Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa. Con costas a la vencida.
I. Que a fs. 63/75 la actora interpone recurso de apelación contra la resolución Nro. 145/2017 dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la A.F.I.P-D.G.I, por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias -Salidas no Documentadasperíodos fiscales 06/2012 a 04/2013 y aplica multa correspondientes a los períodos fiscales 01/2013 y 04/2013, en los términos del art. 46 y 47 inc. b) de la Ley 11683, con más sus intereses resarcitorios.
Que en primer lugar, solicita la nulidad de las actuaciones. Afirma que la demandada violó el inciso f) apartado 3° del artículo 1° de la ley 19.549 en tanto la resolución impugnada no expone claramente los fundamentos que CVC desarrolló en la contestación de la vista (conforme. artículo 17 de la ley de rito), ni cuenta con argumentos diferentes de los utilizados al dictar dicho acto preparatorio al ahora aquí impugnado. Es decir, omitió arbitraria y deliberadamente decidir las cuestiones propuestas por la Empresa en franca y explícita violación al derecho de defensa de la actora.
Alega que la absoluta indeterminación de la resolución en crisis respecto de los cargos imputados implican una directa y abierta conculcación del derecho de defensa del contribuyente, ya que constituye una ocultación de los fundamentos reales del ajuste propuesto, motivo que también determina su nulidad. No se trata de un vicio menor o subsanable, sino insalvable a poco que se advierta que tiene directa incidencia en el derecho de mi mandante al debido proceso adjetivo (conf. Artículo 1° inciso f) de la ley 19.549). En otras palabras, el acabado ejercicio del derecho de defensa requiere el conocimiento de la motivación del acto, es decir, la expresión concreta de las razones que llevaron a emitirlo así como de los hechos y antecedentes que le sirvieron de causa y el derecho aplicable [conforme artículo 7 incisos b) y e) de la ley 19.549].
Señala que otro vicio reiterado en la resolución impugnada consiste en la falta de prueba y los indicios que sustenta la voluntad fiscal, es decir en el manejo claramente inadecuado de los instrumentos probatorios que incidió en todas las conclusiones desfavorables a CVC. Para que sea admisible la prueba de presunciones es indispensable que los indicios en que se basa sean “reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción" [conforme articulo 163 inciso 5) del CPCCN; artículo 116 de la ley 11.683].
Afirma que la demandada sostiene que la recurrente ha incurrido en la figura de SND sobre la base de considerar que algunas operaciones -según meros indicios infundados de la inspección actuante- habrían sido celebradas por proveedores que no serían tales. Sin embargo, en el caso de autos no resulta de aplicación lo normado por el artículo 37 de la LIG por cuanto no se encuentran cumplidos los extremos legales que hacen aplicable dicho instituto al tema aquí debatido. Así es que fue el propio Organismo quien omitió la letra expresa de la ley aplicable y por ella misma citada para proceder en forma totalmente arbitraria para determinar de oficio una suma absolutamente improcedente.
Señala que existe la documentación que respalda las erogaciones y por ello no se encuentra presente en el caso de autos los presupuestos legales que habilite la procedencia de la figura o instituto de salidas no documentadas. Manifiesta que la inspección actuante debió reunir todos y cada uno de los elementos que llevasen a la conclusión indubitable respecto la efectiva inexistencia de las operaciones. Sin embargo, ninguno de estos extremos trató de acreditar la Administración (lo que tampoco podría haber hecho considerando la existencia efectiva de las prestaciones), sino que se limitó a reunir una serie de elementos para demostrar una posible situación apócrifa del proveedor, lo que equivale a decir que reunió una serie de pruebas que acreditan su propia impericia en fiscalizar ciertos contribuyentes, prefiriendo apuntar sus investigaciones hacia aquellos contribuyentes como CVC que llevan un prolijo y transparente control de sus operaciones.
Alega que el ejercicio fiscal de la recurrente cierra el 31 de diciembre de cada año, en consecuencia corresponderá computar los ajustes por impuestos devengados durante los correspondientes períodos. Es decir mediante los ajustes simultáneos que plantea AFIP, corresponde hacer jugar las correcciones simétricas que habilitan las deducciones de la Ley del Impuesto a la Ganancias. Señala que lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa en cabeza de AFIP quien pretende cobrar así varias veces sobre un mismo concepto que es libremente deducible para el contribuyente.
