Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 41.780-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 83/118 se interpone recurso de apelación contra la resolución 146/2012 (DV DEOB) dictada por la Jefa (Int) de División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, por las que se determina de oficio la obligación tributaria del recurrente frente al Impuesto a las Ganancias por el ejercicios fiscales 2005 y 2006, con mas intereses resarcitorios.
Que a fs. 546/553 se interpone recurso de apelación contra la resolución 95/2014 (DV DEOB) dictada por la Jefa (Int) de División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, mediante la cual se aplica a la apelante una sanción equivalente a tres veces el Impuesto a las Ganancias, por los períodos fiscales 2005 y 2006, con sustento en los artículos 46 y 47, inciso b) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.). En primer lugar, señala que la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva entiende que ciertos fondos que fueron prestados a la recurrente por una empresa constituida en un país considerado de baja o nula tributación (pero cuyos fondos provinieron de una cuenta bancaria abierta en Suiza), deberían ser considerados como un incremento patrimonial no justificado - con más un 10% en concepto de renta consumida en gastos no deducibles-, en virtud de la aplicación de la presunción del artículo agregado a continuación del artículo 18 de la ley 11.683, texto según Ley 25.795 Sostiene que la recurrente contestó la Vista cursada poniendo de manifiesto que no resultaba procedente aplicar la Presunción del art. 18 bis -del texto vigente a la fecha de los hechos- al presente caso. Así, por un lado expuso que el Préstamo ANSA (Ansa Capital Corporation) se encontraba debidamente instrumentado; y acreditada la recepción de los fondos, su aplicación, y posterior devolución. Además, SG (Silvana Gonzalez, en adelante SG) explicó que la Presunción del art. 18 bis no era aplicable ya que la misma estaba destinada a evitar situaciones de "auto-préstamo" y no casos como el presente en donde los fondos provinieron de un tercero que carece de vinculación alguna con la actora.
Alega que reiteró que la Presunción del art. 18 bis no resultaba aplicable en tanto el Préstamo ANSA (Ansa Capital Corporation, en adelante ANSA) provino de fondos colocados en SUIZA, país que no es considerado por la legislación argentina como de baja o nula tributación, por lo que no se cumplía el hecho base requerido para la configuración de la Presunción del art. 18 bis. En este sentido, ahondó respecto de que pretender aplicar la Presunción del art. 18 bis fundado en que ANSA es una sociedad "constituida" en un país considerado de nula o baja tributación, implicaba apartarse del claro texto de la norma, que dispone para su aplicación que son los "fondos" los que ,deben provenir de dicha jurisdicción, y desconocer principios y garantías constitucionales del contribuyente.
Señala que la Resolución parece desconocer el objetivo de la Presunción del art. 18 bis, aplicando la misma a una situación para la cual no fue prevista y en donde no cabe ninguna posibilidad de que estemos frente a un autopréstamo, o ingreso de fondos no declarados por SG. En otras palabras, acreditado que las sumas prestadas no se trataban de fondos no declarados de SG, no existe razón alguna para pretender aplicar un impuesto del 35% en cabeza del contribuyente.
Indica que la recurrente a esta altura de las actuaciones no duda en caracterizar al accionar de la Administración como arbitrario en tanto se advierte -por ejemplo-que la AFIP-DGI aplica la Presunción del art. 18 bis al Préstamo ANSA que fueran recibido en forma directa de la casa matriz, pero no hace lo mismo respecto del aporte de los fondos de la matriz a la Sucursal (que luego fueron prestados por, esta, última a SG y Grupo SG a través de los Préstamos).
Afirma que la Resolución cuestiona la firma por parte del apoderado de ANSA. Dentro de los compromisos asumidos en el Acuerdo Marco - firmado por el representante de ANSA SUCURSAL (Sr. Pablo Gronda)-, ANSA SUCURSAL se obligó a causar que una afiliada otorgue un préstamo a SG para el pago de sus obligaciones con PG (Paula Alejandra Gonzalez, en adelante PG) por la compra de las acciones de Madero Este Holding de Empresas SA, (en adelante Madero Este).
Señala que no existe ninguna duda de que el sujeto que suscribió el contrato en nombre de ANSA, se encontraba facultado para hacerlo. Pero además de ello, ninguna norma legal dispone que los contratos deban ser firmados en el país. Por ello carece de lógica que la Resolución cuestione el hecho de que este sujeto no haya viajado al país para la firma del contrato. Más aún, el desembolso de los fondos prestados efectivamente se llevó a cabo, por lo que resulta irrazonable cuestionar que él representante de ANSA suscribiera el contrato.
Manifiesta que el Préstamo ANSA estaba totalmente garantizado con la intervención de un tercero independiente (el Fiduciario) bajo el contrato de fideicomiso. Pero además de ello, ANSA y SG convinieron la emisión de un pagare no a la orden a favor de ANSA, con vencimiento al día fijado para la devolución de los fondos. Sostiene que la Resolución cuestiona la motivación en la instrumentación del Préstamo ANSA. La Resolución cuestiona también la motivación que habría llevado a ANSA a celebrar tres contratos de préstamos a través de su sucursal, mientras que al Préstamo ANSA lo instrumentó directamente desde la matriz.
