Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar íntegramente la resolución N° 114/2010 (DV MRRI) en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2004 a 2008, ambos inclusive, con costas.
I. Que, a fs. 84/87 la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 114/2010 (DV MRRI) de la A.F.I.P. - Dirección General Impositiva- de fecha 22 de Diciembre de 2010, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de larecurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2004 a 2008, ambos inclusive, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $ 1.747.930,04.-, con más la suma de $ 1.585.076,31.- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa por la suma de $ 1.223.551,04.- equivalente al 70% (setenta por ciento) del impuesto presuntamente omitido con sustento en el artículo 45 de la ley de rito. De modo preliminar, la recurrente expresa que el ajuste efectuado por el ente recaudador parte de un concepto erróneo, el cual radica en la aplicación al caso de marras del art. 73 de la Ley N° 20.628 -LIG- (t.o. Decreto N° 649/97), de Impuesto a las Ganancias y el art. 103 del Decreto Reglamentario N° 1344/98 -DRLIG- (fs. 45), ambos concernientes al instituto de la disposición de fondos a favor de terceros.
En concreto, señala que el Fisco cuestiona una serie de préstamos a empresas, algunas de la cuales la propia recurrente reconoce como pertenecientes al mismo grupo económico (Supermercado Pueblo S.A., Mafinsa S.A., Cía. de Desmontes S.A. y Suge S.A.), y otras ajenas al referido grupo (Enercon S.A. y Marmax S.A.). Sobre el punto, cita jurisprudencia judicial y administrativa (fs. 45/46 y fs. 48/51).
En una apretada síntesis, y luego de analizar de forma pormenorizada los arts. 73 LIG y 103 DRLIG, su texto legal pasado y presente, origen del instituto y citar doctrina, expone que para que proceda la aplicación de la mencionada figura legal la norma requiere la conjunción de tres requisitos: a) la existencia de una disposición de fondos o bienes a favor de un tercero, b) que la misma sea efectuada por sujetos del art. 69 LIG y, c) que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa.
En este aspecto, la recurrente es clara cuando sostiene que basta con que uno de los tres requisitos mencionados previamente no se cumpla, para descartar de plano la aplicación del art. 73 LIG, y enfatiza que en el caso puntual todas las operaciones realizadas lo han sido en interés de la empresa (no verificación del requisito 3°), toda vez que conforme surge de su propio objeto social, la actividad financiera está contemplada de modo expreso en el estatuto social de la sociedad desde el mismo momento de su constitución (fs. 44 vta./45, fs.51/53 y fs. 54).
A su vez, cuestiona la tesitura fiscal atinente a que la actividad financiera desarrollada por la propia actora deba tener “una incidencia significativa”, a efectos de no ser incluida en las previsiones del art. 73 LIG, postura que rechaza, calificándo la mencionada interpretación de forzada, en atención a que dicha exigencia no surge de las normas involucradas (fs. 47).
Por su parte, en lo que a la sanción del art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones – LPT) se refiere, sostiene que no corresponde la misma toda vez que no se ha producido el ilícito imputado, habiendo actuado en todo momento con la firme convicción de que su accionar se ajustó a derecho y que, en el caso eventual en que este Tribunal entendiera aplicable la figura legal, en el caso de marras se está en presencia de un supuesto de error excusable, en atención a la existencia de sentencias contradictorias entre las distintas instancias de apelación, y con resolución pendiente de varias causas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 54 vta./55).
Por último, ofrece como prueba documental los antecedentes administrativos, solicita se practique una prueba pericial contable respecto de las operaciones financieras cuestionadas y finalmente, se revoque la resolución apelada en todos sus términos (fs. 55 vta./56).
II. Que, a fs. 67/74 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente, ratifica en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motiva las presentes actuaciones, solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas. Asimismo, se opone a la prueba documental acompañada por la parte actora a no ser que la misma surja de manera indubitable de los antecedentes administrativos (fs. 73 vta.) que el propio Fisco acompaña junto al presente responde, así como también a la prueba pericial contable ofrecida. Por último, plantea el caso federal y pide se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
III. Que, a fs. 76 se confiere traslado a la recurrente de la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional, el que fuera contestado a fs. 77/83 vta. A fs. 85 este Tribunal dispuso la apertura a prueba de las presentes actuaciones y ordenó la producción de la prueba pericial contable, cuyo informe obra presentado a fs. 118/124.
IV. Que, a fs. 134, se declara la clausura del período probatorio, y a fs. 138 se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, la que dispuso poner las presentes actuaciones para alegar.