Con respecto a la aplicación de multa afirma que tiene el pleno derecho de computar los gastos realizados frente al IG como así el débito y crédito en el IVA en tanto acreditó fehacientemente la existencia de todas las operaciones denunciadas. Sin embargo ello, afirma que el Fisco ahora pretende imponer una multa sobre la base de una supuesta conducta defraudadora -tipo penal de innegable naturaleza penal- sobre la base de una mecánica argumental cuyo fundamento es una presunción de esa propia Administración sin ninguna prueba que acredite las maniobras engañosas o maliciosas llevadas adelante por esta parte con el objetivo y único fin de defraudar al Fisco, resulta insostenible.
Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 84/95 el Fisco Nacional contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar señala que la actora en la fiscalización de otras gabelas ha admitido el carácter apócrifo de la documentación que ahora intenta hacer valer. En cuanto al pleanteo de nulidad esbozado manifiesta que contrariamente a lo expuesto por la actora, el Fisco Nacional ha colectado un elenco grave, preciso y concordante de indicios que, conjuntamente apreciados, demuestran la inverosimilitud de la documentación con la cual intenta respaldar las operaciones.
Afirma que el Fisco ha colectado indicios lo suficientemente graves como para sindicar a la documentación de respaldo como apócrifa (falta de capacidad operativa del proveedor para facturar los montos asentados en la documentación cuestionada, circuito de pagos no acreditado con documentación fehaciente, falta de contestación de los requerimiento por parte de los proveedores que “supuestamente” existen, falta de respaldo documental adicional que justifique las operatoria comercial).
Asimismo con respecto al sumario instruido que devino en aplicación de multa en los términos del art. 46 de la Ley 11683 destaca que el elemento material u objetivo de los ilicitos imputados, el mismo está absolutamente acreditado en autos, porque según lo expuesto ha quedado demostrado el carácter apócrifo de la documentación de la cual intentó valerse la contribuyente. Entonces, concluye que no tienen asidero los dichos de la recurrente acerca de que el Fisco no ha acreditado la faz objetiva del tipo infraccional.
Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. A fs. 111 se celebra la audiencia preliminar prevista en el art. 173 de la Ley 11683, texto según Ley N° 27.430, donde se resuelve tener por desistida a la parte actora del punto (ii) de la pericial contable y no hacer lugar a los restantes puntos periciales, por superfluos. A fs. 119 se elevan los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 122 se llaman los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora relativos a los fundamentos de la resolución apelada, violación de derecho de defensa.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Atento lo expuesto precedentemente deben desestimarse los agravios de nulidad articulados por la recurrente en autos.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que conforme surge de las actuaciones administrativas y del análisis de la documentación obrante surge que la recurrente dedujo costo/gastos ficticios, en el Impuesto a las Ganancias, respecto de los proveedores detallados en el Anexo I del acto determinativo, en virtud de los hechos y circunstancias que se detallan a continuación:
1. SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L. - C.U.I.T. N°30-70825698-2 - Cuerpo Anexo IV. Registra presentaciones de declaraciones juradas en el Impuesto a las Ganancias, por los periodos fiscales 2004 a 2010; por el Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 2003 a 2013; de seguridad social E. 931, por los períodos 2003 a 2013, (fs. 4). Se verificaron pagos regulares hasta el periodo fiscal 2014, (fs. 5). Bienes registrables: Posee titularidad de un rodado patente DGQ558, modelo Volkswagen -sedan 5 puertas-, Gol 1.9 SD, porcentaje de titularidad 100%, (fs. 6). Siter: se verificaron acreditaciones bancarias desde el 2004 hasta 05/2012, ascendiendo en los útimos períodos fiscales 2011, 2012 y 2013 a importes de $2.632.822; $3.325.705; y $141.121 respectivamente, (fs. 7).
Se circularizó a Seguridad y Servicios S.R.L., mediante nota del 07/08/2015 recepcionada por vía postal el 10/08/2015, solicitando información acerca de si tuvo relación comercial con la fiscalizada, y en caso afirmativo aporte copia de las facturas involucradas, e informe detalladamente la forma de cobro de las mismas, (fs. 26/27). El 14/09/2015, Agencia Sede de la Dirección Regional Bahía Blanca remite el original de la nota presentada por el supuesto proveedor, quien manifiesta que nunca operó con CALETA VIDEO CABLE 5 R L adjuntando copia de las facturas tipo A N° 0001-00035179; 0001-00035171; 0001-00035167; 0001-00035081; 000100035077; 0001-000035064; 0001-00035058; 0001-000035052; 0001-00004969; 0001-00034962; 0001-00034955; 0001- 000034885; 0001-000034867; 000100034862; 0001-00034856; 0001-000034851: 0001-00034779; 0001-
00034767; 0001-00034761; 0001-00034756; 0001-000034681; 0001-00034676; 0001-00034664; 0001-
00034650,(fs.52/76).
