Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 39.822-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar los actos apelados en los presentes autos. Con costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 220/242 y 516/541vta se interponen sendos recursos de apelación contra la resoluciones 71/2014 (DV RRII P), 72/2014 (DV RRII P) dictadas por la Jefa (Int) de División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI, por las que se determina de oficio la obligación tributaria del recurrente frente al Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2007 y 2008 e Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 05/2007 a 12/2008, con mas intereses resarcitorios.
Que a fs. 912/925vta se interpone recurso de apelación contra la resolución 431/2014 (DV RRII P), dictada por la Jefa (Int.) de División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI, mediante la cual se aplica a la apelante una sanción equivalente a tres veces el Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 10/2008, 11/2008 y 12/2008, con sustento en los artículos 46 y 47, inciso b) y d) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
Que a fs. 1219/1232vta se interpone recurso de apelación contra la resolución 430/2014 (DV RRII P), dictada por la Jefa (Int.) de División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI, mediante la cual se aplica a la apelante una sanción equivalente a tres veces el Impuesto a las Ganancias, por los períodos fiscales 2007 y 2008, con sustento en los artículos 46 y 47, inciso b) y d) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.). En primer lugar, corresponde señalar que en lo relativo a los Exptes. N.º 39.821-I y 39.822-I los agravios resultan ser análogos en ambos expedientes. Señala que conforme se desprende de los términos de la Resolución apelada y de las actuaciones administrativas que la preceden, las presuntas diferencias del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias reclamadas por el Fisco se originan en que, a criterio de la AFlP-DGI, los aportes irrevocables realizados a la Sociedad durante los años 2007 y 2008 por su accionista mayoritario, el Sr. Urs Ernst Schwarzenbach (en adelante, "UES"), constituyen incrementos patrimoniales no justificados de la Sociedad. Alega que el único hecho controvertido en esta causa es si UES realizó aportes irrevocables por la suma de $22.995.347,15 a la recurrente en los años 2007 y 2008. En consecuencia, la cuestión debatida en estas actuaciones consiste en dilucidar si los fondos ingresados a la Sociedad durante los años 2007 y 2008 en concepto de aportes irrevocables realizados por su accionista mayoritario, el Sr. UES, pueden válidamente ser calificados como un incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18, inc. f) de la Ley 11.683 y aplicarse a su respecto la presunción legal allí prevista, como lo pretende el Fisco.
Alega que la recurrente es una sociedad anónima argentina constituida en el año 2003, cuyo accionista mayoritario —UES- detenta más del 90% de su capital y votos. A través de White Swallow, su accionista controlante (UES) ha invertido en el país, relevantes sumas de dinero con vocación de permanencia, hecho que puede ser comprobado fácilmente mediante una simple visita a los campos adquiridos por la Sociedad. Señala que conforme fue expuesto por la Sociedad en la instancia administrativa, UES canalizó el envío de sus fondos a la actora a través de una compañía financiera de su propiedad y control, denominada Rosanti Finance Resources Inc. ("Rosanti").
Manifiesta que Rosanti es una sociedad financiera de propiedad de UES, a través de la cual UES maneja parte de sus fondos, y desde la cual envió los fondos objetados a la recurrente desde el exterior. De tal manera, Rosanti es simplemente un vehículo de inversión. No es una sociedad con actividad comercial o industrial, sino que es una sociedad a través de la cual su beneficiario efectivo (Beneficial Owner), concretamente UES, canaliza y ordena sus inversiones en distintos lugares del mundo, entre ellos la Argentina. En tal carácter, Rosanti está sometida a la legislación de aquellos países en los que opera -Suiza y Liechtenstein-, en los que resulta titular de cuentas bancarias abiertas en bancos radicados en esos países.
Señala que los fondos que constituyeron los aportes impugnados provinieron del exterior del país, e ingresaron efectivamente al patrimonio de la Sociedad. Así lo reconoció expresamente la propia AFIP-DGI en la resolución que confirió vista de las actuaciones y cargos formulados a la Sociedad, al afirmar: "se verificó que el ingreso del dinero se hizo a través de Miguens Pérez Iturraspe Sociedad de Bolsa S.A.", firma que, en respuesta a la circularización que la inspección le cursara, aportó una planilla con el detalle de la totalidad de las operaciones de WS e informó la manera en que se produjo el ingreso del dinero (compraventa de títulos en dólares en el exterior y venta de los mismos en pesos en el país) (remite a las notas presentadas por la sociedad de bolsa con fecha 19.12.11 y 2.3.12).
Alega que el ingreso de los fondos al país se realizó bajo la modalidad denominada "contado con liquidación", hecho reconocido expresamente en la Resolución-, con la intervención de la referida sociedad de bolsa. Los aportes de capital aparecen debidamente registrados en los balances y en la contabilidad de la Sociedad, hecho éste que la AFIP-DGI tampoco ha controvertido en la Resolución ni en las restantes actuaciones administrativas. Señala que en la resolución que confirió la vista el Fisco simplemente se limitó a afirmar que la documentación aportada consiste en meras manifestaciones sin sustento documental, sin ningún fundamento ni análisis al respecto. Así, en modo alguno puede válidamente sostenerse que, en dicho acto, el Fisco haya "merituado y desvirtuado" la documentación allí aportada. Lo que existió fue un simple desconocimiento por parte del Fisco, completamente infundado, sostenido en una afirmación meramente dogmática, mas no una valoración o una refutación.
Manifiesta que el valor probatorio del documento aportado como ADJUNTO A está dado no sólo por el contenido del mismo, o por el hecho de haber sido emitido por el Presidente de Rosanti y por la persona que ha llevado los temas legales, impositivos, corporativos y comerciales del dueño de Rosanti (UES) por más de 30 años, sino también por el rol que este profesional del derecho e intermediario financiero tiene como Agente de la lucha contra el lavado de dinero según la legislación Suiza. Por lo expuesto, afirma que contrariamente a lo sostenido en la Resolución, el documento aportado por la Sociedad posee pleno valor probatorio y no constituye una "mera manifestación sin sustento documental"
Alega que las mismas consideraciones vertidas respecto del valor probatorio del “affidavit” acompañado como ADJUNTO A, resultan aplicables al “affidavit” aportado como ADJUNTO B, ya que también fue emitido por el Dr. Ulrich Kohli, en una fecha previa al anteriormente analizado. En consecuencia, tampoco puede afirmarse respecto de este documento que el mismo constituye una "mera manifestación sin sustento documental" como lo hace el Fisco.
