Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 25.562-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaReencuadrar la conducta de la apelante en los términos del art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), graduada en un tercio de su mínimo legal, costas en el orden causado.
I. Que, mediante el N° RE-2019-106713203, la recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 581732/02 dictada en el marco del Sumario S/DI RMEN/581732/18 de fecha 28 de junio de 2019 por la División Jurídica de la Dirección Regional Mendoza de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la que se le aplicara multa respecto del Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 09 y 11/2015, 03/04/06/09/2016 y 01/2017, en los términos de los arts. 46 y 47 inc. b) de la Ley N° 11.683, reducida a un tercio del mínimo legal conforme la redacción anterior a la modificación de la Ley N° 27.430 del art. 49 de la ley ritual, en tanto la aplicación del principio de la ley penal más benigna conforme lo dispuesto en el art. 2° del Código Penal de la Nación.
Señala la recurrente -en lo que aquí interesa- que el ajuste base del presente sumario infraccional radica en determinadas operaciones realizadas durante los períodos referenciados, las que fueran calificadas por el ente recaudador como apócrifas, respecto de lo cual sostiene que “todas estas operaciones fueron relevadas por la empresa al momento de contratar, es decir, se verificó la veracidad de los mismos a través de su inclusión o no de la base APOC” y que el proveedor MONACO S.A. fue incluido posteriormente en la mencionada base, destacando que “todas las operaciones están respaldadas bancariamente y cumplen con todos los requisitos exigidos por ley”.
En ese orden, concluye la recurrente que todas las operaciones realizadas son reales, no revistiendo las mismas el carácter de apócrifas, razón por la que no corresponde su encuadre en el marco de los artículos 46 y 47 inciso “a” (sic) de la Ley N° 11.683. Cita doctrina y jurisprudencia judicial y administrativa.
Señala que si bien ha existido en el caso concreto la presentación de las declaraciones juradas rectificativas, no se cumplen los requisitos que tornan procedente la aplicación de la disposición normativa prevista por el art. 46 de la norma ritual, mucho menos la presunción establecida en el inciso “a” (sic) del artículo 47, motivo por el cual solicita el reencuadre de la sanción en el marco de las previsiones del artículo 45 del mismo cuerpo normativo.
II. Que, en el IF-2020-69577954 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso conferido, solicitando su rechazo por las razones de hecho y de derecho que expone, acompaña las actuaciones administrativas en formato digital bajo el N° IF-2020-69544768, plantea el caso federal y pide se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
Señala la representación fiscal que la recurrente procedió a presentar las declaraciones juradas rectificativas del Impuesto al Valor Agregado solamente a instancia de la fiscalización actuante y en función de las observaciones formuladas, aspecto que si bien denota el carácter “voluntario” de la rectificación, no por ello torna al mismo como “espontáneo”.
Por su parte, también puntualiza que no obstante la presentación de las referidas declaraciones, el saldo conformado no fue ingresado ni regularizado mediante alguna facilidad de pago vigente, aspecto que expresara anteriormente bajo el N° IF-2020-60957785 ante el pedido efectuado por este Tribunal Fiscal en los términos de la Ley N° 27.541 mediante el N° PV-2020-60290296.
Asimismo, destaca que el aspecto objetivo de la figura infraccional quedó comprobado mediante la conformación del ajuste y la correspondiente presentación de las declaraciones juradas rectificativas, mientras que el aspecto subjetivo puede verificarse a partir de la presunción establecida en el inciso “b” del artículo 47 de la norma procedimental.
Concluye finalmente la representación fiscal, señalando que la quejosa no ha aportado prueba alguna ni en la etapa sumarial ni ante esta instancia jurisdiccional que justifique sus alegaciones o que controvierta la verificación de la hipótesis contemplada en el inciso “b” del art. 47 anteriormente mencionado, todo lo cual torna procedente la confirmación de la tesitura expuesta por el juez administrativo, descartando de plano la posibilidad de reencuadre alguno en la figura infraccional del art. 45 de la norma procedimental.
