilidad e inocencia en materia penal. Ya en el siglo XIII, Henry Bracton, en su obra "De Legibus et consuetudinibus angliae", señaló como característica del juez, su capacidad de aceptar a las partes con equidad e imparcialidad.
“El derecho a un juicio ante un tribunal competente, independiente e imparcial previamente establecido por la ley, ha sido interpretado por la Comisión y por la Corte Interamericana en el sentido de que comporta ciertas condiciones y estándares que deben ser satisfechos por los tribunales encargados de juzgar la sustanciación de toda acusación de carácter penal o la determinación del derecho o las obligaciones de las personas (…) Buena parte de la jurisprudencia interamericana existente en esta esfera se ha desarrollado a través de la consideración y condena de ciertas prácticas específicas con las que los Estados Miembros se han empeñado en responder al terrorismo y a otras amenazas y que se ha considerado no cumplen esas condiciones y estándares” (párr. 228).
“Este derecho a un juicio justo se sustenta en los conceptos fundamentales de la independencia e imparcialidad de la justicia (…) ampliamente considerados como principios generales del derecho internacional indispensables para la debida administración de justicia y la protección de los derechos humanos fundamentales. El requisito de independencia, a su vez, requiere que los tribunales sean autónomos de otras ramas del gobierno, estén libres de influencias, amenazas o interferencias de cualquier origen o por cualquier razón, y cuenten con otras características necesarias para garantizar el cumplimiento apropiado e independiente de las funciones judiciales, incluidas la estabilidad de un cargo y la capacitación profesional adecuada.
La imparcialidad de los tribunales debe ser evaluada desde una perspectiva subjetiva y objetiva para garantizar la inexistencia de un prejuicio real de parte del juez o el tribunal, así como garantías suficientes para evitar toda duda legítima en este sentido. Estos requisitos, a su vez, exigen que el juez o el tribunal no abriguen sesgo real alguno en un caso en particular y que el juez o el tribunal no sean razonablemente percibidos como inclinados por un sesgo de ese tipo” (Informe del relator especial sobre la independencia e imparcialidad de la justicia, presentado de acuerdo con la Resolución 1994/41 de la Comisión de Derechos Humanos, 51° Período de Sesiones, 6 de febrero de 1995, E/CN.4/1995/39, párr. 34; Informe sobre Chile (1985), nota 114 supra, Capítulo VIII, párr. 139; Informe sobre la situación de derechos humanos en Haití (1995), MRE/RES.6/94 OEA/Ser.L/II.88, 9 de febrero de 1995, Capítulo V, párrs. 276-280; Informe sobre la situación de derechos humanos en Ecuador (1997), OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997, Capítulo III; Informe sobre la situación de derechos humanos en México (1998), 24 de setiembre de 1998, OEA/Ser.L/V/II.100, Doc. 7 rev.1, 24 de setiembre de 1998, Capítulo V, párrs. 393-398).
“El derecho internacional de los derechos humanos requiere que, para que el proceso en un tribunal competente, independiente e imparcial sea justo, debe ir acompañado de ciertas debidas garantías que otorgan a la persona una oportunidad adecuada y efectiva para defenderse de los cargos que se le imputan” (CIDH, “Hilaire, Constantine y Benjamin y otros c. Trinidad y Tobago”, párrs. 143-145 y “Desmond McKenzie”, párr. 260).
“En circunstancias que no comportan emergencia nacional, los Estados están obligados a respetar todos los derechos del debido proceso mencionados respecto de las personas bajo su autoridad y control” (Celiberti c. Uruguay, Comm. N° R13/56, Informe del Comité de Derechos Humanos, ONU GAOR, 36° Período de Sesiones, Supp. N° 40, 185, ONU Doc. A/36/40, 1981).
En tal inteligencia, bajo los parámetros desarrollados, cuanto menos, se produce en mi ánimo alguna vacilación acerca de la posibilidad de poder efectuar una determinación sería sobre la existencia en el caso de un contexto de violencia de género, lo que no puede zanjarse sino a tenor de lo prescripto por el Párr. 3ero. del art. 1ero. del Cód. de Pto. Penal, en favor del justiciable, al no haberse elucidado a través de prueba objetiva independiente, que la muerte de Débora Natalin Díaz se haya materializado en el aludido entorno, por lo que ausentes otros datos de indicación, que bien hubieran podido provenir de la disposición de otras diligencias complementarias del extremo (ya señaladas en la presente cuestión), conducen a descartar su existencia, teniendo por acontecida la materialidad ilícita, en los términos descriptos al inicio del presente acápite, al no haberse acreditado la acusación fiscal, con la plenitud suficiente como para justificar el pronunciamiento de reproche al respecto.
Con estos alcances, entonces, a la cuestión planteada, VOTO POR LA AFIRMATIVA (arts. 371 inc. 1º, 373, y 210 del CPP). A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Federico ECKE, dijo: compartiendo los fundamentos, adhiero mi voto al de mi colega preopinante, Dr. ROSSI, por ser ello mi sincera convicción razonada, dando así también mi VOTO POR LA AFIRMATIVA, con los mismos alcances (arts. 371 inc. 1º, 373, y 210 del CPP).
A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Hernán SAN MARTIN, dijo:
La tarea a desarrollar se circunscribe exclusivamente en determinar, o no, la existencia de probanzas que vinculen el pretérito injusto recreado y descripto, con la actividad desplegada por el prevenido y, en caso afirmativo, establecer la forma o grado de intervención que le cupo en el mismo.
Afirmo que ninguna hesitación anida en el ánimo de este Juzgador en relación al protagonismo del encartado Brian Emanuel MONTENEGRO en el disvalioso suceso.
Lo definitivo para la resolución del punto, del modo en que lo vengo propugnando, es que el menor T. D, al relatar, en cámara Gesell, con detalles, como se desarrolló la materialidad infraccionaria, destacó que quien le quitara la vida a su madre fue su padrastro, Brian Emanuel Montenegro.
M. P, con apenas cinco años de edad, aseguró que Brian, el novio de su madre, fue quien le quitó la vida, asestándole varias estocadas con un cuchillo.
Emerge del informe de fs. 24/26, elaborado por las Licenciadas Nadia Paola KRIZNIK y Lucía IRIGOYEN, que al entrevistarse, en la misma jornada del suceso, con el niño T, este aseguró que quien irrumpiera en su hogar y matara a su ascendiente fue Brian Montenegro.
Nélida Susana DIAZ, madre de la víctima, precisó que el día del hecho, fue a buscarla a su hogar su nieto T, quien le refirió que Brian estaba lastimando a la mamá. Luego, M. dijo que vio como abrazó a su mamá y ésta le decía “no Brian, no Brian”.
Describió la testigo la conflictiva relación que mantenía su hija con la pareja. Así, detalló que sólo ella solventaba económicamente al hogar y se ocupaba del cuidado de los niños; las situaciones de destrato presenciadas; la amenaza de separarla de su hijo K. (un día lo llevó a la casa de su madre, refiriéndole que no lo volvería a ver); la ha compelido a dormir en el sector externo de la residencia (estando embarazada); la alejaba de su familia; la golpeó y en una ocasión le colocó un cuchillo en el cuello, tras lo que le refirió “te voy a matar”.
Retomando el relato sobre el día del luctuoso desenlace, determinó que cuando llegó a la vivienda de su hija la vio tendida en la zanja, ensangrentada. Brian ya no estaba en el lugar, por lo que, junto a personal policial fue buscarlo a la residencia materna, pero no lo encontraron, le informaron familiares que hacía unos instantes se había retirado. Seguidamente, fueron a la casa de la hermana, en el lugar estaban presentes ésta, la madre y el padrastro, los efectivos del orden no le permitieron descender del patrullero, les informaron que había salido corriendo hacia el monte. La propia progenitora de Brian decía que antes le había informado que la iba a matar, ante lo que la deponente le recriminó el hecho de que no lo hubiera frenado.
Jessica Paola ACUÑA, funcionaria policial que arribó en primer término al escenario delictual, estableció que al llegar a la convergencia, constató la presencia de una femenina herida, y a su lado había un niño de 10-12 años que desesperado decía que había sido Brian el responsable de las heridas.
Fabián Sixto CALIVA, numerario del Comando de Patrullas de Pilar, revistiendo la jerarquía de Sargento, precisó que en la ocasión se presentó en el lugar del hecho ante el requerimiento de apoyo instado por Acuña. La madre de la femenina fallecida le indicaría donde se hallaba el masculino agresor. Fueron en el móvil para tal fin, pasaron por dos casas, la última fue la más cercana al descampado, allí familiares del masculino informaron que estuvo en el lugar pero se había retirado enseguida. Dejaron a la señora en su vivienda y recorrieron un terreno erial que salía desde el barrio “La escondida”, con resultado negativo. Walter Alfredo MEDINA, Jefe del gabinete criminológico de la seccional de Villa Astolfi, recordó que un día domingo, que estaba de franco, su jefe le comunicó un hecho de sangre, convocándolo. Llegó al lugar a la una de la mañana y se interiorizó del suceso. Aclaró que Villa Astolfi era un pueblo, un lugar rural con grandes dimensiones de campo, por lo que hicieron la búsqueda a pie, la que insumió tres días. En la jornada siguiente al suceso, tomó conocimiento que en el campo cercano al escenario del hecho (aproximadamente a doscientos metros) se habían hallado prendas de vestir. Se constituyó en el lugar, observando la presencia de diferentes prendas y personas merodeando que comenzaron a increparlo e insultarlo. La ropa correspondería al acusado por lo que las incautó y se retiró hacia el destacamento, desde donde convocaron a policía científica.
Aclaró que no identificó a quienes lo injuriaran porque en la emergencia se encontraba solo. Incautó un jean, una zapatilla –cree que del pie derecho-, una camisa y una remera.
Habían recibido varias llamados, informando que lo habían visto corriendo por un campo, vistiendo camiseta de argentina.
Teniendo a su vista el croquis de fs. 11, indicó que las prendas fueron halladas en el campo de la calle Abedul, 3 de febrero y José María Campos, distante a tres cuadras de la vivienda de la víctima y a cinco de residencia de la familia del acusado.