En lo relativo al Adjunto C sostiene que mediante este documento, cuya firma se encuentra certificada y cuenta con la debida legalización (Apostille), el propio UES expresamente indica que él transfirió a la Sociedad los fondos cuestionados por el Fisco, en concepto de aportes de capital. Señala que se trata de un documento emanado del propio aportante de los fondos, que por lo tanto por sí mismo acredita el origen de los fondos, y demuestra una vez más la improcedencia del ajuste practicado.
En cuanto al Adjunto D señala que el texto de la referida ley suiza, acompañado con su pertinente traducción al español, resulta esencial para la solución del pleito, toda vez que su normativa, bajo cuya órbita se encuentran UES —ciudadano suizo- y Rosanti —sociedad con cuentas bancarias abiertas en Bancos radicados en jurisdicciones bajo la ley suiza-, regula la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, los organismos con facultades para controlar las operaciones a la luz de estas normas y con este objetivo, y los controles que se realizan a tales fines.
En cuanto al Adjunto G Poder de WS a favor de Cecilia Cook, señala que el documento en cuestión acredita la personería de la letrada apoderada de WS firmante de la presentación de fecha 4.3.13, personería que el Fisco no desconoció al dictar la resolución que confirió la vista de las actuaciones de fecha 6.11.13.
En lo relativo al ADJUNTO H: Estados contables de la Sociedad de los ejercicios 2007 y 2008. Afirma que de la documentación referida surge que los aportes de capital aparecen también debidamente registrados en los balances de WS y en la contabilidad de la Sociedad. Se aportó a mayor abundamiento, a fin de evidenciar con claridad que los hechos relatados por la Sociedad guardan estricta correlación con los registros contables y societarios de WS.
Indica que la debida registración de los aportes en los balances y contabilidad de la Sociedad jamás fue controvertido por la AFIP-DGI durante la instancia administrativa (ni durante la inspección, ni al conferir vista de las actuaciones a WS, ni en la Resolución apelada), por lo que se trata de un hecho ya probado.
Manifiesta que en la resolución determinativa el Fisco omitió analizar y rebatir fundadamente documentación esencial para la solución de la causa y las argumentaciones vertidas sobre dichos documentos por la Sociedad en su descargo, mediante una mera remisión al acto que confirió la vista. Sostiene que el rechazo de las defensas y pruebas aportadas por WS en su descargo, ocurrieron con anterioridad a la presentación de dicho descargo, situación que vulnera por completo el derecho de defensa y al debido proceso de la Sociedad, en un notorio prejuzgamiento. Ergo, la Resolución apelada no se encuentra debidamente fundada, como lo exige el art. 17 de la Ley 11.683.
En cuanto al segundo punto de agravio de la recurrente señala que en este caso también resulta absolutamente falso que la Sociedad no haya arrimado elementos documentales o registros que merezcan la producción de este medio de prueba. Indica que lo expuesto demuestra con total claridad la improcedencia y arbitrariedad de la denegación de la producción de la prueba a producirse en el extranjero efectuada en la Resolución apelada, resultando francamente superfluas las consideraciones allí vertidas relativas a la inversión de la carga probatoria. En cuanto al tercer punto de agravio sostiene que el rechazo de la prueba testimonial referida resulta improcedente y arbitrario, toda vez que su objeto no es únicamente demostrar sino también que los testigos declaren sobre su conocimiento de Rosanti, de WS y de los aportes recibidos por WS en los períodos fiscales 2007 y 2008, cuestionados por el Fisco en la Resolución apelada (ver ofrecimiento de prueba efectuado en el descargo). Se destaca que los testigos poseen pleno conocimiento de estos temas, en atención al asesoramiento que, como abogados, prestan continuamente a UES y a la Sociedad, por lo que su declaración resulta sin dudas sumamente valiosa para el esclarecimiento de la causa.
Afirma que de lo expuesto se desprende que la denegación de esta prueba carece de sustento y resulta absolutamente arbitraria, máxime cuando los puntos sobre los que declararán los testigos se refieren justamente a la cuestión debatida en estas actuaciones. Cuadra destacar, además, que el Dr. Pablo Miguens y la Dra. Cook son apoderados del Sr. UES, conforme al poder agregado en las actuaciones administrativas durante la etapa de fiscalización.
Afirma que la AFIP-DGI ha estimado un ingreso por supuestas ventas omitidas por la simple aplicación automática de la presunción prevista en el art. 18, inc. f) de la Ley 11.683, sin realizar la más mínima comprobación o investigación sobre la real actividad de WS y los ingresos que ella genera, obteniendo como resultado un monto absolutamente absurdo y desligado de la realidad económica de la Sociedad.
Sostiene que UES destina gran parte del campo de propiedad de la recurrente a la actividad del polo. El campo es conocido en la zona como "El Remanso", y muchos recursos de la Sociedad, sobre todo tierras, están dedicados a esta actividad recreativa y deportiva. Otra actividad importante de la Sociedad vinculada al polo es la ya mencionada actividad de desarrollo e investigación en el área de genética equina, que dio lugar al estudio, proyecto, desarrollo del plan de negocios y posterior construcción del Centro de Desarrollo Embrionario, conocido como "Lovelocks”.
Sostiene que de la lectura de la Resolución se desprende que la AFlP-DGI fundamenta el ajuste en la presunción relativa establecida en el art. 18, inc. f) de la Ley 11.683. Es decir, basa su pretensión en la mera aplicación de esta presunción, con absoluta prescindencia de cualquier otro análisis, valoración o comprobación. La norma en cuestión se limita a presumir la existencia de un incremento no justificado de patrimonio cuando el contribuyente no pruebe el origen del incremento patrimonial, cuando no queda probada la procedencia de las rentas empleadas en la adquisición de bienes yio derechos, de modo que, una vez demostrado por el interesado el origen de esas rentas, quedan sometidas a tributación según su fuente de procedencia. Dicha presunción es relativa, pues puede ser desvirtuada por prueba en contrario.