A fs. 141/141vta. y a fs. 142/157vta. obran agregados los alegatos de la parte actora y del Fisco Nacional, respectivamente.
V. Que, a fs. 160 pasan los autos para sentencia.
VI. Que, en primer término, para un mejor entendimiento, corresponde que este Tribunal delimite la cuestión litigiosa que motiva las presentes actuaciones.
En breve, la aquí actora discute la aplicación de la figura legal contemplada por el art. 73 de la LIG a los préstamos otorgados a las firmas SUPERMERCADO PUEBLO SA, MAFINSA SA, CIA DE DESMONTES SA, SUGE SA, ENERCON SA y MARMAX SA.
Mientras que el Fisco Nacional interpreta que la presunción prevista en dicha norma resulta aplicable por existir disposiciones de fondos a favor de terceros -pese a intervenir partes de un mismo grupo económico como interpreta la actora- y que, por la insignificante incidencia de los ingresos que generan dichas operaciones no responden al “interés de la empresa”. En virtud de ello, entiende que la tasa de interés aplicada por la contribuyente resulta muy inferior a la que debió aplicar por imperio legal. Así, expresa: “Que en definitiva, el único aspecto controvertido con la contribuyente, no es más ni menos que la diferencia existente entre la tasa aplicada y la que debió utilizar por expreso imperio legal” (cfr. fs. 15, Cuerpo Principal, RDO N° 114/2010 -DV MRRI-).
En ese sentido, no puede dejar de señalarse que si bien para el Fisco Nacional -tal como lo expresa en el acto apelado- la cuestión a su entender se redujo a la diferencia entre la tasa aplicada y la establecida en la norma, este Tribunal entiende que deben estar acreditados por el Fisco Nacional los requisitos previstos en la norma para que la tasa prevista por la ley resulte aplicable.
Así, también lo entendió el propio organismo conforme surge de los antecedentes acompañados que al girar la inspección las actuaciones por segunda vez con la supuesta aclaración y corrección de las observaciones del superior, la División Revisión y Recursos I vuelve a observar cuestiones sometidas a consideración por la recurrente e inatendidas por la inspección señalando en dicha oportunidad que “...la fiscalización actuante deberá expedirse en forma clara e indubitable respecto a los dichos del contribuyente en cuanto a que en los presentes obrados 'no dispara la presunción prevista en el art. 73 LIG'” (cfr. Fs. 445/447 y fs. 449/451, AA, Cuerpo Impuesto a las Ganancias III).
Aquí es donde por primera vez explicita la inspección su proceder: “...los actuantes informan que el ajuste realizado fue por la diferencia en la tasa aplicada, atento a que las tasas previstas en los contratos de mutuos aportados eran muy inferiores a la tasa de del Banco Nación prevista por el art. 73... Atendiendo a la realidad económica, en primer término la firma reconoció un interés por los prestamos efectuados a terceros, con lo que los actuantes consideran que los mismos deben ser de acuerdo a las prácticas normales de mercado” (cfr. fs. 452/453, AA, Cuerpo Impuesto a las Ganancias III). En atención a lo expuesto, debe este Tribunal avocarse a verificar si los requisitos previstos en el instituto establecido en el art. 73 LIG y art. 103 DRLIG se dan en el caso concreto lo que implicaría -sin admitir prueba en contrario- la aplicación de la tasa de interés presunto con que la norma castiga las denominadas disposiciones de fondos a favor de terceros efectuadas por sujetos del art. 49 inc. “a” LIG que no respondan a operaciones en el interés de la empresa.
VII. Que, en ese orden, conforme dispone el art. 73 de la Ley N° 20.628 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) –en lo que aquí interesa– “toda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el artículo 49, inciso a), y que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada equivalente a un interés con capitalización anual no menor al fijado por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para descuentos comerciales o una actualización igual a la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, con más el interés del OCHO POR CIENTO (8 %) anual, el importe que resulte mayor” (el destacado es propio).
Por su parte, –y una vez más, en lo que aquí interesa–, el art. 103 del DR N° 1344/98 establece que “(a) efectos de la aplicación del artículo 73 de la ley, se entenderá que se configura la disposición de fondos o bienes que dicha norma contempla, cuando aquéllos sean entregados en calidad de préstamo, sin que ello constituya una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o deban considerarse generadoras de beneficios gravados” (el destacado es propio).