Del cotejo de las facturas arriba detalladas con las aportadas por la recurrente, se observa que fueron emitidas a otros clientes, por otros montos y conceptos, no relacionados con la actividad declarada por el supuesto proveedor. (fs. 51 a 71 a.a.).
Consta en el acta F. 8400 N°0320002014025505601 del 15/09/15 que Caleta Video Cable S.R.L., aportó extractos bancarios de la cuenta corriente en pesos N° 1721058078 del Banco de la Nación Argentina, señalando los cheques utilizados para la cancelación de las facturas del supuesto proveedor Seguridad y Servicios S.R.L., (fs. 78/95 a.a.).
El 05/10/2015 el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Caleta Olivia, informó lo siguiente: 1) el titular de la cuenta corriente en pesos N°1721058078 Caleta Video Cable S.R.L., es el gerente Uria, Eduardo Esteban - C.U.I.T. N° 20-08429564-8, y apoderado Hawkins, Oscar Luciano - C.U.I.T. N° 20-07330771-7. Ambos firmantes de la cuenta; 2) adjuntó anexo detallando los cheques emitidos por Caleta Video Cable S.R.L., y aportó fotocopia certificada de los cheques en cuestión -anverso y reverso. En este caso, se detallan los cheques que según la fiscalizada fueron emitidos para la cancelación de las facturas del supuesto proveedor Seguridad y Servicios S.R.L.: N° 64479003- 64479004- 64479005- 64479102- 6447910364478863- 64478864- 64478865- 64478866- 64478867- 64478868- 6447886964478870-64478871- 64478872- 64478873- 64478875, 64478876; 3) informó asimismo, que los cheques fueron cobrados por caja, (fs. 85/97 a.a.).
De la copia de los cartulares suministrados por la entidad bancaria se desprende que los cheques señalados fueron emitidos a nombre de María Verónica Baylet, DNI 25.026.207 en la mayoría de los casos, y otros a nombre del Gerente de la fiscalizada Sr. Oscar Luciano Hawkins. La Sra María Verónica Baylet, como antes se mencionara, fue empleada en relación de dependencia de Caleta Video Cable y de Servicios de Instalaciones S.R.L., C.U.I.T. N° 30-67375530-1, posee el mismo domicilio fiscal, que la verificada, (San José Obrero N° 1.357 de Caleta Olivia), y los socios de ésta última, son los mismos que los de la fiscalizada, (fs. 96/107, y 108/115, Cpo. Anexo IV).
2. PARNA S.A. - C.U.I.T. N° 33-69378636-9 - Cuerpo Anexo V. De la consulta a la Base de Datos de AFIP surge la siguiente información: Domicilio fiscal: Calle Larrea N° 229 - Capital Federal, (C.P. 1.030). Jurisdicción. Dirección Regional Microcentro, Dependencia Agencia N° 9.
Estado: "no confirmado", (fs. 4/5). Domicilio legal: coincidente con el fiscal. Actividad declarada: Venta al por mayor de prendas de vestir N.C.P. (CIIU 513.129). Cierre de Ejercicio: Diciembre.
Registra presentaciones de declaraciones juradas en el Impuesto a las Ganancias, IVA, Bienes Personales, Acciones y Participaciones y Seguridad Social, (fs. 9 a.a.). Se verificaron pagos relevantes efectuados a la fecha, (fs. 10/11). Bienes registrables: Posee titularidad de dos rodados, (fs. 12 a.a.).
Siter: se verificaron acreditaciones bancarias desde 1999 hasta 2017, ascendiendo en los períodos fiscales 2011, 2012 y 2013 a importes de $33.968.837; $38.080.104; y $47.802.754 respectivamente, (fs. 109/111 a.a.). Mediante requerimiento impositivo E. 8600/1 N° 032000201 373026804 se solicitó copia de las facturas detalladas en anexo adjunto, como también otros comprobantes involucrados si existieron; copia certificada de los recibos de pago realizados por Caleta Video Cable S.R.L., detalle de los bienes y/o servicios prestados, etc., (fs. 113 a.a.).
