Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución Nº 42/2019 (DV RRES) en todos sus términos, reduciendo la multa aplicada a su mínimo legal. Costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que mediante IF-2019-47516918-APN-SGAI#TFN, la contribuyente PASKO S.R.L. presenta recurso de apelación impugnando la Resolución Nº 42/2019 (DV RRES) expedida por la Dirección Regional Resistencia (Pcia. De Chaco) de A.F.I.P. en la cual le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales septiembre, octubre y noviembre de 2016; y enero y febrero de 2017, con más los intereses resarcitorios y le aplica sanción de multa, encuadrando su conducta en las previsiones de los artículos 46 y 47 inc. b) de la Ley Nº 11.683.
Sostiene que el procedimiento llevado a cabo por el organismo fiscal no cuenta con consistencia fáctica ni jurídica, basándose en supuestos inexistentes y erróneos, no haciendo mérito de ninguna de las pruebas arrimadas, considerando que el acto es literalmente idéntico a la vista que se confirió previamente. Explica que la fiscalización ha rechazado infundadamente las operaciones comerciales concretadas por PASKO S.R.L con la proveedora REYNOSO DE SELLIEZ, MIRTA, con base en una construcción sustentada en la presunta existencia de un operador sin capacidad económica (apócrifo). Ello así, comprende que se le ha restado veracidad y crédito a dichas operaciones, pese a que la obligación ha sido correctamente documentada, los medios de pago fueron los autorizados (cheques cruzados y nominados) y la operación no fue negada por la proveedora.
Puntualiza que las argumentaciones esgrimidas por la fiscalización fueron extraídas de un contexto genérico que en nada se emparenta con las circunstancias de hecho, tiempo y lugar del caso bajo estudio, o al menos, atendiendo a fundamentaciones insuficientes y alejadas del contexto legal y constitucional que debe gobernar la relación fisco-contribuyente.
Advierte que la empresa trabó una relación comercial con la proveedora cuestionada, tomando como antecedente confiable su inscripción exteriorizada, la provisión de materiales que le realizó, las facturas emitidas que fueron autorizadas por la AFIP y finalmente, que el pago fue conforme a la ley Nº 25.345. Agrega que la inscripción de la Sra. Reynoso en AFIP es un acto administrativo que puso fin a un procedimiento en virtud del cual, el organismo fiscal determinó conforme sus antecedentes que podía inscribirse como contribuyente, gozando de la presunción de legitimidad otorgado por el art. 12 de la ley 19.549.
En consecuencia, apunta que PASKO confió en la seriedad de la evaluación efectuada por la administración para aceptarla como contribuyente, y que esa confianza fue defraudada afectándose el principio de la confianza legítima.
Invoca además la doctrina de los actos propios, en el entendimiento de que luego de aprobada la inscripción del contribuyente, el organismo no puede desentenderse de las consecuencias de sus propios actos. Del mismo modo, expone que se ha emitido un acto que incurre en desviación de poder, en tanto los funcionarios actuantes han incumplido las previsiones del art. 7, inc. f) de la ley 19.549. Con respecto a la impugnación de las operaciones, insiste en que resulta insuficiente sustentarla exclusivamente en la falta de capacidad económica detectada en la proveedora. Sostiene que la circunstancia de que la Sra. Reynoso no haya desarrollado actividad comercial en los domicilios denunciados no es óbice para la impugnación del crédito fiscal, pues no es responsabilidad de la empresa verificar aquel extremo, destacando que el retiro de los materiales se efectuaba de diferentes depósitos. Afirma que se encuentra probado que la proveedora ha vendido a la empresa materiales para la construcción empleados en el desarrollo de su actividad, lo que ha sido manifestado por los testigos, conforme la prueba rendida en el procedimiento.
