Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal Nro
Lo que resolvió el tribunal
I. Imponer a Ariel Alejandro Morales (a) “Pío” y de las demás condiciones personales obrantes en autos, la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor material y penalmente responsable del delito de homicidio simple, hecho ocurrido en los primeros días del mes de junio de 2013, en el barrio Los Pinos, localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza, en perjuicio de Beatriz Morales (arts. 5, 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 45 y 79 del Código Penal y 210, 371, 373, 375, 399 y cc. y 531 y cc. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).-
II. Imponer a Ariel Alejandro Morales (a) “Pío” y de las demás condiciones personales obrantes en autos, la pena única de dieciocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, sanción omnicomprensiva de la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas dictada en esta causa y de la pena de un año de prisión de ejecución condicional -condicionalidad que aquí se revocara- y costas que por el delito de encubrimiento, le impusiera el Juzgado en lo Correccional Nº 4 del Departamento Judicial Morón en el marco de la causa Nº 1634 (arts. 27, 58 y cc. del Código Penal y 18 y cc. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).-
III. Hacer saber, sin más trámite, al Juzgado en lo Correccional Nº 4 del Departamento Judicial Morón la unificación aquí resuelta, a sus efectos.- …
En la ciudad de San Justo, Partido de La Matanza, a los veintinueve días del mes de agosto de 2014, se reúnen los señores Jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial La Matanza, doctores Gabriela Silvia Rizzuto, Matías Mariano Deane y Javier Mario González, bajo la Presidencia de la primera de los nombrados, en su sede sita en la calle Monseñor Marcón N° 2623 de dicha ciudad, a fin de dictar el veredicto que prescribe el art. 371 del C.P.P., en la presente causa N° 277/14-1094, del registro de la Secretaría única, a cargo del Dr. Eduardo Daniel Musmeci, seguida a Ariel Alejandro Morales, (a) “Pio”, de nacionalidad argentina, nacido el 20 de diciembre de 1972 en el Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, soltero, instruido, chapista, hijo de Angel Antonio (f) y de Lina Mercedes Zárate (f), con último domicilio real denunciado en autos en la calle Atenas N° 195 del barrio “Los Pinos”, localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza, titular de los prontuarios U 2735930 del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, 806445 de la Sección AP de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la matrícula individual (DNI) N° 23.139.433, el cual se encuentra detenido en forma preventiva y viene acusado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y por ser la víctima una mujer y haber mediado violencia de género.-
Practicado el sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctores Deane-Rizzuto-González.-
1. ¿Se encuentra acreditada la existencia del hecho en su exteriorización material?- 2°) ¿Está probada la participación del acusado en el mismo?- 3°) ¿Existen eximentes?- 4°) ¿Se verifican atenuantes?- 5°) ¿Concurren agravantes?- V O T A C I O N A LA PRIMERA CUESTION, el señor Juez doctor Matías Mariano Deane, dijo:
Al hacer uso de la palabra en el marco de los alegatos finales, el Sr. Fiscal de Juicio, Dr. Alfredo Luppino, luego de merituar los elementos de prueba colectados durante el debate, como así también de los incorporados por su lectura, y conforme la ampliación del requerimiento fiscal que hiciera en el juicio en los términos del art. 359 del C.P.P. -de todo lo cual se da cuenta en el acta labrada con motivo del mismo, a la que me remito por razones de brevedad- acusó al imputado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y por ser la víctima una mujer y haber mediado violencia de género, en los términos del art. 80, incisos 2° y 11° del Código Penal.-
No encontró eximentes ni mensuró concretamente atenuantes ni agravantes habida cuenta la pena de prisión perpetua que en definitiva requirió y la indivisibilidad de la misma.-
Asimismo requirió la pena única, por el mismo quántum punitivo, y omnicomprensiva de la solicitada para el hecho de esta causa y de la pena de cuatro meses de prisión, de ejecución condicional, y costas, que le fuera impuesta por el Juzgado en lo Correccional N° 4 de esta circunscripción judicial, por el delito de encubrimiento.-
Finalmente, solicitó la extracción de copias de las partes pertinentes a los fines de investigar la posible comisión de delitos de acción pública.-
A su turno alegó el Sr. Defensor Oficial, Dr. Leonardo Sebastián García, quien, también conforme los argumentos fácticos y jurídicos consignados en el acta, a la que nuevamente he de remitirme inspirado en idénticos fines a los ya explicitados, propició la absolución de su defendido por entender que no se había probado, más allá de la duda que recoge el art. 1 del rito, que haya sido el autor del homicidio. En forma subsidiaria, cuestionó las dos calificantes sostenidas por la acusación, esto es, tanto la alevosía como la figura del homicidio cometido contra una mujer por violencia de género, entendiendo que en este caso la figura aplicable sería la contenida en el tipo básico del art. 79 del digesto represivo.- Como segundo planteo subsidiario, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua por entenderla violatoria del principio de culpabilidad, de la división republicana de poderes, de los fines de resocialización de la sanción y de la prohibición de aplicar penas crueles, inhumanas y degradantes.-
Replicó el Sr. Fiscal rechazando los planteos de inconstitucionalidad, haciendo finalmente uso de la dúplica la defensa, quien estuvo a su anterior presentación.-
Así las cosas, se concedió al imputado la última palabra (art. 368, párrafo séptimo, del digesto adjetivo), luego de lo cual se dio por concluida la audiencia, quedando la presente en condiciones de ser sometida al presente acuerdo.-
Así trabado el conflicto sometido a la jurisdicción del tribunal, con los siguientes elementos de juicio que se encuentran incorporados al debate, a saber: croquis ilustrativo de fs. 29; plano de fs. 30; fotografías de fs. 50/52 vta., 171/175 y 201/206; constatación de defunción de fs. 101/102 vta; copia del DNI de fs. 103/vta; informe policial vía mail de fs. 115; planimetría de fs. 170 y autopsia de fs. 193/200, como así también con las declaraciones testificales recibidas directamente en la audiencia de parte de los testigos Angel Morales, Roberta Andrea Saavedra, Daniel Rodríguez, Raúl Antonio Rodríguez, Juan Domingo Roldán, Roberto Jorge Fernández, Luis Edgardo Otero, Susana Derrico, Yaneth Remedios Zamora, Rosa Florencia Fernández, Adriana Haydee Quiroga, Alejandro Rodolfo Lobos y José Olomudsky, tengo por acreditado que en los primeros días del mes de junio de 2013, en hora indeterminada y en el domicilio sito en la calle Atenas N° 195 del barrio Los Pinos, localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza, un sujeto del sexo masculino, aplicó a la víctima Beatriz Alejandra Morales una comprensión extrínseca del cuello, fracturándole así el hueso hioides, así como también golpes con objetos no determinados que le ocasionaron politraumatismos a nivel toráxico con múltiples fracturas costales, todo lo cual le produjo un tórax inestable, deficiencia respiratoria y finalmente la muerte.- Tal lo expuesto al inicio la defensa ha basado su pedido absolutorio en la ausencia de elementos de convicción que prueben la intervención de su pupilo en el hecho, circunstancia que se relaciona con el apartado siguiente, donde este agravio, así como los fundamentos de la premisa que se acaba de exponer –respecto de la cual puede apreciarse me he apartado parcialmente de la materialidad ilícita base de la acusaciónserán atendidos y otorgados, ello por resultar los elementos de prueba comunes a ambos tópicos y por estricta aplicación, además, del principio de unidad del pronunciamiento.-
Con dicha aclaración, es que a la presente voto por la afirmativa por ser ella mi sincera y razonada convicción (arts. 210, 371 inciso 1°, 373 y cc. del C.P.P.).-
A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces doctores Rizzuto y González, por los mismos fundamentos que el Sr. Juez preopinante, a los que adhieren, votan por la afirmativa, por ser su razonada y sincera convicción (arts. 210, 371 inciso 1°, 373 y cc. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).-
A LA SEGUNDA CUESTION, el señor Juez doctor Matías Mariano Deane, dijo:
Tal lo expuesto, el planteo basal del pedido de absolución formulado por el Sr. Defensor Oficial ha sido el de la ajenidad del imputado en el hecho, con lo cual y a partir de la hipótesis trazada por la Fiscalía en su acusación, el extremo que ahora toca resolver constituye el eje central sobre el cual ha girado el presente debate, ello a partir de las posiciones diametralmente opuestas que, sobre el punto, observaran las partes.- Indicó el Dr. García que no existía ningún elemento de prueba directo que vincule al encausado con los hechos, recordando al respecto los recaudos que, en el marco de la prueba presuncional del anterior sistema procesal bonaerense, eran exigibles para los indicios, propiciando en definitiva la aplicación del in dubio pro reo recogido por el art. 1 del digesto adjetivo.-
Lleva razón la asistencia técnica de Morales en punto a la inexistencia de alguna prueba directa, del tipo que fuese, que vincule al imputado con el suceso ventilado, extremo que obliga a indagar en la existencia de otros medios probatorios indirectos. A los fines de resolver el entuerto, comenzaré por reseñar, en aquéllos que ahora resulta de interés, lo expuesto por los testigos que concurrieron a las dos jornadas de debate oral y público.-
En primer lugar tengo en consideración lo expuesto por Angel Morales, hermano tanto de la víctima como del encausado, quien luego de referir que hacía 14 años se había ido de la vivienda familiar, a la cual volvía ocasionalmente –ello en referencia de la calle Atenas 195- para ver cómo estaban sus hermanos, en referencia tanto al imputado como a la víctima Beatriz Alejandra, quienes convivían juntos con su padre, hasta el fallecimiento de éste en el mes de agosto de 2012.
