Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 48.404-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición, en lo que hace al impuesto y los intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la Ley Nº 27.541 y su modificatoria. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la recurrente.
2Declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en el punto 1º) , con costas en el orden causado.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 90.370 (Pesos noventa mil trescientos setenta) equivalente a 18,15 (dieciocho con 15/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 225.924 (Pesos doscientos veinticinco mil novecientos veinticuatro) equivalente a 45,38 ( cuarenta y cinco con 38/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, Art. 11 inc c) de la Ley N° 27.541 y modif. y la Acordada N° 12/21 (13/07/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017, todo sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art. 13 de la RG 4816/2020.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-76701438-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Agosto de 2021 Valor Agregado”, En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 48.404-I “Martínez Fabiana Angélica S/Recurso de apelación- Impuesto al Valor Agregado”, conforme a lo dispuesto en el Acta Acuerdo del 16 de marzo de 2020, la Res. 2020-13-APN-TFN#MEC, prorrogada por las Res. 2020-17-APN- TFN#MEC y 2020-23- APN-TFN#MEC, lo establecido por el art. 12 de la Acordada de fecha 8 de setiembre de 2020 que obra como Anexo en la Res. 2020-44-APN-TFN#MEC y lo resuelto mediante Acta Acuerdo Plenario de fecha 16 de marzo de 2021 que obra como Anexo en la Res.2021-13-APN-TFN#MEC.
El Dr. Martín dijo:
Que a fs. 112/124 vta. Martínez Fabiana Angélica interpone recurso de apelación en los términos del art. 76 inc. b) de la Ley Nº 11.683 ( t.o en 1998 y mod) contra la resolución Nº 240/2017 (DV RRCO) dictada el 17 de octubre de 2017 por el Jefe (Int.) de la Sección Determinaciones de Oficio a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Córdoba de la D.G.I-A.F.I.P, a través de la cual se determinó de oficio la responsabilidad solidaria en relación a la empresa K.S.I S.A junto con sus intereses resarcitorios vinculados al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales septiembre a diciembre 2016, dejándose en suspenso la aplicación de multa en los términos del artículo 20 de la Ley Nº 24.769.
Alega que si bien durante los períodos fiscales impugnados ejercía el rol de presidente de la firma K.S.I S.A., la responsabilidad solidaria que se le aplica es improcedente toda vez que nunca realizó tareas de índole técnico contables y tributarias vinculadas al pago de proveedores; ello sumado a la ausencia de elementos probatorios que el organismo fiscal aplica en su contra, generan que esta parte solicite el revocamiento de la resolución apelada con expresa imposición de costas al Fisco Nacional. Ofrece prueba instrumental, testimonial, documental y pericial contable Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 141/150 vta. el Fisco Nacional contesta el traslado deducido en autos.
Contrariamente a lo formulado por la recurrente indica que fundó debidamente la extensión de la responsabilidad, ya que ante el incumplimiento de pago de las obligaciones por parte de la sociedad, luego de efectuar la intimación y vencido el plazo, quedó habilitada la instancia al responsable solidario, la que en el caso de autos fue para Martínez Fabiana Angélica, atento a su carácter de presidente de la firma. En este sentido, destaca que como presidente de la K.S.I S.A se encuentra a cargo no sólo de la representación ante terceros sino también de la toma de decisiones y manejo de fondos, hecho comprobado a través de la representación legal y titularidad que dispone en las cuentas bancarias en el Banco de la Provincia de Córdoba, Banco Macro S.A y Banco de Galicia y Buenos Aires; por lo que las argumentaciones esgrimidas por la actora carecen de contundencia a los fines de ocasionar cambios en el criterio fiscal adoptado. En consecuencia solicita que se confirme la resolución apelada con costas. Se opone a la prueba ofrecida. Aporta antecedentes administrativos en soporte papel. Plantea reserva del caso federal.
III. Que en los términos de la Ley Nº 27.562 con fecha 18 de diciembre de 2020 la actora comunica mediante el IF-2020-88489677-APN-DTD#JGM (fs.419/420) el acogimiento al régimen previsto en la citada ley. Señala que regularizó las obligaciones principales mediante planes de pago, acompañando su documentación a través del RE- 2021-17644173-APN-SGAI#TFN (fs. 435/447). En consecuencia, solicita el archivo de las actuaciones.
