Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 25.562-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar alcanzada la multa aquí apelada, en relación a los períodos octubre y noviembre de 2016 y enero de 2017 por la condonación dispuesta por la Ley Nº 27.541 (texto según Ley 27562). Costas por su orden.
2Reencuadrar la conducta de la apelante, en relación al periodo fiscal marzo 2017, en los términos del art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), en su mínimo legal, costas en el orden causado.
I. Que, a fs. 16/24 la parte actora interpone recurso de apelación contra la resolución administrativa Nº 1982/2018 de fecha 26 de Diciembre de 2018 suscripta por el Sr. Jefe (Int.) de la División Jurídica de la Dirección Regional Centro II de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se aplica sanción de multa conforme lo establecido por el artículo 46 y el inciso c) del art. 47 de la Ley Nº 11.683 relativo al Impuesto al valor agregado períodos fiscales octubre y nombre de 2016 y enero y marzo de 2017 y reduciendo el monto a un cuarto del mínimo legal por aplicación del artículo 49 de la citada norma.
Manifiesta la actora que la existencia de declaraciones juradas rectificativas no puede entenderse como una limitación a la posibilidad de defensa respecto de la sanción. En relación con la impugnación de los proveedores, esgrime que no se le ha dado traslado de los legajos de estos por lo que desconoce los motivos por los que se catalogan de apócrifos. Señala que resulta sorprendente que el Fisco ha dejado operar voluntariamente una empresa que sabía era irregular, y ahora se le imponga una sanción por ello. Agrega que las desprolijidades de los proveedores no pueden ser consideradas como maniobras evasivas del tributo, pues no hay acreditación causal. En efecto, entiende que la Administración no demostró la intención dolosa de la parte.
Con respecto al mencionado inciso c) del art. 47 en que se funda la sanción, manifiesta que no abarca todas las circunstancias en las que el contribuyente rectifique sus declaraciones juradas, señalando que aquí no existe una manifiesta disconformidad, simplemente hay un particular criterio de la administración al trasladar deficiencias de proveedores al contribuyente que al invertir la carga de la prueba se pone en una situación probatoria complicada.
Finalmente, reserva el caso federal, y solicita se revoque la sanción impuesta, con costas.
II. Que, a fs. 32/34 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, acompaña las actuaciones administrativas, plantea el caso federal y pide se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
Señala que en el caso bajo análisis se ha constatado el presupuesto fáctico sobre el que se asienta la presunción legal, a la cual se ajusta acabadamente la conducta de la imputada por cuanto las diferencias establecidas estuvieron originadas en la disparidad entre los antecedentes obrantes en poder de la apelante con el contenido de la declaración jurada. Señala que los libros y registraciones evidencian una grave contradicción entre sí, siendo necesaria una verificación a fin de determinar el impuesto.
III. Que, mediante PV-2020-77088623, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) aprobada mediante Acta del Acuerdo celebrado el 8 de septiembre de 2020 (IF-2020-60084748- -APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- -APN-TFN#MEC – B.O.
11/09/2020) se intima al Fisco Nacional a fin de que informe si la sanción aquí discutida se encuentra alcanzada por el beneficio establecido en el art. 12 párrafo cuarto de la Ley 27.541 (y modif.).
Así ello, mediante RE-2020-80585930 el Fisco Nacional informa que conforme la Jefatura de Sección Recaudación de la Agencia 50 el contribuyente regularizó los períodos fiscales octubre y noviembre de 2016 y enero de 2017 en el plan RG 4557 del 26 de noviembre de 2019 M364438 que se encuentra vigente. Respecto del período fiscal marzo de 2017 señala que no fue regularizado mediante pagos bancarios, compensaciones o planes de pago. Asimismo, señala que tiene certificado Mipyme con vigencia al 21 de marzo de 2021, que no registra antecedentes penales y no tiene juicios en trámite, finalizados ni paralizados (no se encuentra comprendida por los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley Nº 27.541).
Previa habilitación de feria, de lo manifestado por el Fisco Nacional se corre traslado a la parte actora, la que pese a encontrarse debidamente notificada, nada ha dicho.
IV. Que inmediatamente se elevan los autos a consideración de la Sala “B”.
V. Que, en las presentes actuaciones se apela la sanción correspondiente al Impuesto al valor agregado períodos fiscales octubre y noviembre de 2016 y enero a marzo de 2017 por ello, teniendo en cuenta el informe producido por la representación fiscal y no surgiendo de las constancias de autos que la recurrente se encuentre comprendida en las exclusiones previstas por el artículo 16 de la Ley Nº 27.541 procede declarar alcanzada la multa aquí apelada por la condonación dispuesta por la Ley Nº 27.541 (texto según Ley 27562) en lo que respecta a los períodos fiscales octubre y noviembre de 2016 y enero de 2017. Con costas por su orden.
VI. Que, seguidamente se analizará sobre la procedencia de la multa impuesta al recurrente correspondiente al período fiscal marzo 2017 del impuesto al valor agregado.
Del Informe Final de Inspección, obrante a fs. 11/15 de los antecedentes administrativos, que corren por cuerda, surge que el cargo tiene su origen en el informe de investigación de fecha 23/06/2017 proveniente de la División Investigación de la Dirección Regional Centro II a los efectos de impugnar los créditos fiscales computados correspondientes a operaciones con ciertos contribuyentes incluidos en la base e-Apoc. Que, cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11.683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño perpetrado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008).