Puntualizó que en una de estas pasadas, se enteró de boca de su hermano –un mes antes aproximadamente del hallazgo- que Beatriz había desaparecido, “que estaba desesperado y que había hecho la denuncia”. Recordó el testigo que regresaba de trabajar y pasaba todos los días para ver si se sabía algo, y que su hermano incluso lloraba delante de él por la suerte de aquella, refiriéndole que la había buscado con la policía.- Manifestó que se acercó a la comisaría a averiguar si su hermano había hecho la denuncia como le dijo y constató que efectivamente la había radicado, respondiendo el declarante que fue a la seccional “porque tenía dudas”, en relación a lo contado por su hermano. Sobre el particular, indicó que una vecina había llamado a su pareja Andrea Saavedra y le contó “lo que todo el barrio sabía”, haciendo referencia con ello a que le indicaron “que no la buscáramos más a mi hermana porque estaba muerta y enterrada en el fondo de la casa”.-
Dijo que este comentario se lo hicieron a su pareja en el colegio un día viernes, que aquella lo llamó al trabajo para contárselo a él, motivo por el cual cuando salió fue al domicilio de su hermano y le comentó lo que se había enterado, anoticiándolo que él quería revisar la casa porque no estaba tranquilo, accediendo el imputado. Recreó que como era un viernes ya pasadas las 19:00 horas, estaba oscuro por la época del año y había llovido, no pudo revisar mucho, por lo cual regresó al día siguiente y comenzó a limpiar el fondo del terreno.-
Indicó que con la ayuda del hijo de su pareja, y pidiendo una pala a unos vecinos, comenzó a remover escombros y basura, hasta que llegó a un pozo ciego que estaba tapado con una madera, la cual levantó, constatando que el pozo, que siempre estuvo cerrado y tenía una camarilla o bóveda, tenía una abertura de 40 o 50 centímetros de diámetro, llamándole la atención, además, que el ladrillo del borde estaba “todo picado” y que en el interior en las paredes, había restos de material, “cemento, cal, ese tipo de cosas y en el fondo en el agua, se veía toda una capa de material”.-
Confrontado que fue a pedido de la Fiscalía con la parte pertinente de su deposición obrante a fs. 81, ello en los términos del art. 366 del rito, en cuanto si había rasqueteado el material del pozo y lo había encontrado reciente o no, indicó “en la boca del pozo no había nada, en las paredes del pozo sí, es como dice ahí, es como material que se arrojara al fondo y quedara ahí".-
Continuando con su relato expresó que con su ayudante sacaron “maderas y cosas que estaban arriba” y cuando miraron vieron algo abajo, “veíamos una cosa de lona que flotaba en el fondo”, atando un gancho a la punta de un palo largo, con el cual comenzó a moverlo, observando un rosario que quedó flotando, para luego enganchar ropa o algo en lo que después advirtió era un brazo “y ahí ví la mano sin carne, solo los huesitos”.-
Referenció el deponente que a esa altura su hermano ya no estaba en la vivienda, en la cual se encontraba trabajando de chapista cuando él arribara. Puntualizó en este sentido que su hermano se encontraba en la casa hasta antes del hallazgo, que es cuando no lo vio más en la vivienda, suponiendo que se había retirado cuando él llamó a su mujer para que mirase en el pozo, enterándose luego, con el correr de las horas, que la policía lo había detenido en la casa de un tío, apodado “Chacho”, domiciliado en Morón, y al que su hermano no veía hacía por lo menos tres años, conforme le comentó esa misma jornada, en la comisaría, su pariente.-
Agregó que mientras revisaban el fondo, se había asomado una persona del entorno de su hermano, ya que siempre había gente con él en la vivienda, y que lo hizo por un pasillo lateral o por el otro costado, miró y se fue. Sobre este sujeto, dijo que ya no se encontraba cuando fue a buscar a su hermano por la casa luego del hallazgo, y solo pudo aportar que era un sujeto gordito con un gorro con visera baja.-
Finalmente, indicó que en forma inmediata llamó al “911”
arribando al domicilio a los 10 minutos la policía y los bomberos”, siendo que allí a él lo separaron de la escena de los hechos y ya no supo más nada de lo ocurrido.-
Preguntado que por las partes, dijo que el rosario que había visto flotando en el agua en el fondo del pozo era uno que siempre usaba su hermana; que ésta siempre vivió en el lugar con su hermano y su padre, y que era discapacitada, según le dijo el médico padecía esquizofrenia, aunque él tenía entendido que era un retraso madurativo “porque tenía 44 años y actuaba como una persona de 10”.-
Agregó que con posterioridad a estos acontecimientos, por comentarios, se enteró que su hermana, que siempre fue “obesa o rellenita”, estaba muy delgada, que era maltratada por su hermano, con el cual él mantenía una mala relación.-
Contestó que a Ariel lo encontró tranquilo cuando le dijo que iba a buscar en el fondo de la propiedad, encontrándose él con su señora y el hijo de ésta, refiriéndole su hermano que “estaba loco, que también era su hermana y que solo a él se le podía ocurrir que hubiese hecho una cosa así”.-
Dijo que cuando él estaba presente no notó que su hermano maltrate a su hermana, que ésta salía a la vereda sacada por su padre y que quien le indicó que busque en el fondo porque había escuchado ruidos a las cuatro de la madrugada como que cavaban en el lugar era una vecina lindera de nombre “Susana”.-
El llamado al “911” aludido por el testigo se relaciona con el mail cursado por la Dirección de Operaciones del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a la DDI La Matanza, el 13 de julio de 2013 a las 10:01 horas, y que da cuenta del ingreso de un llamado al “911” dando cuenta del hallazgo del cadáver de Beatriz Morales en un pozo ciego con cal en el fondo de la casa, que esta mujer vivía con el hermano menor y el padre, el cual estaba muy enfermo y muere, que aquella padecía problemas neurológicos y era víctima de golpes y maltratos por parte del hermano, el que no le daba de comer y la tenía atada, habiendo denunciado los vecinos un año atrás ante DDHH el abandono de la persona y el estado físico, que los vecinos no veían a la mujer hace días e hicieron la denuncia por desaparición en el 911, “dicen que vieron como el hermano menor cavaba un pozo la policía de la 4ta los pinos se acercó y revisó el domicilio sin hallar nada extraño”.-
Como puede apreciarse, esta novedad no es otra que la del descubrimiento del cadáver y contiene, además, otros datos adicionales –la denuncia de parte de vecinos por los malos tratos que recibiera la víctima, la falta de comida de la misma, su estado psíquico, etc.- que fueron en el debate traídos por los vecinos que concurrieron a declarar.-
Continuando con el raconto de los aspectos esenciales de las testificales, en segundo orden tengo en cuenta lo expuesto por Roberta Andrea Saavedra, pareja del testigo anterior, quien manifestó que en ocasión de llevar a su hijo a la Escuela N° 33, situada en el barrio, pudo escuchar a las madres de los otros niños que “hablaban de que lo veían afuera a Ariel y cómo podía estar tan tranquilo sabiendo que tenía a su hermana muerta en la casa”. Dijo que como su hijo era nuevo en ese colegio aquellas madres no la conocían ni sabían del parentesco que tenía con imputado y víctima, y que ella decidió contarle todo a su pareja, refiriéndole Antonio que iba a pasar a ver lo ocurrido, lo que así hizo, entrevistándose con el hermano Ariel, el cual le comentó que su hermana había desaparecido, lo que luego le repitió a ella, como así también que ya había radicado la correspondiente denuncia..-
Dijo que en forma personal no solía concurrir a la casa de Ariel, y que la última vez que lo había hecho fue el 12 de julio, que su cuñada no tenía cama sino un cartón sin colchón en el piso y que cuando Antonio le preguntó a Ariel si ahí la tenía a la hermana primero le dijo que sí, y después le dijo que no, que dormía en su pieza. Agregó la declarante que ese día no encontraron nada de la mujer, “ni ropa, ni ropa de cama como sábanas o cosas así“. Que al día siguiente, esto es el 13 de julio, volvieron a la casa y le pidieron a Ariel que los deje revisar la propiedad, y éste aceptó, saliendo ella a la vereda “porque no quería estar ahí, se quedó Antonio con mi hijo, Ariel se me acercó y me dijo que Antonio estaba loco porque pensaba que él había matado a la hermana”.-
Expuso que Ariel estaba “como si nada, hacía chistes, se reía, seguía trabajando”, y que encontrándose ella en la vereda, Antonio le gritó “Negra vení decime que no es mi hermana”, advirtiendo que allí Ariel salió corriendo y dobló por la esquina, ingresando a la casa y advirtiendo al mirar hacia el interior del pozo un rosario de Beatriz, ante lo cual Antonio le dijo que se fije bien, luego de lo cual la engancharon de la ropa y sacaron una mano, “era el hueso y piel”.-
Dijo que, en la ocasión, en la casa había también un “ciruja”, al cual Ariel le dijo que se asome a mirar lo que hacía su hermano, haciéndolo aquel, refiriéndole luego a su cuñado que no estaban haciendo nada, todo esto, aclaró la deponente, antes del hallazgo del cuerpo en el pozo.-
Preguntada que fue en forma concreta, indicó la declarante que mientras su pareja e hijo buscaban en la casa Ariel “hacía” como que estaba arreglando porque entraba y salía, iba y venía con un soplete, pero no hacía nada en concreto”, reafirmando que ella lo vio salir corriendo instantes antes de entrar ella a la propiedad al ser llamada en la forma antes expuesta por Antonio.-
Del hallazgo del cadáver, también dieron cuenta en el debate Daniel Rodríguez y Raúl Antonio Rodríguez.-
El primero, resultó ser efectivo policial de la seccional Los Pinos, puntualizando que mientras se encontraba recorriendo la zona observó un tumulto de gente en la esquina de Guido Spano y Atenas, se acercaron y allí se les presentó un sujeto masculino que les dijo que hacía un tiempo que estaba desaparecida su hermana, que un vecino que no precisó quién era le insistió con que la misma estaba en el fondo de la casa, y que en virtud de ello la comenzó a buscar allí, encontrándola en el pozo del baño.-
Agregó el declarante que con tal novedad ingresó a la vivienda y se asomó al agujero del fondo, donde vio una mano, comunicando tal novedad a sus superiores. Recordó que el sujeto que se le presentó con la novedad del hallazgo le dijo que el autor había sido el hermano.-
Preguntado que fue refirió que en el lugar vivía un chapista que había hecho la denuncia por el paradero de la jóven, pero no recuerda con precisión si hizo la búsqueda con el sujeto o no ya que había muchos casos así, como que también habían recibido llamados al 911, anónimos, dando cuenta que había gritos en el lugar, ellos concurrían y no advertían nada, solo el chapista con el cual se entrevistaban, de apellido Morales, el que les puntualizaba que efectivamente la hermana estaba desaparecida y que él no había llamado a nadie.-
Adunó el deponente que quedó en custodia del lugar, y en dicha ocasión, se enteró que a la noche a Morales lo encontró gente de la Brigada, como así también que cuando llegó al domicilio además de quien les dio la novedad había un sujeto que él trasladó “por seguridad” a la dependencia, quien estaba visiblemente tomado y apenas podía brindar sus circunstancias personales.-
Raúl Rodríguez, por su parte, no es otro que un vecino del barrio que conocía tanto al imputado como a la víctima y fue convocado como testigo en el momento que extrajeron del interior del pozo el cadáver de aquella.-
Dijo sobre el particular que se encontraba en su casa almorzando cuando sus nietos le dijeron que la policía estaba en la casa de “Pío”, apodo éste con el cual conocía al encausado –quien así admitió apodarse en su declaración de fs. 109/110, más inexplicablemente no ratificó al otorgar sus circunstancias personales en el debate- Indicó que sabía que la hermana del nombrado estaba desaparecida porque se lo había comentado el propio “Pío”, siendo que la hermana solía ausentarse 2 o 3 días, y como él pasaba por la cada cuando volvía de trabajar, en una oportunidad le dijo “se me perdió la gorda”, en referencia a la chica, “que era obesa, aunque en el último tiempo había adelgazado un montón”.-
Manifestó que cuando concurrió al lugar se enteró que el otro hermano había encontrado a Bety en el pozo, lugar al cual se asomó, viendo una mano y el rosario, siendo allí convocado él como testigo por la policía, presenciando todo el movimiento con los mismos y los bomberos cuando la sacaron del pozo.-
Expuso que en la ocasión ingresó a la casa y estaba todo deteriorado, graficando “no era un ambiente para un ser humano, todo sucio, la casilla donde estaba Beatriz estaba todo rota, no era ambiente para vivir”, notando que había una bolsa de cemento usada y en la puerta de entrada había un parche en el umbral de la parte de arriba.-