Señala que del análisis de la Resolución y del resto de las actuaciones administrativas se desprende que la AFIP- DGI, luego de calificar incorrectamente los aportes de capital recibidos por la Sociedad durante los años 2007 y 2008 como incrementos patrimoniales no justificados, procedió a aplicar la presunción prevista en el segundo apartado del inciso f) del artículo 18 de la Ley 11.683 en forma automática y por el solo hecho de calificar los aportes como incrementos patrimoniales no justificados, sin analizar ni ponderar en absoluto la realidad económica de la Sociedad y su actividad efectivamente desarrollada.
Alega que la presunción de incremento patrimonial no justificado, en el Impuesto al Valor Agregado, constituye "ventas omitidas". Como resultado de ello, sostiene que la AFIP-DGI propone un ajuste en el Impuesto al Valor Agregado que no se condice ni posee la más mínima vinculación con la actividad y operaciones que efectivamente ha llevado adelante la Sociedad durante los períodos fiscalizados, e incluso los anteriores. No hay vinculación ni razonabilidad alguna entre la presunción aplicada, y la realidad económica de la Sociedad. Indica que el accionar de la AFIP-DGI, al pretender ajustar el impuesto declarado por la Sociedad sobre la base de aplicar el procedimiento establecido en el primer párrafo del inciso f) del articulo 18 de la Ley 11.683 —sin siquiera realizar el análisis de razonabilidad que emana de la causa Mialpe SRL, resulta a todas luces ilegítimo y arbitrario.
El Tribunal Fiscal de la Nación incorporó el "test de razonabilidad" como pauta para la aplicación de las presunciones a través de, entre otros, el fallo recaído en la causa "Mialpe SRL" de la Sala B del 28.10.91. Alega que la jurisprudencia es unánime en el sentido que el principio de la realidad económica señalado es aplicable tanto en beneficio del fisco como también de los contribuyentes. En este sentido, puede citarse a mero título ejemplificativo la sentencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso Kellogg Co. Arg. S.A., Fallos 307:118, donde estableció: "...de lo que se trata es de la necesaria prevalencia de la razón del derecho sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutivo de la sustancia que define a la justicia, aprehendiendo la verdad jurídica objetiva, sea ésta favorable al fisco o al contribuyente ... no importa consagrar institutos que funcionen unilateralmente en favor exclusivo de uno solo de los sujetos de la relación tributaria” En cuanto a la aplicación de multa en los Exptes.
N.º 42.202-I y 42.203-I los agravios de ambos recursos resultan ser análogos. En tal sentido señala que la Sociedad no incurrió en incumplimiento fiscal -alguno, es dable puntualizar que, además, no se encuentran presentes en el caso los elementos objetivo y subjetivo cuya concurrencia se requiere a los fines de tener por configurada la infracción del art. 46 de la Ley 11.683. Manifiesta que de los elementos que constan en estas actuaciones administrativas no se puede concluir de ninguna manera que la recurrente haya realizado la conducta antijurídica que conforma el elemento objetivo que requiere la figura del art. 46 para su configuración. Ello por cuanto, en primer lugar, la Sociedad no ingresó en menos el tributo en cuestión, sino que, por el contrario, obló el impuesto en forma total y oportuna.
Indica que en la Resolución apelada no se realiza ningún análisis tendiente a justificar o fundamentar por qué el Fisco considera que las declaraciones juradas presentadas por la Sociedad son "engañosas", o que ésta efectuó "ocultaciones maliciosas", con el objeto de perjudicar el erario público, ni -mucho menos- se rebaten los numerosos elementos y probanzas aportados por la Sociedad en las actuaciones administrativas que demuestran categóricamente el origen de los fondos cuestionados.
Señala que en la Resolución apelada el Fisco realiza una mera invocación dogmática de las presunciones legales previstas los incisos b) y d) del artículo 47 de la misma ley, completamente desligada de los hechos de la causa y sin realizarse para ello el más mínimo análisis de las circunstancias particulares del caso y de su encuadre específico en las citadas normas para fundar esa subsunción.
Indica que ninguno de los dos supuestos fácticos que sirven de antecedentes a las presunciones legales invocadas se verifica en el caso, ni fueron probados por la AFIP-DGI. En conclusión, el Fisco ha realizado una aplicación improcedente de las presunciones del art. 47, incisos b) y d), toda vez que: i) se limitó a efectuar una invocación dogmática de las mismas, sin subsumir ni encuadrar los hechos de la causa en los presupuestos de hecho que sirven de base a las presunciones; y ii) no acreditó en forma alguna los hechos previstos en dichas normas que conforman el soporte fáctico de tales presunciones. Como consecuencia de ello, Sostiene que el Fisco no ha acreditado la existencia de dolo en el accionar de la Sociedad —el cual no existió-, de lo que se concluye que no se ha configurado la infracción de defraudación que se le atribuye.
Señala que en base a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -reiterada en innumerables precedentes judiciales-, toda vez que no surgen de autos otros elementos a fin de acreditar la existencia de una actuación dolosa de la Sociedad tendiente a engañar al Fisco y perjudicar el erario público en el accionar de la recurrente, distintos a los tomados en cuenta para determinar de oficio el impuesto —más allá de la simple mención de las presunciones del art. 47, incisos b) y d)-, corresponde revocar la multa por defraudación impuesta. Sostiene la improcedencia de la multa aplicada por inexistencia de sentencia penal firme. Hace referencia al considerando 7°, último párrafo de dicho pronunciamiento, el Sr. Juez estableció: "Por lo demás, la resolución que por este pronunciamiento se adopta carece de los efectos de cosa juzgada material, en consecuencia, en caso de surgir nuevos elementos de juicio en el futuro, que permitan sostener la existencia de un delito, podrá promoverse válidamente una nueva investigación".
Señala que que para el caso de que se pudiera considerar que la resolución no se encuentra firme pudiendo ser revisada, en este caso la Resolución apelada soslayaría flagrantemente lo establecido por el art. 20 de la Ley 24.769, y debería, por ende, ser revocada, lo que así solicita la recurrente.
Se agravia en cuanto al alcance de la desestimación de la denuncia penal efectuada por el Fisco Nacional. Sostiene que más allá de la posibilidad de iniciar una nueva denuncia penal en el futuro que aporte elementos de prueba diferentes para sostener una hipótesis delictiva, lo cierto es que ello no ha ocurrido, como así tampoco se ha cuestionado la decisión de desestimación por inexistencia de delito, motivo por el cual hoy sus consideraciones puntuales son plenamente válidas, y no pueden contradecirse.