Deja sentada la irrazonabilidad de la posición de la AFIP-DGI. Siguiendo el "razonamiento" efectuado, si el Préstamo ANSA hubiera sido canalizado de manera indirecta (esto es, a través de un aporte a ANSA SUCURSAL y posterior préstamo de esta última a SG) no habría existido objeción alguna por parte de la AFIP-DGI (en los hechos no hubo objeción alguna a ANSA SUCURSAL en relación a las sumas aportadas que posteriormente fueron prestadas a SG y Grupo SG bajo los Préstamos). Pero en el caso, como el prestamista decidió efectuar este préstamo (Préstamo ANSA) en forma directa desde la matriz a SG, pretende aplicarse la Presunción del art. 18 bis. Ello no tiene ninguna lógica ni coherencia. Pero más allá de ello, no hay nada extraño en la operación, como parece entender la AFIP-DGI.
Sostiene que los cuatro préstamos que fueron otorgados a SG o Grupo SG, podrían haber sido concedidos directamente desde la sociedad del exterior, pero siendo que tres de ellos podían transformarse en metros cuadrados del Centro Comercial a construirse bajo el Proyecto, estos, últimos necesariamente debían otorgarse por un establecimiento permanente del país.
Indica que la resolución cuestiona al sujeto que suscribió el Préstamo ANSA. Asimismo, también "sorprende" a la AFIP-DGI que el Préstamo ANSA hubiera sido suscripto por una persona del exterior (Sr. Shiomo Meichor) y no por el representante de ANSA SUCURSAL en Argentina (Sr. Gronda).
Sostiene que conforme surge de la documentación que se menciona en el párrafo transcripto, el Sr. Gronda fue designado representante de ANSA pero a los fines de inscribir la sucursal conforme el art. 118 de la Ley de Sociedades Comerciales y representar a la misma sucursal conforme lo requiere la normativa societaria. En este sentido, el poder que se encuentra adjuntado bajo Anexo A de la referida designación (fs. 1703 -entre otras-), forma parte del mismo instrumento presentado a los fines del art. 118 de la referida normativa societaria y representación de dicha entidad.
Sostiene que la Resolución cuestiona la razón de la Opción de Compra. Por otro lado, indica que la Resolución parece no comprender en forma integral la operatoria y negocio subyacente en el Acuerdo Marco, en tanto cuestiona la razón por la cual el Préstamo ANSA no contemplaba la Opción de Compra.
Indica que desde el inicio de las negociaciones para la búsqueda del inversor en el Proyecto, dejó claramente expuesto que no pretendía desprenderse de más del 50% de los Inmuebles. Esa es la razón - única y sencilla - por la cual la Opción de Compra no se encontraba prevista en el Préstamo ANSA, ya que si las sumas bajo el Préstamo ANSA podían ser convertidas en porcentaje de los Inmuebles, se estaría desprendiendo de más de la mitad de su propiedad.
Manifiesta que se encuentra acreditado el efectivo movimiento de fondos, respecto al efectivo ingreso de los fondos al país, cabe denotar que la transferencia fue ordenada desde una cuenta de ANSA" abierta en el HSBC Republic Bank -Suisse-S.A. (Suiza), y fue acreditada en la Caja de Ahorro en dólares del BNP Paribas N° 09198 030070 010 63 840 de titularidad de SG, en dos etapas: la primera el día 27/12/2005 por la suma de US$ 1.990.082 y la segunda el día 05/01/2006 por la suma de US$ 1.990.131,58.
Sostiene que el BNP Paribas acompañó oportunamente a estas actuaciones documentación relevante para probar el efectivo ingreso de fondos desde el exterior y la posterior compra de moneda nacional en el mercado local de cambios, conteniendo el material aportado el monto de la transferencia, los datos del ordenante (ANSA) y su origen (como se dijo, se trata de una cuenta radicada en Suiza).
Alega que el aporte de documentación ilustrativa de la secuencia completa de la transferencia permite afirmar la materialización efectiva de la operación financiera, cuyos detalles se ven apropiadamente descriptos mediante las constancias bancarias. No es ocioso remarcar además, que se siguió la práctica usual en las operaciones bancarias para la realización de la transferencia de los fondos: no solo existe certeza sobre su efectivo ingreso al país (con intervención de entidades bancarias autorizadas, por la entidad de superintendencia yla correspondiente declaración de ingresó de divisas), y sobre su aplicación al objeto declarado en el Préstamo ANSA, sino que también consta su cancelación por SG. Asimismo, el pago del mismo ha sido reconocido por ANSA SUCURSAL.
Señala que no quedan dudas que la incorporación de la Presunción del art. 18 bis ha pretendido combatir aquellos casos de evasión en los cuales al fisco le resultaba de muy dificil comprobación que el sujeto del exterior y los fondos aportados no eran en realidad sino fondos de la misma sociedad local que recibe el préstamo. Sostiene que el inversor (ANSA/ANSA SUCURSAL que son —claro está- la misma entidad) fue acercado por INFUPA, y que su intermediación se encuentra acreditada en estas actuaciones mediante:
• La factura"' N° 6001-00000726 de fecha 02/01/2006 y el consiguiente recibo", con el numero N° 00002698, que asciende a $ 539.705,50111.
• Impresión de la página Web de INFUPA, donde consta, entre las operaciones en las que participó como intermediaria, su actividad como "asesor financiero exclusivo de Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A." en una operación, datada en enero de 2006, de "financiamiento para un desarrollo inmobiliario en Puerto Madero ".
