Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 48.372-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios y multa. Con costas a la vencida.
I. Que a fs. 267/317vta la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nº 280/2017 (DV RRMR) y Nº 281/2017 (DV RRMR) ambas de fecha 20/10/2017, dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la Dirección General Impositiva. El apelante impugna las mencionadas resoluciones relativas a 1) Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 05/2011 a 12/2014, con más intereses resarcitorios y le aplica una multa, art. 46, dos veces el impuesto omitido del periodo fiscal de IVA 01/2012. 2) Impuesto a las Ganancias por el cual determina la materia imponible y el resultado impositivo de la recurrente por los periodos fiscales 2011 a 2014.
La actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
En primer lugar, la recurrente manifiesta que se impugna el crédito fiscal computado de los siguientes proveedores: Sierras del Velazco SA, Pitey SA y Agroindustrias Robles SRL; y agrega que el Fisco Nacional argumenta que al haberse agregado en la Base Apoc, no le reconoce la documental de respaldo y se adecua el crédito fiscal de los periodos fiscales 05/2011 a 12/2014, surgiendo la diferencia de impuestos de la cual se corre vista de las actuaciones al contribuyente para ofrecer su descargo fundado.
Plantea la nulidad del acto administrativo y alega que el Fisco pretende desvirtuar en su informe de inspección y determinación, por una presunta infracción de declarar montos inexactos relativos a costos y gastos deducibles impugnados en cabeza del contribuyente bajo inspección.
Señala que actuó de buena fe y adquirió servicios que resultan verosímiles desde el principio de la realidad económica.
Entiende que los funcionarios administrativos no han respetado el procedimiento del art 17 de la Ley 11.683 para la validez de la determinación de oficio, violando el derecho de defensa y debido proceso adjetivo al trabajar sobre la base de datos del organismo.
Alega que el acto administrativo que se dictó carece de sus elementos básicos, a saber: causa, motivo y finalidad. En cuanto a los proveedores observados, señala que Sierras del Velazco SA, está inscripta en las actividades de elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar y elaboración de aceites y grasas refinados. Se encuentra cargada en la Base eApoc desde 2014 con la condición Usina empresa desactivada.
La recurrente agrega que el Organismo Fiscal constató que el inmueble se encontraba deshabitado y con signos de evidente abandono.
La firma Soyenergy SA –dice- registra un total de 38 operaciones respaldadas con facturación del proveedor observado y añade que la AFIP no informa que la determinación de la inclusión en la base eApoc de este proveedor es posterior a las operaciones que se impugnan.
Asimismo, sostiene que Pitey SA está inscripta en actividades de venta al por mayor de productos y subproductos de molinería NCP, venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores, venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas NCP y venta al por mayor en comisión o consignación de cereales.
Afirma que se encuentra cargada en la base eApoc por irregularidades en la cadena de comercialización. Señala que la firma Soyenergy SA registra un total de 48 operaciones respaldadas con facturación del proveedor observado y –dice- que la inclusión en la base eApoc es posterior a las operaciones que se impugnan. En cuanto a Agroindustrias Robles SRL, del análisis de las bases de datos de la administración federal se desprende la existencia de un grupo económico relacionado en función de accionistas y representantes, encontrándose varias de las empresas integrantes del grupo en la base eApoc y agrega que la inclusión en la base es posterior a las operaciones que se impugnan.
Invoca falta de validez de las presunciones del Fisco expresando que se cuestionó el origen de los gastos producidos por la compra de bienes y/o servicios a terceros, sin elementos probatorios validos que indiquen que se niega su existencia.
Entiende que la AFIP-DGI presume pero no constata, por lo tanto –dice- debe dejarse sin efecto la determinación practicada y añade que la administración ha actuado con discrecionalidad al no haber valorado la prueba del contribuyente.
El apelante manifiesta que en cuanto al Impuesto al Valor Agregado, no le permite computar el crédito fiscal de las operaciones contabilizadas por haberse incluido las mismas en la base eApoc del Fisco.