Alega que la AFIP-DGI no logró con su denuncia sostener una hipótesis delictiva ni siquiera en el primer escalón procesal penal —Art. 180 CPPN-, ya que el Fiscal ante la disparatada descripción de hechos y pruebas que la sostenían se vio obligado a postular la desestimación de la misma por inexistencia de delito. Ni siquiera le dio una oportunidad mediante la proposición de medidas de prueba conducentes a intentar probar el delito denunciado, descartando en un dictamen fundado que los hechos pudieran constituir un delito. Este dictamen fue avalado por el Magistrado, y dicha resolución no fue recurrida.-
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 276/288vta, 575/587vta, 939/947 y 1243/1251 vta contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirmen los actos apelados, con costas.
Sostiene que cada resolución dictada por el Juez Administrativo competente, es un acto administrativo que goza de legalidad y reúne los requisitos necesarios que la convalidan tanto en lo que hace a la causa-fuente de su dictado, como asimismo al procedimiento seguido y su motivación. Establece los hechos, los desarrolla y fundamenta acabadamente de tal forma que por sí misma resulta suficiente para justificar el criterio fiscal y responder los agravios de la actora, máxime si se tiene en cuenta que la mayoría de los agravios aquí desarrollados fueron planteados en la etapa administrativa y han sido contestados cabalmente por el Juez Administrativo.
Señala que la prueba documental aportada en Anexos A, B, C, D, G y H, formaba parte de estas actuaciones antes de conferir vista, con lo cual ya ha sido merituada y desvirtuada por medio de ese acto. Se trata de copias de los documentas titulados "affidavit", de la carta a nombre del Sr. Urs Schwarzenbach, de la Ley contra el lavado de dinero de Suiza, del poder extendido a la abogada Cecilia Cook y de sus Estados Contables.
Indica en cuanto al Anexo F -inscripción de aumento de capital, actas de asamblea y directorio, registro de accionistas de la sociedad y registro de asistencia a asambleas de la sociedad-, cabe advenir que la documentación que lo conforma se encontraba en su mayoría formando parte del expediente previo a conferir vista y de la misma sólo surge la inscripción y aceptación por parte de la rubrada del aumento de capital, hecho que no es motivo de controversia en este procedimiento. En efecto la motivación del cargo es la falta de acreditación del origen del aporte recibido por la sociedad del asunto.
En cuanto a la prueba documental adjuntada en Anexo E. Indica que la misma se trata de una copia de una nota que se habría redactado en el extranjero - tiene membrete titulado "Kohli & Partner" y se indica como lugar y fecha, Zurich, 10 de diciembre de 2013- y que de acuerdo a su traducción vendría a dar cuenta de un "Dictamen legal" que habría sido producido por una persona llamada Ulrich Kohli y dirigido a la apoderada de la contribuyente, abogada Cecilia Cook. Dicha nota está acompañada a su vez por dos instrumentos que parecerían ser unos formularios -uno con membrete "Credit Suisse" y otro sin membrete- y a estos les sigue una nota con membrete "LGT Bank Ltd. ", de cuyas traducciones surge que se menciona al Sr. Urs Schwarzenbach como el "habilitado a los efectos económicos" con relación a Rosanti Finance Resources Inc. lo cual estaría supervisado por el banco suizo Credit Suisse.
Destaca que dicha prueba no ha sido legalizada con su correspondiente apostilla. Sólo ha sido acompañada por una certificación notarial de reproducciones en la que la Escribana interviniente certifica que tuvo los originales a la vista pero de ello no se advierte la pertinente legalización siquiera en copia simple.
Afirma que todas las manifestaciones y condiciones que surgen de la prueba carecen de valor probatorio ya que no dejan de ser, justamente, meras manifestaciones sin sustento documental que las acredite. Además, no debe perderse de vista que en ningún caso se encuentran acreditadas las personerías de los firmantes. Manifiesta que en la vista se puso de resalto que toda la prueba arrimada no acredita en forma alguna que el aportante de los fondos cuestionados sea el Sr. Urs Schwarzenbach, ya que se trata de documentación que contiene manifestaciones pero las mismas no han sido acompañadas con prueba pertinente. En ese orden de ideas, le caben similares consideraciones a toda la prueba documental adjuntada a su descargo -vgr, notas tituladas "affidavit" o "dictamen legal"- dado que no fue acompañada por registros u otros documentos que permitan validar las manifestaciones vertidas en ella; en definitiva, toda la prueba documental arrimada tiene la misma característica: carece de valor probatorio ya que sólo vierte dichos sin sustento documental que los acredite. Alega que corresponde el rechazo de toda la prueba ofrecida para producir en el exterior, dado que la contribuyente no arrimó siquiera un comprobante o registro que merezca solicitar información, documentos o testimonios a personas y entidades radicadas en el extranjero. En efecto, la responsable no ha invertido la carga de la prueba y entonces no corresponde que esta instancia produzca prueba que es de incumbencia de la interesada. Sostiene que más allá del descontento por parte de la recurrente, el Juez Administrativo ha realizado un análisis pormenorizado de la prueba ofrecida. Afirma que el juez administrativo posee facultades de admitir o desechar aquellas pruebas que considere innecesarias para el esclarecimiento de la cuestión, debiendo destacar que la apelante contó con tiempo más que suficiente como para aportar los elementos correspondientes (idóneos) pero no lo hizo.
Señala que debe tenerse presente que la mentada presunción legal admite prueba en contrario (iuris tantum), empero la contribuyente no ha podido rebatirla en el ejercicio de su derecho de defensa con prueba documental fehaciente. Entonces cuadra rechazar sus manifestaciones acerca de una supuesta irrazonabilidad del ajuste formulado, ya que el mismo es el resultado de la correcta aplicación de una norma legal y no fue rebatido con prueba que justifique el incremento patrimonial cuestionado.
Alega que en el presente caso, quedó indudablemente probado el hecho cierto de que existió un ingreso de fondos al patrimonio de la apelante, reflejado en las declaraciones juradas de los periodos fiscales 2007 y 2008 por una suma de $ 22.995.347,15.