Marisa Susana DIAZ, hermana de la damnificada, consultada sobre la relación de su fraterna y Montenegro, dijo que hablaban muy poco de ese tema, él era muy obsesivo, no le permitía usar jeans ajustados, short cortos; era una persona problemática, intentó suicidarse ahorcándose en la casa de un pariente, ocasión en la que Débora – embarazada- se presentó solicitándole cesara en su actuar, pero aquél la mojó y activó en su cuerpo una “picana”. Por ello le refirió a su hermana que no merecía semejante maltrato, generando el enojo y distanciamiento de la mima.
Edith Paola DIAZ, fue informada por su hermana acerca de los malos tratos padecidos por parte de Montenegro.
El día del hecho, promediando las 13-14 horas, se cruzó en la vía pública al nombrado, estaba alcoholizado y no sabe si drogado. Le decía angustiado que amaba a su fraterna, que quería retomar la relación de pareja pero ello no se lo permitía. Seguidamente, enojado le decía que la iba a matar.
Erica Natalia ARANA, relató que el día del hecho, a las diez de la mañana, Brian se presentó en su hogar para ver a su hijo K., le informó que no estaba allí, pero que fuera más tarde que lo iría a buscar. A las 18 horas regresó, le manifestó que se había enterado de qué trabajaba Débora, en un prostíbulo, y que mantenía una relación sentimental con un policía. Tras ello le manifestó “si la quisiera matar, ya la hubiese matado”, se retiró y más tarde tomó conocimiento sobre el fatal desenlace. Arturo Humberto OTHEGUY, vecino lindero de la víctima, determinó que cuando salió, ante los gritos de auxilio, vio a Débora herida, los niños, T. y M., referían que el autor de las lesiones había sido Brian.
Oscar Leonardo RODRIGUEZ, también vecino, fue quien llevó a los niños T. y M. a su vivienda. En esa ocasión, el pequeño aseguraba que quería ultimar a la pareja de la madre porque la había matado. Hablaba de Brian Montenegro.
Irma Haydee VILLAVERDE, presenció la incautación del cuchillo y una zapatilla en el lugar del hecho. Afirmó que el calzado pertenecía a Brian Montenegro, y registraba manchas hemáticas.
Gisela Andrea MARTINEZ, al ser interpelada sobre la relación entre Débora y Brian destacó que nunca los vio pelar o discutir, pero sabía que había algo que pasaba por lo que le contaba su amiga. Le decía que se quería separar, pero él no lo aceptaba. Supo que varias veces lo denunció y que regía una restricción. Tenía entendido que se peleaban de manos pero ella no era de meterse. Escuchaba que se peleaban y “por ahí se les iba de las manos a los dos”.
Humberto Apolinario VALDEZ, cuñado de Brian, por ser concubino de la hermana, expuso que la jornada del evento su mujer le comentó que aquél había ido a su vivienda y le informó que había matado a Débora. Si bien no guarda parentesco que sea alcanzado por la prohibición del art. 234 del Ritual, al reproducir los dichos de la hermana del justiciable, incriminándolo, no pueden ser sopesados.
Luego, expuso que Brian era muy buen compañero, negó que fuera violento y destacó que desconocía si consumía estupefacientes. Tenían discusiones como toda pareja pero nunca lo vio maltratarla. Para esa fecha cree que Brian vivía en la casa de un amigo o de la madre porque había discutido con Débora. Tenía una restricción legal de acercamiento.
Gabriel Ezequiel ORELLANA, compañero de colegio del acusado, nada aportó sobre el extremo. Sólo mencionó que hacía mucho no tenía contacto, empero unos días antes del hecho habían mantenido una conversación a través de Facebook.
Laura Paola VIERA, hermana mayor del encausado, testigo convocada por la defensa, informó que conocía la existencia de la prohibición de acercamiento, que en ocasiones incumplían porque Débora lo llamaba para reconciliarse.
Cuando iban de visita a su vivienda, la relación entre ambos se observaba como perfecta.
Brian nunca tuvo papá, se crió con su hermana menor. Es el más chico de la familia. Son tres hermanas y tres hermanos.
Del análisis pericial efectuado sobre el celular del encausado (fs. 432/439 y vta), emerge que el día 18 de febrero de 2016 (tres días antes del suceso que nos convoca), en la franja horaria de 14:49 a 18:55 horas, efectuó llamadas al abonado telefónico de la víctima (11-2280-9771) en veintiún oportunidades.
A las 21:01 horas de la misma jornada, se registró el siguiente diálogo entre ambos, por mensajes de texto (se aclara que se transcriben los mismos respetando la fuente original, a pesar de los errores ortográficos):
Acusado (21.01 hs): “Yo gaste plata de tu aorro pero cuando pueda te la debuelbo y rompi el oso Xq n m amas mas”.
Víctima (21.05 hs): “Sos un hijo de puta no buelvas mas morite matate sos ua mierda ni te acerques a mi nunca mas ya te denuncie fijate voz ahora lo que aces”.
Acusado (21.09 hs): “ja jaja otra ves te paso y ni a palo m ago cargo del bebé q esta en tu panza te pensaste que soy boludo ja ja ja”. Víctima (21.15 hs): “j aja cornuda yo j aja ja el perro me cojia y voz me la chupavas gil y siendo puta me va mejor que con voz recentido”; “ja ja ja bobo”.
Víctima (21.16 hs): “Yo me cuide siempre bobo y ahora le voy a mostrar los mensajes whspp a la policía”.
Acusado (21.19 hs): “mostrale yo también tengo tus mensajes guapa me re gusta la milena vos sos re fea”
Víctima (21.21 hs): “ja ja el perro es policía cuidate el hasta durmió en tu cama bobo je ni me interesa yo soy feliz aci como soy ha chau”.
Acusado (21.23 hs): “ja ja ja a mi que me importa n vales nada yo m voy a jose c paz con la otra chute mil pijas Xq a mi n m gustas”. Víctima (21.25 hs): “chau chau por fin te diste cuenta y te vas chau gracias dios je je soy feliz por fin”.
Acusado (21.28): “Si Xq m di cuenta que sos re puta y q n vales ni 5 sentavos j aja ja anda a la mierda de donde te saqué cornuda siempre fuiste cornuda”.
Víctima (21.31): “Mira ni 5 centavos asta el agua y mucho mas le doy a tu hijo ha todo lo que quiero ago ja tengo mucho mas que voz j aja ja idiota date cuenta valgo mucho bobo”.
Acusado (21.34): ja y cria lo vos tarada yo n aparezco mas prostituta asco m da cojerte sos re vieja yo tengo las que quiero”. Víctima (21.36 hs): “ok no aparezcas mas nos haces un favor a todos juntos chau”.
Acusado (21.51 hs): “Mas vale que n vuelvo ella m da mas de ki que vos podes asi que r tompan el culo y hace plata para tus hijos igual no vas a ser feliz j aja ja yo si”.
Víctima (21.55 hs): “Hijo de puta la policía fue a tu casa rastrero”.
Víctima (22.04 hs): “Mal parido”.
Acusado (22.04 hs): “yo te voy a devolver la plata vos me dijiste que la agarre”.
Acusado (22.50 hs): “Te odio Xq m isiste ir a tu casa y m isiste una cama con la policía”.
El mismo día del hecho (21 de febrero de 2016) veinticinco minutos antes del luctuoso desenlace, el acusado volvió a intercambiar mensajes con la víctima. Una hora antes de ello, escribió mensajes de texto al abonado 1169856406, refiriéndole que su mujer trabajaba de prostituta, que quería sacar a su hijo de la vivienda pero no podía porque la protegía un policía. Esa persona le aconseja hacer la denuncia, contratar un abogado, ver a un asistente social y tener pruebas de todo lo que decía, respondiendo el encausado que cumpliría con lo aconsejado, requiriendo silencio porque “quería hacer las cosas bien”. El último de estos mensajes data de las 18.57 horas, luego, entabló comunicación vía texto con la damnificada, en los siguientes términos:
Acusado (19.58 hs): “Débora necesito mi documento Xq si no no puedo conseguir laburo esta en tu casa pásamelo yo estoy en astolfi por favor”.
Víctima (20.03 hs): “Cuando me vas a dejar de joder nene aca no hay nada tuyo en donde mierda lo dejaste ya busque por todos lados”.
Acusado (20.05 hs): “No se donde lo deje bueno ya fue dejalo no quiero problemas”.
Víctima (20.06 hs): “listo no jodas mas”.
Como da cuenta el acta de detención de fs. 70/vta. el justiciable se colocó a disposición de la justicia, siendo aprehendido en la vivienda de su madre.
Si bien fue habido al cabo de dos días desde la ejecución del hecho, el galeno actuante no constató lesiones en el examen corporal del acusado (fs.74). El médico de policía, Dr. Marcelo Pavon, a fs. 75 vta, agregó que se hallaba lúcido, no observando signos de defensa y/o lucha. Al ejercer su derecho de defensa, en sentido similar a la injurada documentada a fs. 284/287, expuso en la audición oral que Débora había tramitado la “perimetral”, luego de una pelea por celos, en la que ella le sacó el celular y él le pegó en la pierna y se fue de la casa. Al tiempo, su pareja le permitió regresar, se presentó en el juzgado de Familia para dejar sin efecto la medida, pero la jueza no hizo lugar al requerimiento. Trabajaba en una fábrica en Parque Industrial, a la fecha del evento ya hacía tres meses que trabajaba allí, en blanco, en el horario de 6 a 18 o de 6 a 17 hs.
Había días que su compañera le permitía regresar al hogar y otros no, ella alegaba que estaban custodiando. Hubo un tiempo que no quiso estar con él, no entendía por qué. No le permitía ver a su hijo. Por ello comenzó a deprimirse y a tomar alcohol. Un día se cruzó con Paola Díaz, quien le dijo que Débora trabajaba en un prostíbulo, que tenía que hacer algo para sacarle a los nenes. Trabajaba para una colombiana y un policía de Astolfi la custodiaba.
