Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 90/108 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones 067/2018 (DV RR1P) y 068/2018 (DV RR1P), dictada por el Jefe (Int) de la Sección Determinaciones de Oficio de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Palermo por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2013 y en el Impuesto al Valor Agregado 11/2013 a 12/2013, con mas intereses resarcitorios y aplica sendas multas con fundamento en art. 46 y 47 inc. d) de la Ley 11.683.
Que, en primer lugar, señala que los actos que llevaron a la interposición del recurso, no resultan ser derivación lógica y razonada de las alternativas de la inspección, de los hechos antecedentes ni de la doctrina y jurisprudencia vigente sobre el tema. Por lo tanto, solicita que los mismos sean dejados sin efecto y se proceda al archivo de las presentes actuaciones.
Afirma que el Sr. Juez Administrativo se encuentra aplicando una multa por defraudación a la recurrente (graduada en 4 veces el supuesto impuesto dejado de ingresar -cuando el máximo es de 6 veces-), mediante la utilización de meras presunciones —véase que de los considerando de las citadas resoluciones surge la aplicación de los artículos 46 y 47 inciso d) de la ley 11.683-, sin demostrar ni efectuar una imputación concreta de porque entiende que se haya consumado dicho tipo infraccional, cuestión que produce una vulneración al derecho de defensa de la recurrente.
Alega que no puede saber, en base a la imputación efectuada por el referido funcionario, cuales son los hechos que supuestamente tipifican en el inciso d) del art. 47 y cuáles los que están incursos en el art. 46 de la ley 11.683 (t.o. 1998).
Afirma que el inciso d) presume el dolo cuando no se lleven libros contables, registraciones o documentos de comprobación suficiente; cuestión que no ha sucedido en el caso de mi representado, cuya información fue aportada en todo momento ante la fiscalización actuante. Por lo cual resulta totalmente contrapuesta dicha figura con el tipo dispuesto por el art. 46 que tipifica el dolo mediante el sistema de prueba directa. Manifiesta que en ningún momento ha omitido declarar rentas provenientes de ingresos gravados por el período fiscal 2013, ni mucho menos, omitido declarar débitos fiscales por los períodos 11/2013 y 12/2013, como refiere el Sr. Juez Administrativo, en los actos aquí recurridos.
Señala que la renta en cuestión, que el Fisco Nacional pretende gravar en cabeza de la recurrente, deviene de una donación recibida por la esposa de éste por parte de los progenitores de la misma por la suma de $ 500.000. Dicha donación ha sido instrumentada mediante instrumento privado con firma certificada ante escribano público, y ratificada posteriormente mediante un documento privado con firma certificada ante escribano público, documentación que se adjunta la presente, como prueba documental N° 1 y 2.
Aclara que la referida donación ($ 500.000) se efectuó mediante la entrega de 4 cheques de terceros (clientes de la firma "Mikae de Trenque Lauquen S.A.", cuyos dueños resultan ser los suegros de la recurrente), entregados por los padres (Jan Maximiliaan Baron Van Tuyll Van Serooskerken e llona Veronika Ella Dessewffy) de la esposa (Carolina Veronica Van Tuyll Van Serooskerken) del Sr. Agustín Nero, con los cuales, posteriormente se canceló una parte de la compra de un lote y dos locales comerciales en el emprendimiento inmobiliario denominado "Pilará", ubicado en la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires.
Señala que tres de los referidos cheques fueron endosados a la firmas "Clodinet S.A." (Comercializadora de los loteos del referido barrio privado); siendo el cuarto cheque, endosado por la recurrente y cobrado por éste, cuyo dinero fue utilizado conjuntamente con otros ahorros que éste poseía (declarados) para la cancelación total de la citada operación inmobiliaria.
Alega que no puede entender como el Fisco Nacional pretende gravar dicha donación recibida por la esposa del recurrente, y utilizada posteriormente en la adquisición de un lote y dos locales comerciales del referido emprendimiento inmobiliario, como un ingreso gravado en cabeza del actor (bajo las condiciones del artículo 49 inciso d) de la ley 20.628), si tales sumas no devienen de su actividad profesional de polista ni de la venta de equinos. Por tal motivo, es que solicita se dejen sin efecto, los referidos ajustes (renta gravada en cabeza de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias / ajuste de débitos fiscales en materia del Impuesto al Valor Agregado) y se proceda a la revocación de los actos administrativos aquí recurridos.
