Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente las resoluciones apeladas conforme lo establecido en el Considerando X de la presente. Con Costas al Fisco Nacional 2) Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas conforme lo establecido en el Considerando XI de la presente y la multa aplicada en el IVA por el período fiscal 1/2012 conforme se da cuenta en el Considerando XII precedente. Con costas a la recurrente.
3Ordenar a la AFIP-DGI que en treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente, a cuyo fin se facilitan las actuaciones administrativas, las que quedan a su disposición en la Mesa de Entradas de este Tribunal.
I. Que a fs. 308/333 la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 146/2017 (DV RR1R) y Nº 147/2017 ambas de fecha 28/09/2017, dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Rosario AFIP-DGI. El apelante impugna las mencionadas resoluciones relativas a: 1) Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 01/2012 a 01/2013, por la cual se determinó un impuesto a ingresar a favor del Fisco para ese periodo de $1.715.284,16 con más intereses resarcitorios de $3.201.507,80 y le aplica una sanción de $102.225,12 equivalente a dos veces del impuesto supuestamente evadido de conformidad con el art. 46 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.). 2) Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2013, por la cual se determinó un impuesto a ingresar a favor del Fisco para ese periodo de $2.766.235,28 con más intereses resarcitorios de $4.271.067,27.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
La recurrente manifiesta la improcedencia sustancial de los ajustes en IVA y Ganancias y sostiene que el ajuste tiene como único fundamento la aplicación de una presunción legal: depósitos bancarios en cuentas. Señala que el procedimiento determinativo realizado por la Administración fue el siguiente: en cuanto a Ganancias, dice que del total de los depósitos bancarios que surgen de los resúmenes de cuentas suministrados por las entidades bancarias con las que opera la firma, el Fisco Nacional depuró los importes correspondientes a cheques rechazados y a transferencias entre cuentas, y a dicho importe se le detrajo las ventas totales más IVA efectuadas a Aguas Santafesinas SA (su único cliente), determinándose así una diferencia de acreditaciones sobre ventas. Dice que la fiscalización otorgó a dicha diferencia el carácter de incremento patrimonial no justificado - art. 18 inciso g) LPT- En cuanto a IVA, manifiesta que al igual que en el Impuesto a las Ganancias, se tomaron el total de acreditaciones bancarias, depuradas de cheques rechazados y transferencias entre cuentas y se detrajo el total de ventas netas más el IVA débito fiscal declarado en las declaraciones juradas rectificativas presentadas por el contribuyente. A la diferencia así determinada se le otorgó el carácter de incremento patrimonial no justificado. Plantea como cuestión previa la realidad económica del contribuyente y manifiesta que si se la utiliza de manera irrazonable, sin investigar la real actividad del contribuyente, su realidad económica, si no se busca elementos que corroboren la presunción, se corre el riesgo de arribar a resultados alejados de la realidad económica. Sostiene que su único ingreso es el que deriva de los contratos y el que le paga es su único cliente, Aguas Santafesinas SA. ASSA.
Señala que de conformidad con la información suministrada por ASSA dentro de la fiscalización, AFIP tiene conocimiento de los ingresos reales de su mandante sobre los cuales ha ingresado el 100% de los impuestos (IVA y Ganancias).
Añade que aportó a la fiscalización un listado pormenorizado de todos los terceros con los cuales se intercambiaron valores durante el 2012.
Informa que mensualmente, Logística y Distribución Funes SRL le entregaba cierta cantidad de cheques a CRD SRL, a cambio de la misma cantidad, monto y fecha de pago, de cheques propios o de terceros que le eran entregados por CRD SRL.
Con los cheques de Logística y Distribución Funes SRL en su poder, CRD SRL se presentaba para negociarlos en sus bancos, para hacerse de liquidez y a su vez, Logística y Distribución Funes SRL hacía lo propio con los cheques entregados por CRD SRL.
Esa misma modalidad se repitió con el resto de los terceros informados al fisco, con los cuales –dice- su mandante canjeaba valores.
Afirma que producto de esa modalidad de financiamiento es que aparecen movimientos bancarios detectados por la fiscalización, por encima del importe de las ventas declaradas, los que de ningún modo se corresponden con ingresos gravados ni en IVA ni en Ganancias.
Manifiesta que es cierto que el contribuyente tuvo movimientos bancarios durante el periodo fiscalizado superiores a los importes facturados a ASSA, y que también es cierto que dichos movimientos no derivaron de ingresos de su actividad, ni representan capacidad de pago, ni importes alcanzados por los impuestos de marras. Asimismo agrega que la AFIP prefirió pararse en la comodidad de haber detectado importantes movimientos bancarios, sin cerrar el circuito de tales movimientos y sin profundizar la investigación ni con los bancos, ni con los terceros que canjearon valores a su representada.
Añade que, si la AFIP entendía que los depósitos corresponden a servicios de reparaciones cloacales realizadas a una distribuidora de cerveza, debió verificar si la firma Logística y Distribución Funes SRL declaró esas operaciones en dicho concepto pero de ningún modo ajustar sin más en cabeza de esa parte.
Destaca que la presunción fiscal no tiene explicación para los cheques librados por CRD SRL y endosados por Logística y Distribución SRL que aportó la recurrente como prueba.
Alega ilegitimidad y arbitrariedad del ajuste fiscal en IVA y Ganancias, principalmente por no haber realizado la debida depuración de los depósitos bancarios.
Manifiesta que conforme lo exige la normativa, previo a aplicar la presunción legal, el Fisco debe depurar tales depósitos, excluyendo del cálculo aquellos que no correspondan a ingresos gravados.
Señala que por cada cheque recibido de un tercero y negociado en las entidades bancarias de CRD SRL, existe una salida de dinero de las cuentas del contribuyente, por el mismo importe, a favor del tercero con quien se canjearon los valores.
Agrega que con la copia de los cheques recibidos por CRD SRL, aportados como prueba, cruzando información, AFIP podía verificar el origen de las acreditaciones bancarias, y dice que incluso es posible reconstruir la operatoria de canje de valores.
