Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 35.766-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-119713959-APN-TFN#MEC CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 9 de Diciembre de 2021 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el Expte. Nº 35.766-I “BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINAS S.A. s/apelación-“.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 484/505 vta. se interpone recurso de apelación contra la resolución de la AFIP- DGI de fecha 16 de diciembre de 2011, mediante la cual se determina de oficio la obligación de la recurrente frente al impuesto a las ganancias –salidas no documentadas- correspondiente a las erogaciones efectuadas en los meses febrero, abril, mayo, julio a diciembre de 2005; enero, febrero, abril a agosto, octubre, noviembre de 2006 y enero a marzo de 2007.
A modo de introducción realiza una explicación del caso. Señala que contrató a la firma PLACE S.R.L. para la prestación de servicios de consultoría para el desarrollo social y la mejora de las relaciones con las comunidades vecinas al proyecto minero Pascua Lama para el cual buscó y obtuvo permisos de construcción. Dice que los servicios discutidos fueron prestados por la citada sociedad a través de dos profesionales, el Licenciado en Economía Emilio Pósleman y la Licenciada en Antropología María Cristina Krause y fueron facturados por Place S.R.L.
Manifiesta que tales circunstancias fueron claramente explicadas a la administración tanto en el procedimiento fiscalizador como determinativo, habiendo acompañado en ambas instancias copiosa prueba documental, informativa y testimonial para identificar claramente al beneficiario de los pagos, la vinculación de los servicios con las actividades de la empresa y su efectiva prestación. No obstante ello, dice, la administración fiscal insiste en desconocer la efectiva prestación de los servicios escudándose –a su criterio- en tecnicismos formales para desechar la prueba.
Realiza un relato de su actividad como Titular de la porción Argentina del Proyecto Minero Pascua Lama. Dice que en cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad tuvo que obtener permisos para poder construir y operar la mina, entre los que se incluyen los ambientales y sociales, cuya gestión realizó en forma conjunta y coordinada con otra empresa del grupo, Minera Argentina Gold S.A., que opera la mina Veladero, ubicada al lado del Proyecto Pascua Lama.
Explica que para obtener los permisos se enfocaron en formar un grupo interdisciplinario de profesionales que conformaron el Área de Desarrollo Social y Relaciones con la Comunidad. Esta área fue puesta a cargo del Dr. Julio Claudeville, quien convocó a los mencionados Krause y Pósleman para la realización de las tareas de puesta en marcha y ejecución del Plan de Apoyo al Desarrollo Sustentable. Estos profesionales prestaron sus servicios a través de Place S.R.L., empresa que facturo y a quien se pagaron los servicios. Detalla que el plan consistió en una serie de acciones destinadas a detectar y colaborar con la satisfacción de las necesidades de las comunidades que se encuentran dentro de la zona de influencia de la Mina Veladero y del Proyecto Pascua Lama, como también lograr un desarrollo social y comunitario más sensible, efectivo y perdurable en el tiempo. Entre otras, dice que las tareas consistieron en identificar y medir los impactos socioeconómicos en las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de la mina, así como el estudio de planes de participación ciudadana y desarrollo social. Enumera diversos acuerdos suscriptos con entidades de las localidades cercanas.
Se explaya luego sobre los servicios prestados por Place S.R.L. Al respecto, dice que la contratación de la firma se encuentra documentada en diversos contratos de prestación de servicios, comprensivos de “servicios de consultoría en el área de relaciones con la comunidad a fin de lograr un plan de consulta y participación permanente de las poblaciones aledañas que se verán incluidas por el proyecto Pacua-Lama, en especial a la de Jáchal”.
La implementación del plan requirió de diversos procesos, a saber: monitoreo de los Impactos socio económicos; de participación ciudadana y de diseño y ejecución de un plan de desarrollo sustentable. En tanto, destaca que la firma Place S.R.L. es una sociedad constituida en 1995 cuyo objeto social comprende la prestación de vinculados a la actividad minera, de lo que resulta su capacidad legal para desarrollas la actividad que prestara.
Explica que el acuerdo comercial fue suscripto por los mencionados licenciados Pósleman y Krause, en representación de Place S.R.L. Los contratos se complementan con las órdenes de compra referidas a los períodos en cuestión.
Con respecto a los servicios prestados dice que fueron prestados por profesionales de la ciencia antropológica y económica y se dirigieron a diseñar e implementar planes de participación ciudadana y desarrollo social a través de los citados profesionales, domiciliados en la Provincia de San Juan.
