Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción efectuado por la actora respecto de los períodos 12/2010 a 7/2011; con costas.
2Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 36/50 se interpone recurso de apelación contra la resolución 21/2018 (DV MRRl), de fecha 22/3/2018, dictada por el Jefe de División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Microcentro por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto al Valor Agregado 12/2010 a 07/2011 y 04/2013, con mas intereses resarcitorios y aplica multa con fundamento en art. 46 y 47 inc. a) y b) Ley 11.683. Que, en primer lugar, plantea la prescripción para los periodos fiscales 12/10 a 07/2011. Señala que para tales periodos el inicio del cómputo de la prescripción tuvo lugar el 1 de enero de 2012. En consecuencia, señala que aquella operó a la medianoche del 1 de enero (es decir, a las cero horas) del año 2017. Esto es, dice, con anterioridad al dictado de la vista y el inicio del procedimiento del sumario.
Señala sobre la incidencia de la Ley N° 26.860 en el curso de la prescripción de las acciones de la AFlP-DGI para llevar adelante cualquier reclamo de los periodos fiscales 12/2010 a 07/2011, que esta norma no provocó la suspensión de su término en el caso bajo análisis. En este sentido, entiende que la Ley N°26.860 contempla una causal de suspensión en su artículo 17 que no resulta aplicable a este caso pues sostiene que en los debates parlamentarios que precedieron a su vigencia, se dejó aclarado que la causal de suspensión contemplada, aplicaba en forma "general", es decir respecto de todos los tributos, pero alcanzando solamente a quienes ingresaran en el régimen de la misma.
Manifiesta que es evidente que no subsiste en el sub examine cuestión objeto de reclamo, sino que el planteo -sin perjuicio de ser absurdo y arbitrario-devino abstracto, por carecer el Fisco -producto del acaecimiento de la prescripción- de interés económico jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el pronunciamiento a dictarse. De modo que corresponde revocar íntegramente la vista y el inicio del procedimiento del sumario, por haber operado la prescripción de las facultades de AFIP-DGI respecto de los periodos 12/2010 a 07/2011. Afirma que los proveedores que se busca impugnar son TERNI S.A y SERVICIO BRAGADO S.A, siendo ambos proveedores de maíz partido, que cumplen con los requisitos de calidad necesaria para realizar la actividad de la recurrente.
Manifiesta que como expresa la resolución y se puede ver en el expediente cuerpos Proveedores Servicios Bragado S.R.L. y Terni S.A. 1 a IV, se aportaron todos los elementos que hacen a la cuestión, remitos de traslado de mercadería comprada, recibos de pago, facturas emitidas por los proveedores, medios de pago, extractos bancarios y consultas de CAI de cada una de las facturas emitidas. Dicho documental se constató con la información brindada por el Banco Credicoop no generándose ninguna inconsistencia de acuerdo a lo que surge de la resolución y en los Cuerpos Cheques 1 a IV del expediente.
Señala que a pesar de toda la documentación aportada por la recurrente, por el Banco Credicoop y la respuesta que se brindó tanto en el marco de la inspección como en el de a determinación, en la cual se expuso que la actora realizo todos los procedimientos que se encontraban a su alcance para acreditar la veracidad de las operaciones, se busca impugnar los créditos fiscales, justificando dicha impugnación en que TERNI SA no contesto los requerimientos del fisco y entendiendo por ello que no resultan veraces las operaciones, que la encartada manifiesta haber celebrado con TERNI S.A En lo relativo al proveedor Servicios Bragado SRL sostiene que la repartición induce que no hay nexo de causalidad entre la documentación y la real operatoria, entendiendo que toda la documentación presentada (facturas, remitos, recibos, Cuit activa, CAl vigente, consultas en la base apoc y cheques) por la recurrente, solo hacen a la cuestión formal y no material de la misma. En el marco de la inspección se acepta que el maíz partido que Terni S.A y Servicio Bragado S.R.L fue utilizado para alimentara las Pollas por lo cual no se ajusta en el impuesto a las ganancias.
