Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 25.562-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en todos sus términos. Costas al apelante.
I. Que a fs. 51/62 la contribuyente COMAHUE S.R.L. presenta recurso de apelación impugnando las Resoluciones expedidas en fecha 16 de septiembre de 2013 por la Dirección Regional Rosario I de la AFIP-DGI: (i) N° 221/2013 (DV RRR1) en la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 03/2008 a 03/2009, en la suma de pesos trescientos diecinueve mil trescientos ochenta y dos con ochenta centavos ($319.382,80), con más la suma de pesos cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos sesenta y nueve con quince centavos ($475.569,15) liquidada en concepto de intereses resarcitorios y le aplica una sanción de multa respecto del periodo fiscal 03/2009 por un monto de sesenta y un mil setecientos uno con treinta y seis centavos ($61.701,36) equivalente a tres veces el impuesto dejado de ingresar, encuadrando su conducta en las previsiones de los artículos 46 y 47 inc. d) de la ley 11.683; y (ii) N° 222/2013 (DV RRR1) en la que le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2009, en la suma de pesos quinientos veintinueve mil ochocientos setenta y uno con cincuenta y un centavos ($529.871,51) y la suma de pesos seiscientos noventa y ocho mil diecisiete con cuarenta centavos ($698.017,40) liquidada en concepto de intereses resarcitorios.
Manifiesta que los representantes se notificaron de las vistas conferidas –Resoluciones N° 258/12 y N° 259/12, ambas de fecha 30/11/2012- y pusieron en conocimiento del organismo fiscal su imposibilidad de aportar la documentación y los registros contables en razón que la empresa dejó de operar a principios del año 2009 y que nunca participaron activamente en el funcionamiento, no obstante los cargos en los que se encontraban designados.
Refiere que solo pudieron acercar a la fiscalización unas escasas facturas de gastos que pudieron localizar, solicitando que sean ponderadas a los efectos del ajuste, advirtiendo que el organismo fiscal solo tomó en cuenta los gastos de sueldos y contribuciones patronales. En subsidio, en caso de que las referidas facturas no fueran ponderadas por el organismo, solicitó que se aplique a su caso como presunción de ganancia, el margen neto de utilidad promedio de la actividad efectuada por la empresa.
Explica que en modo arbitrario e irrazonable el organismo fiscal impugnó las facturas de gastos presentadas por entender que contienen defectos formales e irregularidades en cuanto a la constatación de los medios de pago, aun cuando los proveedores contestaron los requerimientos cursados ratificando la existencia de las operaciones, ofreciendo en esta instancia prueba testimonial de los representantes de las mencionadas empresas a los fines de ratificar lo informado oportunamente.
Rechaza la sanción de multa aplicada. Explica que para la configuración de la infracción que pretende endilgarle el organismo fiscal, corresponde que se pruebe en primer lugar el soporte fáctico para luego presumir la conducta dolosa, lo que no ha ocurrido en su caso. Concluye que no se han configurado los elementos objetivo y subjetivo requeridos para la configuración del tipo doloso que se le imputa, correspondiendo su desestimación.
Cita jurisprudencia. Agrega prueba documental y ofrece prueba testimonial. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoquen íntegramente las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 72/79 la representación fiscal contesta el recurso cuyo traslado le fue conferido.
Destaca que para poder realizar el ajuste de los periodos fiscales en cuestión solicitó a la fiscalizada que aporte elementos que respalden sus presentaciones y ante la falta de respuestas, procedió a reconstruir la materia imponible correspondiente en base a la documental colectada en etapas anteriores y de los requerimientos cursados a terceros, como asimismo de la información obrante en las bases del organismo.
Con relación a la facturas de gastos aportadas por la apelante refiere que fueron analizadas por el organismo y agregadas en las actuaciones administrativas, detectando serias irregularidades formales y sustanciales, llegando a la conclusión de que no se desprende de ellas convicción suficiente en refutación de los cargos formulados, motivo por el cual procedió a rechazarlas por inconducentes.
