Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el criterio fiscal. Con costas a la vencida.
I. Que a fs. 573/623vta la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 25/2017 (DV FIDE), emitida el 05/12/2017, dictada por el Jefe (Int.) de la División Fiscalización de Devoluciones del Departamento Devoluciones y Trámites de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Grandes Contribuyentes Nacionales, Administración Federal de Ingresos Públicos. El apelante impugna la mencionada resolución en cuanto resuelve no hacer lugar en forma parcial a las solicitudes de reconocimiento del crédito fiscal IVA atribuible a operaciones de exportación perfeccionadas en los periodos abril a julio, septiembre y noviembre de 2011; abril, mayo y diciembre 2012; abril, mayo, agosto y septiembre 2013; mayo, junio y septiembre 2014 y mayo 2015 inclusive e intima a la restitución de las sumas de $604.105,69, y de $136.262,67, con más los intereses resarcitorios que correspondan e instruye asimismo a la División Recaudación a efectos de que persiga su cobro como así a que proceda a reclamar la suma de $24.121,13 en concepto de Régimen Especial de Ingresos (compensaciones).
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
En primer lugar manifiesta como preliminar la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación y sostiene que habiendo establecido expresamente el plenario Yusin su competencia en los términos del régimen recursivo especial y previsto por los arts. 159 y ss. de la ley de procedimiento fiscal a actos administrativos de carácter individual como el presente, este pasa a desplazar automáticamente la interposición opcional del recurso subsidiario siendo el momento de ejercer la opción.
La recurrente solicita la nulidad de la Resolución 25/2017 (DV FIDE) y se agravia al señalar que no puede considerarse que haya tenido tiempo suficiente de preparar y ejercer su defensa en protección de sus derechos, implicando la violación del art. 18 de la Constitución Nacional.
Agrega que el acto que se apela no fue acompañado del dictamen jurídico correspondiente, necesario en los casos en que las resoluciones son dictadas por profesionales no abogados.
Asimismo, afirma que plantea la nulidad por existir una lesión efectiva de los derechos constitucionales, toda vez que la AFIP no produjo prueba que fundamente su pretensión, colocando a su representada en estado de indefensión, y es por ello que –dice- también el elemento causa resulta viciado.
El apelante manifiesta que CHS de Argentina SA, es una empresa ubicada en la ciudad de Beccar en la provincia de Buenos Aires y que la compañía opera en la industria de la producción de cultivos desde el 30/09/2009. Añade que la compañía tiene por objeto la compra, venta, distribución, comercialización, importación, exportación y/o análisis de mercados de productos agrícolas, granos vegetales y sus derivados, subproductos y derivados industrializados o no, para ser almacenados en depósitos propios o de terceros, insumos agrícolas como fertilizantes así como submaterias o subproductos, industrialización por cuenta propia o de terceros de productos agrícolas y sus derivados y materias primas en general para la fabricación de insumos agrícolas, como fertilizantes.
Afirma que dada su condición de sujeto exportador, CHS de Argentina SA no solo controla la calidad de los bienes y servicios adquiridos sino que se controla que todos sus proveedores y la documentación emergente de los mismos, cumplan con los requisitos formales necesarios dispuestos por las leyes vigentes, respecto de la documentación emergente y probatoria de las operaciones.
En el caso de los proveedores de granos, la recurrente dice haber verificado: que los remitos y facturas emitidas fueran válidas, que el proveedor fuera habilitado para actuar como tal, que tuviera CUIT válida y vigente, que los pagos se realizaran vía transferencia bancaria o cheques, entre otros.
Asimismo, señala que su mandante solicitó –en los términos del art. 43 de la Ley 23.349 del Impuesto al Valor Agregado- que se le reintegraran los créditos fiscales del IVA atribuibles a las operaciones celebradas con personas físicas y jurídicas correspondientes a los periodos de exportación abril a julio, septiembre y noviembre de 2011; abril, mayo y diciembre 2012; abril, mayo, agosto y septiembre 2013; mayo, junio y septiembre 2014 y mayo 2015.
La recurrente sostiene que el Organismo fiscal pretendió impugnar los créditos fiscales reintegrados a su mandante por los periodos mencionados provenientes de operaciones celebradas con los siguientes proveedores: Agro Cereales Noa SA, Altos Cereales SRL, Cerealera Olavarría SRL, Continuadores de Casa Stratta SRL, El Petiso SA, Giacinti Italo Jose, Promagro Promociones Agropecuarias SA, Quintales SA y Servicios Bragado SRL.
Alega que el Fisco Nacional fundamentó su ajuste impugnando proveedores de su mandante –y sus créditos- que se basaron en informes de inspección con que ya contaba, llevados adelante en el marco de otros procedimientos independientes, con otros contribuyentes que probablemente –dice- nada tengan que ver con su mandante y los acercó a la presente causa para sustentar su pretensión fiscal.
Manifiesta que la Resolución no niega respecto a su mandante que tales operaciones hayan existido en sí, sino que cuestiona que luego esos mismos productos hayan sido destinados a exportación lo cual carece de lógica siendo que CHS de Argentina SA es una firma que se dedica justamente a exportar.
