Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
I. Revocar las resoluciones apeladas en autos, con costas al Fisco Nacional.
II. Regular los honorarios del letrado apoderado y patrocinante de la parte actora, Dr. Alejandro M. Linares Luque, puestos a cargo del organismo fiscal, por su actuación en autos de conformidad con el monto del presente litigio, la ponderación de la extensión y la calidad de la labor profesional desarrollada, como así también de las particularidades de la cuestión planteada y el resultado obtenido, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432, vigente al momento en que se cumplieron las tareas profesionales en autos, en la suma de pesos diecinueve mil seiscientos cuarenta y seis ($19.646.-) por la representación procesal; y en la suma de pesos cuarenta y nueve mil ciento catorce ($49.114.-) por el patrocinio letrado.
I. Que a fs. 67/78 el contribuyente Barletta, Fernando Osvaldo presenta recurso de apelación impugnando la Resolución Nº 80/2015 (DV RNEU) expedida por la Dirección Regional Neuquén de A.F.I.P. en la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto sobre los Bienes Personales, período fiscal 2006, en la suma de pesos cincuenta mil ciento siete con 49/100 ($50.107,49.-) con más la suma de pesos ciento veinticinco mil cuatrocientos sesenta y nueve con 15/100 ($125.469,15.-) en concepto de intereses resarcitorios; y la Resolución Nº 81/2015 (DV RNEU) expedida por la misma agencia, que le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006, en la suma de pesos trecientos treinta y dos mil ciento cincuenta y nueve con 96/100 ($332.159,96.-) con más la suma de pesos ochocientos treinta y un mil setecientos veintiocho con 54/100 ($831.728,54.-) en concepto de intereses resarcitorios.
Manifiesta que las fiscalizaciones, de carácter electrónico, se iniciaron como consecuencia de la información recibida por la AFIP de parte de la Administración Tributaria Francesa, contenida en un disco, de la cual surgían datos que lo señalaban como titular de cuentas bancarias no declaradas, abiertas en el Banco HSBC de Suiza.
Explica que la propiedad de los fondos existentes en las mencionadas cuentas corresponde a la firma MASTERCARD URUGUAY S.A. (antes ARGENCARD URUGUAY S.A, hoy FIRST DATA URUGUAY S.A.) controlada por la firma argentina ARGENCARD S.A (hoy FIRST DATA CONO SUR S.A.) con las cuales poseía en los períodos en crisis un vínculo como empleado en relación de dependencia y de las que había recibido un poder bancario para la administración de aquellas cuentas junto a otras siete personas. En sustento de sus argumentos, acompaña una nota suscripta por el actual CEO de la compañía uruguaya, quien corrobora que las cuentas y los fondos allí existentes pertenecen a su representada, aportando los estados contables.
Con respecto a la información que dio inicio a las fiscalizaciones, manifiesta que al tomar vista de las actuaciones advirtió que no se encontraba agregada ninguna documentación en la que consten los datos obtenidos en razón del Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional, y que ante la inactividad del organismo, procedió a suplirlo poniéndose en contacto con otros sujetos que se habían desempeñado como funcionarios o ex directivos de la firma First Data Cono Sur.
Ello así, toma conocimiento de que las restantes siete personas autorizadas como apoderados bancarios por la firma uruguaya, también habían sido fiscalizados, pero a diferencia suya, varios de tales procedimientos fueron archivados por haberse considerado acreditada la titularidad de la cuenta en cabeza de la compañía uruguaya. Se agravia, en tanto en el procedimiento seguido a su persona en el que aportó idéntica documentación probatoria a la del resto de los procedimientos seguidos a los restantes co-apoderados, no fue valorada con idéntico criterio, prosiguiéndose con el trámite y determinándose el ajuste que impugna en autos. En sustento de ello, acompaña las resoluciones emitidas por las Direcciones Regionales Palermo y Norte que desestimaron las determinaciones en el caso de dos apoderados.
Como corolario, destaca que de la lectura de varios pasajes de los considerandos de los actos apelados surge que el fisco asevera la inexistencia de prueba fehaciente sobre la propiedad de los fondos. Agrega que no fue valorada críticamente la prueba aportada y que se ha cometido un abuso del convenio sobre intercambio de información, cuestionando el modo en que fue obtenida y aseverando no haber tenido acceso a los datos concretos, concluyendo que todas esas inconsistencias traen como consecuencia la nulidad de acto apelado.
