Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-09129998-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de amparo interpuesto en autos y ordenar a la Dirección General de Aduanas que, en el plazo de treinta (30) días contados a partir de que la presente quede firme, adopte las medidas necesarias a efectos de dar una respuesta a la firma COSMETICOS AVON S.A. en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA N° 18102-58-2016/1/2/3/4.
2Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2020 - Año del General Manuel Belgrano Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2020-67842403-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 8 de Octubre de 2020 En Buenos Aires, reunidos los Jueces de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo a fin de resolver sobre la procedencia del recurso de amparo interpuesto por “COSMETICOS AVON S.A.” EX- 2020-09129998- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que en autos se presenta, por apoderado, la firma COSMETICOS AVON S.A. e interpone recurso de amparo por mora en los términos del artículo. 1160 del Código Aduanero.
Manifiesta que el 19/06/18 el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dispuso la absolución, de su representada, en relación con la infracción imputada en el expediente SIGEA N° 18102-58-2016 y que, acto seguido, extendió el certificado de exención de la tasa de almacenaje a los fines de su presentación ante el permisionario correspondiente, dado que la mercadería se encontraba en zona primaria aduanera:
específicamente, en las instalaciones de un permisionario de depósito fiscal habilitado por la DGA en los términos de la Resolución General AFIP 4358/2018.
Afirma que, sin perjuicio de dicha circunstancia, al momento de proceder al retiro de la mercadería el permisionario exigió el pago de la tasa de almacenaje, rechazando la aplicación del art. 1042 del C.A.
Por ello, señala que se vio obligada a pagar las sumas exigidas por el permisionario ante la proximidad de la fecha de vencimiento de la mercadería y a la imposibilidad de contar con la intervención inmediata de la DGA. En función de lo expuesto, menciona que el 13 de febrero de 2019 mediante presentación efectuada en el expediente SIGEA 18012-58-2016 solicitó al Director General de Aduanas que “... aclare el alcance que corresponde efectuar al artículo 1042 del CA…”.
Sostiene que a la fecha de interposición de esta acción la DGA no se ha expedido al respecto, sin perjuicio de que reiteró la presentación solicitando que se pronuncie sobre la misma en fechas 1 de marzo de 2019; 22 de agosto de 2019, 20 de septiembre de 2019 y 28 de noviembre de 2019, conforme se desprende de la documental acompañada.
Por lo tanto, entiende que la inacción de los funcionarios de la DGA y la falta de resolución de las cuestiones planteadas vulnera su derecho a peticionar ante las autoridades y lo coloca como víctima de la conducta extorsiva de un depósito fiscal habilitado por la DGA, por lo que solicita que la DGA se expida y en caso de corresponder, inicie el procedimiento disciplinario previsto en el Anexo VI de la Resolución General AFIP 4358/2018. Asimismo, enfatiza que habiendo transcurrido un año de formulada una petición ordinaria, que no presenta mayor complejidad, y tras varios pedidos para que se expida, la DGA no ha realizado ningún acto tendiente a dicho fin, por lo que correspondería tener por acreditado en la especie que la demora resulta excesiva e irrazonable. Solicita que se haga lugar al recurso de amparo por mora interpuesto en autos y se ordene al servicio aduanero que resuelva las cuestiones planteadas con fecha 13 de febrero de 2019 en el expediente SIGEA 18042-58-2016 en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias, con expresa imposición de costas a la DGA.
II. Que a su turno la representación fiscal presenta el informe que le fuera oportunamente requerido, en los términos del artículo 1161 del Código Aduanero.
Explica que la acción de amparo siempre configura una garantía para asegurar el efectivo acceso a la jurisdicción con el objeto de tutelar la vigencia de derechos constitucionales, posibilidad de acceso que no es sino una resultante del inviolable derecho constitucional de defensa en juicio, cuya aceptación hace a la función estatal de asegurar objetivamente la existencia de una instancia judicial, siguiendo los lineamientos preestablecidos para su ejercicio.