Sostiene que no es obligación de su mandante verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones de cada proveedor, pues es la propia AFIP –dice- la que tiene como función ese contralor y para ello cuenta con facultades que le reconoce la legislación.
Entiende que la existencia de las operaciones y su correcta facturación de las mismas a su mandante, lo hace acreedor de las devoluciones de IVA solicitadas y que no existe fundamento para denegarle tal solicitud, la cual fue verificada y aprobada por AFIP.
El apelante expresa que ha cumplido con los requisitos impuestos por la normativa vigente para hacer exigible la pretensión que aquí se deniega, como ser, entre otros, la verificación de la inclusión del operador en el Registro de la AFIP, verificación de la validez del comprobante emitido por el corredor, retención de los impuestos nacionales y provinciales susceptibles de ser aplicados en cada operación, verificación de la no inclusión en la Base Apoc.
Alega error del Organismo en la merituación de los hechos que avalan la real existencia de las operaciones y sostiene que el Fisco Nacional desestimó la fuerza probatoria propia de la documentación en que se sustenta el reintegro bajo el alegato de que se trata de meros requisitos formales al igual que desestimó pronunciarse respecto de la prueba pericial e informativa ofrecida en el descargo.
La recurrente considera que no solo existieron múltiples controles por parte de AFIP y de la antigua ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) previos a la obtención de la Carta de Porte , sino que los controles fueron actuales, contemporáneos al traslado lo cual queda acreditado con el CGT (Código de Trazabilidad de Granos) que se otorgó por AFIP en cada oportunidad, en cada operación que se discute. Señala que la AFIP verificó la identidad de los intervinientes y autorizó la salida de los granos 48 horas antes de que los mismos fueran transportados con lo cual –dice- no puede invocar válidamente la apocrificidad de las operaciones argumentando para ello que actuaron sujetos interpósitos en las compraventas pues pudo verificar en su momento las identidades de los mismos.
La actora señala que el Fisco Nacional en sus informes de inspección sostiene que los proveedores carecen de capacidad operativa, económica y financiera, no cumplen con todas las presentaciones de declaraciones juradas impositivas, carecen de bienes registrables, poseen movimientos bancarios significativos a pesar de su falta de capacidad operativa, no son localizables en los domicilios declarados, etc.
El apelante entiende que la mera alegación de los proveedores como apócrifos como indicio de la inexistencia de las operaciones no es suficiente para negar la realidad de la operación y añade que el debido cumplimiento de los deberes –tales como informar existencia de granos RG 2750, informar hectáreas afectadas a la producción agrícola, inscribirse en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios- no solo acredita la capacidad operativa de los proveedores sino su existencia misma.
Sostiene que su mandante no puede responder por un posible incumplimiento de cada uno de los proveedores, ya que –dice- no es procedente cargar sobre él la obligación de control respecto del cumplimiento fiscal de quienes emiten facturas, en este caso los proveedores.
La recurrente afirma que la inclusión de los proveedores en la base E-Apoc es posterior a las operaciones realizadas con su mandante, por lo cual –dice- es inoponible, como así también la exclusión y/o suspensión de los proveedores en la base del Registro Fiscal de Operadores de Granos es posterior a las operaciones realizadas. Asimismo, manifiesta que la AFIP impugna el total de los créditos fiscales desconociendo que gran parte del impuesto ya fue satisfecho por vía del ingreso que su mandante hizo a dicho fisco como agente de retención. De este modo, la actora destaca que la legitimidad de los créditos está suficientemente probada con la existencia de la mercadería, circunstancia reconocida por el organismo fiscal al no negar la adquisición de dichos bienes y añade que CHS de Argentina SA adquirió de terceros la mercadería, que en la cadena de comercialización y hasta tanto se hizo físicamente de esos bienes intervinieron distintos sujetos, es decir, el proveedor del bien (supuestamente apócrifo), el intermediario (quien juntó a las partes vendedoras y compradoras) y el transportista (quien trasladó la mercadería).
Explica que la cadena de comercialización comienza con el alta del proveedor por parte de CHS de Argentina SA, luego en la adquisición de granos interviene un corredor, quien acercó la oferta (proveedor) y la demanda (CHS de Argentina SA) por el cobro de una comisión, el cual es un intermediario ajeno a las partes.
Finalmente se celebra la operación instrumentándola mediante boleto de compra venta para Cereales, el cual fue registrado ante la Bolsa de Comercio correspondiente.
Luego de cumplidos los trámites administrativos, el proveedor hizo entrega de la mercadería y CHS de Argentina SA la adquirió controlando la calidad y peso de los que llegaron hasta sus plantas.
El entregador remitió carta de porte al corredor y asimismo facturó su trabajo al proveedor o corredor según quien lo contrató.
Una vez que el corredor recibe la carta de porte del entregador, el mismo procede a liquidar las operaciones tanto al proveedor como a CHS de Argentina SA y según esas liquidaciones, CHS de Argentina SA canceló las mismas mediante transferencias bancarias a la cuenta del respectivo proveedor o corredor, en tanto que el IVA por las operaciones de compra de granos, se retuvo y/o se le transfirió a la cuenta bancaria del proveedor conforme la normativa vigente.