Aquél 21 de febrero, fue a la vivienda de la niñera a ver a su hijo, le contó lo que le había informado Paola, tras lo cual le refirió que era verdad, que había un auto rojo que la llevaba y traía y a veces se quedaban en su casa.
Luego, fue a la morada que compartía con Débora, a ver a su hijo, ingresó por el portón, el dio el celular a K. para que permaneciera en el ambienta contiguo, y habló con Débora, le preguntó por qué mantenía ese trabajo, respondiéndole que no importaba, que ella siempre fue y sería así. Le manifestó “mientras vos estás en tu casa, el chabón viene a acá y duerme conmigo en tu cama”, la empujó, ella hizo lo mismo, cayendo el dicente en un sillón, donde había un cuchillo, lo tomó y comenzó a “lastimarla” por todos lados.
Ella le pedía que la deje, que no iba a hacer nada más, el dicente se quiso apuñalar en el pecho, pero Débora le sacó el elemento cortante y lo tiró por la ventana; egresando él por esa abertura, mientras la nombrada, ensangrentada, pedía ayuda.
Sabía que lo engañaba pero no que estaba embarazada. Ese día no intercambió mensajes con ella porque no se los contestaba. Pasó la noche en un descampado pensando en lo sucedido, creía que Débora estaba en el hospital. Al día siguiente, fue a la casa de la madre y le requirió que llamara a la Brigada, no a Astolfi porque andaba con un policía de allí. Convocaron a las fuerzas de seguridad, a quienes aguardó en la residencia materna.
La ropa que encontró el policía no era de él, sólo la zapatilla.
Enfatizó, entre llantos que la amaba y ella se burlaba en su cara. Jugaba con él.
Sabe que va a pasar mucho tiempo en la cárcel y es justo porque le quitó la vida a una persona. Pidió perdón a la familia de Débora por lo que le hizo.
A preguntas efectuadas, negó haberle enviado un mensaje a la nombrada, expresándole que no se haría cargo del bebé.
Culminó su deposición expresando que va a estar arrepentido todos los días de su vida por lo que hizo.
Sin mayor esfuerzo se advierte que el acusado, reconoció los hechos y su autoría, empero las afirmaciones que realizara para atenuar su responsabilidad han sido negadas por los testigos de cargo y el contenido de la pericia de fs. 375/380.
No puede soslayarse que, si bien durante su declaración en la audición oral, entre llantos manifestó "su eterno amor" hacia Débora, solicitando perdón a la familia, destacando que sin ella su vida carecía de sentido; en el marco de las palabras finales solicitó un traslado de unidad para permanecer cerca del domicilio de su actual pareja.
Pues bien, de tal modo, la individualización que del acusado efectuaran los testigos que presenciaron el acontecer disvalioso, en tales condiciones y en el marco de acreditación dado, no me permiten llegar a otra conclusión que no sea la de la probada personal intervención en la realización de la conducta que le viene como motivo de reproche, por lo que, encontrándose debidamente corroborado el extremo no me es permitido esbozar ni siquiera un mínimo de duda en orden a una distinta convicción a la que arribo.
Se impone en este momento destacar que la Defensa del acusado no ha opuesto resistencia a la acusación, en materia de la autoría de Brian Emanuel Montenegro, respecto del hecho motivo de atribución penal, más que con relación al contexto de violencia de género, y a la responsabilidad disminuida, a lo que habré de expedirme, al momento de referirme a la calificación legal.
Ausente, entonces, cualquier elemento que pueda llegar a generar en mi intelecto alguna mínima vacilación acerca de la respuesta que en este momento habrá de concederse al interrogante que nos plantea la presente cuestión en trato, del modo en que quedara trabada, por la postura de las partes, entonces, ella habrá de ser indisputablemente por la afirmativa, por cuanto considero que los elementos habidos para la elucidación del caso, demuestran acabadamente que no a otro que a Brian Emanuel Montenegro corresponderá atribuir el rol de activo respecto de la conducta que de tal modo le habrá de ser en este momento reprochada. Así, los presentes elementos de juicio, meritados armoniosamente, permiten estructurar la certera convicción razonada sobre la autoría que le cupo en el evento, sin que otra cosa pueda válidamente predicarse al respecto.
VOTO POR LA AFIRMATIVA (arts. 371 inc. 2º y 210 del C.P.P.).
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Osvaldo ROSSI, dijo:
En el marco del hecho que tuviera por acontecido en la cuestión primera, comparto los fundamentos ponderados para tener por acreditada la personal intervención del acusado en el suceso del 21 de febrero de 2016.
Agrego, que en la declaración brindada por el encausado en la audiencia de debate, incorporó elementos que no pueden ser rebatidos frente a la endeblez del cuadro probatorio articulado por las Acusaciones. Informó que la medida de restricción se tramitó luego de un pleito por celos, volvió al hogar con anuencia de su pareja, le había propuesto matrimonio, que la aludida aceptó, empero repentinamente guardó distancia, impidiendo el contacto con el hijo en común. Luego tomó conocimiento que trabajaba en un prostíbulo y la custodiaba un policía, con quien mantendría una relación sentimental.
Plenamente enamorado, entró en un cuadro depresivo.
Dispuesto a perdonar todas aquellas situaciones que entendía desacertadas, se presentó en la morada para dialogar, pero se encontró con una actitud de parte de la señora Díaz que lo privó de sus cabales, mientras lloraba y la abrazaba con el objeto de reconciliarse, esta le manifestó: “mientras vos estás llorando en tu casa, el chabón viene a acá y duerme conmigo en tu cama”, la empujó, ella hizo lo mismo, cayendo el dicente en un sillón, donde había un cuchillo, lo tomó y comenzó a “lastimarla” por todos lados. Inmerso en un acentuado cuadro de angustia, entre llantos, destacó que la amaba, pero ella se burlaba en su cara, jugaba con él. No puede soslayarse que se trata de un joven de -por entonces- apenas veinte años de edad, obnubilado por una mujer mayor que él -veintiocho años-, madre de otros dos niños, a parte del que tenían en común.
Expuso que, durante el hecho, sólo la veía a ella, no podía dejar de mirarla, no registró el actuar del menor T.
Es claro sobre el punto el informe psicológico obrante a fs. 507/511 y vta., en el cual se indicó que, al hablar sobre el hecho, el encausado efectúa una evocación en "islotes" (no recuerda la intervención de T y tampoco haberlo lastimado, no evoca los encuentros con la señora Edith Paola Díaz y con Arana, etc). También se destacó que presentaba episodios de depresión severa (sentimientos crónicos de tristeza, desesperanza, tendencia a melancolizarse, intentos de suicidio, etc). Incluso, se dictaminó que se hallaba descompensado al momento de la evaluación, sugiriéndose la pronta derivación a un tratamiento psicológico y psiquiátrico (instrumentado a fs. 513, desarrollándose el juicio oral con la asistencia de un acompañante terapéutico), ante el riesgo de suicidio impulsivo.
Durante la declaración, el justiciable, se responsabilizó por el evento, dijo que quería pagar por lo había hecho y solicitó perdón a la familia de la víctima.
De tal modo, conforme lo expresara, el relato del justiciable aparece como creíble, no logrando ser refutado por el inconsistente panorama probatorio articulado por las Acusaciones.
Con tales alcances, adhiero mi voto al de mi colega preopinante, Dr. SAN MARTIN, por ser ello mi sincera, íntima y razonada convicción, dando así mi VOTO POR LA AFIRMATIVA (arts. 371 inc. 2º y 210 del CPP).
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Federico ECKE, dijo:
Compartiendo en un todo los fundamentos, adhiero mi voto al de mi colega preopinante, Dr. SAN MARTIN, con los alcances establecidos por el Dr. ROSSI, por ser ello mi sincera, íntima y razonada convicción, dando así mi VOTO POR LA AFIRMATIVA (arts. 371 inc. 2º y 210 del CPP).
A la TERCERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Hernán SAN MARTIN, dijo:
Entre los elementos aportados al juicio durante la realización de la audiencia de debate, y los que fueran incorporados por su lectura, no advierto la existencia de circunstancias que pudieren operar como eximentes en favor del acusado.
En el marco legal, he de decir que las partes no han invocado causales de exculpación ni de inimputabilidad, ni a su vez tampoco las advierte el suscripto. Sobremanera al ponderar el dictamen elaborado por las peritos Dras. Liliana Graciela Varela y Roxana Teresa Lugarini, a fs. 503/505 y vta, en el que concluyeran que el encausado no presenta síntomas de alteraciones psicopatológicas que configuren algún tipo de enfermedad mental psicótica o psicoorgánica (no es alienado mental).
En torno a los hechos no se rescataron, en la labor pericial, trastornos compatibles con un estado alterado de la conciencia, alteración morbosa de sus facultades mentales o insuficiencia de las mismas, concluyendo que pudo comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones.
La peligrosidad está en relación a las características de personalidad descriptas, e íntimamente vinculadas a las descargas impulsivas.
Debe decirse pues que puede y deberá personalmente responder penalmente por los actos cumplidos.
Descarto igualmente la existencia de excusas absolutorias o causas de inculpabilidad que puedan exceptuar de pena al acusado.
Por ello, respecto de esta cuestión tercera, VOTO POR LA NEGATIVA, por ser ello mi sincera y razonada convicción (Arts. 34 inc. 1ero. -a contrario sensu- del C. Penal; 210, 371 inc. 3ero. y 373 del CPP). A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Osvaldo ROSSI, dijo:
Compartiendo en un todo los fundamentos, adhiero mi voto al de mi colega preopinante, Dr. SAN MARTIN, por ser ello mi sincera, íntima y razonada convicción, dando así mi VOTO POR LA NEGATIVA. (arts. 371 inc. 3º, 373, y 210 del CPP).
A la misma cuestión, el Sr. Juez, Dr. Federico ECKE, dijo:
Compartiendo en un todo los fundamentos, adhiero mi voto al de mi colega preopinante, Dr. SAN MARTIN, por ser ello mi sincera, íntima y razonada convicción, dando así mi VOTO POR LA NEGATIVA. (arts. 371 inc. 3º, 373, y 210 del CPP).
