Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 48.328-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $1.062.096 (Pesos un millón sesenta y dos mil noventa y seis) por el patrocinio letrado y $ 424.838 (Pesos cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos treinta y ocho ) por la representación procesal los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en la primer etapa en conformidad con las pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-48854094-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 16 de Mayo de 2022 apelación- - Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias”.
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte N°: 48.328-I y su acumulado 48.329-I “ANZUC S.R.L S/ Recurso de apelación- - Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 33/43vta y 105/115 Anzuc S.R.L interpone recursos de apelación en los términos del artículo 76 inc. b) de la Ley Nº 11.683 (t.o en 1998 y sus mod.) contra las resoluciones Nº 92/2017 y 93/2017 dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Tucumán de la A.F.I.P-D.G.I., mediante las cuales se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales octubre 2013 a marzo 2015 y el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2014 y 2015, respectivamente, con más sus intereses resarcitorios; quedando suspendida en ambas resoluciones la aplicación de las multas conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.769 (texto actualmente derogado por el art. 280 de la Ley N° 27.430 Titulo IX- Régimen Penal Tributario y sustituido por el artículo 279).
Expone que su única actividad es el arriendo de una planta fabril para la producción de azúcar, no disponiendo de campos ni tampoco arrendando campos de terceros. Por dicho motivo, opera bajo la modalidad de maquila en donde el 60% de la producción es para el propietario de la materia prima, mientras que el 40% corresponde a Anzuc S.R.L. En este sentido, destaca el error en que incurre el ente fiscal al atribuirle el 100% de la producción a él, sin ni siquiera probar cual fue el origen de la caña de azúcar ni ninguna de las suposiciones que hizo para realizar el ajuste fiscal.
Asimismo, señala que el Fisco Nacional no considero la “cuota moreno” la que fue de público conocimiento y establecía un precio sustancialmente inferior al precio del mercado; razón por la cual concluye que el planteo realizado al respecto no tiene sustento. Todo ello pone en evidencia la arbitrariedad con la que se efectuó el ajuste, el que se encuentra no sólo desprovisto por completo de la realidad, sino que, además, se sustenta en un precio de venta erróneo. En efecto, manifiesta la improcedencia del ajuste al utilizar base presunta cuando el organismo fiscal contaba con los medios para determinar sobre base cierta. Finaliza planteando la nulidad del procedimiento.
Por los motivos expuestos solicita que se revoquen las resoluciones apeladas con expresa imposición de costas. Ofrece prueba documental e informativa. Cita jurisprudencia. Deja planteada la reserva del caso federal.
II. Que a fs. 50/68 y 122/141vta. se presenta el Fisco Nacional contestando el traslado deducido en autos. En primer lugar, rechaza cualquier planteo de nulidad esgrimido por la recurrente respecto a la validez del acto, toda vez que el mismo invoca la normativa legalmente tenida a cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, mencionando a su vez las circunstancias de hecho que lo motivan. Posteriormente, señala que mediante las tareas efectuadas en la inspección, comprobó la inactividad del contribuyente en la producción (sic), por cuanto sólo acompañó algunos contratos de maquila, verificándose luego la actividad con supuestos cañeros que han sido calificados como apócrifos, quiénes desconocen haber comerciado con el contribuyente o siquiera haber desarrollado la actividad; otros directamente no registran sustento económico suficiente para considerarse probado el desarrollo de actividad comercial de estas características.
Expone que, si la recurrente en el ejercicio de su derecho de contradicción no aportó sobre el tema ningún elemento adicional y no ha proporcionado prueba fehaciente para acreditar la efectiva adquisición de los bienes a los proveedores tildados como apócrifos, mal puede ella argumentar que estos existen, lo que evidencia la falta de interés de la responsable para recabar toda otra documental que lleve al convencimiento del organismo fiscal para revertir su criterio. En este orden de ideas, destaca que no existe prueba directa que compruebe la realidad fáctica que invoca, más allá de los elementos formales acompañados por su propia existencia y sin el respaldo correspondiente.
En virtud de ello manifiesta que el Fisco Nacional no debe probar el origen de la caña de azúcar, sino que es el contribuyente quien tiene esa carga, en la medida que es él que pretende gozar de la disminución de la base imponible con créditos fiscales que no tienen respaldo alguno y de la deducción del costo en el Impuesto a las Ganancias.
Finalmente, respecto del agravio sobre la utilización de una base presunta, destaca que no se uniforma el precio de la bolsa de azúcar para la valuación de la diferencia de la producción, sino que se tuvo en cuenta el promedio mensual del precio de venta de los períodos fiscalizados de la firma Anzuc S.R.L.
