Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2021-17625391-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos. Con costas a la vencida.
I. Que mediante RE-2021-17625184-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 016/2021 (DV RRME) dictada con fecha 05/02/2021 por la Sra. Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza GEUNA RODOLFO HECTOR – EX 2021-17625391 por medio de la cual se determina de oficio, con carácter parcial y por conocimiento cierto de la materia imponible, el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2016, con más sus intereses resarcitorios.
Que mediante RE-2021-17620439-APN-SGAI#TFN se interpone el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 015/2021 (DV RRME) dictada con fecha 05/02/2021 por la Sra. Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza GEUNA RODOLFO HECTOR – EX 2021-17623134 por medio de la cual se determina de oficio, con carácter parcial y por conocimiento cierto de la materia imponible, el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01 a 12/2016, con más sus intereses resarcitorios. Corresponde señalar que los agravios resultan ser análogos en ambos expedientes. La actora señala que en el procedimiento administrativo de determinación de oficio en IVA se le corrió vista a la recurrente de las liquidaciones rectificativas proyectadas en el IVA por los periodos fiscales enero a diciembre de 2016 y en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2016. Alega que en su primer acto de defensa, recusó con causa al Juez administrativo interviniente y planteó la inconstitucionalidad de la ley 11.683.
Alega que respecto de la inidoneidad objetiva, se indicó que es irrefutable que el funcionario de la AFIP que interviene como Juez administrativo se encuentra comprendido en la causal objetiva de recusación, puesto que el mismo es compañero de trabajo de los funcionarios que intervinieron en la inspección y que promovieron la apertura del procedimiento de determinación de oficio y el sumario infraccional, es empleado en relación de dependencia del mismo empleador de los que actúan en este procedimiento como “acusadores”, con lo cual, la AFIP interviene como juez y parte en este juicio administrativo, siendo un mismo órgano administrativo el que investiga, acusa y juzga; por lo que es notable la ausencia de la garantía de neutralidad.
Indica que se expuso sobre la procedencia formal del planteo de inconstitucionalidad y, en lo sustancial, se alegó que la garantía constitucional de imparcialidad e independencia del juzgador, en todo tipo de litigio en el que se controvierta y juzgue sobre derechos patrimoniales o sanciones de naturaleza penal, lo establecen categóricamente las normas supranacionales con jerarquía constitucional ut supra invocadas, de las que surge con nitidez que en todo litigio debe intervenir un juzgador que sea independiente e imparcial, que actúe con objetividad, neutralidad y ecuanimidad, lo que obviamente no se cumple con el Juez administrativo que debe intervenir en este procedimiento de determinación de oficio (art. 17, ley 11.683).
Indica que la resolución dictada es una demostración palmaria de las afirmaciones de la recurrente al recusar, puesto que en la mismísima sentencia administrativa se impugna, modifica lo que fue objeto de la vista, se reliquida la deuda imputada, todo dictado por un mismo funcionario que actúa, así, como Juez y parte interesada, cohesionándose los roles en un mismo funcionario, quien actuó con notoria homogeneidad fiscal, exhibiendo claramente la ausencia total de imparcialidad, ecuanimidad, independencia y objetividad.
Cuestiona la sentencia apelada y a todo el procedimiento posterior al planteo de inconstitucionalidad, puesto que el juicio está viciado de nulidad por haberse soslayado, eludido e ignorado la defensa y su tramitación en sede judicial, tal como corresponde, dada la falta de autoridad jurisdiccional del a quo. La garantía de la defensa en juicio y el debido proceso legal le imponía al a quo, al no admitir la recusación, el deber ineludible de remitir la causa al Juzgado competente, para que tramitase la defensa de inconstitucionalidad de previo y especial pronunciamiento, lo que debió hacer antes de dictar sentencia Señala que la sentencia impugnada decide impugnar la declaración jurada presentada por la recurrente, de modo distinto al que fuera observada en la vista que dio lugar al trámite de la determinación de oficio, con lo cual se viola la garantía de la defensa y el debido proceso legal, porque el a quo modifica arbitrariamente lo que fue objeto de la pretensión del Fisco y, unilateralmente, actuando como la personificación unitaria que es la AFIP, realiza una nueva determinación de oficio y se aprueba a sí misma, demostrándose ostensiblemente la ausencia total de imparcialidad, neutralidad y objetividad.