A la CUARTA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Hernán SAN MARTIN, dijo:
Si bien en sus conclusiones finales, la Sra. Fiscal no valoró pauta atemperante alguna, pondero “ex officio” la ausencia de condenas anteriores que emerge de los informes de fs. 125, 133 y 190/192. Por lo vertido a esta cuestión, VOTO por la AFIRMATIVA, siendo ella mi sincera y razonada convicción (arts. 371 inc. 4º, 373 y 210 del CPP).
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Osvaldo ROSSI, dijo:
Compartiendo los fundamentos, adhiero mi voto al de mi colega preopinante, Dr. SAN MARTIN, por ser ello mi sincera, íntima y razonada convicción, dando así también mi VOTO POR LA AFIRMATIVA (arts. 371 inc. 3º, 373, y 210 del CPP).
A la misma cuestión, el Sr. Juez, Dr. Federico ECKE, dijo:
Adhiero mi voto al de mi colega preopinante, Dr. SAN MARTIN, por ser ello mi sincera, íntima y razonada convicción, dando así también mi VOTO POR LA AFIRMATIVA (arts. 371 inc. 3º, 373, y 210 del CPP).
A la QUINTA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Hernán SAN MARTIN, dijo:
En este nivel, habida cuenta que la Sra. Fiscal, ni la Particular Damnificada, no introdujeron ninguna cuestión pertinente, y no encontrándolas tampoco el suscripto, no habrán de ponderarse circunstancias severizantes del reproche.
Por lo dicho, a esta cuestión, VOTO por la NEGATIVA, siendo ello mi sincera y razonada convicción (arts. 210, 371 inc. 5º, 373 y Ccdts. del CPP).
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Osvaldo ROSSI, dijo:
Adhiero mi voto al de mi colega preopinante, Dr. SAN MARTIN, por ser ello mi sincera, íntima y razonada convicción, dando así mi VOTO POR LA NEGATIVA (arts. 371 inc. 3º, 373, y 210 del CPP). A la misma cuestión, el Sr. Juez, Dr. Federico ECKE, dijo:
Adhiero mi voto al de mi colega preopinante, Dr. SAN MARTIN, por ser ello mi sincera, íntima y razonada convicción, dando así también mi VOTO POR LA NEGATIVA (arts. 371 inc. 3º, 373, y 210 del CPP).
Atento al resultado de las cuestiones planteadas anteriormente y decididas, el Tribunal, por mayoría,
respecto Brian Emanuel MONTENEGRO, de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en relación al hecho que se tuviera por probado, cometido el día 21 de febrero del año 2.016, en la finca emplazada en la calle 9 de Julio sin número, entre José María Paz y 20 de Junio, de Barrio Manzone, de la ciudad de Villa Astolfi, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, con los alcances establecidos en el voto del Dr. Osvaldo ROSSI, al que adhiriera el Dr. Federico ECKE.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los Sres. Jueces por ante mí, de lo que doy fe.-
CAUSA Nº 5113 “MONTENEGRO, Brian Emanuel S/ Homicidio agravado por el vínculo y por haberse perpetrado mediando violencia de género, y desobediencia”
///En la Ciudad de San Isidro, a los Treinta y Un días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº 4 Departamental, Dres. Federico ECKE, Hernán SAN MARTIN y Osvaldo ROSSI, bajo la Presidencia del nombrado en primer término, y actuando como Secretaria la Dra. Paola Soledad García Ferrer, para dictar sentencia, conforme lo dispuesto en el art. 375 del CPP, según ley 11.922 y modificatorias, en la causa seguida a Brian Emanuel MONTENEGRO; y practicado el sorteo que rige la ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Dres. SAN MARTIN, ROSSI y ECKE.-
PRIMERA: Con relación al hecho que ha sido probado en el veredicto que antecede ¿Cuál es la calificación legal del mismo? (art. 375 inc. 1º del CPP)
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del encausado? (art. 375 inc. 2º del CPP).
A la PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Hernán SAN MARTIN, dijo:
La Sra. Fiscal de Juicio, sostuvo al término de la audiencia de debate, en cuanto al tipo legal en que corresponde encuadrar la acción cumplida por Brian Emanuel MONTENEGRO, conlleva a la aplicación de los arts. 80, incisos 1° y 11, y 239 del Código Penal.
La Abogada Patrocinante de la Particular Damnificada, subsumió las conductas en el tipo penal del art. 80, incs. 1° y 11 del Catálogo Represivo.
La defensa, por su parte, instó la aplicación de la figura contenida en los art. 81 inc. “a” y 82 del Digesto Sustantivo, por “la emoción que le generó a Brian enterarse que la mujer tuviera una relación con otra persona”.
Considero que el desarrollo en que se desenvolviera el hecho materia de juzgamiento determina la aplicación del precepto que configura el delito de homicidio agravado por haberse perpetrado sobre su cónyuge, mediando violencia de género, en concurso real con el de desobediencia.
En la tarea de determinar la subsunción jurídica del hecho materia de reproche, se impone en el caso establecer la diferencia entre lesionar, queriendo lesionar, y lesionar –valga la redundancia- queriendo matar. Para ello habrá de analizarse si del plexo probatorio desarrollado en autos emergen elementos de juicio objetivos que permitan tener por probado el dolo del activo en uno u otro sentido, ya que no existe una fórmula genérica para el referido encuadre intencional en una u otra dirección, sino que ello necesariamente debe surgir de las circunstancias del caso en concreto.
El doctrinario Ramón Ragués i Vallés explica que: "...En el caso de los delitos de resultado la doctrina y jurisprudencia mayoritarias entienden que, para poder hablarse de una realización dolosa, es necesario que el acusado se haya representado el riesgo concreto de producción del resultado típico que creaba con su conducta. En la práctica es bastante frecuente encontrar casos en que puede atribuirse al acusado el conocimiento en abstracto del riesgo que generaba su comportamiento, así como un conocimiento correcto de las circunstancias fácticas que lo rodearon, pese a lo cual su defensa alega que su cliente no integró estos dos conocimientos en el juicio de apreciación del concreto riesgo que exige el dolo de los delitos de resultado...".
Para dar responde a tal planteo, entiende el jurista de cita que: "...es necesario acudir a las reglas sociales de experiencia que rigen en materia de atribución del conocimiento ajeno..." (Ramón Ragués i Vallés, "Consideraciones sobre la Prueba del Dolo", REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 4 – Año 2004).
Para ello, el destacado Jurisconsulto parte de la idea de dolo como conocimiento de los elementos del tipo objetivo, postulando que las reglas de imputación del conocimiento responden a una estructura según la cual, dada una base objetiva se entiende que un sujeto es conocedor de determinadas circunstancias.
En este contexto, debe considerarse que se ha corroborado en autos que el encausado, el día 27 de enero (24 días antes del suceso), por mensaje de texto le informó a Débora Díaz que la mataría. El disparador fue la apertura, por parte de la nombrada, de una cuenta en Facebook. A las 13-14 horas del día del hecho, anunció a la hermana de la damnificada que la mataría porque no quería reconciliarse. A las 18 horas le refirió a Erica Natalia Arana que “si quería matarla, la hubiera matado”, y a las dos horas y media le quitó la vida.
Dolo Directo (o de primer grado) es la forma del dolo en la que el autor quiere el resultado típico como meta de su acción y tiene seguridad de que el desenlace que se representa se producirá como consecuencia de su acción (dolo con intención).
A mi modo de ver, entonces, en el marco de acreditación de acciones y aconteceres, la conducta atribuida al procesado de haber asestado al menos seis estocadas en zonas vitales de la corporeidad de su ex pareja, previo recriminarle un supuesto embarazo gestado con otro individuo y tras anunciar al menos a dos personas que la mataría porque no quería volver a entablar vínculo, es señal por demás demostrativa de la intención de aquél que lo produce, de "querer" quitar la vida a otro ser humano.
De tal modo, nos encontramos ante la muerte de una mujer, producida por un hombre, que fuera realizada en las condiciones de tiempo, modo y lugar que abastecieran la recreación material del suceso que fuera tenido como existente para este juicio.
Explica el Jurista Orlando Gómez López que la conducta constitutiva del homicidio doloso se integra por una acción intencionalmente dirigida a quitar la vida. Matar voluntariamente no es sólo ocasionar la muerte, sino, además, obrar sabiendo lo que se hace y con voluntad de matar.
Solo hay muerte voluntaria cuando, como decía Aristóteles, el hombre sabe lo que hace –fase cognoscitiva- y quiere realizarlo –fase volitiva-. Cuando el objetivo producido y el movimiento causal utilizado han sido previamente queridos por el hombre, esto es, cuando antes de su obrar su voluntad buscaba ese objetivo, se dice entonces que ha obrado con intención.
El dolo supone un obrar consciente de que el hecho ejecutado ataca intereses ajenos que deben respetarse en el caso concreto. La fase volitiva del dolo es la fuerza de voluntad que el individuo coloca en la ejecución del hecho, de suerte tal que canaliza su esfuerzo hacia la producción del evento, por lo que supone conciencia del objetivo; así el acto voluntario es en cierto modo dirigido por la vigilancia del intelecto, su ejecución requiere de la inteligencia que elige los medios necesarios para realizar el objetivo (Gómez López, Orlando, “El Homicidio”, Ed. Temis, Tomo I, págs. 152 y sgtes.).
Con este norte, caracterizado el dolo como saber y querer, se ha determinado en el “Sub Lite” que el procesado tenía un conocimiento actualizado acerca de que asestar al menos seis estocadas hacia la humanidad de su ex pareja era apto para atentar contra la vida de ésta, y hacia esa finalidad dirigió su accionar.
Por ello considero que la materialidad del acto objeto de juicio, se configura como realizando el tipo penal del art. 80 inc. 1º del Catálogo Represivo, esto es, homicidio calificado por ser perpetrado contra la persona con la que ha mantenido una relación de pareja, la que se encuentra acreditada por los distintos testimonios auditados (familiares de víctima y victimario, vecinos y amigos), así como por la circunstancia de haber concebido un hijo en común, K.
