Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 46.875-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas. Con costas a la vencida.
I. Que a fs. 40/43 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones N° 131/2017, 132/2017 y 133/2017 de la AFIP-DGI, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI, en virtud de las cuales se dispuso determinar de oficio la obligación tributaria de la contribuyente frente al Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales enero 2013 a diciembre 2015, impuesto a las ganancias del período fiscal 2013 y 2014 e Impuesto a los Bienes Personales periodos fiscales 2013 y 2014 con mas sus intereses resarcitorios y aplica multas en las Res. 132/2017 y 133/2017 con fundamento en el art. 46 y 47 inc. a) de la Ley 11.683.
Que, en primer lugar, señala que los hechos de la causa surgen de las presentaciones de DDJJ de Ganancias, Bienes Personales e IVA, donde se dice consignar datos inexactos, incurrir en omisiones y eludir el ingreso del gravamen a su justa medida y vencimiento.- (sic)
Alega que se han notificado las vistas, y en todos los supuestos, se presentó escrito de descargo en el que se solicitara se suspendan los plazos impugnativos hasta tanto recaiga resolución final y/o ejecutoria en el Expte 46875-1 en tramite por ante este Tribunal Fiscal de la Nación.
Manifiesta que la normativa invocada por la AFIP, que da base a la determinación y la aplicación de multas, se enlaza y, en definitiva unifica el procedimiento en uno solo, atento la interposición de un recurso de apelación anterior ante el Tribunal Fiscal sobre la materia misma de marras, es decir, el requerimiento fiscal de los cargos formulados por esa misma Regional. Por lo tanto destaca que son resoluciones dictadas por AFIP, que hacen a la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación, y mas allá que este Tribunal Fiscal Vocalía de la 6ta Nominación, Sala B, se declarara incompetente en fecha 6 de febrero de 2017, la misma dice se halla en tramite de apelación contra esta sentencia. Y los efectos suspensivos -dice- se mantienen, aunque el tribunal se declare incompetente, hasta el dictado de un pronunciamiento final de la Alzada o, en su caso, de hacer uso del caso federal reservado art 14 ley 48 que por otra parte, ya fuera invocado en el precitado recurso al TFN y que se mantiene en cada instancia que éste está instruyendo o en la Alzada hasta su eventual recurso extraordinario.
Afirma que “existe agravio actual ya que el fisco se atribuye la posibilidad de liquidar y comunicar,pero nada dice de que quedara "firme" la declaración de incompetencia declarada, apelada al Superior de Alzada, Entonces, significa simplemente poner en números algo que la fría letra de una resolución no dice. Yeso es agravio real y patente. En este caso concreto, puesto a consideración del TFN no se agotaron todas las instancias en el procedimiento de fiscalización, desde el mismo momento de no quedar "firme" la misma Ajuste de Inspección Propuesto, y se obliga al contribuyente a defenderse en la que, como se invierte el onus probandi, es muy difícil para el contribuyente probar sus dichos.” (sic)
Plantea “la nulidad absoluta e insanable del acto administrativo que se cuestiona a través de la presente defensa, el dictado de las respectivas Resoluciones de la Dirección Regional Mercedes por verificarse el supuesto denominado “falta de causa”” (sic)
Sostiene que en virtud de las razones de hecho y derecho expuestas precedentes, surge claro que el accionar de la recurrente no puede ser enmarcado en aplicación de Multa, menos al equivalente de dos veces el importe del tributo que se dice omitir, a resultas de lo aquí puesto de manifiesto. Y menos ya sostener hallarse incurso su Asistida, en las presunciones de defraudación , para graduar multas o que le corresponda la aplicación de la ley 24769, del Régimen Penal Tributario lo que por expreso imperativo de rigor desde ya se niega todos y cada una de las proyecciones efectuadas por el Fisco para concluir como lo hizo.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 103/111 contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirme el acto apelado, con costas.
En primer lugar sostiene que contrariamente a lo infundadamente sostenido, las resoluciones atacadas reúnen todos los requisitos esenciales enumerados en el art. 7 de la ley 19.549 de procedimiento administrativo. Las mismas han sido emitidas dentro de los lineamientos de la normativa vigente, carriles dentro de los cuales se expresó en forma concreta las razones que indujeron a emitirlas, completándose el esquema con el hecho de haber sido dictadas por autoridad competente.