Por otra parte, respecto al Impuesto a las Ganancias, manifiesta que se dio inicio a la fiscalización siendo el origen de la misma el cruce entre las bases informáticas de la Administración Federal, a través de la cual se detectaron operaciones con proveedores considerados apócrifos.
Sostiene que se le solicitó la presentación de ciertos papeles de trabajo como el acta de constitución de la sociedad y los que han servido para la confección de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los periodos de autos.
Agrega que el organismo fiscal reproduce los mismos argumentos que sostuvo para la determinación de IVA. Alega que el sistema informático y de registración de la AFIP establece la vigencia de las facturas que hoy le imputan apócrifas y, dice, en cuanto al principio de legalidad, que no puede exigirse al contribuyente conductas a la que no está obligado y que van más allá de lo que exige la ley, por lo cual afirma haber constatado que las facturas que expedía estaban autorizadas por la AFIP, pero indica que no está obligado a investigar nada más. Señala que de la base de datos surge que las empresas proveedoras -cuestionadas por la AFIP- declararon el IVA percibido por Soyenergy SA y que declararon las operaciones con esta, señala que si luego falseó alguna operación no es responsabilidad de su asistida.
Entiende que los métodos utilizados por los inspectores distan del principio de legalidad puesto que –dice- no se puede dejar de computar el crédito fiscal que un tercero genera a la empresa por la prestación de servicios o entrega de productos que forman parte del producto a ser enajenado sin previo agotar los extremos de verificación.
Considera que no se procedió a verificar las operaciones de compra de bienes y servicios de los periodos mencionados correspondientes a IVA y de Impuesto a las Ganancias, no cotejándose las facturas de las mismas con registraciones en los libros correspondientes de IVA compras y documentación en general. Así como –diceno se compulsaron debidamente las registraciones atinentes a los pagos o salida de fondos que cancela dichas obligaciones comerciales con terceros, observando que el circuito de gestión administrativo contable cumple con las formalidades vigentes.
Manifiesta que de los registros de la AFIP surge que los comprobantes de los proveedores cuestionados son válidos, poseen Cai vigente, coincide fecha y rango de impresión con la autorización de imprenta que la AFIP le otorga a las imprentas autorizadas.
Señala que la AFIP-DGI presume pero no constata en forma real la determinación practicada, y que esta aseveración despoja de verdad material el acto administrativo producido por el Fisco.
Afirma que su parte ha mantenido relaciones comerciales con el proveedor que ahora se impugna, resultando –dice- un adquirente de buena fe.
Entiende que la AFIP debería analizar su posicionamiento en relación a las facturas apócrifas, que no es correcta la actitud que ha adoptado de castigar a los contribuyentes de buena fe cuando en realidad es el proveedor el incumplidor, que las facultades de fiscalización no son delegables por el Estado en cabeza de los particulares, por ser una potestad de la Hacienda Pública, por lo que –dice- no se le puede exigir a un contribuyente que extreme el control sobre sus proveedores.
Impugna la multa, expresa que se le aplicó el art. 46 y 47 de la Ley 11.683 y que el Fisco actuó con ardid para perjudicar al contribuyente tratando de aplicar una multa equivalente a dos veces el Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, la recurrente manifiesta que en materia tributaria no es posible la aplicación de multas por omisión o defraudación en base a presunciones sin el aporte de otros elementos de prueba que demuestren la existencia del dolo o el elemento subjetivo de la conducta punible.
Agrega que la utilización de presunciones sirve solo como punto de partida de la investigación que debe llevar a cabo el Fisco, y no exime a este último de la obligación de demostrar la existencia de la conducta punible. Entiende que no corresponde la aplicación de multa alguna a su representada, teniendo en cuenta que, las circunstancias de hecho descriptas determinan que no ha habido omisión hacia la AFIP.
Solicita se revoque y se deje sin efecto la resolución, por no haberse cumplido los presupuestos de hecho necesarios para la aplicación de la sanción.
Sostiene que es un problema de interpretación y no de omisión como el Fisco pretende enrostrarlo a través del sumario incoado.
