Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la sanción, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que, a fs. 19/30, la parte actora interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76 inc. b) de la Ley N° 11.683 (t.o 1998 y sus modificaciones) contra la Resolución N° 46/18 (DV DEOB) emitida el 01/06/2018, suscripta por el Jefe (int.) de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de la Dirección General Impositiva (DGI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mediante la cual se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2010, en la suma de $2.973.908,29, el monto de $372.833,03 en concepto de intereses resarcitorios y le aplicó una multa de $ 102.708,82 equivalente al 70% del impuesto supuestamente omitido, en los términos del artículo 45 de la ley de rito.
Detalla que su actividad principal consiste en la composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas. Esgrime que, conforme el criterio de la DGI-AFlP, las rentas generadas por la producción de ciertas obras teatrales, no cumplirían los requisitos establecidos en la legislación vigente, para considerarlas exentas del tributo. Destaca que del artículo 9° del Decreto - Ley 1251/58 modificado por el Decreto – Ley 6066/58, establece la exención de todo impuesto nacional para los espectáculos teatrales que cumplan los recaudos por ella establecidos, extendiéndose su alcance a todo territorio nacional y teniendo plena operatividad en el impuesto discutido. Además, interpreta que, deberán entenderse como obras teatrales de autor nacional a las adaptaciones de obras teatrales de autor extranjero realizadas por traductores y/o adaptadores argentinos.
Describe que las obras de teatro el “El Rey Lear” y “Los Reyes de la Risa”, se tratan de adaptaciones en castellano para Argentina de la original en inglés. Asimismo, señala que la obra “El año que viene a la misma hora” es una obra original en inglés, que fue realizada por un director, adaptador y autor argentino.
En ese orden de ideas, afirma que las obras teatrales de las que formó parte de la producción, son adaptaciones efectuadas para el público argentino de las obras originales extranjeras no habiendo controversia aparente al respecto. Reitera que las obras teatrales involucradas en autos, contenían los aspectos necesarios a fin de cumplir con los requisitos pautados para ser consideradas una “nueva obra teatral” de autor argentino: cortes, ajustes ambientales, cambios en la historia de los personajes, eliminación y/o incorporación de actos; todos rasgos típicos que generan una obra distinta de versión libre, diferenciable de la original y, por ello, encuadrables en la exención del gravamen.
Expresa, que el criterio utilizado por el ente fiscal es errático y arbitrario, en cuanto a la interpretación y las apreciaciones que efectúa respecto del acto que impugna, en tanto a que las producciones cuestionadas en autos, no constituyen obras extranjeras meramente traducidas al castellano, sino “adaptaciones” – tal como se reconoce en reiteradas oportunidades en las actuaciones administrativas de marras- realizadas por autores de nacionalidad argentina, en nuestro idioma. Por otro lado, cita jurisprudencia en apoyo a su postura. Finalmente, ofrece prueba informativa, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, a fs. 43/50, el Fisco Nacional contesta el recurso de apelación interpuesto, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, quien en orden a las razones que expone solicita que se confirme la resolución apelada, con costas a la parte actora.
Cita la normativa pertinente y afirma que hasta el dictado de la Ley N° 27.065, la norma exentiva no incluía expresamente en la categoría de “obra nacional” a las adaptaciones y/o traducciones de obras extranjeras, sino a aquellas creadas por autores argentinos y autores extranjeros con más de cinco años de residencia en el país.
Resalta que, la cuestión litigiosa no se dirige a determinar si las obras realizadas responden a la categoría o no de adaptación y/o traducción, sino que precisamente, como lo dispone la normativa exentiva, esta categoría de espectáculos gozaría de la exención prevista en el Decreto Ley 1251/58 a partir de la sanción de la ley 27.065, es decir desde el 10/12/2014 y no antes de esa fecha.
Deja en claro que, no considera “obra nacional” en los términos del Art. 9 Decreto Ley 1251/58 a “obras extranjeras adaptadas”, antes del dictado de la Ley 27.065.
En cuanto al cuestionamiento de los intereses, señala que la mora resultó culpable, en virtud de que la actora decidió actuar conforme a la jurisprudencia en un caso concreto y no conforme a la clara letra de la ley exentiva. Respecto de la sanción expresa que dado el nivel de diligencia que se exige a un Gran Contribuyente Nacional, no podía escapar de su conocimiento, que a partir de la sanción de la ley 27.065, expresamente se incorpora en la norma exentiva a las obras con las características allí dispuestas.
Sobre la pretendida aplicación del error excusable señala que este aspecto fue fundadamente refutado por el Juez Administrativo interviniente, entendiendo que no se verifica falta de claridad u oscuridad en la norma exentiva, más allá de la interpretación deslizada por la jurisprudencia que trae a colación el recurrente, elemento este último que no hace más que ratificar que era conocido por el actor o sus asesores que el Organismo Fiscal no compartía la interpretación allí desarrollada.