Por las razones expuestas, solicita que se rechace el recurso interpuesto por la recurrente, confirmando en todas sus partes las resoluciones recurridas, con expresa imposición de costas a la parte actora. Brinda los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la recurrente. Cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.
III.-Que a fs. 147 la Secretaría General de Asuntos Impositivos procede a acumular al expediente de referencia el que lleva el Nº48.329-I de igual carátula dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia a fs.146 de esta Sala “D”.
IV. Que en el caso de marras, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Procedimiento Tributario – Apertura a Prueba–, a fs. 158 (27/09/2018) se admite la prueba ofrecida por la recurrente a fs. 42vta/43 y 114 vta/115 ptos. 2°), 3°) y 4°), la cual se dio por decaída a fs. 169 (9/05/2019) por indiferencia de la actora, cuando esa prueba iba a ser el sustento de su defensa; declarándose en consecuencia cerrado el período de instrucción a fs. 172 (24/09/2019). En efecto, mediante la PV-2022-41117147-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. Finalmente, en el IF-2022-46467504-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para dictar sentencia V.- Que por una cuestión de lógica procedencia, corresponde referirse al planteo de nulidad opuesto por la recurrente.
Que en lo estrictamente formal, la resolución recurrida, satisface los requisitos estatuidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, toda vez que tanto del acto administrativo de apertura del sumario como así también en la resolución que se apela se han consignado de manera concreta la causa y la motivación del procedimiento, no concurriendo así las circunstancias planteadas por el art. 14 de la Ley Nº 19.549 como las causales de nulidad absoluta, por lo que cabe rechazar el planteo bajo trato, no debiéndose imponer costas a su cargo, en virtud que tal defensa fue interpuesta como otro agravio más, sin otorgársele el carácter de previo y especial pronunciamiento.
VI. Que ello así, cabe establecer si las resoluciones apeladas en autos, se ajustan o no a derecho, considerando los agravios planteados por la actora, respecto a las determinaciones de oficio practicadas.
Que en primer lugar, y si bien en el escrito recursivo manifiesta que su única actividad es el arriendo de una planta fabril para la producción de azúcar; de la resolución apelada y de los antecedentes administrativos se desprende que Anzuc S.R.L cierra sus ejercicios económicos el 31 de marzo de cada año y se encuentra inscripta en las siguientes actividades: elaboración de azúcar, fabricación de alcohol, servicios inmobiliarios con bienes urbanos propios o arrendados ; venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos; generación de energía, venta al por menor de combustible, venta al por mayor de fertilizantes e insecticidas y servicios de cosecha mecánica. En este sentido, debe señalarse que si bien la inscripción a tales actividades es un aspecto formal; ello no deja de mostrar una falta de coherencia entre lo que manifiesta la actora y la actividad que lleva a cabo.
Que en este orden de ideas, a los fines de comprender el circuito comercial que se discute en autos, resulta pertinente describir el régimen de maquila. En consecuencia, la ley N° 25.113 dispone que “habrá contrato de maquila o de depósito de maquila cuando el productor agropecuario se obligue a suministrar al procesador o industrial materia prima con el derecho de participar, en las proporciones que convengan, sobre el o los productos finales resultantes, los que deberán ser de idénticas calidades a los que el industrial o procesador retengan para sí. El productor agropecuario mantiene en todo el proceso de transformación la propiedad sobre la materia prima y luego sobre la porción de producto final que le corresponde. El procesador o industrial asume la condición de depositario de los productos finales de propiedad del productor agropecuario debiéndolos identificar adecuadamente; estos productos estarán a disposición plena de sus titulares”.
De esta forma, el productor se asegura la venta de su producción y la posibilidad de agregarle valor, vendiéndolos a un precio mayor los productos que recibe si así lo desea; mientras que el industrial obtiene la materia prima que necesita no debiendo anticipar el pago.
Que ello así, en las presentes actuaciones se realizaron tareas tendientes a verificar las operaciones efectuadas con los proveedores Valentín Cecilia, Casado Abraham Jimena Denise, Quiroga Facundo Rubén, Pérez Paulino Darío, Vivanco Blanca Alicia, Luna Rubén Oscar y Ruiz Luis Ezequiel, los cuales al no tener respaldo económico para soportar la actividad (productores de caña de azúcar), y al presentar irregularidades fueron declarados como apócrifos, por lo que el ente fiscal impugnó en consecuencia los créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado y los gastos deducidos en el Impuesto a las Ganancias.