Sostiene que el simple ingreso del monto de $ 22.995.347,15 al patrimonio de la recurrente remitidos del exterior, no prueba el origen de los mismos, ni su verdadero aportante; haciendo hincapié en que la simple transferencia de recursos monetarios de un país a otro por vía "contado con liqui" lo único que demuestra es la existencia material de los mismos, su cuantía y el hecho de su traslado, pero no demuestra cómo se originan y ni mucho menos su verdadero aportante. Dichas transferencias son operaciones sencillas y pueden corresponder a transacciones reales, así como responder a operaciones de triangulación o el retorno de capitales previamente sustraídos a la imposición del país de destino.
Indica que en ese orden de ideas, tal monto fue imputado como "ventas omitidas" y así, la recurrente debía refutar dicho cargo, a través de los fundamentos que considerara junto con la prueba idónea que enervara la postura del Fisco Nacional. No obstante, dicha circunstancia no aconteció, dado que nada pudo acreditar la responsable. Indica que los intereses resarcitorios son accesorios de naturaleza indemnizatoria que se devengan por la falta de pago en término de los tributos y pagos a cuenta, sin perjuicio de la actualización y las multas que pudieren corresponder por la conducta reprochada.
En cuanto a la aplicación de multa en los Exptes. N.º 42.202-I y 42.203-I afirma que en el caso de autos, como se describió, se ha lesionado el bien jurídico tutelado, toda vez que el mismo se vio afectado por el accionar del recurrente, en virtud de haberse constatado una falta oportuna de ingreso del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, produciéndose consecuentemente, un perjuicio fiscal.
Indica que la actora desplegó un actuar contrario a normas específicas que regulan la liquidación del tributo en cuestión y cuya consecuencia directa e indefectible es la alteración de la base imponible y consecuente el monto del impuesto a ingresar los que fueran declarados en menor cuantía de la debida, en perjuicio del Fisco y el encuadre en el art. 46, viene dado porque la actora actuó evidentemente con conocimiento e intención de presentar declaraciones juradas, ocultando su verdadera situación fiscal.
Recuerda que la figura prevista por el artículo 46, es diferente a la de la estafa o defraudación prevista en el Código Penal, en cuanto a sus consecuencias y hace necesario apreciar la conducta del contribuyente según la naturaleza de la norma infringida. La defraudación fiscal se caracteriza por la existencia de un elemento intencional dirigido a evadir el impuesto, incluyendo la tentativa de fraude, o sea el acto doloso tendiente a eludir el tributo aunque no hubiera resultado.
Sobre la supuesta falta de firmeza de la sentencia dictada en sede penal, solicita su rechazo por improcedente toda vez que dicho agravio se ha desarrollado sobre situaciones hipotéticas que no ocasionan un agravio real en concreto; asimismo de la lectura de dicha sentencia no surge que el juez haya determinado que la conducta del apelante/imputado sea lícita.
Afirma que no cabe duda de la existencia de una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, producto de lo declarado oportunamente por la responsable en sus declaraciones juradas, con respecto a lo que surge de los libros, las registraciones, documentos y demás antecedentes correspondientes a la misma, toda vez que las diferencias detectadas son el producto de la falta de declaración del débito fiscal pertinente, resultando de ello, la falta de coincidencia con la documentación que respalda su contabilidad.
Manifiesta que la materialidad de los hechos fue acreditada con los instrumentos obrantes en los antecedentes administrativos que se acompañan, encontrándose el elemento dolo perfectamente probado, al haberse comprobado que los montos declarados por la quejosa en sus declaraciones juradas son inexactos, constituyendo ello, una maniobra (mediante el engaño) que ha incidido gravemente en la oportuna determinación de la materia imponible.
Reitera que la conducta de la apelante ha ocasionado un perjuicio al Fisco Nacional, desde el momento en que el Fisco se vio privado de disponer en el debido tiempo de la suma de impuesto que le correspondía el cual no fue ingresado al confeccionar sus declaraciones juradas en forma engañosa. Al respecto afirma, que si el sujeto obró intencionalmente y en un marco de libertad, no puede ahora aducir no haber incurrido en la omisión debidamente comprobada por la inspección actuante, por el contrario, tal actitud permite concluir que existió intención dolosa con la consecuente previsión del resultado disvalioso.
Acompaña antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la actora.
III. A fs. 591 se resuelve acumular el Expte. N° 39.822-I al que lleva el N° 39.821-I. A fs. 603 se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba informativa, testimonial y pericial contable. A fs. 628/634 la actora denuncia hecho nuevo. A fs. 951 se resuelve acumular el expediente N° 42.203-I al que lleva el N° 39821.-I (y su acumulado N° 39.822-I). A fs. 1257 se resuelve acumular el expediente N° 42.202-I al que lleva el N° 39.821-I. A fs. 1277 se resuelve disponer el reanudamiento de los plazos en la presente causa y establecer un nuevo período probatorio. A fs. 1284/1321, 1584/1591, 1635/1766 se produce la prueba informativa. A fs. 1353/1367 y 1628/1635 se produce la prueba pericial contable. A fs. 1939/1949, 2046 se produce la prueba testimonial. A fs. 1964 se clausura el período de instrucción. A fs. 2065 se elevaron los autos a consideración de la sala “B” y pasan para alegar; obrando los alegatos de las partes a fs. 2071/2076 y 2077/2093. A fs. 2094 se llaman los autos a sentencia.