Alega que hay que tener en cuenta que el informe final de la inspección, fojas 47 a 65 del cuerpo principal de IVA, establece que los pagos se realizaron por cheques, que los mismos se encuentran debitados de las cuentas corrientes en el Banco Credicoop, encontrándose canceladas las facturas, también se establece que' del análisis de los remitos aportados por la firma, en los mismos obran datos de los camiones que transportaron la mercadería, de sus chóferes, como así también se observa quienes son las personas que recibieron la mercadería. Respecto a los receptores de la mercadería se pudo identificar a los mismos, dejándose constancia que según consulta a la base de datos del Organismo se trata de empleados de Globoaves Argentina S.A Sostiene que la contabilidad de GLOBOAVES ARGENTINA SA de acuerdo a lo constatado por la AFIP, es otro medio de prueba de que no corresponde impugnar las operaciones con dichos proveedores, dado que si se impugnan las mismas, se estaría vulnerando la seguridad jurídica y por ende el comercio, dado que el fisco podría impugnar la misma "per se" y así impugnar los gastos o los créditos fiscales como en este caso.
En cuanto a la aplicación de multa sostiene que se le imputa defraudación tributaria, para lo cual necesariamente tiene que existir dolo o malicia siendo este el elemento subjetivo requerido. Algo que no solo no está probado en el expediente administrativo sino todo lo contrario, en el mismo se puede verificar que se realizaron todos los controles necesarios para validar a los proveedores y se consta de toda la documentación respaldatoria de una compra válida de maíz o maíz partido, dependiendo el caso. No existió dolo, malicia o algún ardid para ocultar o engañar al fisco con respecto a los tributos verificados en la inspección.
Subsidiariamente solicita que de mantenerse la pretensión fiscal se reclasifique la conducta imputada a omisión de impuestos del articulo 45 de la Ley 11.683 y a la hora de graduar la misma se tenga en cuenta la aplicación de la reducción en dos tercio del mínimo legal ya que la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que las infracciones previstas por la Ley 11.683 son materia penal y que los contribuyentes gozan, como todos los habitantes de la Nación, de la garantía constitucional de inocencia previstá por el artículo 18 de la Constitución Nacional. No cabe por tanto invertir la carga de la prueba en materia infraccional tributaria.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 60/80 contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirme el acto apelado, con costas.
Señala que como consecuencia de la verificación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias dispuesta por esta Administración Federal de Ingresos Públicos en uso de las atribuciones que le son propias -llevadas a cabo por personal fiscalizador de la Dirección General Impositiva-, se detectó que la rubrada declaró, en el impuesto y períodos fiscales detallados ut supra, créditos fiscales vinculados a operaciones inexistentes respecto de los supuestos proveedores de maíz partido TERNI S.A. y SERVICIOS BRAGADO S.A., siendo de aplicación el artículo 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones). Sostiene que el período fiscal ajustado más antiguo data del mes de diciembre del año 2010, con vencimiento en 01/2011, por lo tanto el plazo de prescipción comenzaría a correr el día 01/01/2012. Pero, agrega, como es de público y notorio, el día 3 de junio de 2013 fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.860 -que estableció un nuevo régimen de regularización-, siendo que. en su artículo 17 el legislador dispuso la suspensión con carácter general por término de un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos en idénticos términos a los previstos en el artículo 44 de su antecesora N° 26476. De esa forma, el plazo prescriptivo se prolongó hasta el día 01/01/2018, fecha en que hubiera fenecido de no haber sido notificada previamente la resolución de vista del procedimiento de determinación oficiosa de tributos, hecho que acaeció en autos con fecha 9/11/2017.
Alega que en relación al argumento esgrimido en esta etapa referido al hecho que el Organismo aceptó la deducción del gasto en el Impuesto a las Ganancias y ajustó el crédito en el IVA, señala que ello fue así en virtud que el Juez Administrativo tuvo por constatado que el gasto resultó coincidente a los efectos de mantener y conservar la fuente gravada, mas no justificado para computar el crédito en el régimen del IVA.