Respondió al ser consultado que el trato del imputado para con la víctima era malo, “a veces le pegaba a la chica, yo lo vi porque a veces lo hacía en la vereda, a veces vi que puñetazos, cachetadas también, o con algún elemento tipo palo, esto lo habrá visto dos o tres veces”, manifestando desconocer los motivos de este actuar, agregando que según tenía entendido la joven se quería escapar y era la forma de retenerla.- Agregó que algunas veces cuando él pasaba por la vereda lo veía a Ariel tomado en la vereda y desde adentro escuchaba que la chica decía “no me haga esto que me duele” sin saber si le estaban pegado u otra cosa.-
A su turno, depuso Juan Domingo Roldán, el tío “Chacho”
aludido por el primero de los testigos referenciados. El nombrado indicó que él vive en la zona de Morón, y que un día se presentó su sobrino Ariel, al que hacía tres años que no lo veía, lo saludó y él le preguntó por su padre, enterándose allí que había fallecido.-
Recordó que su sobrino le contó que su hermana se había perdido, y que al rato llegó la policía, siendo ellos alertados por la vecina que vive en la casa situada en la parte delantera del terreno; que ante ello salieron ambos a la vereda y ahí la policía lo agarró. Manifestó el declarante que Ariel no le había contado nada hasta ese momento, sin saber si le había dicho algo o no a los policías porque él había vuelto a ingresar a la casa para buscar dinero para volver de la seccional policial, lugar al cual se dirigieron todos.-
La importancia de este testimonio se manifiesta en la secuencia siguiente que expusiera el declarante. Así, dijo que una vez en la seccional policial Ariel delante de la policía le dijo “que había matado a la chica, le pregunté por qué y me contestó que porque no tenía plata para mantenerla, que estaba sin trabajo”.-
Sobre el particular, recreó que esto se lo había dicho cuando Ariel estaba en el calabozo, que un policía le dijo que su sobrino quería hablarle, motivo por el cual lo llevaron desde la oficina donde él estaba declarando hasta el calabozo, donde aquel le narró lo que contara.- A pedido de la Defensa fue leída la parte pertinente de la declaración obrante a fs. 70/vta. Sobre el particular, no puedo menos que reseñar aquello que hemos podido observar en forma directa –ventaja de la inmediatez propia del debate oral.- esto es, que cuando se le leía al testigo la parte que indicaba que su sobrino le habría negado que matara a la víctima y que la había tirado al pozo porque no tenía forma de mantenerla, aquel con su gesto fruncido comenzó a negar con la cabeza, para de inmediato decir “no, es como declaré acá, no sé por qué esta eso escrito ahí”, para luego referir que no leyó dicha declaración antes de firmarla “porque casi no se leer”, sin recordar si se la habían o no leído.- Reiteró que Ariel en la puerta de su casa no le había comentado nada a él y que a la seccional policial fueron en móviles diferentes. Preguntado que fue, dijo que Ariel cuando le habló en la comisaría estaba “triste, como arrepentido”, como así también que no le dijo a los policías que le tomaron la declaración lo que su sobrino le había confesado, que no obstante creía que la autoridad lo debió saber porque al lado de ellos dos se encontraba el policía que lo había acompañado a ver a su sobrino.-
Los dos efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza que procedieron a la aprehensión del justiciable y fueron convocados al debate, resultaron ser Roberto Jorge Fernández y Luis Edgardo Otero . El primero recordó haber concurrido primero al domicilio donde se procedió a la exhumación de un cadáver que sacaron de un pozo ciego, recibiendo información de que el hermano, que era a quien la gente sindicaba como el autor de la muerte, estaría por la zona de Morón, no recordando con precisión de qué manera llegaron a dar con el domicilio, sí que en el mismo estaba la persona buscada con un familiar mayor de edad, procediendo a trasladar a ambos a la comisaría de Los Pinos.-
Leída que le fue la parte pertinente del acta de fs. 58/59 -que se incorporara por lectura al debate en la misma audiencia por pedido de ambas partes- en cuanto a las manifestaciones que habría tenido el imputado al tiempo de su aprehensión, el testigo afirmó “sinceramente no recuerdo esto, si se firmó el instrumento público debe haber sido así, pero no lo recuerdo”.-
Otero, por su parte, también hizo referencia a su presencia en el lugar del hallazgo del cadáver, así como su posterior partida a la zona de Morón, recordando en forma espontánea que cuando llegaron lo identificaron y allí el sujeto les preguntó “¿es por lo que pasó en mi casa no?”. Afirmó que al arribar a la comisaría, se labraron las actuaciones de rigor, ocasión en la cual el sujeto les comenzó a decir que no había querido hacerlo, que la había tirado al pozo porque no podía pagar la ambulancia “y cosas por el estilo”, así como también hacía referencia a la relación con el resto de su familia, que la hermana era un problema y no la podían mantener.-
También al nombrado y a pedido de la Defensa se lo confrontó con el acta de fs. 57/58, refiriendo el testigo en cuanto a lo que allí se consigna habría dicho el imputado al tiempo de su aprehensión en la puerta de la casa de su tío, que no recordaba que haya negado haber matado a la víctima y, en lo que refiere a lo que habría expresado el imputado en la comisaría, que él recuerda lo que exponía en el debate, que gritaba desde el calabozo donde se encontraba alojado solo, distante a unos dos metros de la oficina donde estaban todos labrando las actuaciones de rigor, motivo por el cual creía que Roldán –que cuando les dijo aquello en la puerta de la vivienda creía no estaba presente porque los habían separado para identificarlos- también lo había escuchado.-
Así las cosas, le fue requerido al testigo que cuente lo más amplia y fielmente posible aquello que recordaba haber oído en la comisaría, respondiendo el declarante que el imputado “nos [les] hacía referencia al fallecimiento del padre, que la hermana se iba de la casa y no la podía mantener, que era chapista y no podía solventar los gastos y ahí fue que dijo yo no quise hacerlo”, sin poder recordar en la actualidad que, también, haya dicho en algún momento “yo no la maté”.-
Luego de recordar que quien labró el acta en cuestión fue Fernández -éste dijo no haberlo hecho- o Parodi, este último de la seccional local, refirió que efectivamente luego de producida la aprehensión y antes de dirigirse a la comisaría de Los Pinos se procedió a darle lectura al imputado de los derechos contenidos en el art. 60 del rito, especificando el deponente que, entre otros, se le dio cuenta de que tenía el derecho a no declarar sin que ello pueda ser utilizado en su contra, como así también que podía contratar a un abogado defensor y que en caso de no poder pagarlo se le designaría uno de oficio.-
Finalmente, respondió al ser preguntado que él mismo procedió a introducir en el calabozo de la comisaría de Los Pinos al imputado, recordando que en rigor se trataba de la celda de infractores, lugar en el cual Morales quedó solo, sin ningún tipo de lesión a la vista ni nadie que le dijera algo en particular, no recordando si el tío fue o no a verlo a dicho lugar.-
Ya en lo que hace a las testimoniales recepcionadas de parte de los vecinos, como así también de algún otro familiar, comenzaré por escindir con el mayor cuidado posible aquello que han visto los declarantes, con lo que se han enterado por terceras personas.- Así, Susana Derrico, dijo ser vecina lindera y saber que a la víctima la habían encontrado en el pozo de la casa vecina. Dijo que veía todos los días a la víctima porque estaba todo el día sentada en la vereda, “la sentaban ahí a la mañana y después la metían a la casa”, agregando que la misma “tenía una enfermedad mental, y era tratada en el hospital Paroissien. Yo conversaba con la víctima en la vereda, nos pedía gaseosa, comida, cosas así, era habitual que pida comida, decía que no le daban de comer”.-
Agregó que la joven siempre fue “grandota, gorda, bien rellena”, sobre todo en la época en la que iba a buscar comida al comedor de la esquina, pero después ya no concurrió más y no le daban de comer, comenzó entonces a ponerse “flaca”, que es como estaba últimamente, “cada vez mas flaca, piel y hueso, después no la vimos más”.-
Dijo que cuando la veían golpeada le preguntaban qué le había pasado y ella decía que le habían pegado. “Le vimos moretones en la cara, en los brazos. Decía que le pegaron su papá y el Pío, por Ariel, que es como le decían”.-
Manifestó que en una oportunidad había concurrido personal de la Comisaría de La Mujer porque el colegio de enfrente hizo la denuncia ya que la jóven gritaba mucho desde adentro de la casa, ocurriendo esto para el tiempo en que ya no la veía en la vereda.-
Al ser consultada, respondió la testigo que la víctima gritaba cosas “como quejándose” y que al concurrir la policía les dijo “estoy atada”, lo que motivó el ingreso del personal policial, que procedió a sacar fotos, para luego retirarse sin llevársela; que ésa vez a ella le tomaron declaración los policías porque ella pudo apreciar que la jóven estaba atada y desnuda, diciéndole que la llamarían, pero no lo hicieron. Agregó que la víctima vivía en una casilla, al lado del árbol, donde la encontraron atada, pero que el personal policial conversó con “Pio”, que justo llegaba.-
Hago aquí un breve paréntesis para reseñar que lo narrado por la deponente guarda directa relación con lo que surge de las piezas obrantes a fs. 25/70 del cuaderno de instrucción suplementaria de la defensa, fundamentalmente la denuncia de fs. 26/28, extremo sobre el cual volveré al final de este fallo.-
Regresando a lo expuesto por la testigo en el debate, indicó que ella veía a la joven desnuda en la calle, “varias veces la metí yo a mi vecina a la casa”, notando que estaba delgada aunque “no piel y hueso” como la última vez que la vio.-
En cuanto al lugar donde fue hallado el cuerpo, dijo que se enteró porque “estaban todas las cámaras, toda la gente cuchicheando, nadie creía”, que cuando el padre vivía también le pegaba, como Ariel, y que a éste ella le preguntó por qué lo hacía y le respondió “porque vos no la aguantás, ¿sabés lo que come?”.-
Afirmó, al ser preguntada, que desde que no salía mas a la calle y escuchaba los gritos desde adentro, hasta el hallazgo, habrán pasado tres días o una semana como máximo, y que con anterioridad escuchaba gritos pero sin poder decir si eran de la jóven o no.- Indicó que la pareja del otro hermano de Bety iba al colegio, y que la gente comentaba que Ariel la había matado y la tenía ahí, afirmando la mujer que iba a hacer la denuncia, agregando que este rumor fue unos tres días o una semana antes del hallazgo, porque ella para esa fecha no la escuchaba mas.-
La también vecina Yaneth Remedios Zamora, quien dijo conocer desde hacía 36 años al imputado del barrio, como así también a la víctima, quien incluso trabajó para ella en su casa, es quien menos objetiva se mostró para con aquél, y quizás la que mas afectada por los hechos ventilados pareció estar. En este sentido, no tuvo reparos en afirmar, en llanto y cuando fue interrogada sobre el concepto del acusado, que era “un hijo de mil puta, al principio pensé que era bueno, pero después me di cuenta que era una mierda, porque se juntaba con gente como él, borrachos, tomando, siempre en la puerta de la casa estaban Rubén, Hugo, “Trapito”, una chica Nancy que es borracha que decía que la bañaba y la limpiaba [por la víctima], y era mentira porque un día yo entré por atrás y la vi a Bety desnutrida y desnuda”.-
Aludió así a que sabía que abusaban de la víctima, que la tal Nancy la bañaba y la higienizaba para que después “estos hijos de puta entraran y la abusaran”, indicando que esto lo sabe por cuanto hace pocos días encontró a Nancy, quien estaba en estado de ebriedad y con una caja de vino en la mano, y le refirió que ella bañaba a Bety, y cuando ella le recriminó el trato que recibía le dijo que “no yo no le hacía nada” siendo que allí el contó lo de los abusos, ante lo cual ella la insultó y le dijo “vos la entregabas”, refiriéndole “Nancy” que sí, pero que ella no tenía la culpa que Bety viva ahí.-
Luego de ello, recordó la testigo que a Bety la encontraron el 13 de julio del año pasado, fecha que recordaba porque era el día del cumpleaños de su hermana, y que hacía 6 o 7 meses –antes de esa fechaque la veía desnutrida, logrando apreciar en algunas ocasiones que la joven decía “no lo hagas más, me estás haciendo daño, no me pegues”, agregando en llanto la testigo “yo lo escuché”.-