Que en virtud de ello, resulta oportuno mencionar las irregularidades detectadas con relación a los proveedores impugnados:
-Valentín Cecilia: Aportó certificado médico donde hace constar que posee osteo-artrosis, enfermedad severa que lo imposibilita a llevar a cabo la actividad que se le imputa. No posee bienes registrables, y el último movimiento bancario que figura es en septiembre 2008. Las declaraciones juradas fueron presentadas sin movimientos. De los remitos observados surge que entregó 860.080 kg de azúcar. Sin embargo, no posee una planta o terreno para producir dicha cantidad; por lo que se estima que lo informado en el remito no corresponde con la verdadera realidad de la operación.
-Casado Abraham Jimena Denise: Se encuentra incluida en la Base Apoc bajo la leyenda “contribuyente no confiable sin capacidad económica y financiera”. Su actividad principal es construcción, reforma y reparación de edificios residenciales; siendo su actividad secundaria la venta al por menor de materiales de construcción. Posteriormente por recomendación de su contador incluyó la actividad cultivo de azúcar. Sin embargo, no posee campos propios ni arrendados para desarrollar dicha actividad; tampoco firmó ordenes de retiro de azúcar blanco o documento similar. No firmó contrato de maquila ni de ningún tipo que lo vincule con Anzuc S.R.L; así como tampoco suscribió poder a terceros para actuar en su nombre en operaciones con azúcares. En consecuencia, desconoce cualquier tipo de transacción que lo vinculan con la actora. Asimismo, de las consultas realizadas por el ente fiscal se detectó que no posee bienes registrables, así como tampoco registra información con entidades bancarias. No posee empleados en relación de dependencia y las declaraciones juradas presentadas en los impuestos impugnados no guardan relación con la realidad económica del contribuyente. Los remitos observados señalan que entregó 24.299.620 kg de azúcar, pero no dispone de una estructura operativa, económica y financiera para llevar a cabo dicha producción.
-Quiroga Facundo Rubén: No pudo ser localizado. Se encuentra incluido en la Base Apoc. No registra bienes ni cuentas bancarias. Las declaraciones juradas presentadas fueron en cero. Si bien los remitos observados informan que entregó 9.834.440 kg de azúcar, no cuenta con capacidad económica una estructura para soportar dicha producción.
-Pérez Paulino Darío: Se encuentra incluido en la Base Apoc. No posee rodados, inmuebles. Tampoco registra pagos a gravámenes. No dispone de información bancaria. No posee empleados en relación de dependencia. -Vivanco Blanca Alicia: Incluido en la Base Apoc. Posee baja definitiva en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado desde agosto 2015, habiendo presentado en su oportunidad declaraciones juradas en cero y sin movimientos. Su actividad como cultivo de caña de azúcar inició en el 2014 según los registros que posee el ente fiscal; siendo los remitos observados con fecha anterior; por lo que nunca pudo haber realizado operaciones con la recurrente. En consecuencia, se estima que la información relevada en los remitos no es coincidente con la realidad económica.
-Luna Rubén Oscar: Se encuentra incluido en la Base Apoc. Resulta sospechoso que realice actividades con la recurrente debido a su temprana edad. Al detectar dicha inconsistencia, se contactó con el proveedor, quien manifestó que sólo realizó la inscripción ante la AFIP porque un tercero se lo solicitó, recibiendo a cambio $700 y un plan social, no teniendo después contacto alguno con dicho sujeto. No posee bienes y tampoco desarrolla ninguna actividad agrícola. No posee información bancaria.
-Ruiz Luis Ezequiel: Incluido en la Base Apoc bajo la leyenda “resistencia a la fiscalización”. No pudo ser localizado. No posee terrenos ni propiedades para desarrollar la actividad inscripta, tampoco dispone de rodados o maquinarias. No demuestra capacidad económica suficiente para llevar a cabo la actividad. No posee cuentas bancarias activas. Por consiguiente, se concluye que estamos en presencia de evidentes indicadores de insolvencia y falta de capacidad y/o estructura para desarrollar la actividad declarada; toda vez que ésta última no coindice con su situación patrimonial.
Que de las actuaciones administrativas se observa que los remitos emitidos por los determinados proveedores no respondían a la instrumentación de una prestación, toda vez que estos no poseían las estructuras económicas financieras y operativas necesarias para desarrollar la actividad o ésta era distinta al bien facturado, entre otros motivos mencionados con anterioridad; todo lo cual conlleva a verificar la inactividad que presentan estos proveedores en la producción de azúcar, puesto que no sólo no acompañó los contratos de maquila o documentación respaldatoria para verificar sus dichos, sino que también la información obtenida por el Registro Público de Tucumán resulta ser muy inferior a la producción informada por la actora.
