Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 46.790-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución determinativa del Impuesto a las Ganancias apelada en cuanto determina impuesto, accesorios y multa, esta última con la reducción al mínimo legal del artículo 45 de la ley ritual, conforme lo establecido en los Considerandos precedentes.
2Revocar la resolución determinativa del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el Considerando IV a) de la presente.
3Imponer las costas en proporción a los respectivos vencimientos, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto este en el que se imponen por su orden.
4Ordenar a la AFIP-DGI que en treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente, a cuyo fin se facilitan las actuaciones administrativas, las que quedan a su disposición en la Mesa de Entradas de este Tribunal.
I. Que en las presentes actuaciones la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Administrativas Nros. 50/2019 (DV DEOB) y 51/2019 (DEOB), ambas de fecha 14 de junio de 2019. dictadas por la División Determinaciones de Oficio “B”, del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI.
Por la primera de ellas, se determina de oficio con carácter parcial, la obligación tributaria del contribuyente frente al Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2012, con más sus intereses resarcitorios y se aplica una multa equivalente al 70% del tributo omitido, con sustento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Por la segunda de las resoluciones antedichas, se determina de oficio con carácter parcial, la obligación tributaria del contribuyente en cuestión en el Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 1/2012 a 12/2012, con más los intereses resarcitorios y se aplica una multa equivalente al 70% del tributo omitido, con sustento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Que en primer lugar, manifiesta que en la obtención de renta, la recurrente descuenta gastos adecuados y vinculados a las fuentes productoras, a la vez que es un estricto cumplidor de sus obligaciones materiales y deberes de colaboración, en cuyo marco, con una prolijidad ejemplar, ha separado su propia actividad de la correspondiente a la empresa Ganagrin S.A., a la cual controla y preside, y con quien comparte un ámbito espacial común.
Frente a lo expuesto, señala que uno de los vicios y contradicciones más claros de los actos recurridos es, precisamente, la errónea consideración de los hechos, presupuesto que proyecta sus efectos o defectos en el plano procesal. Pues supuestamente el fisco afirma que el contribuyente no ofreció la prueba adecuada sobre los hechos y, al mismo tiempo, rechaza con arbitrariedad la prueba ofrecida sobre esos mismos hechos en sede administrativa y no realiza ninguna ponderación basada en la “sana crítica” de la documental obrante en los antecedentes administrativos.
Manifiesta que los actos administrativos deben ser revocados. Expresa que esta cuestión nunca debió llegar a estos estrados si el juez administrativo hubiera resuelto con apego a la ley en lugar de hacerlo con finalidad recaudatoria, consagrando una decisión desviada.
Respecto al Impuesto al Valor agregado, sostiene que el Fisco Nacional impugnó los créditos fiscales correspondientes a "servicios de administración unipersonal” facturados por la firma Ganagrin a la actora. Para así proceder -dice- negó que ellos revistieran el carácter de “soporte administrativo”. Sobre este último punto, cabe resaltar que el órgano fiscal expresó que la recurrente no presentó prueba que avalara las tareas administrativas llevadas a cabo por el personal de Ganagrin y, como consecuencia de ello, confirmó el ajuste fiscal.
En la misma línea que lo expuesto, y para el ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias, sostuvo que los gastos realizados por el Sr. Otero, no poseían la característica de “necesarios” y “forzosos”.
Alega que Ganagrin S.A., le brinda soporte administrativo, contable y fiscal a Otero Monsegur, provisión de personal y suministro del espacio físico donde el contribuyente tiene montada su oficina y constituido su domicilio fiscal. La empresa factura regularmente tales conceptos en concepto de “servicios de administración Empresa Unipersonal”. Agrega que Otero Monsegur posee el 81,5 % del usufructo de las acciones de Ganagrin y como marca la ley, conduce sus relaciones como si fueran entre partes independientes, asignando un valor de mercado a los servicios (conf. Artículo 73 de la ley del impuesto a las ganancias).
Expresa que está probado que el gasto existe pues las tareas se desarrollan y los espacios se ocupan. Señala que no es objeto de controversia que los costos se asignan en una proporción que las partes libremente acordaron como representativa de la demanda del Sr. Otero Monsegur. Destaca que no se entiende el criterio para considerar que el gasto, aunque necesario y causado, puede ser impugnado porque una firma de asesoramiento impositivo externo brinda un servicio que según el juez administrativo debiera sustituir en parte dicho costo. Manifiesta que los servicios facturados por Ganagrín S.A., incorporan una serie de costos y gastos compartidos, referidos al personal, alquiler de la oficina y costos asociados que están al servicio del Sr. Otero y asociados a la renta que él genera. Sería pues, inadecuado, que la empresa deduzca este costo de no generar el ingreso consistente con la realidad de los hechos.
