Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todos sus términos, con costas a la parte actora.
I. Que a fs. 56/94vta. el contribuyente Roberto Eduardo Sánchez interpone recurso de apelación contra la Resolución N°348/2015 (DV RRGA) de fecha 19/06/2015 suscripta por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI, en la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006, en la suma de pesos treinta y ocho mil veintinueve con ochenta y tres centavos ($38.029,83) con más la suma de pesos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho con setenta y ocho centavos ($94.478,78) en concepto de intereses resarcitorios.
Plantea la nulidad del acto apelado, aseverando que se ha emitido una sentencia arbitraria en tanto el juez administrativo omitió analizar la documentación obrante en los antecedentes, de la cual surgía sin hesitación que no se ha configurado la omisión de impuestos que se le endilga. Hace hincapié en que la información obtenida por el Fisco Nacional de parte de su par francés tuvo su génesis en la sustracción de datos confidenciales de un tercero al Banco HSBC de Suiza, impugnando su validez, advirtiendo además que no reúne los extremos legales requeridos por la normativa vigente como visado, certificación y traducción.
Manifiesta que el organismo nacional ha determinado sobre la base de presunciones, tomando como totalmente veraz la información ilegítima remitida por la administración tributaria francesa, señalando que la supuesta diferencia patrimonial sobre la cual se le reclama el impuesto en discusión corresponde a acreditaciones/débitos de resultados de compraventa de valores mobiliarios que se encontraban exentos para el período bajo análisis, conforme lo previsto en el artículo 20 inciso w) de la ley de impuesto a las ganancias.
Explica que las variaciones en los saldos que figuran en el folio N° 15 de los antecedentes administrativos durante los períodos 01/2006 a 12/2006 corresponden a inversiones en fondos fiduciarios y “liquid assets”, y que se generan resultados positivos y negativos, según los casos, provenientes de la compraventa de tales activos, conceptos que reitera, se encontraban exentos.
Cita jurisprudencia. Acompaña prueba documental y ofrece prueba informativa. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas al fisco nacional.
II. Que a fs. 45/60 la representación fiscal contesta el recurso cuyo traslado fue conferido. Destaca que, según surge de los antecedentes administrativos, las tareas de fiscalización desarrolladas por la AFIP así como el procedimiento de determinación de oficio se han ajustado en un todo a la normativa en vigor y los parámetros de razonabilidad y legalidad. Ello así, la resolución apelada ha desarrollado los fundamentos fácticos y jurídicos sobre los cuales se sustenta la pretensión fiscal.
Refuta el planteo de nulidad fundado en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, en tanto el apelante no ha expuesto los vicios manifiestos o la vulneración procesal o la omisión del acto que la motiven, y que frente a ello, pudo ejercer plenamente su derecho de defensa, advirtiendo que no aportó prueba alguna a los fines de desvirtuar los ajustes endilgados, siendo que sus defensas se han limitado a meras afirmaciones.
Rechaza el planteo según el cual la determinación de oficio fue llevada a cabo sobre la base de presunciones legales. Ello así, ratifica la validez y autenticidad de la información recepcionada de la administración tributaria francesa, y que según surge del artículo 27 del Convenio para Evitar la Doble Imposición suscripto con la República de Francia, no existían obstáculos legales para que nuestro país requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el citado instrumento internacional y tendiente a su correcta administración, desestimando además el supuesto origen delictivo del que habría provenido la información.
Destaca que si bien durante la fiscalización electrónica, en lo sustancial y con carácter de declaración jurada el actor manifestó que desde el 2006 a la fecha no había operado con cuentas o inversiones bajo cualquier carácter en la Confederación Suiza, en la contestación de la vista conferida reconoció la existencia de la cuenta radicada en la entidad bancaria suiza identificada con el N° 5091375628, por la cual, se inició el procedimiento de determinación de oficio que dio lugar a la resolución apelada. Agrega a ello que, en el descargo de la vista conferida al momento de determinarse el impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2006, el apelante aceptó la pretensión fiscal y reconoció la existencia de la cuenta, con los saldos emergentes de la misma.