Finalmente, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por la recurrente, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, a fs. 73, se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba informativa dirigida a Dirección Nacional del Derecho de Autor y a Argentores cuyas contestaciones obran a fs. 98 y 105, respectivamente.
A fs. xx se clausura la etapa probatoria, se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y pasan para alegar. A fs. 131/133 y 134/137 obran agregados los alegatos producidos por el Fisco Nacional y por la parte actora, respectivamente. Finalmente, a fs. 138 se disponen los autos para el dictado de la sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional al ajuste debatido en las presentes actuaciones. De conformidad con el Informe Final de Inspección obrante a fs. 6/31 del Cuerpo Ganancias de las actuaciones administrativas (conforme orden de intervención 629.579), el recurrente registra presentación relativa al Impuesto bajo análisis, correspondiente al período fiscal 2010. Del análisis de la declaración jurada presentada se observa que la actora declaró ingresos exentos, por considerar que los mismos responden a obras de teatro de versión libre, de un autor argentino, basado en una obra del extranjero. Es por ello, que la fiscalización actuante le solicitó el fundamento legal de dicho tratamiento, como así también informar con mayor grado de detalle respecto de las facturas por la participación en actividad teatral, indicar su participación en las obras en cuestión, sus autores y en caso de adaptación, cual es su adaptación en forma exhaustiva.
Dicho temperamento implicó un ajuste en la base imponible incorporando las facturas correspondientes a sus participaciones en la producción de las obras mencionadas, como renta gravada de 4° categoría de fuente nacional, incrementando la base imponible en el impuesto a las ganancias en $466.686.-, así como también la liquidación como actor en “El año que viene a la misma hora” por $20.831, lo que implica un valor total de $487.517.
V. Que, a continuación, corresponde que este Tribunal analice el fondo de la cuestión traída a decisión, de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis en atención a la interpretación normativa efectuada por la recurrente. En primer término, corresponde destacar que el art. 9 del Decreto Ley N° 1251/58 establece: “Exímese de todo impuesto nacional y municipal en jurisdicción de la Capital Federal, a los espectáculos teatrales definidos en el art. 11, cuando se trate de obras en idioma nacional de autores argentinos o extranjeros con no menos de cinco años de residencia en el país”.
La Ley Nº 25.037 dictada por el Congreso Nacional con fecha 11/11/1998, dispuso que “A los fines de la interpretación del alcance del artículo 9° del Decreto Ley N° 1251/58, modificado por el Decreto Ley N° 6066/58 y ratificados por la Ley N° 14467, referido a la eximición de todo impuesto nacional y municipal en jurisdicción de la Capital Federal, al espectáculo teatral, entiéndase que en todo momento han estado comprendidos en la referida exención los actores, autores, directores, promotores y técnicos especializados”.
Se discute en autos si los ingresos que el recurrente obtuvo en el período fiscal 2010 desarrollando actividades teatrales, concretamente por las obras “Los Reyes de la Risa”, “El Rey Lear” y “El año que viene a la misma hora” se encuentran o no alcanzados por los beneficios exentivos a los que alude el art. 9 del decreto-ley 1251/58.
A fin de dilucidar el alcance de la norma exentiva cabe dejar sentado que la actividad teatral fue definida por el Decreto Ley N° 1251/58 (modificado por el Decreto Ley n° 6066/58 y ratificado por la Ley N° 14.467) el cual en su artículo 11 considera que “queda comprendida en la denominación “actividad teatral” toda manifestación artística que signifique espectáculo con participación real y directa de actores, y no de sus imágenes, sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, de cámara, al aire libre o en locales cerrados, profesional o independiente, sin distinguir modalidades; teniéndose en cuenta únicamente la calidad del espectáculo como vehículo difusor de la cultura”.
Por otro lado, el art. 6° del decreto 6073/58 reglamentario del decreto-ley 1251/58, dispuso que para acordarse los beneficios que señala el art. 9° del citado decreto, las obras deberán ser "nacionales, orgánicas con o sin música". Asimismo, el sentido que debe atribuirse a la expresión “obra orgánica”: a la obra original coherente en sí misma, enteriza e indivisible, con principio y fin indivisos.
En ese contexto, corresponde dilucidar conforme las constancias de autos si las obras citadas pueden considerarse “obras en idioma nacional de autores argentinos o extranjeros con no menos de cinco años de residencia en el país”. Cabe recordar que que los ingresos obtenidos por las obras teatrales “Rey Lear”, “Los Reyes de la Risa” y “El año que viene a la misma hora”), que le fue liquidado por la Asociación de Actores, la actora las consideró como exentas en el Impuesto a las Ganancias por aplicación de la Ley 11.723 y el Decreto Ley 1251/58, criterio que no es compartido por la AFIP-DGI, que interpreta que dicha exención procede solamente respecto de las obras teatrales de autores nacionales, conforme el artículo 9° de la normativa legal.
