Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que, a fs. 10/22vta, 78/127, 301/352, 387/390 y 444/457 se presenta el contribuyente e interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones N° 159/2007 (DV MRRI), N° 157/2007 (DV MRRI), 158/2007 (DV MRRI), 155/2007 (DV MRRI) y 156/2007 (DV MRRI), respectivamente, todas ellas de fecha 29/10/2007 y emanadas de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En virtud de la Resolución N° 155/2007 (DV MRRI), por el período fiscal 2002, la AFIP resuelve que el contribuyente deberá ingresar la suma de pesos trecientos sesenta y un mil setenta y uno con noventa y tres centavos ($361.071,93) en relación al Impuesto a las Ganancias y el monto de pesos trescientos noventa y dos mil novecientos sesenta y seis con sesenta y dos centavos ($392.966,62), en concepto de intereses resarcitorios conforme lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Nº 11.683.
Con respecto a la Resolución N° 156/2007 (DV MRRI), se le determina al contribuyente la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y cuatro con cincuenta y nueve centavos ($456.794,59) por el período fiscal 01/2002 a 12/2002 con relación al Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas. Asimismo, se lo intima a ingresar en concepto de intereses resarcitorios conforme el artículo 37 de la ley ritual, el monto de pesos seiscientos treinta y tres mil doscientos veinte con ochenta y seis centavos ($633.220,86).
Con respecto a la Resolución N° 157/2007 (DV MRRI), se le impone la obligación de ingresar en relación al Impuesto al Valor Agregado la suma de pesos quinientos sesenta y dos mil trescientos cuatro con treinta y nueve centavos ($562.304,39) por los períodos fiscales 01/2002 a 09/2003 y 11/2003 a 12/2003. A su vez, se le determinan intereses resarcitorios conforme lo dispuesto por el artículo 37 de la ley ritual por la suma de pesos seiscientos cincuenta y siete mil novecientos diez con nueve centavos ($657.910,09).
Con relación a la Resolución N° 158/2007 (DV MRRI), se le determina a ingresar en relación al Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas, por los meses 01/2003 a 09/2003, 11/2003 a 12/2003 y 01/2004, el monto de pesos seiscientos ochenta y siete mil doscientos seis con ochenta y cinco centavos ($687.206,85). En concepto de intereses resarcitorios (conforme lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de rito), se lo obliga a ingresarla suma de pesos setecientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cuatro con cincuenta y seis centavos ($717.484,56).
Con respecto a la Resolución N° 159/2007 (DV MRRI), se le determina al contribuyente la suma de pesos quinientos cuarenta y un mil setecientos ochenta y nueve con noventa y cuatro centavos ($541.789,94) por el período fiscal 2003 con relación al Impuesto a las Ganancias. Asimismo, se lo intima a ingresar en concepto de intereses resarcitorios conforme el artículo 37 de la Ley N° 11.683, el monto de pesos trescientos noventa y tres mil quinientos veinte con diez centavos ($393.520,10).
En las resoluciones apeladas no se aplican sanciones por los impuestos discutidos en los periodos cuestionados. La actora afirma que se dedica a la comercialización de desechos cárnicos de todo tipo y los vende a los derretidores los cuales los industrializan para diversos usos, principalmente, comestibles.
Sostiene que, al tratarse de mercaderías perecederas, en cuanto a que debe conservarse muy poco tiempo fuera del frío, no puede almacenarse por lo que debe ser recolectada y vendida en el día, ya que de lo contrario, no podría ser utilizable para los fines a que está destinada. A su vez, la sociedad no posee cámara frigorífica debido a que es una maquinaria sumamente costosa y no sería viable su comercialización teniendo en cuenta el precio de la mercadería. Asevera que el producto vendido es obtenido muchas veces en forma directa desde carnicerías, supermercados y frigoríficos del Gran Buenos Aires y, en otras oportunidades, lo hacen por cuenta y orden de terceros a los cuales le cobran la respectiva comisión. Así, siempre recibían la mercadería con la documentación respectiva, la cual provenía de cada uno de los proveedores con los que, en reiteradas ocasiones, no estaban en contacto directo, sino por intermedio de sus representantes.
