Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 35.406-I
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar la determinación de oficio del impuesto al valor agregado y sus intereses resarcitorios, con costas a la actora.
II. Confirmar la sancion endilgada en el impuesto al valor agregado periodo fiscal 12/2006, reduciéndola al mínimo legal dispuesto en el articulo 46 de la ley 11.683. Las costas en este aspecto se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce la multa, correspondiendo imponerlas por su orden.
III. Revocar las determinaciones de oficio y las multas impuestas en el impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias-salidas, contenidas en las resoluciones N° 111/2011, N° 113/2011, N° 53/2017 y N° 52/2017, con costas al Fisco nacional.
I. Que a fs. 203/244 y fs. 607/615 la firma TECNODYC S.A. interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI:
(i) N° 111/11 (DV NRR1) que le determina con carácter parcial la obligación tributaria frente al Impuesto a las Ganancias por un monto de pesos quinientos noventa y nueve mil ochocientos veintiséis con cincuenta centavos ($599.826,50) para el periodo fiscal 2005; pesos trescientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta y dos con cincuenta y siete centavos ($365.752,57) para el periodo fiscal 2006 y pesos un millón doscientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y ocho con sesenta y un centavos ($1.294.268,61) para el periodo fiscal 2007; con más la suma de pesos dos millones setecientos treinta y nueve mil ciento ochenta y cuatro con sesenta y dos centavos ($2.739.184,62) liquidados en concepto de intereses resarcitorios;
(ii) N°113/11 (DV NRR1) que establece con carácter de pago único y definitivo el impuesto resultante de las Salidas No Documentadas correspondientes a las erogaciones efectuadas por los periodos fiscales 12/2004 a 04/2005, 06/2005 a 09/2005, 11/2005, 01/2006, 02/2006 y 04/2006, 06/2006 a 09/2006, 11/2006 y 01/2007 a 04/2007, en la suma de pesos un millón ochocientos veintiséis mil doscientos doce con cincuenta y ocho centavos ($1.826.212,58) con más la suma de pesos dos millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos catorce con noventa y un centavos ($2.353.614,91) liquidados en concepto de intereses resarcitorios;
(iii) N° 112/11 (DV NRR1) que le determina con carácter parcial la obligación fiscal frente al Impuesto al Valor Agregado, periodo fiscal 12/2006, 07/2007 y 08/2007, en la suma de pesos doscientos veintinueve mil quinientos veinte con cincuenta centavos ($229.520,50) con más la suma de pesos doscientos cincuenta y tres mil doscientos veinticuatro con setenta y dos centavos ($253.224,72) calculados en concepto de intereses resarcitorios; y le aplica una multa por el periodo fiscal 12/2006, por el monto de pesos doscientos diecisiete mil seiscientos ochenta y cuatro con sesenta y dos centavos ($217.684,72) por el gravamen omitido considerando su conducta subsumida en las previsiones del articulo 46 y 47 incisos a), b) y c) de la ley N° 11.683;
(iv) N° 53/2017 (DV NRR1) que le aplica un multa por la suma de pesos seiscientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis con veintiún centavos ($669.756,21) por el impuesto a las salidas no documentadas dejado de ingresar por los periodos fiscales 06/2006 a 09/2006, 11/2006 y 01/2007 a 04/2007, encuadrando su conducta en el tipo previsto por los artículos 46 y 47 incisos a) b) y c) de la ley N° 11.683;
(v) N° 54/2017 (DV NRR1) que le aplica una multa por el monto de pesos novecientos cuarenta y siete mil cuarenta y siete con cincuenta y seis centavos ($947.047,56) por el gravamen dejado de ingresar en concepto de impuesto a las ganancias, periodos fiscales 2005 y 2007, encuadrando su conducta en el artículo 45 de la ley N° 11.683. Solicita la nulidad del acto determinativo del Impuesto al Valor Agregado, invocando la ausencia de motivación cierta y congruencia, aseverando que se ha incumplido con lo establecido en el artículo 7 de la ley N° 19.549, agregando que el juez administrativo denegó la producción de la prueba propuesta en manifiesto menoscabo del derecho de defensa y el debido proceso.
En lo que atañe al fondo del ajuste, ratifica la existencia de las operaciones de compra de materiales a los proveedores SITABEL S.R.L, ALPINO METAL S.A. y MIMET S.R.L. Advierte la inexactitud del acto cuando sostiene que no se ha acreditado el circuito físico del traslado de la mercadería atento a no haberse localizado la ubicación del depósito desde donde aquella provino y el medio de transporte empleado, pues la empresa aportó remitos que contienen la firma del proveedor que envió los bienes y su consecuente entrega. De igual modo, asegura que probó el circuito de pagos para cada proveedor, aportando órdenes y recibos respaldatorios. Agrega que los proveedores han admitido ante la fiscalización haber recibido los referidos pagos.
Plantea que resulta inoponible a su parte la falta de capacidad de los proveedores pues no pesa sobre los contribuyentes la obligación legal de efectuar tal control. Esboza que el organismo fiscal pretende que la empresa demuestre circunstancias relativas a terceros cuya indagación corresponde a aquél, señalando que al momento de la concertación de las operaciones cumplió con los controles pertinentes con respecto a la constancia de inscripción, ausencia de inclusión en la base APOC, autorización para emitir los comprobantes, vigencia del CAI, entre otras cuestiones que hacen al normal desenvolvimiento de la relación comercial.
Entiende que, si bien le cabe al contribuyente aportar elementos tendientes a demostrar la existencia del proveedor y la efectiva realización de las operaciones, de igual modo, es deber del Fisco Nacional acreditar que las operaciones efectuadas no fueron realizadas por las empresas proveedoras –hecho negativo-, afirmando que tales pruebas no se encuentran colectadas debidamente en el expediente administrativo. Ello así, asevera que en el caso se ha desvirtuado la función fiscalizadora, pues ha sido efectuada lejos de todo marco de razonabilidad desde que el organismo se limita a dirigir objeciones a terceros ajenos y no a los proveedores que han concretado las operaciones.
Rechaza los ajustes en materia de Impuesto a las Ganancias y Salidas no documentadas, asegurando que los gastos realizados por la empresa a fin de obtener, mantener y conservar la fuente de ganancias se encuentran documentados en facturas, remitos, recibos y órdenes de pago, agregando que se han practicado e ingresado todas las retenciones. Agrega que la materia prima adquirida a los proveedores cuestionados era necesaria a los efectos del desarrollo normal de su negocio, dejando ofrecidas las pruebas periciales a los fines de corroborar tal extremo, advirtiendo que su producción no fue admitida por el juez administrativo.
Expresa que con la prueba cuya producción solicita, logrará acreditar la correspondencia entre la actividad de los proveedores y las facturas emitidas, pues si bien la empresa posee máquinas para fabricar los productos que figuran en los comprobantes impugnados, ello no es un justificativo para cuestionar la operatoria, como lo sugiere la administración tributaria. En ese sentido, considera improcedente la comparación de costos que se efectúa, aseverando que no es posible en un proceso industrial complejo comparar cifras de distintos periodos fiscales sin validar ni sustentar las situaciones manifestadas por ella.
Rechaza la multa aplicada en el impuesto al valor agregado, afirmando que no toda falta de pago intencional del impuesto constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino solo aquella que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error. En tal sentido sostiene que el fisco resolvió la defraudación sin evaluar concretamente el elemento material u objetivo, resultando tal accionar contrario al ordenamiento penal.
Impugna las multas aplicadas en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a las ganancias-salidas no documentadas, indicando que desde siempre el organismo fiscal intentó encuadrar su conducta en un accionar defraudatorio que supone una acción dolosa y que tal hecho ha quedado desvirtuado con el dictado de la sentencia de sobreseimiento en sede penal. En esa línea, niega que su conducta pueda ser considerada como una omisión en los términos dispuestos por el artículo 45, pues nunca dejo de cumplir sus obligaciones fiscales, citando nuevamente lo acontecido en la causa penal, en la que el juez ha tenido por reales a las operaciones y a los sujetos que las cumplieron.
Cita jurisprudencia, acompaña prueba documental y ofrece pruebas informativa, pericial contable, pericial técnica y testimonial. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al fisco nacional.
II. Que fs. 253/282 y fs. 627/636 la representación fiscal contesta los recursos.
En primer término, rechaza el planteo de nulidad introducido por la actora asegurando que la resolución apelada es un acto administrativo valido, eficaz, ajustado a derecho, emitido por autoridad competente, reuniendo todos los requisitos intrínsecos y extrínsecos exigidos por la normativa en vigencia. Ratifica que en el procedimiento se ha garantizado el ejercicio del derecho de defensa del apelante y que se invoca una nulidad por la nulidad misma, pues no se individualiza en forma concreta cual es el vicio incurrido que le hubiere causado un estado de indefensión y que amerita la declaración que solicita.