En el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53). En otras palabras corresponde que la recurrente aporte las pruebas conducentes a rebatir la posición fiscal. En el caso particular, cabe señalar que no está en discución entre las partes que las obras originales son extranjeras. Sin embargo, la recurrente intenta acreditar que se trató de obras “nuevas” creadas por un autor argentino en idioma nacional, verificándose ajustes que las diferencian de las originales.
Para ello, la parte actora ofrece oficio a Argentores a fin de que emita un informe técnico respecto de las obras mencionadas para que señale si existen variantes entre el libro original y el adaptado, y en ese caso especifique cuales son. Del oficio diligenciado a Argentores surge que ésta no realiza informes técnicos y que les resulta imposible satisfacer el requerimiento peticionado. Señala que realizar este tipo de cotejos conlleva un gran trabajo requiriendo una prueba pericial de dramaturgia.
Por otro lado, ofrece prueba informativa dirigida a la Dirección Nacional del Derecho de Autor a fin de que se informe como se encuentran registradas las obras en cuestión. A fs. 98 la Dirección Nacional de Derechos de Autor contesta el oficio indicando que acompaña certificados de inscripción de las obras.
Respecto de “Los Reyes de la Risa” señala que se trata de una obra inédita que no ha sido renovada en tiempo y forma, por lo tanto se ha procedido a su destrucción (Decreto 7616/63). Respecto de esta obra la contestación de oficio ni siquiera da cuenta de que se trata de una adaptación argentina por los autores que invoca la actora (vide fs. 79). En cuanto “El Rey Lear” a fs. 94 surge que la obra literaria es de William Shakespeare y a fs. 92 como observación “ADAPTACIÓN ICH” autor Rueben Rolando Szchmacher y Lautaro Vilo. Sobre “El año que viene a la misma hora” a fs. 95 surge como observación “ADAPTACIÓN MR” y autores: Marcos Carnevale y Lily Ann Martin.
Corresponde señalar que la prueba producida no resulta hábil a los efectos de desvirtuar la pretensión fiscal, por el contrario, del informe de la Dirección Nacional de Derecho de Autor se reafirma que las obras en cuestión, son obras originales de autores extranjeros que habrían sido adaptadas para el público argentino, sin mayores detalles que avalen su postura.
En definitiva, en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción –en esta instancia o en sede administrativa- que permitan compartir la interpretación efectuada por la actora, las obras en cuestión, resultan ser obras de origen extranjero que habrían sido adaptadas al castellano las cuales antes de la sanción de la ley 27.065 no encuadraban en las exenciones previstas oportunamente. En definitiva, cabe concluir que, los ingresos provenientes de las mismas no cumplen con las condiciones que la norma establece para encontrarse eximidos en el impuesto a las Ganancias y, por lo tanto, se encuentran gravados, por lo que corresponde confirmar el criterio del organismo fiscal.
VI. Que en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en la determinación apelada.
VII. Que, resta analizar el aspecto infraccional de la resolución en crisis. Ahora bien, corresponde señalar que el tipo contenido dentro del artículo 45 requiere la culpa, la cual se presume, correspondiendo al contribuyente alegar y probar concretas y eficaces circunstancias exculpatorias si pretende ser eximido de la sanción. Específicamente, requiere para la configuración de la infracción que tipifica, la concurrencia de dos elementos: por una parte la omisión de pago de impuestos y, por otra, el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, siempre y cuando el Juez Administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa”, y en la medida que no exista error excusable.
Cabe señalar que la conducta incurrida por la actora en el caso de autos -omisión del pago de los impuestos determinados mediante la presentación de declaraciones juradas inexactas- acredita el elemento objetivo requerido por la norma del artículo 45, la cual implica un daño al bien jurídico protegido que es la recaudación fiscal.
No obstante ello, tal como lo ha expresado la alzada en numerosas oportunidades “si bien la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo -por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas” (ver entre muchas otras, CNACF, Sala IV, “Club Atlético Rosario Central” del 23/05/2006).
Siguiendo esta inteligencia, será el contribuyente quien deba demostrar la existencia de circunstancias eximentes al acreditar la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente, como lo es el “error excusable” que le impidió contar con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta, lo que no aparece aquí justificado a la luz de las argumentaciones desarrolladas en el escrito de inicio ni en las actuaciones administrativas.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
Ello así, el examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante, quien no ha presentado pruebas sobre factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable. En virtud de lo expuesto corresponde confirmar la multa aplicada, con costas. Ello no obstante, se estima que la graduación de la pena en un 70% del impuesto omitido aparece excesiva, atento que de las actuaciones ninguna constancia indica que la actora contara con antecedentes en materia sancionatoria ni que hubiera obstaculizado o entorpecido la actividad de los inspectores actuantes. Estas circunstancias ameritan reducir el quantum de la pena a su mínimo legal.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la sanción, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.12.27 13:04:09 ART Date: 2022.12.27 13:08:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.27 13:18:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.27 13:19:45 -03:00
Fin de la sentencia