• Respuesta del 26/10/2009 de INFUPA a un requerimiento fiscal, en donde reconoció haber participado en el proceso de búsqueda de un inversor para EIA. Mediante una Multinota ampliatoria, de noviembre de 2009, INFUPA reafirma su participación en la búsqueda de inversores, destacando el éxito de la operación. Sostiene que en fecha 20/07/2010, INFUPA aportó nueva información a esa administración, ratificando su participación en la búsqueda de alternativas de inversión para los intervinientes en la operación y su consideración de ANSA como un candidato idóneo para la participación en el negocio.
Señala que resulta curioso que la Resolución cuestione los extractos bancarios acompañados por ANSA SUCURSAL sosteniendo que no identifican al "titular", pero esos mismos extractos sean posteriormente utilizados para cuestionar el "país de origen" de los fondos (i.e.: "tales valores debitados de esa cuenta bancaria de ANSA y destinados a los dominios de la recurrente fueron previamente acreditados en aquella cuenta por igual cuantía, ejecutándose en el mismo día (21/12/2005). ambos registros deudor y acreedor; desconociéndose al sujeto originante y a la verdadera fuente de tal transferencia").
Esa contradicción, en la valoración de la prueba -sostiene- no debe ser permitida por ese Excmo. Tribunal. Sentado lo anterior, de la documentación aportada al expediente administrativo surge de manera indudable que el origen de los fondos es una cuenta abierta en Suiza y que su titular es ANSA. En este sentido como se expresó anteriormente, el BNP Paribas acompañó documentación que acredita que la cuenta bancaria de donde provinieron los fondos es una cuenta abierta en el "HSBC REPUBLIC BANK (SUISSE) S.A., GENEVE, SWITZERLAND", y que el código Swift es BLICCIIGGXXX: Adicionalmente, en esa documentación surge que la cuenta ordenante corresponde a "ANSA CAPITAL CORPORATION".
Afirma que conforme surge de la documentación aportada por la entidad financiera BNP Paribas, y de la restante acompañada a estas actuaciones, los fondos provinieron de una cuenta radicada en Suiza, país éste que no se encuentra entre aquellos mencionados en el artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el Decreto Reglamentario 1344/98. Consiguientemente, aún cuando ANSA ("ordenante" de la transferencia) fuera una entidad constituida en las Islas Vírgenes Británicas, no se cumpliría con el presupuesto exigido por la ley 11.683 para que opere la Presunción del art. 18 bis, esto es, que se trate de "ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación". Entender lo contrario implica alejarse del claro texto de la norma, en violación de principios fundamentales en materia tributaria.
Sostiene que la aplicación analógica que hace la Administración de la Presunción del art. 18 bis es contraria al principio de reserva de ley en materia tributaria, e implica un exceso manifiesto en las potestades fiscales, que pretende así oficiosamente reemplazar al legislador tributario en las competencias que le son propias en virtud de la Constitución Nacional.
Afirma que los fondos prestados no "provinieron" de una jurisdicción de baja o nula tributación, por lo que más arbitrario aun es considerar aplicable la Presunción del art. 18 bis y exigir mayores pruebas a un contribuyente como la recurrente.
Alega que se encuentra claramente probado que ANSA es parte de un grupo económico con inversiones suficientes en el exterior y que declaró oportunamente ante la IGJ que era una, "sociedad vehículo" de otra que la controlaba, acreditando además que el grupo cuenta con suficiente capacidad económica.
Afirma que los fondos prestados se habrían generado, en actividades desarrolladas en el exterior por el grupo económico al que ANSA pertenece. En este sentido, a través de la producción de la prueba informativa propuesta al momento de contestar la Vista, ANSA SUCURSAL respondió que los fondos prestados se generaron en "actividades en el exterior". Consiguientemente, no solo que en estas actuaciones los fondos prestados no pertenecían a SG, sino además; y en última instancia, tampoco se trataría de ganancias no declaradas en el país por el grupo al cual ANSA pertenece. En otras, palabras, no sólo que no estamos frente a un caso de autopréstamo de sumas no declaradas por SG, sino que ni siquiera podría sostenerse que esos fondos correspondan a ganancias de fuente Argentina que no fueron oportunamente declaradas por el grupo económico prestamista. Indica que la recurrente acreditó quién es la última PERSONA FISICA controlante del grupo (Sr. "Raz Steinmetz", de nacionalidad israelí y residente de Israel'), encontrándose por lo tanto demostrado el "origen" de los fondos prestados. Cabe tener en cuenta a todo evento, que ANSA SUCURSAL (que es la misma persona jurídica ANSA) es un contribuyente del país, y consiguientemente, si la Administración pretende mayor información respecto del origen de los fondos, es precisamente ella quien cuenta con las herramientas necesarias para requerirle a ANSA (ANSA SUCURSAL) toda la prueba que considere conducente a tal fin.
Alega que para el hipotético supuesto que no se hiciera lugar a los argumentos expuestos, y se considerare que la prueba en contrario requerida resulta taxativa, y que por lo tanto solo la acreditación de "actividades realizadas por terceros en dichos países" resulta admisible para desvirtuar la Presunción del art. 18 bis, mantiene el planteo de inconstitucionalidad de esa disposición por resultar irrazonable, y violatoria del derecho de defensa en juicio (tutela judicial efectiva), propiedad, reconocidos constitucionalmente.
Se agravia en cuanto a la obligación de ingresar los intereses resarcitorios del artículo 37 de la ley 11683 impuesta por el artículo 5 de la Resolución, atento a que no existió mora culpable de su parte.