El 22/11/2013 se recepciona la Nota N° 1.724/13 AGMO09, adjuntando Multinota Impositivo F. 206/1 de PARNA S.A., presentada en la Agencia N° 9, dando respuesta al requerimiento impositivo F. 860011 N° 032000201373026804 del 29/10/2013, donde manifestó que: 1) "La empresa no realizó operaciones, ni es proveedora de Caleta Video Cable S.R.L'; 2) Adjunta papel de trabajo detallando cada factura requerida por AFIP, (fecha; número de facturas, y monto de IVA), y copias de facturas emitidas en 2012; 3) adjunta copia de la rubrica y folios dél Libro IVA Ventas, donde se encuentran registradas las facturas en cuestión (fs. 27/42 a.a.). El 13/08/2015 Caleta Video Cable S.R.L., aportó: 1) las facturas tipo A: N° 000100204485; N° 0001-00204665; N° 0001-00204672; N° 0001-00204680; N° 000100204684; N° 0001-00205157; N° 0001-00205163; N° 0001- 00205170; N° 000100205176; N° 0001-00205482; N° 0001-00205825; N° 0001-00205831; N° 000100205639; N° 0001-00205168; N° 0001-00204480; N° 0001-00205834; N° 0001002115475; N° 0001-00205471; N° 0001- 00205465; N° 0001-00205460; y N° 000100205180; 2) papel de trabajo con números de cheques de la cuenta corriente del Banco Nación, Sucursal Caleta Olivia, N° 172-1058078, que según expone se utilizaron para abonar las facturas de PARNA S.A., -actas F. 8400 N° 0320002015020d82701, 0320002015020082801; N° 0320002015054831101 y 0320002015054831201, (fs. 45/69 a.a.).
Según comprobantes apodados por Video Cable S.R.L., el concepto facturado es "metros de cable coaxil y decodificadores", en tanto los aportados por el supuesto proveedor describen distintas prendas de vestir, (esto último acorde con la actividad declarada por el mismo).
Se verificaron 4 operaciones en el periodo 2011 y 25 en el periodo 2012, cuyas facturas se encuentran registradas en el Libro IVA Compras, y fueron informadas por la fiscalizada en Citi Compras, (Cpo. Anexo II). El 15/09/2015 mediante acta F. 8400 N° 0320002014025505601 la contribuyente aporta extractos bancarios de la cuenta corriente N° 1721058076 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Caleta Olivia, (fs. 72/84 a.a.). El 05/10/2016 el Banco de la Nación Argentina en la Nota del 02/10/2015, informó lo siguiente: 1) titular de la cuenta corriente en pesos 1721058078, Caleta Video Cable S.R.L., Gerente Uria, Eduardo Esteban - C.U,I.T. N° 20-08429564-8, y apoderado Hawkins, Oscar Luciano - C.U.IT. N°20-07330771-7, Ambos firmantes de la cuenta: 2) adjuntó anexo detallando los cheques emitidos por Caleta Video Cable S.R.L., y aporto fotocopia certificada de los cheques en cuestión -anverso y reverso, N° 64478853-64478854-6447855- 64478856- 64478857- 64478858- 6447886064478859- 64478862-64478861- 64478863- 64479006- 64479016-
6447910364479102- 64479008-64479028- 64479029- (34479007-; 3) informó asimismo, que los cheques fueron cobrados por caja, (fs. 85/97 a.a.).
De la copia de los cartulares aportados, se desprende que los cheques señalados fueron emitidos a nombre de María Verónica Baylet, DM 25.026.207. De la consulta a los sistemas de AFIP, no surgen antecedentes de vinculación alguna con la firma Parna S.A., no obstante si, se constata que fue empleada en relación de dependencia de la firma fiscalizada, y de Servicios de Instalaciones S.R.L. C.U.I.T. N° 30-67375530-1, empresa que posee el mismo domicilio fiscal que la fiscalizada, y los mismos socios, (fs. 98/105, Cpo. Anexo V)
3. CREACIONES MAYO FAVEN S.R.L. -C.U.l.T. N° 30-59233354-2 - Cuerpo Anexo VII. Registra como actividad declarada: Fabricación de productos plásticos en formas basícas y artículos de plástico N.C.P., excepto muebles, Se circularizó a la firma, mediante nota del 07/08/2015 recepcionada por vía postal el 11/08/2015, solicitando información acerca de si tuvo relación comercial con la recurrente, y en caso afirmativo aporte copia de las facturas involucradas, e informe detalladamente la forma de cobro de las mismas, (fs. 26/27 a.a.). En contestación a la circularización, mediante nota del 20/08/2015 manifestó que: "no registra operaciones de ninguna índole con Caleta Video Cable S.R.L., que su actividad principal es la fabricación y comercialización de artículos de plástico para el cabello, bijouterle y otros artículos de moda, adjuntando las facturas tipo A: N°000100155128; N° 0001-00155129; N° 0001-00155112; N° 0001-00155113; N° 000100155114; y N° 0001- 00155128, siendo el concepto facturado artículos de bijouterie, (fs. 14/21 a.a.).