Acompaña documental. Ofrece prueba de informes y prueba pericial contable solicitando se designe perito contador.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto solicita se revoque en todas sus partes la resolución determinativa apelada. Con costas.
II. Que a fs. 640/659vta contesta el traslado la representación fiscal, y manifiesta que su mandante en uso de sus atribuciones constató que existieron operaciones con proveedores apócrifos que fueron incluidas por la exportadora en sus solicitudes de Reintegro del IVA Crédito Fiscal, correspondientes a los periodos fiscales 4 a 7 y 9 y 11/2011; 4, 5 y 12/2012; 4, 5, 8 y 9/2013; 5, 6 y 9/2014 y 5/2015 impuestas por la firma recurrente. Sostiene que procedió a analizar toda la información obtenida con el objeto de depurar los proveedores y facturas no ajustadas, como así también comprobantes observados.
En virtud de las verificaciones llevadas a cabo por la fiscalización actuante, la representación fiscal señala que no fue posible acreditar, en cabeza de las supuestas vendedoras, la existencia de los bienes que se pretenden adquiridos, careciendo en consecuencia de sustento el crédito fiscal cuyo recupero persigue el contribuyente. Añade que en consecuencia no quedó probado el vínculo entre las proveedoras del producto que genera el derecho al cómputo del crédito fiscal y la firma exportadora, condición necesaria –dice- para acceder al beneficio instituido por las normas, y consecuentemente, al recupero solicitado, no existiendo relación entre el crédito fiscal facturado y el supuesto producto vendido, desvirtuándose la esencia del reintegro que es la neutralidad de los efectos del IVA respecto de los bienes exportados, a través de la restitución al exportador del impuesto que le fuera facturado por sus proveedores, situación que –dice- no ha sido constatada en las operaciones cuestionadas. De este modo, la representación fiscal, niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente, que no fueran materia de expreso reconocimiento en su responde o no surgiera de los antecedentes administrativos. En primer lugar opone la excepción de incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación para entender en la apelación, alegando que la Ley 27.430 ha modificado el texto del art. 76 de la Ley 11.683, consignando los supuestos en que no resulta competente para entender el Tribunal Fiscal. Solicita que el Tribunal declare su incompetencia para entender en la presente apelación, con costas.
En subsidio contesta agravios y señala que la sola facturación de bienes, servicios y locaciones no da, por si sola, derecho a computar el impuesto facturado contra las exportaciones realizadas porque para acceder al mismo se requiere el efectivo destino de los bienes, servicios y locaciones a las exportaciones, en virtud del perfeccionamiento que le diera sustento.
Afirma que si no se verifica el nacimiento del hecho imponible en cabeza del proveedor, por no haberse demostrado la efectiva prestación de los servicios o la venta de los productos invocados, el débito fiscal facturado, no resulta crédito fiscal computable para su cliente.
En cuanto a la nulidad de la resolución recurrida, por vulnerar su derecho de defensa por ser exiguo el plazo que dio el Fisco para aportar la documentación respaldatoria de sus operaciones, la representación fiscal manifiesta que procede su rechazo por improcedente.
Agrega que la resolución apelada tiene un objeto, física y jurídicamente posible, versando sobre todas las peticiones formuladas por la actora que hacían a la cuestión de fondo y conllevan al tema en discusión en la forma en que fue resuelto y que se cumplimentaron todos los requisitos esenciales y sustanciales exigidos por las normas que reglan la sustanciación del procedimiento en el ordenamiento jurídico.
En cuanto a la causa, elemento esencial de todo acto administrativo -el organismo fiscal dice que- se encuentra acreditada por el hecho de haber presentado la declaración jurada que no se condecía con su real situación impositiva.
Por otro lado señala que no se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo ya que este implica el reconocimiento de tres derechos fundamentales, derecho a ser oído, derecho de ofrecer y producir prueba y derecho a una decisión fundada y que la actora no expone en forma clara las razones por las que se vio privada de oponer ni aclara cual fue el perjuicio sufrido.
Solicita se rechace la nulidad articulada por improcedente con costas.
En cuanto al fondo de la cuestión, la representación fiscal manifiesta que la existencia de la factura o documentación equivalente, por si sola, no acredita la operación.
Sostiene que para que las facturas en cuestión adquieran tal carácter, deberán encontrar sustento en la realidad fáctica de las operaciones, toda vez que resultan de aplicación al caso los principios de interpretación y la realidad económica del gravamen, condicionando el valor de la factura a dicha situación.
Entiende que para que la documentación respaldatoria resulte idónea para habilitar el cómputo del crédito fiscal del adquirente, dicha documentación debe ser validada desde el punto de vista formal como material, es decir no solo reunir los requisitos previstos por la norma sino que tienen que reflejar la real operación económica que pretende documentar.
Por ello, afirma que el juez administrativo concluyó que mediante la verificación efectuada en los proveedores declarados, no fue posible constatar la existencia de las operaciones cuestionadas, lo que se torna imprescindible a efectos de validar los créditos que le corresponden.
Es dable manifestar que, para la representación fiscal no se trata de que la recurrente se encuentre obligada a verificar los atributos y características fiscales de sus proveedores, sino de la probanza de que esas operaciones las llevó a cabo con los mismos.