En lo relativo a la multa apelada señala que a partir de la aplicación irrazonable y literal de la Presunción del Art. 18 bis, la Administración dio inicio a las actuaciones sumariales aquí apeladas, en las que AFIP DGI encuadra prima facie la conducta de la recurrente dentro del tipo infraccional de “defraudación”, previsto en el art. 46 de la ley 11.683, imputándole haber omitido dolosamente el ingreso del tributo que determinó presuntivamente en función del préstamo obtenido por la recurrente de Ansa Capital Corporation.
Señala que al no encontrarse obligada a tributar suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias, la recurrente no realizó -ni podría haberlo hecho- el elemento material de la figura típica contenida en el artículo 46 de la ley 11.683. La inexistencia del elemento objetivo de la infracción imputada queda demostrada por la improcedencia del incremento patrimonial no justificado que la Administración pretende gravar, deduciendo de dicha circunstancia la presunta defraudación en que habría incurrido la recurrente.
Afirma que en el caso existen múltiples circunstancias que concurren a sostener la existencia de dolo por parte de la recurrente, determinando la exoneración del ilícito por el cual se aplica la multa. El único fundamento de la imputación efectuada por el Fisco radica en la Presunción del articulo 18 Bis, cuya utilización se pretende no sólo para determinar tributos, sino incluso para sancionar a la recurrente.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 2019/2037 contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirmen los actos apelados, con costas.
Sostiene que la resolución determinativa ha desarrollado los fundamentos fácticos y jurídicos sobre los cuales se sustenta el criterio fiscal, de manera tal que por sí misma resulta suficiente para responder eficazmente los agravios del actor.
Afirma que en razón a que los fondos observados provinieron, en carácter de préstamo, de un sujeto radicado en una jurisdicción (38. Islas Vírgenes Británicas -Territorio no autónomo del Reino Unido) considerada de baja o nula tributación, según lo revela el artículo 70 sin número incorporado a continuación del artículo 21 del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997y sus modificaciones), no logrando la actora, durante la etapa fiscalizadora ni en esta instancia, demostrar fehacientemente que tales disposiciones se originaron en actividades realizadas por ella o por terceros en dicha jurisdicción o que procedieron de colocaciones de fondos oportunamente declarados.
Sostiene que la recurrente en su extenso escrito de apelación explica la utilización de los fondos, el entramado societario reorganizado y las pantallas de empresas para borrar el real origen del dinero, en tanto lo único que debería haber probado y no realizó, fue demostrar como se generaron los fondos de la empresa establecida en un paraíso fiscal, único tema objeto de litigio. Con su escrito ha querido confundir al juzgador, con un mutuo sin sustento y con manifestaciones no probadas.
Señala que afirmar que los fondos del mutuo provienen de Suiza, es tanto como afirmar que nacieron, se originaron y procedieron del HSBC REPUBLIC BANK, extremo que no se ajusta a la verdad ya que la entidad en cuestión no otorgó ningún préstamo financiero. Según está acreditado en el expediente, el HSBC REPUBLIC BANK actuó como un mero agente intermediario en la circulación del dinero, recibió la transferencia de los fondos de una ignota cuenta, la acreditó en otra abierta por ANSA CAPITAL CORPORATION en ese banco e inmediatamente, por instrucción de ésta última, lo transfirió a la cuenta bancaria de la apelante. Señala que en una interpretación integrativa de la disposición legal, resulta claro que a los fines de justificar el origen de los fondos resulta fundamental probar fehacientemente "las actividades" que lo generaron (ver párrafo final de la norma citada). Y al respecto, en este expediente no se acreditó, ni siquiera se sostuvo que el HSBC REPUBLIC BANK y/o ANSA CAPITAL CORPORATION, desplegaran actividad alguna en Suiza para generar los fondos prestados y mucho menos que esas entidades declararan y o tributaran por las mismas ante el fisco de ese país. Por el contrario, se conoce que los fondos ingresaron al HSBC REPUBLIC BANK un día antes de las transferencias, pero se desconoce de dónde provinieron.
El Fisco Nacional destaca que la apelante afirma que la presunción legal no se aplica si se acredita que la sociedad ubicada en una jurisdicción de baja o nula tributación, constituye una sociedad vehículo para canalizar inversiones por un grupo económico internacional. En consecuencia, añade, quien debe justificar el origen de los fondos es la controlante de la sociedad vehículo. También manifiesta que las sociedades vehículo son reconocidas por el derecho local, que ANSA CAPITAL CORPORATION fue debidamente registrada como tal en la IGJ y que es controlada por LANSING FINANCE CORPORÁTION quien sería el grupo económico internacional que desarrolla los negocios, con solvencia suficiente y quien habría provisto los fondos prestados.
Resalta que las normas de la IGJ citadas (Resolución General 7/2005) tienen como objeto regular la constitución y el control de funcionamiento de las personas jurídicas, cuestiones totalmente ajenas a la materia impositiva. Por el contrario la norma fiscal que rige el caso, en el citado artículo 18.1., no ha dado un tratamiento especial a las sociedades vehículo, por lo que mal puede la recurrente esgrimir normas improcedentes al caso para incluir excepciones a las obligaciones tributarias.
Señala que la recurrente no ha probado, ni intenta hacerlo, que ANSA CAPITAL CORPORATION y LANSING FINANCE CORPORATION desarrollaran de manera efectiva actividad empresaria económicamente significativa en el lugar de su constitución, registro o incorporación y/o en terceros países, que justifiquen el origen y generación de los fondos prestados.
