Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la incompetencia del Tribunal para entender en estos autos. Costas por su orden, atento la naturaleza de la cuestión analizada y la forma en la que se resuelve.
I.– Que se presenta la firma AEROHANDLING S.A – CUIT N° 30-69315044-9, a través de IF-2019-78062225-APN- DTD#JGM, e interpone recurso de apelación por denegatoria de repetición en los términos del art. 76 inc. b) de la ley 11.683, contra la resolución N° 053/2019 – AFIP – DGI, mediante la cual se rechazó el reclamo de repetición entablado conforme lo previsto en el art. 81 de la mentada ley. Manifiesta que el día 23 de marzo de 2018 presentó declaraciones juradas rectificativas por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta e Impuesto a las Ganancias, ambas por el período fiscal 2014.
Expone que las DDJJ rectificativas fueron motivadas por una revisión en los registros contables provisorios de los que se sirvió para la presentación de la declaración jurada originaria. Consecuentemente, expresó que de ese escrutinio resultó “un importe de impuestos superior al que correspondía ingresar considerando los balances que efectivamente fueron aprobados y auditados…”.
Sostiene que la presentación de las DDJJ rectificativas, que arrojan un monto inferior al pagado, revisten la naturaleza de reclamo de repetición por lo abonado en exceso y que, en el caso, la modificación de la situación fiscal no obedeció a errores de cálculo sino a la contabilidad provisoria antes mencionada.
Funda su pretensión en derecho, cita doctrina y jurisprudencia en respaldo a su postura, acompaña y ofrece prueba, formula reserva del caso federal y finalmente, solicita que se revoque la resolución del organismo fiscal y se ordene la restitución de la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 1.435.054,17), con más intereses, actualización y costas.
II.– Que mediante IF-2019-98805153, con fecha 4/11/2019 el fisco nacional contesta el traslado que le fue conferido. Remarca los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al dictado del acto administrativo denegatorio de la repetición intentada por la recurrente. En ese sentido relata que para constatar la real capacidad contributiva de AEROHANDLING S.A., haciendo uso de sus facultades de verificación y fiscalización, libró la correspondiente orden de intervención, la cual inició el 16/10/2018.
Reseña que la firma fue sujeta a expropiación en virtud de la ley N° 26.466, que la declaró de utilidad pública. Señala que la empresa ingresó de esta manera a la esfera de control financiero externo del sector público por la Auditoría General de la Nación.
Argumenta que los estados contables de la empresa al 31/12/2014 no tuvieron el aval por parte de las autoridades de la misma y tampoco por los auditores, y que, en consecuencia, el fisco tampoco pudo validar las DDJJ con base en esos registros. Destaca el informe de auditoría del cual surgen estas consideraciones de hecho.
Acompaña documental e impugna la prueba informativa y pericial ofrecida por la contraria y, en subsidio, designa perito de parte. Plantea el caso federal.
Asimismo, solicita el rechazo del planteo de la actora, la confirmación de la resolución aquí impugnada y la expresa imposición de costas.
III. Que, mediante la PV-2021-60113932-APN-VOCIV#TFN se elevaron los autos a la Sala “B” y por IF-2021- 64149022-APN-VOCIV#TFN se llamaron los autos para dictar sentencia.
IV. Que la empresa actora se encuentra individualizada en el art. 1° de la Ley 26.466, norma que estableció que “A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 26.412, decláranse de utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme lo establece la Ley 21.499, las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas Optar Sociedad Anónima, Jet Paq Sociedad Anónima y Aerohandling Sociedad Anónima.”.
El artículo 2° de dicha ley dispuso que el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga, el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de las empresas mencionadas anteriormente, ejercerá desde el momento de entrada en vigencia de la Ley Nº 26.466 todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren en los términos de los artículos 57 y 59 de la Ley Nº 21.499.
A su turno, el artículo 3° de la citada ley 24.644 establece que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado para instrumentar los mecanismos necesarios a fin de cubrir las necesidades financieras de dichas empresas, con el propósito de garantizar la prestación de los servicios, su ampliación y mejoramiento.
Por su parte, el art. 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 establece que “Las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el sector público nacional, el que a tal efecto está integrado por:
a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
b) Empresas y sociedades del Estado que abarca a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté‚ a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades.