Considera que los fundamentos expuestos en los informes permitieron concluir al juez administrativo que los proveedores declarados no pudieron haber efectuado las operaciones comerciales que indican, determinándose en consecuencia, que no son los verdaderos generadores de los créditos declarados por CHS de Argentina SA. Con relación a los agravios referidos a que el organismo fiscal no tuvo en cuenta una serie de circunstancias que permitirían acreditar la veracidad de las operaciones, el Organismo Fiscal alega su improcedencia. Manifiesta que con fecha 12/10/2017 previo al dictado de la resolución, la recurrente tuvo acceso a las actuaciones con el objeto de tomar conocimiento y el 20/10/2017 realizó una presentación no logrando desvirtuar los supuestos fácticos y de derecho de las operaciones cuestionadas.
La representación fiscal concluye que los argumentos vertidos por el apelante carecen de entidad suficiente como para desvirtuar las concretas circunstancias que fueran constatadas por la Dirección General y que sirvieron de sólido fundamento del acto apelado.
En relación a la prueba propuesta por la actora, el Fisco Nacional manifiesta su oposición a la misma en su totalidad y ofrece perito contador de parte.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto solicita se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas a la actora.
III. El Tribunal resuelve a fs. 664, de la incompetencia planteada dar traslado a la recurrente por el término de cinco días, quien contesta a fs. 665/672vta.
Asimismo, este Tribunal resuelve a fs. 675 declarar como previo y especial pronunciamiento la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco a fs 640/659vta.
Ello así, el 31/10/2018 –vide fs. 682/684- este Tribunal resuelve, que siendo que la recurrente interpuso el recurso de apelación cuando aún no se encontraba vigente el nuevo texto de la ley 11.683, no corresponde denegar la competencia de este organismo en razón de lo normado en el actual art. 76 inciso b) de la ley de procedimiento tributario, por ello, declara su competencia para entender en la presente causa con costas en el orden causado, atento lo novedoso del planteo.
En otro orden, a fs. 686/696 la recurrente contesta traslado de la oposición a la prueba y el Tribunal resuelve citar a las partes a una audiencia preliminar de prueba para el día 22/11/2018.
En dicha audiencia –vide fs. 703- el Tribunal resuelve: 1) No hacer lugar a la oposición fiscal con sustento en el art. 166 de la Ley de rito, habida cuenta las facultades instructorias otorgadas por el art. 164 de dicha ley a este Tribunal para averiguar la verdad de los hechos más allá de lo alegado por las partes. 2) Tener presente la prueba documental aportada por la recurrente para su oportuna valoración. 3) No hacer lugar a la prueba pericial por versar sobre cuestiones que no se encuentran discutidas o bien resultar inoficioso en función de la informativa ofrecida en la causa. 4) En atención a las actuaciones administrativas acompañadas, no ha lugar al oficio a la AFIP. 5) Hacer lugar a la restante prueba informativa ofrecida por la parte actora, quien deberá individualizar en el término de diez días las entidades a oficiar.
De ese modo, el 19/02/2019, el Tribunal resuelve requerir a la parte actora que en el término de cinco días manifieste si tiene interés en la producción de la prueba informativa ordenada en el punto 5) de fs. 676, y la recurrente a fs. 706/ 710 realiza una presentación dando cumplimiento a lo ordenado.
A tal efecto, este Tribunal resuelve a fs. 712 hacer lugar a la prueba informativa que ofrece la actora a fs. 676/680 y en consecuencia se libren los oficios solicitados, los cuales son acreditados a fs. 715/726 por la parte recurrente. El 01/04/2019 el Tribunal resuelve tener presente las contestaciones de oficio obrantes a fs. 751/784 y 785/786, y a fs. 950 resuelve que tome conocimiento la recurrente de lo informado a fs 919.
Nuevamente el apelante acredita diligenciamiento a fs. 954, 996 y 1005 y el Tribunal resuelve tenerlos por acreditados. Además a fs. 996 y 1036 se solicita se libren oficios reiteratorios, a lo cual el Tribunal resuelve que se esté a las contestaciones producidas y ordena librar los oficios reiteratorios solicitados.
Por otra parte, mediante PV-2022-31365262-APN-VOCV#TFN del 01/04/2022, y atento el estado de autos, el Tribunal resuelve clausurar el periodo probatorio dándose por decaído el derecho de la parte actora a la producción de las pruebas oportunamente ordenadas y no producidas.
Ello así, la parte recurrente mediante RE-2022-35101287-APN-SGAI#TFN solicita pasen los autos para alegar, y el Tribunal por PV-2022-40030456-APN-VOCV#TFN resuelve atento el estado de autos, elevar los autos a consideración de la Sala B.
IV. A fs. 1057 se elevan los autos a consideración de la Sala B. A fs. 1061 se ponen para alegar. A fs. 1071/1080vta obra alegato de la actora y a fs. 1092/1093 obra alegato del Fisco Nacional. Finalmente a fs. 1095 se llama autos para sentencia.