IV. Que el 29 de marzo de 2021 por medio del RE-2021-27708987-APN-SGAI#TFN (fs.452/453) el Fisco Nacional contesta el traslado conferido en la PV-2021-12290074-APN-VOCXII#TFN (fs.425) Informa que la recurrente 30 de noviembre de 2020 incluyó en el Plan de facilidades de Pago Nº 0398699 (96 cuotas) la deuda apelada en autos; el que se encuentra vigente a la fecha. Menciona que la actora no se encuentra alcanzada por las causales de exclusión previstas en el artículo 16 inc . a) y b) y que no está inscripta como pequeña empresa ley Nº 25.300. Respecto de los activos financieros en el exterior señala que la contribuyente realizó la declaración jurada informativa indicando que no tiene la obligación de repatriar. Finalmente en relación a la condonación manifiesta que no importa acogimiento ni reconocimiento del derecho del solicitante a gozar los beneficios de la ley Nº 27.541 y su modificatoria y demás normas reglamentarias, situaciones éstas que serán discernidas por el área competente.
V. Que teniendo en cuenta lo expuesto por el Fisco Nacional con relación a los activos financieros en el exterior, el 26 de abril de 2021 (PV-2021-36111351-APN-VOCXII#TFN- fs. 454) se le dio traslado a la recurrente a los fines de que se manifieste al respecto. En consecuencia, por medio del RE-2021-40007220-APN-SGAI#TFN (fs. 471/473) la actora señala que la modificación introducida en la ley Nº 27.562 permite adherir a la moratoria a los contribuyentes que no poseen certificado MiPyme, por lo que considerando dicha disposición se acogió al presente régimen. Asimismo, destaca que no se encuentra alcanzada en el universo de sujetos detallados en el segundo y tercer párrafo del artículo 8 de la citada ley, toda vez que no posee activos financieros situados en el exterior, hecho informado también en carácter de declaración jurada y no opuesto por el Fisco Nacional conforme surge en el RE-2021-60291747-APN-SGAI#TFN. Concluye, indicando que no se encuentra incursa en las causales de exclusión previstas en el artículo 16 inc. c) y d).
VI. Que con fecha 04 de agosto de 2021 a través de la PV 2021-70395076-APN-VOCXII#TFN (fs.474) se elevan los autos correspondientes a la Sala “D”.
VII. Que en el caso a resolver se encuentra involucrado un reclamo de impuesto más sus intereses resarcitorios, y tal como surge del detalle que acompañó la actora, incluyó en el régimen de regularización las obligaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado reclamados por el Fisco Nacional, con más los intereses que surgen del tope fijado por el artículo 11 inc. c) de la Ley Nº 27.541 y su modificatoria. En consecuencia, corresponde en primer lugar decidir acerca de la procedencia del allanamiento y desistimiento en las presentes actuaciones y posteriormente sobre la viabilidad de la condonación del exceso de intereses por sobre ese límite y hasta el monto incluido en la determinación de oficio.
Que de las manifestaciones y presentaciones efectuadas por las partes se desprende que la aquí recurrente cumplió con la regularización de las obligaciones fiscales determinadas en la resolución recurrida mediante su inclusión en un plan de facilidades de pago previsto por la misma ley (RE-2021-17644173-APN-SGAI#TFN- fs. 435/477), que desistió de la acción y del derecho, incluso el de repetición, conforme surge en los Formularios Nº 408 NM presentados y que de lo informado por el ente fiscal no surge la configuración de las causales de exclusión previstas en el art. 16 inc. a) y b) de la ley Nº 27.541 y su modificatoria, no hallándose incursa en las causales de exclusión restantes, de acuerdo a lo indicado por la actora en RE-2021-40007220-APN-SGAI#TFN (fs. 471/473). Que ello así, es preciso mencionar que el artículo 8 de la citada ley define a los sujetos que se encuentran alcanzados en el régimen excluyendo a aquellos que no poseyendo calidad de MiPyme, tengan bienes en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación. En este orden de ideas, cabe señalar que de las constancias de autos surge que la sociedad K.S.I S.A, de la cual la Sra. Martínez Fabiana Angélica es responsable solidaria por ser la presidente de la misma, no se encuentra inscripta como pequeña empresa en los términos de la ley Nº 25.300, pero sin embargo, la actora realizó la declaración jurada de carácter informativa comunicando que no posee activos situados en el exterior, hecho que no obtuvo oposición por parte del Fisco Nacional de acuerdo a lo manifestado en el RE-2021-60291747-APN-SGAI#TFN (fs. 469/470)
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que se cumplieron las condiciones establecidas en el artículo 8, puesto a que la actora pese a no encontrarse inscripta como pequeña empresa presentó la declaración jurada de repatriación, no habiendo controversia entre las partes respecto a los bienes del exterior; y toda vez que el artículo 9 dispone que el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos, corresponde tener a la Sra. Martínez Fabiana Angélica por allanada por las obligaciones regularizadas (Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales septiembre a diciembre 2016) y desistida de los derechos y acciones, incluida la repetición. (capital e intereses no condonados – artículo 11 inc. c).