La recurrente manifiesta que el organismo fiscal hubiera podido corroborar la operatoria de canje de cheques y con ello que la diferencia de depósitos bancarios no constituye ingresos por ventas omitidas.
Sostiene que dicha omisión torna ilegítimo los ajustes por no haberse realizado la debida depuración de los depósitos bancarios.
Entiende que el Fisco Nacional ha hecho un ejercicio ilegítimo y arbitrario de la presunción, limitándose a formular consideraciones genéricas de los depósitos bancarios.
Alega que se viola los principios de razonabilidad y de realidad económica y señala que aplicar la presunción sin reparar que el contribuyente concentra su actividad en un solo cliente y sin considerar la mecánica del financiamiento, y concluir que los depósitos bancarios constituyen ingresos derivados de una actividad inexistente, -dice- resulta totalmente irrazonable.
El apelante plantea jurisprudencia de la Corte, en el caso de Impuesto a las Ganancias: por omitir aplicar la doctrina sentada por la cámara Nacional de Apelaciones en relación a la aplicación de un coeficiente de ganancia bruta.
Manifiesta que además de gravarse depósitos bancarios que no corresponden a ingresos genuinos de la actividad, alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, dice que la fiscalización omitió computar un coeficiente de ganancia bruta sobre tales depósitos, por lo que el resultado de su arbitrario proceder es irrazonable y gravoso para el contribuyente.
Sostiene que la sola determinación de los montos de depósitos depurados no permite atribuir a los mismos un origen de ventas omitidas sin el aporte de elementos convictivos adicionales.
En el caso del Impuesto al Valor Agregado, por aplicar impuesto sobre impuesto. Omisión de deducir el débito fiscal, y dice que en la liquidación del IVA se observa una aplicación irrazonable de la presunción que agrava de manera desproporcionada la carga fiscal en cabeza de su mandante.
De este modo solicita la íntegra revocación del ajuste en IVA y subsidiariamente solicita se re liquide el ajuste en IVA, debiendo deducirse del monto de ventas presumido por el Fisco Nacional el IVA débito fiscal percibido por el contribuyente de los supuestos terceros con quienes habría operado.
La recurrente plantea asimismo la improcedencia del crédito fiscal toda vez que –dice- la fiscalización impugnó además de todo el crédito fiscal del IVA declarado por el contribuyente y reliquidó el mismo en función de sus datos, arribando a un resultado inferior al declarado por el contribuyente.
La recurrente señala la omisión de computar un crédito fiscal presunto y manifiesta que constituye una muestra de irrazonabilidad del ajuste la circunstancia de que se grave la totalidad de los ingresos presumidos con el 21% de IVA, y que además no se compute importe alguno en concepto de crédito fiscal.
Como corolario, la recurrente solicita la revocación y/o nulidad de las resoluciones recurridas, tanto por el capital como por los intereses liquidados.
En cuanto a la multa, el apelante manifiesta que no se observa dónde está el ardid o el engaño y el propósito de evadir por parte de su representada, y agrega que la postura sancionatoria exteriorizada en la resolución luce cuanto menos excesiva e irrazonable, puesto que –dice- se distorsiona el genuino contenido del tipo infraccional de defraudación fiscal (art. 46 Ley 11.683).
Acompaña documental y ofrece prueba informativa, testimonial y pericial contable.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se revoquen las resoluciones recurridas.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Con costas.
II. Que a fs. 463/488 vta contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas. La representación fiscal manifiesta que las presentes actuaciones tienen su origen en la fiscalización que le practicara el organismo fiscal oportunamente a la actora.
Sostiene que durante el transcurso de la fiscalización, la contribuyente nunca prestó la debida colaboración que le fuera requerida durante el proceso de la auditoría fiscal registrando numerosos incumplimientos que obligaron a los inspectores a circularizar a terceros a efectos de obtener la información que no le era suministrada. Señala que en orden a la resistencia de la contribuyente a suministrar información que le fuera oportunamente requerida, los agentes fiscalizadores, a partir de datos obrantres en las bases de datos con que cuenta el organismo fiscal, se vieron obligados a circularizar a los principales clientes y proveedores de la contribuyente a efectos de que le brinden la información respectiva.
Añade que del análisis de la respuesta brindada por su cliente Aguas Santafesinas SA, la auditoría fiscal detectó que existían ventas declaradas en defecto y que tras realizar un control de los resúmenes de cuentas recibidos de las entidades financieras circularizadas, surgieron acreditaciones bancarias que los inspectores procedieron a totalizar previo depurar conceptos que responden a cheques rechazados y transferencias entre cuentas, y se observó que el resultado de la sumatoria superaba el total de las ventas netas más el IVA débito fiscal declarado sumado a las informadas por la firma Aguas Santafesinas SA., careciendo el excedente de justificación, dado que la responsable no efectuó depuración alguna ni demostró a que respondían dichas acreditaciones.
Agrega que para el caso del IVA, la fiscalización otorgó a las diferencias de ventas detectadas, en los meses 2/2002 a 1/2003, el carácter de incremento patrimonial no justificado, correspondiendo su ajuste como ventas omitidas determinadas por el valor del excedente de los depósitos sobre ventas declaradas e informadas por clientes, más un 10 %, en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. Sobre este último valor prorrateado mes a mes en función de las ventas declaradas, se le aplicó la alícuota vigente del gravamen, determinando el débito fiscal omitido en cada mes. Luego sumados a estos los declarados y a los ajustados en función de lo informado por Aguas Santafesinas SA, resultan los importes de débitos fiscales ajustados. Asimismo, para el caso de Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2013, se observó que el resultado de la sumatoria de las acreditaciones depuradas superaba el total de ventas netas más el IVA débito fiscal declarado sumado a las informadas por la firma Aguas Santafesinas SA, careciendo el excedente de justificación. Además manifiesta que en este gravamen la inspección observó el cómputo en exceso, como pago a cuenta, del Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, obrantes en los extractos de cuentas en entidades financieras a su nombre.