Afirmó que todo el diálogo que tuvo con Bety es cuando estaba sentada y se saludaban; que ella llamó a la organización de la madre de Marita Verón y a los noticieros, para dar cuenta de todo esto, pero le decían que tenía que convocar a los vecinos, con los cuales ella conversaba, los que vivían pegados a la casa, pero nadie quería denunciar.- Agregó la declarante que el padre de Bety la abusaba, lo que afirmaba porque una vez la jóven le exhibió una “arandela de mecánico” y contaba que el papá se la había regalado diciéndole que era la esposa y que ella tenía que complacerlo porque era el marido.-
Ya en aquello que la testigo pudo ver, indicó que cuando la notó desnutrida ya el padre no vivía, y que cuando éste lo hacía la joven estaba “gordita como era ella”.-
Precisó que los vecinos le alcanzaban alimentos y se lo quitaban, “el hermano hacía eso, la bestia porque otra cosa no puedo decir”, lo cual pudo verlo en una ocasión en que le llevaron un taper con comida para Bety pero Ariel dijo que se lo den a él y no se lo entregaba a la joven “porque estaba desnutrida, por eso”.-
Dijo que no podía recordar la última vez que la vio a la víctima, calculando que fue unos 8 o 9 meses antes del 13 de julio de 2013, atrás de la reja de la casa, siendo que el último trato fue de un año antes del hallazgo del cadáver.-
Rosa Florencia Fernández, también vecina del lugar, dijo conocer a imputado y víctima desde la infancia, describiendo la situación de Bety como de maltrato, “era golpeada, en aquel entonces lo hacía el padre y después el hermano”, lo cual pudo ver ella en una ocasión. En este sentido aclaró que enfrente de la vivienda del encausado hay un colegio donde ella iba a la secundaria nocturna, sintieron unos gritos y corrieron a una ventana para ver quien era, visualizando que entre el padre y Ariel le pegaban a la joven, ante lo cual llamaron a la policía, creyendo que hubo una investigación en consecuencia.-
Agregó que en la ocasión sacaron fotos dando cuenta que la tenían atada, y que estaba maltratada.-
Manifestó haber escuchado cuando pasaba por la puerta de la casa que la joven gritaba “basta, no, eso no me hagas”. Aludió a un sujeto llamado Fernando Acosta, apodado “Trapito”, el que una vez golpeó la puerta de su casa y le dijo que venía a buscar un poquito de hielo, que estaban tomando algo con Pío, en relación al apodo con el cual era conocido el acusado, y ella le preguntó por Bety y el chico se largó a llorar, diciéndole “no sabés cómo está pobrecita, esta encerrada en una piecita, desnuda, atada de manos con un alambre y ahí hace caca y pis en el mismo lugar, yo le tiré algo para que coma pero a escondidas de Pío que se enoja porque no quiere que le demos comida”, agregándole después que “había un cuadradito por donde le pasaban las cosas, yo me agaché y la vi desnuda, reflaquita, y lloraba”.-
Indicó que al otro día ella llamó al 911, a Protección de Violencia a la Mujer y Derechos Humanos, siendo que en varias oportunidades fue el patrullero y los policías le decían a “Pio” “te siguen denunciando”, respondiéndoles aquel que no sabía porque se ensañaban los vecinos con él, todo lo cual sucedió entre 5 y 7 días antes del hallazgo del cuerpo de Bety.-
Mas adelante en su relato, retomó la testigo la conversación que tuvo con el tal “Trapito”, quien le dijo “para mi se la pasan todos Florencia”, como así también otra que mantuvo con un sujeto llamado Julio Torres, alias “Cachavacha”, quien a los 15 o 20 días del hallazgo del cadáver fue a su casa a hacer una changa y le preguntó cómo no sabía nada de lo ocurrido, ante lo cual éste le dijo que sí sabía, y que la última vez Pío le dijo que tenía que hacer material para construir una pieza para las nenas, lo que así comenzó a elaborar, para luego Pio salir con una pala amenazando a pegarle, echándolo de la casa, quedando el material ahí, como así también le refirió que a la jóven “se la pasaban todos los que estaban ahí”, ello en referencia a Hugo Lesana, Nancy Aguirre, Julio Torres, Rubén Sánchez alias “pastelito”, Daniel Costilla “El chino”, “El Pato” y Fernando Acosta..-
Dijo que los vecinos decían que habían escuchado cuando Ariel Morales cavaba con la pala en el fondo de su casa, que ella seguía llamando a la policía, con la cual sabía que el imputado tenía relación porque le llevaban los móviles a arreglar dada su condición de chapista.- Adriana Haydee Quiroga, prima tanto del imputado como de la víctima, dijo que ésta convivió con su padre hasta que falleció el 12 de agosto de 2011, siendo que el 13 de julio de 2013 encontraron al cuerpo de su prima. Indicó que el día del fallecimiento de su tío ella se enteró por su tía, concurrió a la casa de Ariel y allí lo encontró sin saber qué hacer porque “no tenía un peso, la familia juntamos un dinero y a las 14:00 recién fuimos a la cochería a contratar un servicio”.-
Agregó que a Beatriz en dos ocasiones la acompañó al médico psiquiatra que la atendía en el Hospital Paroissien, donde aquella debía concurrir cada 15 o 30 días, y cuando le preguntó al facultativo por el motivo por el cual no le daban el alta éste le dijo que no la daban porque era esquizofrénica, y le explicó en qué consistía la enfermedad. Recordó que el último día que vio a su prima con vida cuando el fallecimiento de su tío, ocasión en la cual y cuando pasó el cortejo por el frente de la propiedad Ariel la sacó del brazo del domicilio e hizo que salude a su padre apoyándola en la carroza.-
Interrogada que fue, aclaró que en vida de su tío su prima era grandota, obesa, comía desmedidamente, y que tanto su tío como su primo le dieron malos tratos, conforme “me dijeron los vecinos linderos”, quienes le hicieron saber que llamaban a la policía porque la escuchaban llorar o que la golpeaban, y que también le contaron que de aquél estado, pasó a ser “un cadáver, muy delgada”.-
Alejandro Rodrigo Lobos, personal policial de la seccional Los Pinos, dijo que una semana antes del hallazgo del cadáver concurrió a la casa de Morales, porque realizó averiguaciones por el paradero de una mujer, que según aquel denunciante se había ido de la vivienda, y que preguntó a varios vecinos para ver si alguien la había visto, indicándole Morales que estaba preocupado.-
Expuso que en la ocasión pasó al interior de la vivienda del imputado, que era muy precaria, sin observar nada que le llamara la atención, ello pese a que recordaba que la vivienda tenía una entrada, una mesa, la cocina, de una plaza, donde había una sola cama, sin saber qué responder cuando fue interrogado si no le llamaba la atención que exista una sola cama a pesar de que en la vivienda morarían ambos hermanos.- Finalmente, tengo en consideración lo expuesto por el médico de policía que practicara la autopsia obrante a fs. 193/300, incorporada por lectura al debate con acuerdo de partes, Dr. José Olomudski, quien recordó que la pericia se había realizado sobre un cuerpo en avanzado estado de putrefacción, cuya data de muerte era de hacía unos 30 a 45 días a la fecha de la pericia, lo que era difícil de determinar habida cuenta que el cuerpo había sido hallado en una cámara séptica, lo que implicaba que se acelere el proceso de putrefacción.-
Luego de afirmar que la tanatología no es una ciencia exacta sino de aproximación, agregó que para determinar la data de la muerte en estos casos de avanzado estado de putrefacción acuden a la experiencia, dependiendo mucho las conclusiones del lugar del hallazgo, condicionante todos los cuales le permitían afirmar aquella data de muerte, la cual podía reducirse entre 5 y 10 días, no más.-
Preguntado que fue por las lesiones, indicó que fueron encontradas una equimosis en el labio inferior y fracturas en la laringe y en el hemitórax derecho e izquierdo, aclarando que por la desaparición de partes blandas de la cara no se pudo apreciar si hubo o no otras lesiones de interés sobre esa superficie.-
En cuanto a la fractura en la laringe, dijo que se había constatado la desarticulación parcial de los cartílagos, presentando una fractura de asta lateral izquierda, con características de vitalidad habida cuenta la infiltración hemática. Agregó además que fue producida por compresión manual extrínseca, sin poder comprobar la presencia de un lazo.-
En relación a las fracturas en ambos lados del tórax, indicó que también tenían signos de vitalidad, y que generaron insuficiencia respiratoria.-
No pudo determinar el orden de las lesiones de tipo fracturarias, refiriendo que los eventos traumáticos fueron todos simultáneos a la muerte, sin que pueda afirmarse que haya existido mucha diferencia temporal entre unos y otros, y que por lo general la causa final de la muerte guarda relación con la compresión del cuello.-
Respecto de la lesión allí observada dijo que no podía tener otra causa que no sea la presión extrínseca, en tanto que las lesiones en el tórax, por su gravedad y siendo que estaban comprometidas ambas caras, daba cuenta de un golpe violento, desde que de no haber sido así no se observarían fracturas en cara lateral y posterior. Preguntado que fue a título de hipótesis, respondió que para que se generen los traumatismos en el tórax ante la caída a un pozo esta debió ser de una altura no menor a los 3 o 4 metros, debiendo encontrarse el pozo no con agua sino seco, sólido, desde que de lo contrario, nuevamente, las fracturas habrían sido menores.- Nótese que lo informado por el galeno no es otra cosa que lo que surge del peritaje de autopsia luciente a fs. 193/200, en donde se concluye como causal de muerte un paro cardiorrespiratorio traumático producto de compresión extrínseca de cuello y traumatismo torácico.- Como puede vislumbrarse, entonces, existen ciertos datos convictivos plenamente acreditados, a partir de los cuales pueden extraerse conclusiones válidas e inequívocas.-
En primer lugar, el cuerpo sin vida de Beatriz Morales fue encontrada en el interior de un pozo ciego situado en la parte trasera de la propiedad que era habitada, además de por ella, de su hermano Ariel Morales, quien denunció a la autoridad policial, que no está demás decirlo poco hizo más que concurrir al domicilio ante el llamado de los vecinos a entrevistarse con el encausado, la “desaparición” de aquella.-
Pozo ciego que conforme Antonio Morales hacía tiempo estaba tapado, observándose un agujero con signos de haber sido abierto ante la rotura de los ladrillos de la boca de ingreso, como así también la presencia de material tanto en las paredes como en el fondo, sobre el cuerpo de la víctima, siendo que, además, aquel estaba tapado con maderas y demás escombros, todos los cuales debieron ser removidos por el citado testigo al comenzar la búsqueda.-
También aparece probado que el imputado maltrataba a la joven, aplicándole golpes, atándola cuando se quedaba sola en la vivienda, como así también no alimentándole debidamente, actitudes éstas que se relacionan tanto con la discapacidad mental que la misma presentaba -de la cual dieron cuenta tanto los familiares como los vecinos que concurrieron al juicio, así como también el certificado obrante a fs. 417, emitido en los términos de la ley 10.592/87- que habrá de tener directa relación con el encuadre jurídico de la conducta del acusado, extremo sobre el cual volveré, como así también la dificultad de procurar el sustento necesario para atenderla.-
Como tercer dato de interés, se alza la circunstancia de que el acusado en el instante mismo en que su hermano llama a su esposa para que le corrobore lo que había descubierto, esto es el cuerpo sin vida de Beatriz, diciéndole a viva voz a aquélla, que se encontraba en la vereda de la propiedad, “Negra decime que no es mi hermana”, optó por salir corriendo de la propiedad, dirigiéndose en definitiva a la vivienda de un tío al cual hacía por lo menos tres años no visitaba, y con el cual tan poca relación existía que siquiera sabía de la muerte del padre de los hermanos Morales, acaecida al menos dos años antes.-
De estos hechos, emergen los indicios de oportunidad y presencia que fluyen de la convivencia entre los hermanos en el interior de la casa; el indicio de motivo por cuanto la víctima representaba para Ariel Morales una carga económica difícil de sostener, tal como refirieron alguno de los vecinos cuando escucharon de boca del acusado que éste se quejaba por la cantidad de comida ingerida por Beatriz, como así también por el hecho de que no la podía dejar sola en la casa porque se escapaba, ante lo cual optaba por atarla, como así también por traerla a “golpes” a modo de reprimenda.-
