Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada en lo que concierne al ajuste aquí tratado, con costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 58/ 70 se interpone recurso de apelación, en los términos del artículo 76, inc. b) de la Ley 11.683 (t.o. 1998) contra la resolución Nº 113/16 de la AFIP–DGI, dictada con fecha 29 de Junio de 2016, mediante la cual se determina al apelante su obligación frente al Impuesto a las Ganancias- Retenciones Beneficiarios del Exterior por los períodos fiscales junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009 y abril y diciembre de 2010, fijando el saldo a favor del organismo recaudador en la suma de pesos trescientos veintiséis mil ciento cuarenta y uno con ochenta y siete centavos ($326.141,87), con más los intereses resarcitorios intimados, los cuales ascienden al monto de pesos setecientos diecinueve mil trescientos sesenta y ocho con cuarenta y tres centavos ($719.368,43), aplicándole a su vez una multa por un monto de pesos seiscientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y tres con setenta y cuatro centavos ($652.283,74).
Mediante presentación de fs. 104/ 110 vta., complementada con la presentación de fs. 115/120, la actora manifestó su allanamiento y desistimiento parcial de toda acción y derecho, incluso de la repetición, respecto de la obligación materia de estas actuaciones, exclusivamente por el ajuste que se refiere a las facturas observadas con empresas del Grupo Danone, por el monto de $300.114,99 (pesos trescientos mil ciento catorce con noventa y nueve centavos), en concepto de capital, intimado por la Res. Nº 113/ 2016, regularizada en los términos dispuestos por el art. 53 de la Ley 27.260 y art. 11 de la RG AFIP 3920 y modif., adjuntando a fs. 104 el Formulario de Declaración Jurada 408, acreditándose el carácter de apoderado de su firmante a fs. 115/120, habiendo aportado además el Formulario 1003, con los correspondientes detalles del plan de facilidades, y comprobante de pago (VEP) de la cancelación parcial del pago al contado de la deuda. Asimismo, solicitó se prosiga la causa por la suma de $26.026,87 (pesos veintiséis mil veintiséis con ochenta siete centavos). A fs. 113/ vta., el Fisco Nacional solicitó, atento el allanamiento efectuado por la recurrente por los conceptos por los cuales formula el acogimiento, se dicte sentencia teniendo a la contraparte por desistida de la acción y el derecho, incluso de la repetición, por los conceptos y montos por ella consignados.
Ello así, a fs. 126/126vta., esta Sala dictó sentencia teniendo a la parte actora por desistida parcialmente en los términos de la Ley Nº 27.260, conforme el alcance fijado por la misma en las presentaciones antes referidas.
II. Que por lo tanto, corresponde el tratamiento del recurso incoado en autos por el ajuste fiscal que no fue objeto del desistimiento parcial; esto es, el ajuste fiscal respecto de las retenciones por los pagos efectuados a la Compagnie Gervais Danone.
En cuanto a las operaciones con la citada firma señala que se inscribió ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial bajo el N° 12.948 del Registro a cargo de la Dirección de Transferencia de Tecnología el contrato entre la recurrente y Compagnie Gervais Danone. Y, expresa que, ante tal solicitud, se emitió el Certificado N° 277/2009. Agrega que la empresa había estimado en ese momento que por ese período se pagarían regalías por $ 12.270.000.
Afirma que posteriormente en función del contrato de regalías se emitieron dos facturas: (i) el 12/3/09 factura N° 8020001138 por la suma de U$S 3.303.280 y (ii) 15/3/2010 factura N° 8020001354 por la suma de $ 9.424. Por el tipo de cambio aplicado de $ 3,77 la suma pagada de U$S 3.303.280 fue equivalente a $ 12.453.366. Manifiesta que por el contrato de asistencia técnica aplicable al año 2009 se pagaron regalías por $12.462.790. Es decir que se pagaron regalías en exceso de los montos estimados ante el INPI por la suma de $ 192.790 ($12.462.790 - $ 12.270.000). Estas cuestiones, dice, se encuentran acreditadas a fs. 858 a 869, 882, 947 y 948 del expediente administrativo.
Señala que el Fisco entendió que correspondería aplicar a los montos excedidos de los expuestos en el Certificado emitido por el INPI N° 277/09, la diferencia de tasa (31,5% - 18%) en virtud de lo establecido en el inciso h) del artículo 93 de la ley del gravamen.
Alega que se debe tener presente que el propio Fisco tenía más que razonables dudas respecto de qué criterio debía seguir, señalando que a fs. 1206 de las actuaciones puede leerse que "la respuesta de dicho Departamento cabría analizarla en función de los fallos 'Oleoducto Trasandino SA' del 8/4/2008; 'Laboratorio Temis Lostaló SA'- UN 22/12/2004, 'Otis Argentina SA' UN 8/4/2005 confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones Sala II el 11/09/2007 y 'Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. ' —CSJN 02/03/2011".