Sostiene que el concepto de necesidad es relativo y debe apreciarse en función de la finalidad de las erogaciones, ya que sería muy peligroso que el Fisco, en cada erogación, determine o pretenda establecer la efectiva productividad del gasto, quitando al empresario la flexibilidad que precisa el manejo de su negocio y que hace que muchos de los gastos en que incurra no redunden necesariamente en la producción de un rédito que pueda imputarse específicamente al gasto en que se ha incurrido. En efecto, el control no puede ir tan lejos como para determinar la inutilidad del gasto o la cuantía para la producción de la ganancia, juzgando discrecionalmente la actividad del contribuyente.
En cuanto al ajuste en el Impuesto a las Ganancias relativo al inmueble ubicado en Villa La Angostura manifiesta que el inmueble constituye la casa habitación familiar de Otero Monsegur, quien la ocupa durante todo el año, viajando allí con regularidad él o su familia, y pasando estancias prolongadas en distintos meses del año. Se trata de una propiedad ubicada en el “Cumelen Country Club” y tal inmueble, por sus características particulares y las del barrio privado en que se halla, fue concebida con ánimo de permanencia, y desde ya es ajena a toda especulación de renta inmobiliaria.
Destaca con especial énfasis, en línea con la defensa aquí expuesta, que en la residencia se desempeñan tres personas bajo la condición empleados permanentes. Una mujer cumple las funciones de limpieza y cocina; un hombre hace tareas de mantenimiento general y seguridad, y finalmente una tercera persona se ocupa de la jardinería. La cantidad de personas debidamente contratadas bajo el régimen legal vigente demuestra el uso o destino de la vivienda ajeno del todo a la noción de “recreo o veraneo”.
Señala que para el inmueble ubicado en Villa la Angostura, realizó un promedio de dos tasaciones recibidas y dedujo únicamente los impuestos y tasas que gravan el inmueble y las amortizaciones. La falta de razonabilidad del ajuste, dice, es clara. Respecto a este último, aun cuando se parte de una premisa errónea, pues la naturaleza del inmueble no autoriza a computar la renta ficta, destaca de manera especial que tampoco existe un valor de mercado para esta clase de inmueble, de donde se sigue que a todo evento debió considerarse una renta equivalente a un porcentaje de la valuación fiscal de referencia (la práctica ubica ese porcentaje en el 5 %), monto que, detraído los gastos reales, tampoco arroja renta imponible, tal como consta en los antecedentes administrativos (conforme artículo 42 de la ley del gravamen y artículo 56 de la reglamentación). Advierte la falta de razonabilidad del criterio seguido por la fiscalización y que las resoluciones han convalidado, pues intenta promediar variables absolutamente incompatibles entre sí y al mismo tiempo deja de aplicar tasaciones porque no son funcionales a su tesis (como es el caso del inmueble de Punta del Este y Bariloche). En cuanto al inmueble ubicado en Villa Catedral, Bariloche, Rio Negro, sostiene que el Fisco, sin justificar su procedencia y de manera arbitraria, no computa como deducibles al monto del valor locativo presunto del inmueble, los siguientes gastos efectuados por su parte: expensas y gastos de mantenimiento (parcialmente, ya que consideró un porcentaje sumamente menor al gasto efectivamente realizado), luz, gas y teléfono. Tales gastos son evidentemente necesarios para conservar y mantener el inmueble, por lo que me remito a los argumentos planteados en los puntos anteriores. Asimismo, en ningún momento se discutió la realización de esa clase de gastos.
En cuanto al inmueble en Punta del Este sostiene que la AFIP tampoco computó como deducibles al monto del valor locativo presunto del inmueble, los siguientes gastos efectuados por la actora: expensas y gastos de mantenimiento, luz y teléfono. Señala que adjunta como anexo 9 un cuadro con detalle de tales gastos y sus respectivos comprobantes.
En cuanto a la aplicación de multa afirma que es evidente que la conducta fiscal del Sr, Otero Monsegur no se adecua a la figura de omisión de impuesto del artículo 45 de la ley procesal, y por ello las multas impuestas deben ser revocadas. En lo referente a la porción de la multa vinculada a la presunción de renta ficta, y con base en la aplicación del principio de culpabilidad al terreno infraccional, solicita su revocación a la luz de la doctrina fijada en la causa “Mazza Generoso” -CSJN, 06/04/198- (Fallos 312:447), en particular teniendo en cuenta que no hay elementos de prueba para imponer el reproche sancionatorio. Alega que para el supuesto caso de que no se hiciera lugar a los argumentos anteriormente expuestos, la aactora entiende que su conducta resulta evidentemente excusable.
Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoquen los actos apelados, con costas.