De este modo, la representación fiscal enumera las diferencias detectadas: 1) ventas omitidas en el Impuesto a las Ganancias por detectadas por diferencias de depósitos bancarios. 2) ventas omitidas en el Impuesto a las Ganancias detectadas por diferir lo informado por su principal cliente (Aguas Santafesinas SA) con lo declarado por la recurrente. 3) diferencia en las percepciones y retenciones declaradas en el Impuesto a las Ganancias. 4) detracción en exceso del Impuesto a los débitos y créditos bancarios. 5) ventas omitidas en el IVA detectadas por diferencias de depósitos bancarios. 6) ventas omitidas en el IVA detectadas por diferir lo informado por su principal cliente (Aguas Santafesinas SA) con lo declarado por la recurrente. 7) diferencia en las percepciones y retenciones declaradas en el IVA. 8) diferencias en el crédito fiscal considerado en sus declaraciones juradas presentadas por el IVA.
El organismo fiscal señala que la recurrente no rectificó ni aceptó los ajustes derivados de omisión de ventas por diferencias de depósitos bancarios, crédito fiscal considerado en exceso, percepciones y retenciones deducidas indebidamente e impuesto a los débitos y créditos bancario deducido en exceso.
En cuanto a los agravios de la recurrente, la representación fiscal manifiesta que ésta opone, en forma encubierta, la excepción previa de nulidad por entender que las resoluciones apeladas carecen de causa y motivación y dice que asimismo se agravia de la presunción establecida por el art 18 inciso g) de la ley de rito por considerar que no se ajustaría a la realidad económica de su actividad.
Además señala que la actora entiende que dicha presunción sería inaplicable en razón de que las diferencias entre depósitos y ventas obedecen a canje de cheques, los cuales no habrían sido debidamente depurados del total de depósitos considerados.
El organismo fiscal contesta agravios y sostiene en cuanto a la excepción previa de nulidad interpuesta en forma encubierta que más allá de su improcedencia, los argumentos esgrimidos por la recurrente constituyen jurídicamente una cuestión de previo y especial pronunciamiento solicitando sea tratada en tal sentido. Señala que del análisis se permite sostener que no existen vicios que tornen nulos los procedimientos llevados a cabo, habiendo sido efectuados de conformidad con las normas aplicables a la especie, y dice que puede verse con claridad que en las resoluciones que se debaten en autos existe una correcta adecuación entre los cargos formulados al contribuyente y la decisión contenida en las determinaciones de oficio cuestionadas, habiendo sido correctamente valorados los argumentos expuestos por la contribuyente en sus presentaciones como también las pruebas ofrecidas.
Concluye diciendo que es infundado el agravio formulado por la recurrente en cuanto a que las resoluciones atacadas carezcan de causa y motivación.
Con respecto a la cuestión de fondo niega todos y cada uno de los hechos que no sean reconocidos por su mandante o surjan de los antecedentes administrativos.
Manifiesta que surge de los propios actos administrativos impugnados que el contribuyente jamás prestó la debida colaboración que los inspectores intervinientes le requirieron y que estaba obligado a brindar y que la quejosa incumplió los requerimientos durante la etapa de fiscalización entorpeciendo y dificultando las tareas de la auditoría fiscal que se le había iniciado.
Recuerda que el sistema tributario nacional se sustenta en la autodeterminación por parte de los contribuyentes de la materia imponible y del consiguiente tributo, lo que requiere un obrar oportuno para óptimo cumplimiento. Afirma que el Estado se reserva la función de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cuando este cumplimiento se omite o exhibe deficiencias, entra en juego la función correctora a través de la determinación de obligaciones fiscales y la aplicación de sanciones adecuadas a la gravedad y características de la infracción cometida.
Agrega que el hecho que la contribuyente haya incumplido los sucesivos requerimientos de información que le notificaron los inspectores, solo halla explicación en el hecho de que su intención era que no fueran detectadas las inconsistencias que ella sabía que existían.
Sostiene que la recurrente procedió a rectificar sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del IVA allanándose en forma parcial a la pretensión de la AFIP.
La representación fiscal afirma que la recurrente reconoció haber evadido importantes montos de ventas con su principal proveedor, procediendo en consecuencia a rectificar sus declaraciones juradas en IVA y Ganancias. Recuerda que establece el artículo 11 de la Ley 11.683 que es el propio responsable quien debe presentar su declaración jurada y el rol de la administración, además de facilitar ese cumplimiento, es el control posterior. Agrega que la ley autoriza al Fisco a determinar de oficio la materia imponible y liquidar el gravamen mediante estimación sobre base presunta cuando el Fisco carezca de elementos para establecer la existencia y cuantificación de la obligación tributaria.
Añade que la Ley 11.683 en su artículo 18 avala el método seguido por la Administración Federal cuando reza que la carencia de contabilidad o de comprobantes fehacientes de las operaciones hará nacer la presunción de que la determinación de los gravámenes efectuada por la Administración Federal en base a los índices señalados o que sean técnicamente aceptables, es legal y correcta, sin perjuicio del contribuyente a probar lo contrario. Considera que en la presente causa se observan numerosos hechos que justifican la aplicación del inciso g) art. 18 de la Ley de rito, a saber: no se ha suministrado la documentación requerida a los inspectores intervinientes, la contabilidad es deficiente y no brinda confianza a efectos de ser tenida en cuenta, dice que la apelante ha reconocido haber evadido declarar ventas y crédito fiscales en forma improcedente, los montos declarados en las declaraciones juradas y sobre los cuales no se aportó documentación de respaldo necesaria resultan diferentes a los obrantes en las bases de datos de este Organismo, la contribuyente no ha podido dar explicaciones convincentes que justifiquen las diferencias detectadas entre los depósitos bancarios depurados y las ventas declaradas, la conducta de la quejosa ha tenido por objetivo obstaculizar la fiscalización.