Ratifica la procedencia de la sanción aplicada destacando que el encuadre del ilícito surge con claridad desde que el aspecto objetivo se encuentra dado a través de la evasión del impuesto a raíz de la presentación inexacta de las declaraciones juradas y el elemento subjetivo en virtud de verse comprobados los extremos que tornan aplicable la presunción del artículo 47 inciso d) de la ley de rito fiscal, sin que la actora mediante prueba en contrario haya logrado desvirtuar dicha presunción, al no tomar los recaudos necesarios para presentar a la fiscalización la documentación legal y contable requerida, y no habiendo utilizado excusas legales validas de exculpación.
Cita jurisprudencia. Acompaña los antecedentes administrativos. Impugna la prueba del apelante. Hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución recurrida en todas sus partes, con costas al apelante.
III. Que a fs. 84 se hace lugar a la oposición de la prueba presentada por la demandada y se rechaza la testimonial ofrecida, por resultar inconducente a los efectos de dilucidar la cuestión debatida en la presente causa. Que a fs.101 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B”, y a fs. 104 se ponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que en cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los indicios que llevaron al Fisco Nacional a efectuar los ajustes.
De conformidad con el Informe Final de Inspección (O.I. 496625) obrante a fs. 513/523 del Cuerpo III de IVA de las actuaciones administrativas, la recurrente desarrollaba la venta al por mayor de materiales para la construcción (COD 511930), advirtiéndose que fue incluida en la base E-APOC con fecha 01/04/2004 bajo la condición “ÚNICA ACTIVIDAD VENTA DE FACTURAS”, siendo excluida en fecha 24/08/2009 al detectarse que dejó de tener actividad comercial en el mes de marzo del año 2009.
Se deja constancia de que se realizaron ajustes por variados conceptos: omisión de incluir facturas de ventas en sus débitos fiscales; diferencias de depósitos bancarios en relación a sus ventas declaradas; impugnación de créditos fiscales y omisión de presentación de declaraciones juradas.
Se informa que no fue posible la verificación del sistema de contabilidad, libros rubricados y el archivo de comprobantes, atento a que no se ha puesto a disposición de la inspección elemento alguno, no obstante los reiterados requerimientos cursados, haciendo hincapié en que la empresa no prestó colaboración alguna a lo largo del proceso.
Consultados los socios gerentes de la empresa, el Sr. Alfredo Braccia indicó que le resulta imposible hacer entrega de la documentación requerida pues no se encontraba en su poder y el Sr. Danny Marrone declaró que, si bien formalmente es socio gerente de la sociedad según contrato social, en realidad nunca se desempeñó en la administración real de la empresa, resultándole imposible cumplimentar los requerimientos formulados ya que la documentación solicitada no se encontraba en su poder y que nunca antes lo estuvo.
En cuanto al ajuste de los débitos fiscales, se indica que la secuencia de presentaciones de declaraciones juradas no se ha efectuado con regularidad. Que la información utilizada surge de antecedentes recibidos en una primera etapa donde se obtuvieron registros de ventas en hojas móviles, consultándose además las bases de datos obteniéndose información de clientes que le efectuaron retenciones en concepto de impuesto a las ganancias. Del cruce de la información obtenida, se procedió a agregar a las ventas mensuales aquellas operaciones faltantes que no se encontraban registradas. Además, se circularizaron los clientes considerados más importantes, y de la información recepcionada se detectaron facturas que no se hallaban incluidas en los listados de ventas aportados por el recurrente. De igual modo, se solicitó al Banco Credicoop, donde la sociedad posee la cuenta corriente abierta, los resúmenes de la misma efectuándose comparaciones de acreditaciones mensuales en relación a ventas declaradas o determinadas por inspección. En base a ello, se trabajaron y conciliaron todos los elementos descriptos a efectos de determinar las ventas mensuales y su correspondiente debito fiscal de todos los meses bajo análisis hasta marzo de 2009.