VIII. Que en efecto, resta evaluar el tratamiento que corresponde otorgarle al exceso de intereses por sobre ese límite y hasta el monto incluido en la determinación de oficio.
Que de la información proporcionada por las partes se desprende que la obligación principal apelada en autos fue acogida al Plan Mis Facilidades Nº O398699, en los términos de Ley Nº 27.541 y su modifiicatoria, el cual se encuentra vigente a la fecha. En este sentido, cabe mencionar que de la documental aportada por la actora a través del RE-2021-17644173-APN-SGAI#TFN (fs. 435/447-) surge que el referido plan está compuesto por 96 cuotas, hecho que permite concluir que la deuda no se encuentra cancelada en su totalidad, ya que desde el mes de diciembre de 2020, vencimiento de la primera de ellas, podrían haberse ingresado a lo sumo la cantidad de 8 sobre un total de 96 (8,33%), con vencimiento la última cuota en noviembre del año 2028. Frente a esta descripción de hechos corresponde analizar la legislación vigente y aplicable a fin de evaluar la viabilidad de la dispensa que dispone el régimen de la Ley N° 27.541 y su modificatoria.
Que en lo que al presente caso se refiere, el artículo 11 de la citada ley prevé con carácter general, para los sujetos que se acojan al régimen, mientras cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior, las siguientes exenciones y/o condonaciones:
a. De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. en 1998) y sus modificatorias..........que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto en este Capítulo; b. De los intereses resarcitorios y/o punitorios .......correspondiente al aporte personal de los trabajadores autónomos c. De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683...............en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para caso se establece........ (ej. 25% o 50% del capital adeudado).
De lo expuesto resulta natural deducir el alcance que tiene para el legislador la condonación dispuesta. Lo hace a través de una remisión al artículo 10, pero expresamente en materia de pagos. Por ello resulta imprescindible conocer las disposiciones que integran este último artículo, para comprender la significación y contexto en que se hace la remisión.
El primer párrafo en lo que aquí concierne, contempla que el acogimiento producirá la suspensión de las acciones penales tributarias....... El segundo prevé, expresamente vinculado al pago, que la cancelación total de la deuda, en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria...... El tercero de los párrafos plantea que la eventual caducidad del plan de pagos implicará la reanudación de la acción penal tributaria....... Como se puede apreciar no se reconoce la extinción definitiva hasta tanto no haya pago íntegro de lo adeudado.
De la remisión que efectuó el legislador al artículo 10, no abrigo dudas -en forma directa y lineal- que se proyecta a la única referencia posible que es la cancelación total de la deuda -segundo párrafo- atándolo a las condiciones del régimen y a tres formas de cancelación posibles, supuestos que vincularé inmediatamente con las normas del artículo 13 de la ley. Pero además en la remisión al “artículo anterior” que hizo el legislador subyace la verdadera naturaleza y trascendencia de la “cancelación”, pues el acogimiento produce una suspensión de las acciones en curso y sólo la cancelación total de la deuda transforma esa suspensión en extinción. Y ello queda confirmado en el tercer párrafo en tanto prevé que ante la eventual caducidad del plan de pagos solo habrá que reanudar las acciones penales tributarias...... En ningún momento presume una extinción con la mera adhesión a un plan de pagos pendiente de cancelación total. Y ese es el mismo concepto que el legislador utiliza frente al acogimiento y la eventual condonación del exceso de intereses -en el caso que nos convoca- Decía, que el artículo 13 termina de completar y confirmar el objetivo del legislador, cuando en forma expresa contempla que el beneficio que establece el artículo 11 -condonación y exención- procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, algunas de las siguientes condiciones: a) Compensación......., b) Cancelación mediante pago al contado........ y c) Cancelación total, mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga la Administración........ Nunca aparece presente que la sola adhesión a un plan de pagos pueda hacer presumir una cancelación, por el contrario la claridad en los términos utilizados ratifican la necesidad de pago.
