Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 25.562-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sanción de multa aplicada al recurrente, con costas.
I. Que, mediante el IF-2019-55643282-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76, inc. b) de la Ley N°11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra la Resolución Nº 732/19 (DV JSAL) SM 030/586080/19 de fecha 22/05/2019, notificada con fecha 3/06/2019, suscripta por la Sra. Jefa (Int.) de la División Jurídica de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se aplica sanción de multa de pesos cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos veinticuatro con veinte centavos ($476.824,20), equivalente a dos veces del tributo por el Impuesto al Valor Agregado por el período fiscal 12/2017 en virtud de los artículos 46, 47 inc. a), b) y c) de la Ley 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con la reducción del art. 49 (3er párrafo) del mismo texto legal.
Indica que, HOSA SRL, en una inspección realizada en el mes de agosto de 2018 por agentes de fiscalización de AFIP, se le imputó la presentación de declaraciones juradas aparentemente inexactas liquidando el impuesto al valor agregado por el período fiscal 12/2017 consignando datos que no se ajustaban a la realidad, según lo dicho por fiscalización, detectándose aparentemente créditos fiscales provenientes de facturas apócrifas y duplicadas.
Sostiene que, aconsejado por dicha fiscalización conformó el ajuste propuesto, firmando en disconformidad, rectificando en aras de demostrar su buena voluntad, y la necesidad de mantenerse impoluto fiscalmente ya que jamás había tenido un problema de esta naturaleza y que se encontraba contratado por una empresa minera efectuando trabajos los cuales no podían verse afectados por ningún comportamiento inusual.
Manifiesta que, con fecha 19/02/2019 se notificó a HOSA SRL la apertura de un sumario en el cual, realizó el debido descargo en fecha 18/03/2019, resolviendo luego aplicar a la misma una multa reducida por no contar con antecedentes en infracciones materiales.
Afirma que, a fs. 2 de la resolución apelada AFIP menciona “…a una factura emitida en diciembre de 2018…” cuando en realidad se trató de una factura emitida en diciembre de 2017, por lo que no hay coincidencia en el objeto (factura) de que se trata, se remite a la fecha de la factura en cuestión.
Sostiene que, se agravia a HOSA SRL, a fs. 3 en el 3er párrafo de dicha resolución, cuando AFIP pregona la gran tarea que realizan en la prevención de la evasión fiscal identificando a las empresas o sujetos generadores de créditos fiscales/gastos – en contribuyentes reales susceptibles de impugnación a través de un minucioso estudio consistente en verificar si poseen bienes registrables, máquinas agrícolas, inmuebles, presentaciones de declaraciones juradas, pagos registrados o no, registros de ventas electrónicas emitidas, declaración de actividades económicas, declaraciones provisionales, impuestos a las ganancias, domicilio fiscal, de explotación, sedes, acreditaciones bancarias, refiriéndose a la emisora de la factura cuestionada 2012 SRL CUIT 30-71244302-9, enorme tarea que no podría nunca efectuar HOSA SRL como persona privada que es.
Indica que, todo el informe y tarea investigativa realizada por AFIP, conduce a colocar a la Sociedad 2012 SRL, en un registro llamado base de contribuyentes no confiables (e-apoc) con fecha 30/07/2018, o sea 7 meses después que HOSA SRL contratara con dicha sociedad y la misma emitiera las facturas que son cuestionadas, razones dadas por HOSA SRL, que no podía saber de ninguna manera lo que sucedería precisamente 7 meses después del supuesto hecho que se le imputa.
Afirma que, HOSA SRL, verificó la validez del comprobante emitido, tal como acredita a través de los descargos efectuados, y se remite a la afirmación que efectúa la misma AFIP cuando dice que “…la verificación de validez del comprobante emitido… demuestra el aspecto formal de la operación…” (fs. 5, párrafo 6to de la resolución), trata de quitarle valor a dicho aspecto al declarar “que asimismo es preciso aclarar que es indiferente a los fines perseguidos la verificación de validez del comprobante emitido por cuando solo se demuestra el aspecto formal de la operación, en efecto, cuando se realizan operaciones con proveedores apócrifos estamos en presencia de connivencia…”, presumiendo y dando a entender que ellos ya tenían conocimiento de que 2012 SRL, ya era un proveedor apócrifo, mas no tuvieron en cuenta que la factura es del mes de diciembre de 2017 y recién la incluyen en la base de datos de dicha firma a fines de julio de 2018, por lo que agravia a HOSA SRL, dicha presunción y cae por su propio peso, y efectúa una presunción basada en un hecho que sucedió 7 meses después, generado por ellos mismos.