Señala que INFUPA. S.Á. tal como obra en los antecedentes administrativos le factura a Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A., donde en el detalle de su factura de fecha 02/01/2006, indica "por nuestros servicios prestados en el asesoramiento realizado a vuestra empresa", con lo cual no cabe duda que no lo fue a la apelante. Respecto a ANSA Capital Corporation S.A. Sucursal Argentina se observa que en el año en el que dice hacerle el préstamo (2005), su pasivo es superior a su activo, siendo el patrimonio neto negativo de $ 582.672,26.-, con lo cual difícilmente hubiera podido prestar algo propio, pero además el resultado contable negativo es idéntico al importe antes indicado (antes de ajustes), en el ej. 2006 mágicamente el activo y pasivo se igualan duplicándose a los montos indicados en el ejercicio anterior, surgiendo resultado impositivo que absorbe los quebrantos del ejercicio anterior y además se multiplican por ocho respecto a la misma.
Señala que el Fisco Nacional a los fines de poner en práctica las disposiciones fijadas por el legislador en la normativa pertinente, vigentes durante los períodos fiscales 2005 y 2006, sólo ha utilizado pautas razonables para establecer la materia imponible sujeta a su jurisdicción, recurriendo a datos que tienen una relación directa con la base económica del hecho imponible, no adoptando criterios no definidos por el legislador en la normativa aplicable, debiendo, en consecuencia, ser rechazados por inconducentes los planteos de la actora en ese sentido. Señala que en el caso se aplicaron los intereses establecidos por el artículo 37 de la Ley N°11.386 (t.o. en 1998 y sus modif), en razón de no haber ingresado la apelante el monto de los tributos reclamados a la fecha de su vencimiento.
En lo relativo a la multa aplicada el Fisco Nacional señala que en el caso bajo análisis se ha constatado que la conducta del apelante deviene típica en los términos del inciso b) del artículo 47 de la ley procedimental puesto que de sus registros surgen operaciones que resultaron falsas.
Manifiesta que en virtud de la inspección realizada el Fisco ha sacado a la luz los hechos en cuestión, de allí que como resulta evidente, no es el Fisco Nacional quien debe probar, sino la contraria, la que deberá demostrar acabadamente que su actuar no es el que se le imputa, el cual reitera es la lógica consecuencia de los hechos descriptos por el Juez Administrativo.
Acompaña antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la actora.
III. A fs. 261 se abre la causa a prueba, ordenándose la producción de la prueba informativa y pericial contable. A fs. 277/318, 321/325, 342/346 se produce la prueba informativa. A fs. 384/389 se produce la prueba pericial contable. A fs. 426 se da por decaído el derecho a producir la prueba informativa. A fs. 672 se clausura el período de instrucción y se elevaron los autos a consideración de la sala “B” y pasan para alegar. A fs. 730 pasan los mismos a sentencia.
IV. Que conforme surge de las actuaciones administrativas a raíz de la fiscalización practicada, la contribuyente fue verificada por personal fiscalizador de la AFIP-DGI- en uso de las atribuciones que le son propias, bajo la Orden de Intervención N° 308.129 notificada el 21/05/2008 y ampliada el 17/06/2011, a fin de establecer el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2005 y 2006, focalizando su análisis en las variaciones y/o disminuciones patrimoniales evidenciadas en sus declaraciones juradas durante los ejercicios citados.
Así, durante el transcurso de dicha verificación, personal fiscalizador dependiente de la Dirección de Fiscalización Grandes Contribuyentes Nacionales observó que la recurrente exteriorizó, en sus Declaraciones Juradas (F. 711) del Impuesto a las Ganancias correspondientes a los períodos fiscales 2005 y 2006, pasivos en el exterior por las sumas de $ 5.980.000,00 y de $11.960.000,00, respectivamente (fs. 11 Cuerpo Investigaciones y fs.47 Cuerpo Principal N° 1).
Tales obligaciones tuvieron su origen en un contrato de préstamo por un valor total de U$S 4.000.000,00, celebrado el día 19/12/2005 por la interesada con la sociedad ANSA CAPITAL CORPORATION (en adelante, ANSA), radicada en Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas y representada en dicho acto por el Sr. Shiomo MElCHOR, en su carácter de apoderado -fs. 19/46 de Cuerpo Principal N° 1-.
La referida acreedora de los fondos cedidos a la rubrada se encontraría inscripta, de acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales Islas Vírgenes Británicas, en el Registro N° 625.475 desde el 30/12/2002, bajo su denominación anterior (DONIPHAN INTERNATIONAL CORPORATION) -modificada a su actual razón social el 10/06/2003-, declarando como actividad el desarrollo de operaciones inherentes de una sociedad de inversión (fs. 817/863 Cuerpo Principal N° 5), las cuales, también, habrían sido llevadas a cabo a través de una sucursal constituida el 12/12/2003 en Argentina, denominada ANSA CAPITAL CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA (en adelante, ANSA SUC).
De los elementos agregados por la responsable a los antecedentes administrativos, emerge que el empréstito en cuestión fijó un interés compensatorio en base a una tasa efectiva neta del 12% anual, pagadero íntegramente, al igual que el capital cedido, al vencimiento del trigésimo sexto (36) mes calendario inmediato posterior a la fecha del desembolso de los fondos negociados (fs. 142/167 Cuerpo Principal N° 1).