Aunque en minoría, tal como expusiera en el desarrollo de la cuestión primera del veredicto, entiendo que la muerte se desarrolló en un contexto de violencia de género, en los términos del inc. 11 del art. 80 del CP.
Reparando en los alcances de la figura legislada en la norma de cita, es dable recordar que la primer persona que utilizó el término “femicide” directamente vinculado a la violencia de género fue Diana Russell en 1976, ante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres. Desde entonces, su contenido y alcance han variado. La propia Diana Russell lo definió inicialmente, junto con Jane Caputi, como el “asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer”. Posteriormente, junto con Hill Radford lo describió como “el asesinato misógino de mujeres realizado por hombres”.
El femicidio involucra todos los asesinatos sexistas de mujeres “realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello y/o superioridad sobre las mujeres, por el placer o deseos sádicos hacia ellas, y/o por la suposición de propiedad sobre las mujeres” (Russell, D, “Definición de feminicidio y conceptos relacionados”, en Feminicidio, justicia y derecho, México, Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la república mexicana y a la procuración de justicia vinculada; 2005:138. Como señala Haydée Birgin, este tipo de delitos sobrepasan el dolo de homicidio y tienen por finalidad mantener el statu quo patriarcal, enviando un doble mensaje: a las mujeres que se adecuen a los roles de género prescritos sino les puede costar la vida, y a los varones el poder que tienen en sus manos, ratificados por la impunidad que rodeó a este tipo de conductas (Birgin, H., “Argentina: Ejecución de mujeres y control social. Estatuto de Roma. Reconocimiento del sistema penal internacional”, 2005). Los elementos del tipo penal de la figura del art. 80 inc. 11 del Código Penal, exigen que la víctima sea mujer, el sujeto pasivo un hombre, mediando “violencia de género”.
En el debate parlamentario de ésta significación legal, el miembro informante de la Cámara originaria de la ley, el diputado Oscar E. N. Albrieu, expuso que “La violencia de género ha sido un dispositivo disciplinador, quizás el más eficaz, que ha aplicado una sociedad patriarcal con el fin de garantizar la perpetuación de un modelo de sociedad, en el que la mujer es siempre sometida y sufre todo tipo de postergaciones”. El Femicidio es un delito cuyo “bien jurídico tutelado no es sólo la vida, sino la igualdad y el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia” (CNCP, Sala II, "Mangeri, Jorge Néstor s/ recurso de casación", 7/6/2017).
En 1979, la Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación Contra La Mujer (conocida mundialmente por sus siglas en inglés “CEDAW”) definió a la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar anular el reconocimiento goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica social, cultura y civil o en cualquier otra esfera. En 1994, la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la Violencia Contra La Mujer (“Convención de Belem Do Pará”) conceptualizó a la violencia contra la mujer, como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. En nuestro país en el año 2009, se sancionó la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, donde se plasmaron todos los derechos reconocidos en las Convenciones Internacionales antes citadas.
En el plano de la psicología, enseña Bonino, que “el objetivo va a ser el mismo: el poder de la relación. El objetivo de la violencia es intentar tener a la mujer bajo control, venciendo su resistencia y quitándole poder para lograr su sumisión y su dependencia psicológica. En contra de lo que pueda parecer y podamos creer, la violencia es más una herramienta para lograr ese poder y ese control que una demostración o manifestación del mismo. Aparecerá en los momentos en los que el agresor ve peligrar su supremacía en la relación, independientemente de la conducta reactiva o sumisa de la mujer” (Bonino, L, “Los micromachismos en la vida conyugal”, Corsi, J.: Violencia masculina en la pareja, Buenos Aires, Ed. Paidós).
Teniendo en cuenta estas cuestiones, entre las manifestaciones implicadas en el maltrato se hallan las de tenor psicológico (se trata de actos u omisiones cuya finalidad es degradar o controlar las acciones, comportamientos, conductas, creencias y decisiones de la mujer), que se ejecuta por medio de ridiculizaciones en privado y en público, manipulaciones, insultos, amenazas, desprecios, aislamiento, miradas, gritos, indiferencia, rechazo, amenazas de suicidio, violencia hacia los objetos, manipulación de los hijos… (Emakunde, Instituto vasco de la Mujer, 2006, Guía de actuación ante el maltrato domestico y la violencia sexual contra las mujeres para profesionales de los servicios sociales). Abarca también, el maltrato social (aislamiento), el económico (presión y exigencias de carácter económico-monetario), y otras conductas que vulneran la libertad personal. Se considera maltrato físico a cualquier conducta en la que se observe el uso intencional de la fuerza física contra la mujer, con la finalidad de causar daño físico, con la intención de lograr y mantener la poder de la relación.
“Los femicidios […] se producen en dinámicas de pareja caracterizadas por determinadas constantes, a saber: el control de la mujer, como sinónimo de posesión y con la idea de dominarla; los celos patológicos; el aislamiento de la víctima de su familia y amigos para perpetuar la violencia; el acoso, que satura las capacidades críticas y el juicio de la ofendida; la denigración y las humillaciones, entre otras. Y estas características, que se repiten y duran en el tiempo, constituyen, justamente, ´…una expresión extrema de la fuerza patriarcal, una expresión social de la política sexual y una institucionalización del ritual de dominación masculina” (Arocena, Gustavo A.- Cesano, José D, “El delito de Femicidio”, Ed. B de F, 2013, págs. 86/87, citando a Yavarone- Gatesco- Busamia, “Feminicidio: último escalón de la violencia”, compilado del XIII Congreso Argentino de Psicología, Córdoba, 2009, pág. 636).
Tales expresiones se encuentran presentes en el “Sub Lite”, la madre y hermanas de la víctima relataron la forma en que la misma se fue aislando, cómo era injuriada por su pareja; explicaron que era el sostén económico del hogar, a tal punto que –vigente la medida de restricción- el justiciable ingresó a la vivienda y sustrajo dinero que aquélla tenía ahorrado (ello emerge de lo relatado por los testigos y por lo expuesto en el intercambio de mensajes de texto del 18 de febrero de 2016). Hubo amenazas de suicidio (como el episodio relatado por Marisa Susana Díaz); violencia hacia los objetos (descriptas por Nélida Dïaz y por la propia damnificada al denunciar el suceso del 27 de diciembre de 2015, luego de las 23 horas), manipulación de los hijos (expuso Edith Paola Díaz que en una ocasión se llevó al niño K. a la residencia materna y la amenazó con prohibirle el contacto). Cuando el acusado vio amenazada su relación de poder, frente a la actitud adoptada por Débora Díaz, comenzó con las agresiones físicas. Nótese que el primer episodio de agresión física se suscitó por una escena de celos generada por la permanencia de la nombrada en un hospital cuidando a un sobrino, que se acentuó cuando la mujer le exigió un aporte económico en el hogar, estallando en furia, expresada a través de golpes. Ese mismo día, regresó por la noche, rompió objetos, nuevamente la lesionó, y la amenazó de muerte con un cuchillo, logrando la damnificada escapar. En el evento denunciado el 27 de enero de 2017, el disparador fue la apertura de una cuenta en Facebook (que le permitiría la socialización).
Todas estas circunstancias, dan cuenta del control que ejercía Brian Montenegro, respecto de Débora Díaz, como manifestación de la posesión sobre la misma. La pérdida –o riesgo- de ése poder fue lo motivó al justiciable a ultimar a quien fuera su pareja, y madre de su hijo. Por lo que resulta por demás operativa la tipicidad del inc. 11 del citado art. 80.
No habrá de tener acogida favorable la tipicidad instada por el esmerado Defensor, al requerir la aplicación de la manda del art. 81, inc. 1ero. “a” y 82, del Digesto Sustantivo.
Enseña Fontán Balestra que: “Lo que importa de ese estado, porque es la razón de la atenuante, es que haya hecho perder al sujeto el pleno dominio de su capacidad reflexiva, y que en él sus frenos inhibitorios estén disminuidos en su función. La causa provocadora del estado emocional debe reunir dos características; ser externa al autor y tener capacidad para producir el estado emocional (…) El estado de emoción violenta debe responder a un estímulo externo”, es decir, no al temperamento del autor; la causa debe ser eficiente para provocar el estado emocional. (…) Apreciando la causa en relación con las modalidades y costumbres del autor, sumándola a otras situaciones y circunstancias de cuyo conjunto puede resultar la eficiencia causal del estímulo, y situando los hechos dentro del conjunto de las circunstancias en que se produjeron. De todo ello resultará una estimación prudente de la atenuante para el criterio del juez” (Fontán Balestra, Carlos, con la colaboración de Argibay Molina, Pablo R. Cap. I “El Homicidio Emocional”, en Derecho Penal, Parte Especial, 7ma. Edición, Pág. 34 –el destacado me pertenece-).
El distinguido jurista, citando la premisa que sentara Juan P.
Ramos, explica que “la causa debe responder a motivos éticos para que las circunstancias del hecho sean excusables: no basta que haya emoción violenta si no existe un motivo ético inspirador, el honor herido en un hombre de honor, la afrenta inmerecida, la ofensa injustificada” (ob. Cit). La emoción se puede caracterizar como una crisis, circunscripta y visible del sentimiento, motivada por sensaciones que la percepción introduce en el campo de la conciencia, o por representaciones, es decir, imágenes, recuerdos e ideas que surgen de ella. Esta conmoción del ánimo se puede traducir en ira, dolor, miedo y excitación. Es un estado subjetivo duradero.
Por lo tanto, que se trata de una cuestión de hecho cuya existencia dependerá de la prueba que se produzca en este aspecto. Sin embargo, aún privados de prueba técnica apta, nos viene impuesto juzgar la conducta tal como viene sometida a la jurisdicción del Tribunal. La emoción, según la ley, para que pueda llegar a ser una eximente incompleta y por ende disminuir la pena, debe ser violenta, en el sentido que con su intensidad disminuyan o se debiliten los frenos inhibitorios de la voluntad. Si, en cambio, la intensidad de la emoción lleva a que se pierdan tales frenos inhibitorios, la conducta se encuadraría en la eximente completa del artículo 34, inciso 1ero. del Código Penal, esto es la incapacidad de culpabilidad o inimputabilidad.
