Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que ha devenido incompetente este Tribunal para entender en estos autos. Costas por su orden, atento la naturaleza de la cuestión analizada y la forma en la que se resuelve.
I. Que, a fs. 20/33 vta. y 155/164 vta., se presenta la firma actora e interpone recurso de apelación por denegatoria de repetición, contra las resoluciones N° 19/2008 (DV REGN) y N° 4/2012 (DV REGN), dictadas por el Jefe (int.) de la División Recursos del Departamento Legal Grandes Contribuyentes, a efectos de que se le reintegren las sumas abonadas sin causa.
Por un lado, mediante la Resolución N° 19/2008 (DV REGN), el Fisco Nacional no hizo lugar al reclamo de repetición interpuesto en fecha 23 de Octubre del año 2006, por la suma de doscientos dieciocho millones cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos catorce con 28/100 ($ 218.498.714,28) correspondiente a las retenciones del Impuesto a las Ganancias a los beneficiarios del exterior períodos fiscales 01/2002 a 04/2006 por la suma de por la suma de $127.217.078,83, todo ello con más los intereses resarcitorios de ley en la suma de $84.057.805,79; y a los intereses Resarcitorios y Capitalizados correspondientes al ingreso del Impuesto al Valor Agregado por prestaciones del Exterior por la suma de $7.223.829,66.-
Por otro lado, en virtud de la Resolución N° 4/2012 se dispuso no hacer lugar al reclamo administrativo previo, presentado el 28 de diciembre de 2011, por el cual la firma solicitó la repetición de veinticiete millones quinientos cuarenta y dos mil doscientos dos con 26/100 ($27.542.202,26) más los intereses respectivos, correspondiente a las retenciones del Impuesto a las Ganancias a beneficiarios del exterior, por los períodos 05/2006 a 06/2008.- En ambos supuestos, la postura fiscal radica en que los créditos otorgados por Oil Trading Corp. (OTC), y Oil Enterprises Ltd. (OEL) a favor de la actora, resultan operaciones financieras, por lo que de conformidad con lo establecido en artículo 5° de la ley del Impuesto a las Ganancias y al 9° inciso b) de su Decreto Reglamentario, constituyen una colocación de fondos en la República Argentina cuyos rendimientos a los fines impositivos, se consideran ganancia de fuente argentina, y por ende susceptibles de aplicar el régimen retentivo en la fuente previsto en el Título V de la ley del referido impuesto.-
En primer término, la actora manifiesta que en fecha 23/10/2006 presentó nota ante AFIP-DGI por la cual expresa que los pagos indicados precedentemente, se efectuaron bajo protesto y al solo efecto de evitar el devengamiento de mayores intereses resarcitorios, haciendo reserva expresa de interponer el reclamo de repetición. Señala que en la posición fiscal conviven dos tesis. Por un lado, la sostenida por el Departamento de Operaciones Internacionales de la Asesoría Técnica de AFIP-DGI, que entiende que YPF S.A. habría puesto en marcha una operación de financiamiento externo por medio de una serie de contratos y de transacciones llevadas a cabo por terceros, donde los contratos FOS serían meramente instrumentales, como componentes de una operatoria de mayor magnitud, generadora esta última del impuesto de fuente argentina y asimilable a las operaciones de crédito establecidas en el artículo 93 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Mientras que la segunda hipótesis, sustentada por el juez administrativo, admite la existencia de la compraventa pero que ésta tendría un costado financiero pasible de ser gravado por el Impuesto a las Ganancias, por lo que no se desconoció la legitimidad de los contratos de las operaciones efectuadas, sino que se ha probado que las mismos poseen dicho componente, no resultando aplicable el principio de la realidad económica.
Remarca que la cuestión a dilucidar radica en que si en una operación real de compraventa, la presunta existencia de un descuento por pago anticipado debe ser tratado como una operación financiera generadora de presuntos intereses, y por ende actuar como agente de retención sobre los presuntos beneficios generados a los agentes del exterior.
Entiende que este Tribunal no puede admitir la asimilación de una compraventa a los créditos de cualquier origen y naturaleza que según lo establecido en el artículo 93 inciso c) de la Ley del Impuesto a las Ganancias y su correlato en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), generaron el hecho imponible y la pretendida obligación de actuar como agente de retención.
Agrega que en el rechazo al reclamo de repetición se pretende asimilar una compraventa a una operación financiera, para su tratamiento tributario en el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor agregado, legitimando así el presunto costado financiero de la operación.