Manifiesta que los ajustes reconocidos por la recurrente figuraban importantes montos de ventas omitidos realizados con Aguas Argentinas Santafesinas SA, las cuales se trataba de ventas que no habían sido incorporadas a las declaraciones juradas presentadas y que no se encontraban volcadas a los registros contables de la empresa. Señala que la historia que cuenta la recurrente en su presentación está plagada de inconsistencias toda vez que manifiesta que se encontraba en una crisis financiera por lo cual intercambiaba cheques con otras empresas ya que sus propios cheques no eran aceptados por los bancos con los que operaba, y dice que según ese relato la recurrente recibía cheques de otras empresas por iguales montos y fechas de vencimiento que luego descontaba. Se pregunta la representación fiscal por qué esas empresas aceptaban cheques de otra sociedad que presuntamente era insolvente y cómo lograban descontar esos cheques que la propia emisora –contribuyente- no lograba descontar.
Alega la improcedencia de la aplicación del coeficiente de utilidad bruta y explica que ese indicio fue utilizado desde siempre por el Fisco y aceptado por la jurisprudencia en los casos en que el contribuyente no acreditara el origen de los fondos impugnados y dice que el actual texto legal habilita a su uso como único hecho inferente en cualquier caso.
Respecto a que los montos de ventas omitidas no contienen IVA, la representación fiscal sostiene que es irracional e ilógico suponer que las ventas omitidas incluyen el IVA toda vez que al asignarle la ley carácter de utilidad neta para el Impuesto a las Ganancias, se desprende que están siendo consideradas en su totalidad como ventas gravadas y dice que otra interpretación sería contradictoria a la ley, por lo cual solicita se rechace ese argumento de la recurrente.
En orden a la procedencia del crédito fiscal manifiesta que ha sido la contribuyente quien ha incumplido con los deberes de colaboración que le impone la ley de procedimiento fiscal, obstaculizando, incumpliendo, dilatando y realizando maniobras tendientes a entorpecer las tareas de fiscalización y determinación llevadas a cabo por el organismo fiscal.
Añade que el Fisco Nacional no tuvo opción que impugnar el crédito fiscal no justificado y determinarlo de acuerdo a la información obrante en sus bases de datos.
Afirma que toda vez que la recurrente alude a una posible inconstitucionalidad del método presuntivo aplicado, cabe recordar que conforme el art. 185 de la ley de rito, las sentencias que emita el Tribunal Fiscal de la Nación no podrán contener pronunciamiento respecto a la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones.
En otro orden, con respecto a la procedencia de la multa aplicada, afirma que ha quedado debidamente plasmado en el acto impugnado la concurrencia de elementos configurativos de la defraudación tributaria que se le atribuye, atento surge –dice- del análisis de las constancias administrativas y asimismo agrega que la recurrente no ha logrado probar por medios fehacientes su falsedad, inexistencia o error excusable.
Entiende que resulta ineficaz la pretensión impugnativa ya que la calificación de la conducta tributaria de la apelante se revela como debidamente imputada y graduada solicitándose sean confirmadas las resoluciones recurridas con costas.
Respecto a la procedencia de los intereses resarcitorios aplicados indica que en el caso de autos solo se ha aplicado el art. 37 de la ley procedimental vigente al momento de la determinación de oficio.
Se opone a las pruebas ofrecidas por la actora por impertinentes e inconducentes para la dilucidación de la presente causa.
Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirmen las resoluciones recurridas el acto apelado, con costas.
III. A fs. 496 el Tribunal resuelve de la oposición al Fisco Nacional a las pruebas ofrecidas por la actora, traslado a esta última, quien contesta a fs. 497/504vta.
Visto el estado de las actuaciones y toda vez que de los escritos de inicio y de responde presentados en autos surgen hechos controvertidos y medidas probatorias respecto de las cuales las partes han manifestado divergencias respecto de su pertinencia y viabilidad, el 20/04/2018, el Tribunal resuelve citar a las partes a una audiencia preliminar de prueba para el día 17/05/2018.
En la fecha antes citada –fs. 510- las partes comparecen a la audiencia y el Tribunal resuelve, 1) librar los oficios solicitados en los puntos 3.1 y 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 del escrito de inicio. 2) designar como peritos a los contadores propuestos por la actora y por el Fisco Nacional. 3) fijar plazo de sesenta días para la producción de la prueba. Ello así, una vez producida la prueba informativa, a fs. 1627/1633, los peritos contadores presentaron su informe pericial, el que ampliaron a fs. 2638/2639.
De este modo, mediante PV-2022-50140571-APN-VOCV#TFN el Tribunal resuelve, atento el estado de autos y el tiempo transcurrido desde la apertura a prueba, clausurar el periodo probatorio sin perjuicio de la agregación de la informativa pendiente de producción de conformidad con lo dispuesto en el art. 384, 2do párrafo del CPCCN.
IV. Que en atención al estado de la causa por a fs. 2663 se elevan los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 2668 los pone para alegar. A fs. 2673/2690, 2691/2697vta obran alegatos de la actora y el Fisco Nacional. Finalmente a fs. 2699 se llaman los autos para sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada, la cual declara como actividad económica principal construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales y como actividad secundaria servicios NPC y su fecha de cierre de ejercicio comercial es el 31 de enero.
La verificación practicada para el periodo fiscal 01/2012 a 01/2013, arrojó diferencias a ajustar, atento que en dicho periodo 01/2012 a 01/2013 los depósitos bancarios de la contribuyente son superiores a las ventas declaradas.
El origen de las diferencias determinadas se corresponde con diferencias entre el débito fiscal declarado por la fiscalizada y el obtenido de las circularizaciones realizadas a la firma “Aguas Santafesinas SA”. A su vez se detectaron depósitos bancarios superiores a las ventas brutas obtenidas de los requerimientos efectuados por la actuación.