V. Que en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera la nulidad absoluta e insanable de la resolución administrativa.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
En cuanto a la afectación de su derecho de defensa, se advierte del análisis de las actuaciones administrativas que a fs. 323 con fecha 12/10/2017, la recurrente tuvo acceso a las actuaciones labradas por la fiscalización habiendo presentado su descargo a fs. 325/338 con fecha 20/10/2017.
Además ha tenido la oportunidad en esta instancia jurisdiccional de ejercer ampliamente su derecho de defensa y producir prueba tal como surge del trámite de los presentes actuados a fs. 703 y siguientes.
Respecto de la falta de dictamen jurídico previo, el agravio de la recurrente carece de sustento, toda vez que del análisis de las actuaciones administrativas se observa que el mismo luce agregado a fs. 376/384 del cuerpo principal II bis.
Que respecto a las restantes objeciones nulificantes que plantea la actora, cabe señalar que desde lo estrictamente formal, la resolución apelada en autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Por otra parte ha fundado su pretensión en los elementos recabados por la fiscalización.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones, conforme surge de los antecedentes administrativos aportados a la causa, tienen su génesis en la orden de intervención que se origina como consecuencia de cruces informáticos por los cuales se detectaron operaciones con proveedores apócrifos que fueron incluidas por la exportadora en sus solicitudes de Reintegro del IVA Crédito Fiscal, correspondiente a los periodos 4 a 7 y 9 y 11/2011; 4, 5 y 12/2012; 4, 5, 8 y 9/2013; 5, 6 y 9/2014 y 5/2015.
La División interviniente había recibido informes producidos por las áreas competentes del Organismo, los cuales dan cuenta de serias irregularidades respecto de los créditos fiscales que fueran declarados por la firma exportadora como vinculados a las exportaciones efectuadas.
Del resultado de las mismas surge que no ha sido posible acreditar su veracidad mediante medios independientes, y por el contrario, aparecen seriamente cuestionados por otros medios de convicción, que permitieron concluir a las áreas fiscalizadoras que se trataban de empresas que generaban créditos fiscales no legítimos. Los fundamentos tenidos en cuenta a efectos de considerar improcedentes los créditos originados en las operaciones con los proveedores cuestionados, se ponen de manifiesto en los informes de fiscalización detallándose a continuación lo más relevante.
En primer lugar, Agro Cereales Noa SA, la empresa declaraba como actividad principal desde 6/2007 a 12/2016 “venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (incluye arroz) oleaginosas y forrajeras excepto semillas” y a partir de 1/2017 la misma es “pesca continental: fluvial y lacustre”.
Los antecedentes que dieron origen a su inclusión como apócrifo en 8/2012, los mismos fueron “… como consecuencia de tareas de investigación desarrolladas por la Dirección Regional Santa Fe en el marco del Operativo Soja 2011… (fs. 26 ant adm) donde señalaron que “… surgen dudas respecto del origen de los granos movilizados según CTG y comercializados…, lo que nos permite presumir que estaríamos frente a un operador que comercializaría granos adquiridos en el mercado marginal…” (fs. 24 ant adm) y de las tareas de fiscalización realizadas llevaron a concluir que “… ante la falta de capacidad económica y financiera del contribuyente, se presume que se trataría de una persona que estaría siendo utilizada para la generación de crédito fiscal apócrifo”
Por ello del informe elaborado por la División Investigación de la Dirección Regional surge que, “… en referencia tanto a la sociedad investigada como a sus integrantes demuestran la escasa o nula capacidad económica-financiera para el desarrollo de la actividad, contrastando con las cifras millonarias de ventas de granos” (fs. 35 ant adm)
Respecto al domicilio señalan que “… se ubica en un inmueble que incluye oficina y una planta de acopio (en desuso hace tiempo). En dicho lugar solamente se ubica una persona que dice ser empleada de la firma, … manifestó que no hay documentación alguna en el lugar…” (fs. 35 ant adm).
En cuanto a las compras en todos los periodos son efectuadas a empresas incluidas en la base Apoc, finalizando los pagos a proveedores en personas insolventes y/o sin actividad económica alguna (fs. 39 ant adm). Además, la firma no posee inmuebles de su propiedad, y en el domicilio fiscal no se administra, ni se comercializa como tampoco se acopia ni la empresa ni los socios poseen bienes, siendo insolventes. En segundo lugar, Altos Cereales SRL, la empresa declara como actividad económica principal, “venta al por mayor en comisión o en consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas” y como actividad secundaria “servicios de almacenamiento y depósito en silos” (fs. 9 y 18 ant adm). De las tareas realizadas por la División Fiscalización surge que posee un Siper E, en virtud de los siguientes desvíos, concurso preventivo, contribuyentes fiscalizados con ajustes significativos respecto de los impuestos declarados, incumplimiento de pago.
En la constatación del domicilio fiscal de la firma se confeccionó un acta en la que se constató que en dicho lugar se visualiza un local con actividad de venta de productos de granja. (fs. 11 ant adm).
En cuanto a la localización del presidente de la sociedad, señalan que, de acuerdo a lo manifestado por la persona que atendió en el lugar, allí no vive el señor Alvarez Saa.