III. Que, habida cuenta de la manifestación efectuada por la representación fiscal respecto de la inaplicabilidad al caso de los beneficios de la Ley 27.541 por no encontrarse pago el impuesto que originó la presente sanción, la vocalía instructora dispuso continuar con la tramitación de los presentes actuados según su estado, notificando de ello a las partes. Una vez firme dicha providencia, no existiendo prueba a producir en esta instancia, inmediatamente se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, y seguidamente se pasan los mismos para sentencia.
IV.-Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada referente al Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 09 y 11/2015, 03/04/06/09/2016 y 01/2017.
A ese efecto, corresponde observar que en el Informe Final de Inspección (fs. 17/22, AA N° IF-2020-69544768), se expresa que el origen del cargo radica en la detección de la utilización de facturas de un proveedor apócrifo (fs. 19, AA) lo que devino en la impugnación de los créditos fiscales correspondientes a las facturas cuestionadas del proveedor MONACO S.A.. El informe se refiere meramente a que el proveedor se encontraba en la base APOC. En efecto, éste no contiene precisiones respecto del proveedor ni se ha aportado ningún otro elemento a esta causa. Así también, la resolución aquí apelada, se refiere a que el contribuyente es usuaria de facturas apócrifas sin mayores argumentos que permitan a este Tribunal concluir razonablemente que en efecto las operaciones aquí controvertidas no hayan existido o que los respectivos proveedores no hayan tenido al momento de tales operaciones la capacidad económica, financiera y operativa necesaria para su concreción.
VI. Que, cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008). Tal como como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
En cuanto al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
En el particular, el Fisco Nacional aplica la presunción del art. 47 de la ley procedimental inciso b) de la ley de procedimiento fiscal sin embargo, los actos en tratamiento no dan cuenta de la imputación que enrostran a la aquí apelante, y ello sin perjuicio de la conformación del ajuste efectuada por esta última y de haberse constatado la materialidad infraccional en lo que a la omisión del pago de impuestos se refiere, sobre la base de la presentación de declaraciones juradas inexactas.
Como se señaló, dicha circunstancia no habilita de forma automática la activación del tipo legal de la defraudación fiscal establecida en el art. 46 de la Ley N° 11.683. Por otro lado, tampoco se observan aquellos indicios habilitantes de las presunciones de dolo que comporta el inciso “b” del art. 47 de la norma procedimental. El elemento intencional no puede inferirse sólo invocando el hecho de que la actora computó en forma improcedente los créditos fiscales provenientes de compras a proveedores observados presuntamente apócrifos.
VII. Que, no obstante, ello no implica que la conducta de la recurrente quede impune. La contribuyente ha aceptado su omisión en el ingreso debido del gravamen en cuestión, ello mediante la aceptación de los ajustes fiscales con la presentación de las declaraciones juradas rectificativas, sin que en el caso se verifique la existencia de un error excusable de entidad suficiente como para eximirse de la sanción prevista en el artículo 45 de la ley 11683 (t.o. 1998). Ello así, corresponde reencuadrar de oficio la conducta de la recurrente en la infracción prevista en esa norma legal, en un tercio de su mínimo legal, de conformidad con lo establecido en el art. 49, primer párrafo de la Ley N° 11.683 (t.o. vigente a la fecha de la comisión de la infracción).
En cuanto a las costas, en atención a las particularidades de la presente causa, corresponde imponerlas en el orden causado (cf. art. 184 último párrafo in fine, ley 11.683).
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Reencuadrar la conducta de la apelante en los términos del art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), graduada en un tercio de su mínimo legal, costas en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2021.08.19 12:01:13 ART Date: 2021.08.19 13:18:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.08.19 15:54:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.08.19 15:54:48 -03:00
Fin de la sentencia