Con respecto al fondo de la controversia, ratifica los ajustes señalando que el sustento fáctico de ellos emerge de los informes que se acompañan como parte de los antecedentes administrativos en los que se cumplió con la verificación de los proveedores empleados en las operaciones cuestionadas.
Asegura que la recurrente no ha logrado probar la existencia real de las operaciones de compra de las mercaderías registradas y el ingreso físico de las mismas, pues no se localizó el depósito desde el cual habrían salido los bienes ni el medio de transporte utilizado para su envío, como tampoco se constató el circuito de pago a los supuestos proveedores. Tampoco ha conseguido explicar por qué adquirió productos que estaba en condiciones de fabricar, en virtud de la maquinaria que el organismo pudo constatar en su inventario.
Concluye que, sin que se atribuya a la apelante los incumplimientos de terceros –como erróneamente sostiene- surge que la serie de inconsistencias detectadas en los proveedores ha invertido la carga de la prueba, correspondiéndole la obligación de acreditar que las operaciones se han efectuado en la realidad de los hechos, lo que no ocurre en el caso, solicitando la confirmación de los ajustes proyectados.
Destaca que la apelante no esgrime agravios concretos con relación a los ajustes en salidas no documentadas y ganancias sino meras afirmaciones consistentes en asegurar que las erogaciones estaban documentadas y que los proveedores fueron los destinatarios reales de los pagos. Frente a ello, manifiesta que la fiscalización no ha podido relacionar esas salidas de dinero con compras de bienes o con gastos realizados para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, siendo procedente la determinación de oficio que se ha efectuado.
Finalmente, ratifica la procedencia de las sanciones impuestas en tanto la recurrente no acreditó la existencia de un error excusable que la libere de responsabilidad.
Cita jurisprudencia, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por la recurrente y hace reserva del caso federal. Solicita se rechacen los recursos interpuestos y se proceda a confirmar las resoluciones impugnadas, con costas a la actora.
III. Que fs. 310 se resuelve asignar el carácter de hecho nuevo a la sentencia dictada por el Juzgado Penal Económico N° 10 en los autos caratulados “TECNODYC S.A.
(Y OTROS) SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769” N° CPE 2561/2011 -acompañada por la recurrente a fs. 293/296 de autos-, corriéndose debido traslado al fisco nacional.
En su presentación, la apelante sostiene que se trata de una sentencia de sobreseimiento fundada en una causal sustancial o material. Advierte que el juez penal ha tenido por procedente la deducción impositiva de los gastos que fuera computada por TECNODYC S.A. en su declaración jurada, considerando que el hecho investigado no se cometió. En tal sentido, a efectos de evitar la emisión de decisiones contradictorias, pone en conocimiento de este Tribunal la citada decisión judicial (ver fs. 306/309 de autos).
A su turno, el Fisco Nacional contesta el traslado y afirma que, dada la naturaleza del hecho nuevo invocado, el mismo no puede ser acogido favorablemente, y que no tiene más relevancia jurídica que la que corresponde a la causa penal en la cual se dictó. Sostiene que en relación a las medidas probatorias que sustentarían el fallo penal, cabe señalar que los testigos propuestos deben ser desestimados e impugnadas sus declaraciones, ya que la materia sujeta a prueba solo puede ser objeto de prueba documental. Introduce reserva del caso federal y rechaza el hecho nuevo invocado (ver fs. 313/316 de autos).
IV. Que a fs. 318 se resuelve abrir a prueba el Expte. N° 35.406-I, disponiendo hacer lugar a la pruebas informativa, pericial contable y pericial técnica propuestas por la actora.
Que a fs. 354/355; fs. 356/359; fs. 360/378; fs. 379/408; fs. 425/430 y fs. 466/469 obran agregados los informes remitidos por VASPIA S.A.I.C, INDUSTRIAS QUIMETRAL S.A.I.C, MIMET S.R.L, BANCO FRANCÉS, AFIP y BANCO HSBC, respectivamente.
Que a fs. 433/464 y fs. 474/525 se agregan los informes periciales elaborados por los contadores y los ingenieros mecánicos, respectivamente.
Que a fs. 647 obra agregada la sentencia que ordena acumular a los presentes autos el Expte. N° 47.927-I. Que a fs. 662 se clausura el periodo probatorio, y a fs. 663 se elevan los autos a consideración de la Sala "B". A fs. 664 se ponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho la parte actora a fs 667/673 y el Fisco Nacional a fs. 674/676. A fs. 677 se pasan los autos a sentencia.
V. Por cuestiones de lógica precedencia, corresponde dar tratamiento al planteo nulificante de la parte actora, con relación a la falta de motivación cierta y congruencia del acto determinativo de oficio del IVA.
Que al respecto, cabe advertir que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el Fisco Nacional para encuadrar la conducta fiscal de la recurrente, no resulta sustento a la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
Que como sostuvo esta Sala in re “Siev Publicidad S.A.” (sentencia del 01/04/2004) debe rechazarse la defensa opuesta por la apelante en cuanto a la falta de fundamentación del acto determinativo y falta de consideración de lo alegado por ella, puesto que “el juez administrativo se encuentra investido de las facultades necesarias para decidir la cuestión conforme a su criterio, independientemente de lo alegado por las partes y siempre que su decisión sea fundada, situación ésta que se verifica en autos al sustentarse las resoluciones en los hechos y antecedentes del caso y en el derecho aplicable”.
Que tampoco se advierte en la especie vicio alguno en la finalidad ni en el procedimiento de determinación de oficio como alega la recurrente, tanto más cuanto que su planteo se funda en la falta de valoración o producción de la prueba en sede administrativa, cuando según surge de los actos se tuvo especial consideración de la prueba rendida y se expusieron las razones por las cuales se decidió no hacer lugar a las pruebas propuestas.
Que, además, cabe considerar que este Tribunal ha sostenido in re “Mirror Holding S.A” (fallo del 15/09/06, expte. Nº 20.440-I) que: “...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal (fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como “in extenso”, en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho...”. Que, así ello, cabe recordar que “en efecto, la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello, pero no debe olvidarse como lo destaca Alsina que “las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la libre defensa de sus derechos y una defensa justa (Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, Bs. As. 1951, pág. 646)” (vide CNACAF, “Dadea, Marta Elisa s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”, de fecha 30/08/1984).
Por lo expuesto, debe rechazarse el planteo de nulidad interpuesto por la recurrente. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma.
En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que en cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los indicios que llevaron al Fisco Nacional a impugnar la facturación atribuida a los proveedores que declara la recurrente y el consecuente gasto computado, para luego emprender el análisis de aquellos, teniendo en cuenta la prueba arrimada y producida, y lo alegado por las partes al respecto.
Que a fs. 975/998 del Cuerpo N°5 de Ganancias de los antecedentes administrativos, obra agregado el informe final del fiscalización que da cuenta de las actividades realizadas a los fines de verificar las operaciones concretadas por TECNODYC S.A. con los proveedores ALPINO METAL S.A., MIMET S.R.L y SITABEL S.R.L, exponiendo las irregularidades tributarias que presentan las mencionadas empresas.
• ALPINO METAL S.A. (CUIT 30-70804107-2): la empresa declara como actividad “Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos” (CIUU 514.200), destacándose que coincide con la descripta en la factura de compra aportada por TECNODYC.
- Se concurre al domicilio fiscal situado en calle Tte. Gral. Juan Perón N° 1547, Piso 3, Dto. "D" de la Capital Federal, y tras reiterados llamados, la funcionaria actuante no es atendida. Se procedió a consultar al portero del edificio sobre si conocía a la firma, manifestándose en modo negativo (vide fs.233, Cuerpo Proveedor Alpino Metal S.A.). - Se concurre al domicilio alternativo situado en Av. Rivadavia N° 1255 de la Capital Federal, verificándose que se trata de un edificio con departamentos, en el cual la actuante fue atendida por un encargado que manifestó que allí no existe ninguna empresa con el nombre de la que se consulta (fs. 231, Cuerpo Proveedor Alpino Metal S.A.). Se deja constancia de que el domicilio comercial coincide con referido domicilio alternativo.
- Se procede a consultar en las bases del organismo, las declaraciones juradas presentadas por la firma: En el Impuesto al Valor Agregado (vide fs. 13 a 77, Cuerpo Proveedor Alpino Metal), por los períodos 12/2004 a 08/2007, dejándose constancia que se registran presentaciones hasta el período 02/2007. Las presentaciones denotan las siguientes características: en su mayoría los créditos fiscales superan a los débitos fiscales, generándole así saldos técnicos a favor del proveedor; en el caso de aquellas declaraciones en donde los débitos superan a los créditos, dicha diferencia se absorbe por los saldos técnicos a favor generados en los períodos inmediatos anteriores; y cuando no se presenta la situación detallada, las declaraciones son presentadas con débitos y créditos con importe cero, considerando la fiscalización que se trata de una maniobra para utilizar créditos fiscales inexistentes a las usuarias de estos comprobantes. Se señala que, en el caso de este proveedor, la firma TECNODYC S.A. solamente efectuó una sola operación de compra en la cual se observa que el débito fiscal declarado por ALPINO METAL S.A. es cero, no exteriorizando la transacción efectuada con la apelante.