Indica que los comprobantes contenían los datos que la resolución del Organismo exigía (RG 3419). A su vez, no se le puede exigir el control de los mismos, máxime cuando la propia norma así no lo exige.
Sostiene que presenta modestas dimensiones económicas por lo que no cuenta con la estructura administrativa necesaria para efectuar un chequeo de todas las adquisiciones, más que el que surge de un control visual de los comprobantes que acompañan la mercadería. En este sentido, destaca que, en ese momento, no era obligatorio verificar los datos de las facturas de compra ni existía posibilidad de hacerlo en Internet.
Afirma que del informe pericial elaborado en sede administrativa en conjunto con el perito de AFIP, se desprende que los kilogramos de mercadería adquirida y luego enajenada guardan relación e incluso la mercadería vendida es mayor a la adquirida.
De este modo, indica los kilogramos de mercadería consignados en las facturas impugnadas por AFIP, efectivamente ingresaron a la empresa y fueron entregadas a los clientes, circunstancia que hace plenamente aplicable la disposición del artículo 38 inc a) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ya que no podrían venderse los kilos que previamente no fueron adquiridos.
En esta línea argumentativa, sostiene que los camiones cuentan con la habilitación del SENASA mientras que la empresa no la necesita dado que lo único que hace es llevar la mercadería desde el frigorífico o la carnicería hasta la fábrica de industrialización de estos productos.
Razona que no contaba con depósitos en función de que conservar la mercadería, por el consumo de electricidad que conlleva una cámara frigorífica, no se justificaba al resultar antieconómico por el escaso valor del kilogramo de los desechos objeto de la comercialización motivando que no se lleven inventarios permanentes, circunstancia que fue objeto de reiteradas explicaciones a los inspectores y peritos intervinientes. De esta manera, le causa sorpresa como la AFIP logra determinar que los kilogramos de mercadería vendidos y adquiridos por día muestran "severas inconsistencias", cuando el trabajo de los peritos fue totalizando las compras y ventas por mes.
Declara que la determinación de oficio sobre base presunta donde se le asigna el carácter de salidas no documentadas a los comprobantes de compras impugnados por el Fisco Nacional fueron producto de la inspección que determinó su aparente o presunta falsedad, circunstancia que de ninguna forma podría haber comprobado la AFIP por sus propios medios.
Asegura que la Administración abusÓ de sus facultades para tener como indicios la falsedad de los comprobantes y la falta de declaraciones juradas por parte de terceros (proveedores), al haber considerado en tal carácter al incumplimiento de sus obligaciones fiscales. En el mismo sentido, como consecuencia de tales indicios, irrazonablemente establece la presunción de la existencia de un hecho imponible, llegando al extremo de hacer pesar sobre el contribuyente la responsabilidad por la conducta fiscal de un tercero sin importar ninguno de los principios constitucionales sobre la materia.
De este modo, alega que los funcionarios incluyen como indicios las conductas fiscales de terceros para proceder a estimar sobre base presunta una inconducta fiscal y responsabilizarlo aplicándole una sanción sin haber averiguado la existencia real de las operaciones.
Asegura que, los mismos comprobantes que dieron lugar a la impugnación de las compras, fueron objeto de la aplicación (de forma indebida) del instituto de la salida no documentada a través del artículo 55 del Decreto que reglamenta la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Expresa que, lamentablemente, las acciones llevadas adelante por los inspectores actuantes, no se orientaron en ningún momento a verificar la posibilidad de que las compras cuyos comprobantes son impugnados, realmente hayan existido, circunstancia que hubiera podido ser acreditada, por ejemplo, al analizar los kilos vendidos y los adquiridos mediante los comprobantes impugnados y no impugnados.
En este sentido, manifiesta que, en este caso, no es posible la aplicación del instituto de la salida no documentada, donde lo que se cuestiona es la validez o no de los comprobantes respaldatorios, pero donde los mismos existen y han sido aportados a la AFIP. Es decir, este instituto no ha sido creado para el caso de comprobantes impugnados o posibles facturas apócrifas.
Ratifica que, todas las operaciones cuestionadas poseen respaldo documental por lo que no se da la situación en autos teniendo en cuenta el carácter taxativo del art. 37 de la Ley de Impuesto las Ganancias.