Afirma que la pretensión recursiva no tiene por objeto la impugnación de monto alguno, sino que se cuestiona los vicios in procedendo de la resolución apelada.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que mediante IF-2021-53358421-APN-DTD#JGM e IF-2021-45152069-APN-DTD#JGM el Fisco contesta el traslado, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirme el acto apelado, con costas.
Manifiesta que las presentes actuaciones tienen su origen en la fiscalización practicada a la actora, inscripta ante este Organismo bajo la C.U.I.T. N° 20- 20677333-3, a fin de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a los Impuestos al Valor Agregado, periodos fiscales enero a diciembre de 2016 e Impuesto a las Ganancias período fiscal 2016.
Al respecto y en cuanto al primero de los agravios relativos a la falta de recusación del juez administrativo, señala que el organismo cuenta con las facultades de verificación respecto del correcto cumplimiento de las normas relativas al impuesto bajo análisis, lo que derivó en la apertura de la fiscalización que da origen a los presentes actuados en un todo de acuerdo con la normativa vigente, otorgando a la actora todos los derechos que le asisten a fin de poder esgrimir las defensas que considerara pertinentes.
En cuanto a los demás planteos de nulidad efectuados, esto es, la determinación de oficio distinta a la efectuada en la vista corrida, Destaca lo ya manifestado por el juez administrativo en tanto con posterioridad a dicha vista y teniendo en consideración el descargo efectuado por el contribuyente, después de analizar los argumentos alegados y las pruebas presentadas, se excluyeron del ajuste los ingresos y débitos fiscales de las facturas supuestamente emitidas a Francisco Pedro AUDRITO y se modificó la liquidación proyectada por la fiscalización, determinando de oficio las obligaciones mensuales del tributo según la Resolución N° 015/2021 y 016/2021 (DV RRME) objeto de la apelación.
Señala que la determinación final fue distinta ya que se tomaron en consideración las pruebas aportadas por la contribuyente en el marco de su descargo, y finalmente el ajuste ultimo y por el que se reclama en estos actuados, es menos gravoso para la contraria que el perfilado en la vista corrida, motivo por el cual no se vislumbra un agravio concreto, sino todo lo contrario.
Afirma que del análisis de las actuaciones no se desprende que el accionar del Organismo Fiscal fuera arbitrario ni que haya afectado el derecho de defensa de la recurrente, sino que se ha seguido con los lineamientos establecidos por la Ley N° 11.683 (t.o. citado), habiéndose respetado la garantía del debido proceso. Indica que no fueron vulnerados los derechos de la actora toda vez que en distintas oportunidades tuvo ocasión no sólo de ser oído sino también de ofrecer prueba, motivo por el cual no se observan vicios que imponga la nulidad invocada. Caso contrario se estaría consagrando la nulidad por la nulidad misma, cuestión que ya fue superada en forma pacífica a lo largo de distintos pronunciamientos jurisdiccionales.
Indica que la posibilidad de ejercer el derecho de defensa del apelante fue pleno, su posibilidad de ser oído, de plantear todas las pruebas a su alcance para lograr la plenitud del derecho indicado. No se vislumbra ni remotamente que la decisión a la que arribó el juez administrativo no estuviera fundada en los hechos de la causa, así como el derecho aplicado no sea el vigente que se corresponde con los hechos ventilados en el expediente. En lo que hace a los agravios de inconstitucionalidad que pretende hacer valer la contraparte respecto de la Ley de Procedimientos Tributarios (por entender que la misma viola las garantías constitucionales de imparcialidad e independencia), señala que esta no es la instancia idónea para efectuar tal planteo, debido a que el Tribunal Fiscal no debe expedirse acerca de la constitucionalidad de las normas legales y reglamentarias de aplicación, ya que carece de semejante competencia por resultar dicha facultad reservada únicamente al Poder Judicial de la Nación. Señala que el cargo formulado en la resolución de vista son el ajuste de mayores ingresos que surgen del cómputo de facturas y recibos manuales y electrónicos no incluidos en su Libro de IVA Ventas ni en sus declaraciones juradas de Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias.