Sostiene que deviene oportuno hacer una aclaración sobre una nota que llegó a poder del inspector actuante, en la cual se invocaba que la referida donación había sido simulada, lo cual no es cierto, ya que la donación existió y fue llevada a cabo. Además, en el acta suscripta por la esposa del Sr. Nero y sus suegros, la cual obra con firma certificada ante escribano público en el día 10 de diciembre de 2014, queda claramente demostrada la cuestión y ratificada por cada una de las partes que la donación había sido efectivamente ejecutada.
Alega que lo que sucedió en el presente caso fue que por un error (y mal asesoramiento profesional) se efectuó dicha nota, la cual nunca fue suscripta por todas las partes interesadas, esto es, entre los suegros del Sr. Nero, su esposa y cuñados.
Afirma que en ningún momento ha existido maniobra o intención alguna del recurrente que tuviera como fin defraudar al Fisco Nacional, por tal motivo, las sanciones que se pretenden aplicar a éste resultan ser totalmente improcedentes y contrarias a derecho. Máxime, teniendo en cuenta que las multas aplicadas se encuentran graduadas en cuatro tantos del supuesto impuesto dejado de ingresar, cuando el máximo de sanción es de seis tantos; y la recurrente NO resulta ser reincidente en este tipo de figuras.
Asimismo, como quedará demostrado en la presente instancia, no se han configurado los elementos del tipo infraccional para la aplicación de las sanciones en discusión, razón por la cual, las mismas deben ser revocadas sin más trámite.
Alega que las sanciones que recurre devienen del ajuste de una supuesta renta (declarada como exenta) que el Fisco Nacional pretende gravar en cabeza de mi representado (en los términos del artículo 49 inciso d) de la ley 20.628) en materia del Impuesto a las Ganancias; el cual, arrastró a un supuesto ajuste en materia del Impuesto al Valor Agregado como débitos fiscales omitidos; ajustes que resultan ser improcedentes, toda vez que la recurrente declaró perfectamente sus rentas (período fiscal 2013) y débitos fiscales portales períodos (11/2013 y 12/2013).
Solicita en subsidio el reencuadre de las multas en el art. 45 Ley 11683. Señala que ha dado argumentos suficientes para que se dejen sin efectos las multas por defraudación impuestas a la recurrente, sin embargo, frente al improbable caso que este Tribunal entendiera que correspondiera la aplicación de algún tipo de sanción, solicita que la misma sea encuadrada dentro del tipo dispuesto por el articulo 45 de la ley de rito. Más allá de los considerandos expuestos en las Resoluciones N°67/2018 y 68/2018 (DV RRIP), se puede profundizar la búsqueda y repasar el expediente, hoja por hoja, para convencerse de que en ningún momento se describe ardid o engaño alguno: la información y documentación solicitada por los actuantes fue puesta a disposición, no existe ni una sola palabra en todo el expediente administrativo que pueda llevar a entender que existió la intención de engañar a vuestro Organismo Recaudador. No existe maniobra alguna que los inspectores hayan podido rescatar como indicativa de ese menester.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 90/108 contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirmen los actos apelados, con costas.
Señala que los actos apelados son perfectamente válidos, basados en los antecedentes que surgen del propio expediente administrativo, ajustados a derecho, con sustento en hechos ciertos. Sin embargo, cabe destacar que las instrucciones generales no constituyen una pauta obligatoria para el juzgador sino que fija parámetros de carácter generar de aplicación facultativa para las dependencias del Organismo en ella comprendidas. Afirma en cuanto a el monto de la pena se encuentre reglamentado por la Instrucción General 6/07 y que la misma sea de aplicación obligatoria al momento de la graduación de la pena; es falsa -dice- la afirmación mediante la cual sostiene que el monto de la pena no tiene sustento legal alguno toda vez que la misma se encuentra regulada por el art. 46 de la Ley 11.683.
Manifiesta que al considerar una presunta violación a su derecho de defensa, debe resaltarse que la actora no ha demostrado la indefensión que le habría sido ocasionada. Y que como tiene dicho la jurisprudencia al respecto, no procede la sanción de nulidad por la nulidad misma.