Estas agresiones físicas previas también constituyen un indicio de modo. Nótese que si bien a la vivienda concurrirían otras personas, las cuales según comentarios de los vecinos serían de mal vivir, nadie aludió a que estos golpeen a la víctima, siendo que el comentario de parte de algunos vecinos sería que Morales permitiría que abusaran de la joven, extremo éste que no forma parte del presente debate, habiendo motivado el pedido de la Fiscalía de la extracción de copias, y que por lo demás no ha surgido en forma directa sino a través de dichos de terceros que no fueron convocados al juicio.-
Así las cosas, si bien no existe –tal lo antes expuestoningún elemento de prueba directo que acredite la autoría de Ariel Morales en el hecho, dicha circunstancia no solo no es necesaria a la luz del sistema de valoración de la prueba reglado por el art. 210 del C.P.P. según ley 11.922, sino que además aquella circunstancia aparece suplantada por una pluralidad de indicios lo suficientemente graves y concordantes, como para afirmar, sin hesitación alguna, que ha sido el hoy juzgado quien participara activamente en la muerte de la víctima.-
No dejo de señalar, aunque sin peso convictivo desde que ninguno de los testigos que fueron convocados al debate dijeron haberlo presenciado, que ya en el alerta al “911” informado a fs.115 se aludía a que algunos vecinos habían escuchado cómo se cavaba en la propiedad de Morales en horas de la madrugada, lo cual también fue traído al debate por Antonio Morales, quien indicó que así se lo hizo saber uno de los vecinos linderos; empero, no habiendo concurrido ninguno al juicio, aquella mención solo queda en el terreno de la duda.-
Si bien el análisis del material probatorio antes reseñado permite concluir, reitero sin lugar a dudas, la autoría de Morales en el homicidio de su hermana Beatriz, lo cierto es que necesariamente debo adunar a mayor abundamiento lo que el propio imputado le manifestara a su tío Roldán en la seccional policial.-
En este sentido, reparo que Morales, una vez en la seccional policial y alojado solo en la celda destinada a los infractores, pidió hablar con su tío, refiriéndole que había matado a la joven porque era una carga, y que la había arrojado luego al pozo, ello en un estado que el testigo describiera como de arrepentimiento y congoja.-
No está demás referir que estas manifestaciones no han sido cuestionadas por la Defensa en su alegato final. Y ello, indudablemente, por cuanto ningún reparo puede efectuarse desde que la comunicación mantenida a viva voz por el nocente, lo fue a su pedido, sin que mediara violencia física o moral alguna hacia su persona y luego de que le fueron leídos los derechos consagrados por el art. 60 del digesto adjetivo, entre ellos precisamente del derecho a no declarar y a contar con un abogado defensor, de todo lo cual se dio cuenta en forma precedente a este apartado del voto.-
También escuchó manifestaciones autoincriminantes de Morales el testigo Otero, miembro de la Brigada de Investigaciones Departamental, por aquella época, que procediera a la aprehensión y posterior traslado del imputado a la dependencia policial. En este sentido, estos dichos habrían sido otros, proferidos por el nocente cuando, también alojado en la dependencia y mientras el resto de la comitiva –entre ellos Roldán- estaban en un despacho confeccionando las actuaciones de rigor, aquél gritara haciendo referencia a circunstancias particulares que habrían rodeado al hecho –así, el fallecimiento del padre, que la hermana se iba de la casa y no la podía mantener, que era chapista y no podía solventar los gastos- y que “no había querido hacerlo”.-
Otero indicó, además, que cuando interceptaron a Morales a la salida de la vivienda de Roldán, les hizo referencia a si lo buscaban “por lo que pasó en mi casa”, no recordando si ello lo pudo oír el tío porque los habían separado para determinar las circunstancias personales, lo que guarda perfecta armonía con lo manifestado por Roldán en cuanto a que él volvió a entrar a su vivienda para buscar dinero para volver de la seccional policial, motivo por el cual no pudo escuchar lo que hablaba su sobrino con los agentes del orden.-
En cuanto a las manifestaciones de Morales, digo que fueron más de una por cuanto Otero refirió que cuando aquél decía lo que se acaba de recordar, ya en la seccional policial, Roldán estaba con el resto de los agentes policiales, en una oficina de la comisaría situada a no más de dos metros de la celda, motivo por el cual creía que Roldán también había escuchado esto, sin recordar si éste, luego, fue a conversar con el aprehendido.-
Recuerdo en este punto que Roldán, en el debate, se mostró con notorias dificultades para oír, lo que obligaba a levantar las voz al tiempo de hacerle las preguntas de rigor, con lo cual claro es para el suscripto que aquel pudo no haber escuchado estos gritos y aludir así, solamente, a aquello que su sobrino le dijo frente a frente, luego de que él haya terminado su declaración.-
No paso en silencio, por fuera, reitero, de la falta de queja alguna, que conforme surge del acta de fs. 58/59 y la declaración de Roldán de fs. 70/vta. Morales habría dicho "me vinieron a buscar por lo que pasó en mi casa, yo no tengo nada que ver, yo no la maté" en la puerta de la vivienda del testigo, luego en la seccional "yo no la mate, se murió y no tenía plata para la ambulancia y como no tenía plata la tire en el pozo ciego".- Ahora bien, lo cierto es que en el debate ninguno de los tres testigos –me refiero a los dos miembros de la Brigada, Fernández y Otero, y el propio tío del acusado, Roldán- recordaron aquellas frases de boca de Morales, incluso ello pese a que se autorizó la lectura de las partes pertinentes de las piezas de referencia que peticionara la Defensa, debiendo estarse a la versión oral de los testigos que declaran directamente ante el tribunal, que así recibe sin intermediarios la prueba, con lo cual no aparecen probadas aquellas manifestaciones. No finalizo sin volver a recordar aquí lo espontáneo del gesto de Roldán cuando, en el instante mismo que se le daba lectura de su declaración testimonial escrita, ponía gesto adusto y negaba con la cabeza, para luego hacerlo verbalmente, haber oído de boca de su sobrino lo que allí se consignara, lo que cobra relevancia a poco que se repare que el testigo dijo que ni había leído su declaración antes de firmarla, que apenas sabía leer y escribir, circunstancia que no le puso en conocimiento al policía que lo entrevistaba, ni que recordaba que se la hayan leído.-
Pero además, no encuentro motivo para descreer de la versión de Roldán, quien pese a una relación poco frecuente no deja de ser el tío de víctima e imputado, sin que se haya evidenciado algún tipo de animosidad para con el encausado, o interés alguno en perjudicar su situación procesal, extremo que siquiera fue invocado por alguien.- De quien, no obstante, no puede evidenciarse idéntica parcialidad, y de hecho resulta llamativo el accionar, es de los efectivos policiales de Los Pinos, dependencia donde se labraron ambas actuaciones -me refiero al acta de fs. 58/59 y como la testifical de Roldán de fs. 70/vta.- que sí tenían trato con el encausado por cuanto era el chapista que les atendía los móviles, y con el cual frente a las denuncias reiteradas por la situación de Beatriz Morales solo atinaban a concurrir al domicilio y conversar con aquél alertándolo de la continuidad de denuncias.- Por si todo ello fuera poco, y de nuevo en tren de hipótesis, se tuviese por cierto aquello que no quedó probado, esto es las frases atribuidas a Morales en la pieza de fs. 58/59, nótese que siquiera guardaría relación la manifestación “yo no tengo nada que ver yo no la mate” y después "yo no la maté, se murió y no tenía plata para la ambulancia y como no tenía plata la tiré en el pozo ciego" con el resultado de la autopsia, que da cuenta de lesiones varias que fracturaron la laringe y ambos laterales del tórax, como así tampoco el motivo esgrimido para arrojar a su hermana fallecida –en circunstancias que Morales desconocería- esto es porque no tendría dinero para afrontar los gastos, con la conducta precedente del propio justiciable.-
Y con ello me refiero a que la testigo Quiroga, prima del encausado y de la víctima, contó que cuando ocurrió el fallecimiento del padre de aquel –y tío suyo- recién pudieron contratar un servicio de cochería en la tarde en que ella y otros parientes concurrieron al domicilio, por cuanto Ariel Morales no tenía dinero para afrontar los gastos, con lo cual, siempre según esta versión trazada a modo de hipótesis, no se entiende los motivos por los cuales el justiciable habría actuado de otro modo en el caso de su hermana Beatriz.-
En conclusión, los testigos que declararon en el debate y tuvieron contacto directo con el encausado en forma inmediata posterior al hecho no recordaron los extremos autoexculpatorios -por lo menos de la muerte- que se le atribuyen a Morales, sino muy por el contrario, en dos contextos diferenciables -Otero cuando aquel gritaba desde la celda y Roldán cuando concurrió a dicho lugar a verlo a pedido del propio justiciable- dijeron que el nocente admitía su intervención en el homicidio de su hermana.-
A riesgo de sobreabundar, y sin perjuicio que también tal lo dicho aún sin éstas manifestaciones la cuestión atinente a la autoría de Morales en el hecho aparece zanjada con el resto de las pruebas incriminantes indicadas ut supra, no solo no se alzó ninguna queja en cuanto a la posibilidad de introducir en este análisis aquellas expresiones del encausado sino que, además, ello se ha hecho en un marco de absoluta legalidad.-
Sobre el particular Otero fue claro cuando respondió que una vez identificado en la puerta del domicilio de Roldán y antes de proceder a su traslado a la seccional policial, procedieron a darle lectura del contenido del art. 60 del rito, tal como surge del acta de fs. 58/59, recordando en la audiencia que entre otros, le hicieron saber que no se encontraba obligado a declarar en su contra y de la posibilidad de contar con un abogado defensor.-
Indicó además, que él introdujo a Morales en la celda respectiva, que no eran los calabozos de la comisasría sino el lugar destinado a alojar provisoriamente a quienes eran demorados por averiguación de identidad o por alguna infracción, situada a unos dos metros de la oficina donde ellos se encontraban y en la cual el imputado estaba solo, sin ningún tipo de lesión y sin que nadie lo interrogara en modo alguno sobre los motivos por los cuales se encontraba en el lugar o lo exortara a que dijera algo sobre el punto.-
En forma coincidente, Roldán indicó cuando se encontraba brindando su declaración en la comisaría vino un policía a buscarlo porque su sobrino quería verlo, siendo que allí, encontrándose solo ellos dos y el policía que lo buscara, Morales le reconoció el haber matado a su hermana, ello en un estado de aflicción y arrepentimiento, tal lo descripto por el testigo.-
El indicio autoral que emerge de estas manifestaciones surge prístino a poco que se repare que, en las condiciones en que fueron vertidas, no aparecen sino como producto de una decisión libre y voluntaria del imputado, quien no se vio coaccionado ni exortado en modo alguno a obrar de tal manera, con lo cual aparece la situación en análisis conforme el estándar fijado por la Corte Superma de Justicia de la Nación.- En efecto, sabido es que el artículo 18 de la Carta Magna Federal determina que nadie puede ser obligado a declarar contra uno mismo, garantía ésta contenida también en el bloque internacional de derechos humanos presente en el art. 75 inciso 22 (art. 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y que tiene su correlato con la V Enmienda de la Constitución Federal de los Estados Unidos de Norteamérica.-
Ha sentado nuestro más Alto Tribunal la regla por la cual una confesión o cualquier manifestación autoincriminante vertida por el imputado a la autoridad policial para ser válida no debe haber sido producto de coacción, intimidación o violencia, sino antes bien una libre decisión del interesado (ver precedentes "Fiorentino", "Montenegro", "Cabral", entre otros).-
En sentido coincidente, en el leading case "Miranda V Arizona" (384 US 436,1966) La Corte Federal de Estados Unidos analizando las implicancias de la aludida V Enmienda expresó "nuestro sistema acusatorio de la justicia criminal requiere que el gobierno que intenta castigar a un individuo produzca la prueba contra él mediante su propio trabajo independiente, más que por el expediente cruel y simple de obtenerlo de su propia boca. En suma, el privilegio se completa solamente cuando la persona tiene garantizado el derecho a permanecer silencioso a menos que decida hablar en el inalienable ejercicio de su propia voluntad" (el restaltado es propio), habiéndose probado, tanto en este caso como allí, que la autoridad policial puso en conocimiento del aprehendido desde el inicio los derechos con los que contaba por su condición de tal, los cuales aparecen en nuestro ordenamiento provincial consagrados en el art. 60 del digesto adjetivo y que son sustancialmente los mismos que los indicados por la Suprema Corte estadounidense en las conocidas de allí en más como "Reglas de Miranda".-
