Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Nº 1359/2013 (AD PASO) en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 13 042 LMAN 003640T e intima a GIROS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA. y a la Agente de Transporte Aduanero Marcela Fabiana Claus al pago de la suma de DÓLARES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 16/00 (U$S 91.754,16.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (Conf. lo expuesto en el Considerando XIV.-), con más los intereses que corran desde el 14/03/2013. Dicha suma deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente el día anterior al del que se efectúe el pago del total adeudado.
2Costas conforme los respectivos vencimientos las que se determinan en un 55% a cargo de las coactoras y un 45% a cargo del fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-103477677-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Septiembre de 2022 DGA s/ recurso de apelación”
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 33.773-A: “GIROS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA. y OTRO c/ DGA s/ recurso de apelación”
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Nro. 1359/2013 (AD PASO), dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, por la que se resolvió no hacer lugar a la impugnación impetrada por GIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. y el ATA MARCELA FABIANA CLAUS, contra el cargo N° 13042LMAN003640T, formulado en concepto de tributos adeudados por la destinación suspensiva de tránsito de importación registrada como MANI 13042MANI012396B.
II. Fundamentos del recurso:
Que a fs. 43/49vta. se presentan GIROS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. mediante apoderado y la ATA MARCELA FABIANA CLAUS, ambas con patrocinio letrado, y apelan la resolución referida en el considerando anterior. En primer lugar, formulan una breve reseña de los hechos antecedentes del caso y, a continuación, pasan a tratar los agravios. Sostienen que el robo representa una situación que es causal de fuerza mayor y que resulta injusto una imposición sobre el administrado como consecuencia de la aceptación de que puedan beneficiarse terceros con el producido del hecho ilícito. Citan doctrina y jurisprudencia que entienden favorable a su postura. Hacen referencia a lo establecido en la Res. 2382/9, el ATIT y la Declaración de Compromiso celebrada entre Argentina y Chile. Mencionan la supremacía jerárquica de los tratados internacionales por sobre las leyes nacionales. Considera que el importador es en definitiva el propietario y poseedor legítimo de la mercadería y quien efectúa el hecho gravado ante la Aduana. Agrega que se constituyó garantía de conformidad con lo dispuesto en el art. 453 inc. j) del C.A.. Asimismo, plantea la nulidad de la resolución por entender que la misma carece de causa y motivación. Cuestiona la liquidación argumentando que la mercadería es de origen brasilero. Finalmente ofrecen prueba, plantean el caso federal y solicitan que se dicte resolución, con costas.
III. Contestación del traslado: Que a fs. 80/84 se presenta la representante del fisco y contesta el traslado del recurso interpuesto por las coactoras. En primer lugar, niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueran objeto de su especial reconocimiento, y efectúa un sucinto relato de los hechos. Sostiene que fue acreditado el faltante de la mercadería, operando la presunción legal prevista en el art. 311 del C.A., y al sólo efecto tributario, de que la mercadería fue importada a consumo. Señala que el eximente contenido en el art. 315 del C.A. referido a cuando las mercaderías resulten irremediablemente perdidas por un siniestro ocurrido durante el transporte, no alcanza a las que pudieran ser empleadas por un tercero. Asegura que el hecho de que se denunciara el robo y se comunicara el siniestro en los términos del art. 308 del C.A. no resulta suficiente para eximir del pago de los tributos que gravan la importación para consumo de las mercaderías sustraídas. Hace referencia a los arts. 311, 312 y 780 del C.A.. Señala que la norma le atribuye responsabilidad tributaria, sin admitir prueba en contrario, sustituta del sujeto que cumplió el hecho imponible y que se determina la exención del cumplimiento de la obligación sólo en aquellos casos en que la mercadería no pueda ser empleada por un tercero. Destaca que el sujeto pasivo de la obligación es un tercero escogido por la ley para cumplir con tal deber, colocándolo en el lugar del sujeto que cumplió el hecho imponible. Agrega que existe la posibilidad de la acción civil de repetir el pago del sujeto que ejecutó el hecho irregular. Menciona el art. 303 del C.A. en relación a la obligación de constituir garantía y a la resolución 2336/91 dictada como consecuencia del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre de Carretera de MERCOSUR. Asegura que el transportista y el ATA asumen el riesgo frente a la obligación legal expresa de responder por los tributos ante la falta de cumplimiento de la destinación suspensiva de tránsito. Sostiene que la acreditación del robo exime de la consecuencia infraccional, pero no alcanza para eximir al responsable del pago de los tributos que se originaren en la importación para consumo irregular. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas antecedentes de esta causa (Actuación N° 12307-56-2013/1) se inician a fs. 2 con la Multinota presentada en fecha 21/02/13 por la ATA Marcela Fabiana Claus, en representación de GIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA., ante la Aduana de Paso de los Libres en relación a la destinación 13042MANI012396B, informando el robo del camión junto con la mercadería. A fs. 3/8 lucen copias del MIC/DTA N° BR 2635 01354. A fs. 15 obra el cargo - liquidación manual N° 13042LMAN003640T por la suma de U$S 168.566,12. A fs. 24/27 luce la “INTIMACIÓN DE DEUDA - CEDULA N° 15/2013” dirigida a la ATA y a la transportista (notificados en fecha 01/02/13 y 05/03/13, según constancias de correo argentino obrantes a fs. 28 y 30). A fs. 31/34 impugnan el cargo la transportista y el ATA con fecha 14/03/13, acompañando a fs. 37/52 copia del MIC/DTA BR 2635.01354, denuncia policial de fecha 17/02/13, cartas de porte Nros. BR 2635 01876, BR 2635 01875, BR 2635 01874, BR 2635 01873, BR 2635 01872, BR 2635 01871, Certificados de origen Nros. CHF 1/13, CHGD 001-13, CHbar2-13, CHGD 002-13, y BRRS2A35130000000158. A fs. 53, con fecha 14/03/13 se presenta la transportista solicitando ampliación de plazo a fin de cumplir con la garantía aduanera. A fs. 55/56 se presenta con fecha 19/04/13 la transportista solicitando se deje sin efecto la suspensión. A fs. 57/60 lucen las intimaciones efectuadas a la firma GIROS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. a los fines de la constitución de la garantía. A fs. 63/65 luce la presentación efectuada por la ATA en representación de la transportista con fecha 23/04/13. A fs. 71/72 luce la Multinota presentada por la ATA con fecha 23/04/13 a fin de adjuntar el Acta de entrega del camión robado. Seguidamente luce la Actuación N° 12303-733-2013, y continuando con la correlación numérica, a fs. 74/75 obran presentaciones de la ATA en representación de la transportista. A fs. 76 luce el comprobante de pago de la liquidación manual N° 13042LMAN015529F referido a la destinación 13042MANI012396B, por un importe total de U$S 168.566,12. A fs. 76vta. luce sello de pase a Sección Sumarios “habiéndose afectado la póliza”. Finalmente, a fs. 79/86 luce la Resolución N° 1359/2013 (AD PASO) apelada en autos.
V. Que, en primer lugar, corresponde tratar la nulidad planteada por las coactoras en cuanto entienden que la resolución aduanera carecería de causa y motivación. Considera que la misma es un acto administrativo y que como tal, carece de uno de los elementos esenciales del mismo. Aduce que la Aduana rechaza la nulidad originariamente propuesta argumentando que el acto ha cumplido con su finalidad y que no se vincula la pretensión esgrimida, ni se explicitan el acto y la finalidad que considera cumplidos, como tampoco se expone la fundamentación del rechazo de la impugnación. Considera así vulnerado el principio constitucional del debido proceso.
En este punto cabe señalar que la resolución apelada fundamenta in extenso en sus considerandos lo que finalmente integra su parte resolutiva. No obstante lo cual, el hecho de que la recurrente sostenga que la mentada resolución posee vicios que la convierten en arbitraria o carente de motivación, no puede generar la nulidad por la nulidad misma. Por su parte, siendo la decisión fundada, no se requiere la expresa mención de todos los argumentos o pruebas invocados por las partes, debiendo tratarse sólo aquellos que razonablemente se estimen conducentes a la decisión del caso. (CSJN Fallos: 251-39)
A mayor abundamiento, y en cuanto entiende la actora que el derecho a la motivación de la resolución es un derecho a través del cual se resguardan las restantes garantías constitucionales, como por ejemplo la del debido proceso, cabe señalar que la nulidad que se pretende sería inadmisible entendiendo que cualquier menoscabo al derecho de defensa puede ser subsanado en esta instancia recursiva ulterior. Por lo expuesto, resulta aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros fallos: 205:549 y 267:393).