La causa de la atenuación es subjetiva, con lo cual se deben analizar las circunstancias en que actuó el homicida, tanto antes del hecho como las que el autor ha tenido durante el propio homicidio. Pero, por otra parte, el juicio es objetivo, en el sentido de que se deben analizar esas circunstancias y las exigencias que tenía el autor frente a ellas. Con relación a la justificación causal de la emoción, la doctrina ha sostenido, en forma casi unánime, que no se premia al intemperante cuando la emoción no ha tenido ninguna causa externa, sino que surge del propio carácter del autor. Esto exige una causa eficiente personal, en el sentido de que debe provocar la emoción, de acuerdo a las pautas que fijan las normas de la cultura social, pero de ninguna manera las normas éticas.
En el caso no se ha rendido prueba idónea para verificar tal extremo.
En abono de la convicción que expongo, resultan por demás contundentes las consideraciones de interés psiquiátrico forense plasmadas por las peritos Dras. Liliana Graciela Varela y Roxana Teresa Lugarini (fs. 503/505 y vta), en cuanto consignaron, respecto del acusado, que se trataría de una persona con escasos recursos mediatizadores entre el impulso y la acción, con lo cual ante la contrariedad o ante diferencias de posiciones, resulta posible que emerja hostilidad y presente dificultades en el manejo de la agresividad a pesar de reconocer claramente lo que es correcto e incorrecto. Es decir, estas características no impiden que el evaluado cuente con capacidad suficiente para razonar, discernir, discriminar y valorar con suficiente claridad.
En esta inteligencia, no se desprenden indicios que permitan afirmar, ni siquiera tangencialmente, la concurrencia de los extremos requeridos por la figura introducida por el defensor.
Considero que el escenario en que se desarrollaron los hechos (ruptura de la relación de pareja por decisión unilateral) no operan como excusa válida; no existe comportamiento alguno de la fallecida que pueda justificar la actitud del imputado.
En el estado de emoción violenta, al no producirse una supresión de la conciencia, sino un trastorno de la lucidez mental, un enturbiamiento de ella, la función amnésica no se verá suprimida totalmente, y por lo tanto no encontraremos amnesia, sino una alteración cualitativa de la memoria (dismnesia). Es decir que el individuo al evocar los hechos acaecidos exhibirá un registro mnésico desorganizado, fragmentado, con una sucesión de recuerdos parcelares inconexos (islotes mnésicos), que no le permitirán reconstruirlos en su evocación, cual si le faltasen varias piezas que le impidiesen armar su rompecabezas. Cabe recordar que la emoción no excusa por sí misma, sino que las circunstancias del caso deben tornarla excusable, dando así pábulo a la aplicación de la atenuante. (conf. Riu, Jorge A. - Tavella de Riu, Guillermina, "Psiquiatría Forense", Ed. Macchi, Bs. As., 1994, 2° ed., pág. 320).
Sin perjuicio del dolor que le generara la decisión firme de la víctima en cortar el vínculo afectivo, incluso la potencial posibilidad de que esté en pareja con otro hombre, no se habló de estallido emocional alguno que condujera al encausado, a actuar del modo en que lo hizo. Ya conocía la situación al menos desde el 18 de febrero de 2016, conforme dan cuenta el contenido de los mensajes enviados en esa jornada. Sabía que Débora no estaba dispuesta a retomar el vínculo, pero no estaba dispuesto a aceptarlo.
La emoción no se conforma en el mero desarrollo interno del sujeto -de sus sentimientos, de su personalidad-, sino que la ley exige que las circunstancias hicieren excusable el estado de emoción violenta; debe ser excusable porque las circunstancias que lo produjeron, normalmente, pueden tener repercusión en las particulares situaciones que vivió el agente, con referencia a cualquier persona; es decir que lo que las circunstancias tienen que excusar es el hecho de haberse emocionado violentamente y que cualquier persona debería haber actuado de manera similar. Tal como lo destaca CREUS, ello exige, en primer lugar, que haya existido una causa provocadora de la emoción que sea un estímulo recibido por el autor desde afuera, pues este estado no debe haberse conformado en el mero desarrollo interno de sus sentimientos a raíz de las características de su temperamento -aunque este aspecto no está excluido, como se adelantó, de la atenuante-. Al decir de SOLER debe tratarse en el caso de "...un estímulo externo que muestre la emoción violenta como algo comprensible”.
En consonancia con esta postura, se ha dicho que: “En escenarios que revelan violencia de género no se puede aceptar que la decisión de la mujer de terminar con una relación sentimental que se encontraba signada por malos tratos hacia su persona, pueda funcionar como una ofensa inferida por la víctima mujer al ánimo del varón autor de la agresión y que denote una menor culpabilidad. De ser así, ello presupondría la aceptación como legítima de los actos de violencia anterior proferidos por el hombre a la mujer y el premio de la pena menor para quien fuera autor de tratos que niegan el derecho humano de ella al goce de una vida libre de violencias”.
“La concurrencia del estado de emoción violenta en el contexto de violencia de género exige un análisis particular. Así, a fin de determinar si las circunstancias invocadas por el imputado constituyen un motivo provocador válido que disminuya la culpabilidad, es necesario que el agente no sólo se encuentre conmocionado en su ánimo, sino que además, resulta imperioso que las circunstancias que lo producen (…) se encuentren fuera del sujeto y resulten eficientes para provocar la crisis emotiva; análisis que no puede bajo ningún motivo de prescindir del entorno de violencia en el cual vivía la víctima a merced del acusado”. “En los casos de femicidio, el autor se siente provocado frente a ejercicios de derechos por parte de la mujer. El ejemplo paradigmático es el de la mujer que quiere elegir con quién y cómo estar en pareja (…) Censura, a través de su hecho, entonces, la autonomía de la mujer frente al hombre” (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, “M. M. J. S/ PSA homicidio”, 28/07/2014).
Por lo demás, ha señalado la CIDH que “el concepto de crimen pasional es parte de un estereotipo que justifica la violencia contra la mujer. El calificativo ‘pasional’ pone el acento en justificar la conducta del agresor”. Por ejemplo, ‘la mató por celos’, ‘en un ataque de furia’, son expresiones que promueven la condena a la mujer que sufrió violencia. Se culpabiliza a la víctima y se respalda la acción violenta del agresor”. Y en ese sentido destacó el rechazo a“…toda práctica estatal mediante la cual se justifica la violencia contra la mujer y se le culpabiliza de ésta, toda vez que valoraciones de esta naturaleza muestran un criterio discrecional y discriminatorio con base en el comportamiento de la víctima por el solo hecho de ser mujer. Consecuentemente, considera que estos estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y se deben tomar medidas para erradicarlos donde se presenten. A este respecto cabe insistir en general en la necesidad de descalificar la práctica de devaluación de la víctima en función de cualquier estereotipo negativo, idónea para culpabilizar a una víctima, y neutralizar la desvaloración de eventuales responsables” (CIDH, “Gutiérrez Hernández Y Otros V. Guatemala, 24/8/2017, párrs. 171-172).
Sella la postura que propicio, lo expuesto por la Señora Senadora Marina Riofrío, en el debate parlamentario de la ley 26.791, en cuanto destacó: "…Hace mucho que vemos que el sistema penal es clasista, discriminatorio y patriarcal, pero que este sistema no es un dogma de fe, ni una fortaleza inexpugnable. Esto es lo que estamos hoy comenzando a hacer. No más términos neutrales para definir la muerte de mujeres como consecuencia de la violencia de género. No más la mirada en la conducta de la víctima como provocadora de la violencia. No más atenuación. No más emoción violenta como justificación".
Cerró su discurso con el siguiente fragmento del escritor uruguayo Eduardo Galeano: "Hay criminales que proclaman tan campantes "La maté porque era mía". Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar "La maté por miedo". Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre, es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo".
Por tanto, al haberse descartado el elemento valorativo de la figura privilegiada prevista en los arts. 81 inc. 1 –letra “a”- y 82 del Código Penal resulta innecesario considerar si el autor se encontraba o no en "estado de emoción violenta" al cometer el hecho.
En cuanto a la medida de restricción de acercamiento, dispuesta el 28 de diciembre del 2015, por el Juzgado de Familia Nro. 1 de Pilar, debidamente notificada al acusado el 29 del mismo mes y año, se advierte que Brian Emanuel Montenegro era el destinatario de la medida dispuesta; había sido legalmente anoticiado de la misma, por lo que, desde el aspecto cognoscitivo, sabía que con su actuar desobedecía el acto legítimo de la autoridad judicial.
En tal sentido, siendo que la desobediencia consiste en no acatar la orden que ha impartido legítimamente un funcionario público, el actuar desplegado por Montenegro debe ser encapsulado en la tipicidad contenida en al art. 239 del Digesto Sustantivo. Esta tipicidad, concursa materialmente con las figuras de los incs. 1° y 11 del art. 80 del CP, al tratarse de conductas independientes.
Estas son las significaciones jurídicas que el suceso merece y, por ello, ASI LO VOTO (art. 375 inc. 1º del C.P.P., 45, 80 incs. 1ero y 11, 239; 81 inc. 1 ´a´ y 82, “a contrario”, del CP).
A la misma cuestión, el Sr. Juez, Dr. Osvaldo ROSSI, dijo:
Adhiero a lo postulado por mi colega preopiante, Dr. SAN MARTIN, sólo en lo que respecta a las figuras contenidas en los art. 80 inc. 1° y 239 del CP.
Sin embargo, disiento con la aplicación de la tipicidad del inc. 11 del citado art. 80 y la no operatividad de la figura atenuada de los arts. 81 inc, 1 “a” y 82 del CP.
En cuanto a la presencia de violencia de género, ya desarrollé en la primer cuestión del veredicto que en modo alguno se ha acreditado en autos por parte de las Acusaciones (Pública y Privada). Pero agrego, que el concepto de feminicidio comenzó a discutirse en México por parte de la antropóloga Marcela Lagarde, en 1994, quien transitó del término femicide a feminicidio, en razón de que la traducción del primer vocablo es femicidio –voz homóloga a homicidio, lo que sólo significa asesinato de mujeres-; significando al segundo término como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en suicidios (consultar: “La regulación del delito de Femicidio/Feminicidio en America Latina y el caribe” Autora Ana Isabel Garita Vílchez En el marco de la Consultoría de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, site:
http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf, pag. 15/16).