Ratifica la procedencia de la determinación de oficio practicada, reiterando que en su descargo el recurrente reconoció la existencia de la cuenta bajo controversia, el que tuvo el tratamiento de un incremento patrimonial no justificado, correspondiendo al recurrente probar que no existió materia gravada, es decir, que los conceptos existentes en la cuenta no se encontrarían gravados con el impuesto a las ganancias, lo que no ha acontecido en el procedimiento.
Cita jurisprudencia. Acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por el apelante. Solicita se rechace la apelación intentada, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 65 de autos se abre la causa a prueba, confiriendo la producción de la prueba informativa ofrecida por el apelante.
Que a fs. 75 se resuelve dar por decaído el derecho de la actora de producir la prueba ordenada oportunamente por no haber sido instada por la parte al incumplir con las observaciones efectuadas a los exhortos presentados.
Que a fs. 81 se resuelve clausurar el período probatorio.
Que a fs. 83 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y a fs 94 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que en primer término, corresponde dar tratamiento a los agravios del recurrente relativos a la inaplicabilidad del convenio suscripto con el Estado de Francia y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina el cargo formulado en las resoluciones apeladas, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276 prevé que:
“Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Artículo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.”
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el marco del mentado instrumento internacional, requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el Convenio, tendiente a su correcta administración.
No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el artículo 27 del referido Convenio, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio —cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio convenio, ambos países celebran el convenio deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
V. Que en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la falta de validez probatoria de la información en que se sustentan los ajustes por falta de traducción oficial, corresponde señalar que este Tribunal entiende que a tenor de los datos que surgen de la misma -consistentes en datos personales de los sujetos y montos asignados a determinados números de códigos de clientes-, la falta de traducción no es óbice para su análisis.
Por otra parte, el recurrente ha tenido la posibilidad de requerir en esta instancia la traducción de dicha documentación por un perito traductor público, lo que no ha acontecido, surgiendo del propio escrito de apelación que no ha tenido inconveniente para interpretar los datos que de ella surgen.
En tal sentido, la referida documentación (fs. 12/15 de las actuaciones administrativas) atañe básicamente a datos personales tales como nombres, nacionalidades, domicilios, montos de dinero y referencias temporales, por lo que su traducción no se considera relevante y mucho menos implica que carezcan de la presunción de legitimidad prevista en la ley 19.549, como sugiere el accionante.
Que, en este orden, es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica- Amet c/ Buenos Aires Provincia de y otro s/ amparo", C.S.J.N., 5/10/95, t. 318, p.1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", C.S.J.N. 6/2/01, t. 324, p. 151, entre otros). Cabría agregar que para pretender la nulidad de las actuaciones administrativas, se debe demostrar de qué concretas defensas y pruebas se habría visto privada de articular la parte en las instancias administrativas y la incidencia que dichas omisiones hubieran podido tener para modificar en su favor la situación que da origen a la causa judicial (conf. Fallos: 282:188 y sus citas; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala V - “in re” “Sugart Pedro Medrano SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones - disposición [DNCI] 2373/1996” - 23/9/1998), lo que no se ha acreditado en autos.
Por consiguiente, teniendo presente que el recurrente tuvo acceso a la información y pudo presentar debidamente su defensa a tales fines, corresponde rechazar esta defensa de nulidad articulada en autos.