Sostiene que el área fiscalizadora verificó que Nero Agustín omitió declarar débito fiscal derivado de ingresos gravados en el período fiscal 11/2013, como consecuencia de la omisión de ingresos detectados en el Impuesto a las Ganancias, en el ejercicio fiscal 2013 vinculados con una supuesta donación cuyo origen y debida justificación no han sido fehacientemente probados por el inspeccionado, y que ademas declaró improcedentemente saldo a favor del período anterior del primer párrafo del artículo 24 de la ley del gravamen, en el período fiscal 12/2013.
Señala que el Fisco dejó asentado que si bien Nero Agustín pretende darle legitimidad al contrato de donación en debate, invalidando el escrito de simulación de la donación mencionado previamente, en ambos documentos se observan insertas las mismas tres firmas, y a su vez, dichos documentos no cumplen con los recaudos mínimos necesarios para ser oponibles a terceros, tal como la fecha cierta.
Con respecto a la declaración, mediante la cual se intenta invalidar al escrito de simulación de la donación en trato, alegando que fue efectuado a los efectos de preservar ciertos aspectos familiares y legales de la "LEGÍTIMA", sostiene que la inspección actuante apuntó que la porción disponible de la legítima se relaciona con la sucesión de personas humanas, y no de personas jurídicas, siendo oportuno remarcar que la firma Mikae de Trenque Lauquen S.A. (C.U.I.T. N° 30-71000257-2), es quien hizo disposición de los cuatro (4) cheques mediante los cuales se habría instrumentado la donación en debate.
Afirma que la recurrente debió acreditar la veracidad de sus dichos, no por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes. Concluye que Nero Agustín es a quién le incumbía la demostración intergiversable de sus invocaciones y no lo hizo, no ha desvirtuado los cargos formulados por el ente fiscalizador. La recurrente se limita a efectuar una descripción de los hechos que se han considerado en la determinación de oficio, sin efectuar ninguna cita de valor ni aportar prueba alguna que pueda ser considerada a su favor que tienda a rebatir el cargo formulado.
Con respecto a la aplicación de las multas manifiesta que el recurrente no logra rebatir la imputación que se le hace, que es haber omitido el pago del impuesto a las Ganancias y el impuesto al Valor Agregado, en su justa medida, por lo que corresponde la confirmación de los Actos aquí atacados; teniendo en cuenta que la calificación de la conducta realizada por el juez administrativo, se encuentra ajustada a los hechos evidenciados en concordancia con la normativa aplicable.
Sostiene que de la propia Ley N° 11.683 (t.o.1998 y sus modif.) en su artículo 47 describe una serie de maniobras tendientes a producir error en el Organismo fiscal, que presume -salvo prueba en contrario aportada por el contribuyente- que constituyen defraudación. Entre las cuales se encuentra la que fue utilizada en el caso bajo análisis que normada en el inciso: d) En caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación. Es dable indicar que la maniobra fue descubierta producto de la investigación fiscal bajo la que se encontraba el contribuyente, y no de una presentación espontánea, por lo que es falsa la afirmación de la recurrente que no hay en su obrar un engaño o fraude. La actora solicita el reencuadre de la sanción, lo cual sostiene que no es procedente en el caso de autos dado que los hechos evidenciados sólo permiten tener por pertinente, el encuadramiento realizado por el Fisco, en la forma dolosa prevista por la norma.
Por último, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso, se opone a la prueba y formula reserva del caso federal.
III-A fs. 123 se resolvió abrir a prueba el expediente. A fs. 126 y 127 obran glosadas las testimoniales producidas. A fs. 151 se elevaron los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 160/164 obra el alegato producido por la Representación Fiscal, no habiendo hecho uso la actota del derecho del derecho otorgado a fs. 151. Finalmente a fs. 167 pasan los mismos a sentencia.
IV. Que conforme surge del informe final de inspección obrante a fs. 95/101 la inspección actuante observó que la última Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias correspondía al periodo fiscal 2012, siendo agregada junto a las planillas con el detalle de su armado de foja 6 a foja 18 del cuerpo del Impuesto a las Ganancias. Con fecha 8 de agosto de 2014, el Contribuyente, se presenta ante la inspección aportando la documentación que fuera requerida y agregada de foja 20 a foja 40 del cuerpo del presente impuesto.
De la verificación realizada a la documentación antes mencionada el personal fiscalizador observó la copia de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2013 proforma junto al papel de trabajo y documentación que avala los ingresos gravados y exentos obtenidos por dicho periodo.