En el Impuesto a las Ganancias, por el período 2006 (fecha de cierre de ejercicio 30/06), en el que se encuentra incluida la operación con TECNODYC S.A., no se registra presentación. De la consulta al padrón único de contribuyentes, surge que la firma dio de alta el impuesto el 14/08/2002 y que se le decretó la baja provisoria en abril de 2006 (fs. 1, Cuerpo Proveedor Alpino Metal). Se efectúo consulta a la base retenciones y percepciones sufridas, corroborándose que durante el período 2006 se le efectuaron retenciones, las cuales no fueron utilizadas por la firma para ese período fiscal (vide fs. 79 a 98, Cuerpo Proveedor Alpino Metal).
-SITER Financiero: De la consulta surge que la firma posee una cuenta bancaria en el BBVA Banco Francés Sociedad Anónima, observándose acreditaciones por los años calendarios 2005 y 2006 de $ 104.050,00 y $ 16.450,00. Cabe agregar que la única operación de venta efectuada a la fiscalizada durante el período 02/2006 es de $ 63.471,76, dejándose constancia de que la acreditación es inferior al importe de la venta realizada (fs. 130 y 131, Cuerpo Proveedor Alpino Metal).
-No registra propiedades ni automotores (fs. 132 y 133 del Cuerpo Proveedor Alpino Metal).
Se concluye que en razón de los datos extraidos de las bases de la AFIP, es dable presumir que el contribuyente carece de solvencia económica y patrimonial para poder ejercer su actividad comercial. Esta opinión se fundamenta en que la firma TECNODYC S.A., informa compras totales por $ 63.471,76, por el mes 02/2006, careciendo el proveedor de bienes registrables como así también de personal en relación de dependencia para afrontar la actividad descripta. -Consulta base FACTUWEB: se deja constancia de que los CAI solicitados por las imprentas son existentes y que coinciden con la numeración de la factura aportada por la firma TECNODYC S.A. (fs. 256 y 257, Cuerpo Proveedor Alpino Metal). La imprenta corresponde a Manarino Adrián Gustavo (CUIT: 20-17107620-0) quien se presentó aportando las autorizaciones de trabajo de impresión, copias de las películas de impresión de facturas, remitos y recibos y facturas emitidas por los trabajos realizados. (fs. 134 a 201, Cuerpo Proveedor Alpino Metal).
Cabe agregar que de la lectura de las solicitudes de impresión de facturas se desprende que las mismas fueron solicitadas por Alfonso María Cristina, CUIT Nº 27-12009892-l y Álvarez Carlos Raúl, CUIT Nº 20-27637515-7, contribuyentes que poseen irregularidades en la consulta efectuada al Padrón General de Contribuyentes, ya sea en el domicilio como en su situación impositiva. Asimismo se informa que estas personas, conforme a las consultas efectuadas en las bases del organismo, no poseen relación alguna con la firma ni como integrantes ni como empleados (fs. 254 y 255, Cuerpo Proveedor Alpino Metal S.A.).
-Se procedió a circularizar al Banco BBVA Francés con el fin de que aportara fotocopia del cheque por $ 3.540,22, único cheque propio con el cual abonó el contribuyente dicha operación, dejándose constancia de que el resto fue abonado con cheques de terceros, conforme surge de la orden de pago. De la contestación efectuada por la citada entidad se desprende que dicho cheque ha sido presentado al cobro en el Banco COMAFI S.A., dejándose constancia de que el cartular se encuentra en poder de la entidad depositaria, en virtud de la normativa emitida por el B.C.R.A., en relación al truncamiento de cheques, quedando así cerrado el circuito financiero y no logrando corroborar cual fue el destino del dinero (fs.236 del Cuerpo Proveedor Alpino Metal SRL).
-Información obtenida en la Inspección General de Justicia (fs. 208 del Cpo. Del Proveedor): el contrato social tiene como fecha de constitución el 26/07/2002. El objeto social es: Comercial: Compra, Venta, Fraccionamiento, Envasado, Transporte, Distribución, Importación y Exportación de Metales no Ferrosos. Comercialización de perfiles y/o Lingotes de acero y/o metales diversos. El acto de constitución de sociedad y de renuncia y elección de directorio efectuado con fecha 28/11/2002, son los únicos tramites que figuran en el legajo citado, no incluyéndose más informaciones desde el 26/12/2002.
-Se relevaron los datos de los integrantes de la sociedad, los que fueron circularizados, obteniéndose los siguientes resultados:
Carlos Alberto Quattrini, CUIT 20-10736680-7, Cargo Presidente: Se circularizó el domicilio situado en la calle Scalabrini Ortiz 258, Piso 1, Dto. "A" de la Capital Federal, siendo la correspondencia devuelta con la leyenda "Cerrado – Ausente”; se dejó “aviso de visita"; y el domicilio de la calle Uruguay 16 de la Capital Federal, siendo devuelta con la leyenda "Desconocido" (fs. 209 a 212, Cuerpo Proveedor Alpino Metal).
Miguel Alberto Guilarducci, CUIT 20-04639584-1, Cargo Director Suplente: Se remitió correspondencia a los domicilios ubicados en Av. San Juan Nº 2833 y en calle Juncal Nº 2366, ambos de la Capital Federal, informándose que ambas cartas fueron devueltas con los motivos "Desconocido" y "Dirección Inexistente", respectivamente (fs. 219 a 222, Cuerpo Principal Alpino Metal).
Alejandrino Céspedes (Sucesión de), CUIT 20-02970730-9, Cargo Presidente: Se circularizaron los domicilios situados en calle Girardot Nº 354 y Tte. General Juan Perón Nº 1617, ambos de la Capital Federal, recibiéndose acuses de recibo donde describían "Cerrado – Ausente”. Se dejó “aviso de visita" y "Desconocido", respectivamente, como motivos de devolución (fs. 215 a 218, Cuerpo Principal Alpino Metal).
-De la información obrante en las bases de la Administración Federal, se obtuvo un CUIT relacionado, perteneciente a la Sra. Trillo Liliana Beatriz, CUIT Nº 27-24847374-1, no figurando con asignación de cargo en la sociedad, quien fuera circularizada en el domicilio sito en Av. San Martín 401 de la Capital Federal, recibiendo la devolución de la correspondencia con la condición de "Cerrado-Ausente-“ dejándose “aviso de visita" (fs. 213 y 214, Cuerpo Alpino Metal).
-Se informa que de la consulta a la base de la AFIP-DGI emerge que el contribuyente no ha efectuado presentaciones como agente de retención, motivo por el cual no se puede hacer un seguimiento los proveedores del mismo, como así tampoco si efectúo retenciones por alquileres pagados, con el fin corroborar si por su actividad en algún momento poseía un inmueble alquilado para operar como depósito de chatarra (fs. 3 y 4, Cuerpo Proveedor Alpino Metal). • MIMET S.R.L (CUIT 30-70935187-3): declara como actividad la “Venta por mayor de metales y minerales metalíferos” (CIUU 514.200), coincidiendo con los conceptos que surgen de las copias de las facturas aportadas por TECNODYC (fs. 231, Cuerpo Proveedor Mimet S.R.L.).
-Se visitó el domicilio fiscal situado en calle Arregui N° 2953, Piso 3, Dto. 11 de la Capital Federal, notificándose la solicitud de información referida a las operaciones de compras efectuadas por parte de la firma TECNODYC S.A. (fs. 49 a 52 del Cuerpo de Circularización Mimet SRL). Se deja constancia de que el referido domicilio coincide con los domicilios comercial y alternativo informados por la empresa.
-En fecha 28/05/2009 la empresa presentó una nota por medio de la mesa de entrada, referenciando a la Orden de Intervención 352.985 (información que en ningún momento fue suministrada al proveedor), manifestando que "Por medio de la presente y en relación al requerimiento oportunamente formulado en base a las ventas realizadas a la firma TECNODY S.A., pongo en su conocimiento que la empresa contribuyente, se ha acogido a los planes de facilidades de pago, conforme Ley 26.476 respecto del Impuesto al Valor Agregado., tal como se acreditará con la documentación pertinente en el plazo de 48 horas. En virtud de lo expuesto, solicito se libere a la firma TECNODYC S.A. de cualquier determinación de impuestos, en virtud de haberse ingresado las ventas efectuadas a través del plan de facilidades de pagos antes mencionado" (fs. 48 del Cuerpo de Circularización Mimet SRL).
Se deja constancia de que la nota se encuentra firmada, pero que la firma carece de aclaración y esta presentada en copia simple, es decir que no se acredita personería jurídica de la persona que la suscribe. Se aclara que la multinota a la que se hace referencia fue presentada por voluntad de la firma MIMET S.R.L, ya que al momento no se le había efectuado requerimiento de información alguno.