Cita jurisprudencia. Agrega prueba documental. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoquen íntegramente las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 149/174, la representación fiscal contesta el recurso, negando los hechos y derechos invocados por el contribuyente.
Sostiene que en razón de la fiscalización electrónica llevada a cabo, cuya génesis radica en la información obtenida de la Administración Tributaria de Francia, el organismo fiscal detectó que el contribuyente había omitido declarar al 31 de diciembre de 2006, el saldo de U$$ 2.210.787 (dólares dos millones doscientos diez mil setecientos ochenta y siete) existente en las cuentas 39787 MU y 40413 MU, abiertas en el HSBC Private Bank Suisse S.A. Ello así, procedió a determinar la materia imponible en el impuesto sobre los bienes personales y en el impuesto a las ganancias.
Rechaza el planteo de nulidad introducido por la actora, avalando el procedimiento desplegado por el fisco con sustento en la información recepcionada de la República de Francia en el marco del Convenio que permite a los países brindarse asistencia mutua en forma de intercambio de información tributaria, haciendo defensa del soporte probatorio así obtenido. De igual modo, afirma la legalidad de la fiscalización de carácter electrónico, mediante la cual se dio inicio al procedimiento.
Ratifica la procedencia de las determinaciones de oficio realizadas, destacando que el contribuyente, con asistencia de la entidad bancaria, debió arrimar a la causa la información conducente a los fines de desvirtuar los datos obtenidos en el marco del Convenio, siendo improcedente que se haya limitado a cuestionar la veracidad de los datos obrante en los antecedentes, los que asegura, no han sido desacreditados por el apelante.
Con respecto a la prueba rendida a los fines de acreditar la titularidad de la cuenta y la propiedad de los fondos, explica que de los estados contables de la firma sindicada como titular, no surge constancia de los números de cuentas y que tampoco coinciden los montos, ello con relación a la información obrante en los antecedentes. Destaca además que el apelante hace referencia a un poder bancario emitido en el año 2007, es decir con posterioridad al período fiscal en crisis, siendo inconducente para desvirtuar su actuación en el año 2006. Finalmente, respecto de las resoluciones emitidas por otras agencias de la AFIP para el caso de los otros apoderados, explica que aquellos actos administrativos fueron emitidos a la luz de las probanzas y conclusiones para cada caso en particular, careciendo de toda injerencia en los presentes actuados. Cita jurisprudencia, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba documental agregada por la actora y hace reserva del caso federal. Solicita se confirmen las resoluciones recurridas, con costas al apelante.
III. Que a fs. 199 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y a fs 208 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que a efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
En cuanto a los agravios de la recurrente, relativos a la inaplicabilidad del convenio suscripto con el Estado de Francia y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276, prevé que:
“Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Artículo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales”.
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el marco del mentado convenio, recibiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el Convenio, tendiente a su correcta administración.
No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el artículo 27 del convenio referido, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio —cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio convenio, ambos países lo celebran deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
V. Que en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la falta de validez probatoria de la información en que se sustentan los ajustes por falta de traducción oficial, corresponde señalar que este Tribunal entiende que a tenor de los datos que surgen de la misma -consistentes en datos personales de los sujetos y montos asignados a determinados números de códigos de clientes-, la falta de traducción no es óbice para su análisis.
Por otra parte, el recurrente ha tenido la posibilidad de requerir en esta instancia la traducción de dicha documentación por un perito traductor público, lo que no ha acontecido, surgiendo del propio escrito de apelación que no ha tenido inconveniente para interpretar los datos que de ella surgen.
En tal sentido, la referida documentación (fs. 130/132) atañe básicamente a datos personales tales como nombres, nacionalidades, domicilios, montos de dinero y referencias temporales, por lo que su traducción no se considera relevante y mucho menos implica que carezcan de la presunción de legitimidad prevista en la ley 19.549, como sugiere el accionante.
Que, en este orden, es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica- Amet c/ Buenos Aires Provincia de y otro s/ amparo", C.S.J.N., 5/10/95, t. 318, p.1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", C.S.J.N. 6/2/01, t. 324, p. 151, entre otros). Cabría agregar que para pretender la nulidad de las actuaciones administrativas, se debe demostrar de qué concretas defensas y pruebas se habría visto privada de articular la parte en las instancias administrativas y la incidencia que dichas omisiones hubieran podido tener para modificar en su favor la situación que da origen a la causa judicial (conf. Fallos: 282:188 y sus citas; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala V - “in re” “Sugart Pedro Medrano SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones - disposición [DNCI] 2373/1996” - 23/9/1998), lo que no se ha acreditado en autos.