Que, a tenor de lo expuesto, no corresponde hacer lugar al agravio tratado en este punto.
VI. Que conforme surge de las actuaciones administrativas, tras la denuncia efectuada por la ATA, Marcela Fabiana Claus, poniendo en conocimiento de la Aduana el robo del camión y de la mercadería amparada por la destinación de tránsito de importación N° 13042MANI012396B, se le generó a la firma GIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. un cargo en concepto de tributos por la suma de U$S 168.566,12 con motivo del tránsito no cumplido, cuya intimación de pago fuera notificada mediante Cedula N° 15/2013.
Que a los efectos de determinar la cuestión debatida en autos, corresponde destacar que no se controvierten los hechos en sí, es decir, el incumplimiento del referido tránsito de importación, así como tampoco que ello fue consecuencia del robo del camión mencionado, siniestro que fuera denunciado ante la autoridad competente. Encontrándose la discusión circunscripta a la procedencia o no de la exigencia tributaria que formula el servicio aduanero respecto de las firmas responsables del transporte y del ATA.
VII. Que corresponde analizar en autos si el art. 315 del Código Aduanero exime de responsabilidad tributaria cuando la mercadería fuere robada, o si, por el contrario, corresponde confirmar el reclamo tributario formulado en dicho concepto a las coactoras y no hacer lugar a la impugnación efectuada contra el mismo.
Que la operación de tránsito de importación se encuentra regulada en los arts. 296 y sgtes. del C.A., y constituye un régimen en virtud del cual se autoriza que la mercadería importada, es decir, aquella ingresada al territorio aduanero pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la Aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 C.A.). Que la principal obligación que el régimen impone recae en el transportista, que asume su propia responsabilidad frente al servicio aduanero por la operación que se documenta, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la aduana de destino (de salida o interior), dentro de un plazo estipulado, cuidando que arribe la misma mercadería (art. 317) y en su totalidad (art. 310), sin haber sufrido ninguna modificación ni haber sido utilizada.
Que el art. 315 exime de responsabilidad tributaria en caso de incumplimiento del tránsito, cuando las mercaderías se pierden “irremediablemente”, no habiendo entrado al circuito económico, y si se efectúa la comunicación prevista en el art. 308 del C.A.
Que a continuación, el mismo artículo no exime del pago de tributos si la mercadería en cuestión puede potencialmente ser utilizada por un tercero.
Que no quedan dudas de que la segunda parte del art. 315 funciona como excepción a la situación planteada en la primera parte, y que el sentido de esa excepción (la posibilidad de empleo de la cosa por un tercero) comprende especialmente a la mercadería hurtada o robada. Trata los supuestos de siniestros en que por su naturaleza (como en el caso de autos, el robo a mano armada), pese a no poder ser recuperada por su propietario, la mercadería ingresa a plaza de forma irregular.
Que, según la interpretación literal de la citada norma, basta al respecto la mera posibilidad del empleo de la mercadería por un tercero, sin que sea necesario, en manera alguna, demostrar su empleo efectivo o económico de manera real, ya que la norma no requiere esa prueba o demostración. Es más, presume su importación a consumo sin admitir prueba en contrario.
Que, en tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ha sostenido en numerosos fallos que la finalidad de la exigencia de pago de tributos de la mercadería perdida para el documentante como consecuencia del robo, es la de proteger la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible utilización en razón de un ingreso que ha resultado ilegítimo.
Que, en conclusión, el siniestro que afectó a la mercadería objeto del tránsito de importación (en el caso, el robo), a luz de la normativa expuesta, no puede ser considerado como un supuesto de pérdida irremediable de la misma - excepción para la que se previó la no sujeción al régimen tributario aduanero (art. 315 del C.A.)- y, en consecuencia, la misma se presume irregularmente importada para consumo.
VIII. Que, a su turno, nuestro Máximo Tribunal efectuó una interpretación del mencionado régimen, aconsejando distinguir, para un caso análogo al de autos, “…la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta por el itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción (...) de la de quien ha cumplido con los deberes de custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas…” (CSJN, “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI).
Que por tanto, autorizó en ese orden de ideas -en una interpretación extensiva del plexo normativo- la posibilidad de la presentación de prueba en contrario, más allá de aquélla que se encuentra dirigida a derribar el presupuesto que la condiciona -esto es, que pueda ser (al menos) potencialmente utilizada por un tercero-.