-En fecha 22/06/2009 se procedió a notificar a la firma por medio del procedimiento del art. 100 inc. b) de la Ley 11.683 (T.O. en 1998 y sus modificaciones) un F. 1500, Ref.: Solicitud de Información (fs. 49 a 52 del Cuerpo Circularización MIMET SRL), en donde se requirió: l. Libro IVA Compras e IVA Ventas por los meses 01-05-2004 a 31-07-2008. 2. Facturas de compras y ventas por el período O 1-05-2004 a 31-07-2008. 3. Libro Diario. 4. Libro Inventario y Balance 5. Libro de Sueldo y Jornales. 6. Libro de Actas. 7. Nota detallando: a) Fecha de Inicio de Actividades; b) Detalle de la actividad desarrollada; c) Domicilio los locales o depósitos que posee; d) Contratos de alquiler de dichos domicilios; e) Detalle la forma en que se hace entrega de la mercadería vendida; f) Como se hace el transporte de la misma, si con transporte propio o con servicio terciarizado; g) En caso de contratar transportes para trasladar la mercadería vendida indicar el transporte con el que trabaja; h) Detalle de los componentes de la sociedad, indicando CUIT, Cargo y domicilio real.
-Se presenta el Sr. SPADEA, JORGE VICENTE, D.N.I. N° 4.381.812, socio de la firma conforme surge del Contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada, aportando: l. Libro IVA Compras sin rubricar por los meses 01/2006 a 12/2008, del cual se obtuvieron fotocopias firmadas obrante a fs.69 a 104, Cuerpo Circularización Mimet SRL. 2. Contrato de Alquiler (Locación) de fecha 10/01/2006 (fs. 61 y 62, Cuerpo Circularización Mimet SRL). 3. Contrato de S.R.L (fs.56 a 58, Cuerpo de Circularización Mimet SRL). 4. Libro de IVA Ventas (fs. 105 a 180, Cuerpo de Circularización Mimet SRL). 5. Facturas de compras a los proveedores AURARIA S.R.L, OPSABRON S.R.L, FORJMET S.A. y SUR METALURGICA S.R.L.
Se consultó al Sr. SPADEA la forma que realiza el transporte de la mercadería vendida, respondiendo que la misma se hace con transporte enviado por los clientes, de su propiedad o tercerizados por aquellos, y que en ocasiones contrata un servicio de transporte que es amigo y que no le factura pero si le paga. Asimismo, se le preguntó cómo le entrega la mercadería a la firma TECNODYC S.A., a lo que responde que la firma envía su propio vehículo y lo retira del galpón de la firma Formec o Bonifacini, proveedores de MIMET. Respecto a la consulta sobre los empleados, manifestó que no posee empleados y que no poseía empleados en los períodos 01/2005 a 12/2008 (fs. 54, Cuerpo de Circularización Mimet SRL).
Que analizado lo manifestado por el Sr. SPADEA respecto a la forma en que la empresa MIMET SRL hace entrega a la firma TECNODYC S.A. de la mercadería comprada por esta última, se aprecian dos aspectos: uno de ellos, que cuando informa que la firma retira la mercadería de los galpones de Formec o Bonifacini, los nombres si bien son similares a los proveedores de la firma, conforme lo que surge del libro de IVA Compras estos proveedores serían FORJMET S.A. e INDUSTRIA RICARDO BONIFACIO S.A., lo que parece extraño que no teniendo tantos proveedores el Sr. Spadea no recuerde los nombres en forma correcta; y segundo que MIMET SRL realizó solamente operaciones de compras en el mes 09/2006 con Industria Ricardo BONIFIACIO S.A., por un importe de compra muy inferior a las ventas que le efectuó posteriormente a TECNODYC S.A. y que todas las operaciones de compras efectuadas por MIMET SRL a estos dos proveedores fueron efectuadas en meses posteriores a las ventas realizadas a TECNODYC S.A.
-De la lectura del contrato social obrante a fs. 56 a 58, del Cuerpo Circularizacion Mimet SRL, surge que el Sr. SPINELLI, GUIDO HÉCTOR, D.N.I. 14.199.107, posee el cargo de socio gerente y titular de las cuotas partes, motivo por el cual se procedió a citar al mencionado. Se presenta el día 03/11/2009 y manifiesta "Con relación a la información solicitada respecto del contribuyente MIMET SRL, informo que al presente no mantengo relación contractual de ningún tipo con dicho contribuyente, por lo cual carezco de documentación que pueda aportar a esta repartición. A mayor abundamiento informo que en razón de estar imposibilitado de disponer de mis bienes en razón de pesar sobre mi patrimonio una inhibición general de bienes, no he enajenado las cuotas parte que actualmente figuran en cabeza mía". Asimismo -en el acta de constatación- el Sr. Spinelli manifestó que constituyó la sociedad para que fuera utilizada por el Sr. Spadea, teniendo conocimiento de que la misma estaría relacionada a la venta de metales y desconociendo el lugar donde operó u opera actualmente; agrega que nunca participó activamente de la misma. Ante la pregunta de si se ausenta habitualmente de la República Argentina, manifiesta que efectúa viajes al Paraguay por razones de salud (fs. 189 a 191, Cuerpo de Circularización Mimet SRL).
Con el fin de constatar dicha situación, las salidas y entradas al país, esta fiscalización procedió a circularizar a la Dirección Nacional de Migraciones, en donde se le solicitó fechas de egreso del país y lugares de destino y fechas de ingreso al país y lugares de procedencia, por el período 01/2004 al 09/2009, a lo cual el citado organismo respondió que según lo informado por el Departamento de Registros de Control de la Dirección General de Movimientos Migratorios, con detalle de los movimientos migratorios sobre la base informática de datos del Registro Nacional de Ingreso y Egreso al Territorio Nacional -incluidos los pasos internacionalizados bajo responsabilidad de Gendarmería Nacional – ha arrojado un resultado negativo de tránsitos en ambos casos. Dicha información fue ratificada por Prefectura Naval Argentina, en donde no se registraron movimientos migratorios (fs. 192 a 196, Cuerpo de Circularización Mimet SRL). -Respecto los proveedores de Mimet SRL, se procedió a circularizar a algunos de ellos, obteniéndose los siguientes resultados:
AURARIA S.R.L: la firma manifestó haber efectuado una sola operación de venta a Mimet SRL, con fecha 03/03/2006, siendo el neto gravado de $927,00 y el I.V.A. de $194,67. Cabe agregar que del Libro IVA-Compras aportado por MIMET, se desprende que el crédito fiscal registrado por los meses 01-2006 a 12-2008, correspondiente a la misma asciende a $ 4.624.031,65 (fs. 101 a 200, Cuerpo de Proveedores Mimet SRL)
SUR METALURGICA S.R.L: Se circularizó a la firma en varias oportunidades y no se presentó a cumplimentar los requerimientos formulados (fs. 52 a 60, Cuerpo de Proveedores Mimet SRL).
INDUSTRIA RICARDO BONIFACIO S.A.: la firma manifestó haber efectuado dos operaciones de ventas con la sociedad Mimet SRL, las cuales coinciden en la numeración y el importe detallado en la factura. Cabe agregar que la empresa circularizada, tras un detalle confeccionado por la actuante de las facturas registradas en el Libro IVA-Compras de Mimet SRL, procedió a consultarle sobre otros comprobantes registrados y no informados en la contestación a la circularización efectuada, dejándose constancia de que dichos comprobantes no coincidían en fechas e importes y que habían sido emitidos a otros clientes de Industria Ricardo Bonifacio S.A. (fs. 63 a 100, Cuerpo de Proveedores Mimet SRL).
-Se consulta sobre las declaraciones juradas presentadas.
En el Impuesto al Valor Agregado (fs. 10 a 47, Cuerpo de Circularización Mimet SRL), respecto de los períodos 09/2005 a 08/2007, se señalan los siguientes aspectos: en las presentaciones efectuadas se pudo observar que los débitos son superiores a los créditos registrados por TECNODYC S.A., pero en la mayoría de estos períodos el saldo técnico es a favor del contribuyente, generándole saldos a favor o importes a ingresar que son irrisorios. Asimismo, se consultaron los pagos del impuesto, observándose que en el 2006 ingreso un total de $ 7.563,23, y con respecto al año 2007, si bien todos los meses arrojaron saldos a favor de la AFIP que totalizaron $ 26.718,16, la firma solo ingreso $ 6.626,67 (fs. 330 y 331, Cuerpo Circularización Mimet SRL).
En el Impuesto a las Ganancias, las ventas efectuadas por la contribuyente a la firma TECNODYC S.A., corresponden los períodos fiscales 2006, 2007 y 2008. Del análisis de los papeles de trabajo de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por aquellos periodos, surge que la firma no posee -prácticamente- activos fijos, sino que su activo se compone en un 90% de Créditos y que las Deudas son coincidentes en su saldo a los Créditos (fs. 1 a 5 y 333 a 356, Cuerpo de Circularización Mimet SRL).