Que por lo expuesto, teniendo presente que la recurrente tuvo acceso a la información y pudo presentar debidamente su defensa a tales fines, corresponde rechazar esta defensa de nulidad articulada en autos.
VI. Que entrando al análisis del fondo del asunto y según ha quedado precisado, las actuaciones se inician cuando el Fisco Nacional accede a información remitida por el Fisco Francés, en el marco del convenio internacional, relativo a la tenencia de cuentas bancarias no declaradas en el país, abiertas en el Banco HSBC de la Confederación Suiza por parte de ciudadanos argentinos. De la información en cuestión surgía, conforme las planillas obrantes a fs. 130/132 del cpo. de Impuesto a las Ganancias, la existencia de diversos activos en dos cuentas cuyos datos de perfil coinciden con los asignados al aquí actor. Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
En el caso de autos, el contribuyente ha direccionado su recurso a cuestionar la información y el modo de su obtención, precisando que el organismo fiscal habría efectuado una incorrecta interpretación de lo allí consignado, pues afirma que respecto de las cuentas cuya titularidad se le atribuye, revestía el carácter de un mero apoderado bancario junto a siete personas más, también fiscalizadas por la AFIP.
Que desestimados ya los agravios concernientes a la autenticidad y legalidad de la información obtenida, corresponde valorar las probanzas arrimadas por la recurrente a los fines de desvirtuar los ajustes llevados a cabo por el organismo fiscal. En tal sentido, es preciso adelantar que asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la agencia actuante no ha ponderado correctamente los datos obtenidos en razón del Convenio, al momento de cotejarla con la prueba documental por ella agregada a los antecedentes. Concretamente, a fs. 130/132 del Cuerpo de Ganancias obran agregadas las impresiones de las planillas con la información remitida por la República de Francia, de las cuales resulta que las cuentas identificadas con los números 39787MU y 40413MU son de titularidad (account holder) de MASTERCARD URUGUAY S.A. En la misma documental, obra consignado que el Sr. Barletta revestía el carácter de apoderado (attorney) junto a siete personas más: los Sres. Bidone Juan Pablo; Gerosa, Nicolas Alberto; Aquerreta, Hector Jaime; Viola, Carlos Fabian; Ibarguren Aubone, Marcelo; Osorio, Jorge Luis; y Cebollero, Mirta Elena.
Que a los fines de precisar el carácter de su actuación con respecto a las citadas cuentas bancarias, el apelante adjuntó una nota suscripta por el Sr. Alvaro Motta (fs. 05/06 de autos), gerente general de First Data Uruguay S.A (antes denominada Argencard Uruguay S.A. y con anterioridad Mastercard Uruguay), quien asegura que su representada es titular de las cuentas bancarias y de los montos cuya titularidad se endilga al apelante, advirtiéndose que el monto de U$S 2.210.787 (dólares dos millones doscientos diez mil setecientos ochenta y siete) consignado en dicha nota, coincide con el monto que el juez administrativo le endilga al contribuyente en las resoluciones recurridas en autos (vide fs. 104 y 125). Por lo señalado, la nota asevera que el Sr. Barletta –oportunamente- solo revistió el carácter de empleado en relación de dependencia con un poder bancario.
A lo antes considerado, debe adicionarse que el recurrente adjunta los dos poderes de los que surgía su mandato. El primero de ellos (fs. 28/31 de autos) otorgado en fecha 05/08/2004 por la firma MASTERCARD URUGUAY S.A, y el segundo de ellos (fs. 32/35 de autos) otorgado en fecha 16/06/2006 por la firma ARGENCARD URUGUAY (otrora Mastercard).