Con respecto a los créditos fiscales, se destaca que la empresa posee un solo proveedor de mercaderías, la firma FASINPAT COOP. LTDA. dedicada a la fabricación de cerámicos para la construcción. Del cotejo de los registros de compras con resúmenes de cuenta de la cooperativa, surge el ajuste en forma mensual agregándose a los créditos mensuales los importes que surgen de los comprobantes puestos a disposición por la empresa en etapa de investigación, los cuales fueron ordenados y registrados en planillas confeccionadas por esa fiscalización. Se advierte que, en general, los créditos totalizados luego de consideradas las compras de mercaderías y demás gastos incurridos, son notoriamente inferiores a los consignados en las declaraciones juradas presentadas, lo que motiva gran parte de las diferencias de impuestos determinadas por la inspección.
Que finalmente, con respecto al impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2009, se procedió a trasladar los mencionados ajustes deduciendo los sueldos y cargas sociales abonados por la firma para arribar al resultado neto final. Que a fs. 582/591 del Cuerpo de IVA III y fs.71/82 del Cuerpo de Ganancias, se confirió vista de los ajustes al contribuyente mediante la notificación de las resoluciones N° 259/2012 (DV RRR1) y N°258/2012 (DV RRR1). A fs. 610/632 el contribuyente presenta descargo contra las vistas conferidas, reiterando –como lo hizo en los requerimientos cursados- la imposibilidad de hacerse de la documental solicitada debido a la antigüedad de los periodos fiscalizados, advirtiendo que a partir del 2009 la empresa dejo de tener actividad comercial. No obstante, sostiene que en la reconstrucción de la materia imponible, la fiscalización no tomó ciertos gastos de administración y comercialización, como así también otros gastos ordinarios propios de la actividad. Ante ello, pide que se considere la posibilidad de establecer como ganancia imponible el margen neto de utilidad promedio de la actividad que desarrolla la empresa y para el hipotético caso que aquella base imponible no sea considerada, adjunta las escasas facturas obtenidas de los proveedores ADESE, GRUPO ATLANTICO S.R.L, Dr. León Kuvischansky y Dr. Lisandro Botello.
Que atento a la documentación agregada, se dispuso a fs. 637, 643, 645, 653, 656, 689 de los antecedentes circularizar a los proveedores que las habían emitido a efectos que detallen las operaciones concertadas con COMAHUE S.R.L, siendo todos ellos contestados (vide fs. 639/644, 655, 677/686, 691/697 de los antecedentes administrativos). Que a fs. 723/725 obra informe s/Nota 254/13 (DV RRR1) suscripto por el inspector actuante y su supervisor, en el cual se expone la necesidad de analizar los medios de pago utilizados para cancelar las operaciones concertadas en virtud del cúmulo de comprobantes de respaldo de compras y gastos aportados por el contribuyente en la contestación de la vista, los cuales no se habían tenido en cuenta a los efectos del cálculo del ajuste impulsado desde la fiscalización, realizándose en consecuencia las tareas necesarias, confeccionándose los nuevos papeles de trabajo al respecto.
(i) ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y EDUCATIVO (ADESE): se cursó circularización, siendo rechazada en primera instancia y luego recibida. El proveedor confirma las operaciones realizadas que indica el contribuyente consistentes en servicios de asesoramiento y capacitación del personal, pero no adjunta información referida a los medios de pago.
(ii) BOTELLO, LISANDRO DANIEL: se lo circulariza y responde confirmando los servicios de asesoramiento jurídico prestados a la contribuyente. No se solicita al proveedor el detalle de los medios de pago en virtud de que se observa que las fechas de emisión de los comprobantes de las operaciones involucradas son anteriores a su fecha de impresión que figura al pie del documento como dato consignado por la imprenta.