Se consultaron las retenciones del impuesto aquí analizado, dejándose constancia de que durante los períodos fiscales 2005 a 2007 –ambos inclusive- se le practicaron retenciones, que fueron exteriorizadas en sus presentaciones de ganancias de los períodos fiscales 2006, 2007 y 2008, generándole saldos a favor en las obligaciones de estos períodos (fojas 257 a 264 y 357, Cuerpo Circularización Mimet SRL).
Con respecto a la Seguridad Social, por los meses 12/2004 a 08/2007, no se observaron presentaciones en este impuesto. Asimismo se informa que el proveedor no estuvo dado de alta en este impuesto, según surge de la consulta del padrón único de contribuyentes (fs. 272 y 358, Cuerpo Proveedor Mimet SRL), dicha situación fue contrastada con la información obrante en la base Emsyasi, donde se observó que el contribuyente no efectúa presentación alguna (fs. 273 a 288 y 359 a 384, Cuerpo de Circularización Mimet SRL).
-SITER Financiero: De la consulta de esta base surge que posee una cuenta corriente en pesos en el Hexagon Bank Argentina S.A., informando acreditaciones por los meses 10/2005 a 02/2007 (fs. 202 a 209, Cuerpo Circularización Mimet SRL). El importe acreditado durante el período fiscal 2006 es inferior a las ventas que este proveedor le efectúo a la fiscalizada.
-No registra propiedades ni automotores (fs. 294 y 295 del Cuerpo de Circularizaciones Mimet SRL).
-Respecto de su capacidad económica se observa que la firma posee cuentas bancarias con acreditaciones relevantes, pero en contrapartida no registra propiedades ni los vehículos necesarios para el transporte de la materia prima, como asi tampoco personal en relación de dependencia que pudiera ejercer el trabajo en concordancia a los montos facturados, los cuales ascendieron por los meses 03/2006 a 08/2007 a $ 6.234.392,61 (fs. 386 del Cuerpo de Circularización Mimet SRL).
-Consulta base FACTUWEB: se deja constancia que los CAI solicitados por las imprentas son existentes y que coinciden con la numeración de las facturas aportadas por la firma TECNODYC S.A. (fs. 296 a 305 y 390 a 396, Cuerpo Proveedor Mimet SRL). La imprenta pertenece al Sr. Scavuzzo Hugo Daniel, CUIT: 20-16822647-1 quien se presenta aportando las autorizaciones de trabajo de impresión, copias de las películas de impresión de facturas, remitos y recibos y facturas emitidas por los trabajos realizados. Cabe agregar que el modelo de película de impresión coincide con las copias de facturas aportadas por TECNODYC. Se informa que las autorizaciones aportadas coinciden con la información obrante en la página FACTUWEB (fs. 296 A 326, Cuerpo de Circularización Mimet SRL).
- Relevamiento en la Inspección, General de justicia: el contrato Social tiene como fecha de constitución el 01/09/2005. El objeto social es compra, venta y exportación, importación de productos metalúrgicos, metales ferrosos y no ferrosos, hierros y aceros especiales y de alineación. El acto de constitución es el único trámite que figura en el legajo citado (fojas 327 y 328 Cuerpo de Circularización Mimet SRL).
-Cobranza de facturas: se circularizaron los bancos en los cuales la firma posee sus cuentas. Se solicitaron las copias de los cheques relacionados con los pagos efectuados a este proveedor, dejándose constancia de que de la lectura del dorso de los mismos surge que fueron presentados al cobro ante el Banco HSBC BANK ARGENTINA S.A. en los periodos 06/2007 y 07/2007.
Se obtuvieron copias de los cheques correspondientes a los meses de junio y julio del 2007 (fs. 385, Cuerpo de Circularización Mimet SRL), surgiendo que los mismos no fueron pasados por estas cuentas, ya que durante esos períodos el contribuyente no tenía acreditaciones exteriorizadas. Además, se observa un cheque de $ 191.801,35, fechado en su dorso el 14/06/2007, truncado en una cuenta del HSBC Bank Argentina Suc.Villa Devoto (615) y en la misma fecha, hay un cheque truncado por $ 6.070,86, emitido a la firma SITABEL S.R.L.
Se informa que esa situación se verifica en varios cheques, emitidos para cancelar compras a estos proveedores, que se encontrarían descontados en la citada entidad.
Habiéndose efectuado un relevamiento de las ventas totales por los períodos fiscales 2006 y 2007, considerando que la firma tiene fecha de cierre el 31/08, se observa que las ventas totales (incluyendo IVA), son de $12.636.402,00 y $24.951.743,00, respectivamente, corroborando que las acreditaciones bancarias son para dichos periodos de $1.794.436,00 y $3.312.454,00, es decir, importes muy por debajo de las supuestas ventas realizadas.
-Cabe agregar que de la lectura efectuada en los antecedentes trabajados por la Dirección Regional Sur obrante a fojas 481, del Cuerpo Antecedentes APOC - Dirección Regional Sur, se observa que el Sr. SPADEA tenía la función de llevar a cabo el negocio de compra-venta, de pasamano o comisionista de la firma, motivo por el cual se concluye que tras todas las tareas efectuadas, la firma MIMET SRL posee las características del funcionamiento de una Usina de facturas Apócrifas y que se encuentra relacionada con SITABEL S.R.L, ya que ambas firmas se destacan por poseer la misma forma de operar comercial y financieramente.
• SITABEL S.R.L (CUIT 30-70726669-0): de la consulta efectuada en la base E-Apoc, se pudo verificar que la firma se encontraba cargada como Proveedor Apócrifo al momento de la fiscalización en curso, por considerarse un contribuyente "Sin Capacidad económica", en virtud de las actuaciones trabajadas por la Dirección Regional Sur.
Del informe confeccionado por la referida dependencia (fs. 533 a 539 del "Anexo Proveedor SITABEL SRL"), se desprenden las siguientes condiciones para considerarlo apócrifo:
-Declaraciones juradas presentadas: en el Impuesto a las Ganancias por los períodos 2001 a 2003, presentadas con fecha 11/03/2005, sin impuesto determinado. No se encuentran presentadas las correspondientes a los períodos 2004 a 2006. No surgen pagos efectuados correspondientes al impuesto. Con respecto al Impuesto al valor Agregado, presenta declaraciones juradas desde 08/2000 a 07 /2006, con movimientos de débitos y créditos similares. El débito fiscal declarado no cubre el crédito fiscal de las facturas computadas. Se destacan los puntos de informalidad de la firma SITABEL S.R.L. para desarrollar su actividad comercial y la falta de documentación respaldatoria que avalen sus compras y sus ventas.
-No surge del sistema Emsyas y Efisco registro de empleados en relación de dependencia, coincidiendo con lo manifestado por el socio gerente.
-De la información aportada por la imprenta “Grafica Lama de Viviana Graciela Zocco” se desprende que los pedidos de trabajo fueron realizado por el Sr. Alberto Rodríguez, socio gerente de la firma y coinciden con los obrantes en la FACTUWEB (fs. 275 a 292, Cuerpo "Anexo Proveedor SITABEL"). Se advierte que los modelos de película de impresión coinciden con las copias de las facturas aportadas por TECNODYC S.A.
-Con respecto al circuito financiero se deja constancia de que los cheques propios con los que se le abono a SITABEL S.R.L fueron descontados en financieras concluyendo que no se pudo determinar el ingreso de los fondos a la empresa, como así tampoco pudo verificarse quien fue el real cobrador de los valores descontados (fs. 537 y 538, "Anexo Proveedor SITABEL").
-De la manifestación del socio gerente surge que quien consigue el material es un cliente de SITABEL. Seguidamente, es SITABEL quien consensua con sus clientes la venta de los materiales. Explica que no posee riesgo empresario, ni depósito, ni empleados y que no puede exhibir facturas de compra de los materiales, y que no posee libros de compras y ventas, ya que actúa como un intermediario.
En razón de las verificaciones efectuadas por la dependencia de la AFIP-DGI actuante, surge que: (i) SITABEL SRL no tiene depósitos y/o lugares físicos donde desarrolle la actividad que surge de las facturas (ii) El comportamiento fiscal es el típico de las llamadas "usinas". (iii) No declara personal en relación de dependencia (iv) No son informados bienes registrables (v) No se pudo determinar efectivamente el ingreso de los fondos a firma.
Se concluye que el contribuyente no posee capacidad económica para ejercer la actividad que surge de las facturas de compras, tratándose de una empresa inscripta al solo efecto de facturar crédito no legítimo, por lo que corresponde impugnar el crédito fiscal computado por la usuaria. Ello así, la dependencia actuante remitió las actuaciones a la División Investigación de la misma región a los efectos que se incluya en la BASE APOC, dándose por cumplido lo establecido en la I.G.748/05.