Sostiene que el área revisora ratifica que si bien es cierto que el gasto fue real porque el bien existió, no se verifican en el caso, los requisitos previstos por el artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para admitir el cómputo de los créditos fiscales provenientes de las operaciones de compra que GLOBOAVES dice haber celebrado con los proveedores TERNI S.A. y SERVICIOS BRAGADO S.R.L., entre los cuales se encuentra que la factura o documento equivalente haya sido emitido por quien efectivamente realizó el hecho o acto jurídico que generó la obligación tributaria; sumado a ello que -además- para que la documentación respaldatoria sea idónea para habilitar el mentado cómputo, la misma debe ser válida tanto desde el punto de vista formal como material, es decir, que no sólo debe reunir los requisitos formales previstos por las normas reglamentarias dictadas por este Organismo, sino que tienen que reflejar la real operación económica que pretenden documentar, lo cual no fue acontecido en las presentes actuaciones, dado que se observó que los bienes facturados que dice haberle vendido los proveedores antes citados,, no fueron efectivamente vendidos por los mismos.
Alega que constatado el hecho que TERNI SA y SERVICIOS BRAGADO SRL no pudieron proveer lo que facturaron, y siendo dichos documentos el respaldo del crédito fiscal que se computa la encartada, no procede su admisión cómo tal, en función a lo establecido en el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. en 1997 y sus mod.)
Señala los serios indicios que tuvo en cuenta su mandante para tachar de inhábiles a los fines de este impuesto a los comprobantes emitidos por los proveedores TERMI SA y SERVICIOS BRAGADO SRL y en consecuencia impugnar los créditos fiscales computado por la recurrente en sus DDJJ y la posterior determinación de oficio del Impuesto al Valor agregado no fueron rebatidos por la actora, quedándose en meras manifestaciones sin sustento, dado que no aportó ningún medio de prueba conducente para probar sus dichos.
En cuanto a los intereses resarcitorios liquidados manifiesta que la recurrente no ha cuestionado su exigibilidad y cuantía, consecuentemente sostiene que este tribunal lo deberá tener presente al momento de sentenciar, toda vez que en el caso de autos no se ha hecho otra cosa que aplicar el art. 37 de la ley procedimental. Por último, considera que la sanción aplicada resulta procedente y correctamente ponderada en la resolución apelada, por lo que solicita su confirmación.
III. Que A fs. 101 se dispuso diferir el tratamiento de la excepción de prescripción respecto de los períodos fiscales 12/2010 al 7/2011 para ser resuelta junto con el fondo del asunto y atento no existir prueba a producir, se elevaron los autos a consideración de la sala “B”; la que a fs. 106 llamó los mismos a sentencia.
IV. Que en principio corresponde expedirse con relación al planteo de prescripción efectuado por la actora y analizar si la acción del fisco para determinar tributos y aplicar sanciones, se encuentra prescripta de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la ley 11.683.
Que, la ley 11.683, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por otro lado el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Cabe dejar sentado que conforme se desprende de las constancias de autos el período fiscal ajustado más antiguo data del mes de diciembre del año 2010, con vencimiento en Enero/2011, por lo cual el plazo comenzaría a correr el día 01/01/2012.
Que, teniendo en cuenta lo indicado supra, corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción.
Que la Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) en su artículo 17 dispuso: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. En cuanto al planteo que efectúa la actora con relación a las manifestaciones vertidas por algunos legisladores durante el debate en la Cámara de Diputados de la que terminara siendo la Ley 26860, cabe recordar que nuestro Alto Tribunal ha señalado "Que, de conformidad con el criterio expuesto por esta Corte en Fallos: 120:372, debe suponerse que las comisiones parlamentarias estudian minuciosa y detenidamente en su fondo y forma los asuntos que despachan, por lo cual sus informes orales o escritos tienen más valor que los debates en general del Congreso o las opiniones individuales de los legisladores (Fallos: 77:319; 141 U.S. 268; 166 U.S. 290) y constituyen una fuente legítima de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51 y 337; 114:298; 115:186; Sutherland y Lewis Statutes and Statutory Construction, párrafo 470, segunda edición 1904 y numerosos fallos allí citados, entre ellos 143 U.S. 457 y 192 U.S. 470).”