Tal como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “ ...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”. En cuanto al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, sin más, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si decide invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
En el particular, el Fisco Nacional aplica la presunción del inciso c) art. 47 de la ley procedimental, sin embargo, el acto en tratamiento no da cuenta de la imputación que el fisco enrostra a la aquí apelante, y ello sin perjuicio de la conformación del ajuste efectuada por esta última y de haberse constatado la materialidad infraccional en lo que a la omisión del pago de impuestos se refiere, sobre la base de la presentación de declaraciones juradas inexactas.
Como se señaló, dicha circunstancia no habilita de forma automática la activación del tipo legal de la defraudación fiscal establecida en el art. 46 de la Ley N° 11.683. Por otro lado, tampoco se observan aquellos indicios habilitantes de la presunción de dolo que comporta el inciso “c” del art. 47 de la norma procedimental que refiere a “si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso” (el subrayado es propio).
El elemento intencional no puede inferirse sólo invocando el hecho de que la actora computó en forma improcedente los créditos fiscales provenientes de compras a proveedores observados como presuntamente apócrifos, por el hecho de estar incluidos en la base mencionada, sin mayores precisiones en cuanto a los motivos y circunstancias que hacen que reciban tal calificación.
Cabe destacar lo señalado por la Alzada en la causa Intercafé SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo, CNCAF, Sala II, 19/05/20 donde expuso que “corresponde confirmar lo decidido en la instancia anterior, puesto que de la atenta lectura de la resolución administrativa sancionatoria (ver actuación administrativa -Cuerpo Impuesto a las Ganancias, como así también la copia de la resolución agregada en el expediente principal) no surge, con los alcances que pretende otorgarle el Fisco Nacional, la situación de hecho que torne aplicable lo establecido en los arts. 46 y 47, inc. c) de la L.P.T. al caso bajo análisis.
En efecto, de la resolución impugnada se desprende que el “juez administrativo”, si bien efectuó una reseña de los antecedentes del caso, no brindó fundamentos jurídicos de convicción suficiente para sustentar la configuración en el sub lite -respecto del contribuyente Intercafé S.A.- del elemento subjetivo que tipifica la defraudación (el dolo, en la especie) y, con ello, la aplicación de la sanción prevista por el art. 46 de la L.P.T.
En el mismo sentido, se observa que sólo hizo referencia a la aplicación de la presunción contenida en el art. 47, inc. c) de la L.P.T. sin explicar de qué modo se encuentra acreditada la conducta defraudatoria, en qué consistió el ardid o la maniobra engañosa presuntamente desplegada por la contribuyente para perjudicar al Fisco.
En cambio, se limitó a afirmar que la presunción contenida en dicho artículo se verifica en la causa, puesto que existió una disconformidad entre lo dispuesto por las normas legales y reglamentarias aplicables al caso y las declaraciones juradas de la contribuyente. Al respecto, la simple alusión efectuada resulta insuficiente para determinar el soporte fáctico que autorice la subsunción del caso en la presunción antedicha.
En este orden de consideraciones, no debe perderse de vista que en la L.N.P.A. -cuya aplicación supletoria resulta pertinente en razón de lo establecido en el art. 116 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.)- se regula a la motivación del acto administrativo como un requisito esencial del mismo, pudiendo ser definida como la exteriorización en el acto de la existencia de la causa y la finalidad. La ley 19.549 se orienta a considerar obligatoria la motivación de todos los actos administrativos (cfr. Comadira, Julio R. - Monti, Laura M. (colab.), Procedimientos Administrativos, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada, T.I, Bs.As., La Ley, 2002, pp. 201 y ss., énfasis agregado)”.
VII. Que, no obstante, ello no implica que la conducta de la recurrente quede impune. La contribuyente ha aceptado su omisión en el ingreso debido del gravamen en cuestión, ello mediante la conformación de los ajustes fiscales con la presentación de las declaraciones juradas rectificativas, sin que en el caso se verifique la existencia de un error excusable de entidad suficiente como para eximirse de la sanción prevista en el artículo 45 de la ley 11683 (t.o. 1998). Ello así, corresponde reencuadrar de oficio la conducta de la recurrente en la infracción prevista en esa norma legal, en su mínimo legal. En cuanto a las costas, en atención a las particularidades de la presente causa, corresponde imponerlas en el orden causado (cf. art. 184 último párrafo in fine, ley 11.683).
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar alcanzada la multa aquí apelada, en relación a los períodos octubre y noviembre de 2016 y enero de 2017 por la condonación dispuesta por la Ley Nº 27.541 (texto según Ley 27562). Costas por su orden.
2. Reencuadrar la conducta de la apelante, en relación al periodo fiscal marzo 2017, en los términos del art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), en su mínimo legal, costas en el orden causado.
Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- -APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-, al Fisco Nacional en la CUIT 33-69345023-9 (AFIP) y al CUIL 20-21482862-7 (Dr. WALTER DISTEL), a la parte actora al CUIT 24-29141803-8 (Dr. Emilio Sarmiento), procédase a la impresión de la presente y agregación al expediente papel y, oportunamente, archívese. Date: 2021.08.31 12:01:03 ART Date: 2021.09.01 09:21:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.09.01 13:33:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.09.01 13:34:03 -03:00
Fin de la sentencia