Por lo merituado, el informe expresa que en virtud del análisis efectuado a estos proveedores, surge que deben ser catalogados como proveedores apócrifos ya que fueron verificados los aspectos establecidos por la Inst. General 748/2005. Se esgrime que se procedió a recabar toda la información documental relacionada con los sujetos, obteniéndose fotocopias firmadas de las facturas de compras, remitos, recibos, ordenes de pagos, subdiario rubricado de compras, mayores de las cuentas en donde se detallan estos movimientos y libro diario donde se pudieron individualizar los asientos de pagos y donde se corroboró el asiento global de compras de los mismos. Todo ello con respecto a las operaciones que concretaron con la firma TECNODYC S.A.
Que adicionalmente se realizaron tareas relacionadas con el Circuito de Pago de las facturas consideradas apócrifas, relevándose los asientos del libro diario, que se encuentran respaldados por los extractos bancarios emitidos por los bancos circularizados por la actuante. Se informa que la modalidad que utiliza TECNODYC para cancelar las compras de los proveedores en cuestión es la siguiente: se cancela con cheques propios en un bajo porcentaje del total facturado por el proveedor y la gran parte de las facturas se cancelan con cheques de terceros, conceptos detallados en las ordenes de pago emitidas por la empresa o en los recibos emitidos por los proveedores.
Respecto a las cancelaciones efectuadas a los proveedores cuestionados, se han corroborado algunos pagos con cheques de importes relevantes, de los cuales se obtuvo copia del frente y dorso de los mismos, conforme la solicitud efectuada a los bancos emisores. Estos cheques tienen la particularidad de contar en su dorso con la leyenda "RECHAZO". Que consultadas las distintas entidades bancarias emisoras de estos cheques respecto a cual fue el destino de los mismos debido a la leyenda que se indicaba en su dorso, dichas entidades manifestaron que no se registran los rechazos de los cheques en las cuentas de la contribuyente; cabe agregar que si bien consta en los extractos bancarios el débito de los mismos no figura la acreditación de estos, reafirmando lo manifestado por los bancos (falta de registro del rechazo del cheque).
Que en razón de las serias irregularidades –esencialmente la falta de capacidad operativa y económica- corroboradas en los proveedores detallados en párrafos precedentes, el organismo fiscal procedió a impugnar el crédito fiscal originado en las mismas y la deducción efectuada en el impuesto a las ganancias de los importes netos provenientes de las operaciones de compras realizadas por la contribuyente. Respecto del impuesto a las ganancias, se aclara que el ajuste se realizó sobre todas las operaciones en atención a que no logró acreditarse la efectiva existencia de los materiales adquiridos, determinándose además el ajuste resultante de aplicar, a las operaciones observadas, las previsiones del artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias, por el instituto de salidas no documentadas.
Que frente a ello, surgiría de los presentes autos -según el Fisco Nacional- que la inspeccionada no aportó elementos probatorios que logren desacreditar las irregularidades informadas, y en consecuencia, probar la veracidad de las operaciones supuestamente efectuadas con los proveedores, sin que se haya logrado constatar que fueron aquellos sujetos quienes efectivamente las concretaron.
VII. Que en primer lugar, corresponde expedirse respecto de la determinación de oficio en el Impuesto al Valor Agregado.
Que según lo expuesto, a juicio de este Tribunal, cabe anticipar que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto de los proveedores SITABEL S.R.L, MIMET S.R.L y ALPINO METAL S.A., se encuentra debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las facturas y la capacidad de los referidos sujetos como quienes concretaron la entrega de materiales consignada en los comprobantes.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Conviene precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinado a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la Dirección y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última.
Ello así, debe determinarse si los elementos probatorios aportados por la apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la realización de la venta de bienes por parte de los proveedores impugnados y su real representación en los créditos fiscales declarados. Esta equivalencia resulta imprescindible para considerar válida la cuantificación, y en consecuencia, irresistible la existencia de la obligación tributaria declarada por el contribuyente. De no ser así, aunque se acredite la existencia física de los proveedores impugnados, no se podría aseverar que la autodeterminación practicada por el contribuyente es conteste con las operaciones efectivamente realizadas. Que en apoyo de los indicios constatados por la fiscalización –y no, como pretende la recurrente, a modo de fundamento exclusivo del ajuste realizado- consta que la venta de materiales (cuerpos de latón para válvulas esféricas forjadas y premecanizadas; esferas para válvulas; tuercas para válvulas; inserto hembra ¾; cuerpos de válvulas esféricas forjadas y pre mecanizadas) no pudo ser efectuada por los referidos sujetos observados, en tanto se ha constatado que carecen de capacidad económica, financiera y operativa, remitiéndonos al profuso informe de fiscalización que resume una a una las situaciones relativas los proveedores impugnados y las irregularidades existentes en ellos, como así también los “cuerpos de investigación” de proveedores, que forman parte de los antecedentes administrativos de la causa.
A mayor abundamiento, para el caso de las firmas MIMET y SITABEL, existe un expreso reconocimiento por parte de sus socios con respecto al hecho de que no son ellos quienes efectivamente poseen los materiales que le facturaron a TECNODYC, esgrimiendo que funcionan como “intermediarios” en la operación, comunicándose telefónicamente a efectos de ofrecer los materiales, respecto de los cuales, en definitiva, no se logra constatar de donde provienen o quienes han sido sus reales proveedores, pues las firmas cuestionadas no aportan las facturas de compra y no ubican los depósitos donde aquellos se almacenan. No obstante, de los comprobantes en crisis surge que aquellas firman facturan “venta de material” y no un “servicio de intermediación” como refieren significaría la verdadera actividad que realizan, dejando patente la inconsistencia neurálgica que ha podido constatar el organismo fiscal a efectos de impugnarlos como proveedores apócrifos.
Que frente a los referidos indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a los proveedores no confiables, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en que las operaciones se encontraban documentadas y que los materiales efectivamente se adquirieron desde que resultaban necesarios para cumplir con la demanda de su negocio. Sin embargo, tales extremos no son suficientes para aseverar que aquel que emite el comprobante o el remito sea efectivamente quien produjo y/o entregó el material, si al momento de ir a buscarlos el organismo se encuentra con sujetos que presentan características que tornan evidente que sería imposible que cumplieran con aquellas entregas y más aún, cuando afirman no poseer depósitos, no ubicarlos y asegurar que revisten el carácter de meros intermediarios en las operaciones observadas.
Que en tal sentido, valorada la prueba documental obrante en los antecedentes administrativos y reiterada en los presentes autos (vide fs. 130/202), se observa –únicamente- que todo el circuito se encontraba documentado. Lo mismo acontece con las pruebas periciales contable y técnica rendidas en autos, que logran acreditar la existencia física de los bienes comerciados, habiéndose comprobado que sin la adquisición de los materiales resultaba imposible a TECNODYC producir la cantidad de válvulas que finalmente comercializó en los periodos ajustados. Sin embargo, las referidas probanzas resultan insuficientes a los fines de demostrar que fueron los sujetos cuestionados quienes las cumplieron, siendo un hecho reconocido en la causa que al menos en el caso de MIMET y SITABEL –que condensan el grueso de las operaciones- aseguraron solo funcionar como intermediarios –a modo de “pasamanos”- de los materiales finalmente adquiridos.
En el presente caso adquiere relevancia el hecho de que se haya intentado probar la existencia de los proveedores, aunque erradamente a los fines de desvirtuar el ajuste en IVA, dado que como ya se reiteró en varias oportunidades, los socios de las firmas MIMET y SITABEL, se presentaron en ante la fiscalización y aseveraron actuar como meros intermediarios que conseguían los materiales –sin aportar las facturas de compra de los mismos- comunicándose telefónicamente con las empresas a los efectos de su ofrecimiento, como habría ocurrido en el caso de TECNODYC.
Que la existencia de las firmas, o al menos su actuación en el ámbito comercial de que se trata y la modalidad por ellas descriptas, se corrobora no sólo con los dichos ante la fiscalización, sino con la prueba informativa rendida en estos autos a fs. 352/355 por la firma VASPIA que afirma conocer a las empresas MIMET y SITABEL, habiendo concretado operaciones con aquellas; y a fs. 356/359 la firma INDUSTRIAS QUIMETAL también asegura conocer y haber realizado compra de materiales a SITABEL y ALPINO METAL.
Que a fs. 433/464 de autos obra agregado el informe pericial contable en el cual se observa que los profesionales actuantes ratifican la veracidad y el asiento en la contabilidad de TECNODYC de facturas, remitos, cheques y pagos, hechos que no se encontraban controvertidos en los actos apelados. Por su parte, en lo relativo a la existencia de los materiales, el perito de parte expresa “Con detalle de nuestra participación exponemos un cuadro donde podemos confirmar que teniendo en cuenta los inventarios físicos al inicio, más las compras en unidades realizadas por la sociedad, y los inventarios finales de cada ejercicio, da como resultado neto que la cantidad de unidades se corresponden con las unidades vendidas y que las diferencias no son significativas”.