Afirma que en una confusa presentación el aquí apelante se remite a la suerte corrida por la apelación que oportunamente incoara y que diera origen al Expte. N° 46.875; en el que por sentencia del 6 de febrero de 2017 esa Sala "B" dictó de oficio su incompetencia.
Sostiene que en el referido Expte. N° 46875-I, IMPIONBATO RICARDO CLAUDIO interpuso apelación ante este Tribunal por una supuesta "sanción" respecto de la Orden de Intervención N° 1446986 que diera origen a los procedimientos de determinación de oficio de deudas fiscales que culminaron con el dictado de los actos apelados.
Afirma que esta Sala declaró de oficio su incompetencia para entender en tal pretensión, mediante sentencia del 6 de febrero de 2017, que ha quedado firme a tenor de la resolución del 5 de octubre de 2017 de la Sala II de la Cámara del Fuero (Expte. N° 38.945/2017, "Incidente N° 1 - ACTOR: IMPIONBATO, RICARDO CLAUDIO s/RECURSO DE QUEJA').
Sostiene que en orden a la absoluta ausencia de argumentaciones, defensas o agravios contra los hechos fundantes de las determinaciones de oficio en crisis, se impone destacar que cobra virtualidad el principio de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, cuya manifestación en el ámbito del derecho tributario es la referida a que cuando se trata de determinaciones impositivas rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios, debiendo el contribuyente acreditar fehacientemente los postulados por los que las cuestionan o controvierten.
Señala que el cargo se originó en un cruce sistémico realizado por la División Investigación de la Dirección Regional Mercedes de la Administración Federal, cuya hipótesis de presunción es: "Reco negativo personas físicas 2013 diferencias mayores a $ 600.000"; es decir, se trata de un contribuyente que en el período enero a diciembre de 2013 no cubrió gastos básicos (compras, sueldos y contribuciones) con las ventas declaradas en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado.
Señala que efectuados los requerimientos del caso, y a la luz de la documentación que se aportara (así como también de la información obrante en las bases de datos que posee el Fisco Nacional y de circularizaciones a proveedores y a entidades bancarias efectuadas), se proyectaron los ajustes en trato. Los mismos surgieron como consecuencia de la comparación de los ingresos declarados como los depósitos bancarios, habiéndose constatado que éstos son menores a las ventas informadas en las declaraciones juradas. Igualmente, se detectaron algunas operaciones de compras no relacionadas con la actividad propia de transportista, habiéndose impugnado por improcedente su cómputo ("Impugnación de Gastos").
Alega que en los ajustes por impuesto a las ganancias y por impuesto sobre los bienes personales se efectuaron por "Incremento Patrimonial", atento a que se detectó que el contribuyente consignaba a valor residual su patrimonio, deduciendo en forma incorrecta las amortizaciones de los ejercicios 2013 y 2014 (en el caso del primer gravamen mencionado).
Con respecto a los intereses resarcitorios sostiene que la parte actora no plantea agravios concretos contra la aplicación de los mentados intereses resarcitorios, ni contra el cálculo que de los mismos ha realizado el Fisco Nacional, razón por la cual se solicita que se tenga por consentido por el recurrente tal aspecto de las referidas resoluciones.
Con respecto a la aplicación de multas sostiene en las resoluciones Nros. 132/2017 y 133/2017 (DV RRMR) se dispuso la aplicación de sendas multas al apelante, equivalentes a dos tantos de los gravámenes a las ganancias y sobre los bienes personales omitidos de ingresar conforme previsiones de los arts. 46 y 47 inc. a) de la ley 11683. Afirma que al igual que aconteciera con los restantes conceptos contenidos en las resoluciones recurridas, el contribuyente no expresa agravio alguno contra la procedencia de las mismas, señalando errónea y únicamente que las mismas encuadrarían en el supuesto “sanciones de otro tipo” contemplado en el art. 159 inc. b) de la Ley 11.683.
Acompaña antecedentes administrativos.
III-A fs. 130 se elevaron los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 134 pasan los mismos a sentencia.