Destaca que la empresa tiene distintos proveedores, todos ellos conocidos, entre los que se cuenta el Sr. Mariano Selliez, hijo de la proveedora presuntamente apócrifa. Declara que la firma retiraba del domicilio que se le indicaba los materiales de la construcción adquiridos, contra factura y remito, y que cancelaba las operaciones con cheques cruzados. Con relación a los traslados, expresa que los materiales fueron retirados de los depósitos con movilidad de propiedad de PASKO, aportando en esta instancia los títulos de dominio de los vehículos utilizados.
Concluye que la determinación así realizada causa agravio en tanto se ha efectuado sobre la base de un método insuficiente, siendo no imputable a la contribuyente la denunciada falta de espacio físico exhibido por la proveedora para el almacenaje y movilización de materiales. Se agravia también por la falta de valoración de la prueba aportada, esgrimiendo que fue desechada sin más tramite y sacando de contexto las declaraciones testimoniales rendidas en el procedimiento.
Seguidamente, rechaza la multa impuesta. Afirma que los fundamentos que esgrimen la improcedencia del acto determinativo son abrumadores y harán decaer, en consecuencia, los accesorios del mencionado acto. En aquella línea, asevera que no se encuentran acreditados en el procedimiento los requisitos previstos en los arts. 46 y 47 de la ley 11.683, en tanto no ha existido de parte de la empresa una conducta orientada al resultado disvalioso que se le imputa.
Para finalizar, plantea en subsidio la improcedencia de los intereses resarcitorios. Requiere la aplicación del error excusable que ha configurado una mora no imputable, por no existir en su actuar ni dolo ni culpa. Ello así, explica que para evaluar si el contribuyente retardó el cumplimiento de su obligación, culpablemente o no, debe tenerse en miras el resguardo o cuidado que le eran razonablemente exigibles, según la naturaleza de su obligación, considerando que en el caso se encuentra frente a una alta complejidad técnica. Concluye que, ha existido en el caso un error de derecho de entidad suficiente para eximir de responsabilidad a la empresa.
Cita jurisprudencia. Agrega prueba documental. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque íntegramente la resolución apelada, con costas.
II. Que mediante IF-2019-62406403-APN-SGAI#TFN la representación fiscal contesta el recurso. Expresa que las actuaciones tienen su origen en la fiscalización llevada a cabo a PASKO S.R.L, a raíz de la cual se constató la registración en el libro IVA-Compras de operaciones supuestamente efectuadas con la Sra. MIRTA REYNOSO, respecto de quien se detectaron diversas irregularidades que permitieron categorizar a dichas operaciones como ficticias y de apócrifa a la supuesta proveedora, la que con fecha 06.10.2017 fue incluida en la Base E-Apoc del organismo fiscal. En consecuencia, se procedió a impugnar en la declaración jurada del impuesto al valor agregado (periodos 09,10,11 de 2016; 01 y 02 de 2017) el cómputo de los créditos fiscales facturados por las referidas operaciones, que fueron consideradas carentes de sinceridad.
Rechaza los agravios esgrimidos por la actora, destacando que la administración fiscal desplegó una minuciosa tarea de fiscalización y un exhaustivo examen de los elementos colectados durante la inspección que permitió acreditar que las operaciones registradas a nombre de la Sra. Reynoso eran ficticias.
Argumenta que PASKO no acreditó la veracidad de las operaciones registradas a nombre de la proveedora no confiable y que tampoco lo intenta acreditar en esta instancia, en tanto se ha limitado a aportar como único medio probatorio la documental que se encuentra dirigida a justificar la titularidad de los vehículos de su dominio que habrían sido empleados para retirar los materiales adquiridos a la Sra. Reynoso. Puntualiza el Fisco Nacional que la actora dice adjuntar los títulos de dominio de cinco unidades y solo se visualizan tres.
Con relación al resto de la prueba rendida en el procedimiento, afirma que la recurrente no ha logrado demostrar que las grandes cantidades de materiales hayan sido adquiridos a la Sra. Reynoso, pues solo se limita a presentar los reflejos de pantalla de la AFIP en donde se observa que el 06.10.2017 la supuesta proveedora fue incluida en la base de proveedores apócrifos del organismo (E-Apoc); copia del sitio de internet de la marmolería “Atenea” del Sr. Mariano Selliez Reynoso y dieciséis constancias de comprobantes de CAI de las facturas cuestionadas.
