Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el acto apelado por cuanto determina impuesto e intereses resarcitorios. Con costas.
I. Que a fs. 130/133 la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 138/2017 dictada por el Jefe (INT) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte, por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2014 con más sus intereses resarcitorios. Que en primer lugar, la actora manifiesta que la empresa tuvo que cerrar de hecho en abril de 2015, por una cantidad de sucesos encadenados que hicieron crisis en octubre de 2014 y tuvo que agregar en 2014 a su normal actividad de fabricante local, debido a las exigencias del mercado, la de importador de los insumos electrónicos. Señala que la dificultad para conseguir los permisos de importación (DJAI), no sólo generaba distorsiones en lo comercial por las presiones constantes de los clientes, sino también perjuicios internos, tales como falta de actividad de la fábrica por falta de insumos, teniendo que pagar 100% de los salarios.
Alega que las consecuencias financieras, económicas y laborales, fueron determinantes para la decisión de cierre de la empresa.
Afirma que la omisión de la DDJJ del impuesto requerido, nunca tuvo la intención de ocultar ni evadir. Alega que el importe determinado de oficio, no refleja la realidad de lo que ocurrió, pues allí, no están incluidos ningún tipo de egresos, ya sea las importaciones, los despachos de aduana, los sueldos, los alquileres.
Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se declare la nulidad de las actuaciones y se dicte sentencia revocando la Resolución 138/17, con costas.
II. Que a fs. 116/157 el Fisco Nacional contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
Que en primer lugar señala que para que progrese la articulación nulitiva, solicitada por la recurrente, no basta un planteamiento abstracto sino que, en virtud del principio de trascendencia que gobierna el instituto en cuestión, es necesaria la existencia de un fin que trascienda la nulidad misma. Por lo demás, es de hacer notar que, quien alega la nulidad debe indicar concretamente cuales han sido las defensas o excepciones que se han visto privadas de oponer, lo cual tampoco se cumplimenta en el planteo nulitivo efectuado por la recurrente.
Señala la absoluta improcedencia de la apelación intentada por los propios fundamentos de la resolución apelada a la que se remite, la cual resulta totalmente ajustada a derecho, contrariamente a lo manifestado por la recurrente. Manifiesta que de las tareas de auditoría llevadas a cabo por el personal fiscalizador del Organismo, se detectaron diferencias a favor de este Organismo, dejando de ingresar consecuentemente el impuesto resultante en el ejercicio fiscal objeto de esta litis. Alega que la recurrente no presentó las declaraciones juradas del impuesto para el ejercicio fiscal 2014.
Sostiene que en el caso bajo análisis, la existencia de depósitos bancarios que superan los ingresos y/o ventas del período provocan incrementos que desde el punto de vista tributario, estarán justificados cuando el titular acredite, fehacientemente que no representaron ganancias imponibles en cabeza de éste, cosa que no ocurre en autos.
Acompaña antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la actora.
III. A fs. 194 se elevan los autos a Sala B. A fs. pasan los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar, aún cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto solicita se declare la nulidad de las actuaciones.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Tampoco se ha vulnerado el derecho de defensa ya que se tuvo oportunidad de ofrecer prueba y de exponer su defensa tanto en sede administrativa como en esta instancia del TFN.
En este sentido la doctrina de nuestro más Alto Tribunal (fallos 205:549; 247:52; 267:393, entre otros) ha expuesto que “cuando la restricción de la defensa ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esta restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional procura de justicia”. Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que ello así, el caso a cuya resolución es llamado este Tribunal se basa en una determinación de oficio practicada por el Organismo Fiscal con fundamento en la presunción establecida por el artículo 18 inciso g). Que el legislador, ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93; criterio receptado por esta Sala in re “Aybar Luis Alberto” del 6/3/2014 y “Granos y Semillas” del 11/8/2016, entre otros).
Que toda determinación sobre base presunta debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, permitiendo arribar al resultado que, “probabilísticamente”, se acerque más a la real magnitud del hecho imponible.
Que por otra parte, este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. “Armotec SACIFIC”, TFN, Sala B, 10/02/1999 y mantenido por la actual conformación de la Sala in re “Granos y Semillas” y “Aybar Luis Alberto”, antes citados, entre otros).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996) y por estos juzgadores in re “Granos y Semillas” y “Aybar Luis Alberto”, ya citados, entre otros). Que las reglas contenidas en el artículo 18 de la ley 11683 (t.o. citado) refieren a presunciones legales “iuris tantum”, cuya consecuencia es la de revertir la carga de la prueba. Así, el efecto fundamental de la presunción de marras es dispensar de la prueba del hecho presumido al favorecido por ella. Cuando resulta de aplicación una de estas presunciones, el que se beneficia con ella no debe probar sino el hecho antecedente, la ley suple su actividad y tiene por acreditada la conclusión, y la carga probatoria pesa sobre quien niega el hecho antecedente o la aplicabilidad de la presunción a su caso.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Corresponde señalar que como consecuencia de la fiscalización se notificó el inicio de la inspección de acuerdo a los lineamientos del articulo 100 inc. b) de la ley 11.683 (toen 1998 y sus modif) al no encontrar a la empresa en dicho domicilio. Asimismo se labró requerimiento de práctica.