Agrega que la jurisprudencia, en la materia, es clara al establecer que la acción de amparo debe ser admitida en situaciones de extrema emergencia.
Acompaña como prueba los antecedentes administrativos 18102-58-2016 y alcances.
Señala que no surge del expediente administrativo, ni aun del recurso de autos, que la firma actora cumpliera con el requisito legal de presentar el correspondiente pronto despacho por lo que solicita que se rechace el presente amparo, con expresa imposición de costas a la contraria.
III. Que habiéndose elevado los autos a la Sala “F”, los mismos se encuentran en condiciones de resolver.
IV. Que corresponde pronunciarse respecto de la procedencia del recurso de amparo interpuesto en la litis. Que el art. 1160 del C.A., que regula el instituto del amparo por mora prevé que “La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos. El recurrente deberá, previamente, haber interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de quince (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite.”
Que de la norma transcripta resulta que se requiere como requisito de procedencia sustancial del amparo, además de un “perjuicio” causado por la demora del servicio aduanero, que esa demora sea “excesiva” y que, además, la amparista haya solicitado pronto despacho ante la autoridad administrativa.
V. Que, la misión judicial no se agota la consideración indeliberada de la letra de la ley. En primer término porque, sin mengua de ella, es ineludible función de los jueces, en cuanto órganos de aplicación del ordenamiento jurídico vigente, establecer el sentido jurídico de la ley como distinto de su acepción semántica o vulgar (confr. Fallos: 144:129; 241:227; entre muchos otros).
Y también porque los jueces, en cuanto ministros de la ley y servidores del derecho, para lograr la efectiva realización de la justicia, ésta puede alcanzarse con decisiones positivamente valiosas, derivadas razonadamente del ordenamiento jurídico vigente (confr. Fallos 236:27; 238:550; 243:80; entre otros) en su conjunto, incluso en los principios que lo integran, en la decisión de un caso concreto.
Porque tales sentencias, que pueden y obviamente deben respetar la voluntad legislativa, precisamente ocurren en complemento de ella, en la tarea común de legisladores y jueces (confr. CSJN in re “Manzanares, Juan Carlos s/ su adopción”, del 8 de febrero de 1961), de la incesante búsqueda de soluciones adecuadas, para la realización de los derechos de todos los ciudadanos.
VI. Que, por ende, la interpretación judicial debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso concreto, por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
VII. Que el caso bajo análisis presenta ciertamente características singulares, al menos en cuanto a su tratamiento jurisprudencial, en materia aduanera.
Y es propia de tales situaciones, la obligación de los jueces de ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos pertinentes, a fin de no incurrir, con daño para la justicia, en una aplicación sólo mecánica de esos propios principios (confr. doctrina de Fallos 238:550 y sus citas).
VIII. Que, en efecto, la representación fiscal, al solicitar el rechazo de la presente acción, sostiene que la firma amparista no ha dado cumplimiento al requisito legal de presentar el correspondiente pronto despacho en sede aduanera (ver la contestación del recurso amparo en IF-2020-26645909-APN-DTD#JGM).
No obstante, cabe destacar que la peticionante inició su reclamo, en sede aduanera, el 13 de febrero de 2019 mediante presentación efectuada en el expediente SIGEA 18012-58-2016, donde solicitó al Director General de Aduanas que aclare el alcance que correspondía efectuar al artículo 1042 del Código Aduanero (ver RE-2020-
09129173-APN-SGASAD#TFN).
Y, conforme se desprende de modo indubitable de la documental acompañada por la propia peticionante, a dicha solicitud le sucedieron cuatro presentaciones de fechas 1 de marzo, 22 de agosto, 20 de septiembre y 28 de noviembre, todas ellas del año 2019 (ver las presentaciones en RE-2020-09129842-APN-SGASAD#TFN), siendo que en todas ellas la empresa amparista reiteró el escrito, de fecha 13/02/19, donde solicitara al Director General de Aduanas que se expidiera sobre la cuestión oportunamente planteada, por lo que cabe colegir que en la especie la actora ha cumplido con la finalidad de poner en evidencia la demora en el trámite aduanero y la necesidad de su resolución.