El apelante considera que no se ha configurado la infracción prevista por el art. 54 inciso b) debido a que su conducta debe encuadrarse en el supuesto previsto en el art. 53 del código fiscal, segundo párrafo (sic). Concluye invocando el derecho de defensa y la garantía del debido proceso, teniendo en consecuencia el derecho a ser oído, controlar la prueba de cargo, probar los hechos que se invocan y exponer las razones de hecho y de derecho a los fines de obtener una sentencia justa.
Acompaña documental y ofrece prueba testimonial, informativa y pericial contable.
En último lugar, la recurrente hace saber que solicita la recusación del Dr. Armando Magallón.
Finalmente, la actora solicita, la revocación del acto apelado, con costas al Fisco.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva de cuestión federal.
Que a fs. 643/684 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 65/2018 (DV RRMR) de fecha 18/04/2018, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la Dirección General Impositiva. El apelante impugna la mencionada resolución relativa a una multa del art. 46 de la Ley 11.683 por $5.223.558,18 equivalente a dos veces el importe del tributo supuestamente evadido del Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 05/2013, 06/2013, 09/2013, 11/2013, 08/2014 y 09/2014.
Atento contener agravios análogos, éste, se remite a los mencionados precedentemente.
II. Que a fs. 381/401vta y a fs. 741/752 contesta los recursos la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente, que se confirme el acto apelado, con costas.
En primer lugar manifiesta que la recurrente se trata de una sociedad que tiene como actividad principal declarada ante su mandante la fabricación de productos de refinación del petróleo.
Que el ajuste practicado por el organismo fiscal tiene origen en la fiscalización realizada a la contribuyente como consecuencia del cruce entre las bases informáticas del organismo fiscal mediante el cual se concluyó en la falta de acreditación convincente y fidedigna de la veracidad de las operaciones realizadas con los proveedores Sierras de Velazco SA, Pitey SA y Agroindustrias Robles SRL fundadamente tachados de apócrifos por la Administración Federal que representa.
Niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derechos esgrimidos por la contraria que no sean objeto de aceptación o expreso reconocimiento.
Sostiene que las resoluciones dictadas por el Juez Administrativo son ajustadas a derecho, por lo que rechaza la impugnación intentada y agrega que los actos administrativos han desarrollado fundamentos sobre los cuales se sustenta el criterio aplicado y que resultan suficientes para justificar el criterio fiscal.
De la nulidad invocada señala que el juez al momento de dictar los actos dio cumplimiento con los requisitos y extremos establecidos en el art 7 y ccs de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Agrega que la nulidad planteada deviene improcedente en razón de no existir afectación a las garantías del art 18 de la Constitución Nacional, como así tampoco se ha violado el derecho de defensa puesto que se ha otorgado al particular una razonable oportunidad para ejercerlo, y dice que como puede observarse de la simple compulsa de los antecedentes administrativos, surge que en los actos recurridos se siguieron todos los pasos procesales exigidos por la norma.
Señala que la referencia a principios derechos y garantías si no se acredita fundadamente su cercenamiento, resulta insuficiente para hacer lugar a la nulidad.
La representación fiscal afirma que las operaciones que originaron el ajuste fueron impugnadas, atento haberse comprobado las irregularidades de los proveedores y añade que dichas irregularidades constan en los antecedentes que dieron origen a los ajustes.
Con relación a los proveedores, detalla lo siguiente:
Primero, Sierras de Velazco SA: se encuentra en la Base eApoc desde el 03/06/2014 con la condición Usina empresa desactivada. Las operaciones a nombre de la firma se listaron de los libros IVA compras aportados, no teniendo información respecto de los pagos realizados, que en cumplimiento del requerimiento la contribuyente no aportó documentación relacionada con las operaciones realizadas con dicho proveedor. Se concurrió al domicilio fiscal pudiéndose constatar que el inmueble se encontraba deshabitado y con signos de abandono. Segundo, Pitey SA, se encuentra cargada en la Base eApoc con condición irregularidades en la cadena de comercialización. De la base de datos de la Administración se desprende la existencia de un grupo económico relacionado en función de accionistas y representantes, encontrándose varias empresas integrantes del grupo en la base eApoc. Se solicitó a la firma información y la correspondencia fue devuelta con la leyenda: se mudó. En tercer lugar, Agroindustrias Robles SRL, se encuentra cargada en la Base eApoc con condición irregularidades en la cadena de comercialización, siendo que este proveedor ha presentado sus declaraciones juradas desde el 10/2010 al 05/2013 sin movimiento o pequeñas cifras, declarando a partir de ese periodo hasta 03/2014 importantes créditos y débitos con saldos a favor de la empresa y en cuanto a Impuesto a las Ganancias la última declaración jurada corresponde al ejercicio 2013.