Con relación a los ingresos gravados en el Impuesto a las Ganancias y obtenidos en el periodo fiscal 2013 se pudo observar que posee ingresos del exterior por $ 553.590,00 como consecuencia de su actividad de jugador de Polo en Estados Unidos y Venezuela e ingresos por alquiler de caballos por un monto total de $ 133.100,00. Adjunta copia de los recibos y facturas correspondientes a estos ingresos de foja 23 a foja 28 del cuerpo del Impuesto a las Ganancias.
No se han realizado observaciones por parte de la fiscalización al respecto.
Con relación a los ingresos exentos en el Impuesto a las Ganancias declara dos. Uno proveniente de la venta de un lote por un monto total de $ 193.756,20, adjuntando copia de la escritura de venta donde el mismo fue vendido por U$S 110.000,00 y donde el Contribuyente bajo fiscalización posee el 30 % o sea U$S 33.000,00. Este último monto y según el tipo de cotización a la fecha de entrega de los dólares, realizan un total do $ 193.756,20. No se realizan observaciones al presente ingreso declarado.
Con relación al otro ingreso exento declarado y por un monto de $ 500.000,00, su origen sería de un aporte realizado por su esposa y que a su vez ésta los recibió como donación por parte de sus padres. Con relación a la donación, el Contribuyente aporta una copia del Contrato donde el Sr. Jan Maximiliaan Baron Van Tuyll Van Serooskerkcn, D.N.I. 92.499.605 y la Sra. Ilona Veronika Ella Dessewffy, D.N.I. 92.501.471 donan a su hija y esposa de Agustin Nero, la Sra. Carolina Veronica Van Tuyll Van Serooskerken, D.W. 30.145.290, la suma de $ 500.000,00 instrumentado en cuatro cheques de $ 50.000, $ 250.000, $ 150.000 y $ 50.000. La fecha de los, mismos corresponden a los meses de noviembre diciembre del año 2013.
La primera observación que el Fisco hace a la donación antes mencionada es que el Contrato es extemporáneo a la supuesta donación, atento que la fecha del mismo es del 1ro. de agosto del año 2014. Fecha aún posterior al inicio de la fiscalización. No obstante lo mencionado en el párrafo anterior el Contribuyente aporta un escrito firmado en la misma fecha y lugar y con las mismas personas, que firman el contrato de donación antes mencionado y en donde se manifiesta en forma textual lo siguiente “...Segundo: Que, no obstante haberse certificado las firmas por acta de certificación de firmas número 218 del libro de actas número 73 por ante el Escribano de ésta ciudad Enrique Javier Jonas, adscripto del Registro 2 de este Partido, dicha donación de dinero se trató de un acto simulado de conformidad a los establecido en el articulo 955 y concordantes del Código Civil, no habiéndose donado importe alguno a la nombrada donataria...” Dicho escrito se encuentra agregado a foja 40 del cuerpó del Impuesto a las Ganancias. Se agrega copia del artículo 955 del Código Civil a foja 59 del cuerpo del Impuesto a las Ganancias.
Con fecha 12-12-2014, el Contribuyente presenta la declaración Jurada Original del Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2013 exponiendo como ingreso exento la donación a que se hace referencia. Copia de la misma es agregada a foja 60 y planillas con el detalle de su armado de foja 61 a foja 70 del cuerpo de dicho Impuesto. Con fecha 22-12-2014, el Contribuyente presenta ante la fiscalización una nueva nota donde agrega otra copia del contrato de donación antes mencionado junto a la certificación del escribano donde éste manifiesta que es copia fiel del original. Asimismo agrega un declaración simple realizada por los firmantes del contrato de donación donde ratifican la misma y manifiestan "...2°) Que habiendo carecido del adecuado asesoramiento con la intención de preservar ciertos aspectos familiares legales de la LEGITIMA, proyectaron aparte del contrato antes referenciado, un documento privado que nunca llegó aformalizarse, prueba de ello es que el mismo nunca contó con la totalidad de las firmas de las personas involucradas careciendo por eso de toda validez legal entre las partes y/o frente a terceros..." La presente documentación es agregada de foja 42 a foja 48 del cuerpo del Impuesto a las Ganancias.
Atento lo expuesto en el párrafo anterior y si bien el Contribuyente pretende dar legitimidad a1 Contrato de donación e invalidar el escrito de simulación de la donación, la inspección quiere dejar constancia que a simple vista las tres firmas insertas en el contrato de donación son las mismas que las insertas en el escrito donde se manifiesta la simulación. Se procedió también a solicitar copia del frente y dorso de los cheques involucrados a los distintos bancos, siendo los mismos agregados de foja 49 a foja 58 del cuerpo del Impuesto a las Ganancias y en cuerpo por separado Actuación Nro: 13289-7530-2015.