IX. Que, sentado ello, debe entenderse que el robo o hurto de la mercadería constituyen contingencias que no son ajenas a la operatoria de transporte, y si bien pueden considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, en el caso que la mercadería pueda ser utilizada por un tercero, dicho hecho no opera per se como eximente de la responsabilidad tributaria, sino que tal como surge de la ley ritual y a la sazón de los criterios establecidos por nuestra Alzada en “Tevelam S.R.L.”, deben probarse en la especie otros extremos -en especial el haber cumplido con los deberes de custodia de modo significativamente ostensible- a fin de derribar el presupuesto que implica la presunción en trato, es decir, considerarla importada para consumo.
Que, así, cabe predicar que el razonamiento presuncional comporta en su estructura lógica como en su validez la existencia de un hecho inferente -comprobado o fundante- sobre cuya existencia no existen dudas (esto es, en la especie, el incumplimiento de las obligaciones inherentes del régimen de importación de tránsito, debido a la existencia de un siniestro, sumado a ello, la potencial utilización por un tercero). A partir de él -el hecho inferente- se elabora una regla de experiencia para, finalmente, derivar de ello la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho inferido -presumido, fundado- (es decir, sobre el particular, que la mercadería se encuentra circulando irregularmente dentro del territorio aduanero y que por tanto, debe ser considerada como importada para consumo).
Que dichas presunciones admiten una división entre hominis y legales. Éstas últimas (aquí en trato), en la medida en que admitan prueba en contrario (aunque inviertan la carga de la prueba), serán absolutas o relativas. En las primeras es el legislador quien impone cierto razonamiento, pero para el caso de ser relativas (y es así como debe entenderse, en la especie analizada, a raíz de la interpretación jurisprudencial), dichas presunciones ayudan al juez con cierto razonamiento en virtud del cual se indica una regla de experiencia considerada normal, todo sin perjuicio del requerimiento de razonabilidad como garantía constitucional.
Que la consecuencia práctica de tales consideraciones preliminares es a los efectos de analizar la correcta concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente del plexo normativo y la doctrina de nuestra CSJN, evidencien que el hecho presumido guarda una razonable correspondencia con los hechos verificados.
X. Que, entonces, a fin de determinar en el caso de autos a quién corresponde la carga de la prueba, cabe señalar que, genéricamente, ésta es correlativa a la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377 del Código Procesal Civil Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Que, para ello, debe tenerse presente que se trata de mercaderías de origen extranjero sujeta al pago de tributos, y que teleológicamente la presunción establecida en el art. 315 in fine del CA, encuentra su fundamento en la necesidad de evitar que con el régimen de importación de tránsito se perpetren maniobras que afecten la renta fiscal. Por lo que, pretender que debe ser la Aduana quien debe demostrar el no cumplimiento de las obligaciones de los sujetos responsables por la existencia de caso fortuito o fuerza mayor o la acreditación del no cumplimiento de sus deberes de custodia respecto de la mercadería introducida, poniendo en su cabeza la carga negativa de la prueba, implicaría en razón de la cantidad y magnitud de las operaciones que se realizan en el ámbito del país, imponerle una obligación de cumplimiento extremadamente dificultosa y la inexistencia de la presunción misma dispuesta por el legislador para todo aquél que acreditase un robo. Siendo, por lo demás, la recurrente aquélla que está en mejores condiciones de probarlo. Es por ello, que las normas vigentes, de la manera más adecuada a la lógica y a la razón, imponen esa carga -onus probandi-, de demostrar el cumplimiento de las obligaciones, a los propios beneficiarios de los regímenes de importación o de exportación.
Que si bien la CSJN en “Tevelam S.R.L.” estableció que “…si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades (...) no cabe responsabilizar a la actora por el pago de los tributos...”, cabe destacar que dicha premisa lógica procedía, justamente, de diversas aristas fácticas del caso, como fue, en especial, la demostración por la parte actora en las instancias previas (debiendo destacarse la prueba en sede aduanera) del contundente cumplimiento de sus deberes de cuidado y custodia de la mercadería proveniente de zona extranjera, que implicó, sobre el caso particular y a partir de allí, naturalmente, la inversión de la carga de la prueba hacia el Fisco a fin de desvirtuar ello último.