A su turno, a fs. 474/525 de autos se agrega el informe pericial técnico, en el cual se observa que los profesionales actuantes –en modo concordante- han podido verificar y probar el proceso productivo llevado adelante por TECNODYC, confirmando los dichos de la firma cuando afirmó que necesariamente debió adquirir los materiales que dan cuentan las facturas cuestionadas para poder satisfacer la demanda del negocio y vender finalmente la cantidad de válvulas durante los periodos cuestionados. Se comprende que lo constatado por los profesionales actuantes repercute necesariamente en la acreditación de la existencia física de los bienes adquiridos. Corresponde indicar aquí que los profesionales llegan a idénticas conclusiones, sin que existan objeciones esgrimidas por el perito propuesto por la AFIP-DGI. En tal sentido, el informe deja expuesto, en primera instancia, como es el proceso productivo llevado adelante por TECNODYC a los fines de determinar si efectivamente debió adquirir los materiales que se asientan en las facturas cuestionadas, estableciendo:
“1° Las barras de latón se cortan en trozos de dimensiones algo mayor a la longitud de los cuerpos de válvulas, para posteriormente introducirlos en el Horno de Rotativo de Calentamiento. 2° Los trozos de barras se introducen en las ocho estaciones del Horno a gas, hasta obtener la temperatura de forjado. 3° Obtenido el calentamiento necesario de la pieza, se retiran del Horno los trozos de latón y se colocan en la prensa, para que por su accionar, se termine de dar la forma al cuerpo de válvula. El termino premecanizado se debe a que el cuerpo de válvula, luego de forjado presente un noyo o preforma del agujero. 4° El cuerpo de válvula ya formado se lleva a un Balancín para que por acción de golpe se corten las rebabas que sobresalen del mismo, quedando finalizado el proceso, obteniendo así el cuerpo de válvula forjado”.
Los peritos realizan un ensayo para comprobar la cantidad de válvulas que la firma estaba en condiciones de producir y expresan:
“(…) en función de ensayo realizado por los suscriptos, de los montos de consumo de gas obtenido del Libro IVA compra para cada ejercicio, y de la comparación de los consumos necesarios para hacer las cantidades de válvulas cuestionadas, con los consumos normales abonados, se puede determinar que, con las instalaciones actuales del Horno de calentamiento, no resulta posible, producir las cantidades de cuerpos de válvulas cuestionados de los proveedores SITABEL S.R.L y MIMET S.R.L, en los años 2004, 2006 y 2007 (…)”; ello así, concluyen “Estos peritos acuerdan que en base a las maquinarias detalladas en el punto tercero del presente informe, conjuntamente con el proceso detallado en el punto cuatro ut supra, se puede afirmar que la empresa está en condiciones de realizar el proceso de mecanizado en su totalidad y cantidad, el cuerpo de válvulas forjado y premecanizado también, pero NO en las cantidades involucradas en las facturaciones de MIMET y SITABEL”.
Corresponde destacar que, en lo que a la controversia interesa, el informe producido por el BBVA FRANCES –ver fs. 379/408- no aporta mayores datos que los ya comprobados por la fiscalización y obrante en las actuaciones administrativas. Por su parte, el informe producido por el BANCO HSBC, aportado en dos CDs encriptados –ver fs. 466/469- contiene información de las cuentas bancarias pertenecientes a las firmas SITABEL y MIMET, pero versa sobre periodos fiscales que no se corresponden con los analizados en la controversia -2009 a 2015-.
Que así las cosas, debe señalarse que una factura puede válidamente ser considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real, lo que ocurre en el presente caso.
Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Que frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re SIDERTEC S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000). Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Que en tal sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’. Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Que ello viene a significar que no resulta ajustado a derecho el cómputo de crédito fiscal por el solo hecho de la facturación -como lo invoca la recurrente en pasajes de su escrito recursivo- toda vez que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo per se la factura, entidad suficiente para generar dicho crédito. De igual modo, en la citada causa “Feretti”, se advirtió “Que, en tales condiciones, corresponde hacer lugar al agravio del ente fiscal, en cuanto señala que si bien los proveedores cuestionados admiten haber emitido las facturas y cobrado los importes de éstas mediante cheques no a la orden emitidos por el actor, niegan haber sido en la realidad de los hechos los vendedores de los materiales que se consignan en aquéllas -circunstancia que, aclara, ‘quedó debidamente demostrada en la causa (tanto en la instancia administrativa, como en los testimonios brindados ante el Tribunal Fiscal)’ (confr. fs. 407, 2° párr.)-, por lo que concluye que el actor ‘no ha probado que efectivamente los proveedores le hayan realizado las ventas impugnadas [y en consecuencia] mal podía computar el crédito fiscal proveniente de las mismas’…”.
Cabe aclarar que los indicios que pusieron en duda la veracidad de las operaciones que declara la recurrente frente al Organismo Fiscal no se relacionan con los aspectos formales de la facturación aportada –los cuales no se encuentran cuestionados- sino con la factibilidad de que dicha documentación respaldatoria refleje operaciones de venta de bienes que efectivamente hayan existido tal como han sido declaradas. En ese orden de ideas, no asiste razón a la recurrente cuando insiste en que prueba de la veracidad de las operaciones se encuentra sustentada en el hecho que los proveedores aseguran haber percibido los pagos que se encuentran asentados en los registros de TECNODYC.
Que en definitiva, la recurrente no presentó en esta instancia -ni precedentemente- elementos de convicción que posibiliten tener por acreditado que los sujetos cuestionados fueron quienes en la realidad cumplieron con las operaciones expuestas en las facturas, presentándose como un hecho revelador en la controversia que los socios de SITABEL y MIMET hayan asegurado que actúan como intermediarios, consiguiendo la mercadería de “no se sabe quién”, y ofreciéndolo a las empresas, en este caso TECNODYC, sin individualizar ni aportar las facturas de compra de los materiales que finalmente le vendieron.
Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de crédito fiscal contra ese débito supuestamente verificado en cabeza de los referidos proveedores; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
Que tal como lo explicara nuestro Más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto …“el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
Que en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción –en esta instancia o en sede administrativaque permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas a los proveedores cuestionados, este tribunal considera que no resulta procedente el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto procediendo a confirmar los ajustes proyectados en el impuesto al valor agregado y los intereses resarcitorios calculados, según lo establecido en la Resolución N° 112/11, con costas a la recurrente.
Que en lo sucesivo, corresponde examinar si la multa endilgada al contribuyente con respecto al periodo fiscal 12/2006 en el impuesto al valor agregado, con sustento en las previsiones de los artículos 46 y 47 incisos a), b) y c), resulta ajustada a derecho.
Como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
Que, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del artículo 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria. Que, por lo tanto, si se analizan las presunciones utilizadas en la especie a la luz de las maniobras desplegadas por la actora en la utilización de facturación manifiestamente apócrifa, se comprende que se trata de hechos suficientes para calificar la gravedad de la incidencia en la determinación de la materia imponible que imputa el Fisco Nacional. Precisamente, se observa que las presunciones se encuentran debidamente activadas, pues se ha corroborado la existencia de una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surgen de las declaraciones juradas, resultando éstas últimas inexactas y confeccionadas en patente contradicción con las normas aplicables, todo ello en virtud de la registración de comprobantes emitidos por sujetos considerados apócrifos. En tal sentido, correspondía a la parte actora demostrar la falta de atribución subjetiva, cuestión que no acaece en la especie, pues del escrito de apelación surge la insistencia de la recurrente en afirmar que toda la operatoria estaba documentada, que los proveedores eran reales y que debió comprar los materiales facturados para desarrollar su negocio, negando que su conducta pueda considerarse defraudatoria.
Que no puede negarse que la pretensión fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, según lo analizado en párrafos precedentes, se aprecia una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que, más allá de encontrarse acreditada vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al organismo recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditada en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar el encuadre de la multa aplicada al contribuyente.
En lo que atañe al quantum de la sanción aplicada, corresponde puntualizar que si bien la graduación de la pena es una facultad discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar a su respecto, en su carácter de juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio.
En tal sentido, se advierte en el acto atacado una falta de explicación concreta de las circunstancias que condujeron al juez administrativo a graduarla en un monto equivalente a tres (3) veces el impuesto omitido. Consecuentemente, y no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducir la sanción al mínimo legal de la escala prevista en el artículo 46 de la ley procedimental. Las costas en este aspecto se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce la multa, correspondiendo imponerlas por su orden.
VIII. Que seguidamente, corresponde expedirnos con relación a los ajustes proyectados en el impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias - salidas no documentadas.
Que en función de las observaciones efectuadas por el personal fiscalizador sobre la capacidad operativa de los proveedores cuestionados –detalladas en los considerandos precedentes- se determinó la obligación de la recurrente frente al impuesto a las ganancias, al no admitirse la deducción de los gastos emergentes de la facturación impugnada, y en concepto de salidas no documentadas.