“Es por ello, que frente a una disparidad de opiniones deberá adquirir relevancia la voluntad expresada por quienes sometieron el proyecto de ley a la consideración de los restantes integrantes del Parlamento, como así también la instrumentación finalmente plasmada en el texto aprobado.” (CSJN, in re “Hermitage S.A. c/Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - ley 25063 s/proceso de conocimiento”, sentencia del 15/06/2010).
De esa forma, el plazo prescriptivo se prolongó hasta el día 01/01/2018, fecha en que hubiera fenecido de no haber sido notificada previamente la resolución de vista del procedimiento de determinación oficiosa de tributos, hecho que acaeció en autos con fecha 9/11/2017.
Que, siendo ello así, cabe recordar que el artículo agregado a continuación del art. 65 establece “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir los impuestos por los períodos fiscales citados precedentemente y aplicar sanciones, no se encontraban prescriptas a la fecha del dictado de la resolución que diera origen al procedimiento determinativo ni al momento del dictado del acto determinativo recurrido.
Por ello se resuelve, no hacer lugar al planteo de prescripción incoada por la actora. Con costas.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada y que fue autogenerada por el equipo de Investigación atento la actividad desarrollada por la contribuyente (Producción de huevos) y por superar los $ 10.000.000 de ventas. Que al respecto, la División Investigación le solicitó, a la firma distinta documental entre la que se encontraban los Libros de IVA Compras e IVA Ventas en los cuales visualizaron distintas operaciones con proveedores, entre los cuales figuraba la firma Terni S.A. — C.U.I.T. N° 30-71026632-4, quien se encuentra incluida en la Base de datos E-apoc. En razón a ello el personal actuante de la División Fiscalización N° 3 con fecha 04/06/2015, en el marco de la O.I. N° 1.340.882, le notificó un requerimiento - con vencimiento 18/06/2015 — a la recurrente solicitándole al efecto que exhibiera y/o aportara, entre otros elementos, los libros contables y societarios de IVA Venta e IVA Compras con las registraciones actualizadas; Estados Contables al 30/06/2011 debidamente certificados; F. 20611 con el detalle de la actividad, domicilios, integrantes con número de D.N.I. y domicilios, detalle de los principales proveedores y clientes; y detalle de las cuentas bancarias con las que opera la administrada (ver foja 5 del Cuerpo de Impuesto a las Ganancias I).
Los fiscalizadores procedieron a relevar los libros exhibidos por la recurrente y a volcarlos en el F. 8053 obrante a foja 38 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias I.
Con fecha 18/06/2015 mediante F. 8400 N° 0740002015039820701 el Sr. Fernandez Bartolome, Alfredo Emilio en su carácter de apoderado de la contribuyente contestó el requerimiento labrado oportunamente, aportando el Balance cerrado el 30/06/2011, entre otros elementos, y F. 206/1 Multinota Impositivo firmado por el Presidente de la firma, en la cual -entre otras cuestiones-detalló a los 10 principales proveedores del ejercicio 2011. En el acto se le notificó un nuevo requerimiento mediante F. 8600/1 N° 0740002015039820304 en el cual se le solicitó, entre otros elementos, el detalle de las operaciones realizadas con la firma Servicios Bragado S.R.L. - C.U.I.T. N° 30- 71031279-2 por los períodos no prescriptos adjuntando la documentación de respaldo (ver fojas 382 a 385 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias II).
En consecuencia, el día 29/08/2016 se labró el F. 8400 N° 0740002015039820601 en el cual se dejó constancia de que la firma cumplió el requerimiento mencionado adjuntado F. 206/1 Multinota Impositivo con el detalle de las operaciones celebradas con la sociedad Servicios Bragado S.R.L. y con la documentación de respaldo (ver fojas 386 a 388 Cuerpo Impuesto a las Ganancias II).