Dicho préstamo tuvo por objeto la financiación de parte del precio de compra de acciones de las sociedades Madero Este Holding de Empresas S.A. y Remades S.A.-, que la rubrada se había obligado a abonar antes del 31/12/2005 a su hermana Paula Alejandra GONZÁLEZ (CUIT N° 27-14590514-7), mediante el Contrato de Compraventa de Acciones concertado el día 15/12/2005 (fs. 374/378 Cuerpo Principal N° 2) por un valor total de U$S 10.000.000,00, todo ello dentro del marco de un proceso de reorganización societaria tendiente a dividirse las empresas de las cuales ambas eran propietarias por partes iguales.
A su vez y como condición precedente al desembolso de los fondos a ser cedidos en préstamo, la rubrada habría garantizado su endeudamiento frente a ANSA, en concepto del capital y de los intereses compensatorios que resultaran aplicables, a través de los siguientes avales: 1) la emisión de un pagaré no a la orden a favor de dicha firma fechado en el día de vencimiento fijado para la devolución de los fondos por ésta dispuestos: 2) la suscripción de un contrato de prenda, a través del cual se habría otorgado un derecho real de prenda en primer grado de privilegio a favor de ANSA sobre el 100% de las acciones de la firma MADERO ESTE HOLDING 3 S.A. (en adélante, MEH 3 S.A.) de su propiedad -sociedad emergente como consecuencia del proceso de reorganización societaria antes aludido-, y 3) la constitución de un fideicomiso de garantía -formalizado el 18/01/2006, fs. 469/498 Cuerpo Principal N° 3-, a través del cual el fiduciante (EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS ARENALES S.A., en adelante, EIA S.A., de propiedad directa e indirecta de la responsable, en virtud del aludido proceso reorganizativo) cedía en garantía fiduciaria dos bienes inmuebles propios radicados en Puerto Madero, C.A.B.A., a favor de ANSA -Beneficiario-, actuando la empresa EQUITY TRUST COMPANY S.A., como fiduciario o administrador del mismo.
El desembolso de los fondos correspondientes al préstamo en análisis (U$S 4.000.000,00), habría sido concretado por la compañía ANSA radicada en Islas Vírgenes Británicas, mediante una única transferencia bancaria fechada el 21/12/2005 desde una cuenta bancaria no identificada en los extractos bancarios aportados por ANSA SUC, constando tachada su identificación en el respectivo contrato que le habría dado origen (fs. 22 y 727/749 Cuerpos Principales N° 1 y 4); siendo acreditada en la Caja de Ahorros en Dólares de la responsable (BNP PARIBAS N° 09198 030070 1063840): el día 27/12/2005 la suma de U$S 1.990.082,00 y el día 05/01/2006 la suma de U$S 1.990.131,58, informando la rubrada que las diferencias entre los montos aludidos habrían obedecido a las comisiones y gastos erogados al momento de las transferencias (fs. 401 y 433/434 Cuerpo Principal N° 3). Que acorde al destino declarado de los fondos solicitados, tales importes acreditados fueron, en idénticas fechas, transferidos por la contribuyente a la cuenta bancaria en U$S (CBU N° 266 0013222 030072 010003) perteneciente a su hermana Paula Alejandra González -fs. 435, 741/749 y 900/2 Cuerpos Principales N° 3 a 5-. Que los valores adeudados en concepto de capital ($ 12.680.000,00 equivalente a U$S 4.000.000,00) e intereses ($ 2.009.008,10 o U$S 633.756,50) habrían sido devueltos por la contribuyente a la acreedora, netos de la retención del Impuesto a las Ganancias ($ 1.081.773,59 representativa de U$S 341.253,50), mediante transferencia electrónica de fondos fechada el 14/02/2008 desde la Caja de Ahorro en $, radicada a nombre de la rubrada en el BNP PARIBAS N° 09198 030070 010 63840 hacia una cuenta bancaria asentada, según consta en los elementos documentales aportados por la interesada, en el HSBC PRIVATE BANK (Suiza) N° CH3808889050911453830 (fs. 401/411 y 437 Cuerpo Principal N° 3).
Que del análisis de los elementos glosados en los antecedentes y resumidos en el presente acto, el área fiscalizadora concluyó que correspondía aplicar, respecto de los fondos ingresados a la cuenta bancaria de la contribuyente durante los períodos fiscales 2005 y 2006, que fueran por ésta imputados al préstamo que habría obtenido de la firma ANSA CAPITAL CORPORIATION (ANSA), asentada en las Islas Vírgenes Británicas, la presunción prevista en el artículo agregado a continuacion del art. 18 de la Ley 11.683 V.- Que ello así, el caso a cuya resolución es llamado este Tribunal se basa en una determinación de oficio practicada por el Organismo Fiscal con fundamento en la presunción establecida por el artículo 18 incremento patrimonial no justificado. Conviene recordar que el artículo sin número agregado a continuación del artículo 18 de la ley procedimental (incorporado por la Ley N° 25795/2003) dispone: "Cuando se tratare de ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación -a que alude el artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones)- cualquiera sea su naturaleza, concepto o tipo de operación de que se trate, se considerará que tales fondos constituyen incrementos patrimoniales no justificados para el tomador o receptor local.
Los incrementos patrimoniales no justificados a que se refiere el párrafo anterior con más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, representan ganancias netas del ejercicio en que se produzcan, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias y en su caso, base para estimar las operaciones gravadas omitidas del respectivo ejercicio comercial en los impuestos al valor agregado e internos.