Afirma que la única discusión se encuentra referida a si los pagos en exceso de los montos expuestos en los certificados emitidos por el INPI se encuentran amparados por el Tratado o no.
Alega que la Ley de Transferencia de Tecnología (22426) establece en su artículo 3º que los contratos del tipo que aquí se trata deberán registrarse ante la autoridad de aplicación (INPI) a título informativo, requiriendo el artículo 8º una estimación de los pagos a efectuarse. Ello así, la falta de presentación de la información trae como consecuencia que las sumas pagadas en concepto de regalías no puedan ser deducidas a los fines impositivos y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta del proveedor (conforme artículo 9). Es decir, alega, que la única posibilidad que limita los efectos impositivos es la falta de presentación de la información. En el caso, señala que el propio Fisco reconoció que el INPI registró el contrato y, en consecuencia, entonces sostiene que la recurrente tiene derecho a gozar de los respectivos beneficios impositivos. Afirma que no existe obligación legal de inscribir los nuevos montos efectivamente pagados en función de la estimación efectuada.
En relación a la multa aplicada, opone la defensa de prescripción. Afirma que por aplicación del principio de la ley penal más benigna tales suspensiones no son de aplicación al caso. En estos términos sostiene que al 31 de diciembre de 2015 han prescripto las facultades del Fisco para sancionar a mi mandante en relación a todos los períodos fiscales anteriores a noviembre de 2010.
Por otra parte afirma que la conducta del sujeto es un elemento sustancial en materia de sanciones tributarias, requiriéndose en todos los casos la concurrencia del aspecto subjetivo. En este sentido, las infracciones tributarias constituyen contravenciones penales, tanto por la estructura de la infracción como por la naturaleza de la sanción. Sostiene que en su caso no resulta culpable ya que la conducta imputada no es infraccionalmente reprochable. En subsidio plantea la existencia de error excusable.
Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 81/100 el Fisco Nacional contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar señala que se verificó que la recurrente se excedió en los montos que giró al exterior en concepto de regalías por el período 2009, respecto de los registrados ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ("INPI"), en concepto del Contrato de Asistencia Técnica suscripto entre Aguas Danone de Argentina S.A. y la firma COMPAGNIE GERVAIS DANONE, por la suma total de $ 192.791,64, compuesto por los pagos efectuados en fecha 23/6/2009 y 29/4/2010, en las sumas de $ 183.367,64 y $ 9.424,00 respectivamente, conforme también diera cuenta 1a vista conferida y los fundamentos del acto apelado.
Respecto a los referidos pagos al exterior, se observó que la actora practicó en defecto las retenciones del impuesto a las Ganancias a Beneficiarios del Exterior previstas en el inciso h) del art. 93 de la ley del gravamen, por considerar que correspondía la aplicación de la tasa del 18% prevista en el art. 12 del Convenio de Doble Imposición suscripto con la República de Francia.
Afirma que con relación a los intereses resarcitorios, la actora no formula agravio alguno, motivo por el cual cabe considerárselos firmes y consentidos.
Con respecto a la prescripción manifiesta que tratándose de obligaciones cuyos vencimientos operaron durante el año calendario 2009 o posteriormente, el curso de la prescripción comenzó a correr para las primeras el 10/01/2010 contabilizándose tres años y medio aproximadamente hasta la sanción de la Ley 26.860 (BO 3/6/2013) donde operó la suspensión de un año completándose el cuarto año del curso corrido de la prescripción el 31/12/2014. Así, habiéndose notificado la vista de las presentes actuaciones e instrucción de sumario el 22/12/2015, operó la suspensión de los 120 días establecida por el artículo sin número agregado a continuación del artículo 65 de la Ley 11.683, completándose luego de su finalización los días faltantes del plazo quinquenal para que opere la prescripción, la cual no operó atento la fecha del dictado y notificación de la resolución recurrida en autos (29 y 30 de junio de 2016, respectivamente).
En cuanto a lo solicitado en subsidio respecto a que se declare la "inconstitucionalidad" de lo dispuesto por el citado art. 17 de la Ley 26.860, afirma que sabido es que la sentencia dictada por el Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación "no podrá contener pronunciamiento respecto a la falta de validez constitucional de las leyes tributarias", salvo "que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada" por dicho Máximo Tribunal, como expresamente así lo establece el art. 185 de la ley N° 11.683.
Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. A fs. 130 se llaman los autos a sentencia.
IV. Atento lo expuesto corresponde abocarse a la cuestión pendiente de resolución, luego del desistimiento parcial de la actora.