Afirma que ambos consultores figuran en la nómina de profesionales que participaron en la elaboración del Informe de Impacto Ambiental presentado a la Secretaría de Minería de San Juan. Efectúa un pormenorizado detalle de las tareas realizadas y las pruebas acompañadas que las acreditan.
Relata luego el circuito de facturación y pago de los servicios prestados. Sobre el particular, dice que las facturas fueron abonadas siguiendo el sistema habitual de recepción y pago de servicios. Destaca que su accionar fue diligente al comprobar la razonabilidad de las facturas recibidas de todos sus proveedores, incluyendo a Place S.R.L.
Señala que todas las facturas han sido catalogadas como válidas por el propio Fisco en sus sistemas y que algunas han sido confeccionadas por los propios prestadores del servicio y los pagos fueron debidamente documentados.
Explica luego el tratamiento fiscal otorgado a los gastos cuestionados en relación al impuesto a las ganancias. Al respecto, dice que a pesar de ser gastos necesarios para obtener la ganancia gravada, no dedujo el gasto en el impuesto a las ganancias ni solicitó el recupero del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado pues considera que los servicios cuestionados se vinculan más con la detección de necesidades de terceros y que fueron satisfechas mediante donaciones que realizo a la comunidad. Por ello les dio el tratamiento de una donación o liberalidad.
Desarrolla luego los argumentos dirigidos a explicar el procedimiento fiscalizador y determinativo y sus cuestionamientos a la resolución dictada en consecuencia.
Dice que el Fisco Nacional consideró configurada la figura del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, para lo que efectuó a su criterio, una valoración inválida de los hechos y prueba producida, descartando medidas probatorias que ofreciera oportunamente.
Entiende que yerra el ente fiscal al considerar que el gasto impugnado no es necesario y por lo tanto no es deducible, en tanto el mismo no fue deducido.
Tampoco considera que pueda ser atendible el argumento de que los contratos no son inoponibles por cuanto no fueron instrumentados mediante las normas del Código Civil, toda vez que dicha normativa no puede ser tenida en cuenta para la relación entre las partes. Lo propio ocurre con lo vinculado a la falta de fecha cierta de los contratos.
Con respecto a la Licenciada María Cristina Krause señala que el certificado de defunción no se acompañó a fin de acreditar la prestación de servicios sino para explicar por qué no se encontraba inscripta en la AFIP en tiempos de la fiscalización.
Explica que la documentación informática acompañada no es “copia” como dice el ente fiscal sino originales, es decir, documentación que tiene el mismo valor probatorio que el resto de la documentación escrita de la empresa en virtud de lo que dispone el artículo 36 de la ley de rito.
Expone luego los argumentos de hecho y las pruebas acompañadas que acreditan la prestación de los servicios cuestionados.
Posteriormente se refiere al informe producido por la Asociación Productores Ganaderos del Departamento de Jáchal, impugnando las conclusiones que al respecto efectúa el ente fiscal.
Realiza una reflexión sobre la carga probatoria y su valoración así como un análisis de las otras medidas probatorias producidas, concluyendo que el juez administrativo tenía una posición tomada sobre la cuestión discutida con anterioridad y que ningún elemento de prueba lograría desvirtuarla.
Finalmente analiza la figura de las salidas no documentadas e impugna su aplicación en la especie.
En el mismo sentido, cuestiona la aplicación del artículo 46 de la ley 11.683 en tanto considera que la misma no resulta aplicable.
Cita jurisprudencia en abono de su tesis.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 514/532 contesta el recurso la representación fiscal y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita se confirme el acto apelado, con costas.
Acompaña como prueba las actuaciones administrativas de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 543 se abre la causa a prueba y habiéndose producido la ordenada a fs. 1592 se clausura el período de instrucción y a fs. 1597 se elevan los autos a conocimiento de la Sala A. A fs. 1609 se ponen los autos para alegar, obrando a fs. 1615/1618 y 1621/1651 los alegatos de la apelada y recurrente, respectivamente.
Finalmente, a fs. 1653 pasan a sentencia.