VI. Que seguidamente, corresponde dar tratamiento al planteo de fondo introducido por el actor, relativo a la inexistencia del incremento patrimonial no justificado que le endilga el organismo fiscal. Que conforme surge del informe final de investigación (fs. 21/24 de las actuaciones administrativas) el origen del cargo proviene de la información proporcionada por la Administración Tributaria Francesa en el marco del Convenio para Evitar la Doble Imposición referida a cuentas bancarias en entidades financieras de Suiza, no declaradas y pertenecientes a contribuyentes argentinos, entre los que se incluía el apelante. Que en ese marco, se iniciaron una serie de fiscalizaciones electrónicas, siendo la identificada con el N° 2299578 la seguida al recurrente, habiéndole cursado requerimientos a los fines de que explique los saldos al 31/12/2006 existentes en la cuenta oculta. Se informa que el contribuyente no dio respuestas ni aportó prueba documental que permita justificar la falta de declaración de los fondos depositados en la cuenta bancaria descubierta en Suiza e identificada con el N°5091375628 (N° 40616 AR –número de perfil de cliente), proponiendo el ajuste en el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2006.
Que según surge de la información obrante en las planillas de información (fs.12/15 de los antecedentes administrativos) el contribuyente tenía un saldo de U$D 537.380 al 31/12/2005 y de U$D 576.761 al 31/12/2006, no habiendo exteriorizado en las declaraciones juradas de los impuestos fiscalizados los citados fondos, realizándose el ajuste en el impuesto a las ganancias por las diferencias entre los citados saldos, otorgándole el tratamiento de un incremento patrimonial no justificado de acuerdo con lo normado en el artículo 18, inc. f) de la ley 11.683. Que a su turno, en lo relativo al impuesto sobre los bienes personales, se determina la materia imponible por omisión de declaración de la misma de acuerdo a lo normado en el artículo 20 inciso g) y 23 inciso b) de la ley del impuesto.
Que notificada la vista (vide fs. 26/50 de los antecedentes administrativos) el contribuyente procede a consentir el ajuste del impuesto sobre los bienes personales (fs. 57/58 de las actuaciones administrativas) presentando la pertinente declaración jurada rectificativa.
Que no ocurre lo mismo con el ajuste en el impuesto a las ganancias, respecto del cual invoca que las variaciones en los saldos que figuran en el folio N° 15 de las actuaciones administrativas, entre los meses de enero y diciembre de 2006, corresponden a inversiones en fondos fiduciarios y “liquid assets”, y que se generaban resultados positivos y negativos, según los casos, provenientes de la compraventa de tales activos, conceptos que sostiene, se hallaban exentos del impuesto a las ganancias por aplicación del artículo 20, inciso w) de la ley, según el texto ordenado vigente y aplicable a aquel período, defensa que reitera en ésta instancia y cuyo tratamiento corresponde a este Tribunal.
VII. Que en primer lugar, cabe recordar que el inciso w) del artículo 20 de la ley N° 20.628, en su texto vigente para el período fiscal 2006, prescribía:
“Están exentos del gravamen… w) los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta, o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores, obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas, en tanto no resulten comprendidas en las previsiones del inciso c), del artículo 49, excluidos los originados en las citadas operaciones, que tengan por objeto acciones que no coticen en bolsas o mercados de valores, cuando los referidos sujetos sean residentes en el país.
A los efectos de la exclusión prevista en el párrafo anterior, los resultados se considerarán obtenidos por personas físicas residentes en el país, cuando la titularidad de las acciones corresponda a sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonios o explotaciones, domiciliados o, en su caso, radicados en el exterior, que por su naturaleza jurídica o sus estatutos tengan por actividad principal realizar inversiones fuera de la jurisdicción del país de constitución y/o no puedan ejercer en la misma ciertas operaciones y/o inversiones expresamente determinadas en el régimen legal o estatutario que las regula, no siendo de aplicación para estos casos lo dispuesto en el artículo 78 del Decreto N° 2.284 del 31 de octubre de 1991 y sus modificaciones, ratificado por la Ley N° 24.307.
La exención a la que se refiere este inciso procederá también para las sociedades de inversión, fiduciarios y otros entes que posean el carácter de sujetos del gravamen y/o de la obligación tributaria, constituidos como producto de procesos de privatización, de conformidad con las previsiones del Capítulo II de la Ley N° 23.696 y normas concordantes, en tanto se trate de operaciones con acciones originadas en programas de propiedad participada, implementadas en el marco del Capítulo III de la misma ley".