Que el ajuste por el cual continúa la causa es sustentado por el Fisco Nacional en que considera que la recurrente habría retenido en defecto el Impuesto a las Ganancias – Retenciones con carácter de pago único y definitivo a Beneficiarios del Exterior, respecto de los pagos efectuados a la firma Compagnie Gervais Danone. La postura fiscal entiende que la actora se excedió en los montos que giró al exterior en concepto de regalías por el período 2009, respecto de los registrados ante el INPI, en concepto de Contrato de Asistencia Técnica. Sobre los montos que considera excedidos, el Fisco Nacional aplicó la diferencia de tasa (31,50%-18%), en virtud de lo establecido en el inciso h) del artículo 93 de la ley del gravamen.
Que corresponde reseñar la normativa tributaria aplicable al presente caso de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) en el art. 1° dicta que los sujetos "no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina, conforme lo previsto en el Título V.", previendo en su art. 5° que "son ganancias de fuente argentina aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio de la Nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos.", estableciendo el segundo párrafo del art. 12 que "serán considerados de fuente argentina los honorarios u otras remuneraciones originados por asesoramiento técnico, financiero o de otra índole prestado desde el exterior.".
Por su parte, el art. 92 de la ley del gravamen dispone que "Salvo en el caso considerado en el tercer párrafo del artículo 91, la retención prevista en el mismo se establecerá aplicando la tasa del 35% (treinta y cinco por ciento) sobre la ganancia neta presumida por esta ley para el tipo de ganancia de que se trate.", estableciendo en el inciso h) de su art. 93 que "Cuando se paguen a beneficiarios del exterior sumas por los conceptos que a continuación se indican, se presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario: ...[h)] EL NOVENTA POR CIENTO (90%) de las sumas pagadas por ganancias no previstas en los incisos anteriores.".
Asimismo, cabe indicar que el Convenio suscripto por nuestro país con la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y el patrimonio, aprobado por la Ley Nº 22.357) establece en su artículo 12, apartado 2, subapartado b) que las regalías abonadas a un residente de un Estado contratante (en el caso, Francia) pueden ser sometidas a imposición en el otro Estado (nuestro país), de acuerdo a la legislación de ese Estado, a una tasa máxima del 18% del monto bruto de las regalías. Por su parte la Ley Nº 22426 establece que quedan comprendidos en la misma los actos jurídicos a título oneroso que tengan por objeto principal o accesorio, la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos en la República Argentina (art. 1º); que los actos jurídicos contemplados en el artículo 1° que se celebren entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle, u otra filial de esta última, serán sometidos a la aprobación de la Autoridad de Aplicación (art. 2º); que los actos jurídicos contemplados en el artículo 1° y no comprendidos en el artículo 2° de la presente Ley deberán registrarse ante la Autoridad de Aplicación a título informativo; que junto con los actos jurídicos que se presenten ante la Autoridad de Aplicación deberán consignarse con carácter de declaración jurada, los siguientes datos: nombre y domicilio de las partes, participación del proveedor en el capital social del receptor, descripción de la tecnología o marcas cuya licencia o transferencia es objeto del acto, cantidad de personal empleado por el receptor y estimación de los pagos a efectuarse. La falta de presentación de esta información hará aplicable lo establecido en el artículo 9°. Este último artículo señalaba que la falta de aprobación de los actos jurídicos mencionados en el artículo 2° o la falta de presentación de aquellos contemplados en el artículo 3, no afectarán su validez pero las prestaciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el receptor y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta del proveedor.
Que en este punto cabe introducir al decreto 1853/1993. Este último, en su artículo 7, se remite al artículo 15 de la Ley 23697 de Emergencia Económica para afirmar que lo establecido en el artículo 2 de la ley 22426 ha quedado sin efecto. Así, no resultaría un requisito sine qua non el que los contratos contemplados por el artículo 1 de la ley en cuestión, que se celebren entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle, se sometan a la aprobación de la autoridad de aplicación. Mas aún, el citado decreto en su artículo 8º establece que a los efectos de lo establecido en el Artículo 3º de la Ley Nº 22.426 de Transferencia de Tecnología, deben registrarse a título informativo, tanto aquellos actos celebrados entre empresas independientes como también aquellos celebrados entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle, u otra filial de ésta última.
Sentado lo expuesto corresponde señalar que el Fisco Nacional no cuestiona que el Contrato de Transferencia de Tecnología celebrado entre la aquí recurrente y la firma Compagnie Gervais Danone se encontraba registrado en el INPI ni la aplicación del Convenio con Francia para los pagos efectuados en función de los certificados emitidos por el INPI; sino que el Organismo Fiscal considera que los pagos efectuados en concepto de transferencia de tecnología, que superaron el monto consignado en el certificado emitido por el INPI, son pagos que no cumplen con el requisito de existencia de un acto jurídico registrado ante el INPI para hacer uso del beneficio de reducción de la tasa de retención del Impuesto a las Ganancias.