Ello así, debe tenerse en consideración que el art. 73 anteriormente transcripto (con alguna modificación) fue originariamente incorporado a la Ley del Impuesto a las Ganancias por la Ley N° 23.260 (B.O. 11/10/1985), la que introdujo una serie de modificaciones en la norma del gravamen, mayormente referentes al ajuste por inflación. En ese marco, la finalidad de la norma en comentario era evitar maniobras elusivas tendientes a trasladar artificialmente ganancias gravadas bajo figuras exentas o no alcanzadas por el gravamen. A ese fín, el pago de dividendos o retiros de fondos generaban un ajuste dinámico positivo desde la fecha en que tal hecho acaecía, aspecto no menor en una época en la que existían colocaciones de tipo financiero por períodos inferiores al mes.
Tal como explicara la doctrina, en aquella época “(u)na forma elusiva de reducir la gravabilidad de los intereses de las colocaciones financieras era el retiro por parte de los accionistas de fondos a principios de mes, su colocación a plazo fijo a título personal y la restitución a la sociedad antes de que finalice el mes. De esta forma, no se generaba ajuste dinámico en cabeza de la empresa y los intereses resultaban exentos por corresponder a personas físicas” (MORENO, Carolina, “La disposición de fondos y bienes a favor de terceros. Un repaso teórico-práctico”, Consultor Tributario, Enero 2013, Errepar). Esa, y no otra, era la finalidad de la herramienta incorporada a la ley del tributo, supuesto que en principio resulta alejado de la celebración de operaciones financieras constitutivas del objeto social de un sujeto empresa, supuesto que aquí nos convoca.
Ahora bien, tal como ha dispuesto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, de modo preliminar resulta necesario verificar la concurrencia de tres requisitos básicos para que el art. 73 de la ley del gravamen resulte de aplicación a un caso concreto: a) la disposición de fondos a favor de un tercero, b) que dicha disposición sea efectuada por un sujeto comprendido en el inciso “a” del art. 49 de la ley de impuesto a las ganancias y, c) que esas operaciones no sean realizadas en interés de la empresa (cfr. “Antolín Fernández S.A. c/ DGI”, CNACAF, Sala V, 30/12/2010; “Akapol”, CNACAF, Sala V, 09/03/2005; “Merlino Automotores S.A.”, CNACAF, Sala I, 12/03/2009; “Servando Pedrido S.A.I.C.yF.”, CNACAF, Sala III, 11/10/2005; “Lemiro Pablo Pietroboni S.A.”, CNACAF, Sala IV, 05/07/2007).
En el particular, no se encuentra en discusión el requisito contemplado en el punto b) precedentemente mencionado. Por el contrario, resulta imperioso tratar los requisitos a) y c).
VIII. Que, en esa tónica, corresponde proceder al estudio en el caso concreto de la verificación del cumplimiento de los requisitos a) y c) que comporta el art. 73 LIG, esto es, que se esté en presencia de una disposición de fondos o bienes a favor de un tercero que no fuere en interés de la empresa otorgante.
Para resolver la primer cuestión, y más allá de la controversia entre las partes respecto de si las empresas involucradas pertenecían o no al mismo conjunto económico, no cabe más que citar lo señalado por el Máximo Tribunal en el fallo Fiat Concord SA c/DGI del 06/03/2012 en donde se dispuso que: “debe ceñirse a decidir: a) si puede considerarse que ha mediado una disposición de fondos o bienes efectuada en favor de un “tercero”, en los términos de la norma que se examina, cuando aquélla se realiza entre sociedades vinculadas que integran un mismo conjunto económico (...) 8°) Que, contrariamente a lo sostenido por el apelante, el hecho de que la disposición de fondos se efectúe — como ha ocurrido en el caso— entre sociedades vinculadas económicamente entre sí, o en relación de sujeción económica por revestir una de ellas una condición dominante respecto de otra dependiente, no impide considerar que dicha disposición se haya efectuado a favor de terceros, en los términos del art. 73 que se examina, puesto que se trata de distintos sujetos de derecho que son considerados individualmente como sujetos pasivos de la obligación tributaria.