XI. Que, sentado ello, corresponde ahora analizar los hechos en razón de las probanzas que fueron arrimadas a estos autos.
Que los esfuerzos probatorios de las coactoras se limitaron a dar aviso a la Aduana del robo del medio de transporte involucrado en autos y de la mercadería en tránsito a través de la Multinota confeccionada, y al agregado de la copia del acta de ampliación de denuncia policial obrantes a fs. 2, 40/41 de los antecedentes administrativos.
Que en cuanto a la prueba documental acompañada al recurso de autos, consistente en noticias periodísticas, de la misma no surge información fehaciente que permita vincularla específicamente con el robo del medio de transporte involucrado en esta causa.
Que, resulta oportuno señalar que el aviso a la Aduana informando el robo del camión se efectuó mediante Multinota recién con fecha 21/02/2013 y que el robo se produjo el 15/02/2013 (de conformidad con lo declarado en la ampliación de denuncia), es decir seis días con posterioridad al robo, cuando el Código Aduanero al regular el régimen en trato -y particularmente la interrupción del tránsito por un siniestro, en este caso el robo a mano armada del camión- requiere de una necesaria inmediatez en el aviso del hecho al servicio aduanero. (Conf. art. 308 del C.A.)
Que, conforme a lo expuesto, ninguna de las recurrentes acreditó ante esta instancia, ni en sede aduanera, probanza alguna relativa al cumplimiento de los deberes de custodia sobre la mercadería ingresada del extranjero u alguna otra que -en su magnitud e indubitabilidad- pudiese llevar a este juzgador a una razonable convicción de eximirlas de la responsabilidad tributaria.
Que, a mayor abundamiento, resulta importante destacar que la norma tiene como fin primario evitar que simples maniobras desnaturalicen la excepcionalidad del régimen en trato del que goza el importador, colocándose dinámicamente la carga de la prueba sobre los responsables tributarios a fin de que puedan derribar el presupuesto legal que ofrece la norma como condicionante -esto es, la utilización de la mercadería por un tercero-, sumando a ella -según la doctrina de “Tevelam S.R.L.”- la posibilidad de instar otras pruebas dirigidas a demostrar de modo fundado su ajenidad al incumplimiento.
Que es jurisprudencia de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que si bien el robo a mano armada puede tener el alcance de caso fortuito o fuerza mayor, para ello es necesario que se trate de un hecho imprevisible, insuperable o inevitable. Nótese que el caso fortuito o fuerza mayor está expresamente contemplado en el C.A. pero en la especie -robo de mercadería en tránsito (art. 315)- no excluye la obligación del pago de los tributos (salvo, como se dijo, la demostración exacerbada del cumplimiento de los deberes de custodia o cuidado). Que, ello así, en razón de que el extremo de los cuidados con relación al transporte de la mercadería a través de rastreos satelitales, vehículos de custodia o cualquier otro medio, no deviene exigible conforme la normativa aplicable, no puede dejar de señalarse que la frecuencia de los robos de mercadería transportada por vía terrestre impide considerarlos como hechos imprevisibles y aconseja a los transportistas arbitrar los medios para disuadir y desalentar tales acontecimientos. Tal y como sucedió en el antecedente ya mencionado (in re “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI CSJN).
Que, en dicha línea, debe tenerse presente que, genéricamente, las situaciones que contempla el C.A. y la jurisprudencia, que pueden operar como eximente de responsabilidad por el pago de los tributos, deben ser analizadas con criterio estricto y razonable en la ponderación de los hechos.
XII. Que, en otro orden de ideas, al tratar la cuestión tributaria que nos ocupa, nada tiene que ver la cuestión penal en la que se investigue el delito de contrabando porque, por disposición de ley, se ha puesto a los beneficiarios del régimen del tránsito como responsables de la exigencia tributaria, y esos son los sujetos pasivos de dicha obligación (art. 312).
