Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescriptas la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos y la acción para imponer sanciones en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12197-4480-2005 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 03 001 IT15 001917 E.
2Costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-35654568-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 23 de Abril de 2021 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el EX-2019-52824590- APN-SGASAD#TFN: “JBS LEATHER ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Que la actora, mediante apoderado, interpone en fecha 11/08/2020 recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 4054/2013 recaída en el expediente SIGEA N° 12197-4480-2005, en cuanto la condena al pago de una multa por la suma de $ 11.221,20 por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del C.A., a la vez que le formula cargo por los tributos adeudados por la suma de US$ 1.890,02. En primer lugar, efectúa un detalle minucioso del sumario aduanero y, a continuación, desarrolla los agravios. Sostiene que la totalidad de la mercadería del ítem 2 (1.080 kg de Coldrex NA), importada temporariamente mediante el DIT 03 001 IT15 001917, fue debidamente regularizada antes de su vencimiento. Detalla los permisos de embarque a través de los cuales asegura haber reexportado la mercadería. Esgrime que la diferencia numérica existente entre la NCM del producto a exportar declarada en la solicitud de CTC (4104.31.19) y la consignada en los permisos de embarque (4104.41.30) obedeció al cambio de nomenclador producido a través del Anexo 1 del Dto. 690/02, y que resulta tratarse del mismo producto. Transcribe las partes pertinentes del Anexo I y su modificación. Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso. Seguidamente invoca la prescripción de la acción del fisco para imponer sanciones, fundada en la interrupción de la misma mediante el dictado de la resolución condenatoria, de conformidad con lo dispuesto por el art. 937 inc d) del C.A.. Entiende que la notificación de la resolución aduanera se produjo una vez prescripta la acción. Subsidiariamente, impugna el monto de los tributos y la multa. Al respecto, declara que fue errónea la liquidación del IVA adicional y del Impuesto a las Ganancias en tanto entiende que debió practicarse en pesos y no en dólares. Asimismo, considera improcedente el derecho adicional. En relación a la multa, sostiene que no resulta fundada la aplicación del máximo de la graduación. Considera inaplicables los intereses sobre los montos en dólares. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que la representación fiscal, con fecha 15/10/2020 contesta el traslado del recurso y con fecha 21/10/2020 acompaña las actuaciones administrativas digitalizadas. No obstante, y habiéndose advertido que faltaban fojas a los archivos acompañados, se intimó al fisco a fin de que acompañara la documentación restante. Intimación que fuera cumplida en fechas 16/11/2020 y 25/11/2020. En primer lugar, cumple con la negativa genérica de todos y cada uno de los hechos consignados por la actora que no fueran objeto de su reconocimiento. Considera que encontrándose vencido el plazo de permanencia y no habiéndose acreditado la reexportación o nacionalización de la mercadería, se ha configurado respecto de la actora la infracción prevista y sancionada por el art. 970 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia de este Tribunal y de la Cámara que considera aplicable al respecto. Cita doctrina. Sostiene que ha quedado acreditado el incumplimiento en tanto el responsable no acompañó la prueba pertinente que demostrara lo contrario. Asegura que el CTC acompañado no ampara la mercadería importada. Finalmente ofrece como prueba el expediente administrativo, hace la reserva del caso federal y solicita que se rechace la apelación intentada por la actora, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas (SIGEA N° 12197-4480-2005) se iniciaron a fs. 1 con el acta de denuncia de fecha 04/04/2005 en la que se le imputa a la firma CUESSET S.A. (antecesora de JBS LEATHER ARGENTINA S.A. y de ZENDALEATHER S.A.) la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 03 001 IT15 001917 E. A fs. 3 se agregó el original del DIT involucrado (oficialización 12/12/03; vencimiento: 11/12/04). A fs 9/11 se procedió a valorar, clasificar y liquidar la mercadería considerada en infracción. A fs. 12/54vta., con fecha 23/02/07 solicitando el sobreseimiento y aseverando la inexistencia de la infracción imputada, asimismo acompañó copias de la siguiente documentación: presentación del despachante de fecha 19/02/04; copia del DIT; copia de la planilla de descarga; copia del CTC N° 877/04; copia de la Solicitud de CTC N° S01: 0176009/02; copia de los PE N° 04 033 EC03 000063 A, 000149 F, 000246 D, 000370 B y 000415 B; copia de la póliza N° 796541; y print de pantalla del “Detalle de Garantías”.