IV. Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones recurridas en autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Asimismo en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la arbitrariedad alegada al sostener la misma que se ha prescindido de prueba ofrecida, cabe señalar que así como resulta cierto que el contribuyente tiene derecho a ofrecer pruebas durante el procedimiento administrativo, el juez administrativo interviniente tiene el deber de evaluar su admisibilidad procesal, circunstancia que se encuentra cumplida en el acto recurrido en su hoja 9 (ver fs. 767 de autos). Esta evaluación discrecional cae, por supuesto, dentro de la órbita jurisdiccional de este Tribunal quien juzgará, en definitiva, sobre la pertinencia o ilegitimidad de la resolución adoptada en la etapa anterior, pero para lo cual, deberá, necesariamente entrar al examen de la cuestión de fondo controvertida y como esta fue propuesta por ambas partes. Solamente dicho examen permitirá a este Tribunal evaluar, a la postre, la justeza del rechazo probatorio en sede fiscal, agravio que se torna inviable en proporción excepcional. Que, la ponderación de la admisibilidad o pertinencia de las medidas propuestas por el contribuyente, realizada por el Juez Administrativo, resulta un aspecto del acto que se encuentra dentro de la potestad revisora de este Tribunal. Empero, aun en el caso de una “desestimación arbitraria” de las medias, tal agravio no resulta suficiente, por sí solo para ocasionar la nulidad del acto en un planteo por vía excepcional, aunque pueda originar, sin dudas, la revocación del mismo al momento de analizar el fondo de la cuestión controvertida. Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que lleva a rechazar los argumentos esbozados por la recurrente.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013). V.-Que conforme surge de las actuaciones administrativas el cargo formulado se origina por cuanto de las tareas de fiscalización llevadas a cabo se detectó un ingreso de fondos en el patrimonio de la recurrente en concepto de aportes irrevocables, en las declaraciones juradas presentadas relativas al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2007 y 2008, por la suma de $ 22.995.347,15, que no ha sido justificado fehacientemente por la recurrente, a criterio del Fisco Nacional.
La auditoría interviniente cursó sendos requerimientos a la encartada a fin de que aporte, entre otros elementos, la totalidad de la documentación que respalde el origen de los fondos bajo trato (fs. 6, 81 y 159 del cuerpo Impuesto a las Ganancias).
En respuesta a dichas requisitorias, la contribuyente arrimó a la dependencia copia del libro diario donde figuran las registraciones contables de los aportes solicitados. En fecha 03/07/12, la firma adjuntó planilla con detalle de los aportes en USD del año 2007 detallando fecha, monto y registro en el libro Diario, nota certificada y traducida donde el Sr. Urs Schwarzenbach informa que los montos aportados en los años 2007 y 2008 a White Swallow S.A. fueron realizados por él y adjunta declaración jurada certificada y traducida relacionando al Sr. Urs Schwarzenbach con la empresa Rosanti Finance Resources Inc. (fs. 121 a 151 y 160 a 204 del cuerpo Impuesto a las Ganancias).
Atento a que se verificó que el ingreso del dinero se hizo a través de Miguens Pérez Iturraspe Sociedad de Bolsa S.A., se le requirió a la misma detalle de la totalidad de las operaciones realizadas con White Swallow S.A. en caso de transferencia de dinero hacia o desde el exterior indicar en forma detallada cómo se perfecciona la operación e indicar quién realiza la transferencia de los fondos que recibe la firma White Swallow S.A. (fs 114 del cuerpo Impuesto a las Ganancias)
A fojas 115 a 120 de los actuados obra nota presentada por Miguens Perez Iturraspe Sociedad de Bolsa S.A., en fecha 19/12/11, mediante la cual adjunta planilla con la totalidad de las operaciones de White Swallow S.A. y planilla con el detalle de los ingresos y egresos de las operaciones de White Swallow S.A.. En fecha 02/03/12, amplía la contestación anterior manifestando que las operaciones se perfeccionan mediante transferencia y los títulos se compran en dólares y se venden en pesos. También adjunta copia de un instrumento titulado "affidavit" en el cual se manifiesta que Rosanti Finance Resources Inc. es un vehículo de inversión del Sr. Urs Schwarzenbach.
En fecha 04/03/13, se hace presente la Sra. Cecilia Cook, en su carácter de apoderada de la firma y presenta un escrito -de fecha 27/02/13- donde manifiesta: "... que el dinero fue remitido a WS desde una cuenta bancaria de titularidad de una sociedad financiera de propiedad del Sr. Urs Schwarzenbach, llamada Rosanti Finance Resources Inc." (fs. 268 a 330 del cuerpo Impuesto a las Ganancias).
Que, continúa manifestando que: "... es nuestro interés resumir por escrito los hechos principales que hacen al ingreso de estos aportes de capital y adjuntarles copia de la documentación que en su momento ya se les exhibió más un Affidavit emitido en Suiza en Septiembre de 2012 (definido más adelante como el Affidavit 2012-II) que completa la prueba de lo que se expone.
Estos hechos son los siguientes: a) Mr. Schwarzenbach es el accionista controlante de WS y quien realizó los aportes de capital de casi USD 7.000.000.- en WS durante 2007 y 2008.
b) Estos aportes los realizó a través de una sociedad financiera de su propiedad (Rosanti), desde la cual gerencia sus inversiones en el mundo. Mr. Schwarzenbach es el dueño o 'Beneficial Owner (beneficiario final) de Rosanti. c) Mr. Schwarzenbach es un reconocido empresario de 64 años de edad, de nacionalidad suiza, que tiene importantes negocios en Europa (Suiza y Reino Unido mayormente) y en el resto del mundo, en el sector financiero, inmobiliario y hotelero.
d) Las inversiones que realizó Mr. Schwarzenbach en WS tanto en 2007 y 2008 como con posterioridad son perfectamente adecuadas a la envergadura de su patrimonio.
e) Suiza es una jurisdicción que lucha contra el lavado de dinero y ha adoptado procedimientos confiables al respecto.
f) Las inversiones realizadas por Mr. Schwarzenbach y/o Rosanti en WS han sido adecuadamente analizadas por un organismo de contralor reconocido por la Oficina de Control Federal Suiza para combatir el lavado de dinero, de conformidad con el artículo 24 de la Ley Federal de Suiza contra el lavado de dinero en el Sector Financiero (comúnmente denominada la 'Ley contra el Lavado de Dinero'- Federal Act. del 10 de Octubre de 1997 contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sector financiero. AntiMoney Laundering Act. AMLA # 955.0 del 10 de octubre de 1997) y han pasado exitosamente todos los controles al respecto.
g) Las inversiones realizadas por Rosanti y/o el Sr. Schwarzenbach en WS son legítimas y que se han realizado durante el curso legítimo de los negocios y las sumas en juego no representan un compromiso excesivo o inusual para el Sr. Schwarzenbach cuya capacidad financiera es suficiente para concretar estos aportes". La fiscalización actuante señala que el ingreso de los fondos se realizó a través de la modalidad contado con liquidación (contado con “liqui"). Al respecto señala el personal fiscal que la documentación aportada no acredita en forma alguna que el aportante de dichos fondos sea el Sr. Urs Schwarzenbach, ya que sólo se trata de documentación que contiene manifestaciones pero las mismas no han sido acompañadas con prueba pertinente. Pone en consideración que la contribuyente no pudo vincular que el origen de los fondos que ingresaron a su patrimonio hayan sido realizados por el Sr. Urs Schwarzenbach.