Confirma que, si el ente fiscal le atribuye la omisión en no constatar la veracidad fiscal de los proveedores, estaría invirtiendo la carga de la prueba sin entender la razón por la cual el legislador modificó dicha obligación a través de la Ley N° 25.795.
Dice que el único elemento que el Fisco Nacional ha considerado a fin de imputar su responsabilidad es la de no haber podido ubicar en sus domicilios fiscales a los proveedores cuestionados y la falta de cumplimiento por parte de éstos de sus obligaciones tributarias.
Resalta que de los dichos de los contadores que realizaron el informe pericial en sede administrativa, surge que las constancias poseen todos los atributos que la ley exige. Al momento en que se emitieron estos comprobantes no existía obligación por parte del contribuyente de controlar a través de medios informáticos sobre las cuestiones fiscales de dichos documentos.
Informa que la pericia contable aportó que se encuentran vendidos, facturados y, por supuesto, no cuestionados por la AFIP, más kilos de mercaderías que los comprobados, por lo que resulta alarmante la afirmación de Organismo en cuanto a que no comprobó que las operaciones son verdaderas ya que, del otro modo, nunca se podría haber vendido lo que no se compró.
Explica que, el Fisco Nacional, insiste maliciosamente con el tema de la faena cuando en realidad, no tiene ganado (es decir que no carnea) por lo que simplemente compra los desechos de la carne luego de la faena, operación que hacen carnicerías, frigoríficos, matarifes, etc. Por lo tanto, no puede poseer mercadería para vender a la fabrica industrializadora de estos productos si no los compra.
Con respecto a los intereses impuestos en las determinaciones de oficio apeladas, manifiesta que resultan a simple vista confiscatorios y usurarios ya que importan el aumento de la deuda en un alto porcentaje. Finalmente, la actora hace reserva del caso federal.
II. Que, a fs 30/45vta, fs. 142/157vta, fs. 358/376vta, fs. 412/429vta y fs. 466/484 se presenta el Fisco Nacional y contesta los recursos interpuestos por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Solicitando se rechace los recursos intentados con expresa imposición de costas. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y hace reserva del caso federal.
III. Que, se ordenó la apertura a prueba de la presente causa haciendo lugar a la prueba informativa, testimonial y pericial propuestas por la actora A fs. 183/235 obra la contestación del oficio dirigido a Mercantil Andina S.A. Cía de Seguros y a fs. 256, 257, 258 se encuentran agregadas las declaraciones de los testigos. Asimismo, a fs. 261/264 se acompañó el informe pericial contable.
Por ello, se clausura el período probatorio en las presentes actuaciones.
Con fecha 03/06/2011, el Tribunal en Pleno resolvió la acumulación de los Exptes. Nos. 30.514-I, 30.515-I y 30.517-I al que lleva el N° 30.513-I (y su acum. 30.516-I).
A fs. 578/590 se encuentran agregados los alegatos producidos por el Fisco Nacional no habiendo hecho uso la parte actora del derecho oportunamente otorgado.
Finalmente, a fs.592 se llamaron los autos para sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). Conforme se desprende de autos y de las actuaciones administrativas que corren por separado, en especial del informe de inspección obrante a fs. 1/15 del cuerpo del Impuesto a las Ganancias -Salida no Documentada, a fs. 21/32 del cuerpo del Impuesto a las Ganancias -Salida no Documentada y a fs. 687/703 del cuerpo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, el ajuste determinado se originó en base a múltiples irregularidades detectadas en las declaraciones juradas presentadas por CAMP GRAS S.A.
La fiscalización procedió a confeccionar papel de trabajo con declaraciones juradas proforma del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período 2002 (fojas 240 Cuerpo Ganancias) en la que se impugnaron los importes facturados por los proveedores presuntamente apócrifos (fojas 246 Cuerpo Ganancias), los honorarios distribuidos a los socios gerentes no asignados dentro del plazo previsto el art. 87 inc. j) de la ley de Impuesto a las Ganancias, (fojas 248 cuerpo Ganancias) y la diferencia entre los montos de los combustibles registrados en el libro Diario y los computados en el Balance General (fojas 247 Cuerpo Ganancias).