Que tal como se señala en los considerandos del Decreto 1191/2012, “Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, Austral Líneas Aéreas Cielos Del Sur Sociedad Anónima y sus empresas controladas integran el Sector Publico Nacional en los términos de la última parte del inciso b) del artículo 8° de la Ley Nº 24.156, como organizaciones empresariales regidas por el derecho privado en las que el Estado Nacional tiene participación mayoritaria en la formación de las decisiones societarias.”.
Por último, cuadra consignar aquí que el art. 1° de la Ley 19.983 prevé que “No habrá lugar a reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto de la reclamación no sea mayor de dos mil pesos ($2000). Cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de cien mil pesos ($100.000) y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se someterá a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación; la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes indicado. El Poder Ejecutivo podrá elevar los importes fijados en este artículo cuando las circunstancias lo hicieren aconsejables por razones de economía y expedición administrativa.
El Decreto 2481/93 que la reglamenta establece que “La tramitación de las reclamaciones interadministrativas previstas en la Ley N° 19.983 se efectuará, cualquiera fuere su monto, ante la Procuración del Tesoro de la Nación.”.
V. Que bajo las premisas normativas reseñadas precedentemente, resulta que el Tribunal Fiscal es incompetente para entender en la controversia de contenido pecuniario suscitada entre dos organismos que forman parte del Estado Nacional y que resultan encuadrarse en alguno de los tipos enumerados en el art. 8 de la referida Ley 24.156.
Conforme la doctrina emanada de la Procuración del Tesoro, para la configuración de un conflicto interadministrativo regulado por la Ley Nº 19.983, se requiere, ineludiblemente, la existencia de un reclamo concreto de deuda de dinero entre las partes, lo que constituye un rasgo tipificante de tales litigios (entre otros, Dict. 199:97; 207:222; 211:364; 247:516).
Que el objeto de la presente causa es un recurso de apelación por denegatoria de repetición en los términos del art. 76 inc. b) de la ley 11.683 por medio del cual la firma AEROHANDLING S.A pretende la restitución de parte de la AFIP-DGI de la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 1.435.054,17), con más intereses.
Además resulta que el Estado Nacional ejerce el control operativo de la empresa recurrente y de las decisiones societarias de conformidad con la Ley 26466, integrando así el Sector Público Nacional de conformidad con el inciso b) del artículo 8 de la Ley 24156. Y por su parte, la AFIP-DGI es una entidad autárquica del Estado Nacional (conf. arts. 1° y 2° del decreto 618/97).
De lo expuesto, cabe concluir que nos encontramos frente a un proceso consistente en una reclamación pecuniaria (reclamo concreto de una suma de dinero) entre dos entes que integran el Sector Público Nacional, circunstancia a la que se refiere la Ley 19983, la cual prevé que en estos casos la contienda interadministrativa debe ser resuelta por el Procurador del Tesoro de la Nación o por el Poder Ejecutivo Nacional, según el monto en disputa.
Sobre la competencia, se ha pronunciado por mayoría la C.N.C.A.F. Sala IV en los autos “AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS CIELOS DEL SUR SA”, del 15/12/2011 al expresar que “…desde antaño la Corte Suprema ha sostenido que los diferendos entre entidades dependientes de un superior jerárquico común están excluidos, en principio, de la decisión judicial y que, si bien tal doctrina es de especial pertinencia para las distintas reparticiones de un mismo departamento gubernamental, en razón de la común gestión de los asuntos propios de su competencia institucional, es también factible en caso de una jefatura única de las entidades afectadas (Fallos:325:2888, entre otros). Con el fin de resolver este tipo de contiendas, en el orden nacional la ley 19.983 establece dos requisitos fundamentales para su aplicación: a) que se trate de un conflicto pecuniario, cualquiera sea su naturaleza o causa y b) que se suscite entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas. De darse ambos, la contienda interadministrativa debe ser resuelta por el Procurador del Tesoro de la Nación o por el Poder Ejecutivo Nacional, según el monto en disputa. Ello resulta así por tener los organismos entre los que se suscita el conflicto un superior común y porque las causas repercutirán necesariamente en el patrimonio del Estado.”. Que en virtud de lo expresado hasta aquí, SE RESUELVE:
Declarar la incompetencia del Tribunal para entender en estos autos. Costas por su orden, atento la naturaleza de la cuestión analizada y la forma en la que se resuelve.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese Date: 2021.08.25 13:12:45 ART Date: 2021.08.25 18:51:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.08.25 19:50:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.08.25 19:50:37 -03:00
Fin de la sentencia