El mismo día se le notificó al Sr. Fernández Bartolomé, el F. 8600/1 N° 0740002016052811004 en el cual se le requirió, entre otros elementos, que exhiba los libros contables y societarios, IVA Ventas e IVA Compras y el detalle de los cheques utilizados para la cancelación de las operaciones realizadas con la firma Terni S.A. junto con la documentación de respaldo (ver foja 389 deI Cuerpo Impuesto a las Ganancias II).
Cabe señalar que tras la revisión del Libro I.V.A. - Compras aportado por la responsable, el personal fiscalizador observó que la administrada tiene registradas operaciones con los proveedores Terni S.A. - C.U.I.T. N° 30- 71026632-4 y Servicios Bragado S.R.L. - C.U.I.T. N° 30-71031279-2, que se hallan incluidos en la base de datos E-apoc, razón por la cual correspondería impugnarse los créditos fiscales computados por la encartada en sus declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado - períodos fiscales 12/2010 a 07/2011 y 04/2013.
Con fecha 14/09/2016 los fiscalizadores se apersonaron en el domicilio fiscal de la administrada siendo atendidos por el Sr. Mario Daniel Founburg -en su carácter de autorizado según F. 3283 obrante en las actuaciones-, quien aportó dos F. 206/1 Multinota Impositivo que se encuentran firmados por el Presidente, contestando lo solicitado por la fiscalización y aportando entre otras cosas, las facturas de compras con los proveedores Terni S.A. y Servicios Bragado S.R.L., juntamente con los remitos y/o cartas de porte, recibos de pago, ordenes de pago y extractos de bancos de las operaciones. Asimismo adjuntó copia del Libro IVA Ventas correspondiente a 01/2011 y 06/2011 (ver fojas 426 a 429 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias III).
Asimismo con fechas 23/09/2016 y 28/09/2016 mediante F. 8400 N° 0740002016061223601 y N° 0740002016062413401, respectivamente, el referido autorizado, Sr. Mario Daniel Founburg, procede a inicialar toda la documental aportado por la contribuyente en referencia a los proveedores Servicios Bragados S.R.L. y Terni S.A. y procede a exhibir los libros societarios (ver fojas 1 a 17 del Cuerpo I.V.A. ).
Atento lo expuesto precedentemente los fiscalizadores armaron un cuerpo especifico de toda la documental - obrante a fojas 23 a 710 del cuerpo identificado como Proveedores Servicios Bragado S.R.L. y Terni S.A. I a IV referente a los proveedores cuestionados en las presentes actuaciones.
Con la documentación recabada los fiscalizadores con fecha 21/02/2017, circularizaron al Banco Credicoop Cooperativo Limitado, a los efectos de solicitar copias fieles de los extractos bancarios, como así también de las copias certificadas del frente y dorso de los cheques de los Proveedores observados. Asimismo con fechas 17/04/2017 y 12/05/2017, la institución bancaria aportó lo solicitado, lo cual obra en los Cuerpos identificados como Cheques I a IV.
Cabe referirse sucintamente a cada uno de los proveedores que se cuestionan, detallándose en forma pormenorizada las tareas realizadas por las diversas dependencias del Organismo Fiscal y las conclusiones a las que se ha arribado con relación a cada uno de ellos.
En primer término con relación al proveedor observado Terni SA. C.U.I.T. N° 30-71026632-4, se observa que se encuentra incluido en la base de datos e-apoc del Organismo - CON IRREGULARIDADES EN LA CADENA DE COMERCIALIZACION-, cuya carga fue efectuada con fecha 28/12/2012, por la Dirección Regional Rosario, atento a que se han verificado los parámetros establecidos por las normas internas de la Administración Federal de Ingresos Públicos que así lo encuadran (ver fojas 1/32 Cuerpo Apoc Proveedor Terni S.A.).
El mismo ha declarado como actividad, la Venta al por Mayor -en Comisión o Consignación de Cereales (C.l.I.U. N° 511.111)y como otra actividad, la prestación de Servicios de almacenamiento y Depósito (C.l.l.U. N° 632.000). Asimismo cabe señalar que posee la C.U.I.T. inactiva.