Todo lo anterior, para finalizar, sin dejar de reseñar incluso que de las dos manifestaciones autoincriminatorias del encausado, en uno de los casos siquiera las profirió a la autoridad policial sino antes bien a un tío suyo a cuyo domicilio el propio Morales concurrió, también voluntariamente, ante el hallazgo del cadáver de su hermana en el pozo situado en el fondo de su propiedad.-
Así las cosas, entiendo que el análisis de los elementos de convicción antes efectuado no permite arribar a otra lógica conclusión que no sea la de atribuirle al nocente, en forma objetiva y subjetiva, el hecho probado y recreado en la cuestión anterior, motivo por el cual a este interrogante doy mi voto por la afirmativa, por ser ella mi sincera y razonada convicción (arts. 210, 371 inciso 2, 373 y cc. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).-
A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces doctores Rizzuto y González, por los mismos fundamentos que el Sr. Juez preopinante, a los que adhieren, votan por la afirmativa, por ser ella su razonada y sincera convicción (arts. 210, 371 inciso 2°, 373 y cc. del C.P.P.).-
A LA TERCERA CUESTION, el señor Juez doctor Matías Mariano Deane, dijo:
No ha sido invocado, ni surge de la causa, la existencia de circunstancia eximente alguna, motivo por el cual a esta cuestión voto por la negativa, por ser ella mi sincera y razonada convicción (arts. 210, 371 inciso 3°, 373 y cc. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).- A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces doctores Rizzuto y González, por los mismos fundamentos que el Sr. Juez preopinante, a los que adhieren, votan por la negativa, por ser ella su razonada y sincera convicción (arts. 210, 371 inciso 3°, 373 y cc. del C.P.P.).-
A LA CUARTA CUESTION, el señor Juez doctor Matías Mariano Deane, dijo:
Ninguna de las partes hizo alusión a la existencia de pautas diminuentes de la sanción –en el caso de la Fiscalía con la salvedad que realizaré de seguido- ni encuentro alguna circunstancia que amerite su introducción oficiosa en este sentido, por todo lo cual a la presente cuestión voto por la negativa, por ser ella mi sincera y razonada convicción (arts. (arts. 210, 371 inciso 4°, 373 y cc. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).-
A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces doctores Rizzuto y González, por los mismos fundamentos que el Sr. Juez preopinante, a los que adhieren, votan por la afirmativa, por ser ella su razonada y sincera convicción (arts. 210, 371 inciso 4°, 373 y cc. del C.P.P.).-
A LA QUINTA CUESTION, el señor Juez doctor Matías Mariano Deane, dijo:
El Sr. Fiscal de Juicio, en su alocución final, indicó que no resultaba necesario ponderar pautas mensurativas de la pena en atención al tipo de sanción indivisible prevista para el delito por el cual formulara acusación.-
Ahora bien, tal lo adelantado en la primera de las cuestiones y lo que será su correlato en el apartado respectivo de la sentencia subsiguiente, no es el encuadre jurídico sostenido por el Ministerio Público Fiscal el que entiende el tribunal que corresponda adoptar, motivo por el cual aquellas circunstancias valoradas por el acuse y que se relacionan con los motivos y modos de comisión del ilícito y que conforme se dirá no alcanzan para sustentar las figuras agravadas pretendidas por dicha parte, sí pueden dar base, por encuadrar en el marco mensurativo previsto por los arts. 40 y 41 del Código Penal, a pautas severizantes de la pena.- Y sin que ello importe sorpresa para la defensa por cuanto, reitero, dichas circunstancias fácticas han sido ventiladas en el debate y se relacionan con las figuras agravadas a las que echara mano el Sr. Fiscal, y que justamente el Sr. Defensor Oficial resistiera en el contexto de su alegato; pautas éstas que, adelanto, deben tener una especial incidencia en el quántum de la pena habida cuenta que permiten ilustrar la gravedad de los hechos en juzgamiento.-
Efectuadas estas aclaraciones, entonces, entiendo que la circunstancia de ser la víctima una persona con discapacidad, constituye un motivo de aumento del reproche por cuanto la capacidad mental de la misma dificultó sus posibilidades de poner fin al contexto de violencia doméstica al que era sometida por el encartado, y que también debe considerarse severizante de la sanción.-
Por ello, a la presente cuestión voto por la afirmativa, por ser ella mi sincera y razonada convicción (arts. 210, 371 inciso 5°, 373 y cc. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).-
Antes de finalizar, dejo a salvo mi opinión –sin consecuencias prácticas para el encausado- en el sentido de que el antecedente condenatorio que registra Morales (ver fs. 8/19 del cuaderno de instrucción suplementaria de la Defensa) y el grado de parentesco entre imputado y víctima constituyen pautas agravantes que debieron ser sometidas a la consideración de la jurisdicción; la primera por cuanto además de venir expresamente contemplada por el art. 41 inciso 2° del C.P. hace a la mayor peligrosidad de aquel que ya conociendo en concreto las consecuencias abstractas previstas por las normas penales, nuevamente no se motiva a transitar la senda de lo lícito y la segunda desde que aunque dicha relación no aparece consagrada por el legislador en el primer inciso del artículo 80, resulta indudable que quien mata a un hermano violenta un lazo sanguíneo y afectivo que justifica el mayor reproche.-
Empero, no habiéndoselas así introducido, el tribunal se encuentra vedado de toda ponderación al respecto.-
A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces doctores Rizzuto y González, por los mismos fundamentos que el Sr. Juez preopinante, a los que adhieren, votan por la afirmativa, por ser ella su razonada y sincera convicción (arts. 210, 371 inciso 5°, 373 y cc. del C.P.P.).-
En este estado y no quedando cuestión por tratar, los señores Jueces pasan a dictar resolución respecto de las cuestiones tratadas:
En atención al resultado arribado al analizar los interrogantes precedentes, este Tribunal, por unanimidad, resuelve: Pronunciar veredicto condenatorio en relación a Ariel Alejandro Morales, (a) “Pio” y de las demás condiciones personales obrantes en autos, en relación al hecho descrito en la primera de las cuestiones del presente, ocurrido en los primeros días del mes de junio de 2013, en el barrio Los Pinos, localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza, en perjuicio de Beatriz Morales (arts. 210, 371, 373 y cc. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires). Fdo. Gabriela Silvia Rizzuto, Juez; Matías Mariano Deane, Juez; Javier Mario González, Juez. Ante mi: Eduardo Daniel Musmeci, Secretario. ---------- S E N T E N C I A En la ciudad de San Justo, Partido de La Matanza, a los veintinueve días del mes de agosto de 2014, visto el veredicto arribado, el Tribunal, continuando con el mismo orden de votación, procede a dictar en su consecuencia sentencia en la presente causa Nº 277/14, seguida a Ariel Antonio Morales, (a) “Pío” y de las demás condiciones personales obrantes en autos, en relación al hecho por el cual se le dictara veredicto condenatorio, ocurrido en los primeros días del mes de junio de 2013, en el barrio Los Pinos, localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza, en perjuicio de Beatriz Morales.-
Así las cosas, y conforme lo normado por el art. 375 del rito, corresponde plantear y votar las siguientes:} C U E S T I O N E S 1) ¿Cuál es la calificación legal del hecho?.-
2. ¿Cuál es la pena a imponer?.-
A LA PRIMERA CUESTION, el señor Juez doctor Matías Mariano Deane, dijo:
Conforme lo expuesto en el veredicto, el hecho votado debe subsumirse en la figura del homicidio simple (art. 79 del Código Penal), debiendo responder el imputado en calidad de autor (art. 45 ibídem).- Como puede apreciarse, la modificación del encuadre típico de la figura por la cual debe responder Morales encuentra correlato con el cambio de la plataforma fáctica que ha operado entre aquel hecho que el tribunal tuvo por probado en relación a los extremos de la imputación que no pudieron superar el estado constitucional de inocencia.-
Así las cosas, no ha quedado probado que el acusado haya obrado alevosamente o en el contexto de violencia de género, con lo cual cabe recoger el primero de los planteos subsidiarios efectuados por la Defensa.-
En efecto, el Sr. Fiscal entendió configurada la alevosía por cuanto, según su hipótesis de trabajo, Morales colocó en situación de indefensión a la víctima al dejar de darle de comer, como así también de aprovechó de la discapacidad mental que padecía su hermana, para así en ambos casos obrar sobre seguro.-
Se ha definido a la alevosía como el empleo de medios, modos o formas en la ejecución del hecho que tiendan directa y especialmente a asegurar el homicidio sin riesgo (Donna, Edgardo Alberto Derecho Penal. Parte Especial Tº 1, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 1999, p. 40/41; Fontán Balestra, Carlos Derecho Penal. Parte Especial Abeledo Perrot, Bs. As., 1995, p. 36) de lo que sigue que es requisito objetivo que la víctima se encuentre en un estado de indefensión -que era conocido por el autor o en el cual éste la puso- de modo tal de verse impedida de oponer resistencia.-
Desde lo subjetivo, reclama que el autor obre sobre seguro, o sea sin el riesgo que pueda significar la reacción de la víctima o de terceros, lo cual implica una preordenación de la actividad del agente, esto es, el aprovechamiento del estado de indefensión, sin que sea necesario, empero, un actuar sereno y frío propio de la premeditación (cfr. Creus, Carlos Derecho Penal. Parte Especial, Tº 1 Ed. Astrea. Bs. As., 1997, p. 20/21; Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Tº III, TEA, Bs. As., 11ª reimp. total, p. 27/28; Fontán Balestra, Carlos, op. cit. p. 36/37 y añeja sentencia de la C.S.J.N. del 14 de julio y 16 de octubre de 1939 en LL, Tomos 15 y 16, p. 457 y 447).-
Estos recaudos pueden verse reflejados en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en cuanto indica "hay alevosía cuando la falta de peligro para el autor y la indefensión de la víctima -causadas o no por el sujeto activo- hubieran sido condición subjetiva del ataque" (SCBA P 45567 S 27/02/1996; P 39893 S 15/11/1994; P 33240 S 06/09/1988; P 34627 S 28/06/1988; P 36645 S 20/02/1987; P 33221 S 30/04/1985).-
Ahora bien, conforme surge del veredicto al que arribara el tribunal por unanimidad, no aparece debidamente probada una de las premisas fácticas sobre las que asentó su petición el Sr. Fiscal, esto es, que Morales haya dejado de darle de comer a su hermana con el propósito de colocarla en una situación en la cual sus posibilidades de defensa se vean disminuidas para así él actuar sobre seguro, sino antes bien que dichas circunstancias vienen relacionadas con la dificultad para brindarle el debido sustento a la víctima.-
Y ello sin que pueda concluirse, además, que el estado nutricional de la jóven -respecto del cual lleva razón el Sr. Defensor Oficial cuando apuntó que nada indicó la asistente social que concurrió al domicilio algunos meses antes ni se sabe a ciencia cierta más que las descripciones de las víctimas que dijeron verla delgada, ello agrega el suscripto en forma paulatina desde el fallecimiento del progenitor de ambos- haya sido un elemento tenido en cuenta por el sujeto activo para obrar sobre seguro.- Lo propio cabe concluir en cuanto al segundo motivo por el cual el Sr. Fiscal consideró alevoso el homicidio, esto es, el aprovechamiento de la situación de discapacidad de la hermana.- Ya hace tiempo que el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación dijo que "Cuando se mata arteramente con ventaja, sin peligro para el agresor, hay alevosía. Ello presupone, lógicamente, aptitud para defenderse por parte del sujeto pasivo, por eso la muerte dada a un recién nacido no es homicidio alevoso" (CSJN, S. del 7/4/1933, JA-41-561).- Con ello lo que se quiere significar es que la alevosía se constituye con un contenido material que supone dos principios: el obrar sin riesgos para el agente y la correlativa indefensión de la víctima, ambos elementos queridos y tenidos en cuenta especialmente por el autor, por lo cual "si el delito se comete contra persona que por razón de su edad, sexo o estado no puede defenderse, tal el caso del anciano, del niño o del discapacitado, estas circunstancias muestran perversidad en el homicida, pero por sí solas no constituyen alevosía" (Gomez, Eusebio, Tratado de Derecho Penal, p. 48, citado por Roger, Oscar Eduardo en La alevosía en el Código Penal Argentino. Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Córdoba, Córdoba 1996, p. 119).-