Del mismo surge nítidamente que cuando no se compense o no se pague al contado la cancelación por vía de un plan de facilidades de pago debe ser total. En primer lugar, guarda estrecha relación con el criterio que en forma contundente expresa el artículo 10° si bien referido a las acciones penales, pero en síntesis es la remisión que eligió el legislador.
En segundo lugar, mantiene la consistencia entre el beneficio y los requisitos para usufructuarlo. Pensar en un plan de facilidades y que con la cancelación de un pago a cuenta, o de una única o varias cuotas -teniendo en consideración que el mismo puede extenderse hasta 120 cuotas (10 años) en el régimen de la Ley 27.541-, y que ello resulta suficiente para proceder sin más a una condonación de los intereses excedentes, implicaría otorgar con un simple pago parcial una condonación total. En el presente, la “no cancelación” se ubicaría cercana al 92% (noventa y dos por ciento).
Adicionalmente a la letra de la ley, considero que tal como se encuentra presente en forma expresa en los artículos 10 y 13 de la ley de rito, la falta de pago que implique una caducidad debería llevar a una REANUDACIÓN del proceso y no a la iniciación de uno nuevo. Entiendo que ese es el sentido que tuvo en cuenta del legislador, que por otro lado, si bien no es aplicable al presente caso, lo confirma de una manera contundente en la nueva redacción que le otorgó al artículo 13 con la modificación de la Ley 27.562 (art.8°) al establecer “El beneficio que establece el artículo 11 procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, sin otro requisito, algunas de las siguientes condiciones: a) Compensación....b) Cancelación mediante pago al contado........ c) Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago.....”
El legislador limitó a estos efectos los requisitos a sólo uno, que es el referido al pago. Por ello entender que un plan de facilidades de pago vigente, pero aún no cancelado en su totalidad, resulta suficiente para conceder una condonación total, implica considerar que el legislador desestima todo el proceso administrativo realizado hasta la fecha y que al mismo tiempo quita un incentivo a seguir abonando la obligación principal este Tribunal debe hacer justicia, reconociendo los derechos de ambas partes. En el caso del contribuyente, otorgando el beneficio cuando cumpla con la totalidad de los pagos. En el caso del Fisco Nacional preservando las tareas que desarrolla la Administración, su función recaudatoria, la inducción al pago, y no desestimando lo avanzado del proceso, según corresponda a cada caso.
Por ello considero que, en especial con la flexibilidad que otorga a estos fines el uso del Sistema de Expedientes de carácter electrónico, y en este caso la Mesa de Entradas Virtual el Tribunal Fiscal debe contemplar que, ante la existencia de planes de pago no cancelados en su totalidad -como en el presente caso-, se remitan los expedientes al archivo o guarda temporal, y de los intereses no condonables, comportamiento que conduce a la condonación de la porción de intereses que excedan los topes fijados por el legislador; o por el contrario el Fisco denuncie el incumplimiento por caducidad del plan de pagos. Ello se apega a la voluntad de legislador tanto en la ley 27.541 como en la ley 27.562 pues conceder una extinción como expresamente lo prevé en el artículo 10, o su equivalente artículo 13 en materia de condonaciones, evita exponer a este Tribunal a otorgar una condonación plena en situaciones que potencialmente pueden posteriormente revertirla. A su vez la actora conserva todo su derecho a reclamar la condonación una vez cumplido el requisito de pago. Al mismo tiempo el Tribunal Fiscal acompañaría estos principios básicos de justicia, los cuales abandonaría si se condonaran intereses resarcitorios en forma prematura que aún no han visto plasmados plenamente los requisitos para su goce.
Además, resulta contundente la reglamentación de la ley -RG 4816/2020, art 46-, en cuanto prevé que, de producirse la caducidad del plan de pagos, el Fisco reclamará la parte proporcional de la deuda total - capital, intereses y multas- aún no cancelada. Esto demuestra que de otorgarse en este ámbito una condonación plena ésta entraría en colisión con la facultad del Fisco para reclamar multas “supuestamente condonadas”.