Entonces, la figura cuya aplicación descarto, se refiere generalmente a la “muerte violenta de mujeres, por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión” (Declaración sobre el Femicidio del Comité de Experta/os del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer del 15 de agosto de 2008).
Independientemente de la terminología que se adopte, las situaciones de violencia contra la mujer presentan características comunes: están fundadas en “una cultura de violencia y discriminación basada en el género”, que “tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres”. No se trata de “casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”. El uso del concepto de femicidio/feminicidio y su diferencia con el homicidio permite visibilizar la expresión extrema de violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las mujeres (“Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”, elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con el apoyo de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en el marco de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, pág. 30, publicado en site: www.oacnudh.org y www.onumujeres.org).
En los fundamentos del proyecto de ley de modificación al Código Penal, incorporando la figura del femicidio como inciso 11 del art. 80, se remarcó que: el “Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH), sobre la Practica de los Femicidios en la Región (…) sostiene que el femicidio es el resultado de una línea continua de agresiones constantes a los derechos humanos que viven las mujeres y que evidencia la desigualdad de poder con relación a los hombres como su principal causa, dando como resultado la violación más grave de todas: la sustracción de la vida (…) El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. El término femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista (vide site:
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&num exp=1563-D-2012).
En esta inteligencia, de la prueba rendida en el debate no se desprende que el acusado se considerara en una posición de poder o posesión respecto de su pareja, fue gráfica sobre el extremo la propia hermana de la víctima al señalar que la diferencia de edad era notable, él era un nene de mamá y ella una mujer con tres hijos.
Como ya se analizara, las Acusaciones no produjeron prueba para dar por configura la relación asimétrica, sobremanera, ante la referida afirmación.
Destacó la Sra. Fiscal, sin fundamentación alguna, que la conducta materia de reproche encuadra en la definición de violencia de género establecida en los art. 4 y 5 de la Ley Nacional nº 26.485. Ahora bien, el Decreto 1011/2010, reglamentario de la ley de cita, al referirse al artículo cuarto de la mentada normativa establece: “se entiende por relación desigual de poder, la que se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de éstas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
La Corte IDH ha señalado que el solo hecho de que una o varias mujeres hayan sido víctimas de los hechos atentatorios de derechos humanos no significa que tales conductas, en sí mismas, sean discriminatorias en perjuicio de las mujeres; “que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará”.
En este sentido, de los casos Ríos y otros vs. Venezuela, 28/1/2009, y Perozo y otros vs. Venezuela, 28/1/2009 surge que se debe acreditar que las agresiones son especialmente dirigidas contra las mujeres, y las “razones por las cuales las mujeres se convierten en un mayor blanco de ataque por su condición de mujer”.
En el caso “Castro vs. Perú”, la Corte se refirió a algunos alcances del artículo 5 de la Convención Americana en cuanto a los aspectos específicos de violencia contra la mujer, considerando como referencia de interpretación las disposiciones pertinentes de la Convención Belém do Pará y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ya que estos instrumentos complementan el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana. La Convención Belém do Pará define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”; señala que la violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación”.
Tales características de violencia en modo alguno se encuentran corroboradas en autos, lo que torna inaplicable la significación jurídica pretendida por la Fiscalía y la Particular Damnificada. En tal inteligencia, se ha dicho: “no todo hecho de violencia de un hombre contra una mujer se encuadra dentro del concepto de violencia de género (…) para que resulte aplicable es este caso la agravante en cuestión se requiere, desde la faz objetiva, que un sujeto activo hombre cause un daño en el cuerpo o en la salud a un sujeto pasivo mujer y que ese resultado sea producido en un contexto de violencia de género, y que además, desde lo subjetivo, esa violencia sea ejercida por el varón sobre la mujer por el hecho de serlo (…). Ese contexto implica la existencia de una relación de subordinación o sometimiento de la mujer al varón, de una relación de desigualdad y poder asimétricas, donde el varón considera a la mujer casi como un objeto, carente de derechos, siendo esa relación jerárquica de poder la causante del hecho ilícito…”.
“…Ahora bien, tratándose de un elemento objetivo del tipo, el mismo debe estar contenido dentro de los hechos materia de imputación y su existencia debe estar acreditada por la prueba colectada (…). En este caso la existencia de un cuadro semejante no ha sido ni siquiera mínimamente descripto por el encargado de concretar la imputación, sólo lo menciona como un título al calificar la conducta reprochada…” (Cám. Ap. Y Garantías en lo Penal de Zárate-Campana, causa 18.961, “Castro Biedma s/ lesiones leves”, 19/11/2014).
Entiendo aplicables al caso los supuestos legislados en los art. 81 inc. “a” y 82 del CP.
E el estado de emoción violenta es un raptus que impide controlar actos volitivos, la figura se distingue del homicidio doloso por dos elementos, el estado de emoción violenta y las circunstancias que lo hicieran excusables. El supuesto del art. 82 del CP, remite al crimen pasional, cuyas unidades primarias son el vínculo amoroso, la emoción y la ruptura violenta y se constituyen al mismo tiempo en denominaciones de la secuencia del proceso de la relación y los hitos de significado de ella misma y de su desenlace.
La intensa emoción aparece comprometida en toda la acción, de forma tal que se borran las relaciones entre sentimiento y pensamiento provocando una ambigüedad visible en el tratamiento jurídico. “La emoción violenta presupone la realización de actos conscientes, pues la razón de la atenuante consiste en que el sujeto haya perdido el pleno dominio de su capacidad reflexiva y padecido una disminución de sus frenos inhibitorios, pero no que incurra en inconsciencia que es un supuesto de involuntariedad que configura ausencia de conducta, en tanto que la emoción sólo produce una disminución del grado de culpabilidad” (TCPBA, Sala IV, causa N° 76.691, “APONTE, Graciela Del Valle s/ recurso de casación interpuesto por Agente Fiscal”, 9/6/2016).
Es dable destacar que el acusado, en su primer acto de defensa, al ser consultado sobre el motivo de su actuar, mencionó que sintió impotencia por lo que le contaba, se burlaba, le dijo "mientras vos estabas llorando como un boludo en la casa de tu mamá a mi me cogía el policía en tu propia cama", eso desencadenó el forcejeo, lesiones y posterior deceso de la mujer (ver fs. 284/287), con tramos que no recuerda. Resulta elocuente al respecto el informe psicológico, obrante a fs. 507/511 y vta., en el cual, en cuanto a las funciones psíquicas se observó que en relación a los hechos denunciados efectúa una evocación en “islotes” (no recuerda la intervención de T. y tampoco haberlo lastimado, no evoca los encuentros con la señora Edith Paola Díaz y con Arana, etc). Tanto la prueba de la realidad como el juicio son catatímicos, son muy influenciados por las oscilaciones de su estado de ánimo. Se verificó, asimismo, una ideación de tinte paranoide con ideas celo-típicas y persecutorias. Se especificó que presenta una personalidad con rasgos esquizoides y dependientes, implementa excesivos esfuerzos defensivos y una disociación acentuada (coraza defensiva- disociación patológica), por lo que no logra incluir e integrar armónica y plásticamente los impulsos y las emociones, así como la expresión y satisfacción de los mismos.
Frente a este panorama, que no alcanza el grado de inimputabilidad, no caben dudas que la capacidad de culpabilidad del acusado se hallaba al momento del hecho, reducida. Estaba profundamente enamorado de la víctima, a pesar de sus escasos veinte años recientemente le había propuesto unirse en matrimonio. Estaba angustiado por la actitud expulsiva de su amada, intentó dialogar con la misma, pero la afirmación reseñada, en tales términos, mermó su capacidad reflexiva.
Por los fundamentos desarrollados, es operativa en el caso, la atenuante basada en la emoción violenta (arts. 81 inc. 1° “a” y 82 del CP). No huelga resaltar el vacío legal en la materia, en cuanto si bien se veda la aplicación de circunstancias extraordinarias de atenuación (regulada en el art. 80 "in fine" del CP) en casos de femicidio (inc. 11 de la misma norma), no contempla tal prohibición en el supuesto del inc. 1° "a"del art. 81, que para casos en que se matare a otro en un estado de emoción violenta, y que las circunstancias hicieren excusable, prevé una escala penal de tres a seis años de prisión, en tanto, en el caso del inc. 1° del art. 80 (que califica al homicidio por el vínculo entre víctima y victimario), remite, en aquellos estados (emoción violenta), al art. 82 que contempla un quantum punitivo de diez a veinticinco años de prisión. De modo que un homicidio calificado por el vínculo cometido bajo un estado de emoción violenta contempla una pena significativamente más severa que un femicidio ocurrido en las mismas circunstancias.
Estas son las significaciones jurídicas que el suceso merece y, por ello, ASI LO VOTO (art. 375 inc. 1º del C.P.P., 45, 80 inc. 1ero, 239, 81 inc. 1 ´a´ y 82, del CP).
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Federico ECKE, dijo:
Compartiendo en un todo la opinión de mi colega preopinante, Dr. ROSSI, voto en igual sentido y con idénticos alcances (art. 375 inc. 1º del C.P.P., 45, 80 inc. 1ero, 239, 81 inc. 1 ´a´ y 82, del CP). A la SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Hernán SAN MARTIN, dijo:
En cuenta de la calificación legal que se estimara como rigiendo las conductas declaradas probadas, señalada la inexistencia de eximentes y severizantes, computadas circunstancias de atenuación, y conjugando con lo hasta aquí explicado, la naturaleza, el modo y las circunstancias de los hechos ya definitivamente juzgados, la pena a imponer a BRIAN EMANUEL MONTENEGRO debería ser la de PRISIÓN PERPETUA, ACCESORIAS LEGALES y las COSTAS DEL JUICIO (atento al resultado de éste), en el marco del juicio oral que le fuera realizado al nombrado y cumplido por ante este Tribunal. Empero, vencido en la votación, considero justo y adecuado el quantum punitivo escogido por mis distinguidos Colegas, de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas.