A fs. 55 se dispuso la instrucción de sumario con fecha 31/07/08. A fs. 56 con fecha 21/08/08 se ordena el pase a la Aduana de La Plata a fin de adjuntar copias certificadas de los permisos de embarque. A fs. 57 mediante Nota N° 482/08 de fecha 30/09/08 se da cuenta de la remisión de las copias certificadas de los PE Nros. 04033EC03000063A, 000149F, 000246D, 000370B y 000415B, las cuales se agregaron a fs. 58/77. A fs. 78 consta el pase a la Sección Procedimientos Técnicos. A fs. 79 con fecha 15/01/2013 se emitió la Nota N° 337/2013 la cual informa que “… se encuentra cancelado en su totalidad el ítem 1, de la DIT N° 03001IT15001917E…” y agrega que “El CTC N° S01: 0176009/02 no se ha tomado en cuenta, atento que no tipifica la posición arancelaria N° 4104.41.30 de los permisos de embarque, motivo por el cual, se cumple en informar que se encuentran en infracción 1080 kilos del ítem 2 …”.
A fs. 80/81 obra agregada la liquidación correspondiente a la determinación de los tributos y de la multa. A fs. 82 se agregó la constancia SIM de la garantía. A fs. 85 y vta., con fecha 15/04/2013, se corrió vista de las actuaciones a la importadora y se citó a la aseguradora, informando el importe de la multa mínima ($ 2.244,24) y de los tributos (U$S 1.890,02). A fs. 87 y vta. se encuentra la cédula de notificación de la corrida de vista a la aseguradora (notificada el 18/04/2013) y a fs. 88 y vta. la constancia de notificación por correo a la importadora (notificada el 22/04/2013). A fs. 94/98vta. contestó la vista la importadora con fecha 30/04/2013. A fs. 103/106 se agregaron copias certificadas de la solicitud de CTC y de la declaración jurada de insumos, mermas, sobrantes y residuos.
A fs. 107/118 se agregaron copias de los permisos de embarque involucrados. A fs. 119, con fecha 22/05/2013 se tuvo por agregada la documental acompañada por la firma importadora y se ordenó el pase a la Sección Procedimientos Técnicos. A fs. 120 se dictó con fecha 03/06/2013 la Nota N° 3244/13 la cual ratifica el informe técnico efectuado con anterioridad. A fs. 121/125vta. contestó la vista la Aseguradora con fecha 08/05/2013. A fs. 129/136 se agregó el resultado de la consulta al registro de infractores. A fs. 138/141vta. se dictó la Resolución 4054/2013 de fecha 30/07/2013, apelada en autos. A fs. 144 se agregó la cédula electrónica mediante la cual se notificó a la Aseguradora de la resolución recaída en el expediente (notificada en fecha 26/06/2020) y a fs. 145 la correspondiente a la importadora (notificada el 02/07/2020).
IV. Que con fecha 17/12/20 se dispone tratar la excepción de prescripción opuesta por la actora como de previo y especial pronunciamiento. Con fecha 20/4/2021 se elevan los autos a la Sala “G” y finalmente, con fecha 22/4/2021 se ponen autos a sentencia.
V. Que, corresponde decidir acerca del planteo de prescripción efectuado por la actora.
Que, la actora en el apartado VI.- de su recurso de apelación opone la excepción de prescripción. En relación a dicho planteo, y en el desarrollo del mismo, la actora se agravia respecto de la prescripción de la acción del fisco para imponer sanciones. En tal sentido, declara que el dictado de la resolución aduanera interrumpió el curso de la prescripción y que la notificación de la misma se produjo cuando la acción ya se encontraba prescripta. Que, si bien en el desarrollo del referido apartado la actora hace referencia a la prescripción de la acción del fisco para imponer sanciones, entiendo que en dicho planteo se encuentra subsumido el relativo a la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos. De este modo, si bien esta última cuestión no fue expresamente introducida por la actora, por el principio “Iura novit curia” se consagra no sólo la facultad sino el deber del juzgador de resolver las sentencias con prescindencia del planteo de las partes, principio que se encuentra plasmado en el art. 1143 del C.A., y asimismo, atento a la naturaleza material de las infracciones, no le resulta vedado al juzgador apreciarse de oficio en cuanto a la prescripción de la misma.
