Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 27.438-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad opuesta por las actoras, sin costas.
2Confirmar la Resolución N° 1253/16 (AD MEND), recaída en el expediente administrativo n° 12437-658- 2010, y en consecuencia, confirmar el cargo n° 462/10.
3Costas a las recurrentes.
I. Que a fs. 26/29 se presentan, mediante apoderado, la firma TRANSPORTES AUGUSTA S.P. LTDA y el agente de transporte aduanero SEBASTIÁN FERNÁNDEZ e interponen recurso de apelación contra la resolución 1253/2016 (AD MEND), de fecha 30/12/2016, por la cual se rechazaron las impugnaciones promovidas contra los cargos efectuados en relación a la destinación suspensiva de tránsito de importación que detallan. Realizan una breve reseña de los hechos que dieron origen a la formulación del cargo impugnado. Plantean la nulidad de todo lo actuado. Se expiden respecto a lo establecido en los arts. 312, 313 y 315 del C.A., refiriéndose a la eximición de su responsabilidad tributaria por el acaecimiento de un ilícito, explayándose sobre el alcance de la misma. Asimismo, encuadran el hecho en una causal de fuerza mayor. En subsidio, señalan que la mercadería era originaria del MERCOSUR solicitando en consecuencia se le otorgue tratamiento preferencial. Ofrecen prueba. Citan jurisprudencia y solicitan que se revoque la resolución apelada.
II. Que, a fs. 59/66, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por las actoras que no sean objeto de expreso reconocimiento. Manifiesta que no existe controversia en relación al robo de la mercadería ni a la denuncia policial formulada. Se refiere a lo normado en los arts. 311/315 y 638 del C.A., al planteo de nulidad, la Resolución 2336/1991 (ex ANA) y el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (A.T.I.T.) y la fuerza mayor o caso fortuito. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña en el mismo acto. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace el recurso, confirmándose el cargo con costas.
III. Que, a fs. 67, se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones. A fs. 76 se abre el período probatorio y, a fs. 88, se cierra y se elevan los autos a la Sala “F, quedando la causa en estado de dictar sentencia. Mediante PV-2021-37010356, se resuelve habilitar la tramitación de las presentes actuaciones.
IV. Que de las actuaciones administrativas SIGEA 12437-658-2010 se inician a fs. 1 con nota AA38/10/1103, presentada el 05/07/10, de donde surge la comunicación del robo por parte del A.T.A, a la Aduana de Mendoza. A fs. 2 obra el acta de denuncia policial; a fs. 3, el MIC/DTA n° 83755/10 y, a fs. 4, la Carta de Porte. A fs. 11 se eleva la denuncia. A fs. 16, obra la planilla de Aforo N° 375/2010 y se liquidan los tributos. A fs. 22/30, el A.T.A. y el transportista impugnan la referida liquidación. A fs. 145/159 se agrega el Dictamen N° 923/2016 y, a fs. 160/175, se dicta la resolución 1253/16 (AD MEND), mediante la cual se rechaza la impugnación interpuesta. A fs. 176/177, se informa la interposición del presente recurso.
V. Que en primer término corresponde tratar la excepción de nulidad articulada por las co actoras en tanto entienden que la resolución recurrida afectó la garantía de defensa en juicio o la regla del debido proceso. En tal sentido, cabe señalar, genéricamente, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, CNCAF.,Sala II , 9/10/96, entre otros).
En definitiva, la nulidad que se persigue carece de finalidad práctica y su declaración no procede pues se trataría de la nulidad por la nulidad misma.
Por lo tanto, cabe rechazar la nulidad articulada en este punto, pues las co actoras han tenido garantizada ante esta instancia la oportunidad de ofrecer y producir prueba, y ha quedado suficientemente resguardado su derecho de defensa.
VI. Que visto lo precedente, corresponde resolver a este Tribunal si se ajusta a derecho la resolución aduanera apelada, por cuanto no hizo lugar a la impugnación articulada, y determinar si las condiciones fácticas traídas a estudio pueden eximir de responsabilidad tributaria a la recurrente o si, por el contrario, corresponde confirmar el cargo formulado en dicho concepto por el incumplimiento al régimen de destinación suspensiva de tránsito. Es menester destacar que lo argüído como razón eximente de responsabilidad radica en el acaecimiento de un hecho ilícito que impidió el arribo de la carga a destino en el tiempo otorgado para ello por el servicio aduanero. Que, previo a analizar el cumplimiento de los mentados requisitos a los fines de determinar si el transportista y/o agente de transporte aduanero se encuentran exentos o no de responsabilidad, debe destacarse que de las constancias obrantes en las actuaciones, surgen los siguientes datos: la firma transportadora aquí recurrente, en fecha 5 de julio de 2010 anoticia a la autoridad aduanera sobre la existencia de una denuncia policial –de fecha 30/06/2010- por el supuesto robo de la mercadería comprometida en el particular régimen de destinación suspensiva, el que habría tenido lugar el 28 de junio de 2010 (conf. fs. 2 ref. act. adm.) razón por la cual no podría cumplir con una de las obligaciones principales del mismo: arribar en el tiempo acordado a destino. Sentado ello y a los fines de dar respuesta al comenzar el considerando en desarrollo, corresponde traer a colación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Tevelam S.R.L. C/ DGA (TFN 22427-A)”, resuelto el 11 de diciembre de 2012, donde fijó pautas interpretativas para analizar cuestiones como la aquí traída a debate.