Por otro lado, la representación fiscal manifiesta que frente a las diversas circunstancias verificadas por la inspección –que proyectan un escenario de gravedad respecto a la validez de los comprobantes respaldatorios de las operaciones impugnadas- no expone la contribuyente argumentación sólida y concreta respecto de las imputaciones efectuadas.
Agrega que si la contribuyente pretende alegar que no existe anormalidad alguna y que efectivamente se han realizado las operaciones originantes de los gastos impugnados, deberá demostrarlo suministrando las pruebas pertinentes.
Añade que la recurrente ni durante la fiscalización, ni en el marco del procedimiento determinativo de deuda, ni en esta instancia ha aportado elementos con entidad suficiente para probar la realidad de las operaciones cuestionadas y destaca la carencia de prueba documental de la contribuyente, circunstancia –dice- debidamente merituada por el Juez Administrativo en las resoluciones en crisis.
Asimismo, sostiene que muchos de los comprobantes autorizados por la AFIP, a quien representa, finalmente son empleados por sujetos para realizar operaciones fuera del marco legal, con la deliberada intención de facilitar la evasión en el pago de los gravámenes.
Señala que para que la documentación respaldatoria sea idónea para habilitar el cómputo del crédito fiscal, dicha documentación debe ser válida tanto desde el punto de vista formal como material, no solo debe reunir los requisitos formales, sino que tiene que reflejar la real operación económica o financiera que pretende documentar. Respecto de los intereses resarcitorios, manifiesta que está fuera de todo cuestionamiento su aplicación, atento la inexistencia de agravios sobre su imposición.
De la sanción impuesta, la representación fiscal afirma en defensa de la legitimidad de la multa aplicada que la actora perjudicó al Fisco mediante la presentación de declaración jurada original de los periodos concernidos consignando datos inexactos o que no reflejan su situación impositiva real.
Señala que la actora obró intencionalmente y en un marco de libertad lo que le permite determinar que existió prescindiendo del dolo “culpa con previsión de resultado”
Se opone a la prueba ofrecida por la actora.
Por lo expuesto solicita se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas a la actora. Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. El Tribunal resuelve a fs. 754 elevar los autos al Tribunal en pleno para tratar la posible acumulación del expediente Nº 48.372-I a la causa 48.372-I que tramita por ante la Sala B Vocalía 5ª Nominación. Que el día 05/08/2019 a fs. 761, atento verificarse la existencia de premisas de hecho comunes y conexidad requeridas por el artículo 8º del Reglamento de Procedimiento para la procedencia de la acumulación de causas en trámite por ante distintas Salas, este Tribunal resuelve acumular el expediente Nº 48.758-I al que lleva el Nº 48.372-I.
Que a fs. 765 el Tribunal resuelve de la oposición del Fisco Nacional a las pruebas ofrecidas por la actora, traslado a esta última por el término de diez días, la cual contesta con su rechazo a fs. 766.
De este modo, atento el estado de las actuaciones y toda vez que de los escritos de inicio y responde presentados surgen hechos controvertidos, el Tribunal resuelve citar a las partes a una audiencia preliminar de prueba para el día 10/03/2020.
En dicha audiencia se resuelve: 1) no hacer lugar a la oposición formulada por la representación fiscal con fundamento en el art. 166 de la ley procedimental. 2) tener presente la documental acompañada, sin perjuicio de su oportuna valoración al momento de dictar sentencia en autos. 3) no ha lugar a la prueba pericial contable por versar sobre hechos no controvertidos. 4) hacer lugar a la oposición formulada respecto a la prueba testimonial. 5) hacer lugar a la prueba informativa ofrecida como c.1. 6) el oficio peticionado en el punto c.2 resulta inoficioso.