No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como justificados aquellos ingresos de fondos a cuyo respecto el interesado pruebe fehacientemente que se originaron en actividades efectivamente realizadas por el contribuyente o por terceros en dichos países o que provienen de colocaciones de fondos oportunamente declarados"
Que las reglas contenidas en el artículo 18 de la ley 11683 (t.o. citado) refieren a presunciones legales “iuris tantum”, cuya consecuencia es la de revertir la carga de la prueba. Así, el efecto fundamental de la presunción de marras es dispensar de la prueba del hecho presumido al favorecido por ella. Cuando resulta de aplicación una de estas presunciones, el que se beneficia con ella no debe probar sino el hecho antecedente, la ley suple su actividad y tiene por acreditada la conclusión, y la carga probatoria pesa sobre quien niega el hecho antecedente o la aplicabilidad de la presunción a su caso.
Que en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo.
Cabe señalar que en una interpretación de la disposición legal detallada precedentemente, resulta claro que a los fines de justificar el origen de los fondos resulta fundamental probar fehacientemente "las actividades" que lo generaron. En tal sentido la recurrente debió probar que Ansa Capital Corporation, realizó efectivamente actividades para generar los fondos prestados y que esa entidad declarara y o tributara por las mismas ante el fisco de ese país.
Corresponde señalar que en el caso de marras se encontraría acreditado desde lo formal el ingreso de los fondos al país: conforme surge de la prueba pericial contable, de aquellos elementos que fueron visualizados por los expertos, surge que el ordenante de la transferencia, ANSA CAPITAL CORPORATION. tiene su sede y es una Sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, habiendo efectuado la remesa de uSs 4.000.000.- desde una cuenta del Bco. HSBC sucursal de Suiza, mediante swift datado el 21/12/2005.
En tal sentido conforme se desprende de la prueba informativa dirigida al BNP Paribas la misma informa que con fechas 27/12/2005 y 05/01/2006 la cuenta Nro. 09198 030070 010 063 USD recibió transferencias del banco HSBC Private Bank (Suisse) S.A. de Suiza, código Swift Blicchgg, por las sumas de U$S 2.000.000 y U$D 2.000.000, respectivamente, siendo en los dos casos el ordenante de la transferencia Ansa Capital Corp. En ambos casos, los fondos en cuestión fueron liquidados en cumplimiento con la normativa aplicable vigente a la fecha de las mismas.
Asimismo en cuanto al contrato de préstamo corresponde destacar que no obra en autos la existencia de un adecuado respaldo documental, por lo cual resultan carentes de prueba los dichos de la actora por cuento sostiene ".. la existencia de un adecuado respaldo documental del Préstamo ANSA, que goza, por lo demás, de fecha cierta por estar las firmas de las partes certificadas por un escribano público en la fecha de su celebración, esto es, el 19/12/2005...", corresponde destacar que de las actuaciones administrativas se desprende que solo luce certificada ante notario su propia signatura, mas no así la del sujeto que habría actuado en carácter de representante del acreedor -Sr. Shlomo MEICHOR- (fs.439/468 Cuerpo Principal N° 3); circunstancia esta que fuera admitida por la actora durante la verificación -F.206/1 del 05/10/2009, fs. 431/432 Cuerpo Principal N° 3-, al declarar su representante que "Silvana González suscribió dos ejemplares del contrato de mutuo en la ciudad de Buenos Aires conforme surge de la-certificación notarial F002187355 emitida por el Dr. Gustavo G. Martinez. Dicho documento fue remitido luego a Ansa Capital Corporation”.
En cuanto a los dichos de la actora por sostener que no existe ninguna duda de que el sujeto que suscribió el contrato en nombre de ANSA, se encontraba facultado para hacerlo corresponde señalar que no se encuentra acreditado en el caso de marras la participación del responsable del sujeto acreedor denunciado en la realización del préstamo que se le imputa; siendo que, ANSA SUCURSAL informó que el Sr. Shlomo MEICHOR-declarado representante de ANSA- ".. no viajó al país para suscribir el préstamo"(F.206/1 del 07/07/2011, fs. 1286 Cuerpo Principal N° 7), ni se informó tampoco acerca de la modalidad que se habría empleado para gestionar la suscripción del mismo.
Atento lo expuesto corresponde señalar que no obran en autos justificación de las motivaciones que habrían impulsado a las partes a celebrar dicho préstamo, cuyos valores se encuentran discutidos en autos la cual se originó con la firma radicada en Islas Virgenes Britanicas, a diferencia de los restantes contratos los cuales conformaron el acuerdo marco, habiendo sido pautados con un establecimiento registrado en el país recibiendo la recurrente y/o sus firmas asociadas los fondos prestados desde una cuenta bancaria titularidad de aquél constituida en territorio nacional.
Corresponde señalar que en el caso de marras no se ha probado, que ANSA CAPITAL CORPORATION y LANSING FINANCE CORPORATION desarrollaran de manera efectiva actividad empresaria económicamente significativa en el lugar de su constitución, registro o incorporación y/o en terceros países, que justifiquen el origen y generación de los fondos prestados.