Es que, nuevamente, el único dato fáctico inconmovible es que Morales dio muerte a su hermana discapacitada, mas en lugar alguno del debate ha surgido que este accionar hubiese sido realizado en un contexto de aprovechamiento de la situación de indefensión relativa que la misma, por tratarse de una persona con discapacidad mental, presentase.- Tal como surge de la recreación fáctica del hecho realizada en la cuestión anterior, tampoco ha quedado probado el sustrato de hecho que permita asentar la segunda de las calificantes aludidas por el Sr. Fiscal en su alegato final, conclusión ésta que demanda ahora abordar aspectos propios del tipo penal contenido en el inciso 11 del art. 80 del Código de fondo (según ley 26.731, publicada en el B.O. del 14/12/2012), norma ésta que califica el homicidio cuando el mismo es perpetrado por un hombre, la víctima es una mujer y mediare violencia de género.-
En atención a la fecha de entrada en vigencia de la norma en estudio y al tiempo de comisión del ilícito, es esta la primera vez que el tribunal debe abordar la problemática de definir si el tipo de hechos como el que hoy nos convoca pueden ingresar en la hipótesis en cuestión.- Sabido es que por la ambigüedad propia del lenguaje los conceptos jurídicos -todos- se encuentran inevitablemente sujetos a diferentes interpretaciones, y la norma en análisis no escapa a esta regla. En este sentido ya Roxín alertaba sobre la necesidad de recurrir a la llamada analogía intratípica como forma de desentrañar los verdaderos alcances de los conceptos, toda vez que la ley otorga al intérprete un marco de referencia dentro del cual aquél puede y debe encontrar el sentido que mejor armonice con el sistema en su conjunto, entendiendo el autor citado que en la búsqueda de estos conceptos el intérprete debe recurrir a la finalidad de la política criminal (Claus Roxín, Política criminal y sistema del derecho penal, Hammurabi, Bs. As., 2002).-
En la senda indicada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que el principio de legalidad requiere de la "doble determinación por el legislador de los hechos punibles y las penas a aplicar, y proscribe, en consecuencia, la aplicación analógica o extensiva de la ley penal" (Fallos: 237:636; 307:551 y 1114; 310:1909), pero no impide la interpretación de sus normas que, en cuanto legales, requiere también la determinación de su sentido jurídico, función que es propia del Poder Judicial (Fallos: 254:315; 293:130 y 378; 3000:291; 307:1114 y 314:1454).- Así, en la llamada analogía intratípica -reitero, permitidael problema surge del uso que el propio legislador le da a la extensión del término escogido para la norma. En estos supuestos, el Juez debe verificar que la interpretación intratípica no importe, en los hechos, ampliar por caso los bienes jurídicos comprometidos en los tipos penales o aplicar la norma a supuestos no contemplados originariamente (cfr. Fallos: 312:1920; 318:207, entre otros).-
Luego, para determinar la validez de una interpretación debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484). Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal (CSJN, "Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14, 1° párrafo ley 23.737", causa N° 28/05, rta. 23 de abril de 2008), sin que por ello se deba dejar de hacer justicia en el caso (Fallos: 328:4818; 331:1262; 333:2445).-
Así las cosas, no resulta menor y muy por el contrario también constituye una importante guía de interpretación del juez -por cuanto hace a aquéllo a lo cual la República se ha obligado- lo que surge de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la "Convención de Belém do Pará", aprobada por la Argentina a través de la ley 24.632, en cuanto establece claramente en su artículo primero que "Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" (el resaltado me pertenece).-
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 16 de noviembre de 2009 por la cual condenó a Mexico en el caso conocido como “los asesinatos de Ciudad Juárez”, conceptualizó a este tipo de delito como el “homicidio de mujer por razones de género”.- En consonancia con ello, es que desde la literalidad de la ley penal puede establecerse como primera observación que el tipo reclama algo más que la circunstancia de ser el autor del homicidio un hombre y la víctima una mujer. Este plus aparece claro con la utilización de la conjunción "y" antes de la frase "mediare violencia de género".- Ahora bien, ingresando al estudio del fundamento de política criminal que tuvo en miras el legislador para sancionar la reforma -en el marco del cual se ha aludido precisamente a la adopción por parte de la Argentina de la mentada Convención- surge en forma indudable que ha sido centro de preocupación del Poder Legislativo el de precisamente diferenciar el llamado “femicidio” (terminología que, empero, no fue la utilizada en la norma) de los homicidios en el que son víctimas las mujeres.-
En boca del diputado Albrieu “Son numerosos los casos que nos da a conocer la ciencia y las crónicas de muertes de mujeres, ocurridas de distinta manera pero que tienen como común denominador el hecho de haber sido perseguidas por su condición de mujer” y más adelante agrega "El femicidio implica la muerte de la mujer por su condición de tal, mientras que en los homicidios el género de la víctima resulta indiferente” – vid versión taquigráfica del 18 de abril de 2012 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación- En sentido coincidente, en la misma sesión el diputado Milman argumento “A la muerte de las mujeres por motivo de género y, de manera más precisa, el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género, se la nombró primero en lengua inglesa y se ha traducido y utilizado en lengua castellana como femicidio”, para luego recordar que quien primero utilizó el término, Diana Russell, testigo ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres en Bruselas, en 1982 lo definió como “la muerte de las mujeres por el hecho de serlo”, criterio éste seguido también por la diputada Bullrich.-
Una intervención interesante desde la perspectiva de la dogmática penal, por cuanto permite encontrar un sustrato material de la calificante, la aportó el diputado Garrido, quien justificó la nueva figura en la existencia de un “plus adicional, que es el bien jurídico. Concretamente me refiero a la situación de discriminación y subordinación que justifica la inclusión de este tipo de delitos en una previsión aparte”.-
Esta relación de dominio entre hombre y mujer también fue aludida en el tratamiento dado en la Honorable Cámara de Senadores; así la senadora Escudero recordó que “Para la conducta del femicida, la vida de la mujer está condicionada al cumplimiento de las expectativas del varón. El varón la considera parte de su patrimonio. Entonces, cuando la mujer incumple sus expectativas, la castiga”. En sentido coincidente, la senadora Higonet diferencia el bien jurídico tutelado en esta figura de otras normas penales aludiendo a que en estos supuestos existe “un componente más que es esta discriminación, esta condición de subordinación a la que se encuentra sometida la mujer que es producto del femicidio” (ver versión taquigráfica de la sesión del 3 de octubre de 2012).-
Evidente resulta entonces, tanto por el alcance del término contenido en instrumentos internaciones adoptados por la República Argentina, por la interpretación del máximo tribunal regional, por el tenor literal de la ley como por los motivos que han tenido los legisladores al sancionarla, que debe constatarse, en este tipo de supuestos, la existencia de un plus en relación a cualquier otro homicidio en el que un hombre mate a una mujer; y que no es otra cosa que haya existido en el caso concreto una relación por la cual la mujer, por su condición de género (o sea por su condición de tal) sea cosificada, considerada no ya como un igual sino como un mero objeto subordinado a los designios del agresor.-
Del veredicto arribado ha quedado claro que no ha sido la violencia de género la causante del homicidio. No se probó, en efecto, que la condición de mujer de la víctima haya sido una situación relevante para Morales, quien antes bien motivó su accionar en las supuestas dificultades que la discapacidad de su hermana le generaban tanto para mantenerla económicamente, como para darle los cuidados médicos y la atención que la precaria situación de la misma le demandaban.-
En este sentido se han expresado los testigos, que aludieron a golpes de parte de Morales a su hermana Beatriz cuando ésta se escapaba de la propiedad, que por éste motivo además la ataba cuando él debía ausentarse, respondiéndole a las quejas que recibía de los vecinos cosas como "vos porque no la tenés que aguantar" o "sabés como come", todo lo cual y aunado al hecho de que este homicidio se produjo a los dos años del fallecimiento del progenitor de ambos, que convivía con ellos en la vivienda y que también maltrataría a la jóven, permiten concluir que más que el género de la víctima lo determinante de la violencia ejercida sobre ella ha sido su condición mental (y las obligaciones y necesidades que de la misma se derivaban), conclusión ésta que se corresponde con el resultado del informe psiquiátrico elaborado por la psiquiatra de la Defensoría General Departamental, Dra. Carla Bednarz, en el cuadernillo anexo de instrucción suplementaria de la Defensa, el que fue introducido al debate por su lectura con acuerdo de partes y, también, con lo que Morales dijo a viva voz en la seccional policial y fue oído por el testigo Otero, como aquello que le contó también en forma directa a Roldán.-
Nótese, en la senda aquí transitada, que la legislación española contiene un tipo penal especial en el cual éste tipo de situaciones sí podrían ser abarcadas, y con ello me refiero al llamado "maltrato ocasional" en el cual se alude a casos en donde la víctima sea una "persona especialmente vulnerable que conviva con el autor" (art. 153.2 del C.P.E.), amplio concepto de violencia doméstica donde lo determinante no es el género de la víctima sino alguna causal de especial vulnerabilidad de la misma frente al autor conviviente.-
Así las cosas, aunque las apuntadas circunstancias que rodearon al homicidio puedan ser moralmente reprochables e incluso sirvan de sustento para agravar, en los márgenes de la cuantificación de la pena, la sanción que debe recibir el imputado habida cuenta la gravedad de los hechos y la especial situación de vulnerabilidad de la víctima habida cuenta su discapacidad mental -de todo lo cual se ha dado cuenta en el apartado respectivo del veredicto- no es de aquéllas que puedan válidamente desde una interpretación constitucional ser colocadas en las previsiones del homicidio agravada por la violencia de género contemplado por el inciso 11 del art. 80 del C.P., a riesgo de extender analógicamente -y con ello, de forma indebida- el tipo penal, violentando así el principio de legalidad (arts. 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, .9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 26 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 15 inciso 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y el principio de máxima taxatividad de la ley penal que deriva de aquel.-
ASI LO VOTO.-
A LA MISMA CUESTION, los señores Jueces doctores Rizzuto y González, por los mismos fundamentos que el Sr. Juez preopinante, a los que adhieren, votan en el mismo sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el señor Juez doctor Matías Mariano Deane, dijo:
I. De conformidad con la calificación legal indicada en la cuestión anterior, así como también a las pautas mensurativas tenidas en cuenta en el veredicto, con la aclaración del especial peso específico que las mismas presentan a la hora de cuantificar el justo reproche, entiendo y así propongo al acuerdo que corresponde imponer a Ariel Alejandro Morales la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 79 del Código Penal).-
II. El Sr. Fiscal solicitó el dictado de la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, omnicomprensiva de la pena requerida para el hecho de esta causa y de la pena de un año y seis meses de prisión, de ejecución condicional, y costas, que registra Morales. La Defensa Oficial nada dijo sobre el punto.-
