Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar las resoluciones, venidas en recurso en todas sus partes, con costas.-
I-. Que a fs. 119/136vta. se interpone recurso de apelación contra las resoluciones N° 241/2008 y N° 242/2018 (DV NRRI) dictadas con fecha 28 de Noviembre de 2008 por la Jefa de División Jurídica de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI. Mediante la primera de ellas se determina de oficio con carácter parcial la obligación tributaria de la contribuyente frente al impuesto a las ganancias por los periodos fiscales 2003 y 2004, con más sus intereses y se aplica una multa graduada en tres veces el importe del impuesto presuntamente omitido por el período fiscal 2003 (Conf. art 46 y 47 incs. a, b y c de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).- En virtud de la segunda, se determina de oficio con carácter parcial la obligación tributaria de la contribuyente frente al Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 12/2002 a 06/2004, con más sus intereses y se aplica una multa graduada en tres veces el importe del impuesto supuestamente omitido por los períodos fiscales 12/2002 a 06/2003, con sustento en los arts. 46 y 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).-
Que a fs. 191/198vta. se interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 80/10 y 81/10 (DV NRR1) dictadas con fecha 30 de Junio de 2010 por la Jefa de División Jurídica de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI. Mediante la primera se resuelve, aplicar multa graduada en el setenta por ciento (70%) del impuesto a las ganancias presuntamente omitido, correspondiente al período fiscal 07/2003 a 06/2004, de conformidad con el artículo 45 de la ley procedimental (t.o 1998 y sus modificaciones).
La segunda, aplica multa graduada en el setenta por ciento (70%) del impuesto a las ganancias presuntamente omitido, correspondiente al período fiscal 2004, de conformidad con el artículo 45 de la ley procedimental (t.o 1998 y sus modificaciones).-
En primer término, la actora hace una reseña de los hechos que motivaron la presentación del recurso. Señala que el ajuste se basa en la aplicación por parte del organismo fiscal, de la presunción de ventas omitidas, conforme articulo 18, párrafo 1° de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), a partir de los préstamos declarados por la parte actora, recibidos supuestamente por el Sr. Patricio Lanusse. Manifiesta que la jueza administrativa incurre en una grave contradicción al sostener que las pruebas aportadas no resultan suficientes para acreditar la verosimilitud de los préstamos en cuestión por cuanto dicha insuficiencia probatoria – de existir- habría sido provocado por su propia actitud. En efecto, aclara que ha sido la propia AFIP quien desestimó todas las medidas de prueba que había ofrecido la sociedad fiscalizada, impidiendo su defensa.-
Asevera que el Sr. Patricio Lanusse fue uno de los fundadores de la sociedad conjuntamente con su yerno, y que la transferencia de cuotas sociales que, en determinado momento hizo, lo fue a favor de su hija. Asimismo, aclara que los recaudos formales que se llevaron a cabo conciernen a una relación entre padre e hijos.-
Señala que el acta correspondiente a la reunión de socios N°1, celebrada el 03 de Enero del 2000, trata en el punto 5 el tema “Préstamos a la sociedad”. Asimismo, manifiesta que las actas correspondientes a las reuniones de socios N° 9 y 11 de fechas 19 de Octubre de 2000 y 20 de Octubre 2001, respectivamente, han sido labradas siete años antes que se iniciara la fiscalización que condujo a la determinación de oficio.-
Manifiesta que tales declaraciones son sin duda actos jurídicos, cuya estricta correspondencia prueba el consentimiento y con ello la celebración del contrato de préstamo, en los términos contemplados por los artículos 1145, 1146, 1182, 1190 y concordantes del Código Civil.-
Especifica que la deuda registrada en los Libros Contables coincide con lo informado por el señor Patricio Lanusse en sus declaraciones juradas, y que el error en que incurre el fisco al presumir que bajo la figura de préstamos se habría ocultado ventas, puede también demostrarse desde los puntos de vista económicos y agrotécnico.-
Señala que en el año 2003 el área sembrable era del sesenta por ciento, porcentaje que se incrementó en un cinco por ciento en el ejercicio siguiente. Al respecto, aclara que las ventas realizadas y declaradas se corresponden perfectamente con esos guarismos, porque representan la producción anual correspondiente a 19 hectáreas.