Con respecto al Impuesto al Valor Agregado, se verificaron de conformidad ciertos proveedores con las compras correspondientes al período Noviembre de 2002 en base a la documentación respaldatoria y las registraciones en el libro IVA Compras.
Sin embargo, gracias al análisis de las facturas de compras se detectaron numerosas irregularidades y en atención a lo dispuesto con respecto al Impuesto a las Ganancias, se impugnó al contribuyente el crédito fiscal de IVA correspondiente a los siguientes proveedores apócrifos: Miguel Vietri, Distriwest S.A., Segre Alimentos Balanceados S.R.L., Boral S.R.L. y Galga 4 S.R.L. Por lo tanto, se procedieron a efectuar los ajustes apelados en autos.
A continuación, se detalla cada proveedor impugnado, con su respectivo análisis:
1. MIGUEL VIETRI: Conforme lo manifestado por su representante (ver fs. 198/268 del Cuerpo “IVA I” e “IVA II” de las Actuaciones Administrativas), el mencionado proveedor falleció en Junio de 2002 y su sucesión continuó facturando mercadería a la rubrada hasta el 31/07/2002. A partir de esa fecha, los hijos constituyeron una nueva sociedad denominada La Ramona S.R.L. (dichas facturas se encuentran registradas en el libro IVA Compras del contribuyente) para continuar con las actividades, razón por la cual dejaron de operar como Miguel Vietri o como sucesión de Miguel Vietri. Asimismo, la última factura emitida por el Sr. Vietri fue la factura "A" N° 0001-00001747 con fecha 31/07/02 y que las facturas Nos 1642 a 1650 no se confeccionaron por tener el CAI Vencido. Se aportó como documentación respaldatoria el libro IVA VENTAS Rubrica N° 93.1118-99 d11-11-92 y copia de las facturas Nos 1641, 1687 y 1747 (última factura registrada) la que se corresponden con los registros en el libro IVA aportado.
En igual sentido, se le exhibieron al representante las facturas de compras aportadas por el contribuyente cuya fecha de emisión es posterior a 07-2002 manifestando que nunca fueron confeccionadas por el Sr. Vietri y que no corresponden a una impresión por él realizada. Posteriormente, el hijo del causante ratificó todo lo manifestado por el representante del causante.
De la consulta a la Base de datos de la AFIP se informa sobre la invalidez de CAI de la factura tipo "A" N° 0001- 00002798. A su vez, de la consulta a la Base de datos Factuweb sobre las impresiones de facturas realizadas para Miguel Vietri surge que las últimas facturas impresas son las comprendidas entre los números 0001-00001651 a 0001-00001850. Del mismo modo, la imprenta que al pie de las facturas del cuestionado proveedor desconoció haber impreso las mismas, Asimismo, las facturas impugnadas fueron abonadas en efectivo según acta N° 023-0075080 de 08/07/04 y Nota del contribuyente de igual fecha.
2. DISTRIWEST SA: (ver fs. 269/397 del Cuerpo “IVA II” de los Antecedentes Administrativos), se circularizó al Boletín Oficial a efectos de obtener los datos de la constitución y posteriores reformas de la sociedad. De esta manera, se constató la renuncia de los directores originales tiene fecha 02/02/04, día posterior a la que consta en las facturas de Distriwest S.A. aportadas por el contribuyente y a partir de la cual la empresa comienza a operar.
Se circularizó el domicilio comercial constatando que se trata de una casa particular donde desconocen a la firma. De la circularización al domicilio fiscal, se verificó que se trata de una panadería donde le informaron que al ocupante anterior le pagaban para recibir correspondencia de Distriwest S.A. pero que los actuales no quisieron aceptar esa oferta. El Sr. Carlos Alberto Cañete Cáceres, presidente de la firma informó que en el año 2000 cuando se encontraba sin trabajo se conectó con una persona que le ofreció ayuda económica a cambio de firmar unos papeles, desconociendo en ese momento que firmaba como presidente de la sociedad. Tampoco conoce a la firma Distriwest S.A. La carta de la circularización al director suplente fue devuelta al ser el domicilio inexistente.