(iii) GRUPO DEL ATLÁNTICO S.R.L: se circulariza y confirma las operaciones realizadas consistentes en recambio de instalación de equipos de computación; servicio de asistencia remota para soporte diario; tendido, instalación y configuración de red; mantenimiento de red; asistencia y administración de servidores de bases de datos; servicio de back up, custodia y guarda de información; servicio de auditoria de sistemas informáticos y recursos. Respecto de los medios de pago, informa que sufrió reiterados robos en los cuales se sustrajeron elementos donde se registraban los cobros de clientes, medios de pago utilizados y estados de cuentas correspondientes, siendo imposible aportar la documentación respaldatoria que se le requiere.
(iv) KUVISCHANSKY LEON E.: se circularizó y confirma la prestación de servicios jurídicos facturados al recurrente. Sin embargo, no se le solicitó datos sobre los medios de pago, en virtud que se detectó que las fechas de emisión de los comprobantes de las operaciones involucradas son anteriores a la fecha de impresión que figura al pie del documento como dato consignado por la imprenta.
De lo actuado, se concluye “Respecto de los dos contribuyentes monotributistas, a pesar de que ambos han confirmado las operaciones, es opinión que correspondería su impugnación atento a que las fechas de las facturas presentadas son emitidas con anterioridad a la fecha de impresión de los comprobantes. Del resto de las facturas presentadas no fue posible arribar a conclusiones en relación a los medios de pagos utilizados para su cancelación por los motivos descriptos. No obstante lo mencionado, oportunamente las operaciones fueron confirmadas por los proveedores” (sic). Como resultado de la fiscalización descripta, se procedió a impugnar los débitos y créditos fiscales del contribuyente por los periodos fiscales 03/2008 a 03/2009, proyectándose también el respectivo ajuste en el impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2009.
V. Que corresponde señalar que los ajustes proyectados se sustentan en la ausencia de documentación de respaldo de las ventas y compras efectuadas por la empresa durante los periodos analizados, no habiendo contado el fisco nacional con acceso a los libros del contribuyente ni datos de registración, debiendo reconstruir la materia imponible sobre la base de la información obrante en su sistema y la proporcionada por los terceros circularizados.
Frente a ello, el apelante se ha limitado a invocar como justificativo el cese de actividades en el año 2009 y la falta de acceso a la documental requerida, lo cual no resulta un fundamento razonable, quedando en evidencia que ha incumplido con las normas que rigen la conservación de las registraciones y los libros. Asimismo, arrimó solo unas escasas facturas de gastos que entiende el fisco no tomó en cuenta en su ajuste, sin esgrimir mayores agravios contra las determinaciones efectuadas.
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, lo cual ha sido pacíficamente reconocido por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver entre muchos otros precedentes “Ledesma, Amalia”, Sala D, 18/07/2001; “Inmobiliaria Quesada SRL”, Sala A, 11/04/2000; “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999; “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Que, en ese sentido, “quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada” (cf. Fallos 331:881). Ello constituye la regla básica que en la especie no podría ser dejada de lado, pues ni el carácter inquisitivo ni el principio de búsqueda de la verdad material que informan el procedimiento que se desarrolla ante este Tribunal implican o suponen negar su existencia, ya que aquellos principios hallan su límite en otros de similar gravitación como lo son el de la igualdad entre las partes en el proceso y el de imparcialidad del juzgador.
Cabe tener presente que, tal como lo expuso la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, in re “Molla, Pedro José”, sentencia del 27/4/2000,“...en materia de prueba, la Corte Suprema ha reconocido que las exigencias derivadas del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312, 324 y 372; 294:69)”.