Agrega que con relación a prueba testimonial rendida en el procedimiento, en la cual se tomó declaración a dos empleados de la recurrente, se evidenciaron sendas contradicciones entre lo dicho por los testigos y lo manifestado por la Sra. Reynoso frente a la fiscalización.
En razón de la magnitud de las inconsistencias detectadas en la proveedora cuestionada, el Fisco sostiene que no le asiste razón a la recurrente cuando afirma que la determinación apelada se basó en la sola mención de una supuesta falta de capacidad económico-financiera de la Sra. Reynoso y, fundamentalmente, respecto a la duda sobre las firmas insertas en los cheques cruzados librados en pago de las facturas impugnadas, respecto de lo cual, si bien constituye un elemento más de todos los colectados en la etapa de inspección, la actora no ofrece ningún medio probatorio para desvirtuarla, máxime cuando se ha sostenido que a simple vista se constata que las firmas insertas en el dorso de los referidos títulos no se corresponden con la legítima firma que en presencia de los inspectores actuantes insertara la Sra. Reynoso para rubricar el acta de fecha 31.08.2017.
Recuerda que incumbe a la actora la carga de derribar los indicios recolectados por el organismo y demostrar que las operaciones efectivamente se realizaron tal como fueron presentadas. Pese a ello, en el presente caso, solo insiste en cuestiones formales tales como que la proveedora observada se encontraba inscripta, que la documentación que respalda las operaciones son comprobantes válidos y autorizados por la AFIP y en la utilización de los medios de pago autorizados.
Frente a ello, destaca el Fisco Nacional que el ajuste no se fundó en simples formalidades que el contribuyente tiene la obligación de cumplir, sino que, la determinación tributaria tiene su sustento en la mecánica propia del impuesto, dado que el cómputo del crédito fiscal se encuentra condicionado a que - entre otras exigencias- responda a una operación gravada.
Puntualiza que la caracterización de un contribuyente como apócrifo y su incorporación en la base APOC de la Administración Federal, deviene del resultado de una tarea de investigación y fiscalización previa, profusa, y profunda, cuyos resultados evaluados en su conjunto otorgan un alto grado de certeza respecto a la falta de capacidad económica y operativa del proveedor que se impugna.
Por lo conceptuado, asevera que ha emitido un acto administrativo que reúne todos los requisitos esenciales enumerados en el art. 7 de la Ley Nº 19.549, por cuanto se encuentra sustentado en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable, expresando en forma concreta las razones que indujeron a su dictado.
Ello así, afirma que no le asiste razón a la actora en su planteo según el cual el acto carece de motivación y causa. De igual modo, expresa que se ha respetado el principio del debido proceso adjetivo en materia tributaria, garantizando el ejercicio de derecho de defensa de la recurrente. Asevera que la contribuyente no acredita el perjuicio concreto que le ha causado el desarrollo del procedimiento y que ameritaría la declaración de nulidad del acto que recurre, siendo que la mera discrepancia expresada respecto del criterio fiscal sostenido en el acto no puede afectar per se su validez, sino que integra el fondo mismo de la cuestión controvertida en autos.
Con relación al planteo de improcedencia de los intereses resarcitorios, destaca que la recurrente no ha demostrado en autos que la mora en el cumplimiento de la obligación tributaria no le fuese imputable, siendo infundada la aplicación de la doctrina del error excusable, conforme lo solicita en su defensa. En lo que respecta a la multa, sostiene que la recurrente ha exhibido documentación carente de validez probatoria para respaldar las operaciones por ella invocadas, poniendo de manifiesto su irrealidad, configurándose de este modo el presupuesto legal que habilita a la presunción -salvo prueba en contrariode la existencia de la voluntad de producir declaraciones juradas engañosas por los períodos fiscales objeto de la fiscalización.