Atento todo lo expuesto y analizada la documentación presentada por el Contribuyente, la inspección entiende que el aporte que el Contribuyente manifiesta haber recibido de su esposa, como consecuencia de una donación realizada por los padres de ésta, carece de documentación válida alguna y que por lo tanto debería tratarse como un ingreso gravado tanto en el Impuesto a las Ganancias como en él Impuesto al Valor Agregado.
Con fecha 27-04-2015 se notifica el Acta Prevista F. 8400/L NC 0760002015027663102 y el papel de trabajo correspondiente agregado a foja 72 y foja 73 donde se le comunica al Contribuyente bajo fiscalización la pretensión fiscal, ascendiendo la misma a $ 163.416,64. Al vencimiento del acta prevista antes citada, el Contribuyente, no da respuesta a la misma ni presenta la declaración jurada rectificativa correspondiente. Por otro lado la inspección deja constancia que atento los ingresos declarados por la Contribuyente se estaría justificando la compra accionaria realizada a la firma Clodinet S.A. por un monto de $ 393.390,00 También se deja constancia que la Declaración Jurada Original del Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2013 fue presentada a requerimiento de la presente inspección, cuyo monto de Impuesto determinado ascendió a $ 160.441,13 y el Impuesto a ingresar a $ 74.515,88. La disminución del Impuesto determinado con el Impuesto a ingresar, corresponde a los anticipos realizados y verificados de conformidad y cuyo monto ascendió a $ 85.925, 25.
V. Que en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto solicita la nulidad de las Resoluciones N° 67/2018 y 68/2018. La actora entiende existe una falta de imputación de una concreta conducta por parte del instructor que vulnera el legitimo derecho de la recurrente de oponer las defensas que considere oportunas.
Con respecto a la nulidad planteada respecto de los sumarios instruidos por aplicación de multas en las Resoluciones 67/2018 y 68/2018, a cuyo efecto invoca la falta de acatamiento de las previsiones estipuladas en la Instrucción General (AFIP) N° 6/2007, en primer lugar corresponde señalar que tal Instrucción General se trata de un acto interno de la repartición fiscal, carente de valor normativo y por ende no vinculante para este Tribunal. Efectuada la anterior salvedad corresponde igualmente destacar que conforme surge de los actos resolutorio de vista por el cual se instruye sendos sumarios, en estos se indica claramente el encuadramiento legal de la infracción de que se trata y los incisos del artículo 47 de la Ley 11683 atinente al hecho presuncional sobre el que se basa la imputación dolosa. (fs. 19/27 Cuerpo Impuesto al Valor Agregado I a.a., fs. 124/131 Cuerpo Antecedentes Administrativos). Atento lo expuesto precedentemente resulta inconducente el planteo formulado por la actora, debiendo rechazarse el mismo.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que ello así, el caso a cuya resolución es llamado este Tribunal se basa en una determinación de oficio practicada por el Organismo Fiscal con fundamento en los indicios establecidos en el primer párrafo del artículo 18 de la Ley 11683.
El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Por otra parte, este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999).
Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal (ver al respecto “Alessio Angel”, TFN Sala B, sentencia de fecha 21/08/2002; “Ledesma, Amalia”, TFN Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999). Así también en la causa Bur, Delia Matilde, con fecha 12/11/1996 la C.N.A.C.A.F., Sala IV, confirmó la sentencia de este Tribunal y dijo “...No es irrazonable ni arbitraria la resolución que confirma la determinación por ajustes en el impuesto a las ganancias y al valor agregado con sustento en los mayores ingresos determinados por la sumatoria de los depósitos bancarios...” y haciendo referencia a la contribuyente agregó “A ella le incumbía acompañar la prueba idónea para depurar el movimiento de las cuentas...”.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Corresponde señalar que en el caso de marras la actora presentó ante la inspección actuante, copia de un contrato privado de fecha 1/8/2014 que instrumentaría la supuesta donación. Del mismo se desprende que el monto de dinero objeto de la donación, no fue entregado en dicho acto. Por otra parte si bien el mismo tiene la firma certificada por Escribano, ello recién ocurre con fecha 3/11/2014 según surge de la copia certificada del 16/12/2014 que luce agregada a fs. 43/45 del cuerpo Impuesto a las Ganancias de las actuaciones administrativas. Además, el contribuyente recién presentó el 12/12/2014 la declaración jurada original del Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2013, exponiendo como ingreso exento la donación a que hace referencia.