II. Que en tiempo y forma el Fisco Nacional contesta el traslado que se le corriera del recurso que origina estas actuaciones, negando todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
Que en primer lugar señala que el contribuyente fue verificado por personal del área fiscalizadora de la AFIP- DGI en uso de las facultades que le son propias, a fin de establecer el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2012 y en el IVA los períodos fiscales 1/2012 a 12/2012. Señala que los presentes cargos son continuación de las Órdenes de Intervención N” 886.187 y N° 1.264.690, en las cuales se verificaron, en el Impuesto a las Ganancias los períodos fiscales 2009, 2010 y 2011, gastos y deducciones no computables así como la falta de declaración del valor locativo presunto sobre inmuebles de propiedad de la recurrente.
Sostiene que la recurrente comienza sus agravios argumentando que el servicio brindado por Ganagrin S.A.A.G. eran tareas de administración, no explicando, sin embargo, el motivo de la duplicación de provisión de dichos servicios. Ello dado que en el transcurso de la inspección llevada a cabo aportó documentación respaldatoria de servicios facturados por la firma San Martín, Suárez y Asociados en concepto de "Servicios profesionales correspondientes a tareas de asesoramiento fiscal" (por un monto que representa menos el 20% del servicio observado).
Sostiene que si estudiamos los gastos informados a este Organismo por el año 2012, no se visualiza una gran cantidad de comprobantes que exhiban un nivel voluminoso de operación. Menos aún una que amerite esa duplicidad de proveedores para una misma función, por el contrario los únicos servicios que “se visualizan con facturación mensual son los emitidos por Ganagrin S.A.A.G. y por San Martín, Suárez y Asociados. Afirma que no puede dejar de advertirse, que la descripción efectuada por la defensa sobre el contenido del servicio facturado constituye una enumeración genérica que no establece qué servicios necesarios se prestaron para la consecución de la locación del inmueble o su labor como director, O bien, qué costos y gastos "compartiría" la firma Ganagrin S.A.A.G. con el Sr. Otero Monsegur para la consumación del citado alquiler. En definitiva no alcanza a vislumbrarse una relación clara y directa entre el gasto cuestionado y las actividades alcanzadas por este gravamen.
Alega que otra cuestión que agrega mayor confusión al presente caso es que la actividad principal de Ganagrin S.A.A.G. es la cría de ganando bovino y cultivos, incorporando la actividad de servicios combinados de gestión administrativa de oficinas en el año 2015 (es decir durante el transcurso de la verificación realizada al señor Otero.
Con respecto al cargo formulado mediante el cual se determinó el valor locativo de los inmuebles con fines de recreo que posee el contribuyente conforme el artículo 41 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, alega que el área fiscalizadora constató que la recurrente posee cinco inmuebles, de los cuales declara uno ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto del cual consigna rentas de primera categoría en el Impuesto y período que nos ocupa; dos como casa-habitación, uno nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires y otro en Villa la Angostura, Provincia de Neuquén; mientras que declara otros dos con fines de recreo, los cuales se ubican en San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro y en Punta del Este, República Oriental del Uruguay. Sostiene que atento a que las rentas de primera categoría declaradas se correspondían únicamente al alquiler del inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área verificadora le requirió al contribuyente que aporte el papel de trabajo confeccionado a fin de determinar el valor locativo presunto de los restantes inmuebles. Sostiene que el contribuyente aportó papeles de trabajo correspondientes al cálculo del valor locativo presunto de los inmuebles sitos en Cerro Catedral, Bariloche, Río Negro y N.º 302, Aguas Azules, Punta del Este, República Oriental del Uruguay.
Por otra parte, agrega que el contribuyente aclaró a la inspección que el inmueble ubicado en Villa la Angostura "constituye una vivienda familiar, que ocupo durante buena parte del año, viajando allí con regularidad y pasando estancias prolongadas en distintos meses del año." Así las Cosas, se solicitó al contribuyente, mediante Requerimientos, documentación que respaldara el criterio adoptado al considerar el inmueble sito en Villa la Angostura como casa- habitación.
Manifiesta que el contribuyente no presentó documentación a fin de respaldar su manifestación respecto a su consideración del inmueble sito en Villa la Angostura, Provincia de Neuquén, como vivienda familiar, razón por la cual también sería procedente considerarlo como destinado al recreo y/o verano, juntamente con las propiedades ubicadas en la República Oriental del Uruguay y en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. Al respecto alega que el área verificadora, circularizó a distintas inmobiliarias solicitándoles que indicaran el valor de alquiler de las tres propiedades en cuestión.
En el período bajo fiscalización fue posible obtener únicamente una cotización para los inmuebles de Punta del Este y Bariloche, y teniendo en cuenta que dichos montos resultan inferiores a los determinados por el contribuyente, se tomó este último como valor locativo presunto. Respecto al inmueble de Villa la Angostura, se realizó el promedio de las dos tasaciones recibidas conforme surge del Informe de Fiscalización. Dichos montos fueron utilizados para calcular el valor locativo presunto, detrayendo de dichos valores únicamente los impuestos y tasas que gravan el inmueble y las amortizaciones.