Que ya al sentenciar en la causa “Emerson Argentina S.A.I.C.”, sentencia del 30/09/1974, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que “...las resoluciones emanadas de la DGI gozan de presunción de legitimidad –art. 12 de la ley 19.549-. Por consiguiente, la carga de la prueba pesa sobre aquel que impugna, el que debe demostrar los errores que la descalifican; esta conclusión concuerda con lo sostenido por la Corte, en el sentido de que cuando se trata de determinaciones impositivas, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba en relación a las que se aplican en los demás juicios...”. A la luz de la jurisprudencia referida, no cabe más que confirmar los ajustes proyectados en el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado desde que el apelante no ha producido prueba tendiente a desacreditar los elementos reunidos por el organismo fiscal al momento de realizar las determinaciones de oficio, debiendo destacarse que la prueba testimonial –cuyo rechazo se ha decidido en la presente instancia- no resulta el medio idóneo para probar sus dichos, ya que la misma se halla subordinada, entre otros requisitos a la existencia de la documentación respaldatoria y libros contables cuyas falencias y ausencias motivan los ajustes fiscales.
Que, siendo ello así, la conclusión del Organismo Fiscal de que la contribuyente ha omitido declarar ventas, declarando débitos fiscales en defecto, así como que ha computado créditos fiscales improcedentes, amén de su razonabilidad de conformidad con las constancias tenidas a la vista en las actuaciones administrativas, no es pasible de reproche en la especie puesto que la actora nada prueba a efectos de desacreditar los ajustes.
Asimismo, en cuanto la proyección del ajuste por ventas omitidas que generó la determinación de la ganancia del período -así como los gastos computables-, se advierte la misma situación enunciada precedentemente. No le asiste razón a la actora al expresar que no fueron tenidos en cuenta los gastos ordinarios y de administración respecto de las facturas que aporta, las que fueron ponderadas por el organismo, desestimando su inclusión en la base imponible del ajuste por presentar serias inconsistencias formales y sustanciales, criterio que se aprecia como razonable y ajustado a derecho. Que las consideraciones que anteceden resultan suficientes para confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto determinan impuesto al valor agregado periodos fiscales 03/2008 a 03/2009 y el impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2009, y liquidan los respectivos intereses resarcitorios.
VI. Que, corresponde ahora expedirnos sobre si la sanción aplicada con sustento en las previsiones de los artículos 46 y 47 inc. d) de la ley N° 11.683, se encuentra ajustada a derecho.
Al respecto, esta Sala B expresó in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
Que, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
Que la multa dolosa aplicada por el impuesto al valor agregado dejado de ingresar ha sido sustentada en la presunción del inciso d) del art. 47. Tiene dicho esta Sala B que “el inc. d) exige que el Fisco acredite que el contribuyente tiene una entidad jurídica (por ej: S.A.) o económica (importancia de su movimiento e inversión) que sea imposible pensar que pueda actuar sin necesidad de la documentación necesaria para ello, sin causa que lo justifique” (vide “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. S.C.A.”, sentencia de fecha 11/02/2008).
Que en autos, efectivamente el fisco no ha podido acceder a la documentación y registros contables de la apelante, presumiéndose que por la envergadura de su estructura y la actividad que realizaba, requería necesariamente de determinada documentación para obrar, sin que el contribuyente haya expuesto fundamentos razonables que sustenten la imposibilidad de acceder a ella.
Ello así, corresponde la confirmación de la multa aplicada, en atención a las constancias obrantes en autos y asimismo, atendiendo al modo en que se resuelve el fondo del asunto debatido, teniendo presente la ausencia de prueba de toda aptitud exculpatoria por parte de la actora.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en todos sus términos. Costas al apelante.
Registrese, notifiquese, a los domicilios electronicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-
44. APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en el domicilio constituído y al Fisco Nacional en la CUIT 27- 28507322-2 (Dra. Anouk Iardelevsky) y CUIT 33-69345023-9 (AFIP). Fecho, procedase a la impresión y agregacion de la presente al expediente papel, devuelvanse los antecedentes administrativos y, archívese.
Date: 2022.12.15 15:47:24 ART Date: 2022.12.15 17:11:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.15 17:17:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.15 17:18:26 -03:00
Fin de la sentencia