El Fisco Nacional indica que, atento a que la recurrente no arrimó documental alguna que acredite que el Sr. Urs Schwarzenbach haya sido quien realizó el aporte de los fondos declarados en sus declaraciones del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2007 y 2008, la fiscalización interviniente consideró que la suma de $ 22.995.347,15 representa un incremento patrimonial no justificado en el Impuesto a las Ganancias. Toda vez que la contribuyente resulta ser responsable del Impuesto al Valor Agregado, corresponde considerar -a criterio del Fisco- a la suma de $ 25.294.881,86 -la cual constituye ganancia neta de los períodos fiscales 2007 y 2008 gravada por el Impuesto a las Ganancias, calculada en la forma dispuesta por el artículo 18, inciso f), de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones)- como ventas gravadas por el Impuesto al Valor Agregado, cuyo débito fiscal correspondiente a los períodos fisc&es 05/07, 07/07, 12/07, 03/08, 06/08 a 08/08 y 10/08 a 12/08 -$ 2.793.832,63- no ha sido declarado por la rubrada.
VI. Que debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Que ello así, el caso a cuya resolución es llamado este Tribunal se basa en una determinación de oficio practicada por el Organismo Fiscal con fundamento en la presunción establecida por el artículo 18 inciso f), a saber, incremento patrimonial no justificado.
Que el legislador, ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Que toda determinación sobre base presunta debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, permitiendo arribar al resultado que, “probabilísticamente”, se acerque más a la real magnitud del hecho imponible.
Que por otra parte, este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. “Armotec SACIFIC”, TFN, Sala B, 10/02/1999).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Que las reglas contenidas en el artículo 18 de la ley 11683 (t.o. citado) refieren a presunciones legales “iuris tantum”, cuya consecuencia es la de revertir la carga de la prueba. Así, el efecto fundamental de la presunción de marras es dispensar de la prueba del hecho presumido al favorecido por ella. Cuando resulta de aplicación una de estas presunciones, el que se beneficia con ella no debe probar sino el hecho antecedente, la ley suple su actividad y tiene por acreditada la conclusión, y la carga probatoria pesa sobre quien niega el hecho antecedente o la aplicabilidad de la presunción a su caso.
Que en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo.
Corresponde señalar que -según el relato de la actora- en el caso de marras durante los períodos fiscales 2007 y 2008, el Sr. Urs Ernst Schwarzenbach, accionista de White Swallow S.A., realizó supuestos “aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de capital” a White Swallow S.A. por la suma aproximada de USD 7.400.000 equivalentes a $ 22.993.347,15. Corresponde destacar que por instrucciones del Sr. Urs Ernst Schawarzenbach, la remisión de esos fondos se realizó desde una cuenta bancaria en el LGT Bank Ltd. (Liechtenstein y Suiza) abierta a nombre de Rosanti Finance Resources Inc., el vehículo de inversiones del Sr. Urs Schawarzenbach. Rosanti Finance Resources Inc. es una sociedad existente conforme a las leyes de las Islas Virgenes Britanicas. El Sr. Urs Schawarzenbach es el beneficiario efectivo (beneficial owner) de Rosanti Finance Resources Inc., conforme fuera verificado por entidades bancarias de Liechtenstein y Suiza y por abogados e intermediarios financieros que operan en el marco de las leyes para combatir el lavado de dinero de esas jurisdicciones.
El Fisco Nacional considera que no se encuentra probado que el Sr. Urs Schawarzenbach fue quien efectivamente realizó tales aportes en White Swallow SA. En base a ello la Afip – DGI consideró que tales aportes constituyen “incrementos patrimoniales no justificados” de la recurrente en los términos del art. 18 inc. f) de la Ley 11.683. Asimismo se encuentra probado que los aportes irrevocables se encuentran debidamente registrados en los libros contables, balances y demás registraciones de la Sociedad, los fondos que constituyeron los aportes impugnados provinieron del exterior del país a través de la modalidad denominada “contado con liquidación” por intermedio de la firma Miguens Pérez Iturraspe Sociedad de Bolsa SA, y que una vez ingresados al país, los fondos en cuestión ingresaron efectivamente en el patrimonio de la sociedad.
El hecho controvertido en el caso por el Fisco Nacional es el origen de esos fondos, si el Sr. Urs Schawarzenbach fue quien realizó dichos supuestos aportes irrevocables por la suma de $ 22.993.347,15 a la actora durante los períodos fiscales 2007 y 2008.
Que ello así, cabe adelantar que en autos se ha demostrado la secuencia completa de la operatoria en cuestión en lo que corresponde al origen de los fondos, circunstancia cuestionada por el Fisco Nacional.
Corresponde señalar que de la prueba informativa producida a fs. 1584/1589 dirigida a Miguens Pérez Iturraspe SA: la misma da cuenta de los procedimientos realizados para constatar que los fondos que ingresaron en los años 2007 y 2008 en la cuenta comitente de White Swallow SA eran aportes de capital del Sr. Urs Ernst Schwarzenbach. Deja sentado que el cliente de Miguens Pérez Iturraspe SA es White Swallow SA. Ante el ingreso de fondos en su cuenta comitente, el contribuyente justifica el ingreso de este dinero como un aporte a cuenta de futuras suscripciones de capital que realiza su accionista controlante, con la finalidad de hacer operaciones bursátiles (compra y venta de bonos, títulos, etc) y con el producido de las mismas sostener su giro de operaciones. Indica el informe que en función de los controles realizados, el carácter de accionista de WS del Sr. Schwarzenbach surge del Libro de Registro de Accionistas, que el presidente de la firma informante conoce al mismo desde mucho antes que este sea accionista de dicha firma, quien es un hombre de gran fortuna. Agrega el informe que además se controló el cumplimiento de los requisitos de la Resolución 7/2005 de la IGJ y las resoluciones técnicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Asimismo en cuanto a la prueba testimonial producida en esta instancia corresponde señalar que en la misma el declarante -socio del estudio jurídico Kohli- señala que dicho estudio y el personalmente estuvieron involucrados como intermediarios financieros, supervisando los flujos de pagos entrantes y salientes en la firma Rosanti, haciendo un chequeo permanente del carácter de beneficiario efectivo de la sociedad. Declara que el beneficiario efectivo de Rosanti es el Sr. Schwarzenbach. Exhibida que le fué la documentación obrante a partir de fs. 1089 de autos, el testigo refiere que el anexo 2 de fs. 1094 es el formulario A que corresponde a Rosanti y la cuenta de Rosanti en el Credit Suisse. Consta en este formulario que el único beneficiario efectivo de Rosanti es el Sr. Schwarzenbach. El documento data de 2012 y reconoce que esta firma es del Sr. Schwarzenbach quien era director de Rosanti.