Explica que podía endeudarse sin costo fiscal alguno, pero que tal punto fue soslayado por el Fisco Nacional, porque si se pretendiera reconducir la compraventa a un préstamo, seria condición que el interés pagado fuera más ventajoso a otras formas más económicas de endeudamiento con las que contaba en ese momento la actora. Afirma que si su intención hubiera sido netamente financiera, le resultaba más sencillo emitir obligaciones negociables y colocarlas por oferta pública en el mercado internacional. Indica que al momento de celebrar los contratos FOS contaba con capacidad de endeudamiento disponible bajo la forma de emisión de obligaciones negociable a través de programas existentes al momento de la celebración de tales contratos.
Indica que la postura fiscal no contempla los argumentos esgrimidos oportunamente por la actora, puesto que los mismos le resultan desatendidos y ni rebatidos en cuanto a que sostienen que la operación de marras no fue ni más ni menos que una compraventa, que la misma se prueba con la capacidad de endeudamiento antedicha y que la intención de la actora fue la de colocar una importante cantidad de petróleo para asegurarse precio conveniente para así cumplir con su actividad principal y no en el interés meramente financiero que habría inspirado los FOS, y que los referidos swaps fueron celebrados para precaverse sobre la variación de precios.
Expresa que si bien el acto emitido por el juez administrativo y el dictamen del Departamento de Operaciones Internacionales y Asesoría Técnica, sobre distintas premisas llegan a la conclusión de recaracterizar la compraventa como préstamos colocados desde el exterior, surge de este último – el dictamen- que la actora habría efectuado un negocio complejo en donde las operaciones compraventa de petróleo y los swaps celebrados con MGT no se tratarían de operaciones aisladas o relacionadas en forma casual, sino un componente. Agrega que para poder fundamentar dicha postura se recurre a un entramado de operaciones internacionales realizadas por terceros calificados como operadores del mercado internacional, absolutamente ajenas al interés y voluntad de la actora.
Detalla los contratos celebrados, describe la operatoria de la compañía, explica que en los mismos se pactó el pago de la totalidad de las sumas que se correspondían por la operatoria llevada adelante y la consecuente entrega mensual de determinada cantidad de barriles de petróleo crudo, por lo que, a su entender, tales condiciones tipifican un contrato de compraventa sujeto a modalidad, que evidencian un propósito comercial y lo que YPF deseaba no era endeudarse por eso es que vendió una parte del crudo que tenía en sus reservas.
Detalla que la voluntad negocial autentica de las partes, está dada por la aceptación del contrato de un precio estimado a largo plazo, que superaba al precio de mercado en los meses posteriores al momento de la firma. Continúa ensayando su postura, acompaña prueba documental, ofrece prueba pericial contable e informativa y formula reserva del caso federal. Finalmente, solicita se haga lugar a la presente demanda de repetición y se ordene la devolución de las sumas abonadas más los intereses resarcitorios, con costas.
II. Que a fs. 44/54 vta. y a fs. 177/188 se presenta el Fisco Nacional, contestando el traslado de los recursos, niega los hechos alegados, expone los fundamentos de hecho y de derecho que fundan su posición. Acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la producción de prueba, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la pretensión de la parte actora, con costas.
III. Que a fs. 69 se abre la causa a prueba haciéndose lugar a la informativa y pericial ofrecidas. A fs. 97/120 vta. y 241/245vta. lucen agregados los informes de pericia. A fs. 126/134 y 235/237 lucen las contestaciones de la Secretaría de Energía de la Nación.
Cabe reseñar brevemente que, en virtud de las condiciones presentadas por la pandemia ocasionada por el COVID-19 mediante Acta Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2020 (RTFN N° 13/2020) se decretó la feria extraordinaria por 15 días, plazo que luego fuera prorrogado. Con posterioridad, mediante acta Acuerdo de fecha 28 de julio de 2020 (RTFN N° 30/2020), se dispuso el levantamiento de la feria extraordinaria para los expedientes electrónicos, no así para los expedientes papel. Ahora bien, a partir del 14 de septiembre de 2020, en miras a adecuar paulatinamente el procedimiento que permita continuar la tramitación de aquellos expedientes que tramitan en formato papel, mediante Acordada de fecha 8 de septiembre de 2020 (RTFN N°44/2020) se resolvió crear las Mesas de Entrada Virtual del organismo que funcionarán a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Asimismo, se resolvió instaurar la notificación electrónica de manera obligatoria también para dichos expedientes, solicitando a las partes la constitución de domicilio electrónico y en caso de que así no lo hicieran en su art. 11 se dispusieron otros medios para notificar a las partes.