La Imprenta Artes Gráficas Maipú 748 S.R.L. quien desconoció la factura de Distriwest S.A. emitida a CAMP GRAS S.A. y aportada por la recurrente. De la consulta en la Base de datos de la AFIP surge que el CAI es invalido. De la consulta a la Base de datos Factuweb sobre las impresiones de facturas realizadas para Distriwest S.A., se indica que no existen coincidencias entre los datos de la base y los de las facturas aportadas por la actora. Las facturas impugnadas fueron abonadas en efectivo según acta 8400 N° 023-0075080 del 08/07/04 y nota de la actora de igual fecha.
3. SEGRÉ ALIMENTOS BALANCEADOS SRL: (ver fs. 398/429 del Cuerpo “IVA II” e “IVA III” de los Antecedentes Administrativos) se circularizó al domicilio fiscal de la firma siendo atendido por una persona que informó que ocupa el inmueble desde fines del 2002 aproximadamente, que desconoce la mencionada sociedad y que le compró la propiedad a la hija del Sr. Segré luego del fallecimiento de su padre.
Posteriormente, una autorizada de la otra socia gerente de la firma confirma que el Sr. Segré falleció el 12/11/00 adjuntando el pertinente certificado de defunción y que la sociedad no desarrolla actividad desde hace años. Asimismo, sostiene que las facturas al momento en que la empresa se encontraba en funcionamiento no tenían impreso el logo de la sociedad tal como lucen en las facturas emitidas por Segré Alimentos Balanceados S.R.L. a CAMP GRAS S.A. y que fueran aportadas por la recurrente. A su vez, de la consulta a la Base de Datos de la A.F.I.P. a efectos de validar el CAI de las facturas surge que el mismo es invalido El representante de la empresa que figura en el pié de las facturas, Unigraf de J. Aleksiejonek y J. Márquez, desconoció la firma de Segré Alimentos Balanceados S.R.L. afirmando que las facturas que le son exhibidas en ese acto (emitidas a la actora y por ella acompañadas) no fueron impresas en su establecimiento. A su vez, indica que las facturas exhibidas tienen punto de venta numerado 0000, cuando en esa fecha ya debía utilizarse el punto de venta numerado a partir del 0001.
Las facturas impugnadas fueron abonadas en efectivo según acta 8400 N° 023-0075080 del 08/07/04 y nota de la actora de igual fecha.
4. BORAL SRL: (ver fs. 430/487vta del Cuerpo “IVA III” de los Antecedentes Administrativos) se circularizó al domicilio comercial no localizando persona alguna y constando que se trataba de un galpón abandonado. Se le preguntó al encargado de la estación de servicio situada enfrente del domicilio indicado quien informo que en aquel lugar no funcionaba ninguna empresa y que nunca observó estacionados camiones de transporte ni volcadores.
Las circularizaciones por correo a los domicilios fiscales de la sociedad, del socio Hernán Miguel Ochoa y de la socia gerente Estela Alvarez, han sido siendo devueltas al no haber sido localizandos los domicilios por ser desconocidos. El representante de la imprenta TGC Impresiones que figura en el pie de las facturas emitidas a la firma CAMP GRASS S.R.L., afirmó que las facturas exhibidas no fueron impresas en su establecimiento ya que difiere el pie de imprenta, la numeradora utilizada y la tipología de la fecha de impresión del trabajo.
Las facturas impugnadas fueron abonadas en efectivo según acta 8400 N° 023-0075080 del 08/07/04 y nota de la actora de igual fecha.
5. GALGA 4 SRL: (ver fs. 488/565 del Cuerpo “IVA III” de los Antecedentes Administrativos) se circularizó el domicilio fiscal y comercial que se trataba de un galpón en el que nadie contestó al golpear la puerta. Un vecino informó que allí funcionaba un depósito de una empresa metalúrgica y que desconoce a la firma GALGA 4.
El socio gerente Ernesto Chervin manifestó que se constituyó la sociedad con el objeto de comercializar prendas de vestir pero la misma nunca funcionó. El domicilio de la firma era Estrada N° 944 pero en el año 1998 fue vendido el galpón a una comercializadora de flejos de acero. Asimismo, oportunamente le fueron exhibidas las facturas emitidas al contribuyente y que este acompaño, desconociendo las mismas y agregando que ni él ni el otro socio, el Sr. Tambussi, facturaron ningún servicio a nombre de la empresa ni mandaron a imprimir factura alguna.