Que seguidamente, cabe referirse los actos administrativos emitidos en relación a dos de los otros apoderados sindicados en la información remitida por el fisco francés sobre las citadas cuentas. Se trata de la Resolución N° 607/2015 (DV NRR1) –fs. 38/39 de autos- emitida por la Dirección Regional Norte en la determinación seguida contra el Sr. Ibarguren Aubone, Marcelo (Fiscalización Electrónica N°2299320) y la Resolución N°633/2015 (DV RRIIP) –fs.43/65 de autos- emitida por la Dirección Regional Palermo, en la fiscalización electrónica seguida al Sr. Aquerreta, Héctor Jaime, agregadas por el apelante a los presentes actuados con la autorización de los involucrados para la divulgación de los datos allí contenidos (fs. 36 y 41). De las citadas resoluciones emerge que, en razón de la acreditación de la titularidad de las cuentas en cabeza de la firma Mastercard Uruguay, las mencionadas agencias de la AFIP procedieron a desestimar las verificaciones seguidas a los apoderados en cuestión, quienes se encontraban en idéntica situación que la traída a conocimiento de este tribunal por el Sr. Barletta.
A modo de ejemplo, la Resolución N° 607/2015 (DV NRR1) que analiza el caso del Sr. Ibarguren, Aubone Marcelo (cuyo nombre surge de la planilla de datos obrante a fs. 131 del Cuerpo del Impuesto a las Ganancias de los antecedentes administrativos de los presentes autos), se destaca que “el rubrado aportó a las actuaciones copia simple de los estados contables por el ejercicio finalizado al 31/12/2006 de Argencard Uruguay S.A (…) donde se observan inversiones temporarias en el HSBC Private Bank Suisse S.A al 31/12/2005 y al 31/12/2006, por montos similares a los informados en los antecedentes. Que aportó en esta instancia copia certificada de la nota del Gerente de la firma First Data Uruguay S.A, la que reconoce la titularidad de la cuenta abierta en el HSBC Private Bank Suisse S.A y la propiedad del dinero allí depositado al 31/12/2006 (…)”. Ello así, la agencia consideró que “el responsable del asunto no resulta el efectivo titular de la cuenta exterior bajo análisis”, procediendo a dejar sin efecto los cargos en el impuesto a las ganancias y los bienes personales que se le endilgaban.
Que a la luz de lo ponderado, no caben dudas que las situaciones fácticas bajo análisis son estrictamente análogas, pues conforme emerge de las constancias obrantes en los presentes autos, idéntica cuenta, idéntico mandato e idénticas probanzas, fueron ponderados en ambos casos, arribando la agencia de Neuquén a resultados visiblemente opuestos en relación a las agencias Norte y Palermo.
Que frente a ello, es posible vislumbrar la vulneración al principio de juricidad que implicaría confirmar las resoluciones que aquí se apelan, desconociendo el análisis de la titularidad de las cuentas bancarias y de los montos allí depositados que previamente fuera efectuado por las otras dependencias del mismo organismo fiscal –Regional Norte y Regional Palermo- tratándose sin lugar a dudas de casos idénticos al que se pondera en los presentes actuados.
No escapa a la valoración de este tribunal que, dadas las constancias de autos, se encuentra en crisis la titularidad de la misma cuenta, los mismos montos, los mismos apoderados verificados y en definitiva, la misma prueba rendida en los distintos casos. Tampoco escapa a la controversia que coinciden los datos plasmados en las planillas recepcionadas del Estado de Francia con las probanzas arrimadas por la actora a esta instancia, pues como bien se precisó en los considerandos precedentes, son las citadas planillas las que asignan a la firma uruguaya el carácter de titular de la cuenta, y a los sujetos verificados, el rol de apoderados. Son tales hechos los que las agencias Norte y Palermo consideraron corroborados con la nota del gerente de MASTERCARD URUGUAY y los estados contables arrimados en aquellas determinaciones de oficio, para desestimar las verificaciones seguidas contra los apoderados. Bajo tales premisas, no podría llegarse a otra conclusión más que la de entender desvinculado al Sr. Barletta de la titularidad de cuenta que se le imputaba.
Es en ese sentido que, no asiste razón a la agencia actuante cuando desvaloriza la prueba atiente a las resoluciones de las otras agencias -arrimadas por la actora-, sosteniendo que lo allí resuelto se correspondía con las probanzas y el caso particular analizado, cuando a la luz de lo ponderado, las probanzas y los casos analizados resultan idénticos al que debía estudiarse en el presente caso. Que el principio de la juridicidad nuclea a todo el sistema normativo, desde los principios generales del derecho y la Constitución Nacional, hasta los simples precedentes administrativos, en cuyo seguimiento está comprometida la garantía de igualdad. Con la juricidad como principio inspirador del procedimiento administrativo se quiere significar, en suma, que el ordenamiento administrativo no es, en dicho procedimiento, un valor renunciable (COMADIRA, Julio. R., “Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros estudios”, Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Bs.As. 2003 Segunda Edición, págs. 132 y 133).