Señala que los fiscalizadores aclararon que al igual que lo actuado en las órdenes de intervención antecesoras, se consideraron los meses en que el contribuyente podría haber alquilado dichos inmuebles teniendo en cuenta que se trata de inmuebles para recreo y/o veraneo, es decir tres meses en el verano y uno en el invierno. En cuanto a lo alegado por los apoderados del causante sobre cuestionar la base de cálculo del valor locativo utilizado por esta AFIP, la cual tomó el promedio de las valuaciones colectadas, resalta que la defensa no puede pretender que exista una cotización unánime, lo que no ocurre para ningún orden del comercio (salvo en los casos que se trate de actividades reguladas). Justamente, para mitigar las diferencias de cotización, la Administración determinó un promedio del precio considerado discrecionalmente por cada uno de los agentes inmobiliarios y de esta manera arribó al valor locativo presunto para cada uno de los inmuebles objeto de ajuste.
En cuanto a la aplicación de multa manifiesta que a los efectos de desvirtuar los agravios sostenidos, se debe recordar que las sanciones aplicadas tienen su fundamento en el hecho que de la verificación practicada por los funcionarios del Fisco Nacional a la contribuyente en cuestión, se constato la presentación de la DDJJ del Impuesto a las Ganancias e IVA correspondiente a los periodos fiscales en ciernes dejando de ingresar el gravamen en su justa medida.
Alega que del plexo probatorio reunido en los antecedentes administrativos agregados a la causa, resulta probado la existencia de la conducta omisiva de la recurrente, sin que haya expresado razón alguna a los efectos de denostar la carencia de responsabilidad en tales incumplimientos.
Acompaña antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la actora.
III. Que mediante PV-2020-56442420-APN-VOCV#TFN se dispuso la clausura del período probatorio, elevándose por PV-2021-84165227-APN-VOCV#TFN la causa a consideración de la Sala “B”, la que por IF- 2021-89452876-APN-VOCV#TFN dispuso que las partes produjeran sus alegatos, los que se encuentran agregados en autos. Finalmente mediante IF-2021-121091237-APN-VOCV#TFN se llamaron los autos a sentencia.
IV. Entrando al análisis de la presente causa, conforme surge de la última declaración jurada presentada y los papeles de trabajo aportados a lo largo de la fiscalización, durante el período fiscal bajo análisis, el contribuyente declaró, en el Impuesto a las Ganancias, ingresos de fuente argentina bajo la primera y la cuarta categoría. Las rentas de primera categoría se correspondieron al alquiler de un inmueble sito en Puerto Madero -Capital Federal- y los de cuarta categoría a honorarios por su rol de Director en las firmas San Miguel S.A. y Ganagrin S.A.A.G. (fs. 9, 10 y 13 a 28 del Cuerpo Principal).
La impugnación fiscal que dio origen a las resoluciones apeladas en autos se sustenta en que el contribuyente habría deducido gastos sobre los cuales no pudo comprobar que estuvieran vinculados con sus ganancias gravadas así como la impugnación del crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado originado en tales conceptos. Por otra parte, se ajusta el Impuesto a las Ganancias con sustento en la incorrecta determinación del valor locativo de sus inmuebles de recreo.
Cabe dejar sentado que un ajuste similar al que aquí se discute había sido efectuado al contribuyente de autos por la AFIP-DGI respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2009 y del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 1, 3 y 12 de 2009, el que fuera apelado ante este Tribunal y que tramitó en el Expediente Nº 46.790-I, caratulado: "OTERO MONSEGUR LUIS ROQUE s/apelación-IVA – GANANCIAS" y su acumulado N° 48.159-I, caratulado: "OTERO MONSEGUR LUIS ROQUE s/apelación-IVA – GANANCIAS", por ante esta misma Sala, habiendo dictado sentencia en aquellos autos con fecha 25/11/2019.
A continuación se tratarán por separado los ajustes traídos en apelación:
a) Del análisis de la documentación respaldatoria aportada por la recurrente, se observó la deducción de servicios administrativos, siendo concretamente el concepto facturado “Servicios de Administración de Empresa Unipersonal”. Según surge de la actuaciones administrativas acompañadas en soporte papel por el organismo fiscal, al ser consultado el contribuyente por el personal fiscalizador aportó papeles de trabajo en los que señaló como actividades económicas el alquiler de un inmueble y su actuación como director de sociedades, no informando actividades vinculadas al desarrollo de una empresa unipersonal (fs 9, 10 y 13 a 28 del Cuerpo Principal).
La fiscalización observó que el alquiler del inmueble sito en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representó más del 90% del total de los ingresos anuales del Sr. Otero Monsegur en el año 2012.
Que siguiendo ese orden de ideas, el Fisco Nacional resalta que en el periodo fiscal bajo fiscalización, el contribuyente no presentó documental que avalara alguna renovación, modificación o celebración de nuevo contrato de locación para dicho inmueble que implicara una carga administrativa adicional, simplemente aconteció la facturación mensual de dicho contrato (fs. 13 a 24 del Cuerpo Principal).