Máxime cuando más allá del “nomen iuris” y los términos que titulan las referidas presentaciones, lo cierto es que a través de ellas la firma recurrente está impulsando la jurisdicción aduanera, por lo que cabe colegir que las mismas deben interpretarse inequívocamente como el “pronto despacho” al que alude la legislación aduanera. En tal sentido, en las cuatro presentaciones supra mencionadas la firma amparista no sólo individualizó el expediente en trámite, sino que además solicitó que el Director General de Aduanas se expida sobre las cuestiones oportunamente planteadas con fecha 13/02/19 (ver RE-2020-09129842-APN-SGASAD#TFN).
En consecuencia, el requisito previo de “pronto despacho” ha sido debidamente acreditado en autos, pues de no reconocerse en el sub-lite a dichas peticiones tal carácter se produciría una desnaturalización de las formas procesales, al no considerarlas en razón del fin al que tributan, sino por la mera formalidad en sí misma Como así también se incurriría en una situación de ritualismo inútil, alargando el procedimiento aduanero de un modo innecesario, en desmedro del derecho de defensa en juicio de la peticionaria frente a la DGA. En definitiva, admitir lo contrario y hacer lugar al planteo de la Aduana implicaría no atender a otro propósito que no sea el desnudo mantenimiento de las formas, con indiferencia de que hayan sido satisfechos o no los fines en función de los cuales aquellas fueran establecidas.
Pues las formas a las que deben ajustarse los procesos siempre deben ser sopesadas en relación con el fin último al que éstos se enderezan, o sea, contribuir a la más efectiva realización del derecho. (confr. doctrina de Fallos: 312:623).
IX. Que, bajo tales premisas, cabe señalar que el remedio procesal articulado por la actora tiene por finalidad hacer cesar la demora excesiva acaecida en el trámite tendiente a obtener el dictado de una resolución definitiva, cuando esa demora pudiera considerarse lesiva del normal ejercicio de un derecho.
Que, concretamente, la firma amparista se agravia de la demora en que incurre el servicio aduanero en resolver la solicitud presentada en fecha 13/02/19, por la cual se le requiere al Director General de Aduanas que se expida con relación a los efectos y alcances del art. 1042 del Código Aduanero, luego de que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dispusiera su absolución, en el marco de las actuaciones SIGEA N° 18102- 58-2016, con relación a la infracción prevista y penada en el art. 954, Ap. 1, inc. b) del Código Aduanero. Que de la compulsa de las actuaciones administrativas se desprende que, en fecha 10/09/18, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros certificó que “…en el sumario contencioso SIGEA N° 18102-58-2016 sustanciado por la firma COSMETICOS AVON S.A. (…) se dictó la Resolución DE PRLA N° 4036/18 de fecha 19 de Junio de 2018 donde se dispuso ABSOLVER a la firma antes citada…”. Y aclara que dicho certificado se extiende para “…ser exhibido ante quien corresponda dando cuenta que la mercadería se encuentra detenida, ello a los fines previstos por el art. 1042 del Código Aduanero…” (ver certificación a fs. 48 de las act. adm acompañadas en IF-2020-54840040-APN-DTD#JGM).
Que la amparista comenta que, al momento de proceder al retiro de la mercadería detenida como consecuencia de la denuncia formulada, el peticionario exigió el pago de la tasa de almacenaje sin tener en consideración la certificación emanada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros. En función de ello, en fecha 13/02/19, mediante presentación efectuada en las actuaciones administrativas, la amparista solicitó al Director General de Aduanas que: “…aclara el alcance que corresponde efectuar al artículo 1042 del C.A., por existir una controversia suscitada por un permisionario habilitado por esa Dirección General de Aduanas. Concretamente corresponderá determinar si el artículo en cuestión se encuentra vigente y rige para las entidades privadas permisionarias de un depósito fiscal general o solo para los servicios de almacenaje que presta la Aduana (si es que presta alguno)…” (ver fs. 2/5 de las act. adm. SIGEA N° 18102-58-2016/1 acompañadas en IF-2020-
54840354-APN-DTD#JGM).