Sostiene que, la imputación de facturas apócrifas y duplicadas no es imputable a ésta, ya que no depende de ella su contralor, en razón de la teoría de la apariencia en cuanto a su legalidad corroborada por la constatación de comprobantes con CAI, en las fechas de emisión de cada factura, que es hasta donde podría llegar su control, pero aún más, en fecha 13 de marzo de 2019, el contador público Rafael Dileandro, solicitó un nuevo control de los comprobantes de CAI de cada factura observada por AFIP obteniendo el mismo resultado: “los datos ingresados coinciden con una autorización otorgada por la AFIP”, toda esta documental se encuentra agregada como prueba en el sumario realizado previamente por la misma AFIP.
Se agravia respecto de los dichos de AFIP a fs. 5 3er párrafo en su resolución cuando expresa que el CORRALON SAN JAVIER (emisor de facturas cuestionadas) no registra la presentación de sus registros de compras del mes 12/2017, y que se detectan facturas iguales informadas por mas de un cliente con distinta fecha e importe y que verificaron el rubro Retenciones y Percepciones; todas comprobaciones que HOSA SRL no puede efectuar, ni fáctica ni legalmente, lo único que podía hacer y así lo hizo es verificar la validez de los comprobantes emitidos en la misma WEB de la AFIP, tal se acreditó en cada descargo que se efectuó no siendo considerados los mismos, y no teniendo en cuenta como ya se expresó en la verificación de los comprobantes emitidos por 2012 SRL, que HOSA SRL, no tiene las facultades o medios facticos ni legales para hacerlos.
Indica que, se le atribuyó una conducta dolosa, pero nunca hubo una intención defraudatoria y/o manifestaciones engañosas u ocultaciones maliciosas. En el sumario realizado por AFIP, se colaboro en todo momento, se aportó prueba de los dichos y hechos, tales como las verificaciones de validez de los comprobantes emitidos y el porqué de las contrataciones realizadas, aportando además un contrato de trabajo que se acompaña con la empresa MANSFIELD MINERA SA que justifica plenamente las compras realizadas, razón por la cual, el elemento subjetivo que se pretende introducir no existe, la multa solo persigue fines recaudatorios.
Afirma que, los dichos de AFIP a fs. 4 penúltimo párrafo de la resolución, la cual dice que refiriéndose al Sr. Sergio Rafael Scopel, se detectan que las mismas facturas informadas por HOSA SRL, fueron informadas además por otros clientes, y que no registra la presentación de sus registros de compraventa, a efectos de verificar cual de las operaciones informadas es la real, como así también, se relevó la totalidad de facturas informadas por mas de un cliente, constatándose la emisión de comprobantes emitidos con un mismo numero a diferentes contribuyentes, tarea que HOSA SRL, nunca podría haber realizado ni fáctica ni legalmente.
Respecto de lo señalado por el Organismo que no demostró la prestación efectiva del servicio, sostiene que no tuvo en cuenta la prueba arrimada en el descargo de fecha 18 de marzo de 2019, que fue acompañada, y se adjuntó el contrato de obra con la firma MASFIELD MINERA SA., de fecha 18 de octubre de 2017, teniendo en cuenta que V. S., que todas las contrataciones observadas son concordantes con la obra realizada por la que debió comprar y contratar los materiales y servicios cuyas facturas observó la AFIP.
Ofrece prueba, formula reserva del caso federal. Finalmente, solicita se revoque la multa aplicada, con costas.
II. Que, mediante IF-2019-91383805-APN-DTD#JGM e IF-2021-78296198-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido, solicitando el rechazo el recurso y la confirmación de la resolución apelada.
Señala que la aplicación de la sanción que diera lugar al dictado del acto recurrido tiene su fundamento en el hecho que, de la verificación practicada se constató la presentación de las DDJJ del Impuesto y período fiscal en ciernes consignando datos que no reflejaban su situación real y dejando de ingresar el impuesto en justa medida.
Indica que, de la verificación llevada adelante por la AFIP a la contribuyente, se detectó el cómputo de compras provenientes de facturas de proveedores apócrifos. Señala que, la inexactitud de las DDJJ presentadas y que constituyen el cargo sumarial imputado, se halla reconocido por la contribuyente, hecho éste que se perfeccionó con la conformidad de los ajustes practicados por los funcionarios actuantes.
Afirma que, la contribuyente voluntariamente, ha presentado las DDJJ rectificativas del impuesto y período en cuestión, lo que demuestra acabadamente un reconocimiento expreso de que el procedimiento liquidatario efectuado por ella y que diera origen a la intervención y fiscalización del Organismo no se ajustaba a derecho, habiendo prestado su consentimiento con discernimiento, intención y libertad, ya que si no hubiera estado de acuerdo con el ajuste propuesto por los inspectores de AFIP, debió negarse a conformar la deuda resultante, lo que hubiera acarreado como consecuencia el proceso de determinación de oficio del gravamen.