El Fisco Nacional señala que la recurrente argumenta que el soporte administrativo brindado por Ganagrin S.A.A.G. eran tareas de administración, no explicando, sin embargo, el motivo de la duplicación de provisión de dichos servicios. Ello dado que en el transcurso de la inspección llevada a cabo se aportó documentación respaldatoria de servicios facturados por la firma San Martín, Suárez y Asociados en concepto de “Servicios profesionales correspondientes a tareas de asesoramiento fiscal” (por un monto que representa menos el 20% del servicio observado).
Para finalizar el Fisco Nacional destaca que la recurrente no aportó documentación o información adicional a las facturas emitidas por Ganagrin S.A. donde se vean reflejados los servicios de administración efectivamente prestados por esta última.
Sobre este ajuste, cabe señalar que en el caso de autos, conforme surge de la prueba informativa dirigida a Ganagrin S.A. Agrícola Ganadera, agregado al Exptediente Electrónico mediante IF-2020-15370600-APN- SGAI#TFN, lo facturado al señor Otero Monsegur durante el ejercicio 2012, representa el 17 % con respecto al total de gastos generales referidos al alquiler de la propiedad y cesión de uso al Sr. Otero Monsegur, Expensas, Sueldos, Servicios públicos, y Servicios de informática e infraestructura tecnológica.
Además surge de la citada prueba informativa que las personas que integraban la nómina salarial de Ganagrin S.A. que brindaban servicios al Sr. Otero Monsegur eran las siguientes:
Isabel Sobanski, la cual ocupaba el puesto de secretaria, en el año 2012 realizaba para el Sr. Otero funciones inherentes a su puesto, como ser manejo de agenda, atención de llamados telefónicos, asistencia, y la atención y coordinación de reuniones, etc.
Matias Burgüin, el cual ocupaba puesto de cadete, en el año 2012 realizaba para el Sr. Otero funciones inherentes a su puesto, como ser trámites bancarios o impositivos, archivo de documentación, etc.
Veronica Castiglioni, ocupaba en Ganagrin el puesto de contadora, en el año 2012 realizaba para el Sr. Otero tareas contables, impositivas y administrativas relacionadas con las actividades de empresario y director de las sociedades en la cuales formaba parte del directorio, como ser liquidaciones de IVA e ingresos brutos relacionadas con el alquiler de un inmueble del cual el Sr. Otero Monsegur era propietario y la venta de unos departamentos que él construyó.
María Laura Ranalli, ocupaba en Ganagrin el puesto de Gerente Administrativa, en el año 2012 realizaba para el Sr. Otero tareas de asistencia profesional en los temas impositivos, contables y legales, cumplía la función de vinculo entre el Sr. Otero Monsegur y los estudios jurídicos e impositivos que él contrataba como empresario y director.
Por otra parte, se produjo en las actuaciones prueba testimonial de Verónica Castiglioni, María Laura Ranalli y Adriana Estela Piano, cuyas actas obran agregadas en el Expediente Electrónico como archivo embebido en PV- 2020-16820017-APN-VOCV#TFN.
La testigo Verónica Catiglioni manifestó cumplía funciones contables, administrativas e impositivas para el Sr. Otero Monsegur. Expresa que las tareas contables eran registraciones de todas las facturas correspondientes a sus negocios particulares, liquidaba IVA, ingresos brutos y regímenes quincenales y mensuales de retencióny facturación del alquiler de un edificio que el recurrente tiene y alquila. Agrega la dicente que trabajaba para aquél aproximadamente 6 horas por semana y el resto de su horario laboral -8hs por día, cinco días a la semana, lo hacía para la firma Ganagrin S.A.
Que la testigo Maria Laura Ranalli manifestó que trabaja en Ganagrin, empresa en la cual el Sr. Otero Monsegur es director y accionista y lo era en el 2012. Asimismo destaca que era gerenta administrativa de Ganagrin y que, por otro lado, asistía al Sr. Otero Monsegur en todos los temas contables, impositivos y legales, habida cuenta que aquél se desempeña como empresario y tiene además de Ganagrin otras empresas y negocios para los cuales se contratan asesoramientoes externos específicos para sus negocios -distintos a los de Ganagrin- y que el rol de la dicente consistía en ser el nexo entre los asesores externos, el Sr. Otero Monsegur y el resto de los empleados de Ganagrin que hacían tareas para aquél. Manifiesta que esas tareas las realizaba un día y/o un día y medio por semana. En cuanto a los espacios, manifiesta que ocupaba un despacho, las áreas comunes, la sala de reuniones e infraestructura de telefonía y de informática o de sistemas. Además contesta que sí conocía que otros empleados de la empresa Ganagrin prestaban servicios para el Sr. Otero Monsegur, individualizando a la secretaria Isabel Sobanski, el cadete Matías Buguin, Verónica Castiglioni.