Tampoco creo que resulten aplicables ni referenciables las normas del artículo 12 de la ley Nº 27.541 y su modificatoria ya que los párrafos 1°, 2° y 3° del mismo se encuentran reservados para obligaciones formales tal como expresamente allí se refiere.
A su vez los párrafos 4° y 5° del mismo artículo vinculados con obligaciones sustanciales confirman la necesidad de pago para que proceda la condonación de intereses contemplando la condonación de pleno derecho, siempre que la obligación principal hubiera sido CANCELADA a la fecha de entrada en vigencia de la ley. (diciembre 2019 y julio 2020).
Por último, estimo que la referencia al artículo 25 de la Resolución General N° 4816/2020, tampoco resulta suficiente sustento ni aplicable ya que si el legislador requiere la cancelación total de la obligación principal incluida en planes de facilidades de pago para que proceda la condonación, con qué facultades la AFIP podría considerar que únicamente estando incluidas en planes de pago vigentes –sin cancelación total- sí gozaran del beneficio de la condonación.
Entiendo que la Administración con buena comprensión de la manda legal, hizo extensiva la validez de los planes de pago vigentes otorgados con anterioridad a la ley Nº 27.541, ya que podría haber dado lugar a dudas la redacción utilizada en el artículo 13 inciso c) de la ley cuando prevé que el beneficio será aplicable si se procede a la cancelación total mediante algunos de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga la Administración. Como se puede apreciar la aclaración resulta mas que oportuna ya que la redacción parece referirse a planes que se dispongan en el futuro, con lo cual no hubieran resultado suficientes los planes vigentes para que proceda la condonación. Sin embargo, esa inclusión o aclaración en nada modifica la manda legal de que se encuentre cancelada totalmente la obligación principal -en planes anteriores o no-, porque de lo contrario por ley se exigiría para los planes post ley Nº 27.541 la cancelación total y para los anteriores sin ley que lo respalde el pago de sólo algunas cuotas resultaría suficiente, con las consecuencias que se exteriorizaron en los párrafos precedentes.
Finalmente, debe destacarse que la representante del Fisco Nacional en la contestación del traslado RE-2021- 60291747-APN-SGAI#TFN (fs. 469/470) ha dejado expresa constancia que “….lo hasta aquí expuesto no importa aceptación del acogimiento ni reconocimiento del derecho del solicitante a gozar de los beneficios establecidos en la Ley 27.541 y sus modificaciones y resoluciones complementarias; situaciones éstas que serán discernidas por el área competente para la recepción y trámite del referido acogimiento.”. De lo transcripto queda explícita la voluntad de no convalidar en esta instancia las condonación bajo análisis.
IX. Por todo lo expuesto considero:
a) Tener a la Sra. Martínez Fabiana Angélica por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, en cuanto al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales septiembre a diciembre 2016 incluidos en la Resolución Nº 240/2017 (DV RRCO), como así también respecto de la porción de los intereses resarcitorios que fija el inciso c) del artículo 11 de la citada ley, la que resulta variable según el período fiscal de origen de la deuda principal. Con costas según el artículo 9° de la ley. b) No habiéndose acreditado la cancelación total de 1) la obligación principal y 2) los intereses no condonados, pero estando vigente un plan de pagos, procédase a remitir la presente causa al archivo hasta tanto la actora acredite la cancelación total de dichas obligaciones o que el Fisco Nacional denuncie que se ha producido un incumplimiento en el plan de pagos que implique la caducidad del mismo.
c) De no existir presentaciones en ninguno de los dos sentidos, se tendrán por condonados los intereses resarcitorios que no deban abonarse en los términos del artículo 11 inciso c) de la ley Nº 27.541 y su modificatoria, en la fecha que se cumpla el vencimiento de la última cuota del plan de pagos original, atento haber dado cumplimiento a los demás requisitos subjetivos que requiere la citada ley. En este supuesto costas por su orden.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que cabe analizar los términos del desistimiento formulado por la actora en autos, resultando de aplicación la ley 27.541, texto según reforma ley 27.562, atento el acogimiento al Plan O398699 formulado el 30 de noviembre de 2020.