Que el art. 17 de la Ley del Impuesto a las Ganancias dispone que “para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga”. Asimismo, el art. 80 de la citada ley define el concepto de gasto deducible, disponiendo que “los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán las ganancias producidas por la fuente que las origina”. Por su parte, entre las deducciones especiales de la tercera categoría, el art. 87 inc. a) prevé la deducción de “los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio”. A su turno el artículo 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias establece que cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento que se considerará definitiva.
Por su parte el artículo 38 de la citada ley expresa que no se exigirá dicho ingreso en los casos en que se presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes o cuando se presuma que los pagos no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario. A su vez, el artículo 55 del decreto reglamentario establece que cuando las circunstancias del caso evidencien que tales erogaciones se han destinado al pago de servicios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, podrá admitirse la deducción del gasto en el balance impositivo, sin perjuicio del impuesto al que hace referencia el artículo 37. Asimismo, agrega que tampoco corresponderá el impuesto sobre salidas no documentadas cuando existan indicios suficientes de que han sido destinados a la adquisición de bienes.
En este aspecto, cabe poner de relieve que los actos determinativos del Impuesto a las Ganancias y de Salidas No Documentadas –respectivamente- reiteran los fundamentos de las resoluciones que así lo hacen por el Impuesto al Valor Agregado; los cuales bien podrían sustentar la impugnación de un crédito fiscal, en tanto que frente a los indicios constatados sea realmente improbable entender que haya nacido el correlativo débito fiscal en cabeza de los proveedores denunciados, más no sin argumentos que desvirtúen las propias operaciones discutidas –sustantiva o cuantitativamentelos gastos en que indispensablemente se haya incurrido para obtener, mantener y conservar la fuente.
Ello así, corresponde mencionar que la apelante ha rendido prueba en esta instancia, tendiente a demostrar aquellos extremos, las que deben ser valoradas.
Que a fs. 433/464 y fs. 474/525 obran agregados los informes periciales contable y técnico –a cuyo tenor remitimos en mérito a la brevedad- los que corroboran la efectiva existencia de los materiales adquiridos y su ingreso a la planta de TECNODYC. Todo ello en línea con lo esgrimido por el recurrente en su escrito de apelación y la documentación que aportó.
A lo merituado debe adicionarse la ponderación de lo decidido por el Juzgado Penal Económico N°10, Secretaria N° 20, en los autos caratulados “TECNODYC S.A. y otros S/ INFRACCIÓN LEY 24.769”, en la sentencia agregada por la parte actora a fs. 293/296 de autos que hace mérito de lo investigado por el Ministerio Publico Fiscal asentado en el Dictamen agregado a fs. 297/305 de autos. En el mencionado decisorio recaído en sede penal se esgrime:
“Que este Tribunal coincide con aquella opinión del señor Fiscal, la cual se sustentó en las razones y valoraciones efectuadas mediante el dictamen de fs. 1106/1114, a las que cabe remitirse por razones de brevedad y a fin de evitar reiteraciones innecesarias; y, las que, por ende, deben considerarse parte integrante de la presente. Especialmente, se coincide con aquella conclusión relativa a que, a partir de la corroboración de la existencia tanto de proveedores en cuestión, como de las operaciones documentadas por TECNODYC S.A. a nombre de aquellos, eventualmente se estaría ante el incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de tales proveedores, circunstancia esta que resulta ajena al objeto de este proceso (…)
Que solo cabe agregar, para mayor abundamiento, que a partir de diversas diligencias realizadas por el señor representante del Ministerio Publico Fiscal, principalmente de los testimonios recabados en el marco de la instrucción efectuada por aquel magistrado (tanto clientes de los proveedores que se suponían apócrifos como del gerente de una sucursal del HSBC BANK ARGENTINA S.A., donde aquellos registraron cuenta bancaria) se puedo tener por probada no sólo la existencia de una operatoria y movimiento habituales de empresas en marcha, sino que las sumas abonadas por TECNODYC a MIMET S.R.L y SITABEL S.R.L fueron debitadas de las cuentas de aquella, y acreditadas en las respectivas cuentas bancarias de los proveedores, con lo cual, los destinatarios de los respectivos pagos se encontrarían debidamente individualizados”.
Que con arreglo al artículo 20, último párrafo de la ley N° 24.769, este Tribunal no puede desconocer los hechos que el juez penal ha tenido por corroborados: (i) que las operaciones fueron reales y los bienes efectivamente existieron y (ii) que los proveedores pudieron ser localizados. Sin embargo, no da cuenta ni comprueba que estos proveedores hayan cumplido con la entrega de los bienes ni que fueron ellos quienes los produjeron. Cabe precisar aquí que de las testimoniales rendidas por los socios de las empresas MIMET y SITABEL en sede penal –vide fs. 297/305 de autosemerge lo mismo que ya se encontraba acreditado en la fiscalización, esto es, una supuesta intermediación en las operaciones, asegurando que eran quienes conseguían los materiales pero no quienes los entregaban a la recurrente, sin lograr indicar quienes fueron los verdaderos proveedores o de quienes adquirieron tales materiales.
En este orden de ideas, incumbe realizar una precisión en torno a los hechos que el juez penal ha tenido por ocurridos, trayendo a colación la inferencia surgida del pronunciamiento, según la cual “los destinatarios de los respectivos pagos se encontrarían debidamente individualizados”, pues del Dictamen del Ministerio Público Fiscal (ver fs. 303vta. y 304) emerge que la instrucción ha podido constatar que los cartulares debitados en las cuentas del Banco HSBC (sucursal Villa Devoto) pertenecientes a SITABEL y MIMET, son únicamente los cheques propios de TECNODYC. Ello así, cabe tener presente lo verificado en los antecedentes administrativos y en la pericia contable rendida en autos, de los que surge que aquellos cheques representaban solo un ínfimo numero del total de las cancelaciones de las operaciones concretadas, pues la mayoría de ellas fueron pagadas con cheques de terceros cuyo seguimiento no surge del expediente administrativo, no ha sido aportado por la actora y tampoco ha sido probado en la instrucción seguida por el Ministerio Publico Fiscal. Que en tal sentido, y efectuadas las precisiones debidas, corresponde afirmar que todo lo comprobado en sede penal va en línea con lo que este tribunal tiene por acreditado en autos y en base a lo cual decidió confirmar el ajuste de capital e intereses, y la multa impuesta en el IVA.
Ahora bien, tal como se menciona en el considerando precedente cuando se ponderan las irregularidades constatadas en los proveedores, la capacidad operativa de aquellos no ha sido acreditada en autos y sustenta la impugnación del crédito fiscal –como se decide- pero no alcanza para concluir en la improcedencia de la deducción de los gastos efectivamente desembolsados e inherentes al giro del negocio, meramente por tal hecho y sin mayores consideraciones. Contrariamente a la inexistencia predicada por el Fisco Nacional respecto de las operaciones ajustadas en el IVA, de la prueba rendida en autos y de las conclusiones de la sentencia penal, cabe tener por acreditada la existencia de los insumos adquiridos, más allá de las circunstancias referidas a la identidad del verdadero proveedor.
Que, en virtud de lo expuesto, toda vez que la impugnación de los gastos realizados en el Impuesto a las Ganancias y el ajuste de Salidas no documentadas carecen de una fundamentación autónoma con relación a los ajustes en el I.V.A, conforme lo explicado precedentemente respecto a que queda acreditada la existencia de los bienes adquiridos, deben revocarse en un todo las resoluciones respectivas. Por consiguiente, corresponde también revocar las multas aplicadas en ganancias y en salidas no documentadas, atendiendo al modo en que se resuelve sobre los ajustes en los referidos tributos. Que por lo merituado, este Tribunal decide revocar en su totalidad los ajustes y las sanciones dispuestos en las Resoluciones N° 111/2011, N° 113/2011, N° 53/2017 y N° 52/2017, con costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE RESUELVE:
I. Confirmar la determinación de oficio del impuesto al valor agregado y sus intereses resarcitorios, con costas a la actora.
II. Confirmar la sancion endilgada en el impuesto al valor agregado periodo fiscal 12/2006, reduciéndola al mínimo legal dispuesto en el articulo 46 de la ley 11.683. Las costas en este aspecto se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce la multa, correspondiendo imponerlas por su orden.
III. Revocar las determinaciones de oficio y las multas impuestas en el impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias-salidas, contenidas en las resoluciones N° 111/2011, N° 113/2011, N° 53/2017 y N° 52/2017, con costas al Fisco nacional.
Registrese, notifiquese, a los domicilios electronicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-
44. APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en la CUIT 20-122273785-5 (Dr. Omar Angel Rofrano) y al Fisco Nacional en la CUIT 23-32960725-9 (Dr. Pablo Daniel Gonzalez), CUIT 20-21072333-2 (Dr. Oscar Yulan) y CUIT 33- 69345023-9 (AFIP). Fecho, procedase a la impresión y agregacion de la presente al expediente papel, devuelvanse los antecedentes administrativos y, archívese.
Date: 2022.12.06 12:42:13 ART Date: 2022.12.06 16:50:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.07 17:00:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.07 17:00:57 -03:00
Fin de la sentencia