En el mismo sentido, es conveniente precisar que la Administración no puede desconocer los actos emitidos por dependencias de un mismo y único organismo sin vulnerar la doctrina de los actos propios. Que como bien lo ha destacado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, una de las derivaciones del principio de buena fe es la doctrina de los actos propios, según la cual no es lícito hacer valer un derecho en contradicción con la anterior conducta, pues la buena fe impone un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever (Fallos: 321:221 y 2530, 325:2935, 329:5793 y 330:1927, entre otros).
López Mesa nos enseña cómo se inserta en la doctrina de los actos propios el principio de la buena fe, y su aplicación al derecho público “…‘es doctrina jurisprudencial reiterada en nuestro país que la doctrina de los actos propios constituye una derivación necesaria e inmediata del principio general de la buena fe, y, como tal, integra nuestro derecho positivo, resolviéndose que, resultan inadmisibles las alegaciones que importan ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces’. En especial hay que señalar que pronunciamientos jurisdiccionales no han otorgado prerrogativa alguna al Estado cuando cumple las funciones ejecutivas que le son naturalmente atribuidas y ha sido conminado a mantener una conducta que no sea reñida con este precepto. Tal el caso del fallo Compañía Azucarera Tucumana SA en donde la Corte Suprema de la Nación fulminó a la Hacienda Estatal con estas letras: ‘una de las derivaciones del principio cardinal de la buena fe es la que puede formularse como el derecho de todo ciudadano a la veracidad ajena y al comportamiento leal y coherente de los otros, sean éstos los particulares o el propio Estado’…”. (LOPEZ MESA, Marcelo; La Doctrina de los actos propios en la jurisprudencia; Editorial Depalma, pág. 30).
A la luz de lo preceptuado, no existen dudas que es deber de la Administración el de respetar sus propios actos, al que desde la doctrina también se ha denominado como “principio de las autolimitaciones de la Administración Pública” y como el “principio de la confianza legítima”. Ese deber se traduce en la exigencia de desestimar toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que ha suscitado en el otro, no pudiendo el ente recaudador quedar al margen de esta regla de derivación inmediata y directa del principio de la buena fe. Más aún, en el campo del derecho tributario donde la relación que ejerce el Estado es de Poder, la invocación y acogimiento de ésta defensa significa una seguridad jurídica para el contribuyente.
Que, en virtud de lo expuesto, entendiendo que, en contraposición a lo sostenido por la agencia Neuquén de AFIP actuante -cuyo proceder, a la luz de las circunstancias fácticas del expediente, se exhibe manifiestamente apartado del camino de la legitimidad- otras dependencias de la misma AFIP han tenido por válido que (i) tanto las cuentas como la propiedad de los fondos allí depositados corresponden a la compañía Mastercard Uruguay, (ii) que ello era razón suficiente para desvincular de los cargos a todos los sujetos que figuraban como apoderados en la información recibida del Estado Francés, no debiendo ser considerados como sujetos pasivos de las obligaciones tributarias que se les había determinado oportunamente.
Ello así, corresponde revocar las determinaciones de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006, apeladas en autos, con costas a la demandada.
Por ello, SE RESUELVE:
I. Revocar las resoluciones apeladas en autos, con costas al Fisco Nacional.
II. Regular los honorarios del letrado apoderado y patrocinante de la parte actora, Dr. Alejandro M. Linares Luque, puestos a cargo del organismo fiscal, por su actuación en autos de conformidad con el monto del presente litigio, la ponderación de la extensión y la calidad de la labor profesional desarrollada, como así también de las particularidades de la cuestión planteada y el resultado obtenido, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432, vigente al momento en que se cumplieron las tareas profesionales en autos, en la suma de pesos diecinueve mil seiscientos cuarenta y seis ($19.646.-) por la representación procesal; y en la suma de pesos cuarenta y nueve mil ciento catorce ($49.114.-) por el patrocinio letrado. Se deja constancia de que dichos montos no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
III. Se deja constancia de que la presente sentencia se encuentra suscripta por los miembros titulares de las Vocalías 4ta. y 5ta. Nominación en virtud de lo dispuesto en el art. 6, 10°párrafo, del R.T.F.N. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese. Date: 2022.04.12 09:42:33 ART Date: 2022.04.12 10:57:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.12 10:57:55 -03:00
Fin de la sentencia