Por su parte, la testigo Estela Piano manifestó ser socia de Ganagrin S.A. y que le prestaba al aquí actor servicios de asesoramiento fiscal relacionados con la confección de sus declaraciones juradas de ganancias y bienes personales. Precisa que realizaba el relevamiento de los datos necesarios para la confección de las declaraciones juradas, que preparaba declaraciones juradas preliminares para entregarlas al Sr. Otero Monsegur y realizaba la carga de los sistemas aplicativos. Agrega que eventualmente si había algún requerimiento fiscal o algo en particular colaboraba en la asistencia a su respuesta si era necesario, como asesoramiento no en el aspecto operativo. Aclara que lo operativo a las declaraciones juradas no estaba a su cargo ni realizar pagos o emitir comprobantes, lo cual estaba a cargo del Sr. Otero Monsegur.
En definitiva habida cuenta de las constancias de la causa y de la prueba producida en estos autos, corresponde hacer lugar al planteo de la actora y revocar el criterio fiscal referido a la impugnación de los gastos facturados por Ganagrin S.A. en el Impuesto a las Ganancias y del crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado originados en tales conceptos, con costas.
b) Cabe ahora abocarse al siguiente cargo formulado en el cual, conforme el artículo 41 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones), se determinó el valor locativo de los inmuebles con fines de recreo ubicados en las localidades de San Carlos de Bariloche (Rio Negro), Villa la Angostura (Neuquén) y Punta del Este (R.O.U), que posee el recurrente.
Corresponde señalar que la fiscalizaciòn constató que la recurrente posee cinco inmuebles, de los cuales declara uno ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto del cual consigna rentas de primera categoría en el Impuesto a las Ganancias y en el período que nos ocupa; dos como casa-habitación: uno nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires y otro en Villa la Angostura, Provincia de Neuquén; mientras que declara otros dos con fines de recreo, los cuales se ubican en San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro y en Punta del Este, República Oriental del Uruguay.
Atento a que las rentas de primera categoría declaradas se correspondían únicamente al alquiler del inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área verificadora le requirió al contribuyente que aporte el papel de trabajo confeccionado a fin de determinar el valor locativo presunto de los restantes inmuebles. Mediante Multinota Impositivo F.206/1 (fs. 218 a 219 del Cuerpo Principal de las actuaciones administrativas que corren por separado en soporte papel), el contribuyente aportó papeles de trabajo correspondientes al cálculo del valor locativo presunto de los inmuebles sitos en Cerro Catedral, Bariloche, Río Negro y Nª 302, Aguas Azules, Punta del Este, República Oriental del Uruguay.
Por otra parte, aclaró que el inmueble ubicado en Villa la Angostura " constituye una vivienda familiar, que ocupo durante buena parte del año, viajando allí con regularidad y pasando estancias prolongadas en distintos meses del año."
Así las cosas, el personal fiscalizador le solicitó al contribuyente, mediante Requerimientos, que aporte la documentación que respaldara el criterio adoptado al considerar el inmueble sito en Villa la Angostura como casa- habitación. A su vencimiento, mediante acta en F. 8400 agregado a fs. 323 y 324 del Cuerpo Principal de los antecedentes administrativos, presentó fotocopias de facturas de consumo eléctrico, gas, teléfono y recibos de sueldo de personal doméstico, tal cual consta a fs. 354 a 422 de las ya referidas actuaciones administrativas. Adicionalmente, se le solicitó aportar el detalle y documentación relativa a deducciones de impuestos, gastos y amortización del inmueble en acta que se agrega a fs. 450 de las actuaciones administrativas, aportando el detalle de los mismos y fotocopias de la documentación de respaldo a fs. 476 y stes de aquellas.
Que en cuanto a la impugnación relativa a la renta presunta sobre inmuebles corresponde en primer término señalar que el Art. 41 de la Ley del Impuesto a las Ganancias establece “En tanto no corresponda incluirlas en el artículo 49 de esta ley, constituyen ganancias de la primera categoría, y deben ser declaradas por el propietario de los bienes raíces respectivos:...f) El valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. g) El valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado.”
A efectos de fijar el valor locativo el artículo 42 de la Ley de Impuesto a las Ganancias vigente para los períodos cuestionados expresaba “Se presume de derecho que el valor locativo de todo inmueble urbano no es inferior al fijado por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN o, en su defecto, al establecido por las municipalidades para el cobro de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. A falta de estos índices, el valor locativo podrá ser apreciado por la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA. En los casos de inmuebles cedidos en locación, usufructo, uso, habitación o anticresis, por un precio inferior al arrendamiento que rige en la zona en que los mismos están ubicados, la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA podrá estimar de oficio la ganancia correspondiente.”