Advierte que de acuerdo con lo que dispone el artículo 33 de la ley de procedimiento fiscal, todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes respectivos y solo de la fe que estos merezcan surgirá el valor probatorio de aquellas y, en consecuencia, entiende que constituye un sofisma haber invocado esta norma como fundamento de la pretensión fiscal, porque ninguno de los gastos en que incurrió la sociedad fiscalizada fue cuestionado.-
Pone de manifiesto que la asistencia financiera que le brindó el Sr. Pablo Lanusse a la sociedad durante el ejercicio 2003, fue un total de $90.161. En efecto, manifiesta que se llega a ese rango de aportes computando los depósitos judiciales efectuados y sus accesorios y los depósitos de los que dan cuenta los extractos bancarios.-
Destaca que cualquier forma de ilícito, aun los de naturaleza tributaria, implica incurrir en una conducta típica, antijurídica, culpable, que pueda ser reprochada a su autor. Entiende que no se acreditó la concurrencia del elemento subjetivo y, por ese motivo, la pretensión punitiva insinuada afecta el estado jurídico de inocencia, que constituye un principio del derecho penal y tiene raíz constitucional.- Asimismo manifiesta que no se probaron las ventas supuestamente omitidas sino que sólo se las presume, en función de una línea argumental insostenible y sin haber identificado ninguna en particular.-
Por último, afirma que el dolo que se le imputa no ha sido demostrado y la pretensión de sancionarla afecta además su estado jurídico de inocencia, un principio del derecho penal y tiene raíz constitucional.-
II. Que a fs. 139 se da traslado del recurso al Fisco Nacional, quien contesta a fs.147/159, solicitando que en virtud de las razones de hecho y derecho que expone, se confirmen las resoluciones recurridas, con costas.
Realiza una reseña de lo acontecido en el ámbito administrativo, y transcribe algunas de las conclusiones obtenidas en dicha sede. Manifiesta que el Sr. Patricio Lanusse no era socio de la empresa durante el período fiscalizado, por lo que no correspondía contabilizar el préstamo presuntamente otorgado a la empresa, en el rubro “Prestamos Socios”.-
Señala que la recurrente no ha ofrecido – ni en la sede administrativa ni en la de este Tribunal- prueba, que permita desvirtuar la pretensión fiscal. En ese sentido, considera que no se probó como el Sr. Lanusse tuvo acceso a la documentación de la compañía para conocer a quien debía efectuar los pagos que supuestamente realizó para cancelar el préstamo, o qué control llevaba sobre los pagos realizados por el Sr. Lanusse a sus acreedores.-
Considera falto de sustento el argumento de la apelante, en relación a que el préstamo realizado por el Sr. Lanusse se hizo durante el periodo de crisis económica del país en los años 2000 y 2001, por cuanto, aclara, que los estados contables de los siguientes ejercicios (2005 y 2006), en los que dicha circunstancia económica había sido superada, no exteriorizan una disminución en el saldo de la cuenta “Préstamos Socios”.-
Entiende que los flujos de fondos con los que la recurrente pretende acreditar la veracidad del préstamo cuestionado, no se encuentran debidamente reflejados en la contabilidad de la empresa, por lo que esta última no tiene valor probatorio respecto de dicho préstamo, con fundamento en el artículo 33 de la ley 11.683.-
Añade que los montos no pudieron identificarse en los extractos bancarios de la compañía, ni se probó por otros medios el circuito del dinero, no se arrimó respaldo documental que avale el préstamo, por lo cual fue considerado ingresos y ventas omitidas en el impuesto a las ganancias y al valor agregado, en los términos del artículo 18 de la ley 11.683. Cita jurisprudencia que avala sus dichos. Pone de relieve que de las actuaciones administrativas surge que la empresa compra panes y alfombras de distinta variedad de césped, además del generado en su campo, por lo que el hecho de la producción máxima posible fuera inferior a las ventas omitidas detectadas por el organismo, no resulta trascendente.-
Niega que se hayan producido errores cuantitativos en la liquidación de los impuestos exigidos. Entiende aplicable al caso la regla del “onus probandi”, siendo la carga de la prueba correlativa a la proposición de los hechos, con fundamento en el artículo 337 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; por lo que siendo la apelante a quien le incumbía la demostración de sus afirmaciones y no habiendo ella aportado prueba fehaciente de los hechos cuestionados, corresponde que se confirmen las resoluciones, con costas. En lo que a la imposición de multas se refiere, entiende que los hechos ilegítimos imputados se encuentran debidamente probados en autos, de manera tal que las omisiones determinativas de la infracción resultan indiscutibles, encuadrando la conducta en los tipos descriptos en los arts. 46 y 47 de la ley 11.683. A su criterio, resulta claro que la recurrente ha actuado con pleno conocimiento de la conducta en que incurría y ese conocimiento es lo que resulta idóneo para determinar la responsabilidad penal.-
Excluye la aplicación al caso del error de hecho o de derecho, en atención a la claridad de las normas aplicables al caso. Ofrece prueba. Hace reserva de cuestión federal. Concede autorizaciones y solicita se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Que a fs. 248 se abre la causa a prueba haciéndose lugar a la informativa y pericial ofrecidas. A fs. 361 se declara cerrado el período probatorio y se pasan los autos a alegar. A fs. 376 se pasan los autos a sentencia. Con fecha 11 de septiembre de 2015 la Sala C de este Tribunal resuelve las presentes actuaciones, revocando las resoluciones apeladas con costas. Apelada la sentencia por el Fisco Nacional ante la Excma. Cámara, ésta con fecha 6 de febrero de 2018 resuelve declarar la invalidez como acto jurisdiccional de la sentencia de fs. 383/386 y la nulidad de los actos producidos con posterioridad devolviendo las actuaciones para que mediante quien corresponda se dicte un nuevo pronunciamiento.