Además se le impugna parte del crédito fiscal ya que la firma CRD SRL no aportó documentación respaldatoria de los créditos fiscales declarados, recomponiendo el crédito fiscal en función de las circularizaciones efectuadas a proveedores y del contenido en los resúmenes de cuentas bancarias aportadas por las entidades financieras. El cargo tiene su origen, con motivo de haberse detectado bajo la Orden de Intervención Nº 878.757, que los depósitos bancarios eran superiores a las ventas declaradas, en el periodo fiscal 01/2012 a 12/2012 y no pudiendo verificar los créditos fiscales declarados. Atento que las tareas de auditoria excedían lo indicado en la instrucción, bajo dicha Orden de Intervención, se solicitó la generación de un nuevo cargo de fiscalización bajo los lineamientos de la IG 882 y por el IVA periodo enero 2012 a diciembre 2013 y Ganancias ejercicio cerrado al 31/01/2013.
La Orden de Intervención tuvo su origen a través de un cruce efectuado entre los débitos fiscales declarados por la contribuyente y los montos informados por sus clientes a través del Citi-Compras.
Se le requirió a la contribuyente copia del Contrato Social, copia del Balance General al 31/01/2013, libro Diario, Inventario y Balances, entre otra documentación.
De acuerdo a los informado a través del sistema E-fisco-Siter, se constató que la contribuyente poseía depósitos bancarios superiores a las ventas netas más IVA declaradas; por tal situación la inspección actuante circularizó a las cuatro entidades bancarias, donde Compañía Rosarina de Desobstrucciones SRL poseía acreditaciones durante el periodo sujeto a fiscalización.
Analizada la información obrante en Citi Compras, se observa que en el periodo comprendido desde 01/2012 a 01/2013, la firma Compañía Rosarina de Desobstrucciones SRL, ha realizado operaciones de ventas con la firma Aguas Santafesinas SA.
De acuerdo a la información brindada por Aguas Santafesinas SA, se desprende que las ventas informadas por esta firma son superiores a las declaradas por la contribuyente durante el periodo sujeto a fiscalización. Se verificó la correlatividad de las facturas de ventas informadas por Aguas Santafesinas SA por los meses 01/2012 a 12/2012, verificándose que existen facturas que no se encuentran dentro de las ventas informadas. Verificada la información obrante en el sistema E Fisco, Citi ventas, se circularizó a los proveedores con los que operó en el periodo sujeto a fiscalización.
Se le manifestó a la contribuyente fiscalizada que no había declarado correctamente las facturas de ventas de acuerdo a lo informado, no habiendo presentado la contribuyente ninguna documentación de la solicitada, y teniendo conocimiento que las acreditaciones bancarias son superiores a las ventas declaradas, y que las ventas declaradas son inferiores a las ventas que surgen de la respuesta de Aguas Santafesinas SA, se solicitó la generación de un cargo de fiscalización.
En el transcurso de la fiscalización, se procedió a concertar entrevista con División Revisión y Recursos y Sección Penal Tributaria a los efectos de unificar criterios. Se concluyó que los ajustes eran por diferencias entre el débito fiscal declarado por el contribuyente en las respectivas DDJJ de IVA y el informado por el cliente Aguas Santafesinas SA y la diferencias de ventas entre la sumatoria de los depósitos bancarios depurados y estas últimas con más de un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles de acuerdo a lo establecido en el art. 18 inciso g punto 2 de la Ley 11.683.
En cuanto a la determinación del débito fiscal, se confeccionó: requiriendo a la contribuyente copias de resúmenes bancarios de las cuentas en las que operó del 01/12 al 31/01/13. Atento a no tener respuesta por parte de la firma Compañía Rosarina de Desobstrucciones SRL, se circularizó a las Entidades Bancarias con las que operó durante el periodo sujeto a fiscalización, a los efectos de confeccionar papeles de trabajo con las sumas de los depósitos de las cuentas corrientes y se determinó el total de las acreditaciones bancarias, previamente depuradas durante el periodo de 02/12 al 01/13.
Se determinaron ventas omitidas en base a la respuesta remitida por Aguas Santafesinas SA comparándolas con los débitos fiscales declarados por Compañía Rosarina de Desobstrucciones SRL en las DDJJ de IVA. En cuanto a la determinación del crédito fiscal, se procedió a determinar el IVA crédito fiscal que surge de los resúmenes bancarios, de las cuentas corrientes en pesos que posee la contribuyente, más el crédito fiscal que surge de las circularizaciones llevadas a proveedores, de acuerdo a lo informado en la base E fisco. La inspectora actuante procedió a notificar el ajuste pretendido adjuntándose detalle de los ajustes en IVA e Impuesto a las Ganancias periodo 2013.
Compañía Rosarina de Desobstrucciones SRL no presentó las declaraciones juradas rectificativas.
En consecuencia, la fiscalización que se le practicara a la contribuyente Compañía Rosarina de Desobstrucciones SRL, detectó inconsistencias entre las ventas declaradas en el Impuesto al Valor Agregado y las informadas por su cliente Aguas Santafesinas SA y a su vez con las acreditaciones bancarias depuradas que surgen de cuentas en entidades financieras cuya titularidad le pertenece. La auditoría fiscal verificó que las respectivas declaraciones juradas incluyen importes de IVA crédito fiscal que resultan impugnables por cuanto no exhibió documentación fehaciente de respaldo. Asimismo detectó diferencias entre las retenciones/percepciones declaradas y las que surgen de los datos obrantes en las bases informáticas de ese Organismo.
Ante la infructuosa tarea de obtener registros y documentación de la responsable, los agentes fiscalizadores, a partir de datos obrantes en las bases de datos del Organismo, suministrada por clientes y proveedores de la rubrada, procedieron a circularizar a los mismos, a los efectos de que brindaran información relativa a operaciones realizadas con la fiscalizada.
De la respuesta brindada por su cliente Aguas Santafesinas SA, la auditoría observó que no se encuentran declarados la totalidad de los débitos fiscales por operaciones efectuadas a esa firma.