Afirma que, por todo lo expuesto con precedencia, no cabe más, sino que concluir que la comisión de los hechos violatorios que se imputan se encuentra debidamente probados y, por ello, la comisión determinante de la infracción resulta indiscutible.
En efecto, el aspecto objetivo y /o subjetivo de la conducta tributaria observada, expresa a las claras la intención por parte de la recurrente de defraudar al Fisco Nacional, presentando declaraciones juradas engañosas.
Finalmente, considera que, debe rechazarse el recurso, con imposición de costas. Acompaña antecedentes administrativos y hace reserva de caso federal.
III. Que, posteriormente, con el dictado de la Ley N° 27.541, este Tribunal dispuso intimar al Fisco Nacional en la PV- 2020-71136511-APN-VOCVI#TFN, para que el referido organismo informara si la sanción discutida en las presentes actuaciones se encontraba alcanzada por el beneficio establecido en el art. 12 párrafo cuarto de la Ley N° 27.541. Bajo el IF-2020-74849543-APN-DTD#JGM, el Fisco Nacional evacua la intimación practicada, manifestando que la parte actora presenta acogimiento por IVA P.F. 12/2017 al plan de facilidades de pagos L105912 (RG 4289 - Deuda Impositiva y Previsional vencida al 30-09-2018) por un importe de $ 476.824,17, el mismo se encuentra caduco con un saldo pendiente de $ 379.884,34. Asimismo y de la consulta al sistema registral surge que el contribuyente se encuentra caracterizado como POTENCIAL MICRO EMPRESA.
Mediante PV-2020-75271950-APN-VOCVI#TFN, este Tribunal dispuso correr vista a la recurrente de lo manifestado por el Fisco Nacional la cual no fue contestado por la parte actora.
IV. Que, no habiendo prueba a producir en esta instancia, inmediatamente se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y seguidamente se ponen los mismos para sentencia.
V. Que, este Tribunal se encuentra llamado a resolver si la multa aplicada por el Fisco Nacional a la recurrente de autos se encuentra ajustada a derecho.
Ello así, corresponde destacar que tal como surge de las constancias de autos -informe de fiscalización obrante a fs. 5/10 de los antecedentes administrativos- el cargo se origina en la detección de contribuyentes que registran duplicidad en la información de facturas emitidas y su posterior análisis de las empresas usuarias de tales facturas.
En otras palabras, la utilización de facturas “mellizas” y apócrifas de tres proveedores 2012 SRL, Corralón San Javier SRL y Sergio Scopel. Se destaca que la empresa recurrente realiza el servicio de instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas ncp, no surgiendo observaciones respecto de la actividad constatada en la fiscalización.
Del citado informe surge que se detectaron facturas, cuyos créditos fiscales son improcedentes ya que se corresponden a comprobantes duplicados (Sergio Rafael Scopel y Corralón San Javier) y que 2012 SRL fue incluido en la base APOC. Respecto de este último, se detallan facturas computadas también por otros clientes. Además, se detalla que esta última fue incluida en base de contribuyentes no confiables (e-apoc) bajo la condición “Sin capacidad económica” el 30/07/2018, exponiéndose en el informe final de la fiscalización efectuado bajo la orden de intervención N°1676616 en su parte pertinente, lo siguiente: Por lo expuesto en el presente informe y considerando los elementos de juicio tenidos en cuenta en esta instancia, se concluye: No posee bienes registrables, no posee maquinaria agrícola, no posee inmuebles a su nombre, presentó sus DDJJ de IVA hasta el período 12/2017. El único pago que registra es en el periodo 09/2015 con un monto a ingresar de $2.063,88. Registra ventas según facturas electrónicas emitidas en los períodos 2016 y 2017 por un monto neto de $171.814.765. Declaró (16) dieciséis actividades económicas. Se detectaron más de 170 usuarios. Presentó DDJJ, previsionales F.931 declarando (6) seis empleados con un sueldo promedio de $3.900 cada uno, la última DDJJ. Del Impuesto a las Ganancias presentada fue la del PF 2016, la cual arrojó un saldo a favor del contribuyente de $25.948. Posee nota en el Sistema Registral por domicilio fiscal encontrado ni domicilios de explotación. No se pudo encontrar la sede de la administración. No posee acreditaciones bancarias en los períodos 2016 ni 2017.