En rigor de verdad, el ordenamiento argentino no regula los conjuntos económicos como estatutos autónomos. No lo hace la ley tributaria ni la legislación comercial, puesto que, el principio general, es considerar a las sociedades integrantes de aquéllos como partes independientes en tanto se ajusten a las prácticas normales del mercado, sujetándolas al deber de llevar sus registraciones contables en forma separada (ver art. 5°, ley 11.683; art. 1° de la ley del impuesto a las ganancias y su art. 14, en la redacción dada a partir del dictado de la ley 21.481 —B.O. 5/1/77— y en las sucesivas reformas, al primitivo texto de la ley 20.628 —B.O.31/12/73—; arts. 33, 63 y 64 de la ley de sociedades comerciales), reservándose para casos de excepción la posibilidad de prescindir de la individualidad jurídica de cada sujeto, y de considerar, a los fines fiscales, a todos ellos como una unidad.
En efecto, como lo precisó este Tribunal, la “...relación de subordinación no suprime la personalidad jurídica de la sociedad dependiente [respecto de la sociedad dominante] ni anula su capacidad jurídica tributaria” (Fallos: 286:97). En el mismo sentido afirmó que ciertas circunstancias particulares “...autorizan el tratamiento excepcional que esta Corte ha dispensado a otros conjuntos económicos, según las argumentaciones expuestas en los ya citados precedentes de Fallos: 286:97 y 287:79, sin que ello importe reconocer a aquella vinculación el estatuto autónomo de un sujeto pasivo de la obligación tributaria para los gravámenes controvertidos en esta causa...”, pues “...para la solución del sub lite no se ha desconocido la existencia de dos sociedades de capital perfectamente delimitadas conforme al orden jurídico privado, ni tampoco la personería jurídica de la sociedad local” (Fallos: 307:118)”.
Ello así, en virtud de lo dispuesto por la Corte Suprema más allá del análisis que se efectuó en instancia administrativa respecto de las participaciones de cada una de las empresas involucradas, no cabe más que establecer la individualidad jurídica de cada uno de los sujetos intervinientes como “terceros”, lo que lleva a este Tribunal a analizar si las razones expuestas por el Fisco Nacional para concluir que las operaciones realizadas no fueron en “interés de la empresa” resultan suficientes para activar la presunción legal.
Al respecto, puede observarse del acto determinativo y de la contestación del Fisco Nacional que no hay discusión respecto a que el objeto social de la actora incluía la actividad financiera y ello constituía parte de su giro comercial. En ese sentido, no cuestiona el Fisco Nacional la naturaleza de las operaciones. En efecto, éste expresamente dispone que se ha señalado que todas las operaciones que se relacionen con el giro comercial de la empresa o que importen un beneficio gravado para la sociedad, serán consideradas en su interés (fs. 14 de las presentes actuaciones). Ahora bien, el fundamento del Fisco para interpretar que no son en interés de la empresa es que los ingresos que obtiene por los intereses pactados son insignificantes respecto de los ingresos ordinarios obtenidos por ésta.
Cabe señalar que dicho razonamiento no puede prosperar, la mera comparación de ingresos que el Organismo realiza para intentar justificar que las operaciones no son en interés de la empresa señalando una supuesta insignificancia no desvirtúa la naturaleza de las operaciones que se relacionan con su giro comercial toda vez que -como se verá- los ingresos obtenidos con esa rentabilidad resultan similares a los que podría haber obtenido dicha empresa colocando dichos fondos en otra operación financiera.
En todo caso, la insignificancia señalada pudo llevar a la actora a flexibilizar las condiciones para los deudores en las refinanciaciones bajo análisis; en ese sentido se advierte que la interpretación efectuada por el Fisco Nacional va más allá de lo dispuesto por la norma en esta materia y la finalidad de la misma ya expuesta ut supra.
En ese punto, conviene recordar lo expuesto en el fallo “Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, por la Corte Suprema, de fecha 10/05/2016 que expresó: “ Que por aplicación de tales pautas cabe concluir que el criterio seguido por la cámara, en cuanto juzgó que los mutuos fueron realizados en interés de la empresa porque no existe divergencia entre las tasas de interés efectivamente pactadas y las corrientes en el mercado para este tipo de operaciones, y que ello impide la aplicación de la presunción establecida en el art. 73 de la ley del tributo, se ajusta a los fines tenidos en cuenta al instituirse la aludida reforma mediante la ley 24.073. En efecto, al margen de que la referencia al "interés de la empresa" procura preservar la intangibilidad de la base imponible del gravamen, el sentido dado por el a quo a aquella norma es concorde con la necesidad de que el tributo tenga como sustento una manifestación de riqueza o de capacidad contributiva del sujeto obligado (arg. doctrina de Fallos: 312:2467 y 333:2065), evitando la aplicación de presunciones legales en ausencia de los recaudos imprescindibles que lo justifiquen. Desde esta perspectiva, no se advierte que pueda sostenerse válidamente que no han sido realizadas en interés de la empresa -como resulta necesario para la aplicación de la presunción del art. 73 según surge claramente del texto de la misma norma- operaciones de mutuo por las que aquella obtuvo una tasa de interés igual o superior a la que hubiera obtenido en una entidad bancaria (confr., en similar sentido, causa "Akapol S.A.", Fallos: 335:519)”.