Concluye que ha quedado acreditada en autos la debilidad de las formulaciones efectuadas por la contribuyente, habida cuenta de todos los extremos de hecho y de derecho alegados en el acto apelado que sustentan la procedencia de la determinación de oficio practicada por la administración fiscal, los intereses resarcitorios liquidados y la multa aplicada.
Cita jurisprudencia. Acompaña los antecedentes administrativos. Impugna la prueba documental del apelante. Hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución recurrida en todas sus partes, con costas al apelante.
III. Mediante PV-2021-120031366-APN-VOCIV#TFN se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que procede expedirse sobre si la resolución apelada se ajusta a derecho.
En primer lugar, respecto del planteo de nulidad esbozado por la recurrente a lo largo de su escrito de inicio, cabe señalar que para la procedencia de la nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que originen el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que puedan dar lugar a la indefensión, razón por la cual, las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría privado de oponer al impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma.
Ello así, quien la invoca debe ofrecer elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si pretende que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirre, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P.151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
Que en relación a lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada.
Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica procedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma.
En este aspecto, es pertinente citar lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), por cuanto “…al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o especifica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco el tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial…”. Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ‘como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal’ (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013).
V. Que en cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los indicios que llevaron al Fisco Nacional a impugnar la facturación atribuida al proveedor que declara la recurrente, para luego emprender el análisis relativo al mismo, teniendo en cuenta la prueba arrimada y producida y lo alegado por las partes al respecto Que de conformidad con el Informe Final de Inspección obrante a fs. 236/239 del Cuerpo II de IVA de las actuaciones administrativas, la recurrente se encuentra inscripta en la AFIP en actividades especializadas en construcción n.c.p.
Que para llevar a cabo la fiscalización se contó con los libros de IVA ventas e IVA compras, comprobantes de compras, gastos e ingresos aportados por la responsable y los datos obrantes en las bases de la AFIP-DGI. Que del análisis de las operaciones registradas en el libro de IVA compras, las supuestamente efectuadas con la Sra. Reynoso, Mirta Cristina CUIT 27-14361662-8, presentan una serie de inconsistencias.
Que la Sra. Reynoso se encuentra inscripta en la AFIP-DGI en las actividades de venta al por menor de equipos perifericos, accesorios y programas informáticos; venta al por menor de materiales de construcción NCP y venta al por mayor de artículos para la construcción NCP. Siendo el domicilio fiscal declarado en calle Jose Marmol 159 departamento 2 de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Que el personal fiscalizador se constituyó en el domicilio fiscal de la Sra. Reynoso a efectos de notificar requerimiento F 8600/I Nº 0230002017026726804, el que según acta que obra a fs. 170 no pudo entregarse por no ser localizada en el lugar, agregándose que los vecinos expresaron que no la conocen. Seguidamente, dicho personal se constituyó en el domicilio consignado en las facturas observadas, sito en la calle Castelli 191 de la ciudad de Resistencia, dejando constancia de que una vecina manifiesta que se trata de un local en alquiler hace dos años.
Que si bien no se logró localizar a la proveedora en su domicilio fiscal ni en el comercial -según las facturas-, la Sra. Reynoso se presentó en el organismo fiscal, labrándose acta obrante a fs. 179 del Cuerpo I de IVA de los antecedentes administrativos. En esa oportunidad, expresa que desde hace dos años el domicilio fiscal declarado en calle Jose Marmol Nº 129 dejó de serlo y que actualizará el domicilio a Necochea Nº 667 de la ciudad de Resistencia. Es notificada del requerimiento F 8600/I Nº 0230002017026726804 para que aporte libros IVA compras y ventas, así como también documentación respaldatoria.
Cabe destacar que el mencionado requerimiento no fue cumplido, razón por la cual no se pudo verificar que desarrolle realmente la actividad en la que se encuentra inscripta.
Que entre las irregularidades que se detectaron en relación a la Sra. Reynoso se pueden mencionar: i) que no se localizó el depósito de mercaderías, ni local comercial donde supuestamente desarrolla su actividad comercial; ii) que efectuó adquisiciones de mercaderías por montos insignificantes en relación a las ventas que registra conforme surge de la consulta a la base Efisco-facturación electrónica.