Se pudo localizar a un socio gerente de la firma, Sr Rosenstein Luis, CUIT 23-11534829-9 en el domicilio particular, sito en Moreno 87, Piso 4° de CABA. Se procedió a notificar de acuerdo a los lineamientos del art 100 inc b) de la ley 11.683 (t o en 1998 y sus modif) copia de la apertura de la fiscalización y requerimiento. Con fecha 23 de septiembre de 2015, el Sr Rosenstein se presentó en las oficinas de la División Fiscalización N°2, solicitando una prórroga. Una vez transcurrido el plazo requerido no se presentó persona alguna a dar cumplimiento al requerimiento. Las actuantes se comunicaron telefónicamente con el socio gerente quien manifestó que la empresa no se encuentra en actividad, y que no posee un contador que le realice el balance ni esta en condiciones de afrontar el costo de un profesional. Asimismo no posee la documentación en su poder. Se labró F 8400 M de incumplimiento, remitiéndose el mismo a la División Jurídica y se labró nuevo requerimiento, el que tampoco fue cumplimentado por la empresa.
El presente caso se originó a partir del cruce de información ejecutado con la herramienta E-Bafis, mediante el cual se detectó que la firma del asunto no presentó la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2014 teniendo indicadores inequívocos de actividad comercial, específicamente información de CITI Compras, ventas con tarjetas de crédito, acreditaciones bancarias y declaración de personal en relación de dependencia.
Ante la ausencia de documentación se procedió a analizar la información de las bases de datos e-fisco. La actora presentó las declaraciones juradas del impuesto que nos ocupa hasta el ejercicio 2013. De la información obrante en SITER de depósitos bancarios se pudo constatar que las acreditaciones se incrementaron notablemente en 2013, ascendiendo las mismas a $ 13.422.563, manteniéndose una cifra similar en 2014: $13.079.377. (fs 26 Cuerpo Principal I a.a.)
En el ejercicio 2013, el resultado impositivo -según la declaración jurada de impuesto a las ganancias- ascendió al 54%. (fs 122 Cuerpo Principal I a.a.) Del análisis de las declaraciones juradas de IVA, se desprende la exteriorización de ventas por un importe aproximado de U$S 5 millones para el ejercicio 2014 (tomando la alícuota del 21%).
Al carecer de información suficiente y certera a fin de determinar la pretensión fiscal, se utilizó el siguiente método: 1) Aplicar el mismo porcentaje de utilidad declarado por la empresa en el 2013 sobre las ventas declaradas en IVA en el 2014: 54% sobre $ 5.216.657,95. (fs 114-115 Cuerpo Principal I). 2) De acuerdo a lo normado en el mencionado art 18 inc g), al existir diferencia en los depósitos bancarios, al monto del punto anterior se le sumo la diferencia surgida por dichos depósitos -de acuerdo a los extractos remitidos por las respectivas instituciones- incrementada en un 10% en concepto de renta consumida Esta diferencia asciende a $ 4.268.852,51 (ver papel de trabajo fs 115 Cuerpo Principal I), mas un 10% resultando una utilidad adicional de $4.695.737,76 La utilidad ajustada ascendió, de acuerdo al método descripto, a $ 9.912.3956,71. El impuesto determinado es de $ 2.629.456,57. Para arribar al impuesto a pagar se detrajeron las retenciones obrantes en la base e fisco $ 277.798,90 e Impuesto a los creditos y debitos bancarios.
Que en este orden de ideas, respecto del acto determinativo apelado debe tenerse presente que en oportunidad de sentenciar en la causa "Emerson Argentina S.A.I.C.", la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que "...las resoluciones emanadas de la DGI gozan de presunción de legitimidad- art. 12 de la ley 19549-. Por consiguiente, la carga de la prueba pesa sobre aquel que impugna, el que debe demostrar los errores que la descalifican; esta conclusión concuerda con lo sostenido por la Corte, en el sentido de que cuando se trata de determinaciones impositivas, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba en relación a las que se aplican en los demás juicios..." (sent. Del 30/9/74).
Que en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo. En el caso la parte actora se limitó a acompañar prueba documental en esta instancia, la cual cabe destacar no resulta conducente en el caso de marras.
Que cabe destacar que si bien este Tribunal, en virtud de lo dispuesto por el articulo 164 de la ley 11683 tiene "amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...", es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica "llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violacion del principio de igualdad procesal" -CNACAF, Sala 2°, "Tamileyfú SRL", sent. del 27/6/72-, debiendo las partes instar el procedimiento en la etapa probatoria, a fin de que el juzgador obtenga el grado mas elevado de certeza luego del análisis de la prueba producida.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar el ajuste efectuado en el Impuesto a las Ganancias.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar el acto apelado.
VI. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar el acto apelado por cuanto determina impuesto e intereses resarcitorios. Con costas.
Registrese y notifiquese -Conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 08 de septiembre de 2020 IF- 2020-60084748-APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44-APN-TFN#MEC (B.O. 11/09/2020)- al Fisco Nacional en la CUIT 33-69345023-9, a Marcela Victoria Caparrós Vazquez, CUIL 27-12472655-2; Carlos A. Muzzio, CUIL 20-22160210-3, mientras que la notificación a la actora deberá realizarse mediante cédula de notificación. Fecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel y oportunamente archivese.
Date: 2021.10.18 15:05:29 ART Date: 2021.10.18 18:48:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.10.19 11:08:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.10.19 11:08:50 -03:00
Fin de la sentencia