En el caso particular, debe señalarse que la tasa originaria de los mutuos, esto es el 1,20% mensual, no luce desproporcionada respecto de la misma tasa que aplicaba el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuentos de documentos comerciales en la época en la que fueron celebrados los referidos contratos, correspondiente al 1,41% mensual (cfr. fs. 208/213 vta, Cuerpo Impuesto a las Ganancias II, AA).
A todo evento, se recuerda que los mutuos originarios no han sido cuestionados sino sus refinanciaciones mediante las referidas adendas. Aun así, tampoco se han desconocido las cancelaciones de capital efectuadas por SUPERMERCADO PUEBLO S.A., tanto anterior como posterior a las antedichas refinanciaciones, aspecto que bien pudo influir en la disminución de la tasa de interés, así como la gravísima crisis económica que azotara a la República Argentina durante aquella época (2001-2003 en que se celebraron los primeros mutuos).
Asimismo, cabe señalar que corresponde a una deuda cuyo capital fuera cancelado al 77,20% en menos de veinticuatro meses contados desde el primer contrato de mutuo hasta la última adenda de refinanciación.
Ahora bien, en los casos de los mutuos y sus refinanciaciones celebradas con CÍA. DE DESMONTES S.A. y MAFINSA S.A., se trata de dos accionistas de la aquí actora conforme surge de los papeles de trabajo elaborados en el marco del proceso inspector en los que se indican porcentajes accionarios de entre el 19% y 12,62% para CÍA. DE DESMONTES S.A. -convirtiéndola así en uno de los mayores accionistas de Poliservicios S.A.-, y del 6% y 3,98% para MAFINSA S.A. Por otro lado, puede observarse de las operaciones celebradas en pesos con CÍA. DE DESMONTES S.A., que el saldo final efectivamente prestado de $ 76.540,76, referente al primer contrato de mutuo de fecha 30/08/2000 se encontraba cancelado en un 80,34% al momento de su primera refinanciación el 11/08/2004. Otro tanto puede afirmarse del saldo final refinanciado de esa adenda y de los dos contratos de mutuo posteriores de fechas 4/03/2002 y 5/05/2003, los que totalizaban al 14/07/2006 la suma de $ 161.844,21.
En el caso puntual de los contratos de mutuo celebrados con la accionista MAFINSA S.A., los mismos fueron realizados entre mediados del año 2000 y principios del año 2001, en dólares estadounidenses por valor total de U$S 2.063.999,70 y con una tasa de interés del 0,33% mensual (cfr. fs. 240/247, AA, Cuerpo Impuesto a las Ganancias II). Sobre el punto, debe destacarse que dicha deuda quedó convertida a pesos por expresa disposición normativa del art. 1° del Decreto N° 214/2002. Asimismo, debe señalarse que, por tratarse de una operación no vinculada al sistema financiero, y no obstante lo dispuesto en el art. 8° del cuerpo normativo mencionado anteriormente en punto a la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia, lo cierto es que la solicitud del reajuste equitativo del precio resultaba discrecional para Poliservicios S.A., mas no una obligación legal.
Por otra parte, y teniendo en consideración el contexto macroeconómico del país durante los años 2001-2003 y el vínculo entre prestador y tomador de los préstamos bajo análisis, siendo este último accionista del primero, no luce desproprocionada la opción de mantener la deuda pesificada y con una baja tasa de interés.
Puede observarse así que los mutuos que originaron las adendas no fueron cuestionados y que las refinanciaciones que si fueron observadas, si bien pactaron tasas más reducidas a las originales, en el momento que se celebraron representaban una tasa similar a la que podría haber obtenido colocando dichos fondos en operaciones por ejemplo a plazo fijo -tasa pasiva-.
En el supuesto de ENERCON S.A. (cesionaria), se trata de un contrato oneroso de cesión de créditos de fecha 10/10/2003, a través del cual la aquí recurrente (cedente) cede a la sociedad mencionada algunos créditos que tenía contra EDECAT S.A. (deudor cedido) por la suma de $ 2.119.000.-, cuyo valor ascendiera a la suma de $1.979.080.- a abonar dentro del término de tres años de la celebración del contrato y con más una tasa de interés del 3% anual (cfr. 214/220, AA, Cuerpo Impuesto a las Ganancias II).