Afirma que en cuanto al procedimiento de determinación de oficio, es aplicable la regla "onus probandi incumbit el qui dicit", donde la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En cuanto a los intereses resarcitorios señala que la actora no efectúa ningún agravio respecto de su aplicación, motivo por el cual se encuentra fuera del objeto de discusión, a titulo ilustrativo corresponde señalar que está acreditada la falta de pago del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias en su justa medida y que en consecuencia en el presente caso se aplicaron los intereses resarcitorios que establece el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Tributario en los siguientes términos "La falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio”
III. Que mediante INLEG-2021-61106203-APN-VOCVI#TFN se resuelve acumular el expediente EX-2021- 17625391- -APN-SGAI#TFN al que lleva el EX-2021-17623134- -APNSGAI#TFN. Mediante PV-2022-
79054874-APN-VOCV#TFN se elevaron los autos a consideración de la sala “B”. y mediante IF-2022-
81748465-APN-VOCV#TFN pasan los mismos a sentencia.
IV. Que conforme surge de las actuaciones administrativas el contribuyente aportó los Libros IVA Compras e IVA Ventas de los periodos fiscales abril a diciembre de 2016 dando cumplimiento parcial al requerimiento de la documentación de todos los periodos fiscalizados.
Ademas se glosaron las impresiones de los datos obrantes en los sistemas de la AFIP relacionados con el contribuyente: bienes registrables, impuestos y regímenes en que se encuentra inscripto, declaraciones juradas presentadas, acreditaciones bancarias informadas por el SITER, Régimen de información de compras y ventas, puntos de ventas habilitados, solicitudes de impresión de facturas manuales con CAI solicitados y facturas electrónicas emitidas.
Se observo que las acreditaciones bancarias del año 2016 resultan superiores a la suma de los ingresos gravados mas débitos fiscales declarados por el contribuyente.
La fiscalización detectó que la recurrente no registro en el Libro IVA Ventas facturas emitidas en forma manual informadas por sus clientes en el Régimen Informativo de Compras y Ventas (Resolución General AFIP 3685/14). Se circularizaron a los clientes de esas facturas y aportaron información y fotocopias de facturas, recibos, resúmenes bancarios y demás documentación que acreditan las operaciones.
Ademas se agregaron las impresiones de facturas electrónicas obrantes en los sistemas de la AFIP, emitidas por el contribuyente bajo el Régimen Especial de Emisión y Almacenamiento Electrónico de Comprobantes, que no registro en el Libro IVA Ventas.
En consecuencia se ajustaron los ingresos gravados y débitos fiscales de los periodos fiscales enero a diciembre de 2016 adicionándole a los declarados por GEUNA, los correspondientes a las facturas electrónicas y manuales no registradas, salvo la factura N° 0004-00000875 por cuanto su CAI es invalido y los productos facturados no se corresponden con la actividades declaradas por el contribuyente.
Se consideraron como pago a cuenta las retenciones y percepciones declaradas por el contribuyente. Como resultado de la fiscalización, se proyectaron las liquidaciones rectificativas en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales enero de 2016 a diciembre de 2016 e Impuesto a las Ganancias períodos fiscal 2016 La vista en cuestión no se agota con el detalle de los cargos que se formulan sino que se complementa con la posibilidad de evaluar las actuaciones producidas en sede administrativa y, ademas, otorga al contribuyente los mas amplios derechos para alegar y producir pruebas.
En el presente caso, según consta en el acta del 10 de febrero de2020, se facilito al Sr GEUNA la totalidad de los antecedentes para tomar vista y conocimiento de ellos y se le entrego fotocopias de las fojas del expediente que consideró necesarias. En consecuencia la recurrente ha tenido acceso al expediente y ha satisfecho su necesidad de individualizar las facturas manuales cuya emisión le atribuye la AFIP y conocer los demás antecedentes relacionados.
En primer término se repite que el cargo formulado en la resolución de vista son los ajustes de mayores ingresos y débitos fiscales que surgen del computo de facturas y recibos manuales y electrónicos no incluidos en su Libro de IVA Ventas ni en sus declaraciones juradas.
La labor de auditoria fiscal fue reconstruir los Libros de IVA Ventas sobre la base de la información obrante en los sistemas y la aportada por los clientes circularizados que obra a fojas 123 de ese cuerpo de antecedentes y 159 del legajo de Impuesto a las Ganancias.
Entrando en detalle se observa que las ventas y servicios que no fueron declarados son los facturados con comprobantes de emisión manual a MEDI SISTEM SRL, JASTRZEBSKI Pablo Damian, AUDRITO Francisco Alberto, BLACK SHADOW S.A., BERARDI, Julio A, PIEDRAFINA SRL. y no se observan diferencias respecto de las facturas electrónicas computadas en las declaraciones juradas.