IV. Que conforme el informe de inspección que obra glosado a fs. 901/907 del cuerpo 5 IG de las actuaciones administrativas acompañadas como prueba por la apelada, la fiscalización se originó por haberse constatado en el Estado de Resultados, de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2007, que la recurrente no declara ventas existiendo ingresos por $ 3.219.161.- en concepto de otros ingresos. En tanto, en sus declaraciones del impuesto al valor agregado surgen ingresos por operaciones no gravadas y exentas por $ 7.604.740,22.- en el periodo fiscal octubre de 2007, situaciones que fueron aclaradas. Más, en el curso de la fiscalización se observó que Barrick Exploraciones Argentinas S.A.
efectuó operaciones con Place S.R.L., que se encuentra incluida en la base e.apoc de la Administración. La facturación fue hecha por aquella sociedad por los siguientes conceptos: Ejecución programa de Desarrollo Social y programa de participación ciudadana de Pascua Lama; servicios a la comunidad; por la contratación de seis encuestadores para recolección y carga de datos para programa de desarrollo de proveedores; adenda de contrato; Diseño de multiplicadores de impacto económico para los informes de Impacto Ambiental de Proyecto Pascua Lama; Pago según contrato de relevamiento Agrícola-Granadero del Departamento de Jáchal suscripto con la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos de Jáchal; Servicio de actividades de desarrollo sustentable. Puesta en conocimiento de esta situación la recurrente informó (y fue verificado por los actuantes), que los créditos fiscales correspondientes a las operaciones efectuadas con el proveedor impugnado no fueron computados. Con respecto al impuesto a las ganancias, se informó que como la contribuyente se encontraba en la etapa de exploración y de factibilidad del proyecto Pascua Lama, no generó ingresos por su actividad por lo que la totalidad de los egresos fueron registrados contablemente en el rubro Activos Intangibles. Ahora bien, con respecto a las salidas no documentadas, se explicó que existe documentación.
Del requerimiento efectuado por la inspección pudo obtenerse la siguiente información: de la copia de los cheques emitidos por la recurrente se observó que los mismos fueron cobrados por los señores Emilio Pósleman y Francisco M. Place como socio gerente de Place S.R.L.
Asimismo de las actuaciones seguidas a la firma cuestionada surgen los elementos que se tuvieron en cuenta para su incorporación en la base e.apoc, pudiendo enumerarse, entre otros, que: justifica su capacidad operativa con rotación de personal ente las distintas firmas incluidas en la base e.apoc; realizó maniobras con los inmuebles, que son vendidos varias veces a personas en distintas fechas; no posee domicilio comercial donde realizar las actividades declaradas, ni registra bienes que justifiquen capacidad operativa para prestar los servicios o vender los bienes facturados; justifica gastos a través de otras firmas o usinas del mismo grupo involucradas en la causa, por medio de gastos personales, gastos del estudio contable o de otros contribuyentes; fue cargada en la base e.apoc por emitir facturas que luego fueron cobradas por empleados de alto rango de la misma empresa; no registra compras que justifiquen sus prestaciones y las compras más significativas son efectuadas a contribuyentes apócrifos; en cuanto a los impuestos a las ganancias y al valor agregado, si bien presentó declaraciones juradas, nunca determinó saldo a ingresar.
Toda vez que no conformó las liquidaciones efectuadas por los actuantes, se inició el procedimiento determinativo mediante resolución de fecha 27 de abril de 2011 que confirió vista de las actuaciones (Vid. fs. 1171/1177, cuerpo 6 de IG), que luego de la producción de medidas probatorias ofrecidas por la recurrente, concluyó con el acto administrativo en crisis.
V. Que en atención al relato efectuado, la cuestión a resolver consiste en determinar si le asiste razón al Fisco Nacional al aplicar la figura prevista en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, a las erogaciones realizadas por la recurrente vinculadas con las facturas emitidas por Place S.R.L., que el ente fiscal considera apócrifas.
En principio, cabe tener presente que no sólo es requisito para la deducibilidad del gasto, que sea necesario para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas. Las disposiciones legales y reglamentarias exigen, además, que la erogación considerada como gasto esté respaldada por documentación, para que la partida sea contemplada en el aspecto negativo de la formación del resultado imponible.
En ese sentido, el artículo 37 de la ley del gravamen establece que: “Cuando una erogación carezca de documentación y no se prueba por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35 %) que se considerará definitivo”. A su turno, el artículo 38 del mismo texto legal dispone que “No se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) cuando la Dirección General Impositiva presume que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes b) cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos –por su monto, etc.- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Es menester destacar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han delineado el instituto de las salidas no documentadas.
Así, nos enseña el Profesor Reig, “Esta es una de las excepciones que hace nuestra legislación al carácter subjetivo del tributo, sobre el importe de las salidas no documentadas. De modo que allí no interesa la calidad de sujeto: si se trata de persona física, cuáles son sus cargas de familia; si se trata de persona jurídica, si es una empresa nacional o extranjera, etc; simplemente el hecho de ser una salida no documentada y no justificable, está dispuesto que se deba tributar el impuesto como si el desconocido beneficiario se hallare en la escala máxima del tributo” (Reig, Enrique J y otros, “Impuesto a las Ganancias”, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2006, pág. 408).