Al respecto corresponde poner de resalto que el contrato citado se instrumentó con posterioridad al inicio de la fiscalización, la que fue dispuesta por Orden de Intervención N° 1.045.306, notificada el 02/07/2014. Lo mismo acontece con la presentación de la declaración jurada original del período e impuesto en cuestión. Por otra parte la actuación del Escribano interviniente se limitó a certificar las firmas de los signatarios del acto, más nada dice respecto de la calidad en que intervienen ni del contenido del instrumento (fs. 43/45 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias).
Asimismo la parte aportó a la inspección copia de una declaración, también fechada el 01/08/2014 (vide fs. 40 de los antecedentes antes citados), en donde se hace constar que las partes, en ese mismo día, otorgaron y firmaron un contrato privado de donación de dinero, por un importe de $ 500.000, y "Que, no obstante haberse certificado las firmas por acta de certificación de firmas número 218 del libro de actas número 73 ( ... ) dicha donación de dinero se trató de un acto simulado de conformidad a lo establecido en el artículo 955 y concordantes del Código Civil, no habiéndose donado importe alguno a la nombrada donataria".
Posteriormente, el contribuyente presentó a la fiscalización una declaración de fecha 10/12/2014, con firmas certificadas en igual fecha, mediante la cual “RATIFICAN en todos sus términos la donación de dinero por la suma de $ 500.000 a favor de la nombrada hija CAROLINA VERÓNICA VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, formalizada por los hoy declarantes por instrumento privado del 10 de agosto último ...", aclarando que en virtud de haber carecido del adecuado asesoramiento, con la intención de preservar ciertos aspectos familiares y legales de la "LEGITIMA", "... proyectaron aparte del contrato antes referenciado, un documento privado que nunca llegó a formalizarse, prueba de ello es que el mismo nunca contó con la totalidad de las firmas de las personas involucradas, careciendo por eso de toda validez legal entre las mismas partes y/o frente a terceros” (fs. 42/48 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias).
Es dable señalar que a pesar de lo expuesto en dicha documentación, la aportada a fs. 40 de las actuaciones cuenta con tres firmas que lucen similares a las tres insertas en los restantes documentos, no resultando negada por la parte la veracidad de tales firmas.
Al respecto cabe concluir que la documentación aportada durante la fiscalización no resulta en modo alguno suficiente para probar la existencia de la supuesta donación que argumenta el recurrente, siendo un documento privado presuntamente celebrado con posterioridad al inicio de la fiscalización al contribuyente por parte del Fisco Nacional, que recién adquiere fecha cierta con la certificación del notario público, el que se limita a certificar las firmas pero que nada dice respecto del contenido del acto.
Por otra parte la restante documentación aportada en sede administrativa por el actor, permite albergar serias dudas sobre la sinceridad del acto que allí se pretendió plasmar.
Además se trata de hacer valer una donación de los suegros de su esposa, pero en realidad el supuesto movimiento de los fondos a tales fines no proviene de aquéllos como sujetos individuales, sino que se habría materializado mediante cheques de terceros emitidos a la firma Mikae de Trenque Lauquen S.A., cuyos responsables si bien son el Sr. Jan Maximiliaan Baron Van Tuyll Van Serooskerken y la Sra. llona Verónika Ella Dessewffy, padres de la Sra. Carolina Verónica Van Tuyll Van Serooskerken, cónyuge de Nero Agustín; no se advierte por qué razón la empresa estaría entregando los cheques que supuestamente corresponderían a su operatoria comercial.
En efecto los cuatro (4) cheques son endosados por la Sra. llena Verónika Ella Dessewfly, en su carácter de apoderada de la firma Mikae de Trenque Lauquen S.A., para luego ser nuevamente endosados.
En lo que respecta al cheque N° QB80030858 del 08/11/2013, por un importe de $ 50.000, el mismo fue endosado a la firma Clodinet S.A. (C.U.I.T. N.° 30- 70898777-4) (fs. 119/121 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias).