Que en cuanto a los comprobantes manuales, si bien el contribuyente tomo vista del expediente y obtuvo fotocopias de los comprobantes ajustados, solo desconoce como propias las facturas que se registran emitidas a Francisco Pedro AUDRITO, rechaza su autenticidad, opone que las facturas sistémicas incluidas en la Resolución General 3685/14 difieren con las informadas por este supuesto clientey, ademas, discrepa que se computaron comprobantes con fecha de emisión posterior al vencimiento del CAI.
Teniendo en cuenta lo alegado, se realizó la compulsa de los comprobantes y efectivamente la inspección computo once (11) facturas, mientras que AUDRITO, en respuesta al requerimiento, solo informo ocho (8) comprobantes.
El periodo junio de 2016 incluye los ingresos y el débito fiscal de la factura no informada por AUDITRO N° 0002-00000850 que no fueron ajustados, ya que la declaración jurada rectificativa presentada el 17 de abril de 2018 fue presentada en conformidad con la fiscalización anterior (O.I.N° 1.633.416); en consecuencia, de las facturas no informadas por la circularización solo corresponde descartar las N° 2-917 y N° 2-910. En cuanto a las facturas informadas por AUDITRO, se observa que cuatro (4) facturas tienen fecha de emisión posterior el vencimiento del CAI (14/08/2016) en consecuencia le asiste razón al contribuyente en cuanto a que no corresponde computar los ingresos y débitos fiscales de estas cuatro facturas.
Las facturas que restan son las N° 2-842, 2-846, 2-848 y 2-903, y según la copia de los comprobantes aportados por su cliente el concepto es por la venta de alfalfa en pellets con maíz y yeso agrícola puesto en el campo, actividad no declarada por GEUNA, que es abogado, y los domicilios consignados en los comprobantes no coinciden con los declarados.
Por los indicios señalados se considero viable no computar como ingresos y débitos fiscales las facturas supuestamente emitidas a Francisco Pedro AUDRITO y modificar la liquidación proyectada por la fiscalización.
V. Que, en primer lugar, corresponde avocarse al tratamiento de los planteos de nulidad opuestos por la actora, donde argumenta que recusó con causa al Juez administrativo interviniente y planteó la inconstitucionalidad de la ley 11.683.
En cuanto a la nulidad opuesta por la actora por considerar violado el principio del juez imparcial, al tratarse del mismo funcionario el que llevó adelante la actividad de instrucción y el que dictó la resolución determinativa, invocando la doctrina emanada de nuestro Alto Tribunal en el caso Llerena. (CSJN, "Llerena Horacio Luis s/abuso de armas y lesiones —arts. 104 y 89 del Cód. Penal causa 3221", 17/05/2005, fallos 328:1491) y lo dispuesto por los tratados internacionales, cabe remitirse a lo resuelto por esta Sala “B” con fecha 30/8/2012 en los autos “VIETTO, Mario Antonio”, donde se sostuvo “Que respecto de la falta de independencia e imparcialidad, que advierte la recurrente en el carácter de juez administratrivo del que está investida la
funcionario firmante de la resolución recurrida, la que aparece en la relación jurídico-tributaria como acreedor y
con su actuación al determinar el tributo viola el art. 109 de la C.N. Al respecto, cabe destacar que la actuación llevada a cabo por la Administración Fiscal ha sido dentro de un procedimiento administrativo que no reviste naturaleza judicial, y que se encuentra expresamente reglado en la Ley N° 11.683.”