Señalado ello, cabe reseñar que en el estado en que se encuentra la causa, el vocal instructor declara cerrado el período probatorio, habilita la feria en las presentes actuaciones y se elevan los autos a consideración de la Sala B. Dicha habilitación, y la consiguiente reanudación de los plazos procesales, se extenderá hasta que concluya la tramitación natural de esta sustanciación, ante esta instancia.
IV. Que, tomando intervención la Sala B en la presente causa para su análisis, cabe señalar en principio, que resulta de aplicación la doctrina reiterada por nuestro Alto Tribunal en cuanto sostiene que corresponde fallar con arreglo a las circunstancias actuales del caso (Fallos 328:1488 y sus citas) cuya comprobación procede incluso de oficio (Fallos 328:4445 y sus citas) y que los fallos deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta -aunque aquéllas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal- (Fallos 285:353; 310:819; 313:584; 325:2177, entre otros. Asimismo, "los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)", citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, "Rúffolo Roque c/ DGI", TFN 13.174-I.
Por lo tanto, a la luz de la doctrina citada, es pertinente comenzar señalando que en la actualidad YPF S.A. reviste un estatus peculiar, toda vez que se trata de una empresa con participación estatal mayoritaria cuya actividad ha sido declarada, mediante la Ley N° 26.741, de interés público nacional y objetivo prioritario de la Nación. Cabe detallar que la Ley N° 26.741 (B.O. 7/5/2012) declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones (art. 1°). En ese contexto, y a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la ley, declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y un por ciento (51%) del patrimonio de YPF S.A. representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas, en forma directa o indirecta (art. 7°, primera parte). Así las cosas, se determinó que la designación de los Directores de YPF S.A. que corresponda nominar en representación de las acciones sujetas a expropiación se efectuaría en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los Estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa (art. 9°, tercer párrafo).
Al respecto, el art. 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 establece que “Las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el sector público nacional, el que a tal efecto está integrado por:
a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social; b) Empresas y sociedades del Estado que abarca a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté‚ a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades.
En este orden de ideas, cabe recordar que el art. 1° de la Ley 19.983 prevé que “No habrá lugar a reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto de la reclamación no sea mayor de dos mil pesos ($2000). Cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de cien mil pesos ($100.000) y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se someterá a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación; la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes indicado. El Poder Ejecutivo podrá elevar los importes fijados en este artículo cuando las circunstancias lo hicieren aconsejables por razones de economía y expedición administrativa.
A su vez, el Decreto 2481/93 que la reglamenta establece expresamente que “La tramitación de las reclamaciones interadministrativas previstas en la Ley N° 19.983 se efectuará, cualquiera fuere su monto, ante la Procuración del Tesoro de la Nación.”.
La solución prevista en la Ley N° 19.983 reconoce la imposibilidad de un “pleito” entre dos entes públicos nacionales, pues esto último, en definitiva equivale a que el Estado Nacional litigue consigo mismo. En efecto, cabe recordar el principio de que la Nación no puede ser llevada a juicio por diferencias entre sus reparticiones, el cual reconoce raíz constitucional, como lo ha sostenido la Corte Suprema en reiteradas oportunidades (CSJN, Fallos: 272:299; 276:321; 295:651).
Al respecto y como ha sostenido la Alzada –en pleno– la norma citada partió del principio general recogido por el art. 4o de la Ley N° 19.549 –que reconoció al Poder Ejecutivo y aun a sus ministros la atribución de resolver los conflictos de competencia entre órganos y entes administrativos– y por el art. 74 del Decreto N° 1759/72 –que vedó a los entes descentralizados deducir recursos contra actos de otro de igual naturaleza o de la administración central–; principio conforme al cual, al menos en ausencia de norma legal contraria, los diferendos que se susciten entre órganos y entes estatales subordinados a un jefe único deben ser resueltos por éste, principio aplicable también a las entidades estatales revestidas de forma jurídica societaria para el cumplimiento de fines públicos ( “Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/ Gobierno Nacional - A.N.A.”, del 17/06/1987, La Ley 1988-A-264, y sus citas).
