Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 10.318-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución DE PRLA 3607/12, dictada en las actuaciones 13806-17-2008, con costas.
I. Que a fs. 19/21 vta., se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA n° 3607/12, que rechazó la impugnación interpuesta contra el cargo n° 7/08, formulado en concepto de tributos, con fundamento en el ajuste de valor de la mercadería documentada en el Despacho de Importación n° 07 001 IC04 049004 L. Plantea que el servicio aduanero para realizar el ajustar el valor realizó una afirmación genérica, abstracta y arbitraria. Sostiene que la Aduana omite información de aquellas operaciones que dieron lugar al ajuste de valor. Expresa no se especifica que se entiende por “valores más representativos”. Se agravia de que la Aduana se sustenta en operaciones en abstracto sin relación con el caso. Plantea la nulidad de la resolución por considerarla arbitraria. Sostiene que no existe prueba de la supuesta “duda razonable”. Considera que el servicio aduanero comparó la mercadería importada con otra destinación de la cual ni siquiera se sabe si la mercadería es similar. Por otra parte, plantea la inaplicabilidad del cargo en dólares. Hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 31/36, se presenta la demandada y contesta el traslado conferido. Hace una negativa genérica de los hechos y derechos invocados por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de los antecedentes administrativos. En relación al fondo, expresa que le correspondía a la recurrente ofrecer prueba fehaciente sobre los valores declarados y no lo hizo. Afirma que la valoración en aduana de las mercaderías se realiza de conformidad con el Acuerdo Relativo a la aplicación del art. VII del GATT, por el cual se adoptó la “noción positiva” de valor, que considera como precio, a aquel al que se vende la mercadería que se ha de valorar o, si el precio está influido por relaciones que existan entre el comprador y el vendedor, el precio no influido por tales relaciones, al que se vende una mercadería idéntica o similar. Destaca que el Acuerdo prevé, en su art. 17, la facultad del servicio aduanero para realizar investigaciones a los efectos de comprobar la veracidad o exactitud de los precios declarados. Manifiesta que en el caso en que la Aduana tuviera dudas acerca de la veracidad del valor declarado, la carga de la prueba le cabe al importador, siendo que la falta de aporte de prueba suficiente por el mismo, autoriza a la Aduana a apartarse del método art. 1° del Acuerdo. Por último, confirma que el cargo corresponde que sea en dólares. Hace reserva del caso federal y solicita se rechace el recurso, con costas.
III. Que a fs. …… se elevan los autos a esta Sala “F”, quedando en estado de dictar sentencia.
IV. Que de las actuaciones administrativas n° 13806-17-2008 se inicia con el cargo VI RGME 07/08, formulado el 8/01/08, con motivo del ajuste del valor FOB declarado en la destinación n° 07 001 IC04 049004 L, cuya carpeta obra a fs. 3. A fs. 7/9 obra el informe n° 24/08 del Ramo 4 de la División Control Expost de Importación. A fs. 15, se notifica el cargo a CELINE S.A., el que es impugnado a fs. 16/17 vta. Finalmente, a fs. 70/73, se dicta la resolución DE PRLA n° 3607/12.
V. Que, en primer lugar, corresponde analizar el planteo de nulidad efectuado por la recurrente, vinculado a que el servicio aduanero habría dictado resolución en forma arbitraria.
Que, en tal sentido, corresponde destacar que no se constata en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad, tanto de la firma importadora como de la aseguradora, en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimen convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que ello es así por estricta aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros fallos: 205-549 y 267- 393).
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar el pedido de nulidad efectuado, por resultar el mismo improcedente, en razón de no existir la causa de nulidad invocada por la actora.
VI. Que corresponde resolver si se ajusta a derecho la resolución DE PRLA 3607/12, que rechazó la impugnación impetrada por la firma importadora y confirmó el cargo V.I. RGME n° 07/08, formulado en concepto de ajuste de valor, en relación a la destinación n° 07 001 IC04 049004 L, oficializada con fecha 28/03/07, mediante la cual la firma “CELINE S.A.” documentó la importación a consumo de mercadería originaria y procedente de China, consistente, en suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos.
Que el servicio aduanero, en base a una comparación con mercadería de aparente similares características, ajustó el valor declarado, por considerarlo inferior al que según los análisis efectuados correspondía, y formuló cargo por la diferencia de tributos.
Que la valoración en aduana de mercaderías importadas debe realizarse de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994, del que nuestro país es parte, conforme lo establece la ley 24.425 (B.O. 05/01/95). Que el mencionado acuerdo establece que el valor de transacción es la primera base para la determinación del valor en aduana, ello es, el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación (arts. 1, 8 y 15 del Acuerdo y sus notas interpretativas).