A base de las copias de los resúmenes de cuentas suministrados por las entidades financieras, surgen acreditaciones bancarias –realizadas en cuentas cuya titularidad corresponde a la firma- que los inspectores actuantes procedieron a totalizar en el mes 01/2012 y en el ejercicio 02/2012 y 01/2013 previa depuración de conceptos que responden a cheques rechazados y a transferencias entre cuentas.
Luego observó que el resultado de tal sumatoria supera al total de ventas netas más el IVA débito fiscal declarado sumado a las informadas por la firma Aguas Santafesinas SA, en el ejercicio fiscal 02/2012 a 01/2013, careciendo el excedente de justificación, dado que la responsable no efectuó depuración alguna ni demostró a que responden dichas acreditaciones.
La fiscalización otorgó a dicha diferencia el carácter de incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18 inciso g) de la ley de rito, correspondiendo su ajuste como ventas omitidas determinadas por el valor excedente de los depósitos sobre ventas declaradas e informadas por clientes.
En cuanto al crédito fiscal el área actuante computó los importes que surgen de información extraída de resúmenes de cuentas bancarias y crédito fiscal que surge de las respuestas de los proveedores.
Respecto a las retenciones y percepciones sufridas por el contribuyente, fueron consignadas las que surgen de información contenida en las bases de datos del organismo.
VI. Del análisis de los elementos de las actuaciones administrativas hasta aquí pormenorizados, cabe concluir que la pretensión fiscal señalada por el organismo fiscal se materializa en los ajustes derivados de omisión de ventas por diferencias de depósitos bancarios, crédito fiscal considerado en exceso, percepciones y retenciones deducidas indebidamente e impuesto a los débitos y créditos bancarios deducido en exceso.
Agrega la representación fiscal que para el caso del IVA, la fiscalización otorgó a las diferencias de ventas detectadas, en los meses 2/2002 a 1/2003, el carácter de incremento patrimonial no justificado, correspondiendo su ajuste como ventas omitidas determinadas por el valor del excedente de los depósitos sobre ventas declaradas e informadas por clientes, más un 10 %, en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. Sobre este último valor prorrateado mes a mes en función de las ventas declaradas, se le aplicó la alícuota vigente del gravamen, determinando el débito fiscal omitido en cada mes. Luego sumados a estos los declarados y a los ajustados en función de lo informado por Aguas Santafesinas SA, resultan los importes de débitos fiscales ajustados.
Asimismo, agrega que para el caso de Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2013, se observó que el resultado de la sumatoria de las acreditaciones depuradas superaba el total de ventas netas más el IVA débito fiscal declarado sumado a las informadas por la firma Aguas Santafesinas SA, careciendo el excedente de justificación. Además, manifiesta que en este gravamen la inspección observó el cómputo en exceso como pago a cuenta del Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, obrantes en los extractos de cuentas en entidades financieras a su nombre.
VII. Que, entrando en el análisis de la cuestión, y en razón de los agravios que desarrolla la recurrente respecto del método presuntivo seguido por el Fisco Nacional, conviene comenzar por destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). Sabido es que en materia de determinaciones de oficio, la ley fija un orden de prelación cronológico: sólo cuando el Fisco no disponga de elementos que acrediten fehacientemente la exacta dimensión de la materia imponible (ausencia de elementos, insuficiencia de éstos o descalificación fundada de los existentes) se encontrará facultado para recurrir al método indiciario de determinación. En otros términos, la Administración Fiscal debe primero agotar los medios que permitan reconstruir la materia imponible de modo directo (o "sobre base cierta") y, sólo en los supuestos más arriba indicados, recurrir a aquel modo excepcional de determinación. Ciertamente la materia imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar basada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración, pero jamás se pueden erigir en una reconstrucción abusiva de la materia sujeta a impuesto (ver entre otros: "Dadea, Marta Elisa" - T.F.N. - Sala "B" – 22/12/83, "Antonio Gonzalez y Otros Mansión Almar" - T.F.N. - Sala "D" – 16/8/89, "Beraja, Alberto David y Dwek, José Roberto" - T.F.N. - Sala "A" – 25/2/98).
Que, no resultan acertadas las consideraciones que efectúa la actora en este sentido. En efecto, no basta con la estimación realizada por la misma, respecto de que la fiscalización no consideró, o lo hizo de forma irregular, la contabilidad oficial del contribuyente para fundamentar la presunción legal, a poco que se advierta que verificada por el Fisco Nacional que fue una situación fáctica (diferencias patrimoniales no justificadas), procedió a determinar la materia imponible en forma presunta conforme las previsiones de la norma legal pertinente, resultando por ello adecuado el método utilizado. En el caso las determinaciones de oficio practicadas por el organismo fiscal se fundan en las presunciones establecidas por el artículo 18 inciso g) (incremento patrimonial no justificado), esto es, la consecuencia prevista por la ley ante una determinada situación fáctica. Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
VIII. Que, en definitiva, la causa se refiere a una verdadera cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo debiendo aportar prueba concreta y fehaciente.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Que entonces, corresponde hacer un análisis de los argumentos expuestos por la recurrente al momento de interponer el recurso donde se agravia de “la improcedencia sustancial de los ajustes en IVA y Ganancias y sostiene que el ajuste tiene como único fundamento la aplicación de una presunción legal: depósitos bancarios en cuentas.” Asimismo, informa que mensualmente, Logística y Distribución Funes SRL le entregaba cierta cantidad de cheques a CRD SRL, a cambio de la misma cantidad, monto y fecha de pago, de cheques propios o de terceros que le eran entregados por CRD SRL.
Con los cheques de Logística y Distribución Funes SRL en su poder, CRD SRL se presentaba para negociarlos en sus bancos, para hacerse de liquidez y a su vez, Logística y Distribución Funes SRL hacía lo propio con los cheques entregados por CRD SRL. Esa misma modalidad se repitió con el resto de los terceros informados al fisco, con los cuales –dice- la recurrente canjeaba valores.