No obstante el informe realizado por la Dirección Regional Rosario, la División Fiscalización N° 3 dependiente de la Dirección Regional Microcentro como tarea adicional trató de ubicar a la firma tanto en el domicilio fiscal sito en Ruta N° 9 KM. 383,5 - Cañada de Gomez— Provincia de Santa Fe, como en los domicilios alternativos sitos en Libertad N° 722 -Cañada de Gomez— Provincia de Santa Fe; Ocampo N° 1058 -Cañada de Gomez— Provincia de Santa Fe; Alvear N° 844 2° C —Río Cuarto-Córdoba y Sarmiento N° 635 P.B. -Alta Gracia Santa Maria-Córdoba, por medio de cartas certificadas con aviso de retorno, en las cuales solicitó que detallen todas las operaciones realizadas con la firma Globoaves Argentina S.A. en los períodos fiscales 01/2010 a 12/2011, indicando fecha, factura, tipo de bienes y/o servicios, etc, y aportando la documentación respaldatoria; forma de cancelación, documentación respaldatoria, y nota indicando actividad que desarrolla, domicilios, cuentas bancarias, integrantes de la sociedad y principales proveedores y clientes, siendo dable destacar que todas ellas fueron devueltas por el Correo Argentino con la leyenda que "Plazo vencido/No reclamado". (ver fojas 40 a 54 del Cuerpo Apoc Proveedor Terni S.A.).
Además circularizaron al Sr. Santi David Augusto y al Sr. Bolzari Mauro Emmanuel, supuestos integrantes de Terni S.A., quienes no dieron respuesta alguna al vencimiento del plazo otogado (vide fojas 47/49 y 77/80 del Cuerpo Apoc Proveedor Terni S.A.).
Asimismo se solicitó información el Sr. Fenoglio Jesús María - C.U.I.T. N° 20-17948891-5 por tratarse de la imprenta que realizó la impresión de las facturas aquí cuestionadas. Con fecha 10/03/2017 se presento F. 206/1 Multinota impositivo en el cual se adjuntó toda la documentación solicitada por este Organismo (ver fojas 55 a 76 del Cuerpo Apoc Proveedor Terni S.A.).
A lo que cabe agregar que conforme surge de las actuaciones administrativas y del informe relativo al proveedor Terni SA obrante a fs. 2/32 del Cuerpo Apoc Terni SA corresponde señalar que la fiscalización actuante detectó que habría intermediado en la compra venta de cereal, adquiriendo cereal a operadores que presentan irregularidades en su capacidad operativa, la mayoría del cereal comercializado no habría ingresado a su planta de acopio, ya que recibió y emitió una cantidad escasa de cartas de porte en comparación a los kilogramos operados. Emitió certificados de depósitos (C1116A) sin que el cereal hubiese ingresado a la planta de acopio. Se visitó la planta del acopio el 27/05/2010, y en la misma no existía movimiento de camiones y no había existencia de cereal.
De los trabajos de auditoria efectuados se concluye que la firma fiscalizada tendría como única actividad, la adquisición de cereal marginal a proveedores Apoc, para proceder luego a su “blanqueo” en nombre propio. En razón de esos elementos, es que "prima facie" el personal fiscalizador consideró que no resultan veraces las operaciones, que la encartada manifiesta haber celebrado con TERNI S.A..
En lo que respecta al proveedor Servicios Bragado SRL - C.U.I.T. N° 30-71031279-2, es menester poner de resalto que se encuentra incluido en la base de datos e-apoc del Organismo - SIN CAPACIDAD ECONÓMICA-, cuya carga fue efectuada con fecha 10/12/2013, por la Dirección Regional Mercedes, atento a que se han verificado los parámetros establecidos por las normas internas de la Administración Federal de Ingresos Públicos que así lo encuadran (ver fojas 1 a 300 y 315 del Cuerpo Apoc Proveedor Servicios Bragado S.R.L. y Actuación N°11940-73-2017).