Por otra parte, consta en acta F. 8400 N° 0320002015061480501 del 09/10/2015, que la fiscalizada aportó las facturas tipo A: N°0001-00155112, y N°0001-00155128 del supuesto proveedor, y una planilla detallando su forma de pago, siendo el concepto facturado materiales e insumos para la construcción', no coincidente con la actividad económica declarada por Creaciones Mayo Faven S.R.L., “fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico N.C.P., excepto muebles”. No aporta las notas de pedido N°91413; y N° 91414, que se referencian en el concepto facturado. Del cotejo de las facturas aportadas por la recurrente y por el supuesto proveedor, se observan a simple vista, diferencias en el formato, clientes e importes, (fs. 23/26 a.a.).
4. HAN, LAURA ELENA -C.U.l.T. N°27-23767073-1 - Cuerpo Anexo VI. Actividad declarada: Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir N.C.P.
Bienes registrables: No surge información en el sistema sobre bienes registrables (fs. 6/7). Se circularizó a la firma, mediante nota del 07108/2015 recepcionada por vía postal el 11/08/2015, solicitando información acerca de si tuvo relación comercial con la recurrente, y en caso afirmativo aporte copia de las facturas involucradas, e informe detalladamente la forma de cobro de las mismas, (fs. 11).
Mediante Multinota Impositivo del 31/08/2015, en respuesta a la circularización, manifestó que no posee vínculos comerciales de ninguna índole con Caleta Video Cable S.R.L., enumera sus proveedores e informa que su actividad económica es confección y venta de prendas de vestir de mujer, adjuntando copia del Libro de IVA Ventas periodo Marzo/2010 y las facturas tipo A: N° 0001-00002229 y N° 00100002223, (fs. 12/17 a.a.). Por otra parte, consta en acta F. 8400 N° 0320002015061480501 del 09/10/2015, que la fiscalizada aportó las facturas tipo A: N°0001-00002223, y N°0001-00002229 del supuesto proveedor y una planilla detallando forma de pago, siendo el concepto facturado «materiales de construcción», no coincidente con la actividad económica declarada por HAN, Laura Elena. (fs. 19/22 a.a.). Del cotejo de las facturas aportadas por la fiscalizada y por el supuesto proveedor, se observan a simple vista, sin ser perito caligrafo, diferencias en el formato, clientes e importes.
5. PIDU S.A. -C.U.I.T. N°30-67663008-9 - Cuerpo Anexo VIII. De la consulta a la Base de Datos de AFIP sume la siguiente información: Bienes registrables: No surge información en el sistema sobre bienes registrables (fs. 34/35 a.a.).
Se remitió requerimiento impositivo del 29/10/2013 E 8600/1 N° 032000201373028504, recepcionado el 05/11/2013; solicitando el detalle de los servicios prestados a la fiscalizada en el período 2011; copia certificada de las factura tipo A N° 0001-00055147 y N° 0001-00055270, y otros comprobantes si existieren; como también remitos, recibos, presupuestos etc., y copia del Libro IVA Ventas donde se encuentren registradas las posibles operaciones, (fs. 11/15 a.a.).
En respuesta, se recopcionó Multinota Impositivo del 14/11/2013, donde se informa que, no realizó operaciones comerciales con Caleta Video Cable S.R.L., (fs. 16/18 a.a.). El 07/08/2015 se remitió Nota, recepcionada el 11/08/2015; solicitando: 1) detalle de actividad/actividades desarrolladas y principales proveedores, e informe de forma taxativa si tuvo operaciones comerciales (proveedor/cliente) con la fiscalizada, en el periodo 09/2011 a 12/2012, y aporte copia de facturas antes requeridas, (fs. 19 a.a.).