Que de la prueba arrimada por la recurrente, surge que la cancelación de las operaciones se efectuó con cheques cruzados y a la orden del proveedor, procediéndose a circularizar al Nuevo Banco del Chaco S.A., solicitando que aporte copias de los mentados documentos.
En fecha 31.01.2018 la entidad bancaria aporta copia de anverso y reverso de los cheques emitidos a nombre de la Sra. Reynoso, surgiendo de los mismos que la totalidad de los valores se encuentran endosados y presentados para ser acreditados en su cuenta bancaria, situación que no se ve reflejada en los montos de acreditaciones bancarias registradas por la misma, que resultan notoriamente inferiores y de poca significación. Que además, de las copias de los cheques recibidos, a simple vista las firmas que constan al dorso de los cartulares, no se corresponden con la que consta en acta labrada en dependencia de la División Fiscalizadora Nº3 de la Dirección Regional a la Sra. Reynoso.
Sumado a ello, del reflejo de pantalla base e-fisco se observa que el proveedor cuestionado no posee capacidad operativa suficiente para efectuar las ventas que se detallan en las copias de las facturas aportadas; agregando que no posee empleados en relación de dependencia y que no registra bienes de su propiedad.
Frente a todas las notorias inconsistencias detectadas por la administración en la operatoria comercial en cuestión, surge de los autos que la inspeccionada no aportó elementos probatorios que logren desacreditarlas, y en consecuencia, probar la veracidad de las operaciones supuestamente efectuadas con la Sra. Reynoso a fin de que se le permita computar válidamente el crédito fiscal en el IVA.
VI. Que según lo expuesto, a juicio de este Tribunal, cabe anticipar que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto del proveedor MIRTA REYNOSO DE SELLIEZ se encuentra debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la válidez de las facturas y la capacidad del proveedor declarado como quien ha concretado las operaciones de venta de bienes consignadas en las facturas.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinado a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la Dirección y negados por la actora, razón por la cuál corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta ultima.
Ello así, debe determinarse si los elementos probatorios aportados por la apelante a éstos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la realización de la venta de bienes por parte del proveedor impugnado y su real representación en los créditos fiscales declarados. Esta equivalencia resulta imprescindible para considerar válida la cuantificación, y por consecuencia, irresistible la existencia de la obligación tributaria declarada por el contribuyente. De no ser así, aunque se acredite la existencia física del proveedor impugnado -en el caso, una persona humana- no se podría aseverar que la autodeterminación practicada por el contribuyente es conteste con las operaciones efectivamente realizadas.
Que en apoyo de los indicios constatados por la fiscalización –y no, como pretende la recurrente, a modo de fundamento exclusivo del ajuste realizado- consta que la venta de materiales para la construcción no pudo ser efectuada por la Sra. Reynoso, en tanto se ha constatado que carece de capacidad económica, financiera y operativa. Ello queda evidenciado a poco que se coteje que la proveedora no adquirió bienes suficientes para haber facturado a PASKO lo que se pretende hacer valer en los comprobantes impugnados; que las acreditaciones bancarias son muy inferiores a las ventas presuntamente realizadas; que no posee empleados en relación de dependencia y que no posee bienes registrables de su titularidad. Cabe destacar que se presenta como un hecho revelador en la causa, la ausencia de un depósito para albergar los bienes que PASKO sostiene haber adquirido. Pero más aún, la falta de precisión sobre el domicilio en el cual la proveedora desarrollaba su actividad comercial, dato central que no han aportado ni ésta ni la fiscalizada en el ejercicio de su defensa contra el ajuste que pretende revertir. Del detalle de las facturas surge que PASKO supuestamente compró a REYNOSO grandes cantidades de materiales para la construcción entre los que se cuentan: 95 chapas galvanizadas; 25 tanques clásico tricapa eternit x 500; 110 tubo PVC NOVAFORT D 160MM x6. Ello la convirtió en la principal proveedora de la recurrente durante los períodos fiscales involucrados en la determinación, facturando ventas por la suma de $2.754.367,41, frente a los $12.650 que le había adquirido en septiembre de 2016 a quien la propia recurrente señala como un importante proveedor, el Sr. Mariano Selliez, hijo de la Sra. Reynoso.