Que en este orden de ideas, cabe destacar que la prueba documental acompañada por la actora a fs. 26/32 la cual hace referencia a la inscripción de determinados proveedores al Registro Provincial de Productores Cañeros así como descripta a fs. 37/38 vta. en su escrito recursivo, no resulta favorable a los fines de argumentar los agravios planteados, toda vez que si bien a fs. 28 se indica que la Sra. Bottone Gisella Irma Vanesa se encuentra inscripta en el registro mencionado de las actuaciones administrativas se desprende que el contrato de maquila fue celebrado con otras sociedades que no son Anzuc S.R.L (Cia Azucarera Los Balances y José Minetti y Cia) , habiendo efectuado a su vez un contrato de arriendo de campo con los Sres. Miguel Ángel García y Raúl Alberto Juárez. Lo mismo sucede con los proveedores Rodríguez Bruno Fernando y Coronel Damián, quienes manifiestan haber celebrado el contrato de maquila con José Minetti, siendo éstos registrados en la AFIP, conforme lo establece la ley. En este sentido no debemos dejar de señalar que los contratos participativos realizados con Casado Abraham Pablo Exequiel, Ema Construcciones SRL, Casado Abraham Ivanna, Galvan Ramón Ariel y Valentín Cecilia datan de fecha anterior al ajuste fiscal propuesto.
Que en esta línea de pensamiento, cabe resaltar que el período de instrucción operó desde el 27 de septiembre de 2018 (fs. 158) e incluso se prorrogó diez días conforme surge a fs. 167 (20 de marzo de 2019), sin embargo, pese al largo proceso que tuvo la actora para acompañar la prueba nunca manifestó interés en producir la misma; siendo ésta el sustento de su defensa. En consecuencia, a fs. 169 (9 de mayo de 2019) se dio por decaída la prueba ofrecida, cerrándose el período de instrucción el 24 de septiembre de 2019 (fs. 172).
Que en efecto, teniendo en cuenta que los proveedores impugnados no pudieron entregar la caña de azúcar puesto a que los mismos no disponen de una estructura operativa, económica y financiera para realizar dicha actividad y toda vez que en el libro IVA Ventas y en las declaraciones juradas presentadas figura que la recurrente vendió el total del azúcar producido, es preciso considerar que Anzuc S.R.L explotó al 100% el Ingenio la Trinidad; por lo que corresponde imputarle la producción originada en dichas entradas de azúcar como propia.
Que por otra parte y si bien la recurrente sostiene en su defensa que las facturas que instrumentan las operaciones cumplen con la normativa vigente; que ninguna norma impone a su cargo el deber de constatar el cumplimiento que el proveedor de a sus obligaciones fiscales; señalando a su vez que los proveedores cuestionados no se encontraban incluidos en la Base Apoc al momento de la operación, dicho argumento debe ser rechazado en virtud de que esta circunstancia no implica que posean capacidad operativa para operar; es decir, la sola inclusión por sí misma no constituye el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se le debe agregar las restantes constataciones efectuadas por el personal fiscalizador. En consecuencia, no resulta suficiente el cumplimiento de los recaudos formales, sino que también es necesario la consumación del aspecto material referido a la existencia de las operaciones. (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que tampoco puede ignorarse el caso de los proveedores Casado Abraham Jimena Denise y Luna Rubén Oscar, quienes se encontraban inscriptos en actividades de distinta naturaleza a las facturadas por lo que la discordancia entre la naturaleza de la actividad declarada y los servicios facturados constituye una anomalía que demuestra la falta de veracidad de las operaciones aquí cuestionadas, sin que la recurrente brinde explicaciones al respecto, limitándose a manifestar que no se le pueden adjudicar incumplimientos de terceros. En consecuencia dicha situación, unida a la poca descripción de los servicios que presentan en los remitos examinados- no descriptas ni ampliadas con posterioridad en sede administrativo o ante este Tribunal Fiscal-, conduce a confirmar la pretensión fiscal, por cuanto ésta se funda en indicios graves y concordantes que impiden tener por acreditada la existencia de las operaciones consignadas en tales facturas, sin que obste a ello el hecho de que los documentos respectivos cumplan los requisitos formales de facturación” (Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Floriner S.A.”, sentencia del 10/12/2013).