Mediante Multinota Impositivo del 14/08/2015 responde nuevamente que en periodo 09/2011 hasta 12/2012, no se realizaron operaciones comerciales con la fiscalizada, (fs. 20/23 a.a.).
Por su parte, Caleta Video Cable S.R.L., según acta F. 8400 N° 0320002015061480501 del 09/10/2015, aportó las facturas tipo A: N° 000100055147, y N° 0001-00055270 del supuesto proveedor, y una planilla detallando forma de pago, siendo el concepto facturado "materiales de construcción según detalle de remitos adjuntos", remitos que no aporta, observando que no coincide con la actividad económica declarada por PIDU S.A., (fs. 25/28 a.a.).
Que, todos los proveedores cuestionados informaron que no efectuaron las operaciones consultadas con la verificada respaldando sus dichos con el aporte de las copias de las facturas emitidas a otros clientes, por otros conceptos y montos, los que al contrario de los consignados en los apartados por la recurrente, si guardan relación con la actividad de los proveedores. También se advierten diferencias de formato y que los cheques son cobrados por personas vinculadas a la recurrente. Todo lo expresado llevó a concluir que SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L. - C.U.I.T. N° 30-70825698-2; PARNA S.A. - C.U.I.T. N° 33-69378636-9; CREACIONES MAYO FAVEN S.R.L. - C.U.I.T. N° 30-59233354-2; HAN, LAURA ELENA - C.U.I.T. N° 27-237670731; y PIDÚ SAI C.U.I.T. 30-67663008-9, no constituyeron verdaderos proveedores para la contribuyente VI.- Que entrando al análisis de la impugnación de los proveedores, corresponde señalar que la impugnación de dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y aportadas por la encartada.
En cuanto al circuito financiero corresponde señalar que los pagos realizados con cheques propios emitidos a nombre de la Sra. Mónica Verónica Bayles (ex empleada de la recurrente), del Sr. Oscar Luciano Hawkins (apoderado y gerente de la recurrente) y a nombre de Caleta Video Cable SRL, destacándose que ninguno de ellos fue cobrado por los supuestos proveedores.
Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232).
Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago.
Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que en el caso los pagos correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, se encuentran acreditados y que por lo tanto no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del importe, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.” (el resaltado me pertenece).
Que, esta posición se ve corroborada por la Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que se remite en mérito de brevedad, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas." “En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectívamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas. fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controvesia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.” En cuanto a los agravios relativos a la aplicación de las correcciones simétricas, es preciso destacar que la actora no registra en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado saldos a favor suceptibles de ser compensados.
Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar el acto apelado por cuanto determina Impuesto a las Ganancias Salidas no documentadas. Con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente multa con sustento en el artículo 46 y 47 inc. b) de la ley procedimental.
Cabe señalar previamente que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A." sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Que, por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
Que, en cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben sería pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello, corresponde analizar si las multas aplicadas en autos se ajustan a derecho. Con relación a las multa por defraudación aplicada, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo, el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual), en las cuales a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos), se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljanovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que, en ese orden de ideas, es importante resaltar que, en el caso de autos, se alcanzan a evidenciar las razones que indujeron al ente fiscal a hacer mérito de las presunciones del art. 47 de la ley ritual. Estos elementos sustentan la pretensión fiscal y hacen adecuado el encuadre infraccional de la conducta de la actora, a quien le correspondía la prueba de que su accionar no estaba dirigido a defraudar a la hacienda pública, situación que no se produjo en el presente expediente.
Que si bien la discrecionalidad del juez administrativo en materia de graduación de la pena no queda exenta de la revisión posterior por parte de este Tribunal como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio, en el caso concreto, entiendo que la sanción ha sido adecuadamente ponderada y graduada por el juez administrativo en atención a las circunstancias de la causa puestas de manifiesto a lo largo de este resolutorio. En virtud de ello, si bien el contribuyente de autos carece de antecedentes infraccionales - hecho que, en principio, llevaría a reducir el quantum de la multa al mínimo legal de la escala punitiva-, por las especiales circunstancias del caso, debe confirmarse asimismo la graduación dispuesta por el juez administrativo.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2021.11.05 16:37:53 ART Date: 2021.11.08 10:36:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.11.08 15:27:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.11.08 15:27:32 -03:00
Fin de la sentencia