VI. Que, sentado ello, pasaré a referirme en primer lugar al análisis de la excepción planteada en relación a la acción que posee el fisco para perseguir el cobro de los tributos.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción –relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.). Que, no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 11/12/04 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva, ver carpeta DIT obrante a fs. 5 de las actuaciones administrativas). Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2005 y que el mismo vencía el 31/12/2009. Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 31/07/2008 (ver fs. 55 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 3 años, 6 meses y 30 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 1 año y 5 meses, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 31/07/2008) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.) ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA 4054/13 dictada el 30/07/2013.
Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 31/07/2008 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 30/07/2013 (fecha del dictado de la resolución aduanera). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que, conforme lo antes expuesto, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 31/07/2013. Es decir, que desde allí comenzaron a correr el año y 5 meses que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que, dicho plazo (el aludido de 1 año y 5 meses) se cumplió el 31/12/2014, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). El único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A..
Que, por lo demás, la aludida notificación se efectuó en fecha 02/07/2020 (ver fs. 145 de las act. adm.), es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación –al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos (ello en armonía con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. y de conformidad con lo sostenido jurisprudencialmente por el suscripto). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos.
VII. Que, resta pues analizar la prescripción de la acción del fisco para imponer sanciones.
Que cabe recordar que el art. 934 del C.A expresa al respecto que “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; ...”.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción respecto de los tributos, también comenzó a correr el 01/01/05 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo, como se vio en el apartado anterior, el 11/12/04) y vencía el 31/12/09. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario ( 31/07/08) interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a)) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 01/08/08 y el nuevo vencimiento ocurrió el 31/07/2013. Que, el art. 937 inc. d) del C.A. dispone que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por “… el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.”. En virtud de lo dispuesto en dicho artículo, y teniendo en cuenta que la resolución aduanera apelada en estos autos fue dictada con fecha 30/07/2013 (tan solo un día antes de que operara el vencimiento de la prescripción), el nuevo plazo prescriptivo comenzó a correr al día siguiente, es decir, el 31/07/2013, venciendo el mismo, el 30/07/2018. Que, por su parte, la notificación de la resolución aduanera se produjo el 02/07/2020 (ver la cédula de notificación electrónica obrante a fs. 145 de las act. adm.). Es decir, casi dos años después del vencimiento del nuevo plazo prescriptivo y casi siete años después del dictado de la propia resolución.
Que, en correlación a lo dispuesto por el art. 937, inc. d), del C.A., el artículo 1012, inciso a) dispone que “… deberán ser notificados: a) Los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo …”. Que, resulta evidente que, si el propio Código le otorgó al dictado de la resolución aduanera condenatoria el mentado efecto interruptivo del curso de la prescripción, el hecho de la notificación de aquélla no puede extenderse -razonablemente- por fuera de dicho plazo. Ya que, a raíz de dicho acto (la notificación), surtirá efecto el derecho del sancionado a recurrir la resolución administrativa y a ejercer así plenamente su defensa. En consecuencia, considero que la notificación de fecha 02/07/2020 excedió por demás (casi 2 años) el nuevo plazo prescriptivo que comenzaba a correr el 31/07/2013 (como consecuencia de haberse iniciado su cómputo - recordemos- tras el dictado de la apertura de sumario).
Que más aún en relación a la sanción, dicha situación de excesiva dilación en la comunicación de la resolución al sujeto condenado, lo coloca en un estado de indefensión y de inseguridad jurídica imposible de subsanar, contrariando elementales principios constitucionales.
Que, resulta oportuno recordar que el fallo plenario dictado por la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal (“Hughes Tools S.A.” de fecha 23/9/03) se refería a que la falta de notificación del auto de apertura sumarial en nada impediría, eventualmente, al presunto infractor, poder ejercer su derecho de defensa en la corrida de vista que a tal efecto contempla el art. 1101 del Código Aduanero. Sin embargo, en el caso en trato, lo que se cuestiona es la falta de notificación (dentro del plazo prescriptivo) de la resolución aduanera condenatoria, la cual culmina el procedimiento infraccional.
Que, con la implementación de la notificación electrónica (medio utilizado en el caso de autos), el servicio aduanero debería poder otorgar mayor celeridad a la comunicación de este tipo de actos, lo cual refuerza aún más la postura del suscripto en el sentido de encontrar excesivo el diferimiento de la notificación de la resolución aduanera aquí apelada.
Que, como consecuencia de todo lo antes expuesto corresponde declarar -asimismo- prescripta la acción del fisco para imponer penas.