El representante de la imprenta Gráfica Manzzini que figura en el pié de imprenta de las facturas emitidas a CAMP GRASS S.R.L., afirmó que las facturas exhibidas no coinciden con el modelo utilizado en su empresa y acompaña una a tal fin.
Las facturas impugnadas fueron abonadas en efectivo según acta 8400 N° 023-0075080 del 08/07/04 y nota de la actora de igual fecha.
Sin perjuicio de lo mencionado ut supra, se ha habilitado a CAMP GRAS SRL a probar la real existencia de las operaciones que dieron lugar a los ajustes con relación a los proveedores informados, más allá de los medios de pago utilizados, conforme el art. 34 de la ley de rito, pero la actora no aportó medio probatorio relevante que pruebe de manera fehaciente las intervenciones de los proveedores que surgen de los comprobantes, ni la percepción del dinero por parte de tales sujetos, ni que se haya desempeñado actividad alguna en todas las operaciones cuestionadas en el sentido de entregarse bienes o prestarse servicios.
A partir de allí, en ejercicio de su derecho de contradicción, la actora debió haber acreditado la realidad de las operaciones, importes y sujetos intervinientes, , lo que no ocurrió en el caso traído a sentencia.
Lejos se encuentran los agravios de la recurrente con respecto a que las impugnaciones a los proveedores Distriwest S.A., Boral S.R.L., Galga 4 S.R.L., Miguel Vietri y Segre Alimentos Balanceados S.R.L. se encontraban fundadas por el Fisco Nacional en el hecho de no haber podido ubicar a los proveedores cuestionados en sus domicilios fiscales y a la falta de cumplimiento por parte de éstos de sus obligaciones tributarias.
Corresponde destacar que la prueba producida y agregada en autos no logra derribar la posición fiscal. En efecto, sobre la base de la impugnación de las facturas de ciertos proveedores, falta prueba que permita concluir que las operaciones cuestionadas fueron efectivamente realizadas, , por lo que los agravios de la recurrente, al no ser sustentados por actividad probatoria idónea, resultan meras consideraciones dogmáticas que lejos se encuentran de conmover el criterio fiscal. Las declaraciones testimoniales glosadas a fs. 256/258 en modo alguno resultan aptas para conmover una determinación como las que aquí se encuentran en crisis, con los alcances que ha delineado el legislador en el último párrafo del artículo 18 de la Ley N° 11.683.
Por lo demás, este Tribunal tiene dicho en reiteradas oportunidades, en consonancia con cita de doctrina jurisprudencial de nuestro Alto Tribunal, que la prueba testimonial en sede fiscal posee un valor probatorio acotado. Al respecto, y entre otros, cabe citar lo señalado por la Sala "B" in re "Wree Helmuth Tomás" (sentencia del 30/9/2002) donde se dijera "Que, la prueba testimonial en materia fiscal tiene un valor probatorio acotado, frente a otras circunstancias que resultan probadas... Que, las personas deponentes revestían, en varios casos, características de cuasi dependientes, familiares o amigos del actor...Que, al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene inveteradamente resuelto que la prueba para desvirtuar la determinación del Fisco puede ser ampliamente desarrollada “aunque claro está que esa prueba no puede consistir únicamente... en certificaciones testimoniales de sus propios dependientes...porque de admitirse tal procedimiento, los fraudes fiscales quedarían impunes” (CSJN in re S.I.A. S.A. 06/09/1967). En idéntico sentido, la contestación del oficio dirigido a Mercantil Andina S.A. Cía de Seguros, no logra aportar elementos contundentes que permitan desvirtuar los ajustes discutidos en autos con respecto a la poliza de seguros de los camiones.
Con relación al informe pericial contable presentado en sede administrativa obrante a fs. 801/813 del Cuerpo “IVA V” de los Antecedentes Administrativos, libros contables de la recurrente tienen asientos de fechas anteriores a su rúbrica.. Asimismo, de dicha pericia contable, surge que la sociedad no se encontraba inscripta en el SENASA. No se han exhibido documentos de los que surja la existencia de depósitos o locales de guarda de existencias de mercaderías. Además, la sociedad no registra inventarios en sus cierres de ejercicio. No fue proporcionada documentación alguna ni se identificaron los intermediarios por los periodos cuestionados con respecto a la adquisición de subproductos tal como informara oportunamente la recurrente de autos.