IV. - Que conforme surge del Informe final de inspección obrante a fs. 39/49 el cargo de inspección se origina en un cruce sistémico realizado por la División Investigación de la Dirección Regional Mercedes, cuya hipótesis de presunción es: "Reco negativo personas físicas 2013, diferencias mayores a $600.000", es decir que se trata de un contribuyente que en el período Enero a Diciembre 2013, no habría cubierto gastos básicos (compras, sueldos y contribuciones) con las ventas declaradas en las DDJJ de IVA.
En consecuencia, se notificó en el domicilio fiscal del contribuyente, en segunda visita, el inicio de inspección labrado en F. 8000 N°021000 2016005848007 y requerimiento en F. 8600/1 N° 0210002016006173204 con vencimiento para el día 16-03-2016. Al vencimiento presenta multinota solicitando prórroga por diez días hábiles. El día 1° de abril de 2016, en cumplimiento al requerimiento, el Sr. lmpionbato presenta: a) Registros de compras de los meses de julio a diciembre de 2015 que corresponde a la información presentada por el Regimen de información de compras y ventas, b) Papeles de trabajo de Ganancias 2013 y 2014, c) Fotocopias del fideicomiso, d) Multinota y denuncia de robo de documentación en donde consta que le robaron de su vehículo los libros de compras y ventas junto con la documentación respaldatoria del período 2012 a 2015 y e) Extractos bancarios y listado de proveedores.
Al no contarse con la totalidad de los registros de compras, se procedió a circularizar a los proveedores que figuraban en las bases del organismo y a los aportados por el contribuyente. De la misma manera, se consideró necesario también circularizar a las entidades bancarias con las cuales opera.
Con respecto a las ventas, el contribuyente desarrolla la actividad de transportista para la empresa La Serenisima, siendo esta su única fuente de ingreso, cotejándose esa información con los registros, no surgiendo observaciones. Se compararon estos ingresos declarados con los depósitos bancarios, constatándose que éstos son menores a las ventas informadas en las declaraciones juradas.
Con respecto a los proveedores, se observó que algunas operaciones de compras no se relacionaban con la actividad propia de transportista, considerando la inspección actuante que correspondería su impugnación por ser improcedente su cómputo.
Los proveedores observados son: Larralde Maria Laura Cuit: 27-23902731-3 que facturó un viaje al exterior; Jordan Alberto Francisco Cuit 23-22055699-9, Andreo Cardanes SRL Cuit 30- 68502988-6, Conforma Inox SRL Cuit 30-70733404-1, ACTC Cuit 30-59167895-3, y Medicina Alta Competencia Cuit 30-68257789-0, que están relacionadas a competencias automovilísticas, ya que el Sr. Impionbato, en estos periodos compitió en varias carreras. Según la información obtenida de la ACTC en el 2015 el Sr. Impionbato fue corredor de la categoría TC Mouras.
Con la información obtenida de los proveedores y la surgida de las bases del organismo se confeccionó el libro de registro de compras (fs. 317 a 354) para la validación de los créditos fiscales y los montos netos computables para la determinación de los resultados de cada ejercicio.
De esta manera, se detallaron en papeles de trabajo los saldos de los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias, computándose las compras y gastos validados, y los ingresos declarados, determinándose ajustes. Con fecha 16 de Junio de 2016 se procede a notificar el ajuste propuesto para los impuestos: al valor agregado desde 01/2013 a 12/2015, a las ganancias 2013 y 2014 y a los bienes personales ejercicios 2013 y 2014, otorgándosele cinco días hábiles para su conformación o descargo, los que se cumplen el día 28-06-2016 (fs. 317a 369)
Con el ajuste propuesto por la inspección se revierte el índice reco negativo. Finalmente con fecha 24 de junio presenta multinota en donde informa la interposición de un Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 23 de junió 2016.
El ajuste practicado en el impuesto a las ganancias se basó en la impugnación de las compras que no pudieron justificarse. Por otra parte se constato que el contribuyente, consignaba su patrimonio al valor residual, deduciendo incorrectamente las amortizaciones del ejercicio. En papel de trabajo Patrimonio Ganancias" (a fojas 359 a 360) se exponen los montos declarados y el que correspondería según lo verificado.