Que, en primer lugar, debe advertirse que en vez de tramitar la solicitud presentada por la firma “COSMETICOS AVON S.A.”, el servicio aduanero procedió a archivar las actuaciones administrativas SIGEA N° 18102-58- 2016/1 dejando sin respuesta la petición del administrado. Dicha situación motivó que la firma mencionada presentara otro escrito con fecha 1/03/19 por el que se requirió el desarchivo de las actuaciones a fin de que se remitan al Director General de Aduanas (ver SIGEA N° 18102-58-2016/2 en RE-2020-09129842-APN- SGASAD#TFN).
Que atento al tiempo transcurrido desde el desarchivo de las actuaciones, que se produjo en marzo de 2019 (adviértase que nunca debieron archivarse las actuaciones sino remitirse al Director General de Aduanas) y frente a la falta de pronunciamiento del servicio aduanero, la amparista efectuó dos nuevas presentaciones, de fechas 22/08/19 y 20/09/19, en las que reiteró su escrito de fecha 13/02/19.
Que, sin embargo, no se observa, al menos desde el desarchivo de las actuaciones en marzo del 2019, movimiento alguno en las actuaciones administrativas. Ello surge claramente del recuadro “movimientos del documento nro. 18102-58-2016” que obra a fs. 7 de las actuaciones administrativas SIGEA N° 18102-58-2016/1 donde se puede observar que el expediente se encuentra paralizado en la División Control y Fiscalización Aduanera desde el mes de enero del año 2019 sin que se produzcan, hasta la fecha, movimientos útiles tendientes a resolver la solicitud incoada por la amparista (ver recuadro en IF-2020-54840354-APN-DTD#JGM).
Que habiendo transcurrido hasta el presente más de un año y medio desde la presentación de fecha 13/02/19 sin que las actuaciones tuvieran trámite o movimiento alguno se advierte en forma clara y manifiesta que el servicio aduanero no ha efectivizado los trámites pertinentes para responder a la petición formulada por la firma amparista dentro de un plazo razonable más aún cuando la cuestión a resolver por el servicio aduanero no presenta prueba o un nivel de complejidad tal que justifique la demora, pues la cuestión estriba en determinar los alcances en la aplicación del art. 1042 del Código Aduanero.
Que han quedado acreditados los dos presupuestos del recurso de amparo, esto es, la demora excesiva que se produce por la inactividad del servicio aduanero en el tiempo y el perjuicio generado a la amparista quien tuvo que desembolsar un monto de dinero para el pago de la tasa de almacenaje cuando, a su criterio, no correspondía. Que, por todo lo expuesto, VOTO por:
1. Hacer lugar al recurso de amparo interpuesto en autos y ordenar a la Dirección General de Aduanas que, en el plazo de treinta (30) días contados a partir de que la presente quede firme, adopte las medidas necesarias a efectos de dar una respuesta a la firma COSMETICOS AVON S.A. en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA N° 18102-58-2016/1/2/3/4.
2. Costas a la demandada.
El Dr. Christian González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar al recurso de amparo interpuesto en autos y ordenar a la Dirección General de Aduanas que, en el plazo de treinta (30) días contados a partir de que la presente quede firme, adopte las medidas necesarias a efectos de dar una respuesta a la firma COSMETICOS AVON S.A. en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA N° 18102-58-2016/1/2/3/4.
2. Costas a la demandada.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2020.10.08 12:03:59 ART Date: 2020.10.08 12:52:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2020.10.08 12:53:13 -03:00
Fin de la sentencia