Que el art. 56 del decreto reglamentario 1344/1998 define que “A los fines de lo dispuesto en los incisos f) y g) del artículo 41 de la ley, se considera valor locativo el alquiler o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o arrendase el inmueble o parte del mismo que ocupa o que cede gratuitamente o a un precio no determinado. ”
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
En este punto, cabe dejar constancia que el contribuyente no presentó otra documentación que la antes mencionada a fin de respaldar su manifestación respecto a su consideración del inmueble sito en Villa la Angostura, Provincia de Neuquén, como vivienda familiar, razón por la cual también sería procedente considerarlo como destinado al recreo y/o verano, juntamente con las propiedades ubicadas en la República Oriental del Uruguay y en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.
Cabe destacar que el artículo 38 del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, define a la casa habitación ocupada por el propietario, como aquella destinada a su vivienda permanente. Tal como lo sostuviera esta Sala al sentenciar el Expte. Nº 46.790-I (ya citado supra), surge claramente que por casa habitación debe entenderse aquella casa en la que el locatario tiene el propósito de habitarla con su familia, circunstancia que lleva implícito determinado grado de permanencia. Siguiendo ese orden de ideas, en el presente caso, no es posible considerar a la locación señalada como destinada a casa habitación dado que la misma no constituye el asiento estable del locatario y su familia sino que es utilizado con "regularidad" o en "estancias prolongadas" como él mismo manifestó.
Dicha situación fue corroborada a través del análisis de consumo eléctrico realizado por la fiscalización. A fs. 550 de los antecedentes administrativos obra una planilla que refleja los consumos del período comparado con el de períodos anteriores, observándose en algunos meses mayores consumos que en otros.
En función de lo expuesto, a fin de establecer el valor locativo presunto de los inmuebles en cuestión, la fiscalización circularizó a distintas inmobiliarias solicitándoles que indicaran el valor de alquiler de las tres propiedades.
Que en el período bajo fiscalización fue posible obtener únicamente una cotización para los inmuebles de Punta del Este y Bariloche, y teniendo en cuenta que dichos montos resultan inferiores a los determinados por el contribuyente, se tomó este último como valor locativo presunto.
Respecto al inmueble de Villa la Angostura, se realizó el promedio de las dos tasaciones recibidas conforme surge del Informe de Fiscalización a fs. 667 a 668 del Cuerpo Principal. Dichos montos fueron utilizados para calcular el valor locativo presunto, detrayendo de dichos valores únicamente los impuestos y tasas que gravan el inmueble y las amortizaciones.
Cabe señalar, que los fiscalizadores aclararon que al igual que lo actuado en las órdenes de intervención antecesoras, se consideraron los meses en que el contribuyente podría haber alquilado dichos inmuebles teniendo en cuenta que se trata de inmuebles para recreo y/o veraneo, es decir tres meses en el verano y uno en el invierno. A raíz de lo expuesto, se obtuvieron resultados positivos para los inmuebles sitos en Bariloche, Villa la Angostura y Punta del Este, los que se procedieron a incorporar en la declaración jurada del contribuyente como renta de primera categoría.
En cuanto a los argumentos de la recurrente por cuanto discrepa del cálculo realizado por el Organismo, argumentando en primer lugar, que coexiste un valor de mercado tanto para el inmueble ubicado en Villa La Angostura como para el ubicado en San Carlos de Bariloche y que debió considerarse una renta equivalente a un 5% de la valuación fiscal, cuestionando por falta de razonabilidad el criterio seguido por la fiscalización; cabe destacar que el artículo 56 del Decreto Reglamentario de la Ley del Gravamen dispone: "A los fines de lo dispuesto en los incisos f) y g) del artículo 41 de la ley, se considera valor locativo el alquiler o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o arrendase el inmueble...”
Para determinar la renta de primera categoría el fisco realizó una valuación técnica, consultando a distintos agentes inmobiliarios respecto al posible valor de alquiler de los inmuebles. Es decir, recurrió a operadores çompetentes del mercado en cuestión. Habida cuenta que se informaron diversas cotizaciones, la administración fiscal a efectos de mitigar las diferencias de cotización determinó un promedio de los valores informados, el cual fue utilizado para calcular el valor locativo presunto.
Tiene dicho la doctrina (Fernández, Luis Ornar. 'Tratamiento en el impuesto a las ganancias de algunas rentas producidas por inmuebles.", La Ley Online): “Por su parte el decreto reglamentario.., dispone que el valor locativo es 'el alquiler o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o arrendase el inmueble...; con lo cual el problema pasa a ser una cuestión de investigación y prueba de dicho valor. Entonces la responsabilidad del contribuyente será averiguar si existe tal valor en plaza y procurarse de los medios para probarlo en caso que el Fisco así lo requiera.”
Dicha situación no tuvo lugar en las presentes actuaciones; el contribuyente no aportó ninguna consulta efectuada a efectos de conseguir el valor de plaza, ni siquiera alguna que avale su suposición de que no existe valor de plaza.