Que el sistema de valoración allí aprobado se basa en un criterio principal, contenido en el art. 1 y, cuatro criterios secundarios, que deben aplicarse, en principio, sucesivamente en el mismo orden en que se los enumera (con la salvedad de la posibilidad de invertir el orden de aplicación prevista con relación a los arts. 5 y 6). Que, en consecuencia, el “valor en aduana de las mercaderías importadas”, tal como se define en el art. 1, será el “valor de transacción” y constituye la primera base para la determinación del valor en aduana, considerado en conjunción con lo previsto en el artículo 8 – ajustes del precio pagado o por pagar – y recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el art. 1 se podrá recurrir a las otras bases de valoración previstas en forma sucesiva y excluyente en los artículos siguientes.
Que conforme el artículo 17 del Acuerdo mencionado, sus disposiciones no pueden interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de la Administración de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda la información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana. Que con todo lo hasta aquí expuesto, podemos afirmar que las normas del Acuerdo determinan, en consecuencia, que si la diferencia de precio se debe a que se ha incumplido alguna de las condiciones del artículo 1, no será aplicable el método del valor de transacción y si el motivo de la diferencia reside en que no se ha incluido en el precio pagado o por pagar alguno de los elementos que enumera el art. 8, la Aduana deberá efectuar un ajuste para tener en cuenta la diferencia de precio. Si la diferencia se debe a cualquier otro motivo distinto de aquellos, el precio, en principio, será aceptable como valor de transacción, aunque sea inferior a los precios corrientes de mercado para artículos idénticos. Para poder rechazarse el precio por “otros motivos”, es necesario que la Aduana determine la falta de veracidad o exactitud de las informaciones, documentos o declaraciones que se hayan presentado y recién en este supuesto se legitima la utilización de un método distinto al del art. 1 del Acuerdo.
VII. Que en autos, el rechazo del valor de transacción contemplado no se debió a la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 1, párrafo primero del Acuerdo, ni a que de la investigación de valor surgiera la existencia de alguno de los elementos enunciados en el art. 8 de la norma, susceptibles de producir un ajuste del precio realmente pagado o por pagar, sino que se ha fundado en que el precio declarado resulta inferior a los precios corrientes de mercado para productos similares.
Que por esa razón, y conforme surge de los informes técnicos obrantes en la actuación administrativa, la Aduana comparó el precio declarado en la destinación en cuestión con el precio declarado con antecedentes obrantes en el Ramo 4 (papeles y textiles) de mercadería similar, a fin de establecer el valor en aduana, con arreglo al artículo 3 del Acuerdo Internacional precedentemente citado.
Que, por ende, corresponde determinar si el ajuste practicado se encuentra debidamente fundado.
VIII. Que, de la compulsa de la actuación administrativa se constata que los referidos antecedentes fueron únicamente mencionados en el informe de fs. 7/9, pero no fueron agregados, así como tampoco ha sido acompañada ninguna documentación tendiente a probar que el valor declarado no concuerda con los usuales de la rama del comercio o industria que se trata.
Que dicha circunstancia impide efectuar el debido análisis del ajuste de valor y demuestra que la sustitución del valor en aduana de la mercadería importada resulta, en el caso totalmente infundada y arbitraria. Que lo que acontece en el presente caso es que el servicio aduanero no efectuó una investigación idónea que justifique la duda inicial y que denote que el valor documentado resultó considerablemente inferior a precios o a valores “antecedentes”. Tal forma de proceder, permite concluir que no existen en el caso referentes para descartar el valor de la mercadería declarada, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como caprichoso e incierto.
Que, en definitiva, el proceder de la Aduana se expone como abiertamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia (conf. Sala “F” in re: “KREVISKY IMPORT S.R.L.”, expediente Nº 10.318-A, sentencia de fecha 18/05/01, entre otros).
IX. Que, por lo expuesto, el ajuste de valor practicado en autos no se encuentra debidamente fundado y, en consecuencia, el mismo no resulta ajustado a derecho, como así tampoco resulta procedente el reclamo efectuado por el servicio aduanero en concepto de diferencia de derechos tributos.
Que, atento la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento de los restantes agravios vertidos por la actora.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución DE PRLA 3607/12, dictada en las actuaciones 13806-17-2008, con costas.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Luis Fernando Charro (23-12570793-9). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2022.04.11 17:03:44 -03:00 Date: 2022.04.11 19:35:39 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.11 19:35:39 -03:00
Fin de la sentencia