Por su parte, el Dr. Torres –en un trabajo sobre el tema – explica que la disposición en estudio, consiste en una presunción “iuris tantum” que la erogación es íntegramente ganancia neta gravada para el beneficiario oculto, con la particularidad de que por tal circunstancia (su ocultación) se presume, además, que se encuentra en el punto máximo de la escala de rentas, configurándose un impuesto real y proporcional por el empleo de la alícuota máxima en todos los casos. “Consecuencia de ello es, también, que el impuesto a ingresar por éste concepto lo sea en forma de pago definitivo, que lo configura así como un impuesto real y proporcional por el empleo de la alícuota marginal máxima para todos los casos” (cfr. Torres, Agustín, “Salidas no documentadas”, DTE, X, pág. 5 y 6).
Asimismo, cabe entender que ante una salida indocumentada, se presume “iuris tantum” que el gasto no es necesario, quedando en cabeza del sujeto que efectuó la erogación la carga de la prueba. Conforme lo ha señalado la doctrina y receptado la jurisprudencia, la finalidad de la norma no es otra que poder gravar en cabeza del erogante, lo que presumiblemente es renta en cabeza del perceptor de la renta o beneficiario del gasto y a quien, por la carencia de la documentación, no puede localizarse, para efectivizar su responsabilidad fiscal. En esa dirección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “…lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúe erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio” (C.S.J.N., Radio Emisora Cultural S.A., 9/11/2000).
En el mismo sentido, el Más Alto Tribunal ha dicho que “…para que el contribuyente pueda deducir un gasto no documentado y eximirse del pago del impuesto a los réditos sobre el monto correspondiente a este gasto, debe probar no sólo que la erogación tuvo que ser efectuada para obtener, mantener y conservar réditos, sino quien recibió realmente el pago, de donde la posibilidad de que probado lo primero sin llegar a demostrarse lo segundo, la exención del pago del impuesto no sea admitida a pesar de reconocerse la deducibilidad…”.
Y, agrega, “…de las verificaciones pertinentes y posibles impugnaciones con los consecuentes efectos en su caso, la documentación de un gasto permite comprobar, por de pronto, la realidad de la erogación y apreciar si por su naturaleza corresponde al concepto del artículo 5º de la ley de réditos, como asimismo individualizar al beneficiario para controlar si éste cumplió con las obligaciones impositivas que le incumben a raíz del pago recibido” (cfr. Fallos T 262:518, Cons. 4º y 5º).
Ahora bien, cabe agregar que cuando la norma se refiere a la carencia de documentación, ello debe interpretarse como comprensivo de aquellos casos en que se carece de los respectivos comprobantes o cuando éstos son inoperantes o manifiestamente insuficientes a los fines que le son propios.
En efecto, como lo aclaró la C.S.J.N. in re “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, de fecha 26/8/2003, “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario” y “21) Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las "salidas no documentadas" ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente). Criterio éste que fuera ratificado más recientemente por el Alto Tribunal in re “Interbaires S.A.”, de fecha 27/9/2011.
De allí que, en la medida en que haya una identificación del beneficiario y exista prueba que determine perfectamente el flujo de los fondos, no corresponde ingresar el impuesto sobre las salidas no documentadas.
VI. Que en ese contexto, corresponde examinar si se verifican en la especie los requisitos exigidos por la normativa reseñada para la procedencia del gravamen en cuestión.
En primer término, cabe destacar que tal como surge de las propias manifestaciones de los funcionarios fiscales y de la resolución en crisis, las salidas de fondos se encuentran acreditadas a través del libramiento de los cheques propios de la recurrente, del Banco San Juan y Banco Santander Río (fs. 8841/859 y fs. 861/873 del cuerpo 5 Impuesto a las Ganancias). Dichas entidades bancarias acompañaron copias de anverso y reverso de los cheques. Allí puede observarse que los mismos fueron cobrados en ventanilla por los Sres. Emilio Pósleman en su carácter de apoderado para asuntos administrativos, conforme poder que acompaña el Banco de San Juan (vid. fs. 843/843 vta) y Francisco M. Place en su carácter de Socio Gerente de Place S.R.L. Ahora bien, con respecto a la prueba producida en esta sede, cabe señalar que la misma consistió en pericial contable, informativa y testimonial.