A este respecto, el Fisco Nacional cuestiona la postergación del pago del capital mediante la adenda contractual de fecha 2/10/2006, así como que en el contrato originario el detalle de facturas acompañado como cedidas no concuerda con el monto de la supuesta cesión.
Si bien hay un listado identificado como Anexo A en los Considerandos del contrato originario, nada hay en el listado denominado “Detalle de Créditos Cedidos” que se acompaña que pueda identificarlo con ese Anexo A. Bien puede tratarse de un error al adjuntar la documentación, o de un listado incompleto, o ambos.
Lo que no debe perderse de vista es que conforme surge del listado, -completo o no- con el detalle de facturas cedidas, se trata en todos los casos de documentos comerciales sin abonar desde el 29/02/2000 hasta el 27/06/2000, de las que no se infiere si los montos son en pesos o en otra moneda diversa, y que llevaban a la fecha de la cesión originaria más de tres años y medio sin ser abonadas por el deudor cedido.
En el supuesto de MARMAX S.A. (cesionaria), se trata de un contrato oneroso de cesión de créditos de fecha 12/11/2002, a través del cual la aquí recurrente (cedente) cede a la sociedad mencionada algunos créditos que tenía contra EDECAT S.A. (deudor cedido) por la suma de $ 1.073.581,99.-, cuyo valor ascendiera a la suma de $ 1.000.000.- a abonar dentro del término de tres años de la celebración del contrato y con más una tasa de interés del 3% anual (cfr. 232/239, AA, Cuerpo Impuesto a las Ganancias II).
A este respecto, el Fisco Nacional cuestiona una vez más la postergación del pago del capital mediante las adendas contractuales de fechas 20/10/2005 y 20/12/2006. Respecto del monto del contrato originario y su concordancia con el detalle de facturas acompañado como cedidas no se presenta objeción alguna.
Al respecto la recurrente manifestó que en el caso específico de MARMAX S.A., los créditos cedidos debían observarse conjuntamente con toda otra serie de servicios prestados a dicha empresa, también generadores de ganancias gravadas en cabeza de Poliservicios S.A. (cfr. fs. 522, AA, Cuerpo Impuesto a las Ganancias III).
En ese sentido, debe destacarse que obran agregadas facturas por servicios prestados por Poliservicios S.A. a MARMAX S.A. entre los meses de agosto de 2003 y enero de 2006 por más de $258.000 netos de impuestos (cfr. fs. 560/600, AA Cuerpo Impuesto a las Ganancias III y fs. 601/615, AA, Cuerpo Impuesto a las Ganancias IV).
Vale decir, que se trató que un contrato de cesión onerosa de unas facturas sin abonar desde el 29/07/2000 hasta el 03/06/2002 que dio lugar, posteriormente, a la contratación de otros servicios generadores de rentas en cabeza de la recurrente(cfr. fs. 236, AA, Cuerpo Impuesto a las Ganancias II).
En lo que hace a estos dos últimos casos de cesión de créditos que Poliservicios no pudo cobrar por varios años, debe observarse que tal como en los anteriores casos las refinanciaciones pactadas preveen una tasa de interés que no se diferencia de las vigentes para operaciones pasivas, no acreditando el Fisco Nacional que fueron operaciones que no representaban interés para la empresa o su giro comercial.
En ese sentido, no verificada la concurrencia de los tres requisitos exigidos por el art. 73 LIG, mal puede el Fisco Nacional pretender la aplicación al caso concreto de una tasa de interés presunta cuya activación depende, inexorablemente, de la verificación de los mencionados requisitos, corresponde revocar íntegramente el ajuste fiscal realizado a través de la resolución N° 114/2010 (DV MRRI) en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2004 a 2008, ambos inclusive, lo que a su vez torna innecesario el tratamiento de la sanción impuesta en la referida resolución. Las costas se imponen a la vencida.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar íntegramente la resolución N° 114/2010 (DV MRRI) en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2004 a 2008, ambos inclusive, con costas.
Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos de las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- - APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora por oficial notificador y al Fisco Nacional en la CUIT 33-69345023-9 (AFIP). Fecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2021.12.01 13:46:45 ART Date: 2021.12.01 14:00:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.01 18:00:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.01 18:01:04 -03:00
Fin de la sentencia