Que además, de la prueba testimonial ofrecida y producida por la recurrente en el procedimiento, surgen patentes contradicciones. Así, los Sres. Alcides Ramón Romero y Ricardo Alcides Trolson -empleados de PASKO- declaran que retiraban artículos sanitarios y de construcción a través de remitos, del local situado en Av. Alvear entre calle 1 y Av. Hernandarias en la ciudad de Resistencia y que se llevaban los cheques a ese domicilio. En contraposición, la Sra. Reynoso manifestó en acta de fecha 31.08.2017, que el depósito se encontraba ubicado en el garaje del inmueble situado en Av. Moreno Nº 1246 de la ciudad de Resistencia y que en el tercer piso, departamento C de ese edificio funcionaba la oficina administrativa. A entender de este Tribunal -coincidente en este punto con el razonamiento de la demandada- resulta muy poco probable que, dada la magnitud y la cantidad de los materiales supuestamente manipulados y vendidos, pueda afirmarse que se encontraban guardados en un garaje doméstico, como lo dejó dicho la proveedora frente a la inspección.
Que en esta línea razonamiento, es preciso señalar que tampoco se ha logrado probar cómo fueron trasladados los materiales desde el depósito -cuya ubicación no ha quedado definida, en razón de las contradicciones señaladas- hacia el domicilio de PASKO. Que los títulos de dominio de vehículos que aporta la apelante en esta instancia, no son suficientes para colegir -en el marco de la contratación impugnada- el retiro y entrega de los materiales, pues solo dan cuenta de que la empresa posee vehículos para realizar fletes.
Un párrafo aparte merece la manifiesta falta de concordancia de las firmas insertas en los cheques cruzados con los cuales se dice haber cancelado las operaciones y la que inserta la Sra. Reynoso en acta ante la fiscalización. A ello se suma la falta de acreditación de sus importes en las cuentas bancarias de su titularidad, dejando en evidencia la irregularidad existente en el circuito de pagos, no siendo posible afirmar que haya sido efectivamente la Sra. Reynoso quien percibió los montos correspondientes a las facturadas emitidas y computadas por PASKO.
Frente a los contundentes indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a la proveedora no confiable, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en un sinfín de argumentaciones que no hacen más que revelar su mero desacuerdo con las valoraciones realizadas por la fiscalización, estructuradas en una pretendida nulidad por falta de motivación en el acto, falta de causa, desviación de poder y un inconducente planteo sobre la confianza legítima. Que así las cosas, debe señalarse que una factura puede válidamente ser considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real.
Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Que frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de la proveedora cuestionada, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por la proveedora impugnada, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que en tal sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con la proveedora indicada en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’. Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.”
Que ello viene a significar que no resulta ajustado a derecho el cómputo de crédito fiscal por el solo hecho de la facturación -como lo invoca la recurrente en pasajes de su escrito recursivo- toda vez que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo per se la factura, entidad suficiente para generar dicho crédito.
Cabe aclarar que, los indicios que pusieron en duda la veracidad de las operaciones que declara la recurrente frente al Organismo Fiscal, no se relacionan con los aspectos formales de la facturación aportada –los cuales no se encuentran cuestionados- sino con la factibilidad de que dicha documentación respaldatoria refleje operaciones de venta de bienes que efectivamente hayan existido tal como han sido declaradas.
Que en definitiva, la recurrente no presentó en esta instancia -ni precedentemente- elementos de convicción que posibiliten tener por acreditada la realidad integral de las operaciones. Contrariamente, son palmarias las oscuridades e irregularidades que obstan irremisiblemente a reconocerles la entidad pretendida.
Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de crédito fiscal contra ese débito supuestamente verificado en cabeza del referido proveedor; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
Que tal como explicara nuestro Más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto …“el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986). Que en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción –en esta instancia o en sede administrativa- que permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas al proveedor MIRTA REYNOSO DE SELLIEZ, este tribunal considera que no resulta procedente el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto.
VII. Que en lo sucesivo, corresponde examinar si la multa impuesta al contribuyente es ajustada a derecho.
Que cabe dejar sentado que cuando se pretende aplicar sanciones previstas en el articulo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (articulo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re “Ruggiero, Aldo”, sentencia del 21/12/2006 “… la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Asi se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que ‘no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la victima de la defraudación” (cfr. Diaz Sieiro, H.D.; Veljanovich, R. D. y Bergoth, L. “Procedimiento Tributario” (1993) comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 – “Casino Del Litoral SA” -TF 15.319-I- c/DGI- 8/2/1999).
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el articulo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la victima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el articulo 47 incorpora una serie de presunciones legales ‘iuris tantum’ tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el ente fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (“Batello, Tarcisio Ludovico” – CNFED. CONT. ADM. – SALA V- 29/03/1999). Que no puede negarse que la pretension fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que, más alla de encontrarse acreditada vía presuncion legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al organismo recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditada en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar el encuadre de la multa aplicada al contribuyente en autos. En cuanto al quantum de la sancion aplicada, corresponde puntualizar que si bien la graduación de la pena es una facultad discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar a su respecto, en su carácter de juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. En tal sentido, se advierte en el acto atacado una falta de explicación concreta de las circunstancias que condujeron al juez administrativo a graduarla en un monto equivalente a tres (3) veces el impuesto omitido. Consecuentamente y no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducir la sanción al mínimo legal de la escala prevista en el artículo 46 de la ley procedimental. Las costas en este aspecto se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce la multa, correspondiendo imponerlas por su orden.
VIII. Por último, corresponde analizar el planteo de la mora inculpable con relación a la obligación de abonar los intereses resarcitorios.
Que en este orden de ideas y conforme lo considerado a lo largo de este pronunciamiento, deviene inexcusable la imposición de los intereses resarcitorios contenida en el acto determinativo, por cuanto ha quedado demostrado que el contribuyente no ingresó el IVA correspondiente, teniendo aquellos accesorios la finalidad de resarcir al acreedor de la privación de la disponibilidad del capital que los origina, por el tiempo en que dicha situación se prolonga y a partir del vencimiento del plazo fijado para la cancelación de la obligación tributaria.
Que en tal sentido, cabe destacar que mas allá de la simple alegación de la inspeccionada, en modo alguno ha acreditado ésta los extremos necesarios para que este Tribunal pudiera admitir que la mora no le fue imputable.
Al respecto, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha revisado la doctrina del precedente “IKA Renault”, al exponer que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando esta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario - en cuyo campo ha sido consagrada la primacía de los textos que le son propios, de su espíritu y de los principios de la legislación especial, y con carácter supletorio o secundario los que imperan en el ámbito del derecho privado-, que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283; 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del CC queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor -que deben ser restrictivamente apreciadas- han impedido a este el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto -o lo ha hecho por un monto inferior al debido- en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto al fijado por el órgano competente para decidir la cuestión, no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así, máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley en su actual redacción y lo puntualizó la Corte en otros precedentes, se trata de la aplicación de intereses resarcitorios, cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas”(cfr. Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por lo considerado, corresponde rechazar la aplicación del error excusable como lo requiere la actora, ante la falta de elementos probatorios que así lo acrediten, siendo procedente el reclamo de intereses resarcitorios contenida en la resolución determinativa que se apela.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución Nº 42/2019 (DV RRES) en todos sus términos, reduciendo la multa aplicada a su mínimo legal. Costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese Date: 2021.12.28 12:11:05 ART Date: 2021.12.28 15:37:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.28 15:43:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.28 15:44:29 -03:00
Fin de la sentencia