Se agrega que por orden judicial, procedieron a reactivar la cuit provisoriamente por noventa días, la sociedad efectuó cambio de domicilio fiscal, y al proceder a constatar el nuevo, no pudo ubicarse a nadie en el mismo. Con posterioridad se efectuó nuevamente cambio de domicilio fiscal de la firma, arrojando resultados negativos para su localización.
Finalmente en virtud de ciertas anomalías, se la incluyó en la base apoc como “usina empresa desactivada”. Adicionalmente se informa que de las consultas a las bases del organismo la cuit se encuentra inactivo (fs. 18 ant adm), se halla excluido del Registro Fiscal de Operadores de Granos por incorrecta conducta fiscal (fs. 22 ant adm)
En tercer lugar, Cerealera Olavarría SRL, la empresa señala como actividad económica principal “venta al por mayor en comisión o en consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas”. En cuanto a lo observado en las bases informáticas del Organismo, la firma verificada se halla inscripta en el Registro único de la cadena agroalimentaria como establecimiento con la actividad de acopiador consignatario. Al ser acopiador y declarar una única Planta, todas las cartas de porte deberían haber sido remitidas desde dicho domicilio. Al analizar el domicilio remitido por la firma, se constatan diez localidades de origen, de cuatro provincias diferentes.
Por ello, los granos entregados fueron remitidos haciendo uso indebido de las cartas de porte, ya que no se corresponden con la ubicación de la planta, desconociéndose quienes son los verdaderos remitentes de los granos (fs. 18 ant adm).
Se concluye que la cerealera mencionada resulta un contribuyente con resistencia a la fiscalización y sin capacidad económica, no cuenta con bienes que permitan presuponer la capacidad de obtener cereal de acuerdo a los significativos movimientos, liquidaciones de venta y acreditaciones bancarias; sin justificar su compra, lo que implica que los granos tendrían origen en el mercado marginal y comercializados a través de la verificada, es decir, irregularidades en la cadena de comercialización. (fs. 21 ant adm).
En cuarto lugar, Continuadores de Casa Stratta SRL, durante el transcurso de la verificación no fue posible ubicar a persona alguna o responsable en el domicilio fiscal de la sociedad.
Respecto a la consulta en la base de datos e-Fisco señala que surgen pagos por movimientos no significativos. La fiscalización constató que el domicilio fiscal es un lugar que se encuentra cerrado y en estado de abandono (suciedad y correspondencia acumulada en la puerta de ingreso).
En cuanto al domicilio comercial de la sociedad, la planta mencionada se encuentra arrendada por la razón social Punte Sociedad Anónima.
La sociedad no cuenta con instalaciones habilitadas a los fines de poder realizar la actividad en que se encuentra inscripto en el Organismo. (fs. 36 ant adm).
Se concluye que la sociedad se presenta con resistencia a la fiscalización, como prestanombre, y sin capacidad económica. Asimismo su cuit se encuentra inactivo y se halla excluido del Registro Fiscal de Operadores de Granos por incorrecta conducta fiscal. (fs. 41 y 44 ant adm).
En quinto lugar, El Petiso SA, se encuentra en el Siper categoría E, falta de presentación de declaraciones juradas seguridad social, contribuyentes fiscalizados con ajustes significativos respecto a los impuestos declarados, incumplimientos de pagos, con juicios de ejecución fiscal.
De la información obrante en el Citi Compras y Retenciones y/o Percepciones, se observa que casi el 90% de sus compras han sido efectuadas con sujetos en la baso e-Apoc.
No posee bienes registrables. Los actuales integrantes de la firma no presentan declaraciones juradas, no registran pagos de impuestos, no poseen bienes registrables ni acreditaciones bancarias a su nombre, al mismo tiempo que uno de ellos se encuentra incluido en la base eApoc.
Se constató que el contribuyente ingresó al RFOG en 2007 en la categoría Acopiador, registrando una suspensión que fue levantada en 2008 y finalmente fue excluido en 2013.
En la fiscalización se constató el domicilio de la firma, no siendo atendido por persona alguna. Se constató que en el domicilio que figuraba en los comprobantes que emitió el contribuyente se encontraban distintas oficinas comerciales encontrándose cerradas al momento de la visita.
En la planta de acopio que informó explotar el contribuyente, se visualizaron cuatro silos metálicos que se encontraban vacíos. La persona que se encontraba allí manifestó que el inmueble pertenecía a Las Hermanas SA y que hacía aproximadamente dos años no veía entrada y salida de camiones pertenecientes a El Petiso SA. Las órdenes de pago son firmadas por personas ajenas a la firma y con domicilios fiscales declarados distintos unos de otros.
Se concluye que el proveedor no posee capacidad económica para haber operado en los niveles de venta realizados.
En sexto lugar, Giacinti Italo José, desde las bases de Afip el señor Giacinti está informado como deudor irrecuperable desde 2013 por el HSBC y desde 2015 por el Banco de la Nación. Asimismo se encuentra jubilado desde 2013.
Si bien el señor Giacinti sería titular de una planta de acopio en Córdoba con un empleado afectado a la misma, no justifica que haya operado en este rubro.
En cuanto al domicilio fiscal de Pilar, no se observó actividad comercial o administrativa; habiendo coordinado con anticipación una visita se atendió a la inspección en dos oportunidades y el resto de las veces se constató que el domicilio estaba desocupado.