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescriptas la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos y la acción para imponer sanciones en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12197-4480-2005 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 03 001 IT15 001917 E.
2).- Costas a la D.G.A.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Que los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a IV del voto del Dr. Segura y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. Que corresponde expedirse en relación a la prescripción opuesta por la recurrente. Cabe aclarar que, si bien dicha prescripción ha sido planteada únicamente en relación a la acción del fisco para la imposición de pena en relación a la operación aduanera involucrada en la causa, no encuentro óbice para revisar, de oficio y en forma simultánea, la prescripción de la acción del fisco para el cobro de tributos. Ello tomando en consideración que, la prescripción para determinar y exigir el tributo, no es más que una norma reglamentaria de la competencia administrativa en razón del tiempo. Es que, en efecto, a diferencia de la órbita privada en donde la prescripción atañe a un asunto de interés privado, de libre disposición, en la órbita pública, concierne a la rigurosa observancia del principio de legalidad.
III. Que, en ese marco conceptual, se alcanza a percibir la notable diferencia existente entre el sentido de las normas de prescripción cuando se refieren a la regulación de una relación jurídica administrativa y los casos en que rigen la vida de una obligación entre simples particulares. En este último supuesto, es lógico que la legislación aplicable disponga expresamente que los jueces no pueden declarar de oficio la prescripción (artículo 2552 del Código Civil y Comercial de la Nación) habida cuenta de que, operada la misma, la obligación civil sigue existiendo como deber moral o de conciencia cuyo pago espontáneo es irrepetible (art. 728 y 2538 del CCyCN).
IV. Que, a la luz de la pauta rectora establecida, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-
72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
V. Que, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 31/07/08 (ver fs. 55 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Que, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para interrumpir la prescripción de acción del fisco para imponer penas –art. 937 inc. a) del CA- y suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos –art. 805 inc. a) del CA.
Que habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2005 – en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 11/12/2004- la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2009 (todo ello cfme. arts. 934 a 937 y 803 a 806 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 30/07/2013 y notificada el 02/07/2020 cfme. constancias de fs. 138/141vta. y 145 de las acts. adms.).
Que, en adición a lo expuesto, cabe subrayar que el auto de corrida de vista -primer acto dictado con posterioridad al auto de apertura del sumario que fuera notificado en forma fehaciente a la recurrente- fue dictado el 15/04/2013 y notificado el 22/04/2013 (ver constancias de fs. 85/85vta. y 88/88vta.), es decir, cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba ampliamente vencido.
Que, en virtud de los motivos que han sido expuestos en este voto, coincido con la solución propuesta por el vocal preopinante, en cuanto resuelve hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la recurrente y declarar prescriptas las acciones del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos en relación al DIT 03 001 IT15 001917 E.
VI. Que, a mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA FOJAS REGISTRO DIT 12/12/2003 3 VENCIMIENTO DIT 11/12/2004 - INICIO PRESCRIPCIÓN 01/01/2005 - ACTA DENUNCIA 04/04/2005 1 APERTURA SUMARIO 31/07/2008 55 CORRIDA DE VISTA 18/04/2013 85
CONTESTACION VISTA 30/04/2013 94/98vta.
RESOLUCIÓN APELADA 30/07/2013 138/141vta.
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 02/07/2020 145
Que, conforme queda evidenciado en el detalle realizado, trascurrieron más de 8 años entre el inicio del cómputo del plazo prescriptivo y el dictado de la resolución apelada (y más de 15 años hasta la notificación de esta última a la recurrente) sin que se advierta en el expte. adm. la existencia de algún acto previo al dictado de resolución apelada que, conforme la normativa aplicable, tenga efecto interruptivo ni suspensivo de la prescripción en los términos de los arts. 936; 937; 805 y 806 del CA, ni razones que justifiquen la demora del servicio aduanero en el dictado (y notificación) de un pronunciamiento oportuno.
Por ello, voto por:
Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la recurrente y declarar prescriptas las acciones del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos relativos al DIT 03 001 IT15 001917 E. Con costas. La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1).- Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescriptas la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos y la acción para imponer sanciones en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12197-4480-2005 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 03 001 IT15 001917 E.
2).- Costas a la D.G.A.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2021.04.23 18:35:28 ART Date: 2021.04.23 19:29:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.04.23 19:52:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.04.23 19:52:55 -03:00
Fin de la sentencia