V. Que bajo las premisas normativas reseñadas precedentemente y en las circunstancias actuales, resulta que este Tribunal Fiscal devino incompetente para entender en la controversia de contenido pecuniario suscitada entre dos organismos que forman parte del Estado Nacional y que resultan encuadrarse en alguno de los tipos enumerados en el art. 8 de la referida Ley 24.156.
Conforme la doctrina emanada de la Procuración del Tesoro, para la configuración de un conflicto interadministrativo regulado por la Ley Nº 19.983, se requiere, ineludiblemente, la existencia de un reclamo concreto de deuda de dinero entre las partes, lo que constituye un rasgo tipificante de tales litigios (entre otros, Dict. 199:97; 207:222; 211:364; 247:516).
Que el objeto de la presente causa son los recursos de apelación por denegatoria de las repeticiones intentadas en los términos del art. 76 inc. b) de la ley 11.683 por medio del cual la firma YPF S.A pretende de parte de la AFIP- DGI la restitución de los importes que considera que fueron abonados en exceso. Además resulta que el Estado Nacional ejerce el control operativo de la empresa recurrente y de las decisiones societarias de conformidad con la Ley 26.741, integrando así el Sector Público Nacional de conformidad con el inciso b) del artículo 8 de la Ley 24156. Y por su parte, la AFIP-DGI es una entidad autárquica del Estado Nacional (conf. arts. 1° y 2° del decreto 618/97) del inc. a) del mencionado art.8.
De lo expuesto, cabe concluir que nos encontramos frente a un proceso consistente en una reclamación pecuniaria (reclamo concreto de una suma de dinero) entre dos entes que integran el Sector Público Nacional, circunstancia a la que se refiere la Ley 19983, la cual prevé que en estos casos la contienda interadministrativa debe ser resuelta por el Procurador del Tesoro de la Nación o por el Poder Ejecutivo Nacional, según el monto en disputa. Sobre la competencia, se ha pronunciado por mayoría la C.N.C.A.F. Sala IV en los autos “AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS CIELOS DEL SUR SA”, del 15/12/2011 al expresar que “…desde antaño la Corte Suprema ha sostenido que los diferendos entre entidades dependientes de un superior jerárquico común están excluidos, en principio, de la decisión judicial y que, si bien tal doctrina es de especial pertinencia para las distintas reparticiones de un mismo departamento gubernamental, en razón de la común gestión de los asuntos propios de su competencia institucional, es también factible en caso de una jefatura única de las entidades afectadas (Fallos:325:2888, entre otros). Con el fin de resolver este tipo de contiendas, en el orden nacional la ley 19.983 establece dos requisitos fundamentales para su aplicación: a) que se trate de un conflicto pecuniario, cualquiera sea su naturaleza o causa y b) que se suscite entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas. De darse ambos, la contienda interadministrativa debe ser resuelta por el Procurador del Tesoro de la Nación o por el Poder Ejecutivo Nacional, según el monto en disputa. Ello resulta así por tener los organismos entre los que se suscita el conflicto un superior común y porque las causas repercutirán necesariamente en el patrimonio del Estado.”. Que, en lo que a la aquí actora se refiere, la Sala III de la Cámara se ha pronunciado en el mismo sentido en el Expte. 3064/2021; “YPF SA (TF 48959-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” de fecha 11/08/2021.
Por último, cabe advertir que dada la naturaleza de la presente causa –apelaciones de denegatorias de repeticiónno encuadra en el supuesto excluido del Régimen de Conflictos interadministrativos previsto en el art. 92 de la Ley 11.683, ni podría considerarse una etapa previa del proceso de ejecución previsto en dicha norma. Que en virtud de lo expresado hasta aquí, SE RESUELVE:
Declarar que ha devenido incompetente este Tribunal para entender en estos autos. Costas por su orden, atento la naturaleza de la cuestión analizada y la forma en la que se resuelve.
Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos de las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN- VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL- 2020-44- - APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la parte actora en la CUIT N° 20-18318052-6, CUIT 27-27092778-0 (Carolina Rosa De Cicco),a la CUIT N° 20-1173406-5 (Alberto Tarsitano) y al Fisco Nacional en la CUIT 33- 69345023-9 (AFIP). Fecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel y, oportunamente, remitánse las presentes actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación.
Date: 2021.09.15 08:58:33 ART Date: 2021.09.20 12:42:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.09.20 13:22:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.09.20 13:22:42 -03:00
Fin de la sentencia