Afirma el apelante, que producto de esa modalidad de financiamiento es que aparecen movimientos bancarios detectados por la fiscalización, por encima del importe de las ventas declaradas, los que de ningún modo se corresponden con ingresos gravados ni en IVA ni en Ganancias.
Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente cabe dejar constancia que la recurrente ha logrado demostrar, mediante las medidas probatorias aportadas, que ha desvirtuado la imputación efectuada por el Fisco Nacional respecto de la existencia de un incremento patrimonial no justificado, resultando los argumentos esgrimidos por la actora contundentes, todo lo cual lleva a revocar el criterio asumido por la fiscalización.
IX. Ello así, corresponde el análisis de la prueba. La prueba informativa y la prueba pericial contable -fs. 1627/1633- y su ampliación –fs. 2638/2639-.
Es dable destacar que de la prueba pericial contable se desprende, que la facturación de ventas del periodo mencionado surge que la empresa Compañía Rosarina de Desobstrucciones SRL ha facturado solamente a Aguas Santafesinas SA con excepción del mes de enero de 2013 que realizó trabajos a la constructora Edeca SA. Además, ambos peritos en forma en conjunta –fs. 1627/1629 y fs. 2640- realizan y suscriben el anexo con el detalle de cruzamiento de cheques.
Por otra parte conforme se desprende del informe pericial contable obrante cabe concluir que le asiste razón al perito de la parte actora en cuanto destaca que del cruzamiento detallado en los Anexos adjuntos al primer informe pericial como al ampliatorio surge que se trata de una operatoria de canje de valores por la coincidencia de fechas de emisión, fechas de pago e importes. Asimismo, hay elementos que permiten comprobar la coincidencia ente los libradores de los cheques (Logistica y Distribución Funes SRL y Las Mellis SA), negociados por Cia. Rosarina de Desobstrucciones SRL, y los sujetos que aparecen como beneficiarios o en la cadena de endosos de los cheques librados por esta última y en algunos casos por socia gerente o apoderado general.
Atento lo expuesto corresponde señalar que no resulta acertado el criterio del perito del Fisco Nacional por cuanto señala que por no contar con la contabilidad de la empresa no puede determinarse que la salida de fondos de alguna de las cuentas bancarias de la actora sea una contrapartida de la entrada, y que los cheques recibidos por la recurrente fueran en carácter de préstamos, dichas afirmaciones no son contestes con la prueba informativa producida en el caso de marras las cuales dan cuenta de la correspondencia de valores acreditados en cuenta o negociados por la recurrente, con salidas de fondos de las cuentas de la empresa, por idénticos importes, y fecha de vencimiento; o en su caso su correspondencia con cheques de terceros.
Si bien, el perito del Fisco indica –en su primer informe- que no cuenta con elementos probatorios en esta instancia que le permita determinar que la salida de fondos de alguna de las cuentas bancarias de Compañía Rosarina sea una contrapartida de la entrada, ni que los cheques recibidos por Compañía Rosarina fueran de carácter de préstamos y si existe o no identidad entre los libradores o emisores de los valores negociados por Compañía de Desobstrucciones SRL y los sujetos receptores o beneficiarios de los débitos bancarios de las cuentas de su titularidad y/o en su caso, a la luz de la información que surge del listado realizado por ambos peritos en conjunto, cabe coincidir con la opinión vertida por el perito designado a propuesta del contribuyente, que del cruzamiento detallado del referido anexo surge que hay una operatoria de canje de valores por la coincidencia de fechas de emisión, fechas de pago e importes. Asimismo que hay coincidencia de identidad entre los libradores de los cheques (Logística y Distribución SRL y Las Mellis SA), negociados por Compañía Rosarina de Desobstrucciones SRL y los sujetos que aparecen como beneficiarios o en la cadena de endosos de los cheques librados por ésta última y en algunos casos por su socia gerente o apoderado general. Además afirma el informe que los cheques que han sido librados por terceros han sido presentados al cobro por Logística y Distribución Funes SRL o Las Mellis SA.
Dicha conclusión a la cual se arriba, se encuentra verificada además por la prueba informativa presentada en autos. En efecto, en los informes que han sido contestados por los bancos, se observa que se encuentran acreditados los cheques en cuestión y los que han sido negociados en dichas entidades bancarias. Por otra parte, como luce a fs. 1634/1635, Miriam Mirta Insaurralde reconoce haber canjeado cheques como modo de financiación con la aquí recurrente. Lo mismo acontece con la empresa Ingeniería Dambos, la cual a fs. 1645/vta también informa haber realizado canje de cheques, precisando que le entregaba a la actora de manera mensual o quincenal valores de su cuenta corriente y la recurrente le entregaba a cambio la misma cantidad de valores por montos y fechas de pago diferidas idénticas a las que le habían sido entregadas. Todo ello como forma regular de financiación.
Asimismo, a fs. 2272/2458 el Banco Macro informa las cuentas de titularidad de las firmas Las Mellis SA y Logística y Distribución Funes SRL. Adjuntando los extractos de movimiento de dichas cuentas y el listado de cheques negociados por ambas empresas en dichas entidad, se observan cheques emitidos por la aquí recurrente. Por otro lado, a fs. 1624/1625 Cameciar (Centro de Ayuda Mutua) informa haber negociado cheques de terceros a la aquí recurrente, lo que detalla en el listado anexo a su presentación.
Así pues, a la luz de la prueba producida en estos actuados, cabe concluir que con los cheques de las sociedades en su poder, Compañía Rosarina de Desobstrucciones SRL se presentaba para negociarlos en sus bancos u otras entidades, y a su vez tales sociedades hacían lo propio con los cheques entregados por Compañía Rosarina de Desobstrucciones SRL. Es decir, la recurrente canjeaba valores, entregando sus cheques a otras compañías, y éstas le entregaban valores a cambio de la misma cantidad, monto y fecha de pago.