Con fecha 12 de noviembre de 2019 la Presidencia del Tribunal acepta la excusación efectuada por el Dr. Vicchi en razón de haber emitido opinión al momento de dictarse la sentencia declarada nula y con fecha 4 de diciembre de 2019 se efectúa el sorteo siendo desinsaculada la vocalía de la 6ta nominación para su intervención.
Cabe reseñar brevemente que, en virtud de las condiciones presentadas por la pandemia ocasionada por el COVID-19 mediante Acta Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2020 (RTFN N° 13/2020) se decretó la feria extraordinaria por 15 días, plazo que luego fuera prorrogado. Con posterioridad, mediante acta Acuerdo de fecha 28 de julio de 2020 (RTFN N° 30/2020), se dispuso el levantamiento de la feria extraordinaria para los expedientes electrónicos, no así para los expedientes papel. Ahora bien, a partir del 14 de septiembre de 2020, en miras a adecuar paulatinamente el procedimiento que permita continuar la tramitación de aquellos expedientes que tramitan en formato papel, mediante Acordada de fecha 8 de septiembre de 2020 (RTFN N°44/2020) se resolvió crear las Mesas de Entrada Virtual del organismo que funcionarán a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Asimismo, se resolvió instaurar la notificación electrónica de manera obligatoria también para dichos expedientes, solicitando a las partes la constitución de domicilio electrónico y en caso de que así no lo hicieran en su art. 11 se dispusieron otros medios para notificar a las partes.
Señalado ello, y teniendo en cuenta el estado procesal de las presentes actuaciones donde lo único que resta es emitir pronunciamiento por esta Sala, encontrándose la totalidad del expediente y actuaciones administrativas en poder de esta Sala, se considera que están dadas las condiciones de dictar sentencia y, en consecuencia, se procede a habilitar la feria extraordinaria en el presente expediente. Dicha habilitación, y la consiguiente reanudación de los plazos procesales, surtirá efectos a partir de la fecha de notificación de la presente y se extenderá hasta que concluya la tramitación natural de esta sustanciación, ante esta instancia.
IV. Que, la cuestión a dilucidar es la veracidad de los supuestos préstamos declarados por la parte actora, recibidos del Sr. Lanusse como indicio de la presunción de ventas no declaradas, que utiliza el organismo fiscal, según el artículo 18, párrafo 1° de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).-
Así ello, surge de las actuaciones que la actividad declarada por El Quilquihue Compañía Agropecuaria S.R.L es la venta al por menor de semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de vivero, asimismo es preciso especificar, conforme lo manifiesta la actora en su recurso de apelación a fs. 124 2° párrafo, que su trabajo se sintetiza en la producción y venta de alfombras de césped, cultivadas es una pequeña fracción de campo de su propiedad.-
Por su parte, la fiscalización ha señalado: a) Que de la documentación aportada surge que Quilquihue Cia. Agropecuaria S.R.L posee una deuda con el Sr. Patricio Lanusse de $443.770 al 01/07/2002, $533.931 al 30/06/2003 y $922.575 al 30/06/2004 (fs. 112 a 122 del cuerpo principal ganancias). b) Que no se ha arrimado el respaldo instrumental que avale el préstamo, o documentos que respalden las registraciones contables antes referidas, ni fueron aportados elementos que permitan efectuar un seguimiento de la secuencia completa de la operatoria, es decir, el ingreso de fondos, su aplicación y su restitución.-
Ello así, el ajuste se basa en la aplicación por parte del organismo fiscal, de la presunción de ventas omitidas, conforme artículo 18, párrafo 1° de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).
Sentado cuanto antecede, corresponde recordar que es doctrina de esta Sala que “...resulta evidente que los métodos presuntivos, son alternativas válidas que habilita la ley en favor de la administración para que pueda cumplir sus objetivos, en aquellos casos en que debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias respaldatorias, documentación que no resulte fehaciente e insuficiencias de diversa índole, deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (“Dadea, Marta Elisa”, Sala B, de fecha 22/12/1983).