Que, en lo atinente a los agravios de la recurrente tendientes a cuestionar la validez constitucional del artículo 38 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, cabe señalar que, atento la restricción jurisdiccional contenida en el art. 185 de la Ley 11.683, no es posible acoger el planteo que formula la apelante en ausencia de un pronunciamiento de la Corte que así lo declare.
Por otro lado, cabe referirse al agravio de la recurrente referido a que la Administración Fiscal no ha permitido la deducibilidad de ciertos gastos, relacionados con consumos -gas, electricidad, teléfono -, expensas y caseros (este último, en el caso del inmueble de Villa la Angostura).
Al respecto cabe traer a colación que el artículo 85 de la Ley del Impuesto a las Ganancias establece que de los beneficios incluidos en la primera categoría se podrán deducir los gastos de mantenimiento del inmueble. Por su parte, el artículo 60 del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias -texto vigente para el período en cuestión- el cual establece que: "Para determinar la ganancia neta, se deducirán de la ganancia bruta, siempre que correspondan al período por el cual se efectúa la declaración: "a) los impuestos y tasas que gravan el inmueble, estén pagados o. no (contribución inmobiliaria o gravámenes análogos, gravámenes municipales, tasas de obras sanitarias, etc.); "b) las amortizaciones de edificios y demás construcciones y 198 gastos de mantenimiento, de acuerdo con las normas establecidas en los artículos 83 a 85 de la ley y por esta reglamentación, sin perjuicio de las amortizaciones de los bienes muebles [art. 59, inc. e), de este reglamento], de conformidad con las disposiciones del artículo 84 de la ley; "c) los intereses devengado por deudas hipotecarias y, en su caso, los intereses contenidos en las cuotas de compra de inmuebles a plazos, de pavimentación o de contribución de mejoras, pero no la amortización incluida en los servicios de deuda;"d) las prima de seguros que cobran riesgos sobre los inmuebles que produzcan ganancias”
Que en función de lo normado en el artículo citado y en función de los elementos aportados por el contribuyente, la inspección actuante confeccionó un papel de trabajo en donde surge que se tuvo en cuenta al momento de determinar el valor locativo de los inmuebles involucrados en el ajuste, la deducción de aquellos conceptos respecto de los cuales el contribuyente aportó documentación de respaldo y que resultan admitidos por las normas aplicables antes citadas.
Que por todo lo expuesto, resulta válido el procedimiento seguido por el Fisco Nacional para estimar el valor locativo presunto, tal como lo disponen los artículos 41 y 42 de la ley del impuesto como así también el artículo 56 de su decreto reglamentario.
Como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Cabe destacar que si bien este Tribunal, en virtud de lo dispuesto por el articulo 164 de la ley 11683 tiene "amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes..", es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica "llegar al extremo de reemplzar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de igualdad procesal" -CNACAF, Sala 2°, "Tamileyfú SRL", sentencia del 27/6/72-. En consecuencia, recordando que “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito” (cfr. CNCiv., Sala C - La Ley T.117:808, 11371-S), correspondiendo concluir que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones (arg. Art. 377 del C.P.C.C.N.), al no ser sustentados por actividad probatoria idónea, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las resoluciones apeladas en autos. Que atento lo expuesto precedentemente, corresponde confirmar este ajuste, con costas.
V. No habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VI. Que corresponde ahora analizar el aspecto infraccional en lo atinente al ajuste que resulta aquí confirmado. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente una multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental.
Dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago de impuestos y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
En tales condiciones, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente omitió ingresar el impuesto correspondiente, y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada.
No obstante ello, con relación al quantum de las multas aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así se observa que el Juez Administrativo fijó las mismas en el 70% del tributo determinado, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, razón por la cual se estima procedente reducir las mismas al mínimo legal previsto por el artículo 45 de la ley ritual. Las costas a la actora salvo en la proporción en que se reduce, aspecto este en el que se imponen por su orden.
VII. Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución determinativa del Impuesto a las Ganancias apelada en cuanto determina impuesto, accesorios y multa, esta última con la reducción al mínimo legal del artículo 45 de la ley ritual, conforme lo establecido en los Considerandos precedentes.
2. Revocar la resolución determinativa del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el Considerando IV a) de la presente.
3. Imponer las costas en proporción a los respectivos vencimientos, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto este en el que se imponen por su orden.
4. Ordenar a la AFIP-DGI que en treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente, a cuyo fin se facilitan las actuaciones administrativas, las que quedan a su disposición en la Mesa de Entradas de este Tribunal. Se deja constancia que el plazo acordado involucra el retiro y devolución de dichas actuaciones.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2021.12.21 13:21:19 ART Date: 2021.12.21 23:54:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.22 11:49:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.22 11:49:33 -03:00
Fin de la sentencia