Concluye además que, el contribuyente 2012 SRL- CUIT 30.-71244302-9, no posee la capacidad operativa ni financiera para realizar las operaciones comerciales para las cuales se inscribió ante la AFIP, por lo que se propone que el mismo sea incluido en la base e-apoc, conforme I.G. 748/05 (DI PYNF), pto 2.2.6… Indica que, respecto a Sergi Rafael Scopel, informado como vendedor (S/RG 3685), conforme se desprende del informe indicado, se detecta que las mismas facturas computadas por la aquí recurrente fueron informadas por otros clientes. Asimismo, en el marco de la fiscalización se consultó a Corralón San Javier SRL informado como vendedor (RG 3685) y se detecta que las mismas facturas fueron informadas por más de un cliente con distinta fecha e importe. Sostiene que, el Corralón San Javier SRL, no registra la presentación de sus registros de compras del mes 12/2017 de acuerdo a lo establecido en la RG 3685. Sin embargo, mientras que en ese mes generó un crédito a favor de HOSA SRL por $93.823 declaró en su DDJJ de IVA de tal período un débito fiscal originado en operaciones con responsables inscriptos por $29.975. Revelándose que, la totalidad de facturas informadas por mas de un cliente, constatándose la emisión de comprobantes emitidos con un mismo número a diferentes contribuyentes.
También surge del informe que de la verificación del rubro Retenciones y Percepciones del período, se observó que se encontraban incluidos en la Declaración Jurada del período diciembre de 2017, certificados por retenciones de IVA efectuadas en el mes de enero de 2018 que también fueron computados en la Declaración Jurada de ese período. En ese contexto, el Fisco destacó que el contribuyente no registra la presentación de sus registros de compras ventas a efectos de verificar cual de las operaciones informadas es real. Y se revela que, la totalidad de las facturas informadas por más de un cliente, constatándose la emisión de comprobantes emitidos con un mismo número a diferentes contribuyentes.
VI. Que, sentado cuanto antecede, la sanción que se endilga encuentra sustento normativo en los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la Ley 11.683. Como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
Que, en lo que atañe al aspecto material de la multa aplicada, debe destacarse que la presentación de DDJJ rectificativas lo que revela, y así ha quedado plasmado en el acto que aquí se recurre, es que el contribuyente primitivamente no ha declarado el impuesto en su justa medida, siendo dicha declaración defectuosa la que, al no haberse producido prueba en contrario, lleva a estos juzgadores a tener por configurado el aspecto objetivo de la infracción que se endilga.
Que, en cuanto al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria Que, por lo tanto, si se analizan las presunciones utilizadas en la especie, debe puntualizarse que en los incisos a) y b) de dicho artículo no cualquier contradicción o incidencia allanaría el camino hacia una presunción adecuadamente conformada, sino que es necesario que el juez administrativo fundamente que la merma de materia imponible reúne la calidad de “grave”; y en el inciso c) del mismo artículo, se requiere que la “...disconformidad sea "manifiesta", lo que exige que la disconformidad sea casi radicalmente opuesta a lo que la norma dice y no se trate de problemas de dudosa interpretación” (véase “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. S.C.A.”, Sala “B”, de fecha 11/02/2008).
Que conforme surge de las constancias relatadas de los antecedentes administrativos, así como de la falta de elementos aportados por la contribuyente, entendemos que las presunciones se encuentran activadas conforme a derecho y a los hechos del caso, y correspondía a la parte actora demostrar la ausencia de dolo que la ley, de conformidad con lo expuesto, autoriza a presumir al Organismo Fiscal.
Que el recurrente manifiesta, pero no demuestra la existencia de las operaciones, se agravia que el Fisco presumiría la utilización de facturación apócrifa cuando ha consentido el ajuste de créditos fiscales y rectificado sus declaraciones juradas y hace hincapié en formalidades que no forman parte de la litis.
Que si bien se comparten sus dichos en cuanto no corresponde al contribuyente realizar los controles y diligencias propios del Organismo Recaudador, ello en nada se corresponde con los hechos del caso, puesto que el Fisco Nacional no le endilga la falta de control sobre los comprobantes, sino la maniobra de computar créditos fiscales provenientes de facturas duplicadas que en lo formal aparecen como válidas. Respecto a ello, el apelante sólo presenta argumentos desprovistos de prueba.
En resumidas cuentas, y sin perjuicio de las aseveraciones vertidas por la recurrente en su recurso de apelación en torno a su buena fe, corresponde señalar que las presunciones se encuentran correctamente aplicadas por el organismo fiscal y la multa aplicada se ajusta a la realidad de los hechos acaecidos, toda vez que se verifica la grave contradicción e incidencia requerida por la norma anteriormente apuntada sobre la determinación de la materia imponible, que permita aseverar sobre la existencia de un actuar doloso de parte de la aquí apelante.
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, computando facturas de proveedores apócrifos, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del Fisco. Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
Confirmar la sanción de multa aplicada al recurrente, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2021.10.20 23:40:41 ART Date: 2021.10.21 10:02:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.10.21 14:02:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.10.21 14:02:46 -03:00
Fin de la sentencia