7. por la prueba ordenada en el punto 4) de la presente, se dispone la apertura de la causa a prueba por el término de sesenta días.
En otro orden, el Tribunal resuelve mediante PV- 2022-23226159-APN-VOCV#TFN, requerir a la actora para que en cinco días acompañe constancia del diligenciamiento de los oficios ordenados a fs. 780 punto 5) bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho a su producción en caso de no haber diligenciado los mismos oportunamente.
Finalmente, por PV-2022-42216698-APN-VOCV#TFN este Tribunal resuelve hacer efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 781 debidamente notificado y en consecuencia, dar por decaído a la apelante el derecho de producción de la prueba informativa por su parte ofrecida.
Ello así, Visto el estado de autos, mediante PV-2022-45641771-APN-VOCV#TFN, el Tribunal resuelve clausurar el periodo de instrucción y elevar los presentes actuados a conocimiento de la Sala “B”.
La Presidencia de este Tribunal en INLEG-2022-51393433-APN-TFNMEC, rechazó la recusación del Dr. Magallón, peticionada en autos por la parte actora.
Finalmente a fs. 804 se llaman los autos para sentencia.
IV. Que a los efectos de resolver la cuestión de fondo traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
V. Que en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera la nulidad absoluta e insanable de las resoluciones administrativas.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
En cuanto a la afectación de su derecho de defensa, se advierte del análisis de las actuaciones administrativas que con fecha 11/09/2017, a la recurrente se le confirió la Vista de las actuaciones labradas por la fiscalización, habiendo presentado su descargo –sobre las tres resoluciones- con fecha 03/10/2017.
Que respecto a las restantes objeciones nulificantes que plantea la actora, cabe señalar que desde lo estrictamente formal, las resoluciones apeladas en autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Por otra parte ha fundado su pretensión en los elementos recabados por la fiscalización.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones, conforme surge de los antecedentes administrativos aportados a la causa, tienen su génesis en la orden de intervención que se origina como consecuencia de cruces informáticos por los cuales se detectaron operaciones con proveedores apócrifos. Que la empresa se dedica según la actividad declarada ante AFIP a la fabricación de productos de la refinación del petróleo. La firma cuenta actualmente con 6 empleados según las declaraciones juradas previsional presentadas para el periodo mensual marzo 2016, siendo que hasta febrero tenía 12 empleados en nómina y cierra su ejercicio comercial en el mes de diciembre.
Se efectuó la consulta a E-clientes observándose que surgen informadas operaciones presuntamente apócrifas con ciertos proveedores.
Se requirió original y copia de acta de constitución de la sociedad, copia del acta de asamblea y directorio con designación de autoridades, registro IVA compras y ventas por los periodos mayo 2011 hasta la fecha, papeles de trabajo y documentación respaldatoria.
De las fiscalizaciones surge el detalle de los proveedores apócrifos:
En primer lugar, Sierras del Velazco SA, de los elementos colectados el organismo fiscal concluye que la contribuyente no ha podido ser ubicada, la planta de elaboración se encuentra en estado de abandono no detectándose actividad y sus directivos y accionistas no han podido ser ubicados. Un empleado manifiesta que la planta cerró a mediados del año 2010, que su actividad era procesamiento de aceitunas y las ventas detectadas responden a otros conceptos. Posee calificación E por falta de presentación de declaraciones juradas. La fiscalización que circularizó a los transportistas que figuran en los remitos aportados, a fin de que aportasen libros IVA con servicios en las fechas en que transportaron mercadería de la investigada, resultando que en ninguno de los casos los libros asientan operaciones a nombre de la empresa Sierras del Velazco SA.