Que el artículo 8° de dicha ley dispuso – en lo que aquí interesa- que los contribuyentes cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones establecidos por dicha norma por el Titulo IV Capítulo I de esa ley. Según dicho artículo, se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y a los siguientes sujetos: Personas humanas o jurídicas que (…) posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación En tal sentido, el artículo 59 de la RG 4816/2020 dispone que: “…los sujetos alcanzados por el requisito de repatriación dispuesto por el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones deberán informar con carácter de declaración jurada, el monto total de los activos financieros situados en el exterior que posean a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562 Por su parte, el art. 9° de la ley fijó que quedan incluidas en lo previsto por el art. 8° aquellas las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la ley 27.562. En esos casos, se establece que el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos; importando además el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas.
A su vez, el art. 9° de la Resolución General N° 4816/2020, reglamentaria de la ley 27.541, establece que el caso de incluirse en el presente régimen de regularización deudas en discusión administrativa, contenciosoadministrativa o judicial, el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional respecto de las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, así como de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que se formule el acogimiento, de conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.
II. Que ello así, atento el desistimiento formulado por la actora mediante F408 NM acompañado en la presentación bajo RE-2021-17643662-APN-SGAI#TFN y el cumplimiento del requisito de repatriación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8 de la ley 27.541 y 59 de la RG 4816/2020, circunstancias no objetadas por el Fisco Nacional (vide RE-2021-60291747-APN-SGAI#TFN) y conforme lo establecido en el art. 9 de la ley bajo examen; corresponde tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición en lo que hace al impuesto y los intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la ley referida en tanto se encuentran discutidos en estos autos. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la recurrente.
Que por otro lado, en lo que hace a la porción restante de intereses resarcitorios, la propia normativa establece su condonación de pleno derecho como beneficio a partir del desistimiento formulado, en tanto les otorga un tratamiento diferenciado.
De los términos de la ley 27.541 (texto según modificatoria ley 27.562), surge que ello será procedente con alcance general –en lo que aquí interesa cuando respecto del capital se adhiera al régimen de regularización excepcional previsto en el Capítulo I del Título IV de esa norma y mientras se cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior (art. 11° primer párrafo); entendiendo ello como incluidas las obligaciones en discusión administrativa contencioso administrativa o judicial; supuesto en el que debe cumplirse con lo dispuesto por el art. 9 de la ley 27.541.
Cabe señalar que el organismo recaudador puso de resalto, que el apelante no está incurso en las causales de exclusión de los incisos a) (quiebra) y b) (delitos penal tributarios y aduaneros) del artículo 16 de la ley 27541, de acuerdo a las consultas efectuadas al Módulo de Juicios Universales del sistema Atenea y al Sistema de seguimiento de Causas Penales (SCP), a lo que se suma que la recurrente en su presentación bajo RE-2021- 40007220-APN-SGAI#TFN manifestó expresamente no encontrarse alcanzado por las causales contempladas en dicho artículo.
Que sin perjuicio del criterio que he seguido en ocasión de resolver cuestiones análogas con motivo de anteriores leyes de moratoria, lo cierto es que de un nuevo análisis del tema me lleva a rever mi posición y en consecuencia, encontrándose cumplidas las formalidades exigidas en dicha normativa, corresponde declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado anteriormente. Que en lo que respecta a las costas teniendo en cuenta la jurisprudencia pacífica de éste Tribunal, estas deben distribuirse en el orden causado, dado que la condonación dispuesta comporta que no haya parte vencida.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al Voto de la Dra. Gómez.
Que del resultado de la votación que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición, en lo que hace al impuesto y los intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la Ley Nº 27.541 y su modificatoria. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la recurrente.
2. Declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en el punto 1º) , con costas en el orden causado.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 90.370 (Pesos noventa mil trescientos setenta) equivalente a 18,15 (dieciocho con 15/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 225.924 (Pesos doscientos veinticinco mil novecientos veinticuatro) equivalente a 45,38 ( cuarenta y cinco con 38/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, Art. 11 inc c) de la Ley N° 27.541 y modif. y la Acordada N° 12/21 (13/07/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017, todo sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art. 13 de la RG 4816/2020. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos al Organismo Fiscal y archívese.-
Date: 2021.08.19 20:08:52 -03:00 Date: 2021.08.20 09:18:59 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.08.20 12:24:08 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.08.20 12:24:10 -03:00
Fin de la sentencia