Emerge de las piezas obrantes a fs. 8/19 que, efectivamente, el hoy juzgado fue condenado por sentencia dictada en el marco de la causa 1634 del Juzgado en lo Correccional Nº 4 del Departamento Judicial Morón, a la pena de un años y seis meses de prisión, de ejecución condicional, y costas, por encontrárselo autor penalmente responsable del delito de encubrimiento, hecho acaecido el 21 de julio de 2010. En el fallo, dictado con fecha 18 de diciembre de 2013, no se tuvieron en cuenta agravantes de la pena y se consideró la condición de primario del nombrado como atenuante.-
Que conforme el cálculo realizado en los términos del art. 27 del Código Penal, dicho pronunciamiento se habría tenido como no pronunciado a partir del 18 de diciembre de 2017.-
Así las cosas, evidente resulta, en primer lugar, que Morales cometió un nuevo delito en el plazo de suspensión, motivo por el cual corresponde revocar la condicionalidad de la pena anterior impuesta, ello conforme emerge del citado artículo 27, primer párrafo, segunda parte, del digesto represivo.-
Luego, también se torna procedente la unificación peticionada, por encuadrar la situación de Morales -habida cuenta la fecha de comisión del hecho de esta causa y del dictado de esta resolución- en la hipótesis de unificación de penas contemplado por el art. 58, primer párrafo, segunda regla, al que remite el ya citado artículo 27, en todos los casos del C.P.-
Así las cosas, quedan incólumnes las pautas mensurativas tenidas en consideración en ambos pronunciamientos -las cuales aquí tengo por reproducidas en razón de la brevedad- con lo cual y considerando que la pena anterior era en suspenso, no veo motivos para apartarme del método composicional y, con ello, propicio al acuerdo se imponga al nocente la pena única de dieciocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, sanción ésta omnicomprensiva de la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas dictada en esta causa y de la pena de un año de prisión de ejecución condicional -condicionalidad que aquí se revocara- y costas que por el delito de encubrimiento, le impusiera el Juzgado en lo Correccional Nº 4 del Departamento Judicial Morón en el marco de la causa Nº 1634 (arts. 27, 58 y cc. del Código Penal y 523 y cc. del rito).-
III. Debe hacerse saber, sin más trámite, al mentado órgano jurisdiccional el dictado de la presente unificación, a sus efectos.-
IV. Firme la presente, deberá darse intervención al tribunal de familia que corresponda en los términos del art. 12 del Código Penal.-
V. No puedo finalizar este fallo sin observar el estado de abandono y descuido de la jóven Beatriz Morales.-
Nótese que, a excepción de los vecinos del lugar -algunos de los cuales concurrieron al debate- que alertaron a las autoridades policiales sobre los malos tratos a los que era sometida dada su condición de discapacitada, lejos ha estado de activarse algún mecanismo de tipo preventivo que podría en su caso haber evitado el luctoso hecho que a la justicia penal toca sancionar.-
En efecto, en el cuadernillo de instrucción suplementaria de la Defensa Oficial que corre por cuerda lucen copias del Expediente 35893/2012 del Juzgado de Familia Nº 7 de este Departamento Judicial (vid fs. 25/70). De la lectura del mismo emerge que el 13 de noviembre de 2012 María Laura González Chaparro, Sargenta de la Comisaría de la Mujer y la Familia, denunció en los términos de la Ley Provincial de Violencia Familia Nª 12563, que concurrió al domicilio Morales en respuesta a un llamado al "911", encontrándose allí con quien también vino a declarar a este juicio e hiciera alusión al procedimiento, esto es Susana Derrico, la cual le manifestó que "Bety" era una mujer que tenía problemas psiquiátricos, vivía en el lugar con su hermano que la encerraría, sin recibir atención alguna, entrevistando a la nombrada, la cual "respondía en forma incoherente, encontrándose sucia y sin higienizar al igual que el lugar donde se hallaba", interrogando a otros vecinos -Clementina Carmen Paz y Valeria Aguirre- quienes ratificaron que la mujer pedía alimentos y que no recibía cuidados de su hermano, todo lo cual fue puesto en conocimiento de la sindicada autoridad judicial, la cual comenzó a actuar mediante el dictado del decreto del 21 de noviembre de 2012.-
Nótese que esta intervención es de por lo menos siete meses previos a la de la muerte de la víctima de autos, sin que en ese tiempo se haya avanzado más allá de un informe social ambiental que reflejaba la gravedad de la situación.-
En el mismo sentido, la autoridad policial de la seccional Los Pinos, quienes reitero tenían un trato directo con el encausado habida cuenta que era el chapista que les arreglaba los móviles, pese a la reiterada actividad de los vecinos, que denunciaban los malos tratos, el estado de abandono y, en el último tiempo, directamente la desaparición física de la jóven discapacitada, no hicieron mucho por la suerte de la misma, habida cuenta que en el debate quedó probado solo se limitaban a concurrir al domicilio, entrevistarse con quien según las denuncias sería precisamente quien agredería y maltrataría a la jóven y nada más, siendo significativo también el contenido desincriminante de las frases contenidas en las actas de fs. 58/59 y 70/vta. las cuales fueron desconocidas, tal lo expresado en el veredicto, precisamente por quienes allí figuran, dos de ellos policías de una repartición distinta a la seccional local y el restante el tío del propio acusado.-
No está demás resaltar, entonces, que el art. 75 inciso 23 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso "Legislar y promover las medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de ... las personas con discapacidad", categoría ésta que, reitero, aparece probada (y nadie siquiera negó), comprendía a la víctima Beatriz Morales.-
El texto fundamental de la Argentina se complementa con los derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su Protocolo Facultativo, adoptada por la República mediante ley 26.378 del 9/6/2008, marco normativo superior que se complementa con la ley 22.431.-
La Convención Internacional, luego de reconocer que "las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, determina que los Estados Partes "asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajuste de procedimiento y adecuados a la edad", debiendo asegurar que este colectivo tenga acceso efectivo a la justicia (art. 13, incisos 1 y 2); así como también adoptar "todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género" (art. 16.1).-
Es deber, entonces, de las ramas administrativas, legislativas y judiciales de todas las instancias y jurisdicciones del país, cumplir y hacer cumplir aquellos deberes por cuanto resultan ser obligaciones asumidas por la República Argentina que, a nivel nacional, creó la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas -CONADIS- como observatorio de la implementación de la Convención.-
También la ley 22.431 (Adla, XLI-A, 230) alude al deber de protección de la persona con discapacidad, instituyendo un sistema integral de protección de las mismas tendiente a asegurar la atención médica, la educación y la seguridad de las mismas (art. 1), a las que define como "toda aquella que padezca una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental que, en relación a su edad y medio social, implique desventaja para su integración familiar, social, educacional y/o laboral".- Indudable parece, entonces, que no cabe concluir sino que las personas con discapacidad deben ser reconocidas como sujetos de preferente atención constitucional para lograr la tutela judicial efectiva que recogen tanto en general los tratados internacionales de derechos humanos contenidos en el art. 75 inciso 22 de la Constitución, como específicamente el citado art. 13.2 de la Convención.-
Lejos de todo ello, reitero, la intervención de las autoridades administrativas como judiciales ha sido poco más que meramente formal y, con ello, se ha dejado a Beatriz Morales privada del derecho de una tutela administrativa primero y judicial después, efectivas que pongan fin a los padecimientos que soportaba y que, eventualmente, bien podrían haber evitado el desenlace fatal que motivara la intervención de la justicia penal.- Por lo anterior, entiendo que corresponde remitir copia de este fallo a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad bonaerense, a los fines que entiendan pertinentes, como así también a la Fiscalía General Departamental en relación a la eventual responsabilidad penal que pudiere haber lugar en la actuación policial.-
VI. Finalmente, sin perjuicio de la no firmeza de este fallo, deberá el Sr. Actuario realizar el correspondiente cálculo en los términos del art. 500 del digesto adjetivo.-
ASI LO VOTO.-
A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, los señores Jueces doctores Rizzuto y González, por los mismos fundamentos que el Sr. Juez preopinante, a los que adhieren, votan en el mismo sentido.- En este estado, no quedando más cuestiones por tratar, el Tribunal, por unanimidad R E S U E L V E:
I. Imponer a Ariel Alejandro Morales (a) “Pío” y de las demás condiciones personales obrantes en autos, la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor material y penalmente responsable del delito de homicidio simple, hecho ocurrido en los primeros días del mes de junio de 2013, en el barrio Los Pinos, localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza, en perjuicio de Beatriz Morales (arts. 5, 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 45 y 79 del Código Penal y 210, 371, 373, 375, 399 y cc. y 531 y cc. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).-
II. Imponer a Ariel Alejandro Morales (a) “Pío” y de las demás condiciones personales obrantes en autos, la pena única de dieciocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, sanción omnicomprensiva de la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas dictada en esta causa y de la pena de un año de prisión de ejecución condicional -condicionalidad que aquí se revocara- y costas que por el delito de encubrimiento, le impusiera el Juzgado en lo Correccional Nº 4 del Departamento Judicial Morón en el marco de la causa Nº 1634 (arts. 27, 58 y cc. del Código Penal y 18 y cc. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).-
III. Hacer saber, sin más trámite, al Juzgado en lo Correccional Nº 4 del Departamento Judicial Morón la unificación aquí resuelta, a sus efectos.-
IV. Dar intervención, consentida o ejecutoriada que sea la presente, al Tribunal de Familia que corresponda, en los términos del art. 12 del Código Penal.-
V. Elevar copia del presente fallo a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a los fines que corresponda y en virtud de lo consignado en el apartado V del voto de la segunda cuestión de la sentencia (arts. 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional; 13.1 y 2; 16.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su Protocolo Facultativo y 1 de la ley 22.431).-
V. Remitir copia del presente fallo al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a los fines que corresponda y en virtud de lo consignado en el apartado V del voto de la segunda cuestión de la sentencia (arts. 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional; 13.1 y 2; 16.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su Protocolo Facultativo y 1 de la ley 22.431).-
VI. Elevar copia del presente fallo a la Fiscalía General Departamental, ante la posible comisión de delitos de acción pública conforme lo expuesto en el apartado V del voto de la segunda cuestión de la sentencia (arts. 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional; 13.1 y 2; 16.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su Protocolo Facultativo; 1 de la ley 22.431 y 6 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).-
VII. Practicar por Secretaría, sin perjuicio de la firmeza del fallo, cálculo en los términos del art. 500 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.-
Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Excma.
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental en los términos de la Ac. 2840 de la S.C.J.B.A. y, firme que sea este pronunciamiento, vuelvan los autos a despacho para resolver sobre el cálculo actuarial y, oportunamente, realícense las comunicaciones de rigor y remítase al Juzgado de Ejecución que corresponda, mediante atento oficio de estilo (Ac. 2575/04 de la S.C.J.B.A.). Fdo. Gabriela Silvia Rizzuto, Juez; Matías Mariano Deane, Juez; Javier Mario González, Juez. Ante mi: Eduardo Daniel Musmeci, Secretario. -------------------------
Fin de la sentencia