Con relación a los proveedores que surgen del Registro IVA compras se circularizó al 90 % quienes respondieron en nota que no operaron y/o que no conocen al Sr. Giacinti, es decir que se utilizó a estos supuestos proveedores a fin de justificar el origen del grano presuntamente comercializado (fs. 11 ant adm).
Asimismo se circularizó a transportistas quienes manifiestan no haber operado con el Sr. Giacinti (fs. 15 ant adm).
El caso se encuadra en aquellos sujetos con irregularidades en la cadena de comercialización, en menor medida surgen indicios que permiten suponer la falta de capacidad económica, en virtud que las operaciones efectuadas no se relacionan con la actividad de acopio o de compra venta de granos declarada o bien en la categoría de prestanombre, entendiendo que se trata de aquellas personas físicas que han prestado su nombre (inscripción en el impuesto) al sólo efecto de facturar operaciones no realizadas por las mismas.
De la consulta a las bases de datos del organismo surge que la cuit se encuentra en estado inactivo. El séptimo, Promagro Promociones Agropecuarias SA, el contribuyente declara como planta de acopio un inmueble propio, el cual fue visitado por el actuante encontrándose con los accesos cerrados y con candado, el predio con pastos altos, es decir con indicios de escasa o nula actividad y además de no encontrarse personal alguno.
Declara un empleado lo que es insuficiente de acuerdo a la actividad declarada, siendo necesario alguien como administrativo, balancero, encargo de planta.
La verificada no posee rodados o maquinaria agrícola declarada. (fs. 2 ant adm).
Concluye la fiscalización de acuerdo a inconsistencias y es opinión del actuante del organismo fiscal que la fiscalizada sea suspendida del Registro Fiscal de Operadores de Granos RFOG.
El 64% de las compras del periodo fueron realizadas a contribuyentes ya probados como apócrifos, estos sin considerar otros contribuyentes sobre los que se observan irregularidades que hacen dudar su capacidad productiva. (fs. 4 ant adm).
Ante las observaciones, se puede presumir que la sociedad Promagro Promociones Agropecuarias SA, habría sido utilizada para comercializar granos provenientes del mercado marginal.
El único contribuyente remitente de cartas de porte no incluido en la base eapoc y que tienen como destinatario a Promagro SA pertenece a su grupo accionario.
Se detectó elementos suficientes para el Alta en la Base Eapoc bajo la condición, irregularidades en la cadena de comercialización y con resistencia a la fiscalización.
Del organismo surge que la cuit se encuentra en estado inactivo y se halla excluido del Registro Fiscal de Operadores de Granos por incorrecta conducta fiscal, no posee automotores y maquinaria agrícola. En octavo lugar, Quintales SA, se señala que surgen dudas respecto a la veracidad de las compras que lleva adelante la investigada y se permite presumir que se está frente a una persona jurídica que blanquea el cereal adquirido en el mercado marginal, a través de este tipo de contribuyentes que no existen o bien que no tienen capacidad operativa ni económica.
Se concurrió en repetidas oportunidades al domicilio fiscal, no encontrando persona que respondiera al llamado de los actuantes. Finalmente en septiembre de 2012 la actuante fue atendida por una persona que se identificó exhibiendo dni y dijo que el domicilio corresponde a su vivienda particular, que alquila esa propiedad hace cinco años y desconoce a la firma Quintales SA.
Se constató que en el domicilio comercial no existe actividad de la firma Quintales SA.
En relación a la planta de acopio, en la verificación se constató que se encuentran los silos y que en dicho lugar no se visualiza persona alguna ni se denota actividad de trabajo, la tranquera está cerrada y solo tiene un cartel que dice Quintales SA.
Los actuantes concluyen que respecto de la firma investigada, sus socios y autoridades son personas de bajos recursos que desconocen la operatoria de las firmas que integran, no ha sido posible en el curso de las actuaciones determinar un lugar donde estas empresas desarrollen su actividad.
De la consulta a la base de datos del organismo fiscal, surge que la cuit se encuentra en estado inactivo, se halla excluido del Registro Fiscal de Operadores de Granos por incorrecta conducta fiscal, registra pagos poco significativos por el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado por los periodos 2010 y 2011, no registrando pagos en periodos posteriores y no posee propiedades y maquinaria agrícola.
En último lugar, Servicios Bragado SRL, los agentes fiscalizadores se constituyeron en numerosas oportunidades en el domicilio fiscal de la firma constatando que la vivienda presenta señales de no ser una propiedad habitada a pesar de encontrarse vigente un contrato de locación sobre ese inmueble (fs. 18 ant adm).
En cuanto a los bienes registrables, no existe información registrada en el sistema, es decir, no surgen bienes muebles ni inmuebles.