Centralmente, el Alto Tribunal sostuvo que si el beneficiario del régimen comunicó el siniestro a la aduana conforme lo establecido en el art. 308 del C.A., no habiéndose desacreditado por la Administración el hecho del robo con armas denunciado ni constatado o acreditado el incumplimiento de los deberes de custodia del transportista en su obligación primaria de arribar con la carga a destino cumpliendo con el régimen aduanero (v.
considerando 12), no corresponde condenarlo al pago de los tributos exigibles en los términos del art. 315, segunda parte del Código Aduanero.
El mencionado art. 308 del C.A. establece que: “Cuando algún siniestro produjere el deterioro, destrucción o pérdida irremediable de la mercadería sometida al régimen de tránsito de importación, la persona a cuyo cargo se encontrare en ese momento el medio de transporte debe dar aviso de inmediato al servicio aduanero y adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad de la mercadería y las condiciones que permitieren ejercer eficazmente el control aduanero”. (el resaltado me pertenece)
En base a la jurisprudencia señera y al precepto normativo que enmarca obligaciones primarias de quienes desarrollan la actividad comercial del transporte, resta analizar si los hechos alegados y la prueba colectada pueden enmarcar conforme lo resuelto por la Corte Suprema en el referido presente “Tevelam”.
No caben dudas que una comunicación expedita tanto a las autoridades aduaneras como policiales es determinante para que la aduana pueda ejercer eficazmente el control aduanero y para que las fuerzas de seguridad desplegar su accionar para recuperar la mercadería y dar con los autores del ilícito.
Es de destacar que, del marco fáctico del expediente traído a estudio surge que, la denuncia policial efectuada por el chofer fue realizada dos días posteriores de la sustracción, y cinco días después de ello se puso en conocimiento de lo sucedido al servicio aduanero. En definitiva, el A.T.A. tardo 7 días en comunicar al servicio aduanero el robo ocurrido.
La inmediatez a la que refiere el art. 308 para poner en conocimiento de lo sucedido al servicio aduanero y que recepta el caso “Tevelam” no puede superar razonablemente las 24 horas, por lo que claramente, las 48 horas aproximadas desde el hecho y la comunicación denotan una afronta al concepto de inmediatez (que “sucede enseguida” según la Real Academia de la Lengua Hispana) que incorporó el legislador para dar sentido práctico a lo normado en el art. 308 del C.A.
En síntesis, no se cumplió con el precepto establecido en el art. 308 del C.A. y, en consecuencia, con lo dicho por la Corte en “Tevelam”.
Sobre el punto, corresponde resolver en el mismo sentido en que lo hiciera esta Sala, por mayoría, con fecha 12/6/2014 en el expediente N°27.438-A caratulado “ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación” y su acumulado, expediente N° 27.502-A caratulado “THONE FEDERICO S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación” -entre otros-, donde se estimó que la inmediatez a la que se refiere el art. 308 del C.A. no puede superar las 24 horas. Lo que entiende acertado, máxime si se tienen en cuenta los avances tecnológicos en materia de comunicación, desde la sanción del Código Aduanero vigente desde 1981.- En efecto, téngase en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, si bien ha centrado su análisis doctrinario en la presunción de diligencia del sujeto activo de la obligación tributaria y, consecuentemente, en cabeza de quién recae la carga de la prueba en miras a desacreditarla, es clara e incuestionable -al referirse elípticamente a la obligación inserta en art.308 del C.A.- que “si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades en los términos del art.308 del Código Aduanero, no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del art.315...” (el destacado me pertenece) por lo que, dicho precedente es perfectamente aplicable a contrario sensu al caso de autos para concluir que el cargo efectuado por el servicio aduanero resulta conforme a derecho .-
De esta manera, no cabe sino concluir que se ha incumplido con la obligación descripta en el art. 308 del C.A., citado precedentemente. Por ello, la determinación tributaria debe ser confirmada.
VII. En cuanto a la aplicación del régimen preferencial, respecto del agravio de las co actoras referido a que al formularse el cargo, la aduana no consideró el origen chileno de la mercadería cuestionada , y le exigió el pago de los tributos a la importación para consumo por el régimen general, siendo que a dicha operación le sería aplicable el régimen preferencial establecido por el Mercosur, corresponde señalar que, en virtud de que el certificado de origen es el documento necesario para acreditar el origen de la mercadería del que deriva el beneficio del tratamiento arancelario preferencial invocado, y atento a que en la causa no existe constancia de la emisión de dicho documento que ampare la mercadería en trato, corresponde rechazar el planteo efectuado al respecto.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de nulidad opuesta por las actoras, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N° 1253/16 (AD MEND), recaída en el expediente administrativo n° 12437-658- 2010, y en consecuencia, confirmar el cargo n° 462/10.
3. Costas a las recurrentes.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. Gonzalez Palazzo por encontrarse vacante la vocalía de la 18° Nominación.
Date: 2021.04.30 11:32:40 -03:00 Date: 2021.04.30 13:38:00 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.04.30 13:38:01 -03:00
Fin de la sentencia