Para obtener una determinación que se aproxime a un resultado razonable para la actividad desarrollada, la inspección actuante consideró computar un costo Presunto. Para este indicador se consideró un universo de 458 contribuyentes de idéntica actividad a la del fiscalizado, determinándose una utilidad bruta (Resultado bruto/Ingresos) del 25,30%.
La rentabilidad alcanzada con los ajustes realizados arrojó un índice del 36,13% para el 2013 y del 49,07% para el 2014, para lo cual se calculó el costo presunto aplicable para adecuarlos al índice promedio del 25,30%. Impuesto al valor agregado:
El ajuste en este impuesto surgió por la impugnación del crédito fiscal de las compras que no fueron validadas, computándose solamente los confirmados mediante las circularizaciones y la consulta a las bases de este organismo.
El ajuste en el Impuesto sobre los Bienes Personales: se ve influido por la valuación del patrimonio afectado a la actividad, ya que se encontraba subvaluado por ser expuesto al valor residual y no al valor en el que ingresara al patrimonio del contribuyente. Asimismo, los bienes que no se encontraban afectados a la actividad fueron declarados en un monto menor a sus valuaciones fiscales, tal el caso de dos propiedades y de un automotor.
V. Que, en primer lugar, corresponde avocarse al tratamiento del planteo de nulidad opuesto por la actora, cuanto alega la falta de causa en los actos administrativos apelados.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que cabe resaltar en cuanto al Expte. N.º 46875-I que el Sr. Impionbato Ricardo Claudio interpuso apelación ante este Tribunal Fiscal de la Nación por una supuesta sanción respecto de la Orden de Intervención Nº 1446986 que diera origen a los procedimientos de determinación de oficio de deudas fiscales que culminaron con el dictado de los actos apelados.
Corresponde destacar que en dichos autos se declaró la incompetencia para entender en tal pretensión, mediante sentencia del 6 de febrero de 2017. Ante ello, la recurrente formuló incidente de Queja ante la Alzada el cual se tuvo por no presentado, a tenor de la resolución del 5 de Octubre de 2017 de la Sala II de la Cámara del Fuero (Expte. N°38.945/2017, Incidente N.º 1 – Actor: Impionbato, Ricardo Claudio s/Recurso de Queja). Asimismo es dable señalar que la actora interpuso recurso de apelación ante la Alzada en el Expte. N° 46.875-I la cual en fecha 4/4/2019 resolvió confirmar la resolución apelada.
Cabe advertir que la actora no ha expresado agravios concretos respecto del fondo del ajuste efectuado ni conducentes a demostrar la improcedencia de los ajustes determinados por el Fisco Nacional. En efecto, el recurrente en su escrito de apelación se ha limitado a plantear la nulidad de la resolución recurrida, sin introducir agravio alguno contra la cuestión de fondo, por lo que la presentación efectuada carece de los requisitos mínimos que permitan la consideración del remedio articulado, debiendo recordarse que en la instancia de este Tribunal no hay recurso de nulidad autónomo, es decir, que por involucrar o comprender el recurso de apelación al de nulidad, este último no prospera o es improcedente si los agravios se limitan a poner en tela de juicio la validez del acto recurrido sin impugnar lo que éste decide como inadecuado a derecho (ver en igual sentido, el pronunciamiento recaído in re “Kowzef S.A.”, sentencia de la Sala “B” del 29/11/2006).
Al respecto, cabe recordar que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
En este contexto debe señalarse que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Que, siendo ello y no habiendo la actora intentado mínimamente desvirtuar las argumentaciones de hecho y derecho en que se fundan los ajustes proyectados en las resoluciones recurridas, cabe concluir que corresponde su confirmación, con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo tampoco expresado la actora agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, con costas. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que en el caso de autos en las Resoluciones 132/2017 y 133/2017 se le aplicó al contribuyente sendas multas con sustento en el artículo 46 de la ley procedimental.
Que con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de la presunción aplicada permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros. Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditada la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2021.11.19 12:19:17 ART Date: 2021.11.24 11:11:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.11.24 11:30:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.11.24 11:31:00 -03:00
Fin de la sentencia