“Que, asimismo, respecto de las garantías que a favor del administrado surgen del artículo 8°, apartado 1, del Pacto de San José de Costas Rica, de rango constitucional, cabe recordar lo que al respecto expresara la Alzada en la causa “Colfax S.A. (TFN 11.715-I) c/Fisco Nacional s/medida cautelar” de fecha 12/5/2000, al expresar que “...la previsión contenida en la invocada cláusula del Pacto de San José de Costa Rica relativa a la necesaria intervención de un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, se exhibe plenamente satisfecha, desde que, en la especie, la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación responde a tales exigencias”.” “Que el procedimiento tributario es un procedimiento de comprobación que lleva a cabo la Administración tributaria con el fin de determinar el tributo, liquidar sus accesorios y, en su caso, aplicar multa. Culmina en un acto administrativo cuya naturaleza no es jurisdiccional. Aquí -como señala Carnelutti- la Administración “juzga y manda para el desenvolvimiento de un interés en conflicto y no para la composición del conflicto: se trata de un juicio y un mandato de parte, no de un juicio y de un mandato imparciales, puesto que la autoridad administrativa es uno de los sujetos en conflicto, mientras que la autoridad judicial se halla sobre los sujetos en conflicto”.” “Que, con respecto a la inconstitucionalidad alegada por la recurrente, cabe hacer notar que el artículo 185 de la ley de rito impide a este Tribunal una declaración en contra de la validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras, excepto que hubiera un fallo del Más Alto Tribunal en ese sentido, pero obviamente se puede examinar la cuestión y pronunciarse por la afirmativa. El recurso ante la Alzada judicial y el caso federal aseguran el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad efectuado por los contribuyentes.”
Cabe recordar que en similar sentido la Sala “C” de este Tribunal in re “Jockey Club Asociación Civil”, sentencia del 29/04/2010, sostuvo que “...si la imparcialidad objetiva se vincula con el hecho de que el juzgador muestre garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad, la aplicación de este principio al ámbito administrativo, llevaría a la conclusión de impedir la realización de cualquier actividad administrativa jurisdiccional por parte de los funcionarios de los organismo del Estado, quienes por cumplir debidamente su función dentro de la esfera administrativa con dependencia funcional y remunerativa de la administración revisten una parcialidad manifiesta”, concluyendo en consecuencia que “...es en el ámbito de los procesos jurisdiccionales: Tribunal Fiscal como órgano separado de la administración activa y en la instancia judicial en que el juzgador opera como un tercero imparcial frente al fisco y el contribuyente, y donde cobra plena vigencia la garantía cuyo resguardo es solicitado por el recurrente para la instancia administrativa, donde dicho planteo carece de todo asidero.”
Atento lo expuesto precedentemente deben desestimarse los agravios de nulidad articulados por la recurrente en autos.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal, en el procedimiento anterior a su dictado, se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Asimismo en lo relativo a los argumentos de la actora por cuanto considera que la sentencia impugnada decide impugnar la declaración jurada presentada por la recurrente, de modo distinto al que fuera observada en la vista que dio lugar al trámite de la determinación de oficio cabe aclarar que le asiste razón al criterio esgrimido por el Fisco Nacional en tanto con posterioridad a dichas vistas y teniendo en consideración el descargo efectuado por el contribuyente, después de analizar los argumentos alegados y las pruebas presentadas, se excluyeron del ajuste los ingresos y débitos fiscales de las facturas supuestamente emitidas a Francisco Pedro AUDRITO y se modificó la liquidación proyectada por la fiscalización, determinando de oficio las obligaciones mensuales del tributo según la Resolución N° 015/2021 y 016/2021 (DV RRME) objeto de la apelación.
En consecuencia, no corresponde acoger los agravios de nulidad articulados por la recurrente.
Por otro lado cabe advertir que la recurrente en su escrito de apelación se ha limitado a plantear nulidades en el proceso de fiscalización sin introducir agravio alguno contra la cuestión de fondo, por lo que la presentación efectuada carece de los requisitos mínimos que permitan la consideración del remedio articulado, debiendo recordarse que en la instancia de este Tribunal no hay recurso de nulidad autónomo, es decir, que por involucrar o comprender el recurso de apelación al de nulidad, este último no prospera o es improcedente si los agravios se limitan a poner en tela de juicio la validez del acto recurrido sin impugnar lo que éste decide como inadecuado a derecho (ver en igual sentido, el pronunciamiento recaído in re “Kowzef S.A.”, sentencia de la Sala “B” del 29/11/2006).
Al respecto, cabe recordar que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
En este contexto debe señalarse que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Que, siendo ello y no habiendo la actora intentado mínimamente desvirtuar las argumentaciones de hecho y derecho en que se fundan los ajustes proyectados en las resoluciones recurridas, cabe concluir que corresponde su confirmación.
VI. Que por su parte, no habiendo tampoco expresado la actora agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.12 15:36:23 ART Date: 2022.08.12 16:37:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.12 16:41:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.12 16:42:13 -03:00
Fin de la sentencia