Que, al respecto cabe señalar que la única prueba conducente a conocer el estado de la causa penal, no fue cumplida en autos en atención a la falta de cumplimiento por parte de las coactoras del diligenciamiento del oficio respectivo y, en consecuencia, se las tuvo por desinteresadas de dicha prueba (ver fs. 100 de autos)
XIII. Que en relación a los sujetos que deben responder por los tributos adeudados, el art. 312 del C.A. considera al transportista y a su agente de trasporte aduanero como deudores principales de las obligaciones tributarias, mientras que considera al cargador, al que tuviere derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen como responsables subsidiarios de esas obligaciones, con independencia de la situación de quienes realizaron los actos ilícitos que originaron el caso fortuito o la fuerza mayor, es decir, sin perjuicio de que el hecho gravado haya sido realizado por otro. De esta forma el Código los hace responsables por deuda ajena, con la finalidad de proteger los intereses fiscales.
Asimismo, cabe destacar que el caso se ha regido por el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), celebrado al amparo del Tratado de 1980 de la ALADI, suscripto el 1 de enero de 1990, puesto en vigencia a través de la Resolución de la Subsecretaría de Transportes de la Nación N° 263/90, y en su “Aspectos Aduaneros” por la Resolución de la Administración Nacional de Aduanas Nº 2.382/91 y modifs.
En lo que aquí interesa, dicho acuerdo, remite a los fines de la responsabilidad derivada de los incumplimientos del régimen de tránsito, a las disposiciones del Código Aduanero, concretamente a la Destinación Suspensiva de Tránsito prevista en los artículos 296 y siguientes del Código, previendo para situaciones como las de autos, la posibilidad por parte de las transportistas de responder por los tributos y multas eventualmente aplicables, otorgando garantía a través de los vehículos que componen la flota de camiones, a pesar de que, si el vehículo que transporta la mercadería sustraída, sigue la suerte de ésta, implicaría una dificultad por parte el Estado en el cobro de tributos.
Que, en el caso de autos, surge de las actuaciones administrativas que el camión involucrado fue recuperado, según surge de la Multinota de fecha 23/04/2013 obrante a fs. 71 y el Acta de entrega de rodado emitida por la policía de la Provincia de Santa Fe, obrante a fs. 72, la cual refiere que se le entrega al compareciente “… UN SCANIA CON DOMINIO IHX 9075 Y el ACOPLADO marca RANDOM con Dominio DHU 8979.- Recibiendo de conformidad en el estado que detentaba al momento de su secuestro, …”, coincidente con los datos obrantes en la documentación aduanera complementaria de la destinación.
Que, en consecuencia, y en lo que aquí interesa, corresponde confirmar el decisorio apelado en cuanto intima a la firma GIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. y a la Agente de Transporte Aduanero Marcela Fabiana Claus al pago de los tributos adeudados por el incumplimiento del tránsito en cuestión, con costas.
XIV. En cuanto a la exigencia tributaria en cuestión, la aduana, en el caso, ha liquidado por la mercadería en tránsito (ver Cargo Nº 13 042 LMAN 003640T de fs. 15 de las act. adm.), como tributos que gravan la importación para consumo -derechos de importación, tasa de estadística, IVA, y percepciones de IVA y Ganancias-, por la suma total de U$S 168.566,12 y por ese importe se intimó su pago a las aquí coactoras. Que, la actora cuestiona la referida liquidación, en cuanto considera que no fue tenido en cuenta el origen brasilero de la mercadería, para lo cual alega que no fue tenido en cuenta el certificado de origen respectivo. Corresponde señalar al respecto que, no se ofreció prueba pertinente para acreditar dicho extremo más allá de haberse acompañado copias simples de los certificados de origen, los cuales obran agregados a las actuaciones administrativas.
Que, asimismo, resulta oportuno hacer referencia a la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “... a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “... cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
DESTINACIÓN N° 13042MANI012396B CARGO Nº 13 042 LMAN 003640T D.I U$S 38.679,95 T.E U$S 1.040,30 IVA U$S 52.033,91
IVA Adicional U$S 0,00 Impuesto a las Ganancias U$S 0,00 TOTAL U$S 91.754,16 Que, por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, declarando que los tributos adeudados, ascienden a la suma de DÓLARES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 16/00 (U$S 91.754,16.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses devengados desde el 14/03/2013, ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 1359/2013 (AD PASO) en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 13 042 LMAN 003640T e intima a GIROS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA. y a la Agente de Transporte Aduanero Marcela Fabiana Claus al pago de la suma de DÓLARES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 16/00 (U$S 91.754,16.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (Conf. lo expuesto en el Considerando XIV.-), con más los intereses que corran desde el 14/03/2013. Dicha suma deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente el día anterior al del que se efectúe el pago del total adeudado.