Lo dicho no implica que el contribuyente no conserve en todo momento el derecho de probar y cuestionar tanto la existencia y características del hecho cierto tomado como base, como la relación entre el hecho inferente y el hecho inferido. Ha dicho la Excma. Cámara que las presunciones son el resultado de un proceso lógico mediante el cual de un hecho conocido cuya existencia es cierta, se infiere un hecho desconocido cuya existencia es probable (Philips Argentina S.A c. Fisco Nacional, CNACAF, Sala I, 07/08/1990).
Del conjunto de la prueba ofrecida y producida para justificar las deudas declaradas para los períodos fiscales considerados en la resoluciones recurridas, en relación con los hechos invocados se observa que el grado de parentesco entre el prestamista y los socios de la empresa Quilquihue S.R.L, Clara Maria Lanusse y Matias Iribarren, no ha sido puesto en tela de juicio, por lo que cabe por tener acreditado dicho vínculo familiar, conforme prueba documental acompañada a fs. 81/84.- No obstante que los préstamos en crisis se realizan a la sociedad, es innegable, en este caso en particular, el carácter familiar que tiene esta sociedad y la injerencia en la misma del prestamista, quien fuera su fundador.
Por otro lado, se observa que el prestamista contaba con capacidad económica, financiera y patrimonial suficiente y comprobada como para poder prestar los fondos declarados, conforme punto 8 del Informe Pericial presentado a fs. 328/336 y DDJJ de Bienes Personales acompañada a fs. 86 y fs. 94 periodos fiscales 2004 y 2003 respectivamente.-
Asimismo, conforme los libros peritados, la totalidad del monto que la sociedad declaró adeudar al señor Patricio Lanusse al 1° de Julio de 2002, 30 de Junio de 2003 y 30 de Junio 2004 (punto 6 del informe pericial) se encuentra declarado oportunamente como crédito por el prestamista conforme surge de la DDJJ de Bienes Personales y “detalles” acompañadas como prueba documental a fs. 86/93 período 2004 y fs. 94/101 período 2003, importes que surgen, asimismo, del informe pericial presentado a fs. 328/336, en su punto número 8.- En cuanto a la instrumentación del préstamo, se observa que mediante Acta correspondiente a la reunión de socios n°1 celebrada el 03 de Enero de 2000, se cuerpo antecedentes ganancias n° 1 de los Antecedentes Administrativos, obra la rúbrica del libro de actas con intervención de escribano habilitado, con fecha 14 de Enero de 2000.-Asimismo, de la prueba pericial rendida en autos, en su punto n° 1, los peritos comprobaron que las fotocopias de actas adjuntadas al expediente como prueba documental coinciden con las registradas en el libro de actas n° 1 que fuera puesto a disposición por la empresa.-Surgen de estos instrumentos, entre otras cuestiones, la decisión de tomar préstamos, algunos detalles de éstos e incluso renegociaciones.
Con relación a la aplicación de fondos, de la prueba pericial contable rendida en autos se desprende que del monto total de bienes adquiridos entre los años 2000 y 2004, se encuentra incluida la suma en cuestión, toda vez que dicho monto no responde a un solo concepto.- Por último y teniendo en cuenta que el Fisco Nacional utiliza el primer párrafo del art. 18 de la ley de Procedimientos Tributarios para presumir ventas omitidas, resulta relevante mencionar que, de la pericia técnica producida en autos, se observa que los peritos intervinientes concluyeron que las ventas declaradas son compatibles con la explotación iniciada en 2001, año en que la empresa comienza a incorporar progresiva tecnología. Señalan que en el período 2003/2004 –en crisis- se cosecharon unas superficies de 17,66 has. y 18,31 has. respectivamente, siendo en 2001 de 15 has., dato además, que se corresponde con las ventas declaradas por la actora en las DDJJ-IVA períodos 2003 y 2004, conforme el precio promedio de la venta del metro cuadrado de césped según facturación periodo 2003/2004.- En virtud del análisis efectuado y de los elementos probatorios acompañados corresponde concluir que la presunción ensayada por el fisco resulta débil y refutada en sus ejes centrales, por lo que sobreviene inhábil para sustentar la pretensión fiscal. Por lo que corresponde revocar los actos apelados en todas sus partes, con costas.-
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar las resoluciones, venidas en recurso en todas sus partes, con costas.-
Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos de las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- - APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en el CUIT 30-70703273-8 (El Quilquihue Compañía Agropecuaria SRL) y en la CUIT N° 23-4412333-9 (Dr. Pedro Pablo Lanusse) y al Fisco Nacional en la CUIT 33-69345023-9 (AFIP). Fecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2021.09.15 08:57:03 ART Date: 2021.09.20 12:43:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.09.20 13:18:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.09.20 13:20:21 -03:00
Fin de la sentencia