VII. Que, en lo referente a los agravios vinculados al método de determinación sobre base presunta, cabe señalar que de los artículos. 16 y 18 de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones) surge que resulta admisible en el régimen de dicha ley que el organismo recaudador ante la falta de elementos ciertos que permitan conocer la existencia y magnitud de la obligación tributaria, pueda considerar, a efectos de establecer la materia imponible, el conjunto de circunstancias relativas al contribuyente a través de una adecuada valoración y en el marco conceptual de las leyes impositivas aplicables. (Ciccone Calcográfica SA (TF 15134-I) c/DGI Cám. Nac. Cont. Adm. Fed.- Sala IV 29/11/2012)
Que en el caso de autos, el Fisco Nacional concluyó que las operaciones declaradas no se encontraban respaldadas por documentación fehaciente, hecho que se reitera en esta instancia toda vez que prueba informativa ofrecida se dio por decaída a fs. 169. Por dicho motivo, en instancias administrativas se trató de verificar la autenticidad de tales documentos fiscalizando a los terceros. En consecuencia, teniendo en cuenta las irregularidades detectadas, se presumió que los gastos observados se habían instrumentado a través de documentación apócrifa, siendo ellos ficticios o simulados, lo que derivó la impugnación de los créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado y la deducción de los gastos en el Impuesto a las Ganancias. En efecto, en el caso de marras se recurrió al procedimiento de determinación sobre base presunta ante la existencia de registraciones que no se encontraban respaldadas con documentación fehaciente.
Que en este sentido, no debe dejarse de resaltar que el ajuste propuesto en el Impuesto a las Ganancias determina la base imponible reconociendo implícitamente el costo de producción y gastos generales; puesto que determina un 3.92% y 3.56 % de utilidad, para los ejercicios fiscales 2014 y 2015 respectivamente, conforme surge a fs. 96 vta.. En virtud de ello, cabe destacar que la recurrente no expresa objeción respecto al “porcentaje de utilidad neta” considerado para estimar el resultado neto en los periodos fiscales ajustados.
Por lo expuesto, considero válido que el Fisco Nacional haya recurrido a las presunciones establecidas en la ley para determinar la obligación impositiva de la actora. En efecto, corresponde desestimar los agravios esgrimidos en relación con el “método determinativo” empleado por el Fisco Nacional.
Del análisis efectuado en esta instancia surge que la recurrente no aportó elementos de convicción que permitan descalificar las objeciones realizadas por el Fisco Nacional con relación a los proveedores impugnados, en particular respecto a la falta de capacidad económica y operativa constatada, así como tampoco acercó a la causa, en forma subsidiaria, documentación y/o evidencias que llevaran a demostrar que los bienes existieron, que los mismos eran pertinentes y que estaban relacionados con la actividad gravada, en especial habiéndose hecho lugar no produjo la prueba ofrecida con la que supuestamente rebatiría los cargos del Fisco Nacional. Dicha convicción conduce a sostener que los proveedores bajo análisis no resultaban hábiles para ser generadores de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado en manos de Anzuc S.R.L. Por lo tanto, corresponde confirmar el criterio fiscal adoptado, como así también en el Impuesto a las Ganancias; toda vez que al no obrar en autos constancias que permitan tener por acreditada la veracidad del vínculo con las firmas proveedoras -en orden a permitir la deducción del gasto/costo en el gravamen bajo trato-, ni demostrar la existencia y la función pertinente que los proveedores cumplen o cumplieron en la actividad gravada, corresponde desestimar el agravio sobre la deducibilidad de bienes y en consecuencia confirmar el ajustes practicado en dicho tributo con costas.
VIII. Que finalmente, respecto a los intereses resarcitorios reclamados, debe resaltarse que éstos se ajustan a lo dispuesto en el art. 37 de la ley de rito fiscal, por lo que debido a que la recurrente no formuló agravios sobre los mismos, corresponde su confirmación.
IX. Que en virtud de los argumentos desarrollados en los considerandos V a VIII, corresponde confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
Las Dras. Gómez y. O´Donnell dijeron:
Que adhieren a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $1.062.096 (Pesos un millón sesenta y dos mil noventa y seis) por el patrocinio letrado y $ 424.838 (Pesos cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos treinta y ocho ) por la representación procesal los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en la primer etapa en conformidad con las pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.211.878 (Pesos un millón doscientos once mil ochocientos setenta y ocho) equivalente a 162.91 (ciento sesenta y dos con 91/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 3.029.694 (Pesos tres millones veintinueve mil seiscientos noventa y cuatro) equivalente a 407,27 ( cuatrocientos siete con 27/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria-, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 04/22 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos al Organismo Fiscal y archívese.-
Date: 2022.05.16 14:04:57 -03:00 Date: 2022.05.16 16:23:20 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.16 16:38:17 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.16 16:38:18 -03:00
Fin de la sentencia