Asimismo en cuanto a la constitución del grupo económico corresponde señalar que representante legal de ANSA SUCURSAL, Sr. Pablo Javier GRONDA, declaró fs. 1683/1684 Cuerpo Principal N° 9-, inversamente a las exposiciones extractadas de la Nota simple presentada el 13/06/2005 por parte del mismo representante ante el Sr. Inspector General de Justicia, que los accionistas de dicha compañía ANSA, en el período consultado, fueron: (a) LANSING FINANCE CORPORATION con una participación accionaria del 77,5% -la cual era controlada por SAGE ENTERPRISES y ésta a su vez por ESHEL FOUNDATION, cuyo único beneficiario era RAZ STEINMETZ-, (b) ARGENTINA CAPITAL, que detentaba una participación del 12,5% -siendo controlada por una compañía SENVEST CAPITAL INC. - y, (c) YALE USA - compañía norteamericana de bienes raíces, cuyo accionista controlante era también accionista de SEN VEST CAPITAL INC.-.
Que en tal mérito, no cabe sino restar valor probatorio y eficacia procesal a la documental e informes así suministrados; ya que la recurrente al responder las observaciones planteadas por la IGJ brindo información relativa a la conformación del organigrama societario del grupo económico al que declaraba pertenecer, la cual fuera posteriormente por él mismo desvirtuada, respecto de idéntico lapso temporal en abierta contradicción con lo que fuera sostenido en un principio.
Es dable señalar que no existe en el caso de autos certeza acerca de la identificación de los verdaderos propietarios de dicha compañía radicada en una jurisdicción de baja o nula imposición fiscal —ANSA- ni tampoco de la real fuente de los valores recepcionados por la recurrente como derivados de la misma Corresponde destacar que no se ha acompañado prueba de la cual pudiera haberse inferido que los valores acreditados en la cuenta bancaria declarada como de propiedad de ANSA descendieron, de LANSING FINANCE CORPORATION, en tal sentido la la Sra. Carmen O. Barrios —en su calidad de Secretaria de esa compañíainformó, en Nota fechada el 25/07/2005 acompañada por la contribuyente como proveniente del expediente tramitado en IGJ ya referido, fs. 1272/1276 Cuerpo Principal N° 7-, que esa firma mantenía activos "...no corrientes consistentes en inversiones en bienes raíces fuera de Argentina en US$ 25.000.000", los cuales, más allá de no haber sido individualizados ni determinado su lugar de asiento, no merecen ser titulados, de ágil disponibilidad como para que pudieran haber sido encauzados prontamente, por intermedio de su sociedad vehículo ANSA, hacia las arcas de lá, contribuyente, en virtud del acto financiero con ésta celebrado el 19/12/2005 . (para ver con alegatos)
Asimismo resulta acertado el criterio del Fisco Nacional por cuanto en autos no ha presentado documentación pertinente de sus últimos estados contables aprobados, debidamente firmados, certificados y legalizados por consulado; no agregó descripción en instrumento firmado por autoridad competente del país de origen o funcionario de la sociedad -cuya calidad y facultades suficientes se encuentren acreditadas-, de las principales operaciones realizadas durante el ejercicio económico en que se realizaron lo préstamos o durante el año inmediato anterior, indicado sus fechas, partes, objeto y volumen económico involucrado; no se agregaron 'los títulos de propiedad de los activos fijos no corrientes que se invocan; no se acreditó la existencia de oficinas, organigramas de funcionarios, cantidad empleados, referencias1 de las instituciones financieras con las que opera, antecedentes comerciales documentados, inscripciones en registros públicos, etc que manifiesten alguna actividad empresarial relevante.
Por otro lado conforme surge de las actuaciones administrativas y de la prueba informativa producida en sede dirigida a Ansa Capital Corporation obrante a fs. 1682/1684, a los efectos de probar como se generaron los fondos prestados por ANSA a la Sra. Silvana Cristian González. La misma responde que no cuenta con información para responder dicha pregunta. A mayor abundamiento corresponde señalar que al haber ofrecido nuevamente esta prueba en esta instancia la actora no instó su producción y se dio por decaído el derecho a producirla a fs. 426, circunstancia esta que resta sustento a los argumentos esbozados por la recurrente.
Atento lo expuesto corresponde señalar que la recurrente no probó de modo fehaciente que los fondos involucrados se originaron en actividades efectivamente realizadas por ella o por terceros en las Islas Vírgenes Británicas o que provenían de colocaciones de fondos oportunamente declarados, tal como lo exigía en el artículo agregado a continuación del artículo 18 de la Ley 11683 (según texto vigente en los periodos fiscales 2005 y 2006).
Que, en lo atinente a los agravios de la recurrente tendientes a cuestionar la validez constitucional de dicha normativa ante este Tribunal, cabe señalar que, atento la restricción jurisdiccional contenida en el art. 185 de la Ley 11.683, no es posible acoger el planteo que formula la apelante en ausencia de un pronunciamiento de la Corte que así lo declare.
Ello así, aún cuando formalmente el ingreso de los fondos observados se produce desde Suiza, lo cierto es que los mismos provinieron, en carácter de préstamo, de un sujeto radicado en Islas Virgenes Británicas (Territorio no autónomo del Reino Unido) jurisdicción considerada de baja o nula tributación, no logrando la contribuyente, durante la etapa fiscalizadora ni en esta instancia ante este Tribunal, demostrar fehacientemente que tales disposiciones se originaron en actividades realizadas por ella o por terceros en dicha jurisdicción o que procedieron de colocaciones de fondos oportunamente declarados, corresponde confirmar el acto apelado. Con Costas.
VI. Que en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en las determinaciones apeladas.
VII. Que con relación a la multa por defraudación aplicada en el Expte. N° 41.780-I debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de la sancion aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.10.25 16:10:49 ART Date: 2022.10.27 12:13:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.27 12:54:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.27 12:55:16 -03:00
Fin de la sentencia