Agrega el deponente que el formulario A obrante a fs. 1095 es el mismo formulario, la misma cuenta de Rosanti, mismo beneficiario efectivo, el Sr. Schwarzenbach; que el formulario es del 6 de febrero de 2007, suscripto por el presidente, el Sr Kohli, cuya firma está refrendada por la entidad bancaria. El documento obrante a fs. 1096 corresponde a la misma cuenta y es de 1998 y también incluye al Sr. Schwarzenbach como el beneficiario efectivo.
Que por otra parte conforme surge de la contestación del LGT Bank Ltd Liechtenstein de fecha 4 de diciembre de 2018 obrante a fs. 2032/2038, en original, apostillada y con las pertinentes traducciones legalizadas, informan que Rosanti Finance Resources Inc. mantuvo relación comercial con dicho banco desde el 05 de diciembre de 1991 hasta el 19 de abril de 2017 bajo el numero de cliente 0657173. Asimismo confirma que el Sr. Urs Schwarzenbach ha sido declarado titular beneficiario de los activos detentados por Rosanti Finance Resources. Para concluir destaca que desde el 1 de marzo de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2008, los montos detentados bajo el número de cuenta 0657173AD fueron transferidos a Standard Chartered Bank, One Madison Avenue, New York, Estados Unidos de América, a favor de Miguens Pérez Iturraspe Soc. De Bolsa SA, N° de Cuenta 35 44073468001 con la referencia “White Swallow SA”.
Que por otra parte conforme surge de la presentación de Urs. Schwarzenbach obrante a fs. 1183/1185, en original, apostillada y con las pertinentes traducciones legalizadas, informan que con referencia a las transferencias bancarias recibidas en la cuenta de White Swallow SA en Miguens Pérez Iturraspe Sociedad de Bolsa SA., comitente N° 1610 (Standard Chatered Bank, Nueva York, CTA: 3544073468001) por un monto total de $ 6.775.121, esos montos han sido transferidos por Urs Schwarzenbach, accionista controlante de White Swallow SA., en concepto de aportes de capital que ha efectuado a la sociedad a los fines de afrontar gastos relacionados con sus negocios habituales. Estos aportes de capital han sido aprobados por el Directorio de White Swallow SA. Corresponde señalar que de la prueba pericial contable producida en esta instancia obrante a fs. 1353/1367 ambos peritos son contestes en que los aportes a cuenta de futuros aumentos de capital recibidos por la Sociedad durante los años 2007 y 2008 fueron realizados en moneda extranjera (dolares americanos) y se encuentran debidamente registrados en la contabilidad de White Swallow SA convertidos a pesos considerando el tipo de cambio comprador Banco Nación del día anterior al efectivo ingreso de los fondos.
Asimismo destacan que los aportes de capital recibidos por la sociedad en los años 2007 y 2008 fueron ingresados en la cuenta comitente número 1610 perteneciente a White Swallow SA en Miguens Perez Iturraspe Sociedad de Bolsa según el detalle de las registraciones contables transcriptas en el punto 4 de la pericia. Señalan que la cuenta contable utilizada fue la Nro. 11335 a nombre de Miguens P. Iturraspe S. Bolsa.
Por otro lado se destaca que Sr. Schawarzenbach es accionista desde el 21/06/2007, según Acta de Directorio Nro. 33 del 03/10/2007 copiada en el libro de Actas de Directorio Nro. 1, rúbrica 81164-03 del 24/09/2003 en el Folio 33. En esta reunión de Directorio se informa, entre otras cosas, que la Sociedad fue notificada de la transferencia de acciones de Doolittle Corp. Ltd. al Sr. Urs E. Schwarzenbach, la cual tiene fecha 21/06/2007. En cuanto a la aplicación de los fondos conforme se desprende de la pericial contable durante el año 2007 se registraron como aportes para futura emisión de capital un total de $ 3.432.659,82 y por el 2008 ingresó un total de $ 19.562.687,33. Al analizar las distintas inversiones realizadas durante los mencionados años se observa que en el rubro de Bienes de Uso, según el Anexo I de Bienes de Uso del ejercicio cerrado al 31/12/2207 (folio 100 del Libro Inventario y Balances Nro. 1), se registran aumentos por inversión en bienes de uso de $ 3.227.975,86, monto éste aproximado a los aportes de capital realizados en el año 2007. Por el año 2008 y según el Anexo I de Bienes de Uso del ejercicio cerrado al 31/12/2008 (folio 31 del Libro Inventario y Balances Nro. 2), se registran aumentos por inversión en bienes de uso de $ 17.294.233,80. Se deduce de lo expuesto que los aportes de capital fueron destinados, en su mayor parte, a la compra de inmuebles -Bienes de Uso-.
Que en este sentido, las probanzas documentales aportadas como las pruebas informativa, testimonial y pericial contable producidas en autos, conforme se analizara en los párrafos precedentes, forman un plexo probatorio que llevan a la convicción de que se encuentra desvirtuada la presunción contemplada por el artículo 18 inc. f) de la Ley N° 11.683 por cuanto la actora ha justificado el origen y procedencia de los fondos, por lo que se impone, sustancialmente, la revocación de los actos apelados. Con Costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE
Revocar los actos apelados en los presentes autos. Con costas al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.09.23 16:26:02 ART Date: 2022.09.26 09:39:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.26 12:55:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.26 12:56:55 -03:00
Fin de la sentencia