Que la contribuyente declara como actividades ante ese Organismo la de Venta al por Mayor en Comisión o Consignación de Cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras, excepto semillas (C.l.l.U. N° 461.011), la prestación de Servicios de transporte automotor de mercaderías a granel NCP (C.l.l.U. N° 492.229) y la de Servicios de almacenamiento y Depósito NCP (C.l.l.U. N° 522.099), entre otras.
Que del informe realizado por la Dirección Regional Mercedes se desprenden las tareas practicadas por el personal actuante en dicha Dirección Regional como así también las conclusiones arribadas, las cuales se exponen a continuación: 1) No se logró identificar la sede administrativa de la firma; 2) Se verificó el no funcionamiento de las plantas de silos que declara como propias y/o alquiladas; 3) Localizada una de las socias de la firma, ha desconocido totalmente la actividad de la misma. El otro socio informa un domicilio en el cual no reside y el cual no pudo encontrarse; 4) Durante el año 2010 y los primeros meses de 2011, los movimientos declarados en el Impuesto al Valor Agregado son de escasos montos o nulos y; 5) En el marco de la verificación practicada se solicitó la suspensión manual del registro fiscal de operadores de granos.
Que no obstante ello, la División Fiscalización N° 3 dependiente de la Dirección Regional Microcentro en el marco de esta Orden de Intervención como tarea adicional incrementó las tareas para dar con la ubicación de la empresa, conforme surge de fojas 304 a 311 del Cuerpo Apoc Proveedor Servicios Bragado S.R.L. sin resultado alguno.
Además circularizaron tanto a los supuestos integrantes como a la persona que realizara los trabajos de impresión , sin respuesta en favor de tal proveedor (vide fojas 301/303 del Cuerpo Apoc Proveedor Servicios Bragado S.R.L. y fojas 312 a 314 del Cuerpo Apoc Proveedor Servidos Bragado S.R.L.).
Que en razón a todo lo expuesto, es que "prima facie" el personal fiscalizador concluyó que no resultan veraces las operaciones, que la encartada manifiesta haber celebrado con SERVICIOS BRAGADO S.R.L.. Por otra parte cabe dejar constancia que se encuentran agregadas a las presentes actuaciones, formando parte integrante de las mismas, los antecedentes fotocopiados debidamente certificados, vinculados con la inclusión de los citados proveedores en la Base de datos e-apoc de este Organismo.
Como consecuencia de todo lo expresado en los párrafos que anteceden, el personal fiscalizador concluyó que resultaban observables las operaciones comerciales que la encartada dice haber realizado con los proveedores Terni S.A. - C.U.I.T. N° 30-71026632-4 y Servicios Bragado S.R.L. - C.U..I.T. N° 30- 71031279-2, razón por la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos Públicos procedió a impugnar los créditos fiscales computados improcedentemente en los períodos fiscales 12/2010 a 07/2011 y 04/2013, provenientes de tales operaciones.
VI. Que en relación al fondo del asunto, la impugnación de dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional.
Cabe destacar que no ha quedado probado en autos que dichas firmas hayan sido quienes efectivamente proveyeron a la recurrente de los bienes, toda vez que no surge de las verificaciones efectuadas por el personal fiscalizador ni de las pruebas arrimadas, la capacidad operativa de las mismas como proveedores de aquella. Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los productos involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros o que no es su obligación verificar el domicilio comercial de sus proveedores.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas o que dichos proveedores se encuentren inscriptos, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias mas arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados. En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que, toda vez que la actora no ha logrado derribar las conclusiones a las que arribó el Fisco a través de la inspección realizada, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto determina la obligación tributaria de la recurrente. Con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios calculados en la determinación de oficio del Iva que se confirma en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente multa con sustento en los artículos 46 y 47 inc. a) y b) de la ley procedimental.
Que con relación a la multa por defraudación aplicada, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de la sancion aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido; por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
Por ello; SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de prescripción efectuado por la actora respecto de los períodos 12/2010 a 7/2011; con costas. 2.- Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2021.12.01 13:27:11 ART Date: 2021.12.01 13:52:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.01 13:59:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.01 14:00:04 -03:00
Fin de la sentencia