Del mismo informe pericial, el perito de la actora destaca que si bien no hay entrega de remitos en relación a los proveedores cuestionados tampoco existen remitos de operaciones realizadas con otros proveedores los cuales no fueron discutidos. El perito de la recurrente destaca las razones por las cuales no se acompañó documentación que informe correctamente el proceso de pesaje de los subproductos adquiridos con las operaciones observadas. A su vez, los peritos destacan que no es posible verificar el circuito de compras, en razón de la inexistencia de tickets de pesada y remitos que amparen tanto la entrega como de ventas. Tampoco se señalaron los establecimientos físicos de donde se retiraron los subproductos facturados por los proveedores cuestionados V.- Que, según lo expuesto, con respecto al ajuste en el Impuesto al Valor Agregado, a juicio de este Tribunal conforme las constancias de los Antecedentes Administrativos y de las presentes actuaciones, cabe anticipar que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto de los proveedores cuestionados se encuentra debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las facturas y la capacidad de lo proveedores declarados como quienes han comercializado los bienes.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Cabe tener presente que en materia de determinaciones impositivas se admite la sustantividad de reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios, correspondiendo a quien la impugne, la documentación irrebatible de los hechos. En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinado a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última.
Debe por tanto determinarse si las probanzas aportadas por la apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la entrega efectiva de los bienes comercializados por parte de los proveedores que surgen de los comprobantes y su real representación en los créditos fiscales declarados.
Frente a los contundentes indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a los proveedores no confiables, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en un sinfín de argumentaciones que no hacen más que revelar su mero desacuerdo con las valoraciones realizadas por la fiscalización. Así las cosas, debe señalarse que una factura es considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real.
Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000). Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas..."
En este sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con la proveedora indicada en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’. Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Tal como explicara nuestro Más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto “el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
En síntesis, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente la existencia de tales proveedores y la participación de ellos en las operaciones cuestionadas, circunstancias que no ha demostrado al no presentar elementos de prueba que permitan evidenciar la real capacidad operativa, económica y financiera de estos supuestos proveedores. En virtud de lo expuesto, no procede el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto. En consecuencia, cabe confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en todas sus partes en relación con el Impuesto al Valor Agregado determinado en las Resolución N° 157/2007 (DV MRRI). Las costas se imponen a la actora.
VI. Que, por otro lado, en cuanto al cuestionamiento del Fisco Nacional respecto de la deducibilidad de los gastos efectuados en el Impuesto a las Ganancias, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del Impuesto al Valor Agregado, sino que en virtud de la normativa del Impuesto a las Ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los bienes, supuestamente subproductos de carne, han sido efectivamente recibidos para su posterior venta, no se ofreció ni aportó prueba tendiente a demostrar que sin las compras impugnadas no se hubiera podido realizar las ventas declaradas por la recurrente, ni se han arrimado elementos que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste.
Toda vez que la actora no alcanza a evidenciar el circuito comercial desplegado para tener por existentes a las operaciones impugnadas que permita inferir que fueron efectivamente realizadas, corresponde concluir que los agravios de la recurrente, al no ser sustentados por actividad probatoria conducente, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos volcados por el Fisco Nacional relativos a los ajustes efectuados, razón por la cual, sólo cabe disponer su confirmación.
En cuento al ajuste efectuado sobre el rubro honorarios se encuentra conformado por el subrubro profesionales y por el subrubro socios. Con respecto al primero de ellos, se constató que corresponde a facturación emitida a la firma de los profesionales: contadores, abogados, etc. Sin embargo, con relación al subrubro de socios, se verificó que mediante el mismo se deducían los honorarios, retirados por los socios gerentes de la firma y que no integran la cuenta particular expuesta en el activo. Dichos fondos no fueron asignados dentro del plazo previsto por el art. 87 inc. j) de la ley de impuesto a las ganancias. Tampoco han sido asignados posteriormente al vencimiento del plazo antes mencionado. A su vez, se constató que también durante el período 2003 la actora deduce honorarios sin que hayan sido asignados. En cuanto al rubro combustibles, de la verificación surge una diferencia entre el saldo del mismo de acuerdo a las registraciones en el libro Diario N° 2 Rubrica 61466-04 y el importe computado en el Balance General, Estado de Resultados período 2002. Asimismo, tanto por en el subrubro socios o en el subrubro combustibles, el contribuyente no realiza manifestaciones tendientes a explicar el resultado de la verificación ni alego ningún tipo de argumentación al respecto. Por lo tanto, corresponde confirmar los ajustes efectuados en estos rubros, con costas.