Del informe pericial contable que obra glosado a fs. 916/922 – y que no fue objeto de impugnación alguna- surge que de un total de 35 facturas involucradas, en 31 se puede constatar la vinculación entre órdenes de pago y órdenes de compra. Asimismo, los expertos informan que se pudo verificar “…por medio de las órdenes de pago la forma de pago de cada una de las facturas, números de cheque, banco emisor, importe, retenciones practicadas y demás datos inherentes al pago”.
Con respecto a la prueba informativa producida, debe tenerse presente la contestación al oficio dirigido al Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan (vid. fs. 575/576) dirigida a probar la prestación de los servicios. Se informa allí que según el expediente Nº 414657-B-04 iniciado por las empresas Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A., presentado ante la Dirección de Minería (hoy Ministerio), en fecha 12 de noviembre de 2004, en la nómina de profesionales que contribuyó en la elaboración del Informe del Impacto Ambiental –Etapa de Explotación del Proyecto Pascua Lama, figurando entre otros a fs. 19, el profesional Krause, Cristina con el Título de Antropóloga y a fs. 21 figura entre otros, el profesional Pósleman Emilio con el título de Economista. Asimismo, informa el objeto que se busca con la elaboración del informe.
En tanto, a fs. 594/595 obra la declaración testimonial del Sr. Emilio Pósleman. En su testimonio ratifica los dichos de la recurrente toda vez que explica que se vio en la necesidad de contactar a la firma “Ingeniero Place S.R.L.”, conocida en el ambiente minero con el objeto de que ésta emitiera facturas A por cuanto él no era inscripto. Asimismo, manifestó que la recurrente firmó un contrato con dicha firma en el que dejó aclarado que los trabajos debían ser realizados por la Licenciada Krause y el testigo, teniendo en cuenta los trabajos realizados sobre el tema en la Universidad Católica de Cuyo y el Ministerio de Minería. Aclara que el primer contrato que firmó fue por 12 meses, pero que este se fue extendiendo hasta el año 2007. Explica las tareas que desarrollaron la Licenciada Krause y las propias, explayándose sobre en qué consistieron y en el reconocimiento de registros fotográficos que se le expusieron.
Con el mismo objetivo, esto es, de reconocer las tareas desarrolladas por los Licenciados Pósleman y Krause, declaró el Sr. Julio Enrique Claudeville, quien lo hace en su carácter de gerente de Asuntos Corporativos de la recurrente.
Ello así, la valoración del elenco probatorio producido en autos permite concluir que no solo se encuentran debidamente individualizados y localizados los beneficiarios de las erogaciones –a quienes pueden exigirse la respectiva obligación tributaria generada por el respectivo ingreso-, el flujo de fondos, lo que impide la procedencia del gravamen que se reclama.
A esta altura, baste recordar que en esa dirección se expidió nuestro Máximo Tribunal cuando sostuvo que “…pese a las particularidades descriptas con relación a las operaciones comprendidas en esta causa –y con independencia de si de aquéllas podrían derivarse otras consecuencias de orden tributario para alguna de las partes intervinientes-, lo único que cabe aquí juzgar es si las erogaciones de fondos que efectúo la actora deben ser alcanzadas por el instituto de las salidas no documentadas contemplado en el art. 37 de la ley de impuesto a las ganancias…” aclarando que “como los beneficiarios de los pagos realizados aparecen plenamente identificados, no corresponde la determinación efectuada por el Fisco Nacional” (cfr. Bolland y Cía., 21/2/2013)
Ello así, voto en el sentido de revocar la resolución apelada. Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Adhiere al voto de la Dra. Guzmán. En este caso en particular, queda evidenciado que quienes efectivamente prestaron los servicios a la recurrente fueron los mencionados profesionales, los que a su vez, resultan ser los beneficiarios de los pagos en contraprestación de tales servicios. Es a ellos a quienes el organismo fiscal podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias que correspondan y no al pagador, bajo la figura del citado art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, que aplica en el supuesto de pagos indocumentados o respaldados con documentación apócrifa a beneficiarios ocultos o desconocidos.
En los presentes actuados, aun cuando la documentación de respaldo pueda tildarse de apócrifa, los elementos arrimados permiten demostrar la causa de la erogación e individualizar a los verdaderos beneficiarios.-
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada. Con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el art. 59 del RPTFN por encontrarse en uso de licencia el vocal de la 3era Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2021.12.09 15:05:11 -03:00 Date: 2021.12.09 16:36:22 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.09 16:36:23 -03:00
Fin de la sentencia