La parte actora por su parte entiende que el contrato estaba inscripto en el INPI, que dicha inscripción de conformidad con la Ley Nº 22.426 es a título informativo, que la única posibilidad que limita los efectos impositivos es la falta de presentación de la información -lo que no se daría en el caso- y que la única exigencia respecto de los pagos es efectuar una estimación de los mismos. En definitiva, sostiene que no existe obligación de inscribir los nuevos montos efectivamente pagados en función de la estimación efectuada.
Que cabe señalar que le asiste razón a la parte actora. En efecto la normativa aplicable al caso, tanto la ley del gravamen como la de Transferencia de Tecnología, en modo alguno contemplan como requisito la determinación exacta y rigurosa de los montos del contrato registrado. Precisamente la Ley Nº 22.426 exige una estimación de los pagos a efectuarse y no el importe exacto de los mismos; debiendo tenerse en cuenta que la inscripción que exige la norma es a título informativo.
La pretensión del organismo fiscal de asimilar el hecho de no haber informado a la autoridad de aplicación sobre la actualización del monto oportunamente estimado de los pagos a efectuase al beneficiario del exterior, con la falta de inscripción del contrato respectivo, debe ser desestimada. La pretensión fiscal respecto de la obligación de realizar una nueva inscripción del contrato con el fin de obtener por parte de la autoridad de aplicación la expedición de un nuevo certificado por el monto efectivamente pagado, no encuentra apoyo en las normas aplicables. Estas imponen el registro de los actos jurídicos celebrados con el exterior que tengan por objeto la transferencia de tecnología y sólo en el supuesto de celebrarse un nuevo acuerdo podría surgir la necesidad de registrarlo, lo que no acontece en el caso en exámen, dado que la diferencia deriva de la forma de pago estipulada en el contrato (en tal sentido “Deca Piazza S.A.”, CNCAF, Sala I, sentencia del 3/11/2009).
En efecto, del contrato en cuestión surge que la contraprestación a cargo de la aquí recurrente debía pagar a la empresa licenciante un monto que no excedería en total del 1,5% de las ventas netas anuales de los productos del licenciatario, pagos que debían realizarse en moneda de los Estados Unidos mediante transferencia bancaria. En el mismo sentido se expidió la Sala V de la Alazada in re: "H.B Fuller Argentina SAIC (TF 23.814-I) c/DGI del 21/8/08, donde se discutía la interpretación sobre el incumplimiento de la actualización de la estimación de los pagos efectuados por transferencia de tecnología, señalando que la normativa aplicable al caso (Ley de Impuesto a las Ganancias, de Transferencia de Tecnología y normas reglamentarias) contempla una serie de requisitos para la deducibilidad del tributo, en el que no están incluidos la registración de las meras prórrogas de los contratos y la determinación exacta y rigurosa de los montos del contrato registrado; aclarando que la información respecto de los pagos a efectuarse no tiene otro alcance que el de una estimación y que el registro que la ley impone a título informativo es el del contrato original y no el de la ampliación, en tanto no se modifiquen las estipulaciones contenidas en el contrato original.
Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Oleaducto Trasandino Argentina SA” (TF 20.391-I) c/ DGI", sentencia de fecha 24-05-2011 sostuvo que “la única línea argumental desarrollada por el apelante ante esta Corte -reseñada en el párr. 1 del consid. 5- es claramente insuficiente para desvirtuar los fundamentos dados en la sentencia de la instancia anterior para concluir que resulta aplicable el artículo 93, inciso a), apartado 1 de la ley de impuesto a las ganancias, inclusive, por los montos que exceden de los expresados en los certificados extendidos inicialmente por la Autoridad de Aplicación. En efecto, ante esta instancia no se exponen argumentos consistentes que desvirtúen la conclusión relativa a que el monto contractual no está incluido entre los requisitos exigidos por la normativa aplicable a fin de determinar el tratamiento fiscal de los pagos en cuestión ni que en los contratos de transferencia de tecnología celebrados por la actora no se pactó un precio determinado sino que se acordaron tarifas "días/hombre y horarias", por lo que no encuentra tampoco apoyo en las normas aplicables la obligación -aducida por el Fisco- de realizar una nueva inscripción del contrato con el fin de obtener por parte de la Autoridad de Aplicación la expedición de un nuevo certificado por el monto efectivamente pagado, máxime al no haberse celebrado un nuevo acuerdo, ya que las diferencias en los importes abonados deriva de la forma de pago estipulada en el contrato registrado.”
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada en lo que concierne al ajuste aquí tratado, con costas al Fisco Nacional. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.03.07 17:19:40 ART Date: 2022.03.08 18:22:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.09 14:32:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.09 14:32:56 -03:00
Fin de la sentencia