El cheque N° 09336312 del 11/11/2013, por $250.000, fue endosado en dos oportunidades, primero a la cónyuge del Sr. Nero, la Sra. Carolina Verónica Van Tuyll Van Serooskerken, y por último, a la firma Cío Consultoría Integral Operativa S.A. (C.U.I.T. N.° 30-71021922-9) (fs. 122/123 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias). En referencia al cheque N° 09336313 del 11/11/2013, por $150.000, importa destacar que fue endosado en dos oportunidades, primero a la cónyuge del Sr. Nero, la Sra. Carolina Verónica Van Tuyll Van Serooskerken, y a posteriori, al Sr. Agustín Nero (fs. 2 del Cuerpo Galicia).
Por último, el cheque N° QB84859826 del 27/11/2013, por $ 50.000, también fue endosado en dos oportunidades, primero a la cónyuge del Sr. Nero, la Sra. Verónica Van Tuyll Van Serooskerken, y luego, a la firma Clodinet S.A. (fs. 3 del Cuerpo Galicia).
Al respecto, cabe evidenciar una nueva contradicción en el pretendido documento privado de donación, atento que de la cláusula 2° del contrato de donación en discusión, surge que "La donataria acepta la donación mediante los mencionados cheques ya efectivizados y convertidos en dinero en efectivo que recibió de total conformidad", circunstancias que como se ve no acontecieron en el presente caso, según lo esgrimido en párrafos precedentes (fs.43 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias).
Cabe señalar que en el caso de marras la recurrente no prueba en definitiva cual fue el carácter en el que ingresaron dichos fondos a su patrimonio siendo oportuno remarcar que la firma Mikae de Trenque Lauquen S.A. (C.U.I.T. N.° 30-71000257-2), es quien hizo disposición de los cuatro (4) cheques mediante los cuales se habría instrumentado la donación en debate (fs. 52/54 y 114/118 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias y fs. 213 del Cuerpo Galicia).
En virtud de lo expuesto, la recurrente no acompañó prueba fehaciente que respalde el origen del importe de $ 500.000 declarado en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2013, en concepto de de Otras Ganancias y/o Ingresos exentos o no gravados, y la marginación del mismo, por lo que correspondió considerarlo como renta gravada, atento a lo previsto por el articulo 49, inciso b), de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, con sus respectivas implicancias en el impuesto al Valor Agregado. Que en cuanto a la prueba testimonial producida por parte de los supuestos donantes no aporta ningún respaldo que dé certeza sobre la existencia de la donación en cuestión, por lo cual no resulta suficiente para acreditar la autenticidad de tales operaciones a los fines de su consideración en autos. En tal sentido este Tribunal tiene dicho en reiteradas oportunidades, en consonancia con cita de doctrina jurisprudencial de nuestro Alto Tribunal, que la prueba testimonial en sede fiscal posee un valor probatorio acotado. "Que, la prueba testimonial en materia fiscal tiene un valor probatorio acotado, frente a otras circunstancias que resultan probadas...Que, las personas deponentes revestían, en varios casos, características de cuasi dependientes, familiares o amigos del actor...Que, al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene inveteradamente resuelto que la prueba para desvirtuar la determinación del Fisco puede ser ampliamente desarrollada “aunque claro está que esa prueba no puede consistir únicamente... en certificaciones testimoniales de sus propios dependientes...porque de admitirse tal procedimiento, los fraudes fiscales quedarían impunes” (CSJN in re S.I.A. S.A. 06/09/1967)." Que cabe destacar que la necesidad de documentar todos los actos que involucren al contribuyente sólo puede resultar en su propio beneficio para evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del Ente Fiscal.
Por ello si el actor no contaba con documentación respaldatoria de lo alegado, resultó válido el proceder del Organismo Recaudador de recurrir a las presunciones establecidas en la ley para determinar su obligación impositiva (conf. Sala IV in re: "Rodríguez, Luis A. -TF 15.728-I- c/DGI" del 6/8/2002).
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina- las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...".
Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996). Que, en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo. En función de lo expuesto, procede confirmar los ajustes determinados por el Fisco Nacional en las resoluciones apeladas en lo que fue materia de agravios. Con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mimos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que resta analizar el aspecto infraccional de las resoluciones en crisis, ambas con sustento en los artículos 46 y 47 inc. d) de la ley de procedimiento tributario.
Que con relación a la multa por defraudación aplicada, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de las sanciones aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en cuatro veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.10 18:23:42 ART Date: 2022.08.11 14:52:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.11 15:35:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.11 15:35:36 -03:00
Fin de la sentencia