En cuanto a las compras de mercaderías, los registros en fotocopia aportados señalan que la firma efectuó compras a proveedores que fueran cuestionados por incapacidad económica por la Administración Federal. La División Investigación confeccionó un informe obrante a fs. 37 a 54 de las actuaciones administrativas a través del cual concluye que la sociedad no poseía ni posee capacidad económica y financiera para realizar la actividad que declaró, por lo que ha operado como una entidad funcional a la emisión de facturas apócrifas. Adicionalmente se informa que de la consulta a las bases del organismo surge que la cuit se encuentra en estado inactivo, se halla excluido del Registro Fiscal de Operadores de Granos por incorrecta conducta fiscal, no posee bienes registrables, no registra pagos por el Impuesto al Valor Agregado y la última declaración jurada presentada por el Impuesto a las Ganancias corresponde al periodo fiscal 2012 (fs. 62 ant adm).
Así las cosas, las solicitudes de reintegro del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado relacionadas con operaciones de exportación interpuestas por la firma por los periodos mencionados precedentemente, fueron efectuadas en la órbita de la Resolución General (AFIP) Nº 2000/06, ello bajo el fundamento legal que deriva de lo establecido por el art. 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El Organismo Fiscal manifiesta que la sola facturación de bienes, servicios y locaciones no da, por si sola, derecho a computar el impuesto facturado contra las exportaciones realizadas porque para acceder al mismo se requiere el efectivo destino de los bienes, servicios y locaciones a las exportaciones, en virtud del perfeccionamiento de la operación que le diera sustento.
Agrega que la imposibilidad de verificar el nacimiento del hecho imponible en cabeza del proveedor, por no haberse demostrado la efectiva prestación de los servicios o la venta de los productos invocados, conlleva para su cliente la inexistencia del crédito fiscal computable.
Asimismo, sostiene que las proveedoras cuestionadas se encuentran inscriptas como contribuyentes ante el Organismo Fiscal, entendiéndose por tal a la persona a la cual se le atribuye la producción del hecho imponible, aquella en quien se verifica la situación prevista por la norma para dar origen a la obligación tributaria. Para que proceda el cómputo del crédito fiscal, conforme art 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, deben cumplirse entre otros requisitos, que el gravamen se encuentre facturado o documento equivalente, que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes y que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, importador, locador o prestador, el débito fiscal respectivo.
Señala que para que la documentación respaldatoria sea idónea para habilitar el cómputo del crédito fiscal del adquirente, dicha documentación debe ser validada tanto desde el punto de vista formal como material, es decir, no solo reunir los requisitos formales sino que tienen que reflejar la real operación económica que pretenden documentar.
Además considera relevante destacar que la existencia de la factura, por si sola, no acredita la operación. La constatación de ella en el campo de los hechos es la que presupone la realidad de las operaciones, que es en definitiva lo que va a proporcionar entidad al instrumento, es decir, existencia, condición necesaria para admitirse como perfeccionamiento del hecho imponible.
De los antecedentes administrativos se concluye que no queda probado el vínculo entre las proveedoras del producto que genera el derecho al cómputo del crédito fiscal y la firma exportadora, condición necesaria para acceder al beneficio instituido por las normas que rigen en la materia y consecuentemente al recupero solicitado.
VII. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si la misma se ajusta o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio, concretamente referidos a la tacha de apócrifo de los proveedores mencionados en el considerando anterior.
Que entrando al análisis de la impugnación de los citados proveedores, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió del proveedor cuestionado, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dicho tercero haya sido el verdadero proveedor de las operaciones involucradas cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que en definitiva no se ha logrado probar, a pesar de la informativa producida, que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados hayan realizado las operaciones de venta que la actora le adjudicó. En efecto, la información brindada en autos por algunos de los intermediarios no aporta mayores elementos que permitan tener por realizada las operaciones por los proveedores impugnados. Por el contrario, el HSBC informa a fs. 780 que si bien la recurrente registra una cuenta corriente en dicha entidad, no se detectan transferencias a las firmas cuestionadas en autos; en tanto a fs. 949 el ICBC requirió mayor especificación en la información solicitada, de lo cual se puso en conocimiento a la actora a fs. 950, sin que la recurrente solicitara reiteratorio alguno con las precisiones requeridas por la oficiada para informar sobre los posibles destinatarios de cheques y/o transferencias. Asimismo la firma Díaz Rigante respondió a fs. 816 el oficio que se le librara respondiendo que no registra los movimientos por los que se le requería información. En tanto que la Bolsa de Comercio y la Bolsa de Comercio de Rosario informan a fs. 947 y 1032 que no intervienen en la concertación de los contratos que se registran en las mismas, aclarando la última entidad que no registra contratos con Promagro Promociones Agropecuarias, Quintales S.A. y Servicios Bragado.
Asimismo cabe poner de resalto que en casos como el presente cuando se trata de operaciones cuya impugnación fundamental se basa en que las irregularidades comprobadas dieron origen a considerar que las operaciones cuestionadas no fueron concertadas con los proveedores observados, se estima que no procede computar las retenciones oportunamente ingresadas que solo existieron para dar un viso de realidad a las operaciones fraudulentas y que han quedado en evidencia en la descripción de la maniobra detectada por el Fisco Nacional. Además, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Molinos Río de la Plata SA”, el 25/8/2015, la aquí recurrente carecería de legitimación para efectuar el citado reclamo.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar el criterio fiscal. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.11.09 10:59:59 ART Date: 2022.11.09 14:41:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.09 15:55:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.09 15:55:55 -03:00
Fin de la sentencia