2. Costas conforme los respectivos vencimientos las que se determinan en un 55% a cargo de las coactoras y un 45% a cargo del fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, se encuentran adecuadamente reseñados en los considerandos I a IV del voto del Dr. Segura, a cuyos términos me remito por motivos de brevedad.
II. En las condiciones indicadas cabe recordar que el art. 315 del C.A. dispone: “La mercadería irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero”.
III. Sentado lo que antecede corresponde expedirse acerca de si el robo, que la aduana tuvo por acreditado en la resolución recurrida, puede eximir del pago de los tributos a la importación para consumo. Al respecto, cabe recordar que el art. 261 del C.A. expresamente dispone que: “La mercadería totalmente destruida o irremediablemente perdida por caso fortuito o fuerza mayor durante su permanencia bajo el régimen de importación temporaria no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando, pese a no poder ser recuperada por su propietario, pudiere ser empleada por un tercero.”
IV. Respecto de la sustracción de mercaderías, la Corte Suprema no exime sin más el pago del tributo a los responsables que son víctimas de un siniestro. En el caso “Tevelam” (11/12/2012), la Corte Suprema, luego de describir el régimen, transcribiendo la normativa aplicable al caso (Capítulo VI, Título II, Sección III del C.A.) afirmó que: "...el sistema descripto no puede conducir a que, sin más ni más, se concluya que en todo caso en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida porque ha mediado una sustracción -y por el solo hecho de que aquélla pudiera ser utilizada por un tercero- no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro", agregando (ya en el Considerando 11) que "...una interpretación prudente y respetuosa de los principios precedentemente referidos - acorde, por lo demás, con el criterio fijado por el Tribunal en materia de presunciones iuris et de iure (Fallos: 333:993)-, aconseja distinguir la situación de quien descuida el control de la carga [...]; se aparta del itinerario fijado [...], o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar connivencia con el hecho de la sustracción, en cuyo caso no podría alegar razón eximente de su responsabilidad tributaria fundada en un hecho imprevisible e irresistible...". Y concluye: "...si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas [...], no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del art. 315, segunda parte, de aquel ordenamiento".
V. A tenor de lo expuesto, no puedo dejar de hacer notar que el acto administrativo recurrido no ahonda en lo más mínimo en las circunstancias en que se habría producido el robo. Si bien en lo personal, disiento absolutamente con la doctrina establecida en el precedente citado, el que desnaturaliza el sentido de las obligaciones aduaneras, lo cierto es que en autos no se probó el incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el robo.
En esa línea y a mayor abundamiento cabe resaltar que la propia Aduana en la Resolución apelada (a fs. 80 de las actuaciones administrativas) indica textualmente: “No se controvierte el acaecimiento del robo de la mercadería (…), como así tampoco se pone en dudas la existencia de la denuncia formulada ni la tramitación de causa penal ante el Ministerio Publico. Tampoco se pone en tela de juicio la comunicación del siniestro al servicio aduanero en los términos del art. 308 del C.A., ni se endilga negligencia al ATA en el cumplimiento de sus deberes”, por lo que en esa comprensión del asunto, no corresponde responsabilizar a las coactoras por el pago de los tributos en los términos de la doctrina establecida por el Alto Tribunal del art. 315, segunda parte, de aquel ordenamiento.
VI. Por la forma en que se resuelve la presente se torna inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Revocar la Resolución N.º 1359/2013 dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en la actuación SIGEA 12307-56-2013/1 y, por ende, el cargo N.º 13042LMAN003640T, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 1359/2013 (AD PASO) en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 13 042 LMAN 003640T e intima a GIROS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA. y a la Agente de Transporte Aduanero Marcela Fabiana Claus al pago de la suma de DÓLARES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 16/00 (U$S 91.754,16.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (Conf. lo expuesto en el Considerando XIV.-), con más los intereses que corran desde el 14/03/2013. Dicha suma deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente el día anterior al del que se efectúe el pago del total adeudado.
2. Costas conforme los respectivos vencimientos las que se determinan en un 55% a cargo de las coactoras y un 45% a cargo del fisco.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2022.09.28 13:09:30 ART Date: 2022.09.28 15:03:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.28 20:24:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.28 20:25:00 -03:00
Fin de la sentencia