En segundo lugar, Pitey SA, de los elementos colectados, concluye que la contribuyente que es integrante de un grupo económico dedicado a la comercialización y/o procesamiento de granos, posee como único objetivo el blanqueo de operaciones de adquisición y procesamiento de granos obtenido en el mercado marginal granario ya que las empresas proveedoras de dicho cereal pertenecen al mismo grupo y son insolventes sin capacidad de adquirir y/o producir el cereal que Pitey SA vende, procesa y/o exporta, principalmente a la firma Brumley SA, siendo esta la controlante del grupo, de origen Uruguaya. Además se encuentra incluida en la central de deudores del BCRA, se encuentra en concurso preventivo no efectuando los pagos de los impuestos declarados, no ingresa las retenciones que efectúa, posee irregularidades en la cadena de pagos y cobros ya que los movimientos en su cuenta bancaria en los dos últimos ejercicios es del 1,50% de las ventas que declara, no posee código de autorización de impresión vigente y surgen del informe de la última fiscalización efectuada las mismas irregularidades que aquí se mencionan.
En último lugar, Agroindustrias Robles SRL, de los elementos colectados se concluye que la contribuyente posee un campo arrendado en la provincia de córdoba, el grano comercializado no ha salido del mismo (de acuerdo a lo informado por la verificación) y no ha podido justificar a la fiscalización el origen del mismo. No posee capacidad de producción de los bienes que comercializa, no posee bienes registrables siendo parte de un grupo económico dedicado a la comercialización de granos de origen marginal. La firma no posee inmuebles, no posee rodados y posee tres empleados uno con domicilio en Mendoza que es de la cónyuge del apoderado, otra con domicilio en Santiago del estero y el tercero en la provincia de Córdoba.
Asimismo, Sierras del Velazco SA, contribuyente inscripto en actividades de elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar y elaboración de aceites y grasas vegetales refinados, en la consulta facturas apócrifas a la página de la AFIP se encuentra publicado como usina empresa desactivada.
Pitey SA, se encuentra en la página de AFIP en la consulta de facturas apócrifas con condición actual: con irregularidades en la cadena de comercialización. La inspeccionada aporta remitos donde no figura en qué lugar fue entregada la mercadería, ni de dónde proviene, pero si los datos del transportista.
Agroindustrias Robles SRL, contribuyente inscripto en varias actividades, elaboración de aceites y grasas sin refinar y venta al por mayor de aceites y grasas. Se encuentra publicado en la página de AFIP en la consulta facturas apócrifas con condición irregularidades en la cadena de comercialización.
En otro orden, se verificaron que los importes mensuales informados según Citi compras resultan inferiores a los débitos fiscales declarados en las presentaciones de IVA.
Respecto al Impuesto a las Ganancias, las acreditaciones bancarias informadas para los periodos fiscales 2011 a 2014 según Bases eFisco son inferiores a las ventas brutas registradas en los libros IVA ventas exhibidos así como a los ingresos resultantes de las declaraciones juradas de IVA presentadas.
VII. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si la misma se ajusta o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio, concretamente referidos a la tacha de apócrifos de los proveedores Sierras de Velazco SA, Pitey SA y Agroindustrias Robles SRL. Que entrando al análisis de la impugnación de los citados proveedores, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los servicios involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que en definitiva no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del impuesto al valor agregado, sino que en virtud de la normativa del impuesto a las ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los bienes y/o servicios han sido efectivamente recibidos y/o prestados, ni se han arrimado elementos que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste. Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar los actos apelados en cuanto determinan el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias. Con costas.
VIII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mimos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que resta tratar el aspecto sancionatorio, en cuanto a las multas aplicadas en las Resoluciones 280/2017 y 65/2018 en el Impuesto al Valor Agregado.
Cabe analizar si las multas aplicadas en las resoluciones apeladas en autos, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos b) de la Ley 11.683, se ajustan a derecho.
Que con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
En el tal sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no solo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución y que particulariza en el ajuste practicado, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. Cabe destacar, en este orden de ideas, que la conducta de la recurrente constituye una maniobra por la que se perjudicó al Fisco Nacional, por lo que ha sido correctamente subsumida en la figura prevista en el citado artículo 46, la que se encuentra por otra parte, debidamente graduada en el mínimo legal.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios y multa. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.12.05 22:23:51 ART Date: 2022.12.06 14:54:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.06 15:01:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.06 15:01:57 -03:00
Fin de la sentencia