Que según lo invoca el recurrente, sobre la base de la información contenida en las planillas aportadas por la administración tributaria francesa (fs. 15 de antecedentes administrativos) los saldos que figuran en la cuenta identificada con el N° 5091375628, se corresponden con inversiones en fondos fiduciarios y “liquid assets”, los que generaban resultados positivos y negativos -según los casos- provenientes de la compraventa de tales activos, y que esos conceptos se encontraban alcanzados por la exención transcripta precedentemente.
Ahora bien, cabe advertir que de la planilla a la que refiere el contribuyente, en los meses de enero a diciembre de 2006 se observan depositados en la cuenta oculta los conceptos “Fiduciary Deposits” y “Liquid Assets”, no obrando consignada ninguna otra información que permita dilucidar efectivamente si tales conceptos se corresponden con la compraventa de activos a la que hace referencia el recurrente. Vale decir, no es posible esclarecer si los saldos allí existentes se correspondían con las operaciones presuntamente exentas en el impuesto a las ganancias como lo asegura el apelante, ello en virtud de que no surge de las actuaciones administrativas como tampoco de las constancias de autos que haya arrimado documentación referida a las citadas “inversiones”, resultando insuficiente la obrante en la mencionada planilla.
Por lo considerado, no es posible concluir que efectivamente se trataba de conceptos exentos en ganancias. Más aun, el incremento patrimonial no justificado ha quedado implícitamente reconocido por el recurrente, desde que no ha negado la existencia de la cuenta bancaria y los saldos allí depositados pero sin lograr acreditar la procedencia de aquellos, advirtiéndose que dejo decaer la prueba informativa cuya producción fue concedida (vide fs. 65 y 75 de autos) y por intermedio de la cual se requería a la entidad financiera situada en Suiza el envío de los extractos bancarios correspondientes al período enero/2005 a diciembre/2006.
Ello así, tal como lo expresa la resolución recurrida, el contribuyente no aportó documentación alguna que demuestre sus manifestaciones, gozando de legitimidad el acto determinativo salvo que se aporten los medios de prueba idóneos que posibiliten variar el criterio fiscal, y ello no ha acontecido, pues no emerge de las constancias de la causa la acreditación de que el aumento patrimonial producido durante el ejercicio 2006 provenía de rentas exentas.
Cabe recordar que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Conviene recordar que, si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye. Y se reitera, ello no ha acontecido en los presentes autos.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe al apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Ello no ha ocurrido en autos, por lo que corresponde confirmar las determinaciones efectuadas.
Que, en virtud de lo expuesto, se procede a confirmar en todos sus términos la determinación de oficio del impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2006 apelada en autos, con costas a la parte actora.
VIII. Que no habiéndose emitido agravios contra los intereses resarcitorios, corresponde su confirmación (cfr. Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000, CSJN).
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todos sus términos, con costas a la parte actora.
2. Se deja constancia de que el presente auto se encuentra suscripto por los miembros titulares de las Vocalías 4ta. y 5ta. Nominación en virtud de lo dispuesto en el art. 6, 10° párrafo, del R.T.F.N. Regístrese, notifíquese, a la parte actora en el domicilio constituído y al organismo fiscal en el domicilios electrónico constituido -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44-APN-TFN#MEC – B.O.
11/09/2020-: a la actora en la CUIT: 20-14289043-8 (Dr. José María Sferco) en la CUIT: 27-28676000-2 (Dra. Andrea Carla Yulan), 20-21072333-2 (Dr. Oscar Alberto Yulan) y 33-69345023-9 (AFIP). Fecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese.
Date: 2022.09.12 10:16:37 ART Date: 2022.09.12 16:35:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.12 16:35:39 -03:00
Fin de la sentencia