Se deberá comunicar lo aquí decidido al Juzgado de Familia N° 1 de Pilar, a sus efectos.
Con la firmeza, deberá procederse al decomiso del instrumento del delito (cuchillo tipo Tramontina de pequeñas dimensiones), de conformidad con lo normado por el art. 23 del Digesto Sustantivo. En otro orden, deberían regularse los honorarios profesionales de la Dra. Lucía Judita Rasenberg (T° I, F° 315, CALM), Letrada Patrocinante de la madre de la víctima, Nélida Susana DÍAZ, atento la importancia de la labor desarrollada, en la suma de cuarenta y cinco (45) JUS, con más los aditamentos de ley. Finalmente, deberán regularse los honorarios profesionales del Dr. Pedro Alberto Perez (T°XLIX, F° 107, CASI), abogado defensor del acusado Brian Emanuel MONTENEGRO, por sus actividades cumplidas en la causa, en la suma de cuarenta y cinco (45) JUS, en atención a la importancia de la labor desarrollada, con más los aditamentos legales correspondientes.
ASI LO VOTO (art. 375 inc. 2º del C.P.P., 40, 41, 55 y 80 incs. 1° y 11, y 239 del C.P.).
A la misma cuestión, el Sr. Juez, Dr. Osvaldo ROSSI, dijo:
En lo que concierne a la comunicación del presente al Juzgado de Familia N° 1 de Pilar; al decomiso del instrumento del delito y la regulación de honorarios, adhiero a la postura expuesta por mi colega preopinante, Dr. SAN MARTÍN.
El proceso de determinación de la pena es un acto complejo que implica clasificar y ponderar distintos tipos de información relativos al hecho y a su autor, para, en base a estos, lograr una respuesta equilibrada frente a la comisión de un hecho punible.
Tal como sostienen Zaffaroni, Alagia y Slokar: “…El reproche del injusto que incide sobre la pena debe ser entendido como pura culpabilidad de acto, sin contaminación con consideraciones preventivistas ni componentes ajenos al hecho mismo, sea por abarcar reproches de personalidad o por incorporar consideraciones referidas al futuro…” (Zaffaroni-Alagia-Slokar, “Derecho Penal. Parte General”, Ed. Ediar, pág. 1003).
Explica Patricia S. Ziffer que el ilícito culpable constituye la base para la determinación de la pena, ya que la especificación de un ilícito culpable es el presupuesto de aquella (Ziffer, Patricia S., “Lineamientos de la Determinación de la Pena”, Ed. Ad-Hoc, págs. 120 y ssgts).
Es que la medida de la sanción penal debe ser la magnitud de la culpabilidad por el hecho, ya que esta última señala el límite máximo de reproche posible. La culpabilidad, en tanto reprochabilidad del evento antijurídico, hace referencia a los presupuestos sin los cuales no es posible responder al ilícito con una pena. Pero aquélla también expresa la mayor o menor posibilidad de motivación conforme a la norma, y en este sentido, es un concepto graduable; a la par que conlleva un carácter constitutivo al determinar si se aplica o no una pena, en tanto para regularla, resulta decisiva la medida de esa culpabilidad.
Esto significa que la medida de la pena es reflejo de la dimensión de la culpabilidad.
Así lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de Nación, al sostener que: “…la medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le formule a la persona por haber escogido el ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea, que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad de autor, y esta culpabilidad se determina según el ámbito de autodeterminación que éste haya tenido para ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en que hubiese actuado y en relación a sus personales capacidades en esa circunstancia. De este modo, nuestra Constitución impuso desde siempre un derecho penal de acto, es decir, un reproche del acto ilícito en razón de la concreta posibilidad y ámbito de reproche, y rechaza toda forma de reproche a la personalidad del agente. No se pena por lo que se es, sino por lo que se hace, y sólo en la estricta medida en que esto se le pueda reprochar al autor (CSJN, M. 1022. XXXIX, “Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado”, causa N° 1174C, 7/12/05).
En tal inteligencia, habiendo considerado de aplicación la atenuante contenida en el art. 82, en función del 81 inc. 1° “a” del CP, sobre la base de los parámetros objeto de análisis y ponderación, en atención a la fórmula general de determinación de la pena, que establecen los arts. 40 y 41 del Digesto Sustantivo, y 531 del rito, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, la existencia de una pauta diminuente, y la ausencia de aumentativas, entiendo justo y adecuado, imponer a Brian Emanuel MONTENEGRO, la pena de VEINTIDOS (22) AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas del proceso, por resultar el nombrado autor penalmente responsable del suceso descripto en el acápite primero del veredicto y calificado legalmente en la cuestión anterior.
ASI LO VOTO (art. 375 inc. 2º del C.P.P., 40, 41, 55, 80 inc. 1ero, 81 inc. 1° “a”, 82 y 239 del C.P.).
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Federico ECKE, dijo:
Comparto en un todo la opinión de mi colega Dr. ROSSI, agregando que, tal como sostuviera en la causa 4783 "GOMEZ, Teresa Angélica S/ Homicidio agravado por el vínculo", el Estatuto de Roma, que con su implementación (Ley 26200), al prever como pena del genocidio la de prisión de treinta años, ha impuesto un nuevo máximo, desde la imposibilidad de considerar un crimen de mayor contenido ilícito que este. En el caso en estudio, estamos frente a un joven de veintidós años de edad, por lo que no es concebible que, por el juego de diversas normas infraconstitucionales, la situación de una persona condenada por un delito, por más grave que este sea, pueda ser equiparada a la de un sujeto sin ninguna esperanza de alcanzar a vivir nuevamente en libertad, en algún momento de su vida. Tal situación equivaldría a sancionar a la persona condenada a un castigo literalmente perpetuo, sin importar los recursos interdisciplinarios que el Estado destine a su resocialización, ni al esfuerzo que ella misma haga, mientras cumple la pena, para reinsertarse. De igual modo, de acompañar a la minoría, con la imposición de una pena de prisión perpetua, recién a los 35 años estaría en condiciones de gozar de la libertad condicional, lo que da de bruces con las normas supralegales. Debe repararse en el fin de la pena. Emerge del mismo Preámbulo del Estatuto de Roma el fin de la prevención; en consonancia con lo prescripto por los tratados internacionales que contemplan el tema, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Así, el artículo 5, ap. 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, suscripto el 22/11/69) establece: "Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados"; y, el artículo 10, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (19/12/1966) estipula: "El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación". No puede soslayarse el voto en disidencia del Dr. Zaffaroni, en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, plasmado en el fallo "Estevez, Cristian Andrés o Cristian Daniel", de fecha 8 de junio de 2010. Allí se sostuvo que "la cuantía de la (pena de 37 años de prisión) implica -directa o indirectamente- la cancelación total de la vida de la persona conforme a las expectativas de vida corrientes, lo que puede entenderse como una reintroducción de la pena de muerte por vía de un equivalente".
Por lo expuesto, voto en igual sentido y con idénticos alcances que el Dr. ROSSI, ASI LO VOTO (art. 375 inc. 2º del C.P.P., 40, 41, 55, 80 inc. 1ero, 81 inc. 1° “a”, 82 y 239 del C.P.).
A esta altura, de conformidad con el resultado de la decisión obtenida, por mayoría, se dicta el siguiente:
I. CONDENANDO a BRIAN EMANUEL MONTENEGRO, titular del DNI N° 38.924.592, de 22 años de edad, estado civil soltero, empleado, argentino, nacido el 7 de junio de 1995 en Pilar, provincia de Buenos Aires, hijo de Ramón Falero y de Dora Esther Montenegro, ocupación o profesión desocupado, estudios cursados primario completo, tiene un hijo de tres años de edad, con último domicilio en la calle Abedul 722, y 3 de Febrero, de la ciudad de Villa Astolfi, partido de Pilar; con prontuario de la policía de la provincia de Buenos Aires nro. 1.458.863 de la sección AP, a la pena de VEINTIDOS AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES y las COSTAS del JUICIO, por haberlo hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, bajo un estado de emoción violenta, en concurso real con desobediencia, hechos cometido el día 21 de febrero del año 2.016, en la vivienda ubicada en la calle 9 de Julio s/n°, entre José María Paz y 20 de Junio, del Barrio Manzone, de Villa Astolfi, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, en perjuicio de quien en vida fuera Débora Natalin DÍAZ.
II. FIRME que se encuentre el presente pronunciamiento, DEBE DISPONERSE EL DECOMISO del instrumento del delito (cuchillo tipo tramontina de pequeñas dimensiones), en los términos del art. 23 del Código Penal.
III. COMUNICAR el presente al Juzgado de Familia nro. 1 del Distrito de Pilar, en función del expediente PL 10540-15, a sus efectos.
IV. REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. Lucía Judita Rasenberg (T° I, F° 315, CALM), Letrada Patrocinante de la madre de la víctima, Nélida Susana DÍAZ, atento la importancia de la labor desarrollada, en la suma de cuarenta y cinco (45) JUS, con más los aditamentos de ley. V) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. Pedro Alberto Perez (T°XLIX, F° 107, CASI), abogado defensor del acusado Brian Emanuel MONTENEGRO, por sus actividades cumplidas en la causa, en la suma de cuarenta y cinco (45) JUS, en atención a la importancia de la labor desarrollada, con más los aditamentos legales correspondientes. Rigen para los apartados precedentes los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 5, 12, 23, 29 inc. 3ro., 40, 41, 45, 55, 80 inc. 1ero, 81 inc. 1° “a”, 82 y 239 del Cód. Penal; y 210, 367, 375, 530, 531 y Ccdts. del Cód. de Pto. Penal; 1, 9 pto. I inc. 16, ap. B, 17 ap. d, 16 y 51 de la Ley 8904.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, firme que se encuentre, cúmplase, practíquese el respectivo cómputo de pena, cúmplanse las diligencias y comunicaciones de rigor, y concédase la correspondiente intervención al Señor Magistrado a cargo del Juzgado de Ejecución Penal que por turno corresponda.-
Fin de la sentencia