Por ello, corresponde confirmar todos los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en las las Resoluciones No. 155/2007 (DV MRRI) y 159/2007 (DV MRRI) con respecto al Impuesto a las Ganancias de la apelante, con costas.
VII. Que, continuando con el análisis de autos, deviene pertinente pronunciarse sobre las determinaciones realizadas por el Impuesto a las Ganancias - Salidas no documentadas-.
Tiene establecido el Más Alto Tribunal in re “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, de fecha 26/08/2003 (Fallos 326:2987), que “...debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario”. Asimismo, en la causa citada quedó sentado que “...como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos 323:3376, el instituto de las ‘salidas no documentadas’ ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos 275:83, citado en el mencionado precedente)”.
Lo aseverado se apoya en conocidos criterios, instituidos desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de que la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el campo penal y en el tributario- no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos 254:362; 256:277), o, dicho en otras palabras, que "...las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación" (Fallos 243:204 y su cita, entre otros).
En ese mismo sentido, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la Ley 11.683 (arts. 1° y 2° en el texto ordenado en 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de las mismas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica. Por ende, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse la erogación carece de respaldo documental.
En los presentes autos, en concordancia con lo expuesto hasta ahora, al apelante se le impugnaron facturas por considerarse apócrifas y al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago.
En momento alguno el contribuyente ha intentado demostrar que, en realidad, el pago fue directamente simulado y como consecuencia de ello la inexistencia de este tercero oculto que la ley presume para originar la obligación de ingreso a la tasa máxima.
Por el contrario, de distintos pasajes de los antecedentes administrativos y del propio libelo recursivo surgen afirmaciones que permiten asumir el reconocimiento de la existencia de dichas erogaciones que, al estar falsamente documentadas, generan la obligación tributaria que ahora se discute.
Concretamente, no se pudo demostrar la causa de la erogación, en la medida que no se encuentra acreditado que los proveedores efectuaron algún tipo de actividad que justifique el pago que la actora sostiene haber concretado. Asimismo, cabe tener presente aquí lo que para casos como éste ha señalado la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A.” de fecha 31/7/2012, en cuanto a que “(…) la mera localización de quienes emitieron las facturas no excluye la aplicación de la figura prevista en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, toda vez que esa circunstancia no significa que aquellos fueran los verdaderos beneficiarios de las erogaciones realizadas, de acuerdo con el criterio establecido en el citado precedente "Red Hotelera Iberoamericana", cuya doctrina fue seguida por el Tribunal Fiscal, y de la que se apartó la Cámara sin fundamentos validos”
En virtud de lo expuesto y ante la falta de prueba que demostrase tanto la veracidad de las operaciones cuestionadas respecto de los supuestos proveedores como la concreta individualización de los verdaderos beneficiaros de los pagos efectuados, corresponde la confirmación de las resoluciones 156/2007 (DV MRRI) y 158/2007 (DV MRRI) que determina el Impuesto a las Ganancias –salidas no documentadas- con más los intereses resarcitorios liquidados, con costas.
VIII. Que, con relación a los agravios concretos en materia de intereses resarcitorios impuestos en las determinaciones apeladas, lejos están de "ofender la moral y las buenas costumbres"(sic) tal como lo alegara la actora oportunamente. Asimismo, el informe pericial agregado en autos a fs. 261/264 con respecto a los intereses calculados no logran alejar al suscripto de lo resuelto con respecto a que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000), no habiéndose probado en autos que la mora fuera inculpable.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.08.26 17:01:26 ART Date: 2022.08.26 17:03:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.26 21:35:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.26 21:35:33 -03:00
Fin de la sentencia