X. Ello así, corresponde revocar los ajustes determinados en cabeza de la contribuyente Compañía Rosarina de Desobstrucciones SRL con sustento en el art. 18, inciso g) de la Ley 11.683. Con costas al Fisco Nacional.
XI. Por otro lado en cuanto a la impugnación del crédito fiscal de IVA corresponde señalar que tal como surge de la resolución apelada algunas de las diferencias no justificadas de los valores computados de crédito fiscal, así como los ajustes que fueran formulados al débito fiscal originados en las diferencias entre el declarado y los informados por su cliente AGUAS SANTAFESINAS S.A., y las diferencias detectadas en algunos meses entre las retenciones/percepciones declaradas con las obrantes en bases del Organismo, la recurrente procedió a conformarlos el 30/03/2017, a través de la presentación de declaraciones juradas rectificativas por los meses de que se trata, acogiéndose el 31/03/2017 a los beneficios del régimen de facilidades de pago instaurado por el Título II de la Ley 27260, incluyendo en el mismo, entre otros conceptos, los saldos de las declaraciones juradas mencionadas precedentemente y los intereses resarcitorios correspondientes.
Que conforme se desprende del acto resolutorio, analizados por la inspección los registros de compras aportados en dicha oportunidad por la contribuyente y luego de las tareas de auditoría realizadas en la medida para mejor proveer dispuesta, la prueba al respecto resultó parcial, por lo que persisten algunas diferencias entre el crédito fiscal declarado y el registrado, aún después de las rectificaciones realizadas por la actora a las declaraciones juradas de que se trata, el cual asciende a $238.919,12 por los meses 01/2012 a 01/2013 -ambos inclusive-. Que analizando los agravios de la recurrente la misma sostiene que no existe justificación alguna para la impugnación de los créditos fiscales, indica que cuenta con todos los comprobantes respaldatorios de las operaciones comerciales realizadas con los proveedores que generaron el crédito fiscal impugnado. En tal sentido corresponde señalar que tal como surge de la pericial contable obrante a fs. 1633 se determinó que el crédito fiscal del contribuyente por los períodos fiscales 1/2012 a 1/2013 asciende a $ 407.121,66.
Ahora bien el monto que informan los peritos contadores, tal como lo hacen constar en su informe, lo toman de las declaraciones juradas rectificativas presentadas oportunamente por la parte actora, siendo que dicho monto es el que objeta en definitiva el Fisco Nacional por falta de documentación de respaldo, la que tampoco fue aportada en esta oportunidad por la parte recurrente en autos.
Atento lo expuesto corresponde señalar que resulta acertado el criterio fiscal por cuanto impugnó el crédito fiscal no justificado con documentación respaldatoria y procedió a determinarlo de acuerdo a la información obrante en sus bases de datos.
Respecto del ajuste relativo a las diferencias detectadas por la fiscalización entre las retenciones/percepciones declaradas por la recurrente y las informadas por los agentes de retención/percepción obrantes en los sistemas informáticos de la AFIP, la recurrente no aportó en dicha sede los comprobantes correspondientes, lo que tampoco hizo en esta instancia, donde ni siquiera expresó agravio concreto alguno sobre dichos ajustes. Que en lo relativo al Impuesto a las Ganancias corresponde señalar que la auditoría fiscal observó el computó en exceso como pago a cuenta del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios en la declaración jurada de que se trata, dada la información que surge de los extractos de cuentas bancarias aportados por las entidades financieras. Corresponde señalar que la recurrente prestó parcialmente conformidad a los cargos formulados en la vista conferida, hecho que materializó mediante la presentación, el 31/03/2017, del formulario 713 rectificativo por el Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2013, incluyendo los ajustes formulados en las ventas a base en respuesta obtenida de la firma Aguas Santafesinas SA y detrayendo parte del valor impugnado del pago a cuenta del impuesto sobre los créditos y débitos.
Cabe señalar que la recurrente en su líbelo recursivo no efectúa agravios concretos en relación al ajuste relativo al cómputo en exceso del Impuesto Créditos y Debitos Bancarios. En consecuencia, toda vez que la recurrente no ha acompañado defensas en esta instancia respecto del ajuste citado precedentemente, resulta procedente su confirmación.
Respecto de los ajustes que en este Considerando se confirman, las costas se imponen a la recurrente.
XII. Que corresponde ahora analizar el aspecto infraccional de la resolución N° 146/17, respecto del período 01/2012 del IVA, respecto de los ajustes que resultan confirmados de conformidad con lo expuesto en el Considerando precedente, habida cuenta que por los restantes períodos se hizo reserva en los términos del artículo 20 de la Ley 24769.
Cabe señalar que el Fisco Nacional encuadró la sanción en el artículo 46 de la Ley de rito, haciendo mérito del inciso d) del artículo 47 de la citada normativa, atento no exhibir registraciones y comprobantes suficientes del monto consignado en sus liquidaciones de impuesto.
Que con relación a la multa por defraudación debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución apelada, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, que no ha aportado documentación respaldatoria de los créditos fiscales, retenciones y/o percecpciones que se computara en sus declaraciones juradas, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del Fisco.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar parcialmente las resoluciones apeladas conforme lo establecido en el Considerando X de la presente. Con Costas al Fisco Nacional 2) Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas conforme lo establecido en el Considerando XI de la presente y la multa aplicada en el IVA por el período fiscal 1/2012 conforme se da cuenta en el Considerando XII precedente. Con costas a la recurrente.
3. Ordenar a la AFIP-DGI que en treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente, a cuyo fin se facilitan las actuaciones administrativas, las que quedan a su disposición en la Mesa de Entradas de este Tribunal. Se deja constancia que el plazo acordado involucra el retiro y devolución de dichas actuaciones.
Date: 2022.12.05 22:27:39 ART Date: 2022.12.06 